HNN: Mortalidad en cirugía cardiovascular. ¿Decesos infantiles que no debieron ocurrir?
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La Dirección de Apoyo al Consumidor, precisamente, realizó varios encuentros con la empresa, a la cual se le pidió respuesta en cuanto a los ajustes, sobre todo en poner a disposición de los consumidores listas de precios y productos por varios medios.
Sin embargo, la Dirección indicó que continúan las infracciones en cuanto a plazos promocionales y cantidades limitadas de producto, contrapuesto a la política de precios bajos todos los días, además de que la política de precios bajos no implica que un mismo producto se encuentre al mismo precio en dos supermercados del mismo nombre, por ejemplo Palí.
Tampoco, según el MEIC, se informa el precio anterior y el actual, además de que la información de las listas no siempre corresponde con la presentada en góndolas. También se pronuncia la Dirección de Apoyo al Consumidor sobre diferencias en la información sobre precios bajos, lo cual llevaría a confusión al consumidor.
Yolanda Fernández, gerente de Asuntos Corporativos de Walmart, explicó que ya revisan los señalamientos del Ministerio, con el fin de cumplir con el plazo de diez días dado por la entidad, a lo que consideró “asuntos de forma”.
Añadió que se deben a sus consumidores, y que tienen disposición de brindar información clara y precisa a estos, sobre el mencionado programa.
Fuente: La Prensa Libre
Aarón Sequeira
Jueves 14 de Julio de 2011
La Presna Libre
KRISSIA MORRIS GRAY
• Para empleados públicos
APRUEBAN DECRETAZO SALARIAL DEL 2,78%
El aumento salarial para los empleados del sector público será del 2,78% y se efectuó vía “decretazo” ejecutivo, pues la representación sindical estuvo en contra de la cifra propuesta por el gobierno ante la Comisión Negociadora de Salarios.
Según indicó Sandra Piszk, ministra de Trabajo y Seguridad Social, el ajuste aprobado corresponde a la inflación acumulada del primer semestre, con lo cual se respeta un acuerdo alcanzado en concertación nacional en 1998.
“Hemos señalado que no podemos ir más allá del 2,78%, consecuentemente cualquier propuesta al final sería difícil. El gobierno toma la decisión para no atrasar el proceso de pago”, apuntó Piszk.
La Ministra apuntó que el ajuste representa una inversión de ¢58 mil millones para el gobierno y se pagará de manera retroactiva a partir del 1° de julio, se hará efectivo en la segunda quincena de agosto, es decir dentro de más de un mes.
Al tiempo recalcó que en las entidades autónomas se mantiene la directriz presidencial aprobada el semestre anterior, donde se detalla que no podrán otorgar un porcentaje mayor al aprobado por el gobierno.
Piszk dijo que entre los tres poderes de la República el gobierno gasta ¢1,6 billones anualmente en salarios, de los cuales ¢800 mil millones se cubren con deuda.
CONVOCARÍAN HUELGA
Édgar Morales, Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), dijo que las organizaciones sindicales rechazaron la propuesta porque el ajuste no ayuda a mejorar la situación económica de las familias ante el creciente costo de vida.
Añadió que las agrupaciones solicitaron un alza del 7,5%.
“Lo que sigue ahora es que las organizaciones nos reunamos lo antes posible para ver si convocamos a una huelga nacional, pues no es justo que se siga con esta política restrictiva, que afecta la economía nacional y no contribuye a la economía local. El gobierno de Laura Chinchilla opta, una vez más, por llevar a Costa Rica por la senda de la desigualdad e inequidad”, afirmó Morales. En este sentido no descarta que otras organizaciones decidan aprovecharse de la huelga nacional del 19 de julio en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para manifestar su desacuerdo y exigir salarios más justos.
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La Prensa Libre
Miércoles 13 de Julio de 2011
Aumento salarial de 2,78% para el sector público
• Sindicatos amenazan con huelga
La negociación entre los representantes del Gobierno y los sindicalistas tardó más de dos horas
Luego de no llegarse a un acuerdo con la parte sindical, el Gobierno decretó la tarde de ayer un 2,78% de incremento salarial para el sector público.
La propuesta fue presentada ante la Comisión Negociadora de Salarios y una vez que se dio a conocer fue rechazada de una por la parte sindical.
La ministra de Trabajo, Sandra Piszk, señaló que con este porcentaje se está respetando el acuerdo suscrito por ambas partes en agosto de 2007 y que permanece vigente, el cual señala que “el poder ejecutivo reconocerá la inflación acumulada y conocida del semestre anterior al momento de la fijación”.
“El gobierno ha señalado permanentemente que respetará los acuerdos aun cuando estamos en una situación fiscal sumamente complicada. El incremento que se está haciendo con ese 2,78% le cuesta al país 58 mil millones de colones. Además, los salarios del sector público anualmente le cuestan al país 1,6 billones de colones la mitad de lo cual, es decir, 800 mil millones de colones se financia con deuda”, indicó la Ministra.
