ARESEP queda al desnudo: Con “los de arriba” y contra “los de abajo”

Ahora resulta que ARESEP admite, por primera vez, que ha cometido “errores” en contra de usuarios de buses de comunidades rurales y muy pobres, específicamente en 20 pueblos de la Meseta Central del país; a quienes les ha sacado de sus más que empobrecidos bolsillos y durante los últimos dos años, un sobrecosto tarifario de 33 %; mismo que desde la perspectiva empresarial del autobusero es un 33 % de sobreganancia.

El “error” de ARESEP podría no circunscribirse a la situación que hoy aparece en prensa escrita y, quién sabe desde cuándo se ha venido reproduciendo en otras rutas, en otras comunidades, en otras regiones del país estos sobrecostos tarifarios y, por ende, estas sobreganancias a favor del empresariado autobusero.

Definitivamente, ARESEP queda al desnudo en cuanto a su ya institucional proclividad para favorecer “a los de arriba” y perjudicar “a los de abajo”, en esto de las fijaciones tarifarias.

La gente usuaria de los servicios de autobús está indefensa ante ARESEP. Es la conclusión más categórica que podemos sacar. La ARESEP está “como oro sin Señor”.

Presupuesto 2016: ANEP formula un vehemente llamado a la movilización laboral y social de sectores afectados

Ante la llegada a la Asamblea Legislativa, el próximo martes 1 de setiembre, para su tramitación parlamentaria de obligada observancia constitucional, del proyecto de presupuesto general “de la República” para el 2016, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como parte integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, manifiesta a la opinión pública nacional y, muy especialmente, a los diversos conglomerados laborales y sociales relacionados con dicha circunstancia, las siguientes consideraciones:

PRIMERA: Que nos opondremos, rotundamente, por los más diversos mecanismos a nuestro alcance, a las pretensiones de los fundamentalistas del déficit fiscal y extremistas del pensamiento neoliberal con escaño parlamentario, a la aplicación al proyecto de presupuesto que enviará el Poder Ejecutivo, de recortes irracionales, irreflexivos, irresponsables y desestabilizadores de la institucionalidad correspondiente directamente afectada y de la propia paz social; asociada ésta a la situación de alta vulnerabilidad social y de pobreza de quienes dependen de los programas sociales que serían recortados con esa lógica fiscalista de sesgo extremista.

SEGUNDA: Que muchos de los programas ministeriales asociados a prestación de servicios públicos para poblaciones de alta vulnerabilidad social y de pobreza en sus diversas manifestaciones, ya fueron recortados por el propio Ministerio de Hacienda, con base en las respectivas pretensiones institucionales iniciales, de cara a la elaboración del proyecto de presupuesto que conocerá el parlamento a partir del próximo 1 de setiembre. Es decir, en muchos casos, tal proyecto llegará a la Asamblea Legislativa ya “macheteado” y, por tanto, no soportará una segunda “macheteada”, so pena de enormes penurias y sacrificios insoportables para el 2016; penurias y sacrificios que sufrirán grandes segmentos ciudadanos en condición de pobreza y con riesgo grave de caer en ella, producto del estado de desigualdad que vive el país, mismo que no se detiene.

TERCERA: Que la ANEP, en consecuencia, desde ya mismo, está formulando un vehemente llamado a la movilización en próximas semanas y con carácter sectorial según la gravedad de los recortes ya aplicados (primera “macheteada”); y los que se aplicarán (segunda “macheteada”), en el seno de la comisión parlamentaria de Asuntos Hacendarios, misma que tramitará el proyecto de presupuesto para 2016; y que, desafortunadamente, está controlada por los fundamentalistas neoliberales del extremismo del déficit fiscal. Propiciaremos una nueva modalidad de movilización social para esta coyuntura en lucha contra este tipo de recortes: potenciar la alianza de la población laboral de los servicios públicos afectada por las indicadas “macheteadas” presupuestarias, en unión con la ciudadanía usuaria de esos servicios públicos en riesgo de caer en la paralización total producto de esos recortes irracionales, irreflexivos, irresponsables y desestabilizadores.

