También rechazamos la Alianza del Pacífico

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como desde el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, dejamos constancia de nuestro respaldo a varias de las más importantes entidades del sector productor agropecuario nacional, que nuevamente expresan su rechazo a la incorporación de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, otro de estos tipos de TLC’s que influyen, negativamente, en el desarrollo económico nacional.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justo, manifestó que le parece correcta la posición que están asumiendo tanto la Cámara de Productores de Leche, como la Alianza Nacional Agropecuaria (ANA).

“En la ANA están dos entidades del sector agropecuario nacional que nos merecen gran respeto y con las cuales, en otros momentos, hemos trabajado propuestas compartidas para la promoción del bien común, el restablecimiento pleno de la producción agropecuaria nacional y la reducción de la desigualdad. Hablamos de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL), y de la Unión de Productores Independientes y de Actividades Varias del Valle de El General (UPIAV)”, dijo Vargas.

El Secretario General de la ANEP, indicó que representantes de agricultores en países latinoamericanos, también se han opuesto a la Alianza del Pacífico, como es el caso de Colombia.

“La Alianza del Pacífico es el peor tratado comercial”, así lo dijo, no un izquierdista, sino nada más y nada menos que el señor Rafael Mejía, Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, en declaraciones para el periódico ElPaís.com, de Cali, Colombia”, detalló Vargas. (http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/alianza-pacifico-peor-tratado-comercial-presidente-sac).

En dicha publicación, Mejía indicó que “Al desmontarse las franjas de precios y ser un acuerdo plurilateral no podemos tener salvaguardias y medidas ‘antidumping’ que se utilizan bajo el marco de la Organización Mundial de Comercio, OMC, para defender la producción de cualquier país”.

Además, manifestó que “Al desgravarse el 92 % del universo arancelario, es decir, abrirle la puerta a Perú, Chile y México para que ingresen productos industriales y alimentos desde esos países (sin impuestos), los agricultores quedarán a merced de una fuerte competencia y sin derecho a defenderse”.

Es claro, en consecuencia, que llevan razón las entidades nacionales del sector agropecuario que hoy anuncian su rechazo a la Alianza del Pacífico; rechazo al cual ANEP y Patria Justa se unen con toda claridad y contundencia; mostrando total disposición a sostener una reunión con estos grupos.

“Lo que corresponde es la restauración plena del agro nacional, si pensamos estratégicamente en el futuro del país y de las generaciones venideras. Propuesta sobran y en el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, también tenemos la nuestra: “Por qué Costa Rica necesita una nueva cadena agroalimentaria para garantizar su Seguridad y Soberanía Alimentaria?”, explicó Vargas.

Finalmente el Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa, hizo un llamado al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, “para que recuerde y este obligado a honrar su palabra empeñada en campaña electoral de que en su administración no habría más TLC’s de esta naturaleza…”.

Para declaraciones y entrevistas comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa al 8839-7171.

Discurso de las fracciones del PAC y FA

Margarita Bolaños Arquín, Presidenta del PAC; Marco Vinicio Redondo, Jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana; así como Patricia Mora Castellano, Presidenta del FA y Gerardo Vargas Varela, Jefe de Fracción del FA, brindaron unas palabras a los presentes en el Teatro Popular Melico Salazar luego de la firma del acuerdo “Una Agenda Patriótica para el Bien Común”

Sr. Arias: ¡Dé la cara, rinda cuentas y asuma su propia responsabilidad en el tema del déficit fiscal!

La diversidad de voluntades, la conjunción de visiones compartidas, el pensamiento social de más amplio espectro, la más noble aspiración por la justicia social, por el bien común y por la reducción de la desigualdad; están entre los valores centrales motivantes del acuerdo que el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA suscribiera, públicamente, el pasado viernes 26 de junio de 2015 y en Teatro Popular Melico Salazar, con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y con el Partido Frente Amplio (PFA).

Por el contrario, el señor Arias debe dar la cara, debe asumir su propia responsabilidad en el tema del déficit fiscal; considerando, además, su responsabilidad fundamental en la renuncia de los valores socialdemócratas originarios del otrora histórico Partido Liberación Nacional (PLN); colectividad partidaria que él condujo hacia las extremistas posiciones del neoliberalismo.

Particularmente, el país es testigo de la cruzada fundamentalista del Sr. Arias, en el ejercicio de su Presidencia de la República, 2006-2010, a favor del TLC con los Estados Unidos, indicándole al pueblo costarricense “que se lo aprobara” y que él, “a cambio”, nos daría una reforma tributaria; pues ya tenía claro él que la desgravación arancelaria que sobrevendría después de este tipo de TLC, impactaría duramente las finanzas públicas.

Hoy ello ha quedado constatado: prácticamente 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale, más o menos, a la mitad del déficit fiscal actual con el cual están aterrorizando a la población, es producto del TLC defendido por el Sr. Arias (junto a otros tratados de similar naturaleza).

Ahora se une el Sr. Arias a la campaña de terror psicológico perversamente diseñada para culpar a los empleados públicos y las empleadas públicas del “desastre” fiscal de hoy en día; que, como indicamos, exige que el señor Arias dé la cara al respecto. ¡Que no se esconda!

La estafa política que el Sr. Arias cometió en ese entonces, TLC a cambio de reforma tributaria, está hoy en día completamente evidente pues los indicadores sociales más objetivos y profesionales (entre otros), nos hablan de un desempleo del 20 % (entre el reconocido oficialmente y el encubierto), una precarización salarial con el deterioro grave del poder de compra del salario mínimo del sector Privado (y ahora quieren homologar a la baja el de los empleados públicos), grave déficit fiscal y más intensa que nunca la regresividad tributaria, con un proceso concentrador de la riqueza que es el más intenso desde la fundación de la Segunda República, en 1949.

Una estafa política como esa otra que ejecutó el Sr. Arias, de que con ese TLC con Estados Unidos, los trabajadores en vez de andar en Hyundai, andarían en BMW, tal y como lo estuvo repitiendo, una y otra vez, en la indicada cruzada.

Las conciencias democráticas costarricenses, aún aquellas que piensan distinto del pensamiento del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, de seguro condenan las apelaciones a la satanización ideológica en el debate nacional del momento que está haciendo el señor Arias.

Este Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, de manera contundente, condena la campaña del Sr Arias para propiciar una “cacería de brujas”, para fomentar la “quema de hogueras”, para alimentar intolerancias ideológicas de corte macartista.

Finalmente queda claro que ante la precariedad argumental con que hoy se defienden las tesis neoliberales y ante la profundidad del pensamiento a favor de la Humanidad misma y de la inclusión social que se esparce por el orbe (especialmente con la bendita llegada del Papa Francisco), a gente como el señor Arias (al igual que su ministro Solís de su primera presidencia, el hoy Torquemada de los recortes presupuestarios irracionales y abusivos), solamente les queda eso para “debatir”: recomendar y promover “cacería de brujas”, “quema de hogueras” e intolerancia macartista para todos cuantos pensamos en que la promoción del bien común, que la lucha contra la desigualdad, por la justicia tributaria progresiva y porque el abordaje del problema del déficit fiscal se haga por el lado correcto, es el camino más seguro para la preservación de la paz en nuestra sociedad.

Fondo Monetario no ve necesidad de reformas en empleo público de Costa Rica

En sus visitas al Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Hacienda y primer vicepresidente, Helio Fallas, asegura que se ha sorprendido por la aceptación que ha recibido de sus propuestas, así como por el hecho de que no detectaron la necesidad de un reforma en el empleo público del país.

Así lo aseguró el propio Ministro en entrevista con La Prensa Libre. De acuerdo con Fallas, el FMI “ya no es lo que era”, y aunque se le sigue “satanizando” en ciertos sectores, opina que se ha “suavizado” con respecto a la severidad de las medidas que propone.

“Ya existen muchos estudios que demuestran que las reformas fiscales que inician solo por el gasto no son exitosas, pues el costo social y económico de estas medidas hace que la reforma se venga abajo antes de concluirla”, afirmó el jerarca.

Según Fallas, el FMI ha aceptado sus propuestas, que buscan un equilibrio entre las medidas de gasto y nuevos ingresos, así como el control de la evasión y la elusión fiscal, lo que representan un 7,75% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Este es un problema que requiere de una solución urgente, por lo tanto el tema del empleo público, si se ve solo por el lado de salarios, genera resultados a muy largo plazo”, expresó Fallas.

Asimismo, el viceministro de Egresos, José Franciso Pacheco, dijo que el 75% de la planilla del Gobierno central está compuesto por maestros, policías y jueces, por lo cual hacer recortes se convierte en un tema sumamente sensible.

“Para tener un impacto significativo en los gastos del Estado, habría que despedir a 20 mil personas. Imagínese el impacto social de eso”, comentó Pacheco.

Finanzas Públicas: El informe de la señora Contralora

La honorable señora Martha Acosta Zúñiga, Contralora General de la República, alza su voz (otra vez), con relación al sensible, polémico, controversial y grave problema de las finanzas públicas.

Lo hizo desde la propia Asamblea Legislativa, hoy controlada por la hegemonía del capital neoliberal, esa misma que, supuestamente, había recibido una derrota electoral en las elecciones nacionales del 2014 y bajo la tesis de “cambio”.

Le hemos puesto buen cuidado al decir de la señora contralora, aunque sea preliminarmente y con base en las principales informaciones de prensa (digital y escrita), de este día, miércoles 10 de junio de 2015.

Desde la corriente sindical que representamos, no solamente la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sino que desde el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, nos interesa, una vez más, señalar varios aspectos centrales sobre el tema, no solamente para compartir con la prensa nacional nuestra visión al respecto; sino con las personas trabajadoras asalariadas del sector Público que representamos y, en términos generales, con la opinión ciudadana que le pone mucha atención a este delicadísimo asunto.

