“Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.

Estos refranes populares son muy apropiados para reflejar la realidad salarial de quienes trabajan asalariadamente para el sector Público, especialmente quienes laboran en ministerios que están bajo el Régimen de Servicio Civil, en entidades adscritas a los mismos y que aplican dicho régimen salarial, en entidades autónomas pero regidas por la Autoridad Presupuestaria; e, incluso, en otros tipo de instituciones públicas que toman como base para sus reajustes salariales semestrales lo que se defina para el Gobierno Central.

El más reciente decretazo salarial del Gobierno con relación al reajuste por costo de vida valedero para el primer semestre del 2016, muestra las líneas del horizonte hacia el cual nos acercamos en materia de remuneraciones para este importante segmento de la clase trabajadora costarricense: congelamiento y rebaja salarial en perspectiva.

Mientras el asalariado paga puntualmente sus impuestos, especialmente los dos fundamentales, venta y renta; el robo de impuestos es de tal magnitud que ya conspira contra su propia estabilidad salarial: no hay aumento salarial, si lo hay es raquítico y miserable y aún sí para una parte, no para todos; y, no es descartable que en el corto plazo, se plantee hasta rebaja salarial.

Los y las profesionales del sector Público no tendrán ni un céntimo más en su salario actual durante todo el primer semestre del 2016. En la escala de puestos de los no profesionales del Servicio Civil, el extremo más bajo, el Trabajador Misceláneo 1, deberá conformarse con un 1 %; y el más alto, Técnico y Profesional 3, con 0.25 %.

El Gobierno argumenta que esta situación se debe a que la cifra inflacionaria oficial con que cerró el año pasado 2015, fue “negativa”, de un -0.87 %. La justa realidad en un escenario redistribuidor de riqueza, de reconocimiento de la pérdida salarial acumulada, y de recuperación y de ampliación de poder de compra del salario, habría establecido que el reajuste fuese del 1.49 %, general, como fue propuesto por la corriente sindical en la cual militamos: las centrales sindicales, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la propia ANEP.

Cualquier persona asalariada siente, percibe, constata que una cosa es la cifra oficial del Gobierno en materia de inflación; y otra, muy distinta, la realidad económica del bolsillo de las familias trabajadoras. Por algo somos uno de los países de más alto costo de la vida en América Latina, sino el número uno en ello.

Debemos ser responsables, sumamente responsables planteando lo siguiente: Si no se corrige la profunda gravedad y el estado catastrófico del perverso e injusto actual sistema tributario costarricense, seremos los y las de abajo, la clase trabajadora asalariada, la del sector Público y la del sector Privado, las víctimas de una catástrofe social de insospechadas consecuencias.

Evidentemente, la clase trabajadora del sector Privado, especialmente la que es “torturada”, económicamente hablando, con el nivel actual de los salarios mínimos; así como la que labora en la economía informal, por cuenta propia, “pellejeándola” (como popularmente se dice), es enormemente perjudicada por el deterioro de una importante cantidad de servicios públicos que necesita, los cuales solamente tienen presupuesto para pagar salarios ante el serio problema de finanzas públicas que implica el astronómico robo de impuestos y, por ende, el déficit fiscal.

La máxima tarea sindical del momento no puede ser otra que movernos, organizada y colectivamente contra el fraude fiscal, contra el robo de impuestos, contra la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas. De nada valdrá un piquete, una manifestación, una marcha, un paro y una huelga contra el más reciente decretazo salarial, dado que el problema de fondo es el crimen social que nos afecta a todos y que es el robo de impuestos en todas sus dimensiones; robo de impuestos cuya cifra ya ha sido reconocida oficialmente y que desde nuestro lado ya veníamos planteando sin que nadie nos desmintiera: 8.5 puntos porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB).

Entonces, es éste el escenario que está abierto ya e, inevitablemente, con lo que parece ser incontenibles perfiles confrontativos.

PRIMERO: La clase trabajadora, especialmente, la asalariada y particularmente, la del sector Público, ¡no roba impuestos! El de ventas lo paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora; si tiene salario susceptible de aplicársele el de renta, se rebaja de planilla inexorablemente.

SEGUNDO: La clase trabajadora, en términos generales y en abrumadora mayoría, no tiene sociedades anónimas, las cuales, por la figura jurídica actual que las sustenta, son mecanismo fundamental para el robo de impuestos y la evasión tributaria.