La jerarca explicó que a diferencia con el sector privado los empleados públicos cuentan con varios pluses salariales, como anualidades y la dedicación exclusiva, que permiten que el salario promedio se incremente anualmente gracias a ellos.
“Nosotros hicimos varios ejercicios precisamente preocupados por los trabajadores de menores ingresos y de acuerdo con las informaciones de servicio civil el promedio de los trabajadores misceláneos, o sea, los de más bajos ingresos, es de 13 años de servicio con lo cual al salario de contratación que es alrededor de 220 mil colones se le agrega después de esos 13 años esas anualidades y obviamente el salario escolar lo que al final ese monto se convierte en 295 mil colones. Por eso el incremento de 2,78 % no solamente impacta la base sino que aumenta toda la cadena de pluses salariales”, explicó Piszk.
Sindicatos inconformes
Los diferentes representantes del gremio sindical se mostraron inconformes con el aumento, que empieza a regir en el segundo semestre, y hasta amenazaron con sumarse a la huelga convocada por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) para el próximo martes 19 de julio.
Un grupo de trabajadores se mantuvo en las afueras de la sala de exministros del Ministerio de Trabajo con pancartas y carteles mientras se llevaba a cabo la reunión para protestar en contra del aumento.
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La Nación
JUEVES 14 DE JULIO DEL 2011
Alza se hará por decreto tras negociación fallida con sindicatos
Trabajo fija aumento de 2,78% para sector público
Representantes sindicales anuncian huelgas tras esa decisión
Gobierno defiende ajuste y alega que costará unos ¢58.000 millones
El salario base para los 175.000 empleados del sector público aumentará un 2,78% para el segundo semestre del 2011.
Con el incremento, un trabajador recibirá ¢2.780 adicionales por cada ¢100.000 ganados.
El porcentaje lo estableció ayer el Gobierno tras una negociación fallida con los representantes sindicales y, por ello, lo fijará vía decreto.
La ministra de Trabajo y Seguridad Social, Sandra Piszk, señaló que el ajuste le costará al país ¢58.000 millones anuales y que cada año el Gobierno desembolsa ¢1,6 billones para pagar los salarios de todo el sector público.
La mitad de ese gasto, equivalente a ¢800.000 millones, se financia con deuda.
Piszk aseguró que el monto respeta el acuerdo suscrito entre el Estado y los trabajadores en el 2007, según el cual el Ejecutivo debe reconocer la inflación acumulada del semestre anterior.
“En el sector público, a diferencia del privado, el ajuste se hace de manera general porque al salario base se le adicionan varios pluses salariales como las anualidades (para los trabajadores no profesionales) y la dedicación exclusiva (para los trabajadores profesionales)”, agregó la ministra.
Sin acuerdo. Las organizaciones gremiales calificaron el aumento de insuficiente y amenazaron con organizar huelgas. El secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Édgar Morales, lamentó que el ajuste se calcule con base en la inflación vencida.
“Esto significa seguir empobreciendo a la clase trabajadora, ya que con esta fórmula jamás se recupera lo perdido en los últimos seis meses”, dijo Morales.
Aunque no se refirió a un porcentaje concreto, Morales indicó que los sindicalistas pidieron un ajuste adicional por el crecimiento en el producto interno bruto, pero no se concedió.
Por ello, los representantes de los trabajadores se reunirán para determinar qué medidas tomar.
El incremento para los salarios mínimos del sector privado se determinó en junio con un aumento del 3,5% para los empleados de menores ingresos.
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AL DÍA
14 de julio de 2011
“No podemos aceptar aumentos autoritarios”
El Secretario General Adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, Edgar Morales, dijo que como movimiento sindical no pueden permitir el 2,78 por ciento de aumento salarial que decretó el gobierno este martes.
“Estamos convocando la dirigencia para tomar una decisión conjunta.
“A título personal le digo que no puede ser que, como movimiento sindical, dejemos que la presidenta siga tomando las decisiones de política salarial de forma autoritaria, vertical y por la vía del ‘decretazo’, sin buscar acuerdos”, dijo Morales.
Antenoche, en el Ministerio de Trabajo, representantes del Gobierno y de los sindicatos públicos no llegaron a un acuerdo y vía decreto se dispuso un 2,78 por ciento de aumento para unos 150 mil trabajadores que, según la ANEP, representan.
La Ministra de Trabajo, Sandra Pisk, aseguró que con el incremento el Poder Ejecutivo reconoce la inflación acumulada del semestre anterior.
Reconoció que la situación fiscal del país es muy complicada y dijo que no hay ajustes diferenciados porque en el sector público existen varios incentivos como las anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional.
Los sindicatos pedían al menos un dos por ciento de la inflación proyectada o que se reconociera a los trabajadores algo ante el incremento del Producto Interno Bruto (PIB).
Fuente: Al Día
Hugo Solano
San José, 11 de julio de 2011.
