Categoría: Incidencia

KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com

Más allá de que se fije el alza salarial de los empleados del sector público, que fue de ¢5 mil, para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la discusión debe trascender, al punto de pensar en una revolución tributaria, entendida como una transformación tributaria estructural.

En visita realizada a DIARIO EXTRA, Albino Vargas, secretario general de ANEP, y Rafael Mora, asesor de la secretaría general de dicho gremio, indicaron en entrevista con la subdirectora Marcela Villalobos que es importante que el gobierno desista del proyecto de reforma fiscal y más bien se incline por una contingencia fiscal y a la vez abrir espacio para el diálogo nacional con los sectores sociales y productivos, a fin de discutir y aprobar una reforma fiscal real.

¿Cómo ANEP considera que el país atraviesa un déficit fiscal?

– Hay un déficit fiscal y estamos conscientes de que el gobierno estaría pidiendo prestado para pagar salarios y ya hay un problema en el mercado financiero para que al gobierno le presten plata.

¿En este sentido cuál es el mayor temor de la agrupación?

– Que en determinado momento el gobierno acuda al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial (BM) a pedir crédito para enfrentar el creciente problema de déficit fiscal y que el crédito sea condicionado a llevar a la clase trabajadora a extremos sacrificios, como por ejemplo el congelamiento de salarios, rebajas salariales, despidos masivos y disminución en el monto de las pensiones.

¿Qué propone ANEP sobre el particular?

– Hay que atacar todas las formas de evasión y elusión de impuestos que por el orden conservador ronda los ¢500 mil millones. Además hay que entrarles duro a los 188 regímenes de exenciones y exoneraciones fiscales que andan por el 6% del Producto Interno Bruto (PIB), es decir ¢1,2 billones, y también es urgente atacar el tema de los superávits libres, o sea dineros que las instituciones no destinan a proyectos estratégicos y que rondan el 7% del PIB para ¢1,4 billones.

Según ustedes hay plata.

– Es injusto cargar de más impuestos a la población si la plata anda dando vueltas en la calle. Sí hay plata en el país. Existen más de ¢3 billones como fuentes potenciales de ingresos frescos sin paquete fiscal.

Pero el gobierno dice que no cuenta con recursos frescos.

– Es un colapso general la ausencia de recursos frescos, que va más allá del aumento salarial del sector público. El movimiento del miércoles (mañana) debe ser más allá de los ¢5 mil. La institucionalidad costarricense está amenazada por una injusta distribución de la riqueza.

¿Entonces qué opinión tienen del proyecto de plan fiscal del gobierno?

– El plan fiscal no tiene espacio político en la Asamblea Legislativa. Lo que corresponde es una ley de contingencia fiscal y a la vez abrir un espacio de diálogo nacional del sistema tributario costarricense.

La reforma fiscal del gobierno es para recaudar ¢300 mil millones, lo cual es un 1,5% del PIB. Es un parche, pues en el corto plazo el próximo gobierno deberá trabajar en otra reforma fiscal y eso no puede ser.

PROPUESTA EN RESUMEN

Intervención del sistema aduanero nacional para el fortalecimiento de la política fiscal.

Recompensar a las personas que denunciaron la evasión una vez comprobada con darle una parte de lo decomisado.

Pensión de consumo. Que de todas las facturas de compras, al trabajador se le acrediten puntos que al final de su vida laboral se depositan en pensión complementaria, aumentando dicho rubro.

Ponerles impuesto al consumo de lujo y las muestras evidentes de riqueza acumulada.

Aplicar un impuesto al patrimonio por una única vez.

Rompimiento parcial del secreto bancario con propósitos tributarios.

Aprobar una ley para gravar las ganancias producidas en el exterior y repatriadas.

Que las contralorías de servicios pasen a ser entes adscritos de la Defensoría de los Habitantes.

Crear un fondo solidario para que personas físicas endeudadas no caigan en la pobreza sino que se les dé la posibilidad de reordenar sus deudas.

La Junta Directiva de SIPROCNP insta a la Junta Directiva de la Institución y a la Administración Superior, hacer un alto en este proceso. Lo que comenzó mal terminará mal. No le hagamos más daño al CNP y FANAL NI A LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.

La Institución necesita de una verdadera modernización, pero bajo un clima de transparencia, de diálogo, sin maltratos e imposiciones a los FUNCIONARIOS y FUNCIONARIAS, sin hostigamiento laboral, el CNP-FANAL NECESITA LIMPIARSE Y SANEARSE.

Una propuesta que responda a los verdaderos mandatos de ley al servicio del pequeño y mediano agricultor y agroindustrial. Esta ORGANIZACION ha sido propositiva en plantear verdaderas soluciones al problema financiero de la institución.

Se adjunta oficio de la Defensoría de los Habitantes

Este sábado 4 de febrero se inauguró la Copa Rotativa ANEP Siglo XXI, con el primer encuentro de fútbol entre las divisas de la Municipalidad de San José y Teletica Canal 7.

La ANEP promueve el deporte y la convivencia de la clase trabajadora con este campeonato de futbol, que vivió tiempos de mucha fama en décadas pasadas y trata ahora, con esta nueva edición, de revitalizar la importancia de tener este tipo de torneos.

El primer encuentro se llevó a cabo en la cancha del complejo deportivo de Plaza González Víquez. El compañero Albino Vargas Barrantes, dio unas palabras para inaugurar el evento, donde hizo énfasis en las expectativas de mejora del torneo, así como el pronto lanzamiento de la versión de la Copa para mujeres en formato de futsal.

El torneo consta de dos grupos de 6 equipos cada uno e inicia competencia el sábado 11 de febrero con la participación activa de todos los involucrados. En el partido inaugural la oncena de la Municipalidad de San José venció 4 tantos a cero a sus similares de Teletica Canal 7.

Nos inquietó, pues la inestabilidad política e ingobernabilidad que podría estallar era inminente. Múltiples intentos de solucionar la problemática se dieron de los más diversos sectores del cantón, mas todos ellos cayeron en la infructuosidad, por la falta de vocación para el diálogo y la poca o nula capacidad de tomar decisiones del alcalde y la injerencia de su esposa, la diputada Xinia Espinoza. Al no lograr mejorarse en nada la problemática acontecida, hizo que dicha situación creciera semana tras semana como una bola de nieve y que los manifestantes se cansaran de pedirle la renuncia al alcalde y enfocaron su presión sobre el Concejo Municipal a sabiendas de que este tenía la potestad de convocar a plebiscito para revocar el mandato del Alcalde, pues dicha responsabilidad era dada por la misma ley que fundamenta y regula el accionar de las municipalidades e intendencias del país; el Código Municipal. Tras mes y medio de tener el auditorio donde sesiona el órgano colegiado atestado de personas con pancartas y las más diversas manifestaciones, se dio la tan ansiada convocatoria a los electores para decidir en las urnas qué hacer con la crisis cantonal desembocada por don Luis Mendieta.

Llegado el día del plebiscito y tras superar este, gran cantidad de pruebas como las incontables apelaciones y recursos de amparo electorales presentados por la parte defensora del alcalde, los generaleños salieron a votar respondiendo a una convocatoria que estuvo marcada por la falta de recursos por parte del gobierno local para publicitar dicha consulta popular, pese a ello, cerca del 27% de los electores salieron de sus casas a plasmar su sentir en las urnas, cifra nada despreciable comparándola con el 36% del padrón que votó en las elecciones de 2010 en las que el alcalde Luis Mendieta fue electo y muy cercana al 28% de las elecciones municipales de 2006.

La contundencia del resultado disipó y calló las temerarias palabras de la diputada Xinia Espinoza, quien desde la víspera gritaba a los cuatro vientos que se estaba gestando un gran fraude, enlodando al mismo Tribunal Supremo de Elecciones con sus palabras. Y es que ese 81,5% de electores que se abocó por la opción del Sí, esas 21.766 personas que votaron para que el alcalde Mendieta se fuera, “_no se las baila nadie_”, o por lo menos eso pensábamos, pues había quedado más que claro el sentir del pueblo. El proceso del plebiscito fue sanamente custodiado y asesorado por el TSE y no existe hoy en día prueba alguna que demuestre impureza en el resultado y en todo el proceso, del cual llegamos a sentir orgullo.

Pero hoy, nuestro cantón y nuestro ser generaleño ha sido altamente agraviado, nos sentimos defraudados y desprotegidos por la ley, por un sistema que no hace otra cosa que contradecirse. La noticia de que la Sala Constitucional acogió para estudio una acción de inconstitucionalidad presentada por el Alcalde destituido, ha caído como un balde de agua fría a nuestra comunidad e ingratamente tuvimos la esperanza de que las cosas cambiaran para bien por muy pocos días, pues la consecuencia del actuar de la Sala fue dejar en el limbo la pérdida de credenciales del señor Luis Mendieta, atizando de esta manera la crisis cantonal en la que estamos metidos, abriéndole peligrosamente espacio a que la población disconforme tome medidas radicales.