TERCERO: La clase trabajadora, en contundente y absoluto número, no disfruta y no ha recibido exenciones y/o exoneraciones de impuestos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 50 % de las exenciones y de las exoneraciones en Costa Riva, cuyo total equivale a 6 puntos porcentuales de PIB, beneficia al 20 % de la población más rica.

A pesar de que es la clase trabajadora la que no evade y paga puntualmente sus impuestos; a pesar de que no tiene sociedades anónimas para robar impuestos; a pesar de que nunca ha recibido ni exenciones ni exoneraciones, es la que ya está sufriendo y sufrirá más las consecuencias de esta injusta situación tributaria.

Por ello es que empezamos este artículo citando esos cuatro refranes populares que, muy convenientemente, consideramos repetir: “Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.

Desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace más de 20 años, Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales que han beneficiado a las empresas multinacionales y a los ricos, al tiempo que los trabajadores y las comunidades pierden poder. La desregulación y las protecciones extraordinarias para los inversionistas han contribuido al estancamiento de los salarios, el empleo precario, la migración masiva, el aumento de la desigualdad y la dilución de la organización democrática como medio para lograr cambios de política.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) cree que el comercio puede ser una fuerza para el bien, pero no es un resultado automático. Evaluar solamente si el volumen del comercio y la producción económica han aumentado oscurece una cuestión más importante: si ese crecimiento crea una sociedad próspera y equitativa. De cada nuevo acuerdo comercial —ya sea en Norteamérica en 1994, Centroamérica y República Dominicana en 2006, Perú en 2009 o Colombia en 2012— se proclama que promoverá buenos empleos, protegerá los derechos laborales y logrará que las comunidades salgan de la pobreza. Ahora se hacen las mismas afirmaciones con respecto al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), a pesar de que ninguno de los acuerdos anteriores ha cumplido dichas promesas.

Estos acuerdos siempre se negocian en secreto, y el TPP no es una excepción. Aunque el ciudadano común no conoce el texto, las declaraciones públicas y las filtraciones dejan en claro que la estructura general del acuerdo repetirá lo establecido en acuerdos anteriores. Una coalición general de sindicatos y grupos de la sociedad civil de los países que negocian el TPP ha expresado serias inquietudes y ha enfrentado a los negociadores del gobierno para ofrecer propuestas de políticas que corregirían los errores del pasado y promoverían la prosperidad compartida. Estas propuestas han sido ignoradas en repetidas ocasiones y se ha favorecido el mismo modelo fallido que se utilizó para diseñar los acuerdos anteriores.

En este momento, los resultados de los acuerdos son claros. Aunque pueden incrementar el volumen general del comercio y de la producción, las ganancias no se reparten equitativamente. La distribución favorece a las corporaciones multinacionales, los accionistas y las instituciones financieras, mientras que los trabajadores enfrentan un estancamiento de los salarios y menor seguridad laboral, y las comunidades tienen menos influencia sobre las decisiones que afectan su vida.

Los acuerdos comerciales modernos van mucho más allá del comercio en el sentido tradicional, y dictan la forma en que los gobiernos manejan sus economías y regulan la actividad comercial. Los negociadores del TPP admiten que los aranceles ya son muy bajos y que el objetivo principal del acuerdo se encuentra “detrás de las barreras fronterizas”. Este eufemismo está calculado para fomentar políticas que debilitan o desmantelan las defensas de los trabajadores, la salud pública, los consumidores y el ambiente natural, al tiempo que ofrecen a los inversionistas extranjeros privilegios especiales. Mientras tanto, las débiles disposiciones que rigen los derechos laborales y ambientales incentivan a las empresas a aprovisionarse en lugares donde no se respetan los derechos humanos.

TRABAJADORES DESPLAZADOS Y DISTORSIÓN DEL MERCADO LABORAL

Incluso los más ardientes defensores de los acuerdos de libre comercio admiten que inevitablemente causan la pérdida y el desplazamiento del empleo. Argumentan que estas pérdidas se compensan con la creación de empleos en otros sectores o con precios al consumidor más bajos. Pero esta dinámica teórica no ha ocurrido en la práctica, ni para Estados Unidos ni para sus socios comerciales.

Los acuerdos comerciales han facilitado y han aumentado lo que a menudo se llama “la caída hasta el fondo”. La protección a los inversionistas, aunada a la presión para la desregulación, ha permitido que las empresas trasladen los segmentos de sus empresas que requieren mucha mano de obra a regiones con leyes débiles y una aplicación laxa. Los trabajadores de diferentes comunidades y países compiten entre sí, lo que hace que los salarios bajen. El desplazamiento incrementa la oferta total de trabajadores, muchos de ellos desesperados y dispuestos a aceptar salarios más bajos. Cuando los trabajadores tratan de negociar mejores salarios y condiciones, los patrones amenazan con llevarse la producción a otro lado.

En Estados Unidos se repite que el crecimiento en sectores como los servicios y la baja de los precios al consumidor compensarán los empleos perdidos a causa de los acuerdos comerciales. En realidad, la pérdida de empleos dignos, en particular en el sector manufacturero, no ha sido compensada con la creación de puestos en otros sectores. Los empleos de mayor crecimiento en el sector de servicios, como la venta al menudeo y la comida rápida, pagan salarios sustancialmente más bajos en promedio, ofrecen menos estabilidad y hay menos posibilidades de ascenso. En general dan pocas prestaciones o ninguna y muchas veces los horarios son irregulares e impredecibles. Numerosos estudios, en particular del Economic Policy Institute, han documentado cómo los trabajadores desplazados terminan aceptando enormes recortes salariales, si es que encuentran otro empleo. Más de un tercio de los trabajadores que pierden su empleo en el sector manufacturero abandonan la fuerza laboral.

El cambio por un trabajo precario y con salario más bajo ha causado pérdidas profundas y duraderas en la economía estadounidense. Esto no solo vulnera a quienes luchan por satisfacer las necesidades básicas de sus familias sin un salario digno, sin asistencia médica ni pensión, sino que además afecta a comunidades enteras. El deterioro del poder adquisitivo trastorna los negocios locales y a los gobiernos municipales y estatales que tienen que mantener escuelas, parques, bibliotecas y sistemas de saneamiento público con bases gravables cada vez más reducidas.

Esta situación no se limita a Estados Unidos; por ejemplo, el TLCAN a veces se presenta como una pérdida para los trabajadores estadounidenses y como una ventaja para México. En realidad, los trabajadores de ambos países han sufrido. En México, el desplazamiento y el deterioro de las empresas nacionales provocaron grandes oleadas de emigrantes que erosionaron comunidades, dividieron familias y obligaron a los trabajadores a buscar empleos más precarios y, en ocasiones, peligrosos. El TLCAN desplazó aproximadamente a dos millones de personas después de que la avalancha de importaciones agrícolas subsidiadas de Estados Unidos ahuyentó a los agricultores de sus tierras. Esto diezmó las comunidades rurales, aumentó la inseguridad alimentaria y provocó la migración hacia los centros industriales de México, o bien, Estados Unidos y Canadá mediante programas de trabajadores invitados temporales o como migrantes indocumentados.

Al mismo tiempo, cerraron muchas empresas locales que producen bienes industriales para el mercado interno y los préstamos a las industrias nacionales disminuyeron. Se redujo la acumulación nacional de capital, así como la demanda laboral que la había acompañado. Si bien hubo un aumento en los empleos industriales en general, muchos pagaban salarios extremadamente bajos. El mayor número de trabajadores desesperados y las restricciones a los derechos laborales, en particular el uso de contratos de protección, inhibieron las negociaciones por mejores salarios. Los precios al consumidor subieron, redujeron en buena medida el valor de un salario mínimo estancado y llevaron a más personas a la pobreza. Numerosas investigaciones, en particular un estudio de 2013 del Banco Mundial, vinculan la caída del empleo digno y el aumento de la desigualdad social con el aumento de los índices de violencia.

Cada nuevo acuerdo comercial ha generado patrones similares de desplazamiento que ejercen una presión a la baja sobre los salarios. En Honduras, los agricultores de subsistencia y las comunidades rurales están siendo expulsados de sus tierras para favorecer los monocultivos de exportación, como el aceite de palma. Los trabajadores rurales solo tienen malas opciones: trabajar por salarios de miseria en las tierras que alguna vez les pertenecieron, ir a las ciudades que ofrecen pocas oportunidades de empleo o arriesgarse a emigrar para buscar trabajo en otros países. Esta situación no se capta en las evaluaciones económicas, que solo tienen en cuenta el aumento de las exportaciones en el marco del Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio, sin considerar el costo humano o la forma en que se ha distorsionado el mercado laboral en Honduras y Estados Unidos.

LA PROMESA FALLIDA DE LA PROTECCIÓN LABORAL

Con cada nuevo acuerdo comercial se hace la promesa de que incluirá altos estándares laborales, que exigirán que todos los socios comerciales defiendan y hagan cumplir los derechos laborales fundamentales. Aunque el discurso ha mejorado con el tiempo para reflejar las normas internacionales, la capacidad y la voluntad para hacer cumplir estos compromisos no ha mejorado.

Las negociaciones del TPP incluyen a muchos países que no respetan los derechos laborales fundamentales y que no podrían cumplir ningún acuerdo que requiera la adhesión a estos derechos en el momento en que entrara en vigor. Por ejemplo, Malasia está incluida en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de países con el peor historial de trata de personas. Fosas comunes recientemente descubiertas con los cuerpos de decenas de trabajadores migrantes son un escalofriante recordatorio de las consecuencias de la indiferencia del gobierno malayo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha combatido vigorosamente los esfuerzos por evitar la aprobación acelerada de acuerdos comerciales con países que el Departamento de Estado ha clasificado como los peores transgresores con respecto a la trata de personas.

Es muy poco probable que los países del TPP cumplan totalmente con las disposiciones laborales antes de que el acuerdo entre en vigor. Los países que no cumplen con las disposiciones comerciales de los acuerdos están obligados a hacer cambios en sus leyes y en sus prácticas antes de que se concrete el acuerdo, pero a menudo las condiciones laborales se tratan como objetivos deseables.

Cuando Colombia y Estados Unidos iniciaron negociaciones comerciales, se consideraba que Colombia era el lugar más peligroso del mundo para los sindicalistas. Colombia y Estados Unidos firmaron un Plan de Acción Laboral por separado, que prometía reformas pero que no contenía ningún criterio para evaluar si la práctica había cambiado realmente. El gobierno estadounidense no aceptó tomar medidas significativas para garantizar que las empresas estadounidenses operaran en Colombia respetando los derechos humanos y Colombia no estaba obligada a completar las reformas prometidas para que el acuerdo comercial entrara en vigor. Como era de esperar, el entusiasmo por el cambio murió en el momento en que el acuerdo comercial entró en vigor.

Después de 4 años, el Plan de Acción Laboral no se ha implantado por completo y no ha tenido consecuencias para el comercio. En este tiempo, como se ha documentado en los informes de la Escuela Nacional Sindical, los trabajadores colombianos sufrieron más de 1933 amenazas y actos de violencia, entre ellos 105 asesinatos y 1337 amenazas de muerte. A pesar de la promesa de acabar con la subcontratación ilegal, la abrumadora mayoría de los trabajadores de Colombia laboran según acuerdos de empleo informal. Los trabajadores de los sectores de exportación, como la caña de azúcar, la palma y los puertos, generalmente son contratados como temporales, incluso los que han desempeñado el mismo trabajo durante una década o más. No pueden organizarse y les han robado un futuro seguro, ya que los patrones estigmatizan a los que protestan y omiten las obligaciones legales, que incluyen los pagos a la seguridad social y la indemnización para los trabajadores que se lesionan en el trabajo.

Cada socio comercial decide cuándo presentar denuncias (si es que se presentan) para hacer cumplir las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales. Los trabajadores pueden presentar denuncias sobre violaciones a sus derechos, pero ha sido muy difícil obtener resultados significativos. En Estados Unidos, numerosos casos reflejan la incapacidad sistémica de proteger los derechos laborales en los programas de visas para trabajadores. Desde los huertos de manzanas de Washington hasta los campos de tabaco de Carolina del Norte, los migrantes se ven obligados a trabajar largas horas, les roban los salarios que han ganado, se exponen a pesticidas y productos químicos peligrosos sin la capacitación o el equipo de seguridad adecuados y viven en condiciones miserables sin alimentos adecuados ni sistemas de higiene. Los trabajadores están atados a sus patrones y no tienen derecho a organizarse. Sin embargo, las reiteradas denuncias no han producido más que algunos cursos de capacitación años después de haber presentado las denuncias, sin que haya cambios sustanciales a las leyes que hacen que estos trabajadores sean vulnerables a la explotación. Por una cruel ironía, muchos llegan a Estados Unidos porque las políticas económicas creadas a partir de los acuerdos comerciales los han dejado sin oportunidades de empleo en su país.

Solo un caso laboral ha llegado a una resolución formal. En 2008, los sindicatos de Guatemala y Estados Unidos presentaron una denuncia conjunta por abusos rampantes en Guatemala, que incluían agresiones contra los sindicalistas y violaciones constantes a los derechos básicos. Después de 6 años, el gobierno de Estados Unidos finalmente llamó al arbitraje. El momento —durante un debate sobre comercio en el que se cuestionaba la eficacia de las disposiciones laborales— les parecerá oportunista a algunos.

El caso Guatemala no abordará la violencia contra los sindicalistas, que quizá sea el problema más grave al que se enfrentan los trabajadores guatemaltecos. En la denuncia del movimiento obrero se incluyeron casos de amenazas, hostigamiento e incluso asesinato. Estados Unidos no planteó ninguno de estos casos en el arbitraje, aunque en sus recapitulaciones establece que los trabajadores enfrentan represalias violentas por reclamar.

El gobierno de Estados Unidos ha afirmado públicamente que ha tomado medidas para hacer frente a la violencia contra los sindicalistas; sin embargo, en lo que respecta a Honduras no ha actuado. En una denuncia presentada en 2011 por activistas laborales se detalla la violencia sistémica y la impunidad. Cuando por fin Estados Unidos dio una primera respuesta por escrito 3 años más tarde, se rehusó explícitamente a llegar a conclusiones sobre la violencia laboral.

Algunos acuerdos comerciales comprometen a los gobiernos a no reducir las normas laborales para atraer inversiones, pero en la práctica estas disposiciones se ignoran. En enero de 2015, Guatemala bajó un salario mínimo que ya era lamentable en el sector de la manufactura ligera en cuatro municipios, con la intención deliberada de atraer inversionistas. En Estados Unidos, los gobiernos estatales y locales han aprobado leyes que restringen la organización sindical, argumentando que así atraerá más negocios. Por su parte, el gobierno peruano ha reformado diversas leyes laborales en paquetes de “mejora de la competitividad”, conocidos como “paquetazos”, que socavan unas protecciones laborales ya débiles y que incluyen sectores clave como las inspecciones de higiene, seguridad y trabajo. Algunas iniciativas se han estancado después de grandes protestas, pero quedan otros, como una regla que exime a las compañías de evitar la discriminación y les permite rechazar a los sindicalistas, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores que se han lesionado en el trabajo y a otros trabajadores vulnerables.

En resumen, las protecciones laborales de los acuerdos comerciales no se han traducido en un cambio significativo en la práctica. Los gobiernos no han logrado hacer cumplir sus propias leyes laborales ni han logrado garantizar que las empresas nacionales que operan en el extranjero respeten los derechos laborales. A mediados de 2015, los trabajadores agrícolas de Baja California se organizaron pese a muchas dificultades. Una de sus principales demandas es poner fin a los contratos de protección, en los que los patrones firman acuerdos con sindicatos falsos para impedir que se formen sindicatos democráticos. Los contratos de protección se negocian en secreto sin el conocimiento ni la aceptación de los trabajadores. Por lo general, los trabajadores se enteran de la existencia del sindicato de protección cuando tratan de organizarse. Varias denuncias presentadas en el marco del TLCAN se refieren al uso de contratos de protección para evitar que los trabajadores se organicen en los centros de maquila; poco ha cambiado en 2 décadas.

A medida que las empresas se fragmentan en cadenas de suministro que abarcan diferentes fronteras y continentes, las comunidades de las que dependen para la producción, en particular la producción que utiliza mano de obra no calificada, se consideran intercambiables y prescindibles. Las sedes corporativas no tienen razones para hacer inversiones de largo plazo en mano de obra ni en la infraestructura local. Sobre todo, gracias a la protección a los inversionistas que se hace valer por medio de los acuerdos comerciales, a esas empresas ya no les importa siquiera los principios básicos del Estado de derecho. A medida que los salarios bajos y el trabajo precario ahondan la pobreza de las comunidades, las empresas cargadas de dinero se convierten en clientes políticos cada vez más atractivos. Esto representa para los funcionarios locales incentivos perversos y complacientes para mantener el costo de la mano de obra artificialmente bajo, aun a costa de ignorar los derechos fundamentales.

DESREGULACIÓN Y RESTRICCIONES A LA LEGISLACIÓN

Los acuerdos comerciales no solo hacen que sea más fácil bajar los salarios y diluir las normas, sino que también imponen a los gobiernos que adopten políticas para garantizar el acceso al mercado y condiciones favorables para las empresas extranjeras, independientemente de las necesidades o prioridades de las comunidades locales que se ven afectadas por estas decisiones. En este marco, las medidas de política regional que reflejan opciones sociales sobre cómo resolver problemas y equilibrar los riesgos, incluidas las políticas ambientales, las normas de contratación, los derechos de propiedad intelectual y los reglamentos financieros, se reducen a “barreras comerciales”.

La entrada en vigor del acuerdo de comercio entre Perú y Estados Unidos estuvo marcada por la tragedia. Para cumplir con el acuerdo, el gobierno peruano promulgó regulaciones que otorgaban a las empresas extractivas mayor acceso a la Amazonia. En respuesta, grupos inconformes bloquearon la carretera de Bagua. Las fuerzas de seguridad del gobierno dispararon contra la multitud; por lo menos 32 personas murieron en un conflicto violento provocado por reglas diseñadas para poner las ganancias de las empresas por encima de la autonomía de la comunidad.

Los acuerdos comerciales limitan los programas de contratación pública, pues hacen que sea difícil o imposible que los contratos gubernamentales establezcan una preferencia, mucho menos un requisito, para que las empresas, empleos y negocios locales se adhieran a principios de derechos humanos o mejores normas ambientales. Los gobiernos deberían ser capaces de abordar los problemas sociales —como el desempleo juvenil o las secuelas de la discriminación— agregando reglas a los contratos públicos. El creciente movimiento para incluir la debida diligencia en derechos humanos en las adquisiciones gubernamentales, que defendería las normas laborales a lo largo de la cadena de suministro, también podría ser socavado por las reglas comerciales.

El capítulo sobre propiedad intelectual del TPP se ha filtrado y contiene protecciones que son incluso más amplias que los acuerdos anteriores. El texto permite que las compañías farmacéuticas amplíen la vida de sus patentes haciendo ajustes menores. Esto impediría el acceso a medicamentos fundamentales, lo que ha provocado que organizaciones de salud, como Médicos sin Fronteras, se opongan públicamente el acuerdo. El TPP también contiene un capítulo dedicado exclusivamente a la regulación de la industria financiera. Teniendo en cuenta los efectos duraderos de la Gran Recesión, es muy importante que las políticas comerciales protejan, en lugar de minar, la capacidad de los gobiernos para combatir las crisis económicas y garantizar mercados sostenibles y robustos.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS

Aparte de los gobiernos, los inversionistas son los únicos actores que pueden hacer cumplir los compromisos hechos en los acuerdos comerciales, lo que les da a los individuos ricos y a las empresas un poder excesivo. La resolución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) permite que los inversionistas extranjeros presenten demandas ante los gobiernos por cualquier medida que afecte sus utilidades actuales e incluso futuras. En lugar de emplear los procedimientos internos, los inversionistas extranjeros presentan sus reclamaciones ante tribunales internacionales privados. Aunque estos paneles no pueden revertir una política, pueden ordenarles a los Estados que paguen indemnizaciones monetarias.

Cada vez se recurre más a la ISDS para impugnar reglamentos destinados a proteger al público y promover el desarrollo sostenible. En marzo de 2015, un panel de ISDS dio un fallo dividido 2-1 en el caso Bilcon vs. Canadá, con la decisión de la mayoría a favor de la compañía minera, cuando un grupo de expertos canadienses había rechazado su oferta para ampliar una cantera en Nueva Escocia. Dos árbitros concluyeron que los contribuyentes canadienses deben pagarle una indemnización a la empresa, en parte porque el panel le dio demasiada importancia a los “valores esenciales de la comunidad” cuando decidió rechazar la solicitud de la empresa. El tercer árbitro, con opinión disidente, reconoció el efecto negativo que tendría sobre la capacidad de los reguladores de responder a la oposición de la comunidad y de promover una gestión ambiental responsable.

El caso Bilcon no es único. Una controversia similar entre la compañía canadiense OceanaGold y el gobierno de El Salvador, que le negó a la empresa un permiso para extraer oro, está pendiente ante un panel de ISDS. La Organización de las Naciones Unidas estima que aproximadamente el 90% del suministro de agua superficial de El Salvador está contaminado y que las comunidades cercanas a las minas sufren índices más altos de cáncer, insuficiencia renal y trastornos del sistema nervioso.

En 2014, el periódico Le Monde informó que la multinacional francesa Veolia estaba impugnando un paquete de reformas laborales en Egipto, resultantes de la Primavera Árabe, entre las que se incluye el aumento del salario mínimo. La compañía estadounidense de energía Lone Pine Resources interpuso recientemente una demanda de 250 millones de dólares contra Canadá porque Quebec prohibió la fracturación hidráulica, una práctica que se ha vinculado con sismos y contaminación del agua potable.

Considerar un problema complejo con amplias implicaciones sociales por medio de la estrecha lente de los derechos de los inversionistas es de por sí problemático. El peligro se agrava por el hecho de que la propia estructura de los paneles de ISDS los inclina a favor de los inversionistas. Como se detalla en el informe de 2012 Profiting from Injustice, los árbitros tienen intereses financieros en el sistema. A diferencia de los jueces, los árbitros son seleccionados individualmente y pagados por el inversionista que presenta la reclamación y por el gobierno acusado. Hay fuertes incentivos para decidir a favor de los inversionistas, ya que esto amplía el número de casos en general y aumenta la posibilidad de que un árbitro siga siendo seleccionado. No hay reglas estrictas que rijan los conflictos de interés, por lo que muchos árbitros deciden sobre los casos y representan a las empresas que interponen las reclamaciones.

Un sistema democrático de justicia tiene mecanismos correctivos. Los juicios erróneos se pueden apelar, los jueces deshonestos pueden ser procesados y el Poder Legislativo puede aprobar o derogar leyes como respuesta a interpretaciones judiciales indeseadas. Es increíblemente difícil apelar las sentencias de la ISDS por cualquier motivo, los árbitros privados no pueden ser procesados y no hay Poder Legislativo que pueda corregir una extralimitación.

La ISDS les da a los inversionistas extranjeros un poder desmesurado sobre la toma de decisiones local. Incluso si el país gana, la defensa de un caso cuesta alrededor de 8 millones de dólares. Dados los enormes costos y la posibilidad de que los fallos sean tendenciosos, es posible presionar a los gobiernos para que cambien las normas o desestimen nuevas propuestas, incluso con la pura amenaza de presentar un caso.

Cuando estas cuestiones se plantean ante los que negocian los aspectos comerciales del TPP, aseguran que el ISDS ya se ha arreglado. Pero la ISDS es intrínseca y fundamentalmente imperfecta, ya que socava el Estado de derecho al proporcionarles a los inversionistas una estructura jurídica distinta de la que utilizan los trabajadores y las comunidades. Esto permite que las empresas multinacionales eviten las desventajas de operar en lugares con sistemas judiciales subdesarrollados o disfuncionales. De hecho, puede ser una ventaja: los inversionistas aprovechan todos los ahorros provenientes de la aplicación laxa en el ámbito laboral y ambiental sin tener que arriesgarse a que sus derechos de propiedad se enfrenten a una falta de justicia similar.

Las promesas previas de que la injusticia del sistema se resolverá y de que se evitarán los casos contra el interés público no se han cumplido. Se supone que la redacción de las normas para las inversiones entre Perú y Estados Unidos evitaría casos que contrariaran las reglas de interés público. Sin embargo, en 2012 la compañía minera Renco, con sede en Nueva York y que opera una fundición en La Oroya, presentó un caso contra el gobierno peruano luego de que se le ordenó a la empresa que limpiara la contaminación de la región y pagara una indemnización a los habitantes que sufrían graves problemas de salud por la contaminación.

Como escribió el economista Joseph Stiglitz en noviembre de 2013, el objetivo real de la ISDS es restringir la capacidad de los gobiernos de regular la conducta corporativa, para conseguir “a hurtadillas (mediante acuerdos comerciales negociados en secreto)” lo que no se podría lograr “mediante un proceso político abierto”.

EL DESAFIO DEL TPP

Los defensores del TPP afirman que este acuerdo es diferente. En realidad, la única diferencia es la escala. El TPP afectará aproximadamente a 792 000 000 ciudadanos de 12 países, así como a cerca del 40% de la economía mundial y está diseñado para aceptar a más países en el futuro. El acuerdo comprometerá a los gobiernos a que adopten un conjunto de políticas muy tendenciosas para beneficio de los inversionistas extranjeros, en particular las empresas multinacionales, y será difícil que los legisladores expresen los cambios en las preferencias políticas y que promulguen políticas económicas progresistas.

El comercio puede aumentar la prosperidad compartida, pero debemos dejar atrás este modelo corrosivo. Una agenda comercial progresista debe incluir protecciones sólidas y viables para los trabajadores, a fin de que los bienes y servicios se intercambien en un terreno parejo y que las compras de los consumidores no sirvan para lesionar los derechos humanos. Por desgracia, el TPP parece estar destinado a repetir los errores del pasado, en lugar de promover un futuro más equitativo.

El medio de comunicación DIARIO EXTRA, está conmoviendo a la opinión pública nacional con sus reportajes-denuncia aparecidos en sus ediciones de los días miércoles 27 y jueves 28 del presente mes de enero; al destacar que desde la hermana latinoamericana República de Colombia, se denuncia cómo el territorio costarricense y su sistema jurídico-financiero está siendo utilizado, y cada vez más, por el narcotráfico, por el crimen organizado y por operaciones ilegales en el marco de conflictos civiles armados, para lavar dinero sucio.

La denuncia de que un accionista del periódico La Nación, con vínculos de parentesco con uno de los dueños de dicho latifundio mediático, Manuel Francisco Jiménez Echeverría; así como que un directivo del Consejo de Transporte Público (CPT), Juan Carlos Soto Vindas; representan hechos sumamente graves que, al menos, deberían preocupar a la Asamblea Legislativa como para crear una nueva comisión especial de investigación sobre la penetración del narcotráfico en Costa Rica que tome en cuenta el nuevo contexto que se deriva de los reportajes de DIARIO EXTRA, el cual nos está indicando que el poder de tal dinero sucio puede llegar a la esfera pública y a la esfera privada y, en este caso, hasta corporaciones de negocios periodísticos.

Las principales conclusiones que extractamos de los impactantes reportajes de DIARIO EXTRA de los dos días mencionados, nos llevan a pronunciarnos como sigue:

PRIMERO: No puede haber duda alguna de que la figura jurídica “Sociedad Anónima” es el “selecto” mecanismo legal para el lavado de dinero sucio de todo tipo y de toda procedencia, especialmente, de la ilícita actividad del narcotráfico.

SEGUNDO: La Asamblea Legislativa debe, por urgencia nacional y por la salvaguarda de la propia institucionalidad democrática del país, aprovechar el proyecto de ley contra el fraude fiscal incluyendo la disposición para que sepan los beneficiarios finales de las sociedades anónimas y fideicomisos análogos.

TERCERO: La necesidad de tal cambio legal, en el sentido de que la administración tributaria del país tenga a su disposición un registro de accionistas de sociedades anónimas y/o fideicomisos análogos, se queda corta por razones impositivas en el tema de robo de impuestos. Tal necesidad es abrumadoramente contundente: Costa Rica ha sido inundada por el dinero sucio del narcotráfico por todo lado, “gracias” al estado jurídico actual de las sociedades anónimas.

CUARTO: El diputado Otto Guevara Guth, y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado (UCCAEP), al oponerse férrea e irracionalmente al registro de accionistas de las sociedades anónimas, de la manera fundamentalista como lo está haciendo, alimentan toda clase de sospechas sobre la verdadera naturaleza de su resistencia insana en tal sentido; por tanto, con vehemencia hacemos un llamado a toda la ciudadanía patriótica y sus organizaciones transparentes, para que tomen nota de ello y se les demande cuentas de manera contundente. Los operadores jurídico-financieros que lucran y viven del dinero sucio, están más que felices por el “favor” que el citado legislador y la mencionada cúpula corporativo-empresarial les están haciendo en el seno del parlamento.

QUINTO: La Asamblea Legislativa debe, al menos, repetimos, establecer una comisión especial para que, por ejemplo a las personas mencionadas en los reportajes de DIARIO EXTRA, a sus representantes jurídicos y de negocios se les convoque a dar explicaciones.

SEXTO: EL Gobierno de la República no debe hacer ningún “trueque” político con el diputado Guevara y/o con la UCCAEP, a cambio de que dejen de practicar el totalitarismo parlamentario que están ejerciendo para bloquear el proyecto contra el robo de impuestos, incluyendo el registro de accionistas. Nada hay que “ofrecerle” a quienes exhiben una conducta tan antipatriótica que merece ser calificada como de traición a la Patria.