Honorables señores y señoras
Abundio Gutiérrez Matarrita, Presidente
María del Milagro García Bolaños, Vicepresidente
Carlos Eduardo Arce Arce, Secretario
Sonia Rodríguez Quesada, Directora
Geovanna De Mendiola Sánchez, Directora
Marcela Angulo Grillo, Directora
Rodolfo Tabash Pérez, Director
Norman Henry Walcott, Suplente
Marco Román Carvajal, Suplente
Junta Directiva
Junta de Protección Social (JSP)
Presente
Estimadas señoras y estimados señores:
Con gran respeto para sus dignas autoridades y ostentando la representación legítima del personal institucional de la Junta de Protección Social, acudimos ante ese órgano directivo dignamente integrado por sus ilustres autoridades, para que se abra un diálogo respetuoso, fructífero y transparente, acerca del futuro mediato e inmediato de nuestra querida Institución; considerando que nuestros buenos oficios al respecto no han recibido el tratamiento esperado por parte de la Gerencia General, en la persona de su jerarca, don Francisco Javier Ibarra Arana, quien, incluso, en nuestra percepción, desvalorizó el relevante papel de buen componedor que la ley le otorga al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); ente al cual acudimos para que mediara entre él y la representación laboral, aceptándose al inicio por las partes su intervención, pero que la patronal, la Gerencia General, en la segunda sesión, descartó, prácticamente; alegando que no tendría potestades suficientes para un diálogo productivo con una negociación efectiva, argumento que, respetuosamente indicamos, no nos convence.
Como es bien sabido, la JPS es una institución benemérita del patrimonio nacional republicano que nos fuera heredado por las generaciones anteriores y que, por tanto, a todos y a todas nos compete preservar. Se está pensando en una serie de transformaciones para la misma que, desde la perspectiva laboral involucra temas como la privatización segmentada, la estabilidad laboral y la preservación del empleo, deudas salariales, recalificación técnico-profesional y otros, todo lo cual ha de impactar, de una manera u otra, a la población dependiente de las transferencias financieras de la JPS; población que como bien sabemos está compuesta por ciudadanos y por ciudadanas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Adicionalmente, hemos sostenido conversaciones que han dejado planteadas varias inquietudes que nos ha formulado el honorable cuerpo de personas trabajadoras vendedoras de lotería, las cuales, como parte de la dinámica institucional, desean plantear ante vuestras autoridades y en compañía de la ANEP esas preocupaciones que serían consideradas como parte del diálogo y de la eventual negociación que por esta vía estamos solicitando.
En espera de una favorable acogida a nuestra petición, dejamos constancia por esta vía de que solicitamos se nos reciba en audiencia para ampliar sobre estas delicadas situaciones; despidiéndonos con las muestras reiteradas de nuestro mayor respeto y consideración,
Daniel Prendas Marín
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-JPS Ronald Barrantes Moya
Directivo Nacional ANEP
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Licda. Sandra Pizsk Feinzilber, Ministra de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
cc.: Personal de la Junta de Protección Social (JPS).
cc.: Honorables señores y señoras, cuerpo de vendedores y vendedoras de Lotería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-JPS.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.
La presidenta Cristina Fernández firmó el pasado 5 de julio un decreto que prohíbe en todo el país la publicación de avisos de comercio sexual. La medida apunta a combatir la trata para explotación sexual y constituye un duro golpe contra la discriminación de género. La publicidad de oferta sexual, según se desprende de los fundamentos del decreto,* contribuye a denigrar la condición femenina* y afirma la idea de la mujer como un mero objeto de consumo.
La jefa de Estado aclaró, en ese sentido, que “no es una condena a las mujeres” que “son objeto de este comercio” sino “a los medios” que publican los avisos y “a los que instrumentan” la explotación sexual. La iniciativa afectará a numerosos medios de comunicación que facturan abultadas cifras por esas publicidades.
La presidenta añadió que “la oferta sexual, fundamentalmente publicada en el rubro 59, no solamente es un vehículo en la comisión del delito de trata de personas, sino también es una profunda discriminación hacia la condición de la mujer”. Criticó además “la doble moral y la hipocresía” de ciertos medios que en sus primeras planas denuncian el problema de la trata y en las páginas de clasificados “lucran” con los avisos de oferta sexual que les dejan “pingües ganancias”.
Al inicio del acto se pasó un video donde se mostraron artículos de Clarín que reclamaban medidas contra la trata y luego numerosos anuncios de su famoso rubro 59, de avisos de comercios sexual.
La mandataria firmó el decreto en el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada. De acuerdo a la crónica efectuada por el matutino Página 12, en la primera fila se encontraba Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven tucumana desaparecida a manos de mafias de la prostitución, emblema de la lucha contra la trata en el país; a su lado estaba Eva Giberti, titular del Programa Las Víctimas contra las Violencias, de quien dependió originalmente la Oficina de Asistencia a Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Muy cerca de ellas, el juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, y la abogada Perla Prigoshin, titular de la Comisión de Acción para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género. Este organismo se encargaría de recomendar un régimen de sanciones a la violación del decreto, que debe establecer el Ministerio de Justicia.
El salón estaba colmado de integrantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan por los derechos de las mujeres, y de activistas por la diversidad como Lohana Berkins, y la pareja formada por Alex Freire y José María Di Bello, primer matrimonio igualitario en Argentina.
La prohibición de los avisos de comercio sexual es un reclamo de amplios sectores del movimiento de mujeres. La medida será de aplicación en todo el país. La norma crea además una Oficina de Monitoreo de la Publicación de los Avisos de Oferta de Comercio Sexual en el ámbito del Ministerio de Justicia, que deberá vigilar el cumplimiento del decreto en forma articulada con la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que encabeza Gabriel Mariotto, y el Consejo Nacional de las Mujeres.
Textualmente el decreto 936 dice: “Se prohíben los avisos que promuevan la oferta sexual, con la explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina eliminación de las formas de discriminación de las mujeres”.
La Presidenta sostuvo que “con la firma de este decreto hemos dado un gigantesco paso no solamente en la lucha contra la trata de personas, contra la discriminación”. Indicó además que los avisos de comercio sexual suponen una “humillación a la condición femenina”, al mostrar a las mujeres “como objetos de consumo únicamente (…) Esta es una de las tantas discriminaciones de la mujer. No creo que sea la única. Pero tal vez sea la más humillante”.
La medida obtuvo un contundente respaldo de la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay.* “Esos avisos tratan a la mujer como mercancía”* dijo la magistrada días después del anuncio presidencial. También explicó que la decisión no limita la libertad de expresión: “los medios no se van a poder defender contra esta medida porque acá no hay opiniones, de modo que no se atenta contra la libertad de expresión. Lo que estamos coartando es la propaganda de una mercancía prohibida. Celebro la medida del Gobierno”.
Desde las empresas mediáticas se atacó la resolución presidencial. Las empresas comunicacionales que ostentan una posición dominante en el mercado y que obtienen grandes ganancias por la venta de avisos de oferta sexual relativizaron la eficacia del decreto y esgrimieron una supuesta violación a la libertad de expresión.
El flamante decreto tiene como fundamento dos leyes, la Nº 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y la Nº 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Ambas fueron aprobadas por el Congreso Nacional en 2008 y 2009 respectivamente, durante la gestión de Cristina Fernández.
Desde la entrada en vigencia de la ley contra la trata, en abril de 2008,* se rescataron 2221 personas,* de acuerdo con las estadísticas de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por ese delito.
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Ampliación de derechos en Argentina II
Soy una Persona, no una cosa
El monopolio, y muchos aliados menores en la prensa hegemónica, quieren convencernos de que la prohibición de publicitar servicios sexuales se trata de una medida destinada damnificar al grupo Clarín. Esta decisión de Cristina Fernández no es la primera contra la trata de personas que se toma en su gestión.
Por Paola Ortiz | Desde Mendoza, Argentina
Desde que el 6 de Julio pasado la presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció en el Salón de las Mujeres Argentinas de la Casa Rosada la firma del decreto 936/2011, quedaron prohibidos todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas, resulten engañosos y tengan por fin último la realización de alguna de las actividades vinculadas al comercio sexual.
Además, el decreto contempla la creación de una oficina de monitoreo del tema en el ámbito del Ministerio de Justicia, que, conjuntamente con el Consejo Nacional de la Mujer y otros organismos, puedan articular una eficaz tarea en la lucha contra la trata de personas.
Pero, pese a los titulares destacados que pudieron leer y oírse en los días posteriores al anuncio respecto de que esa medida del Estado argentino atenta contra la libertad de expresión y el lucro empresarial de los medios gráficos, este decreto es complemento de normas ya vigentes.
El caso más notable de normativas ya existentes es el de la ley 26.364, que fuera sancionada en abril de 2008. Sus autoras fueron la entonces senadora nacional, Marita Perceval –actualmente se desempeña en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación- y la actual ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner.
Esa ley busca tanto prevenir y sancionar la trata de personas; así como asistir y proteger a sus víctimas. Esta ley adhiere a la definición dada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) donde se expresa que “por trata de personas se entenderá la captación el transporte, el traslado, la acogida o recepción de personas recurriendo a la amenaza o abuso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación aún cuando existiere asentimiento de esta”.
La norma tipifica la trata de personas como un delito federal donde se castiga a los responsables con una pena de 3 a 15 años de prisión y plantea la creación de organismos del Estado para brindar asistencia y protección a las víctimas.
En esa misma ley se estipula que las personas en situación de trata deben recibir alojamiento, asistencia psicológica, médica y jurídica gratuita. Las victimas deben prestar testimonio en condiciones de protección y asegurar la no represalia contra su persona o su familia, y proteger su identidad e intimidad. En ningún caso las víctimas serán punibles y es obligación de los representantes diplomáticos y consulares proveer asistencia a los y las ciudadanas argentinas que se encuentren fuera del país.