No puedo dejar de cuestionar al igual que la mayoría de generaleños ¿de qué sirve que el Código Municipal permita los plebiscitos revocatorios, si cuando por primera vez se hace uso de lo dictado en el artículo 19, la Sala Cuarta abre un espacio de análisis que castiga al pueblo de Pérez Zeledón y que premia la mediocre función de Luis Mendieta? ¿Es que acaso el artículo 74 de la Ley de Jurisdicción Constitucional no le prohíbe a dicha Sala entrometerse en asuntos de este tipo? Que alguien me explique cómo interpretar esto: “_Art. 74. No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función electoral_”.

Lo cierto es que las consecuencias de dicha acción se nos han salido de las manos a quienes deseábamos salir de esta encrucijada elegantemente y apegados a las reglas que la democracia nos permitía, pero hoy, el único método de escape que existía, está en el limbo. ¡Tan linda nuestra Costa Rica, pero tan llena contradicciones!

Por el momento, lo que le queda a nuestro cantón es aguantarnos un alcalde que no fue capaz ni de ejecutar el 50% del presupuesto ordinario 2011, una huelga de empleados municipales, aguantarnos las montañas de basura que ingratamente este señor nos acostumbró a ver en nuestras calles, ver cómo nuestras asociaciones de desarrollo clamen por ayuda sin ser atendidas y cómo nuestros ganaderos pagan tarifas altísimas por el cierre del matadero municipal. Como individuos vamos a tener que seguir destruyendo nuestros vehículos por los huecos que don Luis no ha sido capaz de arreglar, y ver, impotentemente, cómo nuestra municipalidad va hacia un precipicio, todo ello a la espera de que un magistrado se tome el tiempo de resolver la tan lamentable acción de inconstitucionalidad o bien que el pueblo emule los peligrosos extremos de la primavera árabe. Algunos tendremos la satisfacción de que no nos quedamos callados e hicimos cuanto se pudo por resolver nuestro problema. Lo que venga en adelante será por obra del sistema.

Tristemente reconocemos y apreciamos el verdadero valor de lo que tenemos hasta que estamos a punto de perderlo. Ese fue el sentimiento que resultó de dos recientes experiencias que tuve en países con condiciones socioeconómicas muy diferentes. Estas me han hecho reconocer que en Costa Rica no valoramos los servicios que con mucho esfuerzo el ICE ha construido, fortalecido y defendido. Por eso quisiera compartir una breve reflexión sobre lo que estamos a punto de perder.

Por razones profesionales estuve una semana en Praga, tiempo suficiente para comprobar que el precio, la facilidad de acceso y la calidad de Internet no tienen nada que envidiarle al servicio que diariamente tenemos en Quepos, Los Chiles o en Talamanca. En el hotel donde me alojé cobraban, por el uso de Internet, 10 euros (más o menos ¢6600) la hora o 50 euros (más o menos ¢33.000) las 24 horas continuas a partir del pago. Aquí, en promedio ¢400 la hora. Ante tal desproporción, opté por usar un computador que estaba camuflado en el lobby. Lo mismo hicieron unos canadienses, un ingeniero hindú, un profesor gringo y una estudiante irlandesa. Todos obviamos un gran rótulo que nos recordaba que el acceso a Internet solo era por 10 minutos y para casos de emergencia. Tampoco fue sencillo usar Internet en restaurantes o cafés; 10 euros es el gasto mínimo para conseguir una contraseña. Extrañaba el hecho de que en muchos comercios de Tiquicia el acceso es gratis o basta comprar un café y una empanada para conectarnos.

La otra experiencia fue en Perú. Ahí, el acceso y la calidad de Internet no mejoraron. En el hotel, si más de cinco computadoras se conectaban, la señal colapsaba. Lo irónico es que el paisaje urbano y rural están saturados de signos de las dos empresas que actualmente compiten con el ICE. Ahí se pregona alta conectividad, bajas tarifas y otras artimañas de manipulación colectiva. Un colega peruano me comentaba que la privatización no ha sido sinónimo de progreso ni mejoramiento de la calidad de vida; el precio de la telefonía es prohibitivo para muchos habitantes y en amplias zonas siguen usando los bosques como fuente primaria de energía. El mercado eléctrico, las tarifas y, en general, la planificación del desarrollo energético está en manos de empresas privadas.

Por eso creo que no valoramos los esfuerzos que ha hecho el ICE por tener casi el 100% del país iluminado y conectado, con tarifas de telefonía entre las más bajas de Latinoamérica y con una matriz energética mayoritariamente renovable. Se nos olvida lo afortunados que somos al tener un modelo de desarrollo eléctrico en manos del Estado, profundamente solidario y en beneficio del país. Por eso no cambio al ICE, no quiero perder lo que como sociedad costarricense hemos construido.

Fuente: La Nación, 3 de enero del 2012