PRIMERO: Para buscar salidas integrales, de corto y de mediano plazo al problema fiscal-tributario del país, se requiere de un gran acuerdo nacional pero no solamente al interior del parlamento, sino fuera de él. La sostenida pérdida de credibilidad en el sistema político representativo (especialmente en momentos en los cuales una cifra superior al 50 % de la ciudadanía no quiere saber nada de partidos políticos), hace necesario que en la búsqueda de ese necesario acuerdo se tome en cuenta a las fuerzas socio-laborales y corporativo-empresariales más representativas; y, en éste caso, considerar especialmente a las representaciones de las micro, pequeñas y medianas empresas.

SEGUNDO: Considerando los reiterados anuncios de que en esto del déficit fiscal estamos en las puertas del “apocalipsis” y de que ha llegado ya “el fin de los tiempos”, el primer punto de un gran acuerdo sería el monto del déficit fiscal con el cual podremos vivir como sociedad y el monto del déficit fiscal con el cual no podremos vivir como sociedad. Este debate debe incluir la contabilidad pública de toda la estructura financiera del Estado, no sólo una parte de ella (Gobierno Central y sus agregados), pues lo que por años se debate como el “presupuesto general de la República”, es tan solo una parte del presupuesto general de toda la República. Costa Rica siempre ha tenido déficit fiscal pero las visiones catastrofistas y de una inminente debacle al respecto, busca entronizar el miedo y el terror económicos en la ciudadanía, con la finalidad de que “el hilo se reviente por lo más delgado”: el empleo público.

TERCERO: No podemos más que felicitar a la señora Contralora General de la República en, si se quiere, el haber formulado en esta ocasión el señalamiento más fuerte y contundente en lo que lleva de referirse a este tipo de asuntos, cuando hace mención explícita a lo que sí es ya una insostenible debacle y crimen social: el robo de impuestos. Según reporta la prensa ella indicó en este aspecto esta lapidaria sentencia que nosotros no hubiéramos escrito de mejor forma: “La evasión fiscal es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y uno de los principales desafíos en materia tributaria. Sus efectos son graves y alcanzan el campo económico, social, ético y moral. La evasión disminuye los ingresos fiscales, las posibilidades de atención de las necesidades de la colectividad, contribuye al desequilibrio presupuestarios, aumenta la corrupción, incrementa la impunidad si no es sancionada oportunamente e impacto de forma directa en la equidad y la distribución de la riqueza”. ¡Completamente de acuerdo, señora Contralora! (Subrayado nuestro).

CUARTO: En función de ello, y luego del primer punto de un eventual gran acuerdo nacional fiscal-tributario que hemos mencionado arriba; corresponde que como sociedad le entremos al segundo gran tema: EL ROBO DE IMPUESTOS, así en mayúscula. Parece que nos hemos quedado corto en cuanto a su real cuantificación: ya no sería 2.4 billones de colones, sino algo peor: ¡3.7 billones de colones! Es por ello que resulta inadmisible ceder a la presión de los ladrones de impuestos y sus vocerías político-parlamentarias, en cuanto a la necesidad de un poder real en materia de sanciones administrativas que nuevas leyes le den a la administración tributaria para combatir, implacable y eficazmente, la magnitud de semejante crimen contra toda la sociedad.Y al mismo nivel, fortalecimiento integral y a todo nivel de la administración tributaria del país.

QUINTO: Nuevamente debemos reforzar nuestra posición en cuanto a que no son los salarios de quienes laboran para el Estado, en todas sus modalidades de prestación de servicios públicos, los responsables del déficit fiscal. Rechazamos tajantemente la insana campaña de ciertos latifundios mediáticos al respecto; campaña sistemática que busca poner a la ciudadanía en contra del empleo público y del sector público. Pero si siguen insistiendo en el tema de las remuneraciones salariales estatales y en catalogarles como uno de los principales “disparadores del gasto” (muletilla neoliberal de preferencia en el lenguaje del capital neoliberal), definan lo siguiente: A) ¿De cuál tipo de remuneraciones quieren hablar? B) ¿Cuál es el tipo de empleo público que les molesta? C) ¿Por qué no dan el ejemplo y proponen una ley salarial única para regular los niveles salariales de toda la alta cúpula político-tecnocrática y gerencial-corporativa del Estado sin excepción alguna?…

SEXTO: Evidentemente, un diálogo nacional sobre este tema debe incluir nuevas políticas y metodologías para evaluar el desempeño de la persona servidora pública en el marco de reglas claras de gestión y gerenciamiento institucional propiciando que resalte la excelencia sobre la mediocridad; políticas claras para demandar la rendición de cuentas en inoperancia jerárquica en materia de ejecución presupuestaria; variaciones en el sistema de compras para reducir al mínimo la “guerra de las apelaciones” que se promueven desde el sector privado; severas directrices jurídico-administrativas en materia de ejecución de empréstitos, castigando el abuso de consultoría y/o, planillas paralelas de altos salarios en dólares;y otras de similar naturaleza.

SETIMO: Además, un diálogo nacional en el tema debe abocarse, también, a determinar en qué ámbitos de la política pública las restricciones de empleo están llegando a peligrosos niveles de violación de Derechos Humanos fundamentales y de colapso total en diversos programas sociales, producto del fundamentalismo fiscalista neoliberal de recorte presupuestario por el recorte mismo, la austeridad enfermiza y el congelamiento de plazas irracional para generar la parálisis institucional completa. Es decir, ya tenemos déficit de empleo público en áreas vitales de servicio a la ciudadanía y que el sector privado no absorberá jamás porque no hay lucro de por medio.

