SITRAP hace un llamado urgente a las autoridades laborales y al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a asumir con responsabilidad su papel garante, velando porque se cumpla con lo establecido en la legislación nacional y en los convenios internacionales suscritos por Costa Rica en materia de libertad sindical y negociación colectiva.
Categoría: Incidencia
ANEP denuncia a la alcaldía de Oreamuno ante la Procuraduría de la Ética y Contraloría General
–En la denuncia, se les solicita a ambos entes fiscalizadores, analizar cuatro casos en donde se podría haber presentado un patrón de actuaciones contrarias a la ética, la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
-Denuncia también involucra a otros funcionarios municipales
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, en su constante labor de velar por el correcto manejo de los recursos públicos, presentaron ante la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría de la Ética Pública una denuncia contra el alcalde Oreamuno, Erick Jiménez Valverde, Rosaura Solís Carpio, presidenta del Concejo Municipal y el auditor municipal Álvaro Fonseca Calderón.
Hechos denunciados.
CASO 1: FACTURACIÓN IRREGULAR DE RESIDUOS SÓLIDOS DE UN TERCERO
Con fecha 13 de mayo de 2024, el alcalde, Erick Jiménez Valverde, mediante correo electrónico, ordenó a la empresa EBI que la factura por la recolección de residuos sólidos de la Municipalidad de Paraíso fuera emitida a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Esta directriz compromete fondos públicos de Oreamuno para cubrir gastos de otro cantón. La orden explícita fue: «Posteriormente enviar la factura de esos residuos a la Municipalidad de Oreamuno para que posteriormente sea facturado a la Municipalidad de Paraíso. Aunque ambas sean facturadas a nombre de la Municipalidad de Oreamuno, favor dividir las facturas de cada municipio».
En ejecución inmediata de dicha orden, la empresa EBI emitió, los días 13 y 14 de mayo de 2024, las boletas de recepción No. 2-2368 y 2-2369 a nombre de la Municipalidad de Oreamuno. Ambos documentos indican inequívocamente en su descripción que se trata de: «Residuos de Municipalidad de Paraíso facturado por instrucciones de Alcalde de Oreamuno», demostrando que no fue un hecho aislado.
Comunicaciones posteriores vía mensajería instantánea entre personal de EBI y de la Municipalidad de Oreamuno corroboran que la facturación irregular se realizó «por instrucciones del alcalde» y que incluso se discutió la posibilidad de añadir una nota en la factura que dijera «según acuerdo de alcaldía» para justificar la acción.
No consta que el Concejo Municipal de Oreamuno —órgano competente para aprobar convenios interinstitucionales según el artículo 17 del Código Municipal— haya sido informado, consultado o haya otorgado autorización expresa para esta disposición administrativa. Adicionalmente, se constató la inexistencia de una autorización inscrita en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) que respalde esta colaboración administrativa entre Oreamuno y Paraíso.
Esta disposición fue adoptada sin el conocimiento ni participación del funcionario responsable del contrato suscrito con EBI en representación de la Municipalidad de Oreamuno, lo cual transgrede los principios de coordinación administrativa, control interno y legalidad en el uso de fondos públicos.
CASO 2: GRAVES IRREGULARIDADES EN CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA
Una auditoría interna ha revelado serias deficiencias en la gestión, supervisión y recepción de múltiples proyectos de obra pública, con un posible perjuicio económico para el erario.
• A. Construcción del Edificio SINEM (Contrato 2021LA-000009-0010600001): La obra, adjudicada a GOCESA DEL MOLINO S.A. , fue pagada en su totalidad por la Municipalidad sin que se firmaran las actas de recepción provisional o definitiva. Esto se realizó a pesar de una larga lista de defectos constructivos y contractuales, tales como: ausencia de rampa para personas con discapacidad (incumpliendo la Ley 7600), ingreso de agua desde el techo, cambio no autorizado de una bodega por una cocina, falta de accesorios sanitarios y un sistema eléctrico defectuoso, entre otros. Además, no hay evidencia de que se exigiera la garantía de 10 años estipulada en el contrato.
• B. Remodelación del Área de Cajas del Edificio Municipal: Esta obra, declarada Patrimonio Histórico-Arquitectónico, inició el 18 de abril de 2022. Sin embargo, la gestión del permiso obligatorio ante el Centro de Patrimonio Cultural se realizó más de un mes después , lo que provocó que la obra, que debía durar 56 días, se paralizara y quedara inconclusa por más de un año, con escombros expuestos y afectando la imagen institucional.
