Categoría: Incidencia

– Ésta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente.

– ¿Ahora veremos quien se impone o el monopolio de importadores de venenos (PAC, PUSC, PLN y MAG) o la salud pública y la ciencia?

En el más reciente informe técnico del Ministerio de Salud (MINSA),  así como del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), le dan la razón a las comunidades de la zona norte de Cartago; que viene solicitando, desde hace más de tres años,  la prohibición del agroquímico Clorotalonil, por la contaminación de mantos acuíferos

La organización comunitaria Frente EcoCipreses no sólo hizo pública la contaminación del agua que consume la comunidad de Cipreses de Oreamuno, ubicada en Cartago, con derivados de la molécula del Clorotalonil, también, ha liderado una campaña nacional por su prohibición. Este colectivo fue el primero en alzar la voz en 2020 cuando se dieran a conocer los resultados de los análisis de agua realizados por el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), que demostraban la presencia en del líquido vital de metabolismos secundarios del fungicida carcinogénico.

Hay que recordar, que el Clorotalonil ha sido prohibido en otras latitudes, precisamente por ser un peligroso agrotóxico muy contaminante y que es sospechoso de dañar la salud humana, contaminar el agua, aire y matar peces, abejas, aves y anfibios.

Para el abogado, Alvaro Sagot, especialista en derechos ambiental el informe del MINSA, AyA y Minae, es contundente y lo describe como un  “logro ecologista”.

“El informe es contundente en sus conclusiones señalando que en concordancia con las recomendaciones expuestas, así como de los riesgos analizados, se recomienda la prohibición del uso del clorotalonil en Costa Rica, en línea con las medidas adoptadas por la Unión Europea. Se deben implementar medidas de seguridad y alternativas para la agricultura que minimicen la exposición de los trabajadores y de los consumidores, así como velar por la protección de las fuentes de agua, el medio ambiente y la salud de la población”, aseveró Sagot.

Este es un gran logro ecologista debido a que todos los integrantes del Frente Eco Cipreses han sido objeto de ataques y una campaña de acoso por parte de la Asada de Cipreses, junto a empresarios importadores de agro-venenos que han negado la contaminación pese a la evidencia científica y el amparo legal.  Es una victoria ecologista que ahora el MINSA, el AyA y el MINAE tengan que reconocer que este peligroso agro-tóxico debe ser desterrado del país.

Se debe recordar que las fuerzas vivas comunitaria de pueblos afectados por la contaminación de tomas de agua captadas para consumo humano de dos ASADAS en la Zona Norte de Cartago, organizados como el Frente Ecologista de Cipreses y  apoyados por diferentes organizaciones a nivel nacional, donde destacan la ANEP, así como el Bloque Verde, entre muchas otras agrupaciones, lanzaron el 24 de julio del 2022, el manifiesto por el agua; en el cual se solicitaba al Gobierno de la República la prohibición del clorotalonil en Costa Rica, así como, el fortalecimiento de las capacidades técnicas del Laboratorio Nacional De Aguas para introducir en su panel de monitoreo los contaminantes del clorotalonil y  todos los cientos de plaguicidas que dicho laboratorio aún continúa sin poder monitorear para garantizar la inocuidad del agua de las personas en Costa Rica.

En este informe técnico, emitido el 14 de abril, no solo reafirma lo que el movimiento ecologista viene alertando en relación a las propiedades cancerígenas de uno de los principales contaminantes encontrados en Cipreses de Cartago, producto de la degradación del clorotalonil, si no que indica que es “es altamente tóxico para mamíferos”.

El MAG brilla por su desidia, inoperancia y sobre todo por su ausencia

Además, de ni siquiera aportar una sola coma en el informe técnico señalado, se debe mencionar que en paralelo el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), emitió una respuesta pusilánime a los Magistrados de la Sala Constitucional que están analizando el tercer Recurso de Amparo interpuesto por el activista ecologista Fabián Pacheco, del Frente Ecologista de Cipreses, bajo el expediente N°22-026649-0007-CO. En el oficio DM-MAG-465-2023.

“Con las respuestas a los magistrados dejan mucho que desear y queda en evidencia la incapacidad técnica de dicho ministerio para garantizar al menos las buenas prácticas agrícolas”, indicó Pacheco

Para la agrupación ecologista, el MAG hace una enumeración más o menos larga de cualquier acción que esté realizando en la zona con los agricultores; pero deja claro lo siguiente:

“1. Que no es competencia legal del MAG velar por la calidad de las aguas y que no tiene recursos para hacerlo.