OCTAVO: Se debe abordar, hacer un gran estudio, una auditoría, de la deuda del país, tanto la que se debe a acreedores internos como a externos. Se debe hacer visible ante la sociedad el impacto fiscal de la misma y cuáles son las entidades, sectores y personas que han venido ganando con esa deuda, con el pago de intereses y con la misma compra de bonos del Estado en el marco de las necesidades de éste de “recursos frescos” para funcionar. ¿Cuánto se está pagando por ella, en contraposición a lo que, por ejemplo se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, en niñez y juventud vulnerables, en población de la tercera edad, en políticas de empleo y promoción del emprendedurismo empresarial, en prevención y atención de salud…?

NOVENO: Y, ¡por supuesto!: Dialogar y buscar acuerdos sobre las primeras medidas que se debe tomar para que cambie, en profundidad, la naturaleza del sistema tributario costarricense que es, como todo el mundo lo sabe, altamente regresivo, de forma tal que se vaya pasando a la progresividad; con medidas tales como la renta global, la renta mundial, el impuesto o Tasa Tobin a las transacciones financiero-bancarias superiores a las 10 mil dólares, entre otras. Digámoslo con fuerza una vez más: la clase trabajadora no roba impuestos. Por un lado, el de ventas (el más injusto de todos, tributariamente hablando), se paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora. El otro, el de renta al salario cuando éste supera el monto límite exento, se hace el rebajo de planilla, inmediatamente.

DÉCIMO: Rechazamos, tajantemente, que sea a la clase trabajadora a quien “le echen los muertos” por el problema fiscal-tributario del país; especialmente, a los empleados públicos y a las empleadas públicas que, en su abrumadora mayoría y generalidad, no ganan “sueldos de privilegio”, trabajan con ética y transparencia y que son las “víctimas electorales” de los gobiernos de turno con sus políticas de restricción salarial, de recortes presupuestarios abusivos, de directrices de contención de gasto criminales y de ineficientes gestiones gerenciales de ejecución presupuestaria. Incluso, en el caso de las pocos conglomerados laborales de empleo público con cobertura de derechos vía Convención Colectiva de Trabajo (algo totalmente de orden constitucional como ha quedado claro hasta la sociedad); la mayoría de esos conglomerados laborales están en entidades públicas que no representan carga alguna para las finanzas del Gobierno Central.

A todos ellos y a todas ellas, es que les estamos llamando a que se movilicen, pacífica y sostenidamente, como nunca antes pensaron que tendrían que hacerlo, en defensa de la institucionalidad pública y contra los recortes, en defensa sus propios empleos y de la seguridad de sus familias; y, contra los ladrones de impuestos a favor de leyes severas contra el fraude fiscal.

¡Con los ladrones de impuestos no se debe tener misericordia!

Hace muy bien la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), el partido de Gobierno, al indicar que no avalará las concesiones que el distinguido señor Ministro de Hacienda (a la vez, Primer Vicepresidente de la República), está dispuesto a darle al corporativismo empresarial neoliberal (por demás, base política fundamental del binomio “PLUSC” que “asaltó” el directorio legislativo el pasado 1 de mayo), en torno a la idea original de sancionar severamente el fraude fiscal y el robo de impuestos en sede administrativa, incrementando las potestades de la Dirección General de Tributación al efecto.

Las eventuales nuevas disposiciones legales para que esta entidad cobre y ejecute embargos, sin orden judicial, a los contribuyentes morosos, viene a representar el corazón de valientes decisiones políticas con carácter estratégico jamás tomadas antes; a fin de que el país abandone la perversa senda de la regresividad tributaria, que es uno de los puntos fundamentales para que se mantenga y profundice la sistemática curva ascendente de la desigualdad en Costa Rica.
Ya habíamos advertido de que tales concesiones del señor Ministro de Hacienda, cediendo al bloqueo parlamentario de tan necesaria legislación, deben ser rechazadas y por eso debemos indicar, con satisfacción y aplauso que la decisión de la bancada diputadil del PAC merece ser apoyada con toda contundencia, social y laboralmente hablando,

En nuestro artículo semanal para LA PRENSA LIBRE (digital), “Derechos Humanos y recorte presupuestario”, correspondiente a este martes 2 de junio de 2015, habíamos opinado lo siguiente:

“Por ello resultan condenables las posiciones parlamentarias bloqueadoras de los necesarios proyectos contra el fraude y la evasión fiscales que ha venido promoviendo el señor Ministro de Hacienda. A la vez, es inadmisible que él se “rinda” ante el corporativismo gremial empresarial líder de esos bloqueos, accediendo a flexibilizar y volver “light” las necesarias y reflexionadas propuestas de darle “más dientes”a la administración tributaria en el combate al robo de impuestos, mismo que es un verdadero crimen social”.