• C. Mejoras en el Gimnasio Municipal: Se detectaron problemas de estabilidad en los tableros de baloncesto , se entregaron solo 15 de las 45 canastas metálicas requeridas y se utilizó varilla de un grosor inferior al especificado en la licitación, provocando que algunas se desprendieran.
• D. Reconstrucción del Centro de Acopio: Se realizaron cambios de materiales no autorizados (bloques en vez de paneles prefabricados). No se construyeron estructuras clave como la bodega y la nave , el área de ventilación es menor a la especificada y, de forma sumamente grave, los planos del proyecto nunca fueron visados por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), un requisito legal indispensable.
CASO 3: PRESUNTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES POR CLIENTELISMO POLÍTICO
Se han identificado nombramientos que sugieren un posible incumplimiento del artículo 136 del Código Municipal, el cual prohíbe el nepotismo y el conflicto de intereses.
La señora Yahaira Calvo Pérez, quien resultó electa como concejal de distrito por el partido Unidos Podemos, fue nombrada en propiedad en la municipalidad mientras ostentaba dicho cargo, lo que podría contravenir la normativa.
Posteriormente, El señor Yarrol Torres Calvo, hijo de la concejal Yahaira Calvo Pérez, fue contratado como peón ocasional. Este nombramiento parece constituir una violación directa al artículo 136 del Código Municipal, que prohíbe contratar parientes de concejales hasta el tercer grado de consanguinidad.
Otro de los casos denunciados es el Adrián Andrey Ramírez Rodríguez, también concejal electo por el partido Unidos Podemos, quien trabaja en la Municipalidad. Su contratación se financió con una partida presupuestaria destinada a emergencias, sin que conste que haya realizado labores de dicha naturaleza, lo que podría implicar un conflicto de intereses y un uso inadecuado de fondos públicos.
CASO 4: DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE INGRESOS
Durante los años 2022 y 2023, la Municipalidad cobró a ciudadanos la tarifa por permisos de Uso de Suelo, pero dichos montos no fueron ingresados a las arcas municipales. A la fecha, no se ha realizado una investigación disciplinaria para determinar responsables ni se ha cuantificado el perjuicio económico. Pese a que la Alcaldía emitió un memorándum con acciones correctivas (MEMORÁNDUM-MUOR-AM-05-2023), no hay evidencia de su implementación.
También se detectó, que el perfil del puesto de Inspector Municipal no incluye como requisito la licencia de conducir, a pesar de que sus funciones exigen desplazamientos constantes por todo el cantón, lo que dificulta la optimización de recursos.
Los hechos denunciados por la ANEP y su seccional, son respaldados por una serie de documentos que han sido presentados junto a la denuncia como pruebas.
Para la ANEP y su seccional en la Municipalidad de Oreamuno, estos no parecen ser incidentes aislados, sino que sugieren un patrón de gestión caracterizado por el presunto abuso de autoridad, el clientelismo político, la falta de transparencia, la omisión del deber de control y supervisión, y un manejo irregular de los fondos públicos. Estas actuaciones estarían contraviniendo frontalmente los principios y deberes establecidos en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422) y la Ley General de la Administración Pública, por lo que solicitan se realicen las investigaciones pertinentes.
Carta abierta de parte de la ANEP para el diputado Alejandro Pacheco Castro Asamblea Legislativa
Estimado señor:
El Proyecto de Ley N°24.103 que usted presentó a la Asamblea Legislativa, con el pomposo nombre de “PROMOCIÓN DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA MEDIANTE LA FLEXIBILIZACIÓN DE MICROCRÉDITO”, tiene la trampa de encarecer todo el crédito que hoy está colocado a tasas del 36,65% y llevarlo al 51,74%; para todos aquellos préstamos que estén en la franja de los ¢686.000 a los ¢1.382.000, los cuales dejarán de ser crédito regular y pasarán a llamarse microcrédito.
Eso es que, todas aquellas personas que hoy tengan un crédito comercial por electrodomésticos, en una financiera, en una casa de empeño, en una garrotera, etc., se les encarecerá 15 puntos porcentuales la tasa de interés; y, al generarse un aumento vulgar de la cuota de pago, caerán en morosidad. Las garroteras estarán felices porque si el crédito en la franja que se encarecerá fuera ¢200.000 millones (cifra muy probable), se embolsarían ¢30.000 millones en los próximo 12 meses.
Don Alejandro: Nos parece sumamente comprometedor que usted también haya presentado el Proyecto N° 23410, “LEY DE PROCEDIMIENTOS DE COBRO EN SEDE NOTARIAL”, que no es más que permitirles a las garroteras que se adjudiquen los bienes de los deudores, desde el despacho de un abogado, sin ir a donde un juez que imparta justicia.
Diputado Pacheco: No se vale seguir golpeando a los más débiles de este país pensando en favorecer intereses cercanos.
Pero, además, se promueve usted como firmante del Proyecto N° 23101, “LEY PARA LA PROMOCIÓN Y REGULACIÓN DEL MICROCRÉDITO COMO FOMENTO PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FINANCIERA EN COSTA RICA”, que pretende subir las tasas topes de la usura a cifras cercanas al 90 %. Esto ya es vergonzoso y muestra sus claras pretensiones de beneficiar garroteras a toda costa.
Es bien sabido que su familia ha estado en el negocio de los préstamos de dinero por muchos años. Por esto ANEP le solicita a usted renunciar a la promoción de tales nefastas iniciativas anti-obreras; igualmente con gran vehemencia le pedimos a la actual Asamblea Legislativa no tramitar sus iniciativas, exhortándole a que nos desmienta en cuanto a nuestra afirmación de que usted está inmerso en un gran conflicto de interés.
Como habrá notado, esta carta también está remitiéndose a la Procuraduría de la Ética para que proceda con lo de su competencia, investigando y/o denunciando lo que corresponda.
Solo para recordarle que, según los diarios nacionales e internacionales, su padre, don Ovidio Pacheco Salazar, debió dejar el cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes, por tener una empresa financiera que cobraba altos intereses a una comunidad rural.
AyA ya pago más de $16 millones de dólares a la empresa Consorcio Aguas De Escazú encargada de reestructuración fallida
– ANEP denuncia: improvisación, corrupción técnica y despilfarro en AyA.
– La Dirección Jurídica de AyA y el MOPT evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), alerta sobre la grave crisis que atraviesa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Una institución clave para garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, y que, al día de hoy, se encuentra en riesgo debido a decisiones improvisadas, reestructuraciones irregulares y contrataciones opacas que afectan su sostenibilidad y la prestación del servicio público.
La reestructuración institucional promovida por el expresidente ejecutivo Juan Manuel Quesada y la Gerente General, Alejandra Mora, ha sido calificada como un “show político”. Además de no contar con sustento técnico ni legal
Según un reciente informe de Acueductos y Alcantarillados en atención al oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0264-2025, solicitado por el diputado, Ariel Robles, luego de las denuncias de la Seccional ANEP-AyA, al Consorcio Aguas De Escazú GOTY S.A., ya se le han girado más de 16 millones de dólares por el Programa de Reducción de Agua no Contabilizada y Optimización de la Eficiencia Energética (RANC-EE) y la reestructuración en la institución, en el marco del contrato de préstamo BCIE 2129.
“Los servicios del Consultor se adjudicaron inicialmente por un monto de 16.695.083,01 USD. Originalmente, estos servicios eran financiados 100% con fondos externos (préstamo 2129 del BCIE y hasta 1.7 millones de EUR de aporte financiero no reembolsable para medidas complementarias del Programa de Agua y Alcantarillado en Centroamérica II (MC RANC-EE)). Posteriormente, mediante el quinto adicional al contrato, se aprobó una ampliación del presupuesto en un 50%, lo que representa un adicional de US$ 8,347,541.50, ampliación que se financia con fondos de AyA”, indica el informe.
El caso Consorcio Aguas de Escazú: corrupción técnica y despilfarro
Para la seccional ANEP-AyA la contratación del consorcio Aguas de Escazú constituye un ejemplo claro de despilfarro y gestión irregular de fondos públicos:
• Contratación con irregularidades técnicas y administrativas.
• Sobreprecios injustificados que elevan el costo de los proyectos sin justificación.
• Ejecución deficiente, sin mejoras sustanciales en el servicio.
• Pagos millonarios sin resultados concretos: Se han girado 16 millones de dólares, sin que se evidencien beneficios para la institución ni para la ciudadanía.
• Impacto en los usuarios: Cada colón malgastado se traslada indirectamente a la tarifa del servicio.
• Conflicto de competencias: La empresa recibió la responsabilidad de proponer una reestructuración institucional sin acreditar experiencia en este tipo de procesos.
Este caso refleja un despilfarro sistemático de fondos públicos, donde empresas privadas se enriquecen mientras los servicios esenciales se precarizan. A pesar de ello, las máximas autoridades, incluyendo la Gerente General Alejandra Mora y la Subgerente María José Castillo, mantienen sus cargos sin rendir cuentas.
MOPT también rechaza reorganización
Primero la Dirección Jurídica de AyA, y ahora, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), ente rector de AyA, evidencian que este proceso fue llevado a cabo sin el conocimiento técnico pues ambos detallan las inconsistencias de esa propuesta.
El oficio CARTA-MOPT-DM-2025-1652, suscrito por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, deniega el aval sectorial y confirma múltiples deficiencias de la propuesta de reestructuración, entre ellas:
• Carencia de análisis de plazas: No se detalla cuántos puestos se crean, eliminan o modifican, ni cómo se reubicaría al personal.
• Cifras contradictorias: El documento indica 4.354 plazas, mientras que los cuadros internos suman solo 4.045.
• Violación al debido proceso laboral: No se consultó a los funcionarios afectados, incumpliendo garantías constitucionales.
• Incoherencias estructurales: Se afirma que no se crean nuevas dependencias, pero los cuadros presentan nuevas estructuras.
• Ausencia de misión y visión oficiales: Debilita la coherencia institucional y la planificación estratégica.
• Financiamiento opaco: No se cumplen los requisitos del Decreto Ejecutivo N°41162-H; no se especifican costos asociados a reubicaciones, eliminaciones o traslados de personal.
• Falta de pronunciamiento de la Unidad de Planificación Institucional, requisito obligatorio para la aprobación de cualquier reestructuración.
Para la ANEP y su seccional en AyA, ya es más que evidente que la reorganización en AyA constituye un ejemplo claro de despilfarro, improvisación y gestión irregular de fondos públicos. Por lo que los responsables deben asumir las consecuencias de este nefasto proyecto.
San José, Costa Rica, 2 de setiembre de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Nueva Junta Directiva Nacional de la ANEP-2025-2029 sesionó por primera vez
Administración Chaves: ¿ingenuos en seguridad, o pro Delincuencia?
Por: Jonathan Flores Mata, Directivo Nacional de la ANEP-Criminólogo
De los autores de: “se matan entre ellos”; se estrena la obra maestra: “la crisis en seguridad pública no es tan grande”. Disculpe ilustre lector-lectora si la introducción le parece algo folclórica, pero lamentablemente esta mala comedia oscura responde a la realidad de las expresiones del presidente.
En un primer momento podría entenderse que esté pesimamente asesorado y no supiera de la cantidad de víctimas colaterales, incluso niños, niñas y adolescentes, inocentes, que se han visto atrapados en la ola de violencia que tiñe de sangre nuestras calles. Pero, luego de que le han estrellado en la cara las estadísticas, con un récord por partida doble (y este año será triple) de homicidios, justo en el tiempo de su mandato, las cifras de delitos contra la propiedad, femicidios y violencia intrafamiliar, no existe justificación alguna que alcance para la falta de respeto que significa su aberrante aseveración.
¿Falta de respeto? Por supuesto, a menos que Chaves viva en una realidad alterna donde no hay delincuencia, su intento por minimizar el fenómeno de la violencia que nos golpea más fuerte que nunca es funesto. Irrespeta el dolor de las más de 2500 familias (de los últimos tres años) que han perdido sus seres queridos en la batalla a cielo abierto que libran las agrupaciones criminales. Irrespeta el temor que siente la sociedad costarricense que ha pasado por la terrible experiencia de estar cerca de una balacera, a plena luz del día en medio de la ciudad. Irrespeta el pánico de quienes han debido esconderse bajo sus camas al escuchar detonaciones frente a sus casas de habitación.
Chaves irrespeta la caída en el cumplimiento del deber de policías de Tránsito, de Fuerza Pública y del Organismo de Investigación Judicial, al decir que la situación no es tan grave. ¡DIGALE A LAS FAMILIAS DE ESTAS VALIENTES PERSONAS QUE SU DOLOR ES UNA EXAGERACIÓN! (Lo siento, me exalté).
Pero es que más allá del irrespeto cometido al querer minimizar lo evidente, de seguro el presidente cree firmemente que el pueblo carece de información, e inteligencia, y por eso busca engañarnos con sus frases vacías de criterio técnico y realidad.
Antes de continuar, demos un rápido repaso por algunas (si, solo algunas) de las decisiones del Poder Ejecutivo, que se han ganado una mención honorífica en lo relacionado a Seguridad Ciudadana:
1) Quitar a la Policía de Control de Drogas de muelles, aeropuertos y fronteras (lugares estratégicos por donde ingresa y sale la droga del país).
2) Sacar a Guardacostas de Bahía Drake y Sixaola (puntos de mayor ingreso de la droga que viene del cono sur).
3) Negarse a transferir al Organismo de Investigación Judicial recursos económicos para fortalecer las investigaciones. (Debilitar a la Policía Judicial, no requiere mayor explicación).
4) Uso de la Policía Aeroportuaria en funciones diferentes, lo que debilita la vigilancia de aeropuertos. (Distraer recurso policial especializado).
5) Oposición al proyecto de ley de ampliación de horario para allanamientos. (Sin palabras). Un bonus: También se opuso a la pensión anticipada, tanto de OIJ, como del resto de Policías.
Recordemos que ninguna de estas decisiones obedece a criterios técnicos o estudios científicos. ANEP ha pedido los mismos y se nos respondió con el envío de un Manual de Puestos; correcto, don Mario Zamora parece no saber la diferencia entre un Manual Descriptivo de Puestos y estudios técnico-científicos.
Cualquier persona que tenga medio gramo de conocimiento en materia de Seguridad Ciudadana identifica todas estas acciones como incidencias que facilitan el accionar del crimen organizado. Asì lo han manifestado una importante cantidad de personas expertas en seguridad, policías, analistas criminales, exjerarcas de diferentes niveles y hasta el mismo extraditable en una entrevista reciente. Aun así, Chaves no solo se ha apegado a esta línea de acción, también mantiene en el cargo al Ministro de Seguridad y al Viceministro de Seguridad (que carga en sus espaldas sendos cuestionamientos por aparentes nexos con el crimen organizado, cabe destacar); sino que, hasta aplaude de labor exaltando un trabajo de cooperación internacional (que, por cierto, funciona desde hace casi tres décadas).
Los logros en materia de Seguridad Ciudadana para Chaves y su Gobierno son nulos, mientras que el crimen organizado ha avanzado con los pasos más grandes de la historia, en buena medida, gracias a las geniales decisiones (sarcasmo) de esta Administración.
Y aun así tienen el descaro de enfadarse cuando se les cuestiona por tener nexos con la narco-actividad.
En el mejor de los casos, este camino, lleno de desaciertos, obedece a una tozudez reforzada por la vanidad política de las altas esferas del ejecutivo, que se conjuga con una gigante ignorancia en lo relacionado a Seguridad Ciudadana. La otra alternativa es que estamos presenciando el cumplimiento de disposiciones enfocadas a favorecer al narco.
¡COSTA RICA, ABRAMOS LOS OJOS Y POR NADA DEL MUNDO PERMITAMOS QUE LA DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO NOS ROBE EL PAÍS
ANEP, 21 de agosto 2025.
ANEP ha advertido desde hace años el debilitamiento de la seguridad ciudadana
Grave falla administrativa del AyA perjudica a miles de familias costarricenses
Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y enérgico rechazo ante el más reciente escándalo provocado por la irresponsable gestión de la actual administración del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), encabezada por su presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada y Alejandra Mora Segura.
Según reveló la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) —y fue publicado este lunes por La Nación—, el AyA cometió errores graves en la interpretación de las tarifas, lo cual generó cobros desproporcionados en los recibos de agua de más de 38.900 familias, sin justificación técnica ni respaldo legal.
Esta situación no es producto del azar ni de una confusión normativa, sino del resultado de una cadena de decisiones erradas, improvisadas y técnicamente deficientes, que reflejan una preocupante falta de competencia en la conducción institucional.
¿Qué está ocurriendo según indica la ARESEP?
El AyA aplicó tarifas de “gran consumidor” a clientes residenciales, distorsionando por completo el monto de los recibos.
No se trató de un aumento tarifario aprobado por Aresep, sino de un uso incorrecto del modelo tarifario vigente.
La Aresep ha sido clara: no hay vacíos legales y el error fue completamente atribuible a una interpretación equivocada por parte del AyA.
¿Quién responde por este daño?
Miles de personas fueron afectadas económica y emocionalmente. Sin embargo, la Presidencia Ejecutiva se escuda públicamente y pretende desviar la responsabilidad hacia la Aresep, cuando ha sido esta última quien tuvo que aclarar el error.
Image
¡No más censura! ¡No más silencio! ¡Defendemos nuestros derechos en las calles!
Desde la Seccional ANEP-Diversidad alzamos nuestra voz con firmeza, indignación y profunda preocupación ante la vergonzosa, arbitraria y discriminatoria decisión tomada por el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles, a través de la Comisión de Eventos Públicos adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, mediante la cual se prohíbe el ingreso de personas menores de edad al acto de cierre de la Marcha del Orgullo LGBTIQA+ en la Plaza de la Democracia, el próximo 29 de junio de 2025.
Seccional ANEP-Policía de Control de Drogas insta a la DEA y autoridades judiciales investigar a actual y pasadas jerarquías de seguridad pública
Evidentemente, por ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, como es la ANEP, creemos firmemente en el debido proceso y en principios fundamentales como la presunción de inocencia. Por ello, no nos aventuramos a aseverar como ciertas las acusaciones por narcotráfico internacional que pesan sobre Celso Gamboa Sánchez.
No obstante, para las y los oficiales destacados en Cuerpos Policiales, ligados al ámbito de investigación del crimen organizado, la noticia no es ninguna sorpresa. Por cuanto, los cuestionamientos por estas supuestas relaciones con redes de crimen organizado datan de varios años atrás.
Aprovechando que la noticia captura las miradas del país, es necesario hacer hincapié en una serie de aspectos que, pensando en la seguridad ciudadana y el bien común, nos preocupan y venimos advirtiendo desde hace tiempo.
Debemos estar claros que la persona señalada de un delito tan grave como el tráfico internacional de drogas ocupó cargos del más alto perfil: director de la DIS, Fiscal Adjunto, Viceministro y Ministro de Seguridad Pública y Magistrado de Sala III (penal). Tuvo a su haber la más sensible información de la operatividad policial y la soberanía nacional. Figurarse que alguien con ese recorrido y vínculos políticos carezca de influencia o de redes operativas dentro del Estado sería, cuando menos, ingenuo.
Por eso, es angustiante conocer la existencia de supuestos audios en los que el implicado asegura que estaba garantizado el paso de la droga por las fronteras de nuestro país.
Hoy se avivan más que nunca los cuestionamientos que desde la Seccional ANEP-PCD, hemos venido haciendo desde setiembre del 2023, cuando se alertó a toda la población sobre la decisión sin asidero técnico-científico de los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, de retirar al personal de la PCD de muelles, aeropuertos y fronteras.
Jerarcas que aglutinan en su autoridad la operatividad policial del cielo (Vigilancia Aérea), Mar, (Guardacostas), Fronteras como aeropuertos y muelles, e investigación contra la narco-actividad (PCD); no deben tomar a la ligera los cuestionamientos de parte del personal policial que ejecuta en el campo las investigaciones, con años de experiencia. A menos que esté respondiendo a intereses distintos a los de la ciudadanía honesta.
“Será una facilitación para que las narco-estructuras ingresen y exporten la droga hacia y desde nuestro territorio”. Lo advertimos. Las investigaciones poco a poco nos dan la razón, lamentablemente. En concordancia, personas expertas en la materia insisten en que Costa Rica necesita ejercer un verdadero control territorial, especialmente en los puntos fronterizos.
Desde ANEP queremos recordar algunos de los cuestionamientos hechos a la Administración Chaves Robles, disponibles en este enlace:
Desde la Seccional ANEP-PCD, como policías que arriesgamos la vida a diario por el país, eximimos al Gobierno de la República, que demuestre con hechos que no está del lado de la delincuencia organizada.
Para empezar: que haga públicos los estudios técnicos y científicos que utilizó para retirar a la única policía investigativa contra el tráfico de sustancias psicotrópicas del Poder Ejecutivo de los puntos por donde entra y sale la droga; muelles, aeropuertos y fronteras.
De seguido, recordar que el Ministerio de Seguridad ha incumplido las promesas hechas por el presidente cuando nos visitó, luego de la primera conferencia de prensa en 2023, específicamente en los siguientes puntos:
-Modificación del reglamento de roles, atendiendo los criterios vinculantes de salud ocupacional (6×6).
- Dotación de recursos tecnológicos para optimizar las pesquisas de investigación.
- Dotar vehículos para utilizar en las investigaciones.
- Regreso del área informática destacada en PCD, para la atención y gestión, pronta y satisfactoria, de los conflictos con los sistemas informáticos.
Finalmente, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado tanto a la propia DEA como al Poder Judicial, para que dirijan sus investigaciones hacia las jerarquías del Ministerio de Seguridad Pública, pasadas y actuales, especialmente a aquellas que han tomado decisiones que han afectado negativamente la lucha contra el crimen organizado.
SECCIONAL ANEP-PCD
27 junio, 2025.