2. Que tampoco tiene el MAG competencia legal para obligar a los agricultores a capacitarse ni a aplicar las BPA en las fincas, porque todo esto es voluntario y competencia del agricultor.

3. Que en Costa Rica ningún laboratorio tiene la capacidad de analizar los metabolitos del clorotalonil.

O sea, ellos no saben ni les incumbe saber si hay metabolitos contaminando el agua

4. El ministro señala que los técnicos están recomendando restringir o prohibir el clorotalonil, por cuanto está contaminando las aguas.

Así las cosas, queda claro, que el MAG y el SFE están reconociendo que el registro de plaguicidas es solo un formalismo, que en la práctica no tienen la capacidad de controlar que haya un uso adecuado de plaguicidas; que ni siquiera tienen claro qué otros plaguicidas se utilizan para controlar las plagas para las cuales se utiliza el clorotalonil.”

Con estos argumentos, el ministro del MAG pide a Sala Constitucional desestimar el recurso de amparo contra ellos. Sobre esta repuesta señala el máster en Agro Biología Ambiental,  Fabián Pacheco que es evidente que desde el MAG están haciendo un máximo esfuerzo para no resolver nada

“La posible prohibición del clorotalonil está en juego. ¿Ganará el bienestar público, la ciencia y los criterios técnicos del MINAE, AyA y Salud O terminarán quebrando el brazo del poder ejecutivo los intereses económicos detrás del clorotalonil y muy bien representados por el MAG?” cuestionó Pacheco.

Por su parte Ana María Montenegro vecina de cipreses y ecologista activa en esta lucha y afectada directa de la contaminación explicó que “el sector ecologista y académico donde destaca el apoyo del IRET de la UNA presentó una lista de más de 60 alternativas químicas para sustituir el clorotalonil en Costa Rica al Poder Ejecutivo. No se trata de maltratar a los agricultores de a pie, pero no hay excusas para proteger nuestra salud”

Para los activistas del Bloque Verde, es claro que esta posible prohibición que hoy se discute es un evidente logro de la lucha popular ecologista en defensa del agua y la gente. Nada de esto se hubiera descubierto y discutido sin el empuje de las comunidades defendiendo sus bienes comunes y con el invaluable apoyo de las universidades públicas donde destaca la UNA y la UCR.

Informe técinco de MINSA, AyA y Minae

– La posición de la Seccional ANEP-Personas con Discapacidad se da en el marco del Día Nacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra, hoy lunes 29 de mayo.

Ante las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, señor Nogui Acosta Jaén, en diversos medios de comunicación, sobre la propuesta del gobierno de aplicar impuestos a productos de apoyo que son vitales para la funcionalidad y la autonomía de las personas con discapacidad, tales como sillas de ruedas y bastones, la Seccional ANEP Personas con Discapacidad manifiesta su desaprobación y rechazo absoluto ante estas declaraciones, con base en los siguientes aspectos:

Somos nosotros la primera seccional a nivel nacional conformada por Personas con diversas situaciones de discapacidad, que nos enfocamos en trabajar en la defensa de los derechos de las Personas en situación de discapacidad, que se encuentran laborando en el sector público, privado, independiente, informal o bien, que actualmente se encuentra desempleado.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Costa Rica en el 2008, establece en su artículo 4: “En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones

sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

Con relación a este punto, es importante recalcar que es obligación del gobierno consultar y verificar antes las consecuencias de gravar los productos de apoyo, pero directamente con la población afectada, en este caso, las personas con discapacidad y no basándose en criterios sin fundamento y sin una noción de la realidad.

• De igual forma, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece en su artículo 20: “Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre ellas:

a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el momento que deseen a un costo asequible;

b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible.”

• El mayor porcentaje de personas con discapacidad de Costa Rica lo representa las personas con discapacidad física y discapacidad visual, que son entonces los principales usuarios y usuarias de productos de apoyo como sillas de ruedas, camas ortopédicas y bastones y por ende, los más perjudicados con estos nuevos impuestos.
• La mayoría de las personas con discapacidad visual adquieren su bastón con recursos propios, debiendo pagar un mínimo de ¢15 000 y hasta ¢35 000 por un bastón, que muchas veces, tiene una vida útil demasiado corta, gracias a las condiciones en que se encuentran las calles, aceras y zonas públicas de nuestro país.
• Hay muchas personas con discapacidad que viven en áreas rurales, que no pueden acceder a los programas sociales que les permitan obtener una silla de ruedas o un bastón, ya sea por la distancia o porque muchas instituciones se encuentran centralizadas en el Gran Área Metropolitana únicamente.