En vez de ceder al bloqueo parlamentario al trámite de iniciativas de ley de este carácter, bloqueo del capital neoliberal protagonizado en la persona del poderoso empresario liberacionista, don Antonio Álvarez Desanti; lo que corresponde es fomentar el llamado a la movilización social más amplia en contra del fraude fiscal, en contra del robo de impuestos, para que se sancione drásticamente este crimen social, tal y como se sanciona, con drasticidad implacable, en los Estados Unidos.

¡Con los ladrones de impuestos no se debe tener misericordia alguna! Bloquear que este tipo de proyectos de ley contra el fraude fiscal se conviertan en ley de la República, es propiciar el ataque más brutal a los presupuestos de una importante cantidad de servicios públicos, necesarísimos para los sectores sociales más vulnerables de la población costarricense e, incluso, para sectores medios.

Ya lo ha advertido la señora Defensora de los Habitantes de la República, doña Monserrat Solano Carboni, de que los eventuales recortes presupuestarios que se están gestando para el 2016, nos llevan a violentar compromisos internacionales que Costa Rica ha asumido en materia de Derechos Humanos, con la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde la perspectiva de la propuesta que venimos defiendo en materia fiscal-tributaria, construida con perspectiva laboral-sindical y social, denominada “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, la posición que está anunciando la fracción parlamentaria del PAC en defensa de los contenidos estratégicos originales de los proyectos de ley contra el fraude fiscal, es la posición correcta que se debe apoyar por todas las formas posibles.

Delegación del BID visitará la ANEP

Una delegación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), encabezada por los expertos Alberto Barreix, Especialista Fiscal Principal del BID y Luis Carranza Ex Ministro de Economía y Finanzas de Perú, visitará la sede de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el próximo 23 de abril a las 9:00 de la mañana, para conversar sobre la posibilidad de la implementación de una regla fiscal de segunda generación para Costa Rica.

Albino Vargas Barrantes, Secretarios General de la ANEP, se mostró complacido de que una entidad como el BID tome en cuenta a la ANEP para tratar temas de vital importancia para el país, en especial en el ámbito tributario, en el cual la ANEP ha venido trabajando por largos años con la consigna “Hacia una Reforma Fiscal para el Desarrollo y la Reactivación del Empleo“.

Vargas también indicó que a la reunión se sumarán representantes de las organizaciones que conforman la coalición sindical latinoamericanista Patria Justa, ya que son actores fundamentales en la economía del país.

Foro Sindical de las Américas: Declaración de Panamá

1- Reunidos en Panamá, en el Foro Sindical de las Américas y bajo el lema “Las Américas que queremos”, representantes sindicales de trabajadores y trabajadoras de todo el hemisferio aprobamos esta Declaración, misma que convoca a continuar la lucha en defensa de los derechos sociales y laborales, por la plena vigencia de los derechos humanos y de la democracia participativa, por la autodeterminación y por la soberanía de los pueblos, y por proyectos económicos ambientalmente sustentables.

2- Venimos los últimos 15 años como movimiento sindical, junto con otros movimientos sociales, dando la pelea para que la región supere la larga ola neoliberal. En noviembre del 2005, en la ciudad argentina de Mar del Plata, bajo la presión de movilizaciones populares que recorrieron todo el continente desde 1997, un grupo de gobiernos progresistas de América del Sur bloqueó la iniciativa para imponer el proyecto Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El ALCA hubiera sido la coronación de la ofensiva neoliberal que profundizó las desigualdades de género y de juventud, y que arrasó con los derechos sociales y laborales desde la década de 1980 en nuestra región.

3- Su derrota mostró que se había abierto una nueva coyuntura en la región. Los gobiernos progresistas avanzaron en diversos países latinoamericanos en ese contexto post-neoliberal. En diversos casos se mejoraron los niveles salariales, disminuyó la pobreza, hubo avances en la distribución más equitativa de los ingresos, disminuyó el desempleo y el empleo informal, entre otros indicadores socio-laborales positivos, en gran medida debido a la lucha de los movimientos sociales y sindicales a lo largo de este proceso.

4- Esos avances están hoy en cuestión por presión de los mercados financieros internacionales que especulan contra las economías de nuestros países, exigiendo recortes de beneficios y salarios de los trabajadores y de las trabajadoras, reducción de los gastos sociales y nuevas rondas de privatizaciones. Los sindicatos de la región nos oponemos decididamente a las políticas de austeridad fiscal, la privatización de los bienes y servicios públicos y los bienes comunes de la naturaleza, con las que se pretende hacer retroceder los derechos laborales y sociales duramente conquistados en el actual ciclo progresista en América Latina.

5- En el momento presente, ninguna de esas conquistas parciales y localizadas está garantizada. Los tratados de nueva generación, como el TISA, el TPP, el TTIP, el CETA y otros, profundizan y perfeccionan todo lo que repudiamos en el ALCA, o sea, desregulan la economía y liberalizan los servicios, profundizando un modelo de desarrollo que sólo favorece a las empresas transnacionales, empeorando las condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones. Repudiamos sus contenidos, siempre negociados con secretismo. Exigimos que todos los acuerdos que se están haciendo en la región sean resultado de un debate amplio, transparente y participativo de toda la sociedad.