Si bien los esfuerzos realizados en el mundo contra la explotación sexual son muchos, la oficina de la ONU contra la droga y el delito de trata, estima que éste último es uno de los crímenes más lucrativos en el mundo, sólo superado por el tráfico de drogas. Supone la disposición de alrededor de 2,5 millones de personas y produce ganancias por sobre los 32 millones de dólares por año. El 79 por ciento de ese total proviene de la explotación sexual de mujeres. En América Latina se estima que entre 700 mil y 2 millones de personas son víctimas de trata cada año
Desde la sanción de la ley 26.364, el Estado Argentino rescató a 2.221 personas, unas 1044 en los últimos 5 meses. Sin embargo, estas como tantas otras medidas pierden valor cuando encuentran en la sociedad la complicidad para naturalizar un delito. De allí que la manifestación expresa de la mandataria en contra de ese delito, y su vinculación con el derechos de las mujeres a no ser maltratadas ni discriminadas por su género se considera un paso imprescindible en la construcción de sentidos que complementen las normativas.
Según Sara Torres, Integrante de la Coalición Contra la Trata de Personas, “los prostíbulos y proxenetas están legitimados por un consenso social en relación con que el consumo de cuerpos de mujeres en prostitución es natural, siempre ha existido y siempre va a existir. Lo visible es la mujer prostituida, y no la existencia de la demanda y de los proxenetas, el patriarcado y el sistema capitalista legitiman la explotación y la opresión de los hombres sobre las mujeres. Muchas mujeres, niñas y adolescentes son engañadas o forzadas a golpes y torturas a prostituirse. Este “negocio” ilegal se potencia por el capitalismo y la globalización, donde el trabajo esclavo, en cualquiera de sus formas, es “rentable”.
El evento fue organizado por Frontline Club, una organización fundada por corresponsales de guerra, en parte como homenaje a los muchos compañeros muertos mientras realizaban su trabajo en el frente de batalla. El co-fundador de Frontline Club, Vaughan Smith, miró el inusual cielo despejado con inquietud, y dijo “Los londinenses nunca van a un evento en un lugar cerrado en un día como este”. A pesar de años de experiencia brindando información certera desde Afganistán a Kosovo, en este caso la apreciación de Smith fue equivocada.
Alrededor de 1.800 personas asistieron al evento, prueba del enorme impacto que ha tenido WikiLeaks desde que denunció la tortura y la corrupción utilizadas para derrocar gobiernos.
Assange está en Inglaterra a la espera de una audiencia judicial que se realizará el 12 de julio en la que se tratará su posible extradición a Suecia, ya que es requerido por ese país para ser interrogado con relación a un supuesto caso de abuso sexual. Si bien no se presentaron cargos formales en su contra, se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace más de seis meses, lleva un brazalete electrónico y debe presentarse diariamente en la estación de policía de Norfolk.
WikiLeaks fue oficialmente lanzado en 2007 y tiene como objetivo recibir información secreta filtrada por informantes, utilizando la última tecnología para proteger la identidad de las fuentes. La organización ha logrado cada vez mayor reconocimiento mundial con la sucesiva publicación de grandes cantidades de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos vinculados a las guerras de Irak y Afganistán, y miles de cables de las embajadas de Estados Unidos en todo el mundo.
De los partes confidenciales de ambas guerras, Assange dijo que “proporcionaron una idea de la sordidez de la guerra: desde los niños que son asesinados en los controles al borde de la carretera a las miles de personas que son entregadas a la policía iraquí para ser torturadas, pasando por lo que realmente significa el llamado “Apoyo aéreo cercano” (CAS, por sus siglas en inglés) y cómo se realiza el combate militar moderno, y la vinculación de eso con otra información como ese video que descubrimos de los hombres que se rinden y son igualmente atacados”.
Los cables del Departamento de Estado están siendo publicados poco a poco, generando una fuente permanente de vergüenza para el gobierno de Estados Unidos e inspirando indignación y protestas a nivel mundial, ya que los cables confidenciales revelan las operaciones secretas y cínicas de la diplomacia estadounidense. El “Cablegate”, como ha sido denominada la mayor revelación pública de documentos del Departamento de Estado en la historia de Estados Unidos, fue una de las chispas que encendió la Primavera Árabe. Los tunecinos y yemeníes que vivían bajo regímenes represivos en Túnez y Yemen, por ejemplo, sabían que sus gobiernos eran corruptos y crueles. Pero leer los detalles y ver hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos apoya a estos dictadores ayudó a iniciar la revuelta.
De manera similar, los miles de cables vinculados a Haití analizados por el periódico independiente Haiti Liberte y la revista The Nation revelaron la amplia manipulación estadounidense de la política y la economía de ese país. (Esta columna fue mencionada en uno de los cables sobre Haití en el que se hacía referencia a nuestro informe sobre quienes criticaban la actitud del gobierno de Obama de negar tras el terremoto las visas de 70.000 haitianos que ya habían sido aprobadas). Una serie de cables detalla los intentos de Estados Unidos de obstaculizar el envío de petróleo subsidiado desde Venezuela para proteger los intereses comerciales de Chevron y ExxonMobil. Otros cables muestran la presión realizada por Estados Unidos para evitar un aumento del salario mínimo en Haití a pedido de las empresas de indumentaria estadounidenses. Estamos hablando del país más pobre del Hemisferio Occidental.
Como consecuencia del papel desempeñado como redactor en jefe de WikiLeaks, Assange ha recibido reiteradas amenazas y hasta incluso pedidos de que se lo asesinara. El Vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, lo calificó de “terrorista de alta tecnología”, mientras que Newt Gingrich dijo: “Julian Assange está involucrado en el terrorismo. Debería ser tratado como un combatiente enemigo, y WikiLeaks debería ser clausurado en forma definitiva”.
De hecho, los intentos realizados hasta el momento de cerrar WikiLeaks han fracasado. Bank of America habría contratado a varias empresas privadas de inteligencia para coordinar un ataque contra la organización, de la que se dice que tiene una gran cantidad de documentos que revelan actividades potencialmente fraudulentas del banco. WikiLeaks también acaba de demandar a MasterCard y Visa, que dejaron de procesar las donaciones realizadas con tarjetas de crédito a través de su página web.
El proceso de extradición plantea una amenaza aún mayor para Assange: teme que Suecia lo extradite luego a Estados Unidos. Teniendo en cuenta el trato recibido por el soldado Bradley Manning, acusado de filtrar muchos documentos clasificados a WikiLeaks, Assange tiene motivos razonables para temer. Manning estuvo recluido en aislamiento durante casi un año, en condiciones que muchos afirman son similares a la tortura.
En el evento en Londres, el apoyo a WikiLeaks fue impresionante. Pero Julian Assange no podía quedarse a conversar una vez terminada la conferencia. Tenía apenas el tiempo suficiente para regresar a Norfolk y retornar a su arresto domiciliario. Más allá de lo que le suceda a Assange, WikiLeaks ha cambiado al mundo para siempre.
*DEMOCRACY NOW!
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now!
Acompañado de dirigentes sindicales y de trabajadores del cantón de Sarapiquí, el diputado José María Villalta, del Partido Frente Amplio, dio a conocer hoy, en conferencia de prensa, que los tribunales de Trabajo han fallado, en sentencia firme, a favor de trabajadores que sufrieron persecución sindical y fueron despedidos por empresas piñeras proveedoras de las transnacionales Del Monte, Dole y BANACOL, las cuales actuaron contra la Constitución Política, el Código Laboral y Convenios de la OIT.
Aun así, algunas de estas empresas se resisten a acatar las sentencias de los tribunales y a restituir a los trabajadores en sus puestos laborales y a reintegrarles los salarios respectivos, denunció.
En el caso de la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A., proveedora de la transnacional Del Monte, en el 2009, el Sindicato Industrial de Trabajadores Agrícolas, Ganaderos y Anexos de Heredia (SITAGAH), inició un proceso de organización y de afiliación de trabajadores. Sin embargo, la empresa reaccionó desmejorando las condiciones trabajo y los salarios, eliminando las horas extras, hostilizando verbalmente e incluso despidiendo a los trabajadores que procedieron a organizarse.
Ante esto, la organización sindical interpuso, primero, una denuncia ante la Inspección Nacional de Trabajo, instancia que constató la persecución sindical y los despidos de trabajadores por el solo hecho de ejercer su derecho humano a afiliarse a un sindicato. Luego, presentó 20 procesos judiciales, siete de los cuales ya han sido fallados, a favor de aquellos, y por los cuales se condena a la empresa a reintegrarlos y pagarles los salarios caídos.
En dos de estos procesos, las sentencias han sido confirmadas en segunda instancia y ya se encuentran firmes. Sin embargo, en dos ocasiones (18 y 23 de junio de 2011) la empresa PIÑALES DE SANTA CLARA S.A. se ha negado a reinstalar a los afectados, desobedeciendo flagrantemente la orden de los tribunales de justicia, denunció el diputado Villalta.
En el caso de la empresa COLLIN STREET BAKERY, (CORSICANA) proveedora de la transnacional DOLE, fue condenada en primera instancia por persecución sindical y prácticas laborales desleales, proceso que todavía se ventila en los tribunales.
El Departamento de la Inspección Nacional del Trabajo verificó la existencia de persecución sindical, prácticas laborales desleales, despido de trabajadores por ser afiliados al sindicato, por obstaculizar el paso a los dirigentes sindicales para atender a los afiliados, entre otras violaciones que constan en una resolución del Ministerio de Trabajo con fecha 26 de julio del 2005.
A pesar de tener este historial, esta empresa ha sido certificada e inclusive premiada por la iniciativa de comercio justo FLO CERT y por Fair Trade USA, denunciaron los trabajadores.
En el caso de INDACO HORQUETAS, empresa piñera que también es proveedora de Dole, SITAGAH inició un proceso de afiliación sindical, en el 2009. “_Desde entonces, ha procedido a despedir a una gran cantidad de trabajadores sindicalizados, con y sin responsabilidad patronal, utilizando toda clase de maniobras_”, explicaron los dirigentes sindicales.
En el caso de AGROINDUSTRIAL SAN CAYETANO S.A., de la compañía colombiana BANACOL, hace tres años “_inició el proceso de acosar, discriminar, desmejorar salarios e incluso despedir a prácticamente a todos nuestros afiliados y hoy seguimos procesos en los tribunales de trabajo los cuales ya han fallado de forma favorable para los trabajadores en primera instancia_”, dijo un dirigente de SITAGAH.
Los sindicalistas y trabajadores también denunciaron que estas empresas utilizan agroquímicos altamente peligrosos, como CLOPHIFOS y BROMACIL, los cuales causan serios daños a la salud, como cáncer al estómago.
El diputado Villalta también denunció la actitud pasiva del Ministerio de Trabajo, “_pues no tutela los derechos de los y las trabajadoras de forma efectiva. De ahí que se dan una serie de limitaciones para las organizaciones sindicales y sus afiliados, que les han obligado a recurrir a los tribunales. Es importante que la OIT y las personas consumidoras de piña, en Estados Unidos y Europa, conozcan esta realidad, de modo que también sumen sus esfuerzos para evitar que se sigan violando los derechos humanos y laborales en Costa Rica_”, expresó.
Hablamos del ataque que recibe, de las intensiones de algunos políticos empresarios para que cambie el modelo de atención, buscando un peligroso giro hacia lo privado para favorecer negocios con la salud del pueblo costarricense, también recordamos como se metió la corrupción e hizo estragos con las compras de equipos y almacenamiento de medicamentos hecho que quedará co una mancha en la historia patria.
Evidenciamos también la indolencia del Estado, principal moroso de la CCSS, que incumple las leyes para su fortalecimiento y que en lugar de tender su mano, le safa la tabla y fomenta el clientelismo político, evadiendo con ello su responsabilidad constitucional.
Pero lo más importante que señalamos fué la necesidad de la unidad en torno a la defensa de la CCSS, institución benemérita, patrimonio del pueblo costarricense.
SURGE COALICIÓN EN DEFENSA DE LA CCSS
A propósito de nuestra humilde apreciación y de los vaivenes a lo interno de la institución, las organizaciones sindicales de la CCSS, logramos a principios del presente año, la conformación de la FOCASS (Federación de Organizaciones de la CCSS y la Seguridad Social) organismo sindical que tiene como objetivo principal el generar las condiciones necesarias para la articulación de fuerzas sociales en la defensa de la CCSS. Los frutos de dicha iniciativa dan los primeros resultados y se vislumbra un crecimiento de dimensiones insospechadas del agrupamiento en torno a la institución más querida de los costarricenses la Caja Costarricense del Seguro Social.
Actores Sociales del sector magisterial, del sector ecologista, sector campesino, del sector comunal, de la iglesia cotólica, de algunos partidos políticos, de los comités patrióticos y evidentemente de las organizaciones sindicales de la CCSS, son quienes inicialmente nos integramos para la creación de este tejido social, alianza que es solo el punto de partida y que admite a toda organización que se sienta comprometida con perpetuar en el tiempo los servicios que brinda la institución y garantizarla vigorosa,solida,economicamente sana, con carácter público, fortalecida, con una gestión basada en la excelencia y que permitta servicios de salud a los costarricenses con calidad y oportunidad.
El Seguro de Enfermedad y Maternidad SEM ( Seguro de Salud ), fortalecimiento de la atención de Salud
La cobertura de este seguro es fundamental para la población costarricense y su fortalecimiento es una tarea de primer orden, especialmente lo relativo al Primer Nivel de Atención- Ebais y Clinicas-, como una forma de aprovechar mejor los recursos institucionales disponibles en el plano de la prevensión y el combate de las enfermedades y de la atención a la maternidad.
Asimismo mejorar sustancialmente el segundo nivel de atención Hospitalario dotar de los recursos necesarios, humanos, materiales y tecnológicos que modernicen la atención y eleven la calidad de los servicios que se brindan.
Gestión Administrativa
Mejorar la gestión administrativa es fundamental, debe revisarse el sistema existente desde la misma estructura de mando institujcional, nos cuestionamos la conformación de la Junta Directiva, el rol de la Presidencia Ejecutiva y del Cuerpo Gerencial, creemos que es momento de desiciones que den mayor participación ciudadana, de construir mecanismos de Rendición de Cuentas y de definiciones políticas para la revocatoria de mandato para jerarcas que incumplan o sean deficientes en su gestión.
Despolitizar la institución, evitando el clientelismo político y por tanto la injerencia de intereses ajenos a la institución.
El Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte IVM
Mejorar la captación de recursos, combatiendo la morosidad, la evasión y la sub declaración patronal. Penalizar con carcel a quienes incumplan con la seguridad social.
Que el Estado pague los 800 mil millones que le debe a la Caja
En la misma linea diversificar la cartera de inversiones, evitando que el Estado tenga los fondos del sistema como su “caja chica“ tal y como sucede actualmente que las inversiones se dan en bonos de Hacienda, los que resultan incobrables y sustentan una actividad que le causa gran inestabilidad económica al fondo de IVM.
Somos de la idea que la CCSS debe realizar inversiones en Deuda Interna,en construcción de Obra Pública de diversa naturaleza,con ello hasta gana el país, debido a que resultaría innecesario el endeudamiento externo y se fortalece el desarrollo nacional.
Igualmente al Seguro de Salud, que los políticos saquen sus sucias manos de la institución y dejen el manoseo de los fondos de jubilación de IVM de la clase trabajadora cotizante.
Reto Público a las actuales autoridades de la CCSS
Es momento de lanzar un reto a las actuales autoridades de la CCSS, para que se abra al debate con las organizaciones de la sociedad civil,debatir sobre la institución que tenemos, la que queremos y la que heredaremos a las generaciones venideras, es urgente. Las organizaciones que conformamos el bloque en Defenza de la Caja estamos listas para la propuesta, para el diálogo franco, transparente,constructivo, respetuoso y de cara a la opinión pública.
Si la institución está en crisis todos tenemos la obligación de salir en su auxilio,de buscar las mejores soluciones para CUIDAR A QUIEN NOS CUIDA.
LA CCSS ES LA FRONTERA….
Giovanny Ramírez Guerrero
San José, 5 de julio de 2011.
S.G. 09-11-1771-11
¡URGENTE!
Honorables señores
Junta Directiva
Consejo Nacional de Producción (CNP)
Su despacho
Estimados señores
Antes que todo, reciban respetuosos y atentos saludos de nuestra parte.
Con gran preocupación nos hemos enterado por diferentes medios de la decisión que ha tomado la administración superior del CNP, de proponer a esa honorable Junta Directiva, la venta de los terrenos donde esta ubicado el Plantel Central del CNP.
Somos conocedores de la importancia que tiene el CNP en la provisión de servicios al agricultor en diferentes áreas y, sobre todo, en la vigilancia de la seguridad alimentaria nacional, por lo que una decisión de esa índole afectaría la estabilidad del Sector Agropecuario Nacional.
Vender una propiedad para destinar los recursos al pago de un alquiler no suena razonable, y menos aun cuando no queda claro el tema del precio en que se estaría pactando. Según se ha mencionado en diferentes medios de prensa y en la Asamblea Legislativa, el precio podría ser inferior al valor comercial que se estima para esos terrenos.
Consideramos que las razones de tipo financiero que se argumentan por parte de la Administración Superior del CNP, no son suficientemente sólidas para tomar la decisión por parte de esa Junta Directiva de vender esa propiedad; no solucionan el problema financiero, por el contrario lo agravan, generan inestabilidad y afectan al pequeño y mediano productor, porque es bien conocido que la comercialización y el valor agregado están entre los principales problemas que enfrentan los agricultores y las agricultoras a resolver por el CNP.Es razonable la preocupación de la Administración por la situación financiera del CNP, pero es lamentable que no se evidencien esfuerzos consecuentes con esa situación, como un plan de contingencia integral, y la presentación de proyectos de ley tendientes a subsanar esa falta de recursos.
Es por ello que nos oponemos a la venta de los terrenos del Plantel central del CNP. A cambio, estaríamos en la mejor disposición de apoyar los esfuerzos en el análisis a profundidad sobre opciones orientadas al fortalecimiento de esta institución.
Considerando la autonomía que cada uno de ustedes tiene, según la ley en la toma de decisiones en el seno de esa Junta Directiva, es que le solicitamos, vehementemente, que analicen y reconsideren la decisión respecto a la venta del Plantel Central del CNP, en el entendido de que siempre hay otras opciones en cuya búsqueda ofrecemos nuestra contribución solidaria.
Con la mayor consideración,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República.
cc.: Señores diputados y señoras diputadas, Comisión de Asuntos Agropecuarios, Asamblea Legislativa.
cc.: Personal del Consejo Nacional de Producción (CNP)
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Archivo.
APROBADA LEY PARA GARANTIZAR FINANCIAMIENTO PERMANENTE A LAS JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE COLEGIOS PÚBLICOS
La iniciativa fue presentada originalmente por el exdiputado Quírico Jiménez, que a su vez lo retomó de un proyecto presentado por ciudadanos ante la oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Al ser archivado el proyecto, por término del plazo cuatrienal, el año 2008 el Frente Amplio lo replanteó y lo presentó su entonces diputado José Merino del Río.
Para el diputado frenteamplista, José María Villalta, “esta disposición es fundamental para solventar los serios problemas que sufren los centros educativos de la enseñanza media pública, que por razones que se desconocen, la norma aprobada en 1995 dejó por fuera.”
La Ley 7552 disponía que las municipalidades destinaran por lo menos el diez por ciento (10%) de los ingresos recibidos por impuestos sobre bienes inmuebles, para subvencionar a las Juntas de Educación de las escuelas de su respectiva jurisdicción territorial, sin embargo se había dejado por fuera, por error, a las Juntas Administrativas que administran a los colegios de la educación media.
“Con esta Ley, fortalecemos nuestro sistema de educación pública, como herramienta fundamental para superar la pobreza y alcanzar el progreso de nuestro pueblo”, dijo el diputado Villalta.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