También, hay personas con discapacidad que carecen de un Seguro Social o que presentan una condición migratoria irregular que les permite tenerlo.

• El señor Nogui, menciona al principio de su entrevista hacia El Observatorio: “la gente que más compra implementos médicos de ese tipo son los de más altos ingresos, porque los otros los reciben de la caja”. Basándonos en tan severas palabras, las cuales reflejan claramente el desconocimiento del señor ministro de la situación en que viven la mayoría de personas con discapacidad de nuestro país, se vuelve necesario explicarle varios aspectos que hay que contemplar:

• Según datos reflejados en el 2018 mediante la Encuesta Nacional en Discapacidad ENADIS, el 18, 2% de la población nacional mayor de 18 años posee algún tipo de discapacidad, de los cuales un 60, 9% corresponde a las mujeres y un 39, 1% de hombres; de los cuales un 74, 6% de esta población en condición de discapacidad requiere o utiliza algún producto de apoyo (dígase por dispositivos, servicios o asistencia animal) o humana.

• Además se debe agregar que este mismo estudio muestra: “(…) se destaca que a pesar de que 43,6% de personas con discapacidad tiene algún trabajo o está buscando uno, se ubican en los quintiles de menores ingresos: más del 50% están en pobreza o pobreza extrema, según el INEC.” (Datos expuestos incluso en la misma página del Gobierno de la República, la cursiva y negrita no se muestra en el texto original).

• Se debe recalcar que, esta situación de pobreza o pobreza extrema que enfrentan día a día las personas con discapacidad, se agravó con la pandemia ocasionada por el COVID 19 y que a la fecha, existe un gran rezago también en las listas de beneficiarios de los diversos subsidios que ofrecen instituciones del sector social, como IMAS, CONAPDIS, CONAPAM, entre otros, los cuales han tenido que disminuir los apoyos a las diversas poblaciones por los recortes presupuestarios que ha realizado el gobierno.

• Además, muchas personas que se contagiaron del COVID 19 son ahora personas con discapacidad, debido a las secuelas que les dejó esta enfermedad, aumentando así las listas de personas que requieren de un producto de apoyo para realizar sus actividades diarias.

• En términos generales, la realidad que vive toda la población costarricense se ha vuelto insostenible, con una tasa de desempleo de un 10, 6%,  además posteriormente de la pandemia hemos identificado que la tasa de desempleo en la población en situación de discapacidad ronda más del 75%,  esto se le debe tomar en cuenta el alto costo de la vida, los salarios reales que recibe la población en pobreza, en la era en el 2022 de un 23, 0%, en la que por ejemplo:

Según la ENAHO, el 23% total de hogares del país viven en situación de pobreza, que alcanzó ₡120.136 en julio del 2022 (monto mínimo requerido para que una persona pueda satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias).

Los ingresos per cápita de aproximadamente 399.439 hogares del país no alcanzan siquiera para satisfacer correctamente sus necesidades básicas. Esa cifra presenta un incremento de 15.934 hogares (…). (UNA Comunica, 2022).

• En cuanto a temas relacionados con la CCSS, debemos recordar:

Sus funciones se orientan a brindar atención integral de la salud y promover su conservación en el individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, así como garantizar la protección económica a los diferentes grupos de la población del país, su accionar se ha organizado en las áreas estratégicas:  Salud, Pensiones y Administración para la gestión. (MIDEPLAN, 2002).

Debemos recordar entonces que el plan de desarrollo de la CCSS, va enfocado en:

1. Agilidad y calidad de los servicios que se brindan.
2. La inclusión de la participación social.
3. Brindar atenciones integrales enfocadas en la prevención.
4. Régimen de Pensiones.
5. Atención Ambulatoria.
6. Desarrollo Político-Institucional.   
7. Servicios de hospitalización y cirugía.
8. Desarrollo y protección del medio ambiente.
9. Vigilancia de la salud.
10. Investigación y desarrollo tecnológico. (MIDEPLAN, 2002).