6- La crisis irresoluble del capitalismo coloca una enorme presión de los mercados y finanzas internacionales contra los pueblos. Debemos continuar avanzando sin permitir que las conquistas sociales retrocedan. Nuestros países precisan superar las deficiencias estructurales de economías dependientes de la extracción y comercialización de materias primas y promover modelos económicos diversificados y sustentables, desde una perspectiva de integración y cooperación regional solidaria que mire siempre atentamente a la dimensión social del desarrollo sustentable. De igual manera es imprescindible estructurar una política fiscal progresiva que grave las riquezas, las ganancias, la renta, el patrimonio y el consumo de lujo, para que los gobiernos tengan capacidad para mantener los niveles de inversión social adecuados.

7- A su vez es preciso avanzar en un proceso de auditorías de las deudas externas odiosas e ilegítimas, las cuales continúan generando lazos de dependencia con acreedores extranjeros. El último ciclo positivo de nuestras economías estuvo apoyado, fundamentalmente, en la actividad primario-exportadora y ahora vemos cómo la caída de los precios internacionales de las commodities hace estragos en la capacidad económica y financiera de los gobiernos, lo que los puede llevar a la aplicación de las viejas recetas de ajuste, flexibilización laboral y recortes sociales.

8- Después de más de una década de avances sociales en diversos países de América Latina y el Caribe, bajo administraciones progresistas, comienzan a hacerse evidentes los efectos de la recesión económica mundial, la pérdida de empuje en el crecimiento de las economías, por lo que no han parado de caer los niveles de pobreza, y las frágiles conquistas socio-laborales del período están bajo ataque del capital internacional para hacer retroceder lo que apuntaba a un nuevo paradigma de democracias sociales.

9- La democracia está en jaque cuestionada por los poderes fácticos que buscan imponer los intereses del mercado financiero internacional y de las empresas multinacionales. En el caso de América Latina y el Caribe, gobiernos electos democráticamente son sometidos constantemente al asedio, a veces violento, por parte de las élites y minorías poderosas que controlan la economía y que han optado por provocar rupturas, utilizando incluso mecanismos legislativos y judiciales para deponer estos gobiernos.

10- Lucharemos firmemente contra todos aquellos que opten por medidas o acciones para deponer gobiernos de cualquier país de las Américas. Los medios de comunicación, concentrados oligopólicamente a nivel nacional e internacional, actúan como los mayores instigadores de estas agendas antidemocráticas y reaccionarias contra los intereses de las mayorías. Una “sociedad civil” construida a imagen y semejanza de los intereses minoritarios, racistas y reaccionarios, ocupa las calles y los espacios públicos para predicar un discurso de odio en contra de las conquistas populares.

11- En EE.UU. y Canadá la situación de los trabajadores y de las trabajadoras sigue siendo precaria, a pesar de que en términos de crecimiento económico esos países den señales tenues de recuperación. A pesar de la inversión multimillonaria en la última década para salvar empresas y bancos en EE.UU., han sido pocos los efectos sobre los trabajadores y las trabajadoras, que vienen acumulando pérdidas en el poder de compra de sus salarios, están empleados 3 en trabajos precarios, sin posibilidad de sindicalizarse y con tasas de desempleo que aun habiendo disminuido, todavía no alcanzan la cantidad y calidad de los empleos que arrasó la crisis de 2008. El ataque de la derecha económica y sus referentes políticos mantiene un lobby multimillonario permanente para influir en los diferentes poderes del Estado y limitar la capacidad de los sindicatos y el poder de la negociación colectiva para amparar derechos. La recuperación de las economías del Norte se busca a través de nuevos ataques a los derechos sociales y laborales.

12- En este marco se inscribe la agresiva estrategia del neoliberalismo destinada a incidir en la correlación de fuerzas que define la agenda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ante lo cual el movimiento sindical de las Américas se ha posicionado firmemente y ha presionado a los gobiernos del Grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC), para asumir una postura a favor del mandato normativo y de control de la OIT y a reconocer expresamente que el derecho a la huelga, (que emana de los convenios fundamentales 87 y 98 de la OIT, y de otros tratados internacionales) está vinculado a la libertad sindical y la negociación colectiva.

13- En América Latina y el Caribe aún se mantienen situaciones de vulneración de las libertades sindicales y de desconocimiento del papel de los sindicatos en su acción de promoción y defensa de los derechos. En varios países, incluso algunos con gobiernos progresistas, la relación con los sindicatos sigue siendo de conflicto y contradicción, lo que en nada favorece la posibilidad de estructurar una agenda democrática y en favor de las mayorías.

14- El cambio climático es un problema urgente, ineludible y global que afecta a los Derechos Humanos. Es, por tanto, primordial un cambio de paradigma que implique una transición justa hacia una economía sustentable. Para ello es indispensable llegar a un acuerdo ambicioso con fuerza vinculante con un sistema común de medición, notificación y verificación en la Conferencia de las Partes de París, que incluya compromisos de adaptación y/o mitigación para todos los países coherentes con la contención del aumento de la temperatura global hasta un máximo de 2 °C.