CUARTA: En lo inmediato, la ANEP ha iniciado ya el trabajo social sensibilizador para la concientización y la movilización en tres sectores de servicios públicos cuyas poblaciones laborales y receptoras de los mismos, ni en lo más mínimo son responsables del déficit fiscal pero serán los primeros duramente sacrificados:

Uno: El personal del Sistema Penitenciario Nacional (profesional, técnico, administrativo, operativo y de seguridad carcelaria), así como la población privada de libertad; misma que sigue creciendo pero cada vez hay menos recursos para atenderla. En este último sentido, aspiramos a incluir en este proceso social contra este tipo de recortes, a las personas familiares de quienes están internados en las cárceles del país.

Dos: El personal del Ministerio de Salud y de los CEN-CINAI, especialmente. La aspiración de la ANEP es la movilización nacional de las madres solas jefas de hogar, con sus niños y con sus niñas que deben dejar para su cuido en los CEN-CINAI, junto a las trabajadoras que les atienden; puesto que el crecimiento de la desigualdad y la precariedad salarial en desarrollo, afectan duramente a hogares de clase trabajadora de ingresos medios y bajos que cada vez más ocupan del servicio de los CEN-CINAI. Igualmente, pretendemos que se movilice el personal del Ministerio de Salud encargado de labores de combate a enfermedades que una vez el país erradicó pero que por la pobreza volvieron a aparecer.

Tres: Resulta inaudito, inadmisible y totalmente peligroso pensar en recortes para programas de Seguridad como los de la Fuerza Pública y la policía migratoria. La desigualdad, principal problema del país, ha alimentado el crecimiento del narcotráfico, del crimen organizado y de la delincuencia común, con episodios de violencia y de sangre jamás vistos en la historia nacional; además de que la inmigración incontrolada (entre otras circunstancias), es producto del debilitamiento sostenido a lo largo de los años de la policía fronteriza del país. Aplicar recortes en este tipo de programas es propiciar la “mexicanización” de la convivencia social en Costa Rica. ANEP procurará que los cuerpos policiales involucrados, en su tiempo libre, se movilicen junto a las comunidades para enfrentar los recortes extremistas de los que venimos hablando.

QUINTA: Este tipo de recortes y otros de similar carácter (a los que nos referiremos en próximas comunicaciones), afectan, a la vez, a una gran cantidad de firmas privadas proveedoras de insumos, de artículos, de servicios, de materiales y suministros, de equipo diverso, etc., ocupados para el funcionamiento mínimo de esos programas sociales. Este tipo de recortes (los de la primera “macheteada” y los que se generarán producto de la segunda que se dará en el seno de la comisión parlamentaria de Hacendarios), afectarán a la vez, el crecimiento económico, debilitarán la actividad productiva para el mercado interno, generarán cierre de empresas que existen con base en las compras del Estado central; y, por ende, implicarán despidos y desempleo. ANEP aspira a una conversación directa y un enlace social con estas firmas proveedoras para invitarles a sumarse a este movimiento.

SEXTA: La ANEP reitera que el tema del déficit fiscal se debe enfrentar de otra forma radicalmente distinta; que tenemos propuestas al respecto; que el país ocupa un acuerdo nacional al respecto y que, según nuestra visión, el primer acuerdo a lograr debe ser el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), con el cual podemos vivir como sociedad y el porcentaje del PIB con el cual no podemos vivir como sociedad, a fin de buscar soluciones integrales en este último sentido. Adicionalmente, se puede buscar un acuerdo para una ley de contingencia fiscal, de emergencia y con carácter de progresividad tributaria, que nos permita, como sociedad, buscar esas soluciones integrales pero en paz, con tranquilidad civil y con tolerancia de inclusión, sin las confrontaciones polarizantes amenazantes de la convivencia misma del país. El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, del cual la ANEP forma parte, está en la mejor disposición para un diálogo sociopolítico y nacional ante estas cruciales circunstancias.

“Hay un desastre en los salarios del sector público”

La discusión y dudas sobre los salarios y los llamados privilegios para los empleados públicos, así como la amenaza de implementar un salario único para los trabajadores de Estado por parte del Gobierno de la República, son las piedras en los zapatos de los dirigentes sindicales, los cuales no ven con buenos ojos que las promesas de campaña sobre solidaridad, respeto, generación de empleo, entre otras, hoy no se cumplan.