Estas atenciones se brindan gracias a los aportes que se brindan en el pago de los seguros sociales y demás cargas, que es del conocimiento para el Ministerio de Hacienda, pero debemos de recordar, y citamos algunos ejemplos:

(…) para diciembre 2019, el Hospital Chacón Paut presentó el menor costo por concepto de estancia hospitalaria por el orden de ¢95.683,80 (noventa cinco mil seiscientos ochenta y tres con ochenta céntimos) y el costo más elevado en ¢771.282,49 (setecientos setenta y un mil doscientos ochenta y dos con cuarenta nueve céntimos) correspondió al Hospital Nacional de Niños.

En el siguiente cuadro, se destaca que, a diciembre 2020, el Hospital México muestra el costo de estancia más elevado en ¢1.015.422,42 (Un millón quince mil cuatrocientos veinte dos con cuarenta y dos céntimos) y el Hospital Chacón Paut, continuó siendo el centro médico del tercer nivel con el menor costo por concepto de estancia hospitalaria, por el orden de ¢135.134,28 (Ciento treinta y cinco mil ciento treinta y cuatro con veintiocho céntimos). (…) (CCSS, 2021).

Por lo que le preguntamos señor Nogui, viendo la verdadera realidad, ¿usted cree que una persona puede pagar una atención por día de hospitalización de ¢95.683,80, con el salario real que recibe la clase media o baja de la población costarricense, si no existiera un seguro social?, ¿cree usted que con el promedio de atenciones diarias que brinda la caja, y que para nadie es un secreto, la saturación de los servicios y la fuga de especialistas, sea posible, dentro de las funciones que se leyeron anteriormente de la caja, sea factible lo que usted dice tan vehemente de que la CCSS puede suplir a la población con discapacidad de los dispositivos y productos de apoyo que necesita?.

Es claro y evidente que la CCSS no cuenta con la capacidad económica suficiente para poder brindar los implementos médicos que el señor ministro menciona que es obligación de la caja otorgar.

Es importante agregar que, aunque la CCSS ofrece productos de apoyo, no califican todas las personas que los requieren como candidatos para obtener uno de estos productos, debido a la gran demanda que existe en torno a ellos en comparación con el insuficiente presupuesto con que cuenta la institución, debiendo incluso esperar durante años las personas que sí califican para que se les realice la entrega de los mismos.

Lamentablemente uno de los mayores problemas que hay es la falta de información o conocimiento por parte de los altos mandos del gobierno, ya que la responsabilidad social realmente recae en ellos, pues:

La Responsabilidad Social como virtud o valor marca profundamente a los seres humanos, y nos lleva de un nivel a otro nivel al comprender que debemos ser individuos responsables para convertirnos en colaboradores, empresarios y gobernantes responsables, pudiendo entonces desarrollar empresas socialmente responsables y por qué no, sociedades responsables. (RSS, 2019).

¿Y por qué debe recaer esta gran responsabilidad en el gobierno?

Porque está en ellos comenzar a promover el respeto y la enseñanza hacia la población costarricense sobre temas de discapacidad, y dejar de lado todos estos prejuicios y malos comentarios que se hacen hacia la población de personas con discapacidad.

Debemos de recordar las palabras que incluso la Asamblea Legislativa muestra sobre temas de equidad e igualdad, en la que dice:

La igualdad implica un trato jurídico idéntico entre personas que tengan las mismas condiciones y situaciones. La equidad comprende un trato justo a las personas, dando a cada cual lo que le pertenece a partir del reconocimiento de las condiciones y las características específicas, por lo tanto significa justicia, reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria. (Asamblea Legislativa, 2021).

Recordemos que todas las personas, incluidos las personas con discapacidad, primero que todo somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos, que son universales e inherentes para todos, sin importar la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición.

Con todo lo anterior, apoyamos y unimos nuestra voz a lo expresado por el Movimiento de Personas con Discapacidad de Costa Rica y a lo manifestado por otros grupos organizados, exigiendo una disculpa pública por parte del señor Ministro de Hacienda y la presentación inmediata de su renuncia al puesto, y dejamos claro con nuestro pronunciamiento que las personas con discapacidad sí sabemos organizarnos y que seguiremos luchando para que se cumpla lo enunciado en la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad:

“Nada sobre nosotros, sin nosotros”.

Att: Seccional ANEP- Personas con Discapacidad.