15- La juventud trabajadora de Latinoamérica y el Caribe también enfrenta grandes desafíos marcados por la crisis financiera, como altas tasas de desempleo, trabajo precario, crecimiento del trabajo informal, entre otras cosas que limitan las oportunidades de los y las jóvenes de la región a obtener un trabajo digno y decente. La región tiene como compromiso empoderar a la juventud trabajadora y crear oportunidades para su desarrollo profesional y el pleno ejercicio de sus derechos políticos, laborales y sociales. Las y los jóvenes reclaman una educación al servicio de su desarrollo y no que se los forme como mano de obra precaria y explotada; ellos y ellas también tienen derecho a obtener trabajos decentes que contribuyan junto con todas las trabajadoras y con todos los trabajadores al desarrollo de nuestros países.

16- Siendo éste el cuadro de la presente coyuntura, el movimiento sindical de las Américas viene a Panamá a reivindicar la defensa de las conquistas históricas de los trabajadores y de las trabajadoras, a reclamar de los gobiernos la adopción de políticas que favorezcan al conjunto de la población y no a los intereses de las élites empresariales y de las oligarquías de nuestros países. Los gobiernos de las Américas no pueden ceder al chantaje de los mercados financieros, las grandes corporaciones y los especuladores ocultos en los paraísos fiscales y sus operadores nacionales, estimulados por una derecha reaccionaria que se ampara en el monopolio mediático para crear caos y debilitar a los gobiernos que intentan frenar las apetencias del capital financiero.

17- Es fundamental avanzar hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de deuda soberana, el cual deberá́ ser debatido este año, tal como promueve la Resolución 68/304 de Naciones Unidas, impulsada por Argentina, a partir del ataque de los “fondos buitre”, que fuera aprobada por amplia mayoría en la Asamblea General de septiembre de 2014.

18- El movimiento sindical de las Américas no sólo estará en las calles para defender los legítimos intereses de la clase trabajadora, sino también en los escenarios donde se deben debatir y decidir las políticas que permitan superar esta coyuntura de crisis y desaceleración económica. El movimiento sindical tiene en la Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA), el instrumental de propuestas en los diferentes ámbitos del desarrollo sustentable, que permita no sólo dar respuesta al momento que vive la región, sino, en un horizonte estratégico, avanzar en un modelo apoyado en las cuatro dimensiones del desarrollo sustentable (política, económica, social y ambiental) y su necesaria articulación, para responder de manera equilibrada a los desafíos de economías al servicio de nuestras sociedades, con garantía de plenos derechos sociales, con participación democrática y protagónica, igualdad y preservación del planeta para las generaciones presentes y futuras.

19- En el marco de la realización de la Séptima Cumbre de las Américas, colocamos la PLADA de cara a los gobiernos y expresamos nuestra intención de avanzar en el camino que nos permita ser actores de los cambios necesarios para nuestra región. Como actores del desarrollo estamos preparados para el desafío de construir las Américas que queremos, con inclusión, justicia social, igualdad, trabajo decente y mayor democracia.

20- Defendemos el desarrollo y la cooperación como políticas de Estado, basadas en el enfoque de derechos. Rechazamos la promoción del papel protagónico del sector privado como actor de desarrollo, en sustitución de la responsabilidad del Estado, en particular en los actuales debates internacionales sobre la agenda post-2015 y la financiación para el desarrollo. En ese marco cualesquiera sean los bancos de desarrollo, deben dialogar con el movimiento sindical y la sociedad como un todo. Es inaceptable que el Banco Interamericano de Desarrollo BID siga sin establecer un foro de diálogo con el sindicalismo regional y sin adoptar cláusulas laborales como condicionantes a sus préstamos, como ya hicieron otras instituciones financieras internacionales.

21- Consideramos importantes los procesos como la UNASUR, la CELAC y las demás iniciativas integradoras, que son reflejo de la madurez de nuestros pueblos y gobiernos para presentarse como un bloque que participa de la disputa geopolítica mundial, no desde la competencia y la dominación, sino desde la solidaridad, la complementariedad y el reconocimiento de nuestra diversidad social, política, étnica y cultural. Es por ello que estas instituciones deben dotarse de instrumentos y políticas claras que logren consolidar efectivamente a estos organismos y a otros como el Mercosur, para que actúen como bloque económico, político y social en pos de trabajar para un nuevo modelo de desarrollo regional que permita terminar con la lógica de primarización y de dependencia financiera de nuestros países.

22- La soberanía, la autodeterminación y la paz deben ser la condición fundamental en las relaciones entre los Estados y sus pueblos. Acompañamos positivamente el proceso de negociación de paz en La Habana desarrollado por las FARC-EP y el gobierno colombiano, esperando pueda ser extendido en una mesa de diálogo con el ELN.

23- En este sentido, también saludamos el avance en el reconocimiento de la legitimidad del gobierno cubano y del derecho a la autodeterminación de su pueblo, por ser parte integrante de la comunidad de naciones de este hemisferio. Este avance tiene que coronarse no solamente con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EEUU y Cuba, sino también con el fin del bloqueo económico, financiero y comercial a la isla.

