Categoría: Incidencia

IVM: un régimen que puede quebrar. La mayoría de los y las costarricenses que tienen o tendrán una pensión dependen del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Este régimen está en problemas porque en los próximos años, los aportes de las personas cotizantes no serán suficientes para financiar a las personas pensionadas. Uno de los factores que explica el desequilibrio financiero de IVM, es la cantidad de personas pensionadas por invalidez. Al decir de un asesor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), parece propia de un país en guerra o…, del tráfico de influencias como hemos venido a enterarnos recientemente.

La Caja pide ayuda a las organizaciones de sociedad civil y a otras instituciones. En abril del 2004, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), constituyó una Comisión Institucional integrada por representantes empresariales y laborales; que analizarían y harían recomendaciones a la Junta Directiva de la institución para corregir el desequilibrio financiero. Esta comisión está integrada por instituciones públicas como la Superintendencia de Pensiones, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Defensoría de los Habitantes de la República;, así como por organizaciones de la sociedad civil, empresariales, sindicales, cooperativas, solidaristas, y de mujeres. La ANEP valoró este espacio como muy importante en tanto apela a la participación ciudadana, sin por ello desdibujar el papel de las instituciones públicas. De lo que se trató fue de generar propuestas para que la Junta Directiva tomara las decisiones que fueran del caso.

ANEP participa y hace propuestas integrales para mejorar al régimen. La ANEP asumió el reto de pensar soluciones, convencida de que es vital fortalecer este régimen de carácter solidario, que es el que impacta a la enorme mayoría de las personas que tienen o tendrán una pensión. Téngase en cuenta que, actualmente, hay casi 700 mil personas que carecerán de una pensión, si la Caja no toma medidas adecuadas para incorporarlas al sistema, en cumplimiento de una obligación ética pero también legal, establecida en Ley de Protección al Trabajador (LPT). En estos meses hemos tenido una participación responsable en la comisión, reflejada en propuestas para un fortalecimiento integral de IVM; tanto en materia de aumento de cobertura, como de mejora en la gestión y administración que reduzcan evasión, subdeclaración y morosidad, además de mejorar el manejo de las inversiones del fondo de reserva. Además, hemos reconocido que todas esas mejoras no serán suficientes para superar el desequilibrio financiero y que hace falta hacer otras cosas.

Aunque otros sectores sólo quieren reducir costos bajando montos de las pensiones. Durante el proceso hemos tenido serias diferencias con la Gerencia de Pensiones, con el Movimiento Solidarista y con la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada de Costa Rica (UCCAEP). Estas organizaciones, desde el principio, plantearon que el camino para la reforma era un ajuste general de las pensiones: más cotizaciones y menores pensiones. Esto, incluyendo a la gran mayoría de asegurados y aseguradas, un 76%, que ganan 210.000 colones o menos, es decir, menos de dos salarios mínimos al mes.

EL BALDE DE AGUA FRÍA:
SE SEPARA DEL CARGO AL GERENTE DE PENSIONES
Y SE PRESENTA INFORME DE COMISIÓN DE NOTABLES

Gerente de Pensiones sospechoso de participar en caso Fischel. La comisión se encontraba en la discusión de cuáles reformas son las más adecuadas, cuando ocurrieron dos hechos de suma importancia. Primero, el Gerente de Pensiones, don Juan Luis Delgado, fue separado de su cargo mientras se lo investiga por posibles vinculaciones con el caso Fischel.

Informe de Notables denuncia que Gerencia de Pensiones tiene los mayores niveles de corrupción de la institución. Posteriormente, el viernes 1 de octubre, la Comisión de Notables, convocada por el Presidente de la República para analizar la situación de la CCSS, entregó su informe en el que señala que tal gerencia “Es la gerencia que salió con el mayor nivel de corrupción según se colige de las denuncias que a continuación insertamos.”

De ser ciertas, las denuncias realizadas tienen directa relación con las causas del desequilibrio financiero de IVM y, por lo tanto, con sus soluciones. Las denuncias incluyen, entre otras:

entrega de pensiones del régimen no contributivo (RNC) por recomendación política…

“hasta que la pensión por invalidez se compra en los consultorios de algunos médicos que laboran para dicha dependencia y quienes tienen a cargo la evaluación de las personas con algún grado de invalidez.”

“préstamos de vivienda en, que al parecer, sólo se le da peritaje a unos pocos, como también se hace con los notarios a la hora de confeccionar las escrituras…”

“La Gerencia de Pensiones se convirtió en una pequeña Caja del Seguro, pues tiene una infraestructura igual que la institución investigada”; por tanto, encareciendo enormemente los costos. (p. 68)

Tráfico de influencias en la designación de personas en puestos clave, tales como la Dