•Al menos, 500 dirigentes sindicales de los actualmente 151 gremios
aglutinados bajo la bandera de ANEP estarán mañana en el Auditorio de la
Conferencia Episcopal
•El Combo Fiscal-
Ley 9635: eje central del debate
Una cantidad de 500, o más, líderes y liderezas de los 151 gremios sindicales (seccionales), que hoy día se aglutinan bajo la bandera de la ANEP, estarán congregados este viernes, a partir de las 8 a.m., en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), para deliberar sobre las consecuencias negativas que tiene para la población trabajadora de este país la aplicación de la ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, popularmente conocida como Combo Fiscal.
Aspectos como rebajas salariales, reversión de derechos laborales, impuestos a la canasta básica, ausencia de reajustes salariales reales por costo de vida, deterioro del poder de compra del salario a partir de la entrada en vigencia del IVA, déficit fiscal, eurobonos, deuda pública y sus intereses fuera de control, la necesidad de una auditoria ciudadana de la deuda pública; estarán considerándose durante esta magna reunión, la primera de su nivel luego de la huelga del año pasado.
Se contará con relevantes intervenciones de prestigiosos especialistas, amigos de la ANEP, quienes darán valiosos insumos para la toma de decisiones sobre el accionar inmediato y mediato debe tener nuestra organización y sus aliados en las próximas semanas.
Se destacará la presentación de la acción de inconstitucionalidad elaborada por la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, contra la indicada legislación, en sus más diversos aspectos de reversión de derechos laborales, así como la derogatoria que hubo de la autonomía constitucional del régimen municipal.
• ANEP respaldó y apoyó denuncia presentada en el 2012
La
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) hace un llamado a
las máximas autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para
que separe de sus cargos a los funcionarios de la institución acusados por
parte de la Fiscalía por influencia contra la hacienda pública, fraude de ley y
administración fraudulenta.
La solicitud
de la ANEP nace del apoyo y respaldo brindado a la denuncia presentada en el
2012 por el ciudadano Daniel Muñoz Corea, economista y trabajador de la CCSS,
la cual se tramita bajo el expediente 12-000046-0615-PE.
Incluso el
23 de diciembre del 2017, la ANEP envió una carta a la entonces Fiscal General
a.í. Emilia Navas, solicitando que se
investigara con prioridad los graves hechos de presunta corrupción interpuestos
contra altas autoridades de la CCSS.
En la carta
enviada a la ahora Fiscal General le indicamos que “…la crisis de liquidez del
Seguro de Salud visible a la población a partir de 2010, habría sido producto
de una presunta falsificación de documentos y del presunto maquillaje de
proyecciones financieras, lo cual habría propiciado la explosión del gasto en
medio de una grave recesión económica; hecho que a su vez habría limitado la
adquisición de insumos, menoscabando ello la prestación de servicios de salud y
el estado de salud de un significativo número de asegurados”.
En otro
párrafo de esa carta apuntamos lo siguiente: “…jerarcas institucionales se
habrían valido de su importante cargo para aprobar con conocimiento de causa y
presunto conflicto de interés, subsidios ilegales del Régimen de Invalidez,
Vejez y Muerte(IVM) al Seguro de Salud socavando, aparentemente con ello, la
rentabilidad de este régimen de pensiones”.
Las personas imputadas son de apellidos Vega Rojas, Montoya Murillo, López Vargas, Guardia Rodríguez, Ugarte Brenes, Garro Herrera, Chaves Muñoz, Quesada Martínez, Retana Mora, Hernández Chacón, Balmaceda Arias, Doryan Garrón, Acuña Ulate, Picado Chacón, González Castillo, Trejos Lobo, Madrigal Mora y Cabezas Solera.
Declaraciones brindadas por Daniel Muñoz Corea a la ANEP, en febrero de 2016, luego de comparecencia ante la Asamblea Legislativa por la misma denuncia.
ANEP
responsabiliza el accionar de estas personas con la crisis financiera de la
CCSS, así como el aumento del 1% en el aporte del régimen de Invalidez, Vejez y
Muerte (IVM) que impactó el bolsillo de los trabajadores.
En junio 7
del 2017, el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, indicó
ante la opinión pública que 6 de esos 18 funcionarios denunciados aún
ostentaban altos cargos en la institución.
1) López
Vargas estaba en ese puesto y que sigue siendo, el director actuarial de la
Caja.
2) Acuña
Ulate: era el gerente administrativo de la Caja al momento de la crisis y ahora
está a cargo de la Dirección Administrativo-Financiera de esa Gerencia de
Pensiones.
3) Picado
Chacón: Era el director de Gestión y Administración de Personal de la Caja y
actualmente, se desempeña como jefe del Área de Investigación Económica de la
Dirección Actuarial.
4) Ugarte
Brenes: Era el gerente financiero al momento de los hechos y hoy está
pensionado.
5) Balmaceda
Arias: era la presidenta ejecutiva de la Caja cuando se tomaron esas decisiones
financieras sobre IVM y hoy está a cargo de la Dirección Médica del Hospital
San Juan de Dios.
6) Garro
Herrera: gerente de Pensiones en aquel momento y hoy se desempeña en un puesto
administrativo en el Hospital San Juan de Dios.
El 12 de
febrero del 2016 el denunciante Daniel Muñoz Corea, brindó una entrevista a la
ANEP, luego de una comparecencia ante la Asamblea Legislativa donde detalló
todo lo sucedido en la institución.
“Esto es un
espaldarazo a los grandes funcionarios públicos por el trabajo y el compromiso
de defender la institucionalidad. Es una forma de que el Estado escuche a los
que defienden al Estado; los trabajadores públicos que denuncian actos
irregulares pagan un alto precio por defender la verdad, transparencia y
honestidad en el manejo de los fondos públicos”, indicó Albino Vargas
Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Desde la ANEP hacemos un llamado a las autoridades del Ministerio Público para que este caso no quede impune y los responsables asuman las consecuencias del daño realizado a la seguridad social de nuestro país.
Decenas de limonenses cobijados bajo el Movimiento Social por y Para Limón se dieron cita en gimnasio Eddy Bermúdez en busca de soluciones, ante la dura situación socio-económica que afronta la provincia caribeña.
El Estado costarricense nunca tuvo la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su legítimo derecho a la tierra
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA condenan el homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, perpetrado la noche del lunes 18 de marzo.
El asesinato
ocurrió luego de varios intentos de homicidio, persecución y de haber sido
encarcelado durante 6 meses en el año 2015, por razones políticas.
Las
organizaciones sindicales denunciamos al Estado costarricense porque nunca tuvo
la voluntad de garantizar la integridad física de los indígenas que luchan por su
legítimo derecho a la tierra; a pesar de que el pueblo Bribri de Salitre y el pueblo
Broran de Térraba, cuentan con señalamientos de protección estatal por parte
del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN)
Sucesivos
gobiernos, por acción u omisión, se pusieron del lado de los finqueros locales,
como fue el caso de la expresidenta Laura Chinchilla Miranda, en cuyo gobierno,
fueron echados de la Asamblea Legislativa los representantes indígenas de todos
los territorios, mientras exigían la aprobación de la Ley de Autonomía
Indígena. En esa administración también se dieron muchas agresiones directas a
Sergio y otros indígenas bribris.
Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís, la exviceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte implementó un plan “conciliador” en Salitre que sólo dio como resultado más violencia y el encarcelamiento injustificado de Sergio Rojas Ortiz.
También
tienen responsabilidad en este fatal desenlace las malas decisiones de las
autoridades políticas de los gobiernos locales del cantón de Buenos Aires,
porque no han hecho mayor cosa para proteger a los indígenas.
Este asesinato
sienta un pésimo precedente en cuanto a la integridad de quienes enarbolan
luchas sociales en Costa Rica; y por ello sumamos nuestra voz a la de muchas
otras organizaciones de la sociedad civil para exigir el esclarecimiento de
este asesinato; y que se dé con todos los autores intelectuales y materiales
del mismo.
Parece que
ya solamente estaríamos ante un escenario de presos políticos por la lucha
social, como el caso Carlos Andrés Pérez Sánchez; si no que, más grave aún el
crimen y asesinato político por causa de la lucha social (a la colombiana), tal y como lo refleja el caso de Sergio Rojas Ortiz.
Finalmente,
lamentamos que el gobierno Alvarado-Piza no ponga el mismo empeño con que
arremete contra los derechos laborales, en la protección de los derechos
territoriales de los pueblos originarios de Costa Rica.
Gobierno Alvarado-Piza más aislado que nunca, ciudadanía rechaza combo fiscal
En esta semana, la Asociación Nacional de Empleados
Públicos y Privados (ANEP) presentará una acción de inconstitucionalidad en
contra de la detestada legislación oficialmente denominada Fortalecimiento de
las Finanzas Públicas, Ley de la República No. 9635, bautizada por el pueblo
que la enfrentó mediando el ejercicio legítimo de la Democracia de la Calle,
como combo fiscal.
