Categoría: Incidencia

San José, 4 de junio de 2025

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su seccional en AyA, manifestamos nuestra satisfacción ante la decisión de la Sala Constitucional (Expediente 25-015818-0007-CO) de suspender de forma cautelar el corte del servicio de agua potable en el cantón de Paraíso, Cartago, ordenado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Esta medida representa un importante paso en la protección del derecho fundamental de la ciudadanía al acceso al agua potable, un derecho reconocido por nuestra Constitución Política y respaldado por la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional.

Reconocemos que la resolución responde al clamor de más de 4.200 personas, comercios, centros educativos y de salud, cuya vida cotidiana se habría visto gravemente afectada por esta suspensión.

Como organización sindical comprometida con la justicia social y la defensa de los servicios públicos, nos preocupa profundamente la gestión administrativa y financiera detrás de esta crisis. En particular, cuestionamos:

• ¿Por qué no se abordó con oportunidad la deuda de más de ₡3.400 millones que, según el AyA, mantiene la Municipalidad de Paraíso desde 1997?
• ¿Qué gestiones puntuales ha realizado la Administración del Presidente Ejecutivo Juan Manuel Quesada?
• ¿Por qué se busca ejecutar ahora un cobro urgente, a través de una medida extrema que pone en riesgo derechos humanos esenciales? Si el mismo presidente ejecutivo en uno de sus discursos reconoció que los abonados realizaron sus pagos.

Asimismo, solicitamos a las autoridades competentes, tanto del AyA como de la Municipalidad, que informen de manera clara y transparente sobre el destino real de los fondos recaudados.

La ciudadanía y el personal institucional, tienen derecho a saber si estos también recursos que pretende cobrar AyA, serán utilizados para:

•   Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores públicos.

•   Invertir en infraestructura hídrica que solvente la escasez de agua en los barrios más afectados.

•   Renovar instalaciones públicas en condiciones precarias.

O si, por el contrario, se destinarán a gastos suntuarios y no prioritarios, como vehículos, remodelaciones innecesarias o campañas publicitarias asociadas a fines electorales.

Desde ANEP exigimos la rendición de cuentas, la auditoría de los fondos recaudados y una planificación institucional que priorice el bienestar común.

Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los servicios públicos, el respeto a los derechos laborales y el acceso equitativo a recursos vitales como el agua. Seguiremos vigilantes ante cualquier acción que comprometa estos principios fundamentales.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) exige la renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, por su evidente incapacidad para dirigir la institución y por la falta de medidas efectivas que pudieran haber prevenido la trágica muerte de un niño de 10 años, ocurrida en la zona de Los Santos.

El 24 de abril, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a una pareja sospechosa de estar involucrada en la muerte de su hijo. El padre, de 72 años, es señalado como el principal sospechoso de haber causado la muerte del menor mediante asfixia mecánica, conocida comúnmente como ahorcadura. Esta tragedia pone en evidencia la grave falta de protección y seguimiento por parte de las autoridades encargadas de la niñez, lo que agrava aún más la crisis institucional que atraviesa el PANI.

Según lo indicado en el oficio PANI-OPDI-OF-0412-2024, emitido en respuesta a consultas realizadas por la ANEP, la señora Garza Sánchez no ha demostrado la capacidad para enfrentar la profunda crisis institucional que atraviesa el PANI, ni ha ofrecido soluciones eficaces ante la crítica sobrecarga laboral que padecen las personas trabajadoras de la institución. Como reflejo de esta alarmante situación, durante el año 2024 un total de 21.600 personas menores de edad no recibieron atención oportuna por parte del Patronato Nacional de la Infancia. Esta cifra resulta espeluznante y pone en evidencia el colapso del sistema de protección, mientras tanto, el personal continúa laborando bajo condiciones insostenibles de sobrecarga y abandono institucional.

A pesar de la gravedad del panorama, la señora Garza Sánchez ni siquiera ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa para excluir al PANI de la aplicación de la regla fiscal. Han sido más bien diputados de la oposición quienes han tomado la iniciativa de liderar estos esfuerzos legislativos, con los cuales la ANEP ya ha iniciado conversaciones, en procura de medidas concretas que permitan rescatar la operatividad del Patronato y garantizar el cumplimiento de sus fines institucionales.

Esta tragedia no es responsabilidad del personal trabajador técnico ni operativo del PANI, que trabaja bajo extrema presión, con recursos limitados y sin el respaldo adecuado. La responsabilidad recae exclusivamente sobre la Presidenta Ejecutiva, quien ha sido incapaz de liderar la transformación y el fortalecimiento que la institución requiere con urgencia.

La gestión de la señora Garza Sánchez ha sido deficiente, desarticulada e ineficaz. No ha logrado fortalecer las oficinas locales ni los departamentos con el personal adecuado, y ha fallado en impulsar las reformas estructurales urgentes necesarias para cumplir con la misión institucional de proteger a la niñez y adolescencia en situación de riesgo. Ha fallado en su deber fundamental y debe asumir las consecuencias.

Hoy, la administración del PANI se ha enfocado más en perseguir a sus trabajadores que en resolver los graves problemas estructurales que enfrenta la institución. El personal se encuentra sobrecargado con expedientes que exceden su capacidad, mientras trabaja en un ambiente marcado por el acoso y el hostigamiento laboral, que ha persistido durante la actual gestión. Lejos de atender esta realidad, la Presidenta Ejecutiva no ha tomado medidas efectivas para mejorar las condiciones laborales ni para fortalecer la protección integral de la niñez costarricense.

Las oficinas locales y departamentos del PANI operan con infraestructura deficiente, un número insuficiente de personal y una sobrecarga de trabajo que dificulta enormemente la capacidad del personal para atender adecuadamente las necesidades de la niñez y adolescencia en riesgo. A pesar de estas condiciones, los trabajadores, con esfuerzo y dedicación, hacen todo lo humanamente posible para cumplir con su labor, pero no pueden ofrecer una respuesta eficiente cuando las cargas son desmedidas. Esta situación afecta directamente la calidad del servicio y la atención que los menores requieren, poniendo en evidencia la profunda crisis de gestión que enfrenta el PANI.

Doña Kennly Garza Sánchez, esto es responsabilidad suya y de nadie más.

Desde la ANEP reiteramos nuestro absoluto respaldo a las personas trabajadoras del PANI. Son ellas quienes han sostenido esta institución con vocación, compromiso y profesionalismo, muchas veces a pesar del abandono institucional. No son ellas las responsables de las omisiones de la alta jerarquía, sino quienes han seguido protegiendo a la niñez costarricense aún en las peores condiciones.

Una vez más, personas menores de edad han muerto bajo una gestión incapaz de responder a tiempo. La conducción del PANI le quedó grande a la señora Kennly Garza Sánchez, y hoy debe asumir su responsabilidad. Por respeto a la niñez, al país, a los derechos humanos y al personal institucional que lucha por sostener esta misión, debe presentar su renuncia inmediata.

Asociación  Nacional de Empleados  Públicos  y  Privados  (ANEP) 13 de mayo de 2025.