A esto se suma la propuesta de la administración Solís Rivera de meter hasta el fondo el bisturí en todo lo relacionado con la pensiones, sobre todo aquellas catalogadas como “de lujo” y acabar con los excesos no relacionados con el trabajo que ofrecen las convenciones colectivas; lo cual forma parte del platillo de discusión que propios y extraños esperan que se pase de las palabras a los hechos.

En una conversación con Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y la directora de DIARIO EXTRA, Paola Hernández, los dirigentes sindicales Fabio Chávez, del Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad ( FIT-ICE), y el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, reiteraron su posición y respondieron de manera conjunta sobre estos y otros temas país, los cuales se encuentran en discusión en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

*¿Son los privilegios de los funcionarios públicos los responsables del déficit económico que vive el país? * – Cuando uno habla de déficit y empleo público debe hacer una distinción, aunque muchos achacan que son estos trabajadores responsables del caos económico que enfrenta el país es importante recordar que al hablar de déficit no se debe referir a instituciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) e incluso ni el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ya que estas son instituciones descentralizadas que no tienen nada que ver con el déficit.

¿Pero acaso no son empleados públicos quienes trabajan en estas instituciones y que hoy gozan de una serie de privilegios? – Ellos tienen sus propios presupuestos, no pasan por el parlamento. Todos estos salarios y lo que se gaste en dichas instituciones no sale de la caja única del Estado, ellos tienen sus presupuestos propios y reiteramos no pasan por la Asamblea. Cuando se habla de empleo público, se habla de Gobierno Central: ministerios, Poder Ejecutivo entre otros.

¿Dicen que estas instituciones se financian, pero también generan deuda al país y por ende tiene un impacto directo en la población? – No, esto no es así, todas esas instituciones más bien generar un superávit el cual se traslada al Estado, por ejemplo al gobierno se le entregará ¢80 mil millones, esto es lo que transfieren esas instituciones al Estado, lo cual desmiente lo que muchos dicen que generan pérdidas.

¿Según ustedes dónde gasta más el Gobierno y por qué siempre dice que no tiene plata?
– El Gobierno no está recibiendo lo suficiente, por ejemplo en recaudación, exoneraciones, la plata que se dejó de recibir en las aduanas. A nivel de Gobierno Central se va en gastos todo, lo primero es en salarios, deuda, intereses de la deuda, las transferencias especialmente las universidades públicas y las pensiones con carga al presupuesto nacional.

*¿Es necesario reducir el salario del sector público para solucionar el problema del déficit fiscal? * – Eso no es cierto, hay que igualarlo y analizarlo, eso podría traer un problema a las instituciones. Quién dice que es mucho o no, un buen salario da oportunidades para repartir la riqueza, de que cada persona tenga mejores condiciones de vida. El sector público ha variado y el privado se ha estancado. Repito: hay que ordenar los salarios en el sector público, aquí haycomo 14 figuras distintas, dentro de las mismas hay un desorden.

*¿Entonces cómo consideran las denuncias de algunos diputados como Otto Guevara y Ottón Solís sobre los privilegios que reciben algunos funcionarios públicos? * – Cuando Otto Guevara y Ottón Solís la emprenden contra el empleado público están de mala fe, no podemos creer que sean tan ignorantes. Si a usted le molesta el empleo público en Recope, usted lo discute; pero nada tiene que ver esa institución entre otras con el déficit, más bien ellos le generan ganancias al Estado. Si nosotros tuviéramos otro sistema tributario, la gasolina sería más barata. La Caja se sostiene con la cuotas obreros patronales y el ICE nada tiene que ver con el déficit fiscal, la campaña mediática que se ha hecho no tiene que ver con el empleado público. Si la campaña es con el académico que se agarren con el académico, pero que no metan a todos los trabajadores públicos en un mismo saco.

¿Qué pasa con el régimen de empleo público y la autonomía institucional? – El tema del empleo público solo puede intervenir en lo que es Gobierno Central, cada institución tienen su propio sistema de relaciones laborales. El servicio civil es apenas uno que lo tiene en el empleo público, la Universidad de Costa Rica tiene otro y hay que analizar cada caso por separado. Importante es respetar el trabajo que han hecho muchos para llevar progreso y desarrollo al país, por eso ahora unos pocos no se pueden atribuir tratar a los trabajadores a patadas.

¿Mantenemos los trabajadores privados a los burócratas, con todos sus privilegios? – Primero que todo los trabajadores que prestamos un servicio al Estado no gozamos de privilegios, más bien son derechos adquiridos y luchas laborales que han marcado al país y hoy reciben reconocimientos a nivel mundial. De ninguna manera los trabajadores privados mantienen al país, cada sector aporta y también es digno reconocer el trabajo y las luchas de la empresa privada por sacar el país adelante.

*¿Son los sindicatos también corresponsables del caos salarial y la situación económica que enfrenta el país? * – El problema se da cuando el Estado empieza con déficit y no puede pagar las deudas e impuestos, incluso le afecta de manera directa la inflación. Este no es un problema que viene de salarios. Algunos sectores quieren que se reduzca el salario público a la mínima expresión. Esta discusión tiene tres patas, tres situaciones que no puede separar. Qué pasa con la eficiencia con la construcción de obra pública en torno al Estado, como por ejemplo la trocha; la ineficiencia es similar tanto en el sector público como el privado.

*¿Qué pasa con las pensiones, cómo es posible que existan 14 regímenes, desde la Corte Suprema hasta la Caja, pasando por la Defensoría, la Contraloría, entre otros? ¿Y qué sucede con los salarios y pensiones de lujo? * – Cada quien tiene su pensión porque así lo establece la legislación vigente. El problema es que el sistema de pensiones por sí sólo en este momento no se sostiene. El régimen de pensiones de IVM está presentando problemas y todos estamos obligados a luchar para sacarlos adelante. Hay que meterle a los salarios también; cómo va a ser posible que el Regulador General de la República gane dos veces lo que gana el Presidente, esto es porque hace tiempo se empezaron a variar los régimen de salario público. Estamos de acuerdo con que se aplique un impuesto a las pensiones de lujo.

*¿Qué piensan cuando el Presidente califica de injustos los pluses salariales? * – El Presidente hace juicios de valor, cuando lo que toca es clasificar para ver los sobresueldos, estudiar cada plus, cómo se originó, analizar su marco jurídico, justificación técnica, debe dar directrices políticas, no debe generalizar, incluso consideramos irracional esta afirmación.

*¿Cómo sostienen ustedes las convenciones colectivas de trabajo que tanto benefician a los empleados públicos? * – Estas se hicieron en 1943, es idénticamente si se hicieran en el sector público como el privado, el Código de Trabajo no discrimina; ratifican la convención que le da un estatus. Nadie puede negar que son justicia para los trabajadores. Otros 100 pesos es lo que pasó en Costa Rica a través de la historia. Lo que ha ocurrido es una satanización del documento, en la Caja no existe convención colectiva, los ministerios tampoco y por qué señalan a todos por hacerles daño…

*¿Cómo se ordena esto?, es la pregunta del millón. * – Muchos parten que es reduciendo el salario para ayudar al déficit fiscal, esto no es cierto. El salario único no es la raíz del problema, quién es el que dice que ganamos mucho o no. La solución no es solucionar el salario al déficit fiscal, hay que ordenarlo, igualar. Hay que ordenar y optimizar el Estado y el otro tema es el fiscal; quién dice que es mucho o no lo que estamos repartiendo, a nivel mundial es lo mejor que estamos haciendo para redistribuir la riqueza. Usted no puede arreglar esto de la forma que algunos proponen, eso sería una tiranía, hay que pensar a futuro, hay que pensar en el marco legal, hay que pensar que todos los involucrados: sindicatos, dirigentes, todos los interesados, para ver qué pueden arreglar. En esto la Iglesia podría ser mediadora para hablar de salarios y pensiones, porque ellos son los únicos trabajadores del sector público que no tienen ningún interés.

Cuando critica la eficiencia y la eficacia de los empleados públicos

En las últimas semanas, el diputado, Ottón Solís Fallas, ha venido criticando y cuestionando a los trabajadores y a las trabajadoras del Sector Público; y, principalmente ha cuestionado el componente dentro del salario del trabajador público conocido como “la anualidad”, rubro que se reconoce por años efectivos de trabajo, dentro de la institucionalidad pública.

Ottón ha dicho en reiteradas ocasiones, que ese componente debe ser eliminado del salario de los trabajadores, porque para él no somos ni eficaces, ni eficientes en nuestros trabajos y así lo ha dejado ver al imaginario de los costarricenses; y se ha dirigido a la ciudadanía refiriéndose a los que defendemos ese rubro dentro del salario, como vagos e ineficientes.

Y es que cuando nos referimos al Gobierno Central, a aquellos trabajadores cubiertos por el Régimen del Servicio Civil, que en su gran mayoría y dentro del salario total, sólo tienen dos componentes, el primero el Salario Base y el segundo la anualidad; nos estamos refiriendo a salarios muy bajos que rondan entre los cuatrocientos mil y cuatrocientos cincuenta mil colones para una persona con promedio de 10 años de laborar en el sector público; lo que estamos defendiendo son policías, vigilantes penitenciarios, trabajadoras de los CEN CINAI, oficinistas , secretarias del sector público y otros puestos que rondan los salarios antes mencionados.

Son trabajadores que se parten el alma día con día, que tratan de ser eficientes y eficaces en su función pública. Por eso es que hoy tenemos que decirle a la opinión pública que el máximo detractor del sector público y de sus trabajadores y trabajadoras, no tiene moral ni ética para hacerlo, por lo siguiente:

Ottón Solís siendo funcionario del Sector Público costarricense, cuando trabajaba para el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), en el año 1976 fue despedido de su puesto de trabajo, por una causal conocida como abandono de trabajo, así consta en el oficio DE-1183-2015, fechado 10 de agosto del 2015, y que es respuesta a nuestra consulta a dicha institución sobre este asunto.

Es decir, Ottón Solís Fallas, que se ha convertido en el principal defensor según él de la eficiencia y eficacia dentro del Sector Público no tiene los atestados, ni la moral, para cuestionar a los trabajadores y las trabajadoras de la institucionalidad pública, toda vez que él cometió una de las faltas más graves dentro del servicio público, cual es el abandono de trabajo, mostrando así un gran desgano e irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones.

Compartimos el documento oficial del IFAM que hace referencia al despido de Ottón Solís.

Respuesta Del Ifam-otton Solìs

FIT-ICE exige la renuncia del Consejo Directivo de la SUTEL

El Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricenses de Electricidad (FITICE), presentó la tarde de este miércoles, una solicitud exigiendo la salida del Consejo Directivo de la Superintendencia de Comunicaciones (SUTEL), por considerar que dicho consejo ha utilizado sus puestos de directores para accionar en sus decisiones contra el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), favoreciendo con esto a las empresas transnacionales que compiten contra el ICE.

Fabio Chaves Castro, Coordinador del FITICE, indicó que este objetivo se planteó desde la manifestación del pasado 27 de julio, para exigir la renuncia de los tres directores de la SUTEL.

“Las situaciones que se han venido presentado las consideramos como acciones directamente contra el Instituto Costarricense de Electricidad en el área de telecomunicaciones con acciones políticas que han debilitado la posición de la institución no solamente en el mercado si no también financieramente. Ante esta situación nuestro planteamiento ha sido contundente exigiendo la renuncia al Consejo Directivo de la SUTEL”, manifestó Chaves.

El Coordinador del FITICE, también indico que plantearon ante la Asamblea Legislativa, específicamente ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público, una comparecencia en la cual ha sido citada la SUTEL para que puedan contestar los cuestionamientos que realizarán los trabajadores del ICE a través de varios diputados que apoyan a la institución que “en este momento está en una competencia feroz con empresas trasnacionales, en un mercado que esta sub-direccionado por la dirección de la SUTEL”.

La comparecencia de los Directivos de la SUTEL en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa se realizará el próximo jueves 20 de agosto.

Compartimos la solicitud de renuncia del Consejo Directivo de la SUTEL que realizó el FITICE.

Solicitud de Renuncia Del Consejo Directivo de La SUTEL Por Par

Celebramos llamado de la Iglesia Católica para diálogo sobre déficit fiscal

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa está totalmente de acuerdo en el llamado formulado ayer domingo 2 de agosto, el día de la Virgen de los Ángeles, Patrona de Costa Rica, por parte de la Iglesia Católica de que “es hora de iniciar un diálogo de altura, donde se muestre respeto por la persona y su dignidad”, según la homilía que pronunció el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós Quirós.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa no comparte las categorizaciones catastrofistas de que por tal razón estamos “en el fin de los tiempos”, aunque está consciente de la seriedad del problema del déficit fiscal.

Este colectivo sindical, de manera responsable, ha venido planteando la necesidad de una visión integral del problema del déficit fiscal del país que, de manera estratégica, está ligado al carácter y a la naturaleza del sistema tributario costarricense, mismo que tiene una perversa regresividad contraria al bien común, a la inclusión social y a la reducción de las desigualdades.

Patria Justa se siente seguro de participar en un proceso de diálogo como el que está pidiendo la Iglesia Católica, pues nuestra propuesta en el tema, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, nos da una gran seguridad argumental en tal circunstancia de debate nacional.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa estima que en un diálogo de tal calibre se puede demostrar lo inefectivo y la inoperancia de una tal “ley integral de empleo público”, tal y como alguien se lo podría estar mal aconsejando a la jerarquía católica costarricense.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa estima que las ilustradas autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica deben tener claridad plena de que la clase trabajadora costarricense no roba impuestos; y, en lo específico, no son los salarios del sector Público los responsables del déficit fiscal.

Celebramos que para la Iglesia Católica costarricense la evasión fiscal es un problema ético y social; además de concordar con ella en cuanto a que se debe invertir mejor y gastar de manera mesurada los recursos públicos; eso sí, pensamos nosotros, sin caer en el fundamentalismo de la austeridad por la austeridad misma y de la “recorteadera” presupuestaria irracional y extremista.

Patria Justa estima, por otra parte, que no debería el presente Gobierno estar “indeciso” sobre su planteamiento de que el actual impuesto sobre las ventas se transforme en impuesto al valor agregado (IVA), para, además, elevarlo del 13 % actual al 15 %. El IVA no debe ir. ¡Punto!

Este impuesto no solamente es el más injusto de todo el sistema tributario por su intrínseca naturaleza regresiva; sino que, en un escenario de precariedad y de restricción salarial, alto desempleo y mercado informal creciendo, serán las grandes mayorías trabajadoras y ciudadanas las más duramente golpeadas.

El IVA como lo quiere el presente Gobierno solamente agravará la estrechez económica de la mayoría de los hogares costarricenses y, por ende, la único que logrará es aumentar la intensidad del crecimiento de la desigualdad.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, por tanto, se opone al IVA; y, por el contrario, abogamos por la pronta aprobación de los proyectos de ley contra el fraude fiscal, contra el contrabando, para regular-revisar las exoneraciones-exenciones, para restaurar el impuesto a las sociedades anónimas y por el fortalecimiento de la administración tributaria.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, en materia de nuevos impuestos, si fuese estrictamente necesario, solamente aceptará aquellos por el lado de las rentas en sus diversas modalidades; es decir, aquellos que hagan que el sistema tributario costarricense empiece a ser progresivo; es decir, que paguen más los que más tienen y que, además, son los que roban impuestos, por lo general.

El Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, hoy mismo, pedirá una nueva reunión con las dignidades eclesiásticas componentes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), a fin de que nos brinde el honor de explicar, con más detalle, nuestra posición en el tema, ligeramente abordado en esta comunicación de prensa.

Empleo Público y Déficit Fiscal

La situación del Empleo Público y la gran diversidad y complejidad que representa, no puede ser “resuelta” de un porrazo y, mucho menos, con una única legislación.

Desde el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA y, particularmente, desde mucho antes del desarrollo desde “intensa” polémica (con evidentes signos de campaña mediática de contenido insano), así como desde la propia Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y con muchísima antelación; hemos planteado un abordaje integral de la circunstancia del Empleo Público a partir de su conexión directa con los problemas fiscales y la injusticia tributaria reinante en el país.

Nuestra responsabilidad al respecto nos llevó a tener nuestro propio planteamiento en el tema, repetimos, integralmente visto: “Hacia la reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”; propuesta formulada mucho antes de que estuviera definido el escenario electoral del 2014 y, por supuesto, sin siquiera atisbar su resultado final.

Los sectores del gran capital oligárquico-neoliberal, los latifundios mediáticos que están a su servicio y las usinas que repiten sus consignas, insisten en reforzar su provocadora política de chantaje a toda la sociedad, a toda la ciudadanía, al pueblo trabajador: si no se legisla para pauperizar, empobrecer y precarizar al Empleo Público y, específicamente, sus sistemas salariales; entonces, tampoco habrá posibilidad alguna de las necesarias legislaciones contra el fraude fiscal, contra el robo de impuestos, contra el contrabando, por ejemplo.

Considerando que es el propio Gobierno el que está planteando que el tema del Empleo Público es altamente sensible como para imponer una determinada ley, precipitadamente y a la luz de una estrecha y peligrosa perspectiva meramente fiscalista; nosotros, como Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, pensamos que ésta es la posición prudente y sumamente responsable, dada la explosividad social del tema y que, manejado radicalmente, puede “incendiar” el país. Más allá de lo que haya que corregir, los temas de anualidades, sobresueldos (“pluses”) y “salario único”, son temas de gran calibre confrontacional en el sentido más amplio y peligroso del concepto.

Así las cosas, reiteramos estos ejes estratégicos que lanzamos al respecto a la opinión pública y, particularmente, dirigido a todas y cada una de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público y a sus respectivas familias:

PATRIA JUSTA está plenamente convencida de que los salarios de las personas empleadas públicas del Estado, ni siquiera los que devengan quienes laboran para las municipalidades, son responsables del déficit fiscal.

PATRIA JUSTA, como parte del proceso-acuerdo “Una agenda patriótica para el bien común”, suscrito con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA), planteó en su punto 3.1: “Analizar el empleo público con el fin de promover sistemas para estimular la excelencia en la prestación de los servicios”.

PATRIA JUSTA ha estudiado con seriedad el tema tributario-fiscal, al punto de convencernos de que la esencia del déficit fiscal es por:

A) La evasión y elusión impositivas, el oneroso sistema de exenciones-exoneraciones (incluyendo el de las zonas francas), la deuda del país y los altos intereses que la misma conlleva, así como, así como por los impuestos dejados de percibir en aduanas por desgravación arancelaria producto de los TLC’s neoliberales. Por esta combinación de factores, el Estado estaría dejando de percibir una suma superior a los ¡5.000.000.000.000.00, cinco billones de colones! y ¡anuales!, que no pueden serle cobrados a la clase trabajadora.

B) Un sistema tributario sumamente regresivo donde pagan más los que proporcionalmente menos tienen; y, por el contrario, las grandes rentas y fortunas, como la de los banqueros, pagan impuestos ridículos, amén de la gigantesca evasión producto del ejercicio de las profesiones liberales.

PATRIA JUSTA ha repetido hasta la saciedad y lo seguiremos haciendo que la clase trabajadora asalariada, de los sectores Público y Privado, no roba impuestos: el de ventas al momento de la compra; y el de renta, si corresponde, es rebajado del salario por planilla.

PATRIA JUSTA estima que no puede haber un abordaje integral de toda esta situación sin discutir el tema del salario mínimo en el sector Privado y su conexión directa, como una nueva política salarial, para aportar en el combate a la desigualdad que, a nuestro juicio, es el problema número uno del país; ¡no el del déficit fiscal!

PATRIA JUSTA estima que, tal y como fue demostrado con la grandiosa manifestación del pasado lunes 27 de julio de 2015, La Democracia de la Calle, emerge en toda esta controversia como una necesidad de carácter estratégico de movilización ciudadana: más unitaria, más diversa, más intensa, más extendida y más creativa. A quienes participaron el pasado lunes, ¡felicitaciones y eterna gratitud por la comprensión del mensaje que estamos tratando de potenciar al máximo!; a quienes no estuvieron, respetuosamente que se sumen a los próximos eventos de esta naturaleza, tratando de construir alianzas organizacionales lo más tolerante posible de nuestra intrínseca diversidad intersindical e intergremial.

PATRIA JUSTA reitera que el Diálogo Social con Negociación Efectiva y con generación de Acuerdos Nacionales, verificables y constatables, es la salida más idónea para, repetimos, abordar estos temas con integralidad, en un ambiente de paz aunque haya posiciones encontradas. Es una salida típicamente costarricense y apostamos a ello.

PATRIA JUSTA analizará toda esta situación y sus derivaciones en su sesión ordinaria del próximo lunes 3 de agosto, a las 11 de la mañana; considerando que nuestros planteamientos anteriormente expuestos no agotan la amplia gama de contenidos y argumentos que, con mucha seriedad, venimos construyendo, integralmente desde hace bastante tiempo y en el plano de propuesta visión-país:“Aportes para una Costa Rica inclusiva y solidaria”.