A menos de tres meses de su cuestionada aprobación
parlamentaria y de su imposición mediando el fallo constitucional de compadre
hablado, la ley 9635 genera amplio rechazo de gran diversidad, incluso en la
propia institucionalidad pública.
Empezando por el anuncio de las universidades
públicas de que acudirán a la vía contencioso-administrativa en contra de su
abusiva inclusión en esa ley, pasando por el acuerdo rebelde entre los sindicatos
de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con la Presidencia Ejecutiva
de la institución, y llegando al sector municipal donde sus concejos, alcaldías
y personal preparan diversas acciones; el combo fiscal concita el más amplio
rechazo, repudio y cuestionamientos.
Recientemente, la propia Sala IV admitió una acción
de inconstitucionalidad planteada por el Sindicato de Empleados del Banco
Nacional de Costa Rica (SEBANA), que abarcó los aspectos más sensibles de todo
el ataque de dicha legislación contra derechos laborales ya conceptuados como
situaciones jurídicas consolidadas en el empleo público.
A nivel municipal, la ANEP tiene conocimiento que
el grave problema generado por esta ley en contra de la autonomía
constitucional del régimen municipal, ha estado debatiéndose a lo interno de la
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y de la Asociación Nacional de
Alcaldías e Intendencias (ANAI). Hay gran esperanza en la clase trabajadora de
este importante sector del empleo público de que tales entidades se pronuncien,
próximamente y de manera pública en defensa de la autonomía del régimen
municipal, abogando por su restauración.
La preocupación popular se acreciente ante la
inminencia de la aplicación del impuesto al valor agregado (IVA), que entrará a
regir a mitad del presente año y que, ante el real congelamiento de los
salarios, generará más congoja y estrechez económico-financiera en los hogares
obreros tanto del sector público como del privado.
Lo que sí queda constando es que al acercarse el
primer año de gestión gubernativa de Alvarado-Piza, la base social del mismo
es, prácticamente inexistente, mostrando gran aislamiento de amplios sectores
populares y ciudadanos. Al presente gobierno, que es el del tripartidismo
PLUSC-PAC, solamente le queda un abierto respaldo del alto corporativismo
empresarial, gran parte del cual está cuestionado en cuanto a la honra plena de
sus responsabilidades tributarias.
Finalmente, este viernes 22 de marzo las bases
dirigentes de la ANEP se reunirán, en el marco del Consejo Consultivo Nacional
de la agrupación, para analizar toda esta problemática que, sin duda alguna,
tiene relación directa con la gravedad fiscal del país.
-También conmemorarán el 50 aniversario del establecimiento de la sede de la OIT en San José
-La actividad tiene como objetivo el uso de espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento
Tiene como objetivo el uso de
espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento.
La Organización Internacional
del Trabajo (OIT), se encuentra de manteles largos, ya que el próximo 11 de abril
cumplirán 100 años, por lo que la celebración de conmemoración se extenderá con
actividades en diversas ciudades de todo
el mundo.
Dentro de esas ciudades se
encuentra San José, donde la celebración será el doble, ya que también se
conmemoran 50 años del establecimiento de la sede de la OIT en la capital
costarricense.
Con el propósito de conmemorar
ambos acontecimientos históricos, la OIT realizará una actividad de ciclismo
recreativo por la ciudad de San José, el domingo 31 de marzo del 2019,
denominada “Pedaleando por el Trabajo Decente: OIT 100 años”.
La actividad es gratuita y abierta
para todo público, iniciando a las 9:00 de la mañana; teniendo como punto de
partida y llegada la Plaza de la Democracia. El recorrido se realizará por Avenida
8 hacia el parque metropolitano La Sabana, para luego regresar al punto de
partida utilizando la ruta Paseo Colón y Avenida Segunda. (ver mapa de
recorrido)
Ruta «Pedaleando por el Trabajo Decente: OIT 100 años
La actividad contará con una alta participación diversos actores y tiene como objetivo el uso de espacios públicos de la ciudad, promoviendo un espacio común de ejercicio y esparcimiento.
En 2018, miles de trabajadoras de Glasgow llevaron a cabo la mayor huelga por la igualdad salarial en la historia del Reino Unido.Esta acción dio lugar a un nuevo acuerdo con el ayuntamiento de Glasgow, que les proporcionó una compensación retroactiva y, en el futuro, igualdad de retribución y condiciones.Su historia demuestra por qué el movimiento sindical debe estar en el centro y a la vanguardia de la lucha por los derechos de la mujer.Para saber más sobre la huelga, lea el artículo de opinión de Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP: http://www.world-psi.org/es/8-de-marzo-la-lucha-de-las-mujeres-debe-ser-mas-audaz-y-radical-que-nunca
Por: Rosa Pavannelli, Secretaria General de la ISP
El Día de la Mujer no es para celebrar lo femenino, es un día para la movilización política. Comenzó en el siglo pasado, con las mujeres de clase trabajadora de todo el mundo tomando las calles y, desde 2017, la Huelga Internacional de las Mujeres está renovando ese espíritu de solidaridad e internacionalismo. Sólo podremos lograr los avances significativos por los que vienen luchando generaciones de mujeres si colocamos las luchas de las mujeres en el centro de la acción sindical.
Necesitamos un
feminismo influyente, dispuesto a enfrentarse a los que están en el poder y a
luchar por que haya cambios políticos hoy, no por la promesa de mejoras
graduales en el futuro.
Ya hemos esperado
bastante.
Sin embargo, muchas
ejecutivas muy adineradas (predominantemente mujeres blancas) nos dicen que el
problema no es el patriarcado, ni la desigualdad de clases, que basta con que
las mujeres superen sus propios frenos y se «echen hacia adelante» (lean
in), signifique eso lo que signifique.
Pero este modelo
«despolitizado» del feminismo moderno ignora el factor clave que ha
llevado al éxito hasta ahora: el aumento de nuestra fuerza colectiva para
desafiar el statu quo.
Es estimulante ver
cómo la Huelga Internacional de las Mujeres aprovecha el pasado para crear un
«nuevo movimiento feminista internacional que tenderá un puente entre la
lucha de las mujeres y la lucha de los trabajadores».
Esta lucha se
cimienta sobre seis principios clave:
El fin de la violencia de género
Los derechos laborales
Un feminismo antirracista y antiimperialista
Prestaciones sociales completas
Las justicia reproductiva y medioambiental para todos y para todas
Debemos defender
los servicios públicos como base de esta solidaridad renovada, porque
proporcionan a las mujeres y a los hombres sus necesidades esenciales, además
del respeto a nuestros derechos humanos fundamentales.
Debemos recabar
apoyo para las valientes trabajadoras y trabajadores que prestan los servicios
públicos a sus comunidades.
Debemos integrar estrategias
sensibles al género y transformadoras, para lograr unos servicios públicos no
discriminatorios y adaptados a nuestras necesidades.
Los servicios
públicos de calidad contribuyen a redistribuir el poder y los recursos, y a
crear un entorno económico y cultural propicio para desafiar al patriarcado y
luchar por la igualdad. También nos permiten proteger el medioambiente local y
reducir el perjudicial impacto del ánimo de lucro, que implacablemente está
destruyendo nuestro mundo. Por eso los Gobiernos de derechas, desde Brasil a
los Estados Unidos, Italia o Hungría, están atacando al personal de los
servicios públicos y a los derechos de las mujeres en su conjunto.
Tienen miedo.
Pero no daremos ni
un paso atrás. Necesitamos un movimiento de mujeres más radical y resuelto,
para responder a los ataques que tantos Gobiernos de derecha están lanzando
contra los derechos de las mujeres.
Una joven que está
construyendo un movimiento internacional para luchar por los derechos humanos y
medioambientales.
Una mujer joven que
está enseñando a las generaciones más jóvenes y a las más mayores a preocuparse
por el bien común y el interés general, unos valores socavados por la
globalización neoliberal.
Una joven que no
pregunta educadamente si será posible un cambio mañana, sino que exige a los
líderes mundiales medidas urgentes, hoy, por el futuro de nuestro planeta.
No aceptaremos ni
un paso atrás en los derechos de las mujeres: lucharemos por lograr más cambios
aún.
No aceptaremos la
despolitización de la lucha de las mujeres: utilizaremos nuestra fuerza
colectiva y haremos de la igualdad de género el motor de la acción sindical.
No aceptaremos más
retrasos en la acción climática: reivindicaremos cambios políticos, hoy.
Como Greta, tenemos
que ser audaces para lograr los cambios que necesitamos: por las mujeres, por
los trabajadores, por una sociedad mejor para todos y para todas.
* Rosa
Pavanellies secretaria general de la Internacional de Servicios
Públicos y presidenta del Consejo de los Global Unions.
¿Qué intereses rondarán la prestación del servicio de administración
de la plataforma electrónica de factoreo que sería de uso obligatorio para
todas las entidades del sector público?
UCCAEP
pide y los diputados obedecen, tal pareciera ser la triste dinámica de cómo,
quienes ocupan algunas curules en el Congreso, parecieran estar dispuestos a
poner de rodillas al Primer Poder de la República ante la petición de esta
cámara empresarial, induciendo con esto a error a los demás legisladores.
Lo
anterior pareciera presentarse a raíz del trámite legislativo del expediente
19.957, Ley Marco del Contrato de Factoreo, el cual busca
regular la relación entre las partes que intervienen en el proceso de factoreo
(servicio financiero que consiste en anticipar el pago de una cuenta por cobrar, la cual es
cedida a una persona física o jurídica y éste a su vez se encarga de
administrar y cobrar dicho documento).
El texto base de este
expediente legislativo propone que todos los entes y órganos del sector público
que descuenten facturas utilicen una plataforma electrónica para que se
automatice el proceso, también permite que las empresas privadas puedan
utilizar esta plataforma. Pero además de lo anterior, la propuesta incial de
este expediente legislativo autorizaba al Instituto
Costarricense de Electricidad o una de sus empresas, para que en calidad de
administrador de plataforma electrónica pudiese establecer y operar la
Plataforma Electrónica de Factoreo que sería de uso obligatorio para todas las
entidades del sector público cuando actúen como pagadores.
Este
expediente legislativo, en días recientes se dictaminó en la Comisión de
Asuntos Económicos para pasar a ser visto en el Plenario Legislativo, dónde actualmente
está listo para iniciar mociones 138 o en su defecto, ser sometido a votación
en primer debate.
Sin
embargo casi a última hora, durante el segundo día de mociones 137, la Comisión
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos que conocía el proyecto, aprobó una
moción presentada por el diputado Pedro Muñoz de la fracción del PUSC, en la
cual se quita la autorización al ICE para gestionar la Plataforma Electrónica
de Factoreo (cosa que ya hace) y en
lugar de eso dispone que el Estado
deberá contratar un administrador de la Plataforma Electrónica de Factoreo por contratación administrativa ordinaria.
Lo
anterior no solo implica una afectación al Grupo ICE, sino que, más grave aún,
ASDEICE tiene información que dicho planteamiento, que abre la posibilidad para
que se pueda contratar a una empresa del mercado para brindar dicho servicio,
fue planteada por la UCCAEP, en atención a la consulta que la Comisión de
Asuntos Económicos le hiciera a este sindicato de empresarios, sobre dicho
expediente legislativo, del cual no se pidió consulta a los sindicatos de
Trabajadores del ICE.
De
esta forma, pareciera que la UCCAEP dice y los diputados obedecen sin chistar,
ni consultar si quiera a los sindicatos de trabajadores, regulados por el mismo
artículo constitucional.
ASDEICE considera que esta maniobra de trámite legislativo, genera una afectación al Grupo ICE, que ha realizado una inversión en equipo para operar este tipo de servicios.
Declaraciones de César López, Director Ejecutivo de ASDEICE
Debe
tenerse presente que el servicio de factoreo mediante el uso de una plataforma
electrónica, ya es brindado de forma exitosa por el Grupo ICE desde hace cerca
de tres años, y sin costo alguno para los entes y órganos del Estado que
lo utilicen.
Siendo
que el Grupo ICE brinda el servicio a través de RACSA (subsidiaria), sin costo alguno
para el Estado, resulta preocupante que los diputados de la Comisión de
Asuntos Económicos, aprobaran la moción presentada por Pedro Muñoz del PUSC,
para que el Estado contrate a
empresas privadas para manejar este servicio. Máxime en tiempos de “crisis
fiscal”.
Más preocupante es aún,
que la Comisión no tomara en cuenta, el criterio remitido por RACSA a dicha
comisión legislativa, mediante Oficio AJ-98-2019, en el cual se explicaba
que este tipo de moción, de aprobarse induciría
a error a los diputados, por tener imprecisiones con respecto al ordenamiento
jurídico actual sobre el tema (artículos 6 y 9 de la Ley No. 8660, y artículos
1 y 201 del Reglamento al Título II de la misma).
Una posición responsable de los legisladores sobre
este tema en Plenario, sería que a la hora
de conocer el segundo informe para pasar a las mociones de reiteración (138), de conformidad con el artículo 154 del
reglamento legislativo, reenvíen el proyecto de nuevo a la comisión
dictaminadora, a fin de enmendar la situación.
Veremos
si eso sucede, o si por el contrario debemos preguntarnos: ¿qué intereses rondan la prestación de este servicio por entes
privados?
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
