Categoría: Incidencia

Gran impacto nos ha generado en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la nota de prensa que aparece hoy en el prestigioso periódico La República, titulada “Tarifa de buses incrementó, mientras precio de petróleo cayó” (páginas 10 y 11 – Nacionales); causándonos enorme indignación; especialmente porque es desde esta organización sindical que hace tiempo venimos denunciando el total estado de indefensión de las personas trabajadoras usuarias del transporte público modalidad autobús, las cuales son vulneradas todos los días y a todas horas.

¡Nos quedamos cortos en nuestra reiterada queja, reclamo, denuncia! Consternación es la palabra más adecuada al comprobarse, según el reportaje, de que al final del presente año 2015, cada pasajero de autobús le habrá “regalado” a cada empresario autobusero 17 mil colones; para un gran total que se “embolsará” dicho gremio corporativo de ¡26 mil millones de colones!

Con la precariedad de los salarios y su creciente deterioro en cuanto a poder adquisitivo, especialmente en materia de salarios mínimos; es completamente incomprensible cómo la ARESEP “ha estado mirando para otro lado”, con la reducción de un 8 % en los costos de operación del empresariado autobusero; sobre todo (y como lo indica el mencionado reportaje), que este poderoso gremio de gran influencia política, ha sido beneficiado con una reducción de un tercio del precio local del diesel y del aceite que, en conjunto, constituyen un 25 % de los gastos de operación.

…Y mejor no hablemos de lo que con toda esta situación podría estar ocurriendo con las responsabilidades tributario-fiscales de este empresariado autobusero; y de la naturaleza de la justicia social y salarial para su personal, especialmente los choferes conductores de los buses.

La fuerte caída en el precio internacional del petróleo ha servido para engordar, abusivamente, el bolsillo del empresariado autobusero en contra del bolsillo del pasajero. ARESEP ha sido “cómplice” de ello.

Con la mayor vehemencia hay que denunciar, nuevamente, el perverso carácter pro-empresarial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y su proclividad en contra de las personas usuarias de los servicios públicos; especialmente en contra del mayor segmento de la ciudadanía costarricense que es la clase trabajadora, tanto la del empleo formal como la del informal. El caso de las tarifas de autobús es paradigmático al respecto.

Por cierto que, recientemente, reafirmando su sesgo antipopular, la ARESEP acaba de sentar las bases de un gran conflicto social en desarrollo, como lo es la tropelía cometida para desconocer obligaciones derivadas del sistema de relaciones obrero-patronales en varias empresas públicas que tienen en sus costos de operación, obligaciones financieros derivadas de negociaciones colectivas totalmente constitucionales y legales.

La confrontación social por venir es una provocación de la ARESEP y; ahora, tal confrontación social será potenciada por la fuerte denuncia que haremos de lo que está sucediendo con esta barbaridad de una ARESEP sin control alguno, volcada totalmente a favor del empresariado autobusero.

¡Clamamos al cielo por el cierre de la ARESEP! Los multimillonarios salarios de su cúpula, empezando por el de más de 7 millones de colones mensuales de su máximo jerarca, ofenden profundamente a cada persona usuaria de los servicios de autobús que, como se indica, le dará a cada empresario 17 mil colones “regalados” de un sobreprecio en la tarifa que la ARESEP, de manera cruel, se ha hecho cómplice.

De manera reiterada hemos venido planteando que en materia de Empleo Público, pese a nuestros insistentes llamados al Diálogo Social, es la confrontación social abierta lo que se está imponiendo, lamentablemente.

En tal sentido, resulta interesante considerar y no descartar a priori, más bien verlo de manera positiva, el planteamiento de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Olga Marta Sánchez Oviedo, de que una comisión mixta parlamentaria, aborde el explosivo y complejo tema del Empleo Público en el seno de la Asamblea Legislativa; comisión que integraría a las calificaciones autorizadas representaciones empresariales y sindicales, junto a las carteras ministeriales de Presidencia, Hacienda, Trabajo y Planificación.

No obstante, tal llamado al diálogo que formula la ministra de Mideplan presenta varias dificultades:

¿Quién manda a nivel de Gobierno en materia de Empleo Público? La arbitraria decisión patronal adoptada, unilateral y arbitrariamente, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de imponer el salario único, desconociendo los acuerdos de Diálogo Social que tenía firmados con el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE); deja muy mal parado al propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y a la ya mencionada jerarca de Mideplan, por no decir a todo el Gobierno.

Si como ya se está demostrando, el Salario Único representa (empleando con respeto una sabia expresión popular que dice que “sale más caro el caldo que los huevos”), una erogación fiscal multimillonaria más fuerte de la que se pretende “economizar” por eso del déficit fiscal; resulta inexplicable la posición del ICE al respecto y le resta credibilidad a la prédica gubernamental expresada en la materia por boca de la señora ministra de Mideplan, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el día de ayer, martes 22 de setiembre de 2015.

Por otra parte, el rechazo al planteamiento de la mencionada jerarca, por parte de las diputaciones abanderadas de la cruzada fundamentalista en el tema del déficit fiscal; partidarias de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables; y, contrarias a toda norma legal para darle vuelta al injusto sistema tributario costarricense altamente regresivo; indican que hay finalidades ideológicas profundas de concepción-país, pues siguen con su equivocada y manipuladora tesis de que son los salarios de los empleados públicos los responsables del déficit fiscal.

En tal sentido, es totalmente imposible desligar el tema del Empleo Público, de los salarios y de los pluses salariales; de lo que ha venido sucediendo con:

PRIMERO: Los casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones.

SEGUNDO: Los prácticamente 8 puntos PIB en materia de evasión y de elusión fiscales-tributarias en todas sus manifestaciones, legales o ilegales.

TERCERO: Del porqué tendremos que erogar, prácticamente 3 puntos PIB y únicamente en el 2016, en pago de intereses (no del principal), de la deuda del país.

CUARTO: De la ausencia de responsabilidad en el asunto del déficit de las empresas públicas que no funcionan a partir de transferencias desde el Gobierno Central, pues no reciben ni un centavo por ello, dado que tienen sus propios recursos; y, por el contrario, transfieren fondos a aquel.

QUINTO: De la abusiva conducta, ilegal e inconstitucional, de entes reguladores como la SUTEL y como la ARESEP, en franca y abierta cruzada para pulverizar la estabilidad financiera de esas empresas públicas, atentando contra su estabilidad sociolaboral, generando una provocación a la confrontación social abierta que ya está en desarrollo.

SEXTO: Del papel del sector Público en la economía; las repercusiones de la masa salarial de su funcionariado en el circuito financiero de la misma; de la sobrevivencia de una enorme cantidad de micro, de pequeñas y de medianas empresas que se mantienen al amparo del salario devengado por el personal estatal; y, por las ventas de bienes y servicios al Estado, como proveedores del mismo.

Nuevamente, ante la continuación del clima de odio ya, lamentablemente, posicionado en este explosivo asunto del Empleo Público; la necesidad del Diálogo Social es más que evidente.Ojalá “nos alcance el tiempo”.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos totalmente en contra de la desafortunada e inoportuna pretensión del Gobierno para reducir el monto salarial exento de tributar renta, actualmente colocado en la cantidad de 793 mil colones.

Esta situación contrasta, radicalmente, con la no menos deplorable decisión gubernativa de ceder a las presiones del gran corporativismo empresarial (mediando su respectiva representación parlamentaria), renunciando a que el fraude fiscal y la evasión tributaria tengan en sede administrativa una fuerte posibilidad de combate.

Los sectores medios de la clase trabajadora que tienen salarios relativamente decentes, sufren de severos endeudamientos y por lo general no tienen acceso a políticas públicas directas que compensen la pérdida del poder adquisitivo que las restricciones de política salarial de los últimos años han impuesto.

Por otra parte, sigue siendo tema de desconfianza, recelo y duda la caída del índice inflacionario según el discurso oficial. Es cuestión de contrastar el mismo con la realidad del bolsillo de la persona trabajadora asalariada y comprobar que no se siente en la cotidianeidad del diario vivir, tal disminución en el indicador principal que mide el costo de la vida.

Se dice que baja la inflación (“deflación”), pero muchas mercancías y muchos servicios no muestran significativas rebajas de precios. Para muestra un botón: la escandalosa situación de las tarifas de autobús que no muestran ni la reducción ni de un centavo. Como sabemos, se han hecho de la “vista gorda” en la Aresep en cuanto a la reducción del precio internacional del petróleo.

De manera vehemente, exhortamos al Gobierno y, en particular al Ministerio de Hacienda, para que desistan de ampliar la carga tributaria que pesa sobre el salario. Imponer un aumento de la misma es potenciar la llegada de más familias a las cercanías de la vulnerabilidad de pobreza y, seguir reforzando la injusta y perversa senda de la regresividad tributaria.

Vamos a analizar la posibilidad de un debate en sede constitucional acerca de la propiedad jurídica legítima para gravar el salario, considerando que éste es pago por fuerza de trabajo desplegada y no producto de una actividad lucrativa de lógica mercantil.

Durante toda la mañana de este día, jueves 10 de setiembre de 2015, los máximos representantes directivos de las organizaciones conformantes de PATRIA JUSTA, hemos analizado la situación de gran conocimiento público generada en las últimas horas y derivadas de las declaraciones emitidas por el compañero Fabio Chaves Castro, Subcoordinador de este agrupamiento sindical y Coordinador General del FIT-ICE, durante la conferencia de prensa en la sede de la ANEP, el pasado martes 8 de setiembre. Por tanto, declaramos:

PRIMERO: Daremos a las y a los representantes de los diferentes medios de comunicación el trato cordial y respetuoso que siempre les hemos brindado, para la cobertura informativa de nuestras actividades en sus diferentes expresiones y circunstancias.

SEGUNDO: Total respeto de nuestra parte a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la actividad mediático-informativa, sin importar el posicionamiento político-ideológico del enfoque informativo.

TERCERO: Las declaraciones de nuestro compañero de causa, Fabio Chaves Castro, tienen su origen en el contexto de la actividad sindical cotidiana en el seno de las colectividades laborales en que nos desenvolvemos; producto del tratamiento informativo sobre los temas de Empleo Público que se han venido publicando en parte de la prensa nacional en los últimos meses; enfoque que ha calado hondo en las conciencias y en las mentes de miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, producto de que sus derechos laborales logrados al amparo de ley, son mostrados distorsionadamente, como se si tratase de acciones delictivas.

CUARTO: Discrepamos de que tales declaraciones sean una “amenaza a la prensa”, ni implícita ni explícitamente. Para entendernos mejor, el contexto de tales declaraciones puede ser referenciado, a modo de ejemplo, por peticiones de grupos laborales para no usar más su uniforme de trabajo cuando están en la calle; por conflictos interpersonales de agresividad en la ventanilla de trámite; por las agresiones verbales y griterías de automovilistas que transitan frente al local de nuestras organizaciones, por ejemplo. En tal sentido, queremos que haya más equidad, más justicia informativa y más espacio igualitario en torno a las tesis confrontadas. Sabemos que este postulado ético y sagrado del periodismo alcanza tanto para el entrevistador como para el entrevistado y, hasta el momento, en la prensa que ha venido discrepando de nuestras posiciones, no hemos sentido, en realidad, este tipo de tratamiento. En tal sentido respaldamos a nuestro colega de lucha, Fabio Chaves Castro, connotado líder social de larga trayectoria y representante directo de más de 10 mil conciencias laborales del ámbito institucional por él representado.

QUINTO: De manera pública y respetuosa, invitamos a los directores y a las directoras de los medios de prensa a una sesión-almuerzo en próximas horas. Les reiteramos nuestra posición de pleno respeto al trabajo de los y de las periodistas y de los medios. Como costarricenses que pensamos distinto y, específicamente, sobre el enfoque polarizante del empleo público, pensamos que podemos sentarnos alrededor de una mesa, viéndonos a los ojos, hablando con transparencia y con total respeto a la discrepancia sobre todas estas situaciones. Se les contará con este fin.

SEXTO: Ratificamos, nuevamente, nuestro llamado al diálogo nacional sobre esta circunstancia del Empleo Público y temas asociados. A la vez, continuamos con nuestros preparativos para la concreción de un llamado a la Huelga Nacional, esperando para próximas horas reuniones inter-sindicales según planteamientos de unidad en la acción que hemos formulado recientemente.
San José, jueves 10 de setiembre de 2015.

Firman las agrupaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa

ANEP
FIT-ICE
SINAE
SITRAPEQUIA
UPINS
SINTRAJAP
SITRAP
SIPROCNP

El Ministerio de Trabajo está próximo a publicar su anuario estadístico del 2014 en el que la tasa de sindicación, aunque levemente, sigue cayendo, al pasar de un 10,1% en el 2013 a un 9,4% en el 2014.

En términos absolutos, eso implica una reducción de 14.016 trabajadores en la fuerza laboral.

Por el contrario, la tasa de afiliación al solidarismo pasó de 19,2% a un 20% entre el 2013 y el 2014, para un crecimiento absoluto de 9.300 personas.

Pese a la diferencia numérica entre ambas formas de organización, se percibe un reforzamiento del papel político y social del sindicalismo.

El reportaje en el que trabajo, pretende explicarle al lector estos fenómenos que le comento y nos interesaría mucho incluir su siempre valioso criterio y análisis sobre lo que sucede con las organizaciones sociales, el reportaje se publicará este lunes entrante, por lo que, ante la falta de más tiempo, le adjunto con mi saludo atento, un corto cuestionario.

El reportaje lo cierro este viernes 4 de setiembre a las 6 de la tarde.

Don Albino, como siempre muy agradecido por su tiempo.
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¿Cuál es el factor o los factores que ustedes consideran que llevan a más trabajadores a afiliarse al sector solidarista en vez de ingresar a sindicatos?

Si la empresa privada fuera respetuosa, en materia de Libertad Sindical, de la Constitución, de la Ley, del Código de Trabajo, de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y del Derecho Internacional de Trabajo y la normativa de OIT, habría muchos sindicatos en el sector privado y habría alta afiliación. En la empresa privada, prácticamente, al trabajador se le obliga a ser solidarista. La palabra “sindicato”, es sinónimo de despido en el sector privado.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el solidarismo y el sindicalismo?

Legalmente, tienen su respectiva legislación que les define, claramente, sus ámbitos de competencias. Pero el sindicalismo está conceptuado como un Derecho Humano Fundamental, universalmente reconocido y con normativa legal internacional. El solidarismo no. En lo político-ideológico, el solidarismo es empleado como antisindicalismo.

¿En qué se parecen ambas organizaciones?

Un trabajador, de la empresa privada y del sector público, puede, perfectamente, estar afiliado a los dos modelos. En el sector público, ya eso se da. Conviven ambos y no se interfiere el uno con el otro. No se parecen en nada, empero. Los sindicatos defienden derechos laborales y la estabilidad en el empleo; el solidarismo es un ente financiero que opera en el sector laboral.

¿Cuáles son las asociaciones sindicales más grandes del país, a cuántos trabajadores agrupan más o menos?

Un sindicato puede ser grande no solamente por el número de socios, es decir, por lo meramente cuantitativo. Un sindicato puede ser grande por factores cualitativos: incidencia, propuesta, reconocimiento ciudadano, profesionalismo, vocación negociadora, sistema de alianzas y enlace político y otros. Cuantitativamente hablando, los gremios de educadores son los sindicatos más numerosos pero tienen una esfera de acción determinada por lo gremial, en esencia.

¿Cuál es la obra más relevante del sindicalismo en Costa Rica?

Es difícil ser categórico en eso de “más relevante”. En los años 40 del siglo pasado, el sindicalismo dio el músculo sociopolítico para las reformas sociales: el Código de Trabajo y el Seguro Social. En la época actual, pensamos que ha sido la defensa de instituciones públicas legendarias asociados al concepto de sociedad de capas medias: ICE, INS, banca pública CCSS y otras. En este caso, ajustamos 30 años de “batalla campal” y todavía no han sido pasadas, completamente, al sector privado.

¿Cuál cree usted que es el peso actual del sindicalismo en la sociedad y la política costarricense?

Pese a toda la campaña mediática de desprestigio, de ataque a mansalva, de satanización, el capital neoliberal de corte oligárquico no ha podido imponer en el país, completamente, el modelo del Consenso de Washington. El Estado Social de Derecho no ha sido arrasado por completo, gracias a la resistencia de ciertos sindicatos claves en el enfrentamiento, en la colisión, en el choque, en el antagonismo de dos visiones de desarrollo, en los últimos 30 años. Con la frente en alto y con gran orgullo indicamos que la ANEP ha sido fundamental en esta resistencia. Tenemos peso en esta sociedad y ello se mide por el carácter que en estos momentos reviste la campaña mediática en contra del Empleo Público. Tenemos frenadas varias iniciativas de legislaciones conceptuadas, ideológicamente, por el lado del capital, de corte antiobrero. Queremos más peso, incidencia e influencia y a nadie le debe quedar la menor duda de ello.

¿Vive un reverdecer el sindicalismo gracias a acuerdos como el firmado hace dos meses con el PAC y el Frente Amplio?

Lo que generaron los acuerdos con el PAC y con el FA, con PATRIA JUSTA, es la posibilidad de aportar en la construcción de otra hegemonía en la política pública del país: más hacia lo social, a más regulación del mercado, a más papel del Estado en fomento de la inclusión social y de la reducción de la desigualdad; a cambios estructurales en la distribución del ingreso, por ejemplo. Además, estamos de acuerdo en una revisión integral del sector Público, de la evaluación del desempeño, de revisar injusticias e inequidades en su seno. En esos acuerdos no hay nada contra la iniciativa privada, contra el sector privado. Por supuesto, que con estos acuerdos el nivel de incidencia de los sindicatos, en este caso, PATRIA JUSTA, ha crecido dentro del parlamento, por ejemplo.

¿En qué estado quedan las relaciones de los sindicatos con la clase política después del fracaso de la reforma procesal laboral?

La Reforma Procesal Laboral (RPL) no ha fracasado. Estamos haciendo grandes y productivos esfuerzos para superar el escollo constitucional. Aquí es bueno recordar esa frase de que “los muertos que vosotros matáis, gozan de buena salud”. Es bueno resaltar que la Iglesia Católica está apoyando en esta causa, la de salvar la RPL.

A falta de esta reforma en el panorama porque, se podría decir, está en un limbo ¿Cuáles otras luchas ve usted que puedan unir al sector sindical?

El salario mínimo en el sector Privado, la defensa de la Caja, la cuestión tributaria y el manejo del déficit, el empleo público, la cuestión del agro, la defensa del agua como derecho humano, la cuestión ecológico-ambiental y el cambio climático, por ejemplo. Estos puntos (entre otros), podrían generar una agenda de articulación compartida para la acción.

¿Cuáles cree usted que son los retos más importantes del sindicalismo, tanto inmediatos como futuros?

Retos del sindicalismo: Cruzada por la eficiencia y la eficacia y contra la mediocridad en aquellas zonas del servicio público que sabemos tienen estos problemas; aportar para rigurosos modelos de evaluación del desempeño; combatir duramente la corrupción producto de la colusión entre lo privado con lo público; construir un modelo de unidad sindical en la diversidad político-ideológica, similar al uruguayo; apuntalar con propuestas novedosísimas, como la Economía Social Solidaria, la actividad del emprendedurismo y de las micro, pequeñas y medianas empresas; crear un medio de comunicación multisectorial desde la perspectiva “de los y de las de abajo”; lograr la aprobación legislativa de la nueva ley de radio y televisión; y, por supuesto, lograr la aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral (RPL), en lo que, como le indicamos arriba estamos trabajando duro.

¿Se nota en la práctica la disminución que sufre el sindicalismo en las estadísticas, o siente que el movimiento está fortalecido al tener mayor músculo producto de alianzas con el PAC y FA?

Al sindicalismo siempre lo están “disminuyendo”. Al sindicalismo lo han “enterrado” varias veces. Sí hay un crecimiento por razones lógicas de la campaña del miedo y de satanización del empleo público. En el caso de ANEP, además, notamos un pequeño crecimiento en el sector privado pero es de afiliación clandestina que no puede reflejarse en las estadísticas públicas del Ministerio de Trabajo, por razones obvias. Evidentemente, como le indicamos, la alianza con el PAC y con el FA presupone un mayor peso en la sociedad, pero ello debe verse en la perspectiva de que la participación ciudadana que hoy se pregona, nosotros la estamos aprovechando “al pie de la letra” y, además, hace tiempo que la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos.

¿Cree que este Gobierno ha privilegiado de alguna forma al sector sindical?

Me parece que este gobierno ha estado actuando jugando al “equilibrio”, viendo para el lado empresarial y viendo para el lado sindical. Le puedo garantizar que si el gobierno hubiera “privilegiado” al sector sindical, estaríamos en otras condiciones sociopolíticas con las que siempre hemos soñado.

¿Cómo resumiría usted el papel histórico del sindicalismo en el país?

Sin sindicatos no hay Democracia; no hay Democracia que se precie de serlo, si los excluye. Los sindicatos han sido fundamentales en la gestación, en la preservación, en la defensa y ahora en la revitalización de los pilares del Estado Social, “enfermos” desde adentro y “baleados” desde afuera; además, luchamos para que definitivamente la sociedad entienda que sindicalizarse es el ejercicio de un Derecho Humano Fundamental.

En el marco de la campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica que se ha venido fomentando en contra de todo lo relacionado con Empleo Público, contra el Sector Público, contra las personas trabajadoras asalariadas del Estado y de sus propias familias; campaña orquestada desde el seno de los tradicionales sectores hegemónico-dominantes (y toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); campaña que se ejecuta, especialmente, a través de la prensa “perdedora” de las elecciones presidenciales del 2014; se abre ahora un nuevo “frente de combate”…

Hablamos de la resolución emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), dada a conocer en lunes 24 de agosto anterior mediante comunicado de prensa, en la cual el alto personero de esta entidad, su Intendente de Energía, informa de que ejecutó una rebaja, que no le reconoció gastos de operación a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), por el orden de los 20 mil 363 millones de colones, según la última solicitud de ajuste tarifario que le fuera presentada por esta empresa pública.

De esta cantidad, casi 5 mil millones de esa rebaja (más bien recorte), corresponden a los compromisos patronales previstos y obligacionales destinados a honrar responsabilidades asumidas en el sistema de relaciones laborales y sociales derivadas de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT); actualmente vigente (y en proceso de renegociación propiciado en el marco de la indicada campaña);CCT suscrita entre esta empresa pública y el Sindicato de Trabajadores Petroleros Químicos y Afines (Sitrapequia), mismo que es parte del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA.

Sabemos que el tema de la CCT de Recope (y de otras inmersas en similares circunstancias, pero todas instrumentos clásicos y emblemáticos del Derecho Colectivo de Trabajo), constituye tema de gran polémica a nivel de opinión pública; especialmente porque la indicada campaña terrorista y de agresión ideológica a todo lo que tenga que ver con Empleo Público, ha colocado ya en el “paredón de fusilamiento civil” a toda la población trabajadora asalariada de Recope (y a sus propias familias), a su legítimo sindicato y a la institución misma. Solamente ha estado faltando el “tiro de gracia” y ese parece ser el contenido político-ideológico de la resolución del Intendente de Energía de la Aresep… y de la Aresep misma.

Este comentario, por tanto, no está centrado en la polémica mencionada. Entendemos que la actual dirección de Sitrapequia tiene claridad de sus desafíos actuales como representación laboral legítima del personal trabajador asalariado de Recope; y, entendemos, que está en un proceso de renegociación de su CCT, con responsabilidad cívica crítica, con base en la lectura del entorno sociopolítico nacional del momento y la consideración de las fuerzas en pugna.

Por tanto, este comentario lo queremos concentrar en lo siguiente: En si como sociedad queremos seguir jugando con las reglas del Estado de Derecho a todo nivel (incluido el laboral); o, si por el contrario, el empate político entre las dos visiones de desarrollo que siguen confrontadas en este país, se ha de resolver con decisiones de facto, de corte totalitario-arbitrario, altamente violentistas contra el mismo Estado de Derecho; y, por tanto, desechada tal vía civilizada, que se abra, en consecuencia, el sendero del enfrentamiento civil abierto, en diversas modalidades pero todas catastróficas para la paz social y para la Democracia misma.

Contundentemente pensamos que la acción de la Aresep que implica supresión abrogante de derechos laborales regulados en la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) de Recope, aprovechando el procedimiento de autorización de tarifas, es abiertamente ilegal.

La ilegalidad obedece a que tal acción ya no sólo es contraria al principio de legalidad, por cuanto con su actuar la Aresep rebasa las competencias de control y fiscalización que la ley le otorga.

Más grave todavía es la circunstancia de que Aresep, según su marco legal vigente, debe tener en cuenta el cumplimiento de las leyes laborales de las entidades cuyos modelos tarifarios regula. Este podría ser un elemento central para debatir en las sedes judiciales-administrativas correspondientes.

Como bien sabemos (y aunque no le guste a esos tradicionales sectores hegemónico-dominantes, así como a toda su pléyade de opinólogos, amanuenses, articulistas, comentaristas y otras personas de similar especie); el instrumento jurídico Convención Colectiva de Trabajo (CCT), es LEY LABORAL (así en mayúscula).

Ley laboral de tal potencia jurídica que puede ser aplicada, por ejemplo, en el seno de las empresas corporativo-mediáticas, privadas, desde las cuales se propician las “ejecuciones sumarias” y los “fusilamientos civiles” en este tema del Empleo Público; si en tales empresas privadas se diera el imperio constitucional de la ley.

Por consiguiente, la Aresep, lejos de estar facultada para derogar, tácitamente (mediando este proceder abusivo, violentista, de facto), normas convencionales de la ley del Trabajo, como lo ha hecho en esta resolución de Recope; está obligada por ley a velar porque las empresas reguladas cumplan con estas leyes de trabajo: esto es, que cumplan con las convenciones colectivas vigentes en dichas empresas públicas.

Lo que está aconteciendo ahora con el cercenamiento de facto, con la abrogación de la legalidad sociolaboral convencional de Recope, con este inaudito uso abusivo del Derecho, va a afectar a otras empresas públicas sujetas a la regulación tarifaria de Aresep: A y A, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz CNFL, Japdeva, las empresas públicas regionales y cooperativas distribuidoras de luz y de energía eléctrica entre otras.

La Aresep, y su Intendente de Energía, ¡“cerró” el parlamento y decretó “su propia” ley de empleo público!

Esto es completa y contundentemente inadmisible. Debemos recordar que en nuestro sistema jurídico-procesal, sólo los entes jurisdiccionales tribunales de trabajo y Sala Constitucional están facultados para desaplicar normas laborales de rango legal que puedan tener algún vicio de ilegalidad o inconstitucionalidad.

La Administración Pública en este caso, la Aresep, no puede desconocer este principio general del ordenamiento jurídico. Y, mucho menos, además, pasándole por encima al propio parlamento, a la Asamblea Legislativa, en cuyo seno, precisamente, está un debate en desarrollo en este y otros aspectos referentes al Empleo Público.

Las implicaciones de este acto de tropelía (abuso, arbitrariedad, hecho violento contrario a las leyes), cometido por la Aresep rebasa el cercenamiento de derechos laborales garantizados por este tipo de instrumentos jurídicos del Derecho Colectivo de Trabajo, como lo es la Convención Colectiva de Trabajo.

Abarcará, de consolidarse, a otras entidades de la institucionalidad pública que aunque no tengan una CCT (como, por el ejemplo, el Instituto Costarricense de Electricidad ICE), sus fijaciones tarifarias las define la Aresep.

En tal sentido y concretamente, esta tropelía de la Aresep puede estar cercana para serle aplicada al propio ICE, alegando que sus obligaciones patronales-sociales, en sí mismas, no pueden considerarse dentro de los costos empresariales de operación, en cuanto a las tarifas eléctricas, por ejemplo.

Más allá del abuso del derecho (“contra legem”, según los especialistas), que es demandarle a la Aresep en cuanto tal; estos “tiranuelos de bolsillo”, como el propio Intendente de Energía de la Aresep, deben asumir sus propias responsabilidades personalísimas, por su actuaciones abusivas en uso de las facultades jurídicas que le fueron otorgadas para el ejercicio de su cargo.

Se está jugando, ya en serio, con la paz social. Se está jugando, también en serio, incluso, con la misma Democracia y su institucionalidad jurídica.

Si bien, en este caso particular, se deberán emprender varias acciones jurídicas; la embestida contra el empleo público ha llegado ya a niveles demenciales, que exigen una respuesta de fuerza de grandes dimensiones por parte de las organizaciones sociales y, ojalá, en condiciones de unidad en la acción, insospechadas hasta hoy. “La sangre ha llegado al río…”. ¡Ojalá nos equivoquemos!

A nivel del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, este martes 1 de setiembre analizaremos en profundidad el tema, previas conversaciones de últimas horas entre varios de sus líderes.