24- Por el contrario, rechazamos la reciente declaración del presidente de los EE.UU., Barack Obama, sobre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, porque constituye un acto de injerencia interna en un país soberano y no contribuye a la resolución del conflicto interno. Consideramos que la situación política en ese país debe resolverse internamente, con diálogo entre las partes, de forma democrática y sin ningún tipo de amenazas o intervención externa. Acompañamos la solicitud de los gobiernos de la UNASUR y la CELAC para que se suspenda esta medida y ambos gobiernos retomen un diálogo constructivo y respetuoso, que contribuya a la superación de los problemas que hoy aquejan al pueblo venezolano, con apego a su Constitución y a la institucionalidad democrática.

25- Las Américas deben ser un continente de paz, sin ninguna presencia de bases militares extranjeras en nuestros países, particularmente la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas.

26- La consecución de esa paz radica también en una acción activa y duradera de defensa de los derechos de minorías, que proteja a los trabajadores y las trabajadoras migrantes, así como las libertades fundamentales de los pueblos originarios, y la vida de todos aquellos que deciden enfrentarse a las políticas de exclusión y de violencia. En este marco, exigimos el rápido esclarecimiento y castigo a los culpables de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en México.

27- La cárcel de Guantánamo es una afrenta a los derechos humanos en el hemisferio. Hay personas que han estado detenidas por más de 10 años sin cargos. Por un lado, hacemos un llamado a los EEUU para cerrar la cárcel de Guantánamo; por otro, pedimos a países de la región que ofrezcan acogida a estas víctimas de abusos de los derechos humanos.

28- A pesar de experiencias exitosas en la región y progresos en la lucha contra la desigualdad, viejas propuestas de desarrollo que ya han fracasado en las últimas décadas han vuelto a aparecer. La “Alianza para la Prosperidad” adoptada por los gobiernos de El Salvador, de Honduras y de Guatemala con el BID, se ofrece ahora como una solución a los problemas de violencia, gobernabilidad, falta de oportunidades y trabajo decente en estos países. Apoyamos el principio de dar mayor atención y asistencia a los países que atraviesan dificultades persistentes, pero nos preocupa la tendencia de reproducir los errores del pasado con recetas de flexibilización laboral, financiamiento de infraestructura sin contrapartes o condiciones, impactos negativos a los derechos humanos de muchas comunidades, énfasis en sectores de explotación para exportación y todas las variables recetas de la ortodoxia del mercado.

29- Como mínimo, este apoyo debe contar con procesos de consulta y control social y requisitos de trabajo decente en las obras de infraestructura. Expresamos nuestra profunda condena por la grave situación de vulneración de derechos humanos en República Dominicana que afecta actualmente a millares de migrantes haitianos y de dominicanos de ascendencia haitiana y a sus familias, cuyos derechos a la nacionalidad han sido violados. y por ello se encuentran, expuestos a una inminente, e injusta y masiva deportación así como a acciones violentas de discriminación. Exigimos de ambos gobiernos inmediatas acciones para corregir esa situación.

30- Es necesario superar toda forma de violencia, especialmente la de género, que afecta a millones de mujeres en lo privado y en los lugares de trabajo. Pugnar por erradicar los impactos diferenciados que las vulneran en mayor medida, así como impulsar la igualdad sustantiva, es una tarea que permitirá revertir las condiciones de desigualdad que existen.

31- Erradicar todo tipo de discriminación, entre otras cosas, permitirá liberar las fuerzas productivas y creadoras de millones de mujeres y hombres a quienes hoy les son negados sus derechos por su condición racial, origen étnico, edad, sexo, preferencia u orientación sexual. Defendemos que en este contexto la Organización de Estados Americanos (OEA) debe responder a la realidad de ser un órgano de una región asimétrica, diversa y heterogénea y su papel debe ser el de construir un equilibrio democrático frente a esa realidad.

32- La autonomía y la autodeterminación de naciones, pueblos y gobiernos deben ser un principio central para avanzar en un verdadero proceso de integración regional. Un desafío para el futuro de este organismo hemisférico es asegurar que la presencia y participación de la sociedad civil organizada de la región se corresponda con su diversidad, legitimidad y representatividad, que refleje las realidades de nuestras sociedades. En esa misma dirección, saludamos la aprobación de los convenios A 68 y A 69 contra toda forma de discriminación en la región.

33- Estas son las reivindicaciones y apuestas del movimiento sindical de las Américas. La cita de Panamá ratifica nuestra agenda y señala nuestro camino de movilización y lucha junto con otros movimientos sociales y fuerzas transformadoras a lo largo y ancho de este continente, para avanzar en nuestra aspiración común de justicia, igualdad, soberanía, paz y desarrollo sustentable.

Esta declaración fue adoptada por el Consejo Ejecutivo de la CSA y sus 56 organizaciones afiliadas, con la participación y adhesión de la ISP Américas, UNI Américas, ICM, la CSBT de Venezuela, PIT-CNT del Uruguay, la CTC de Cuba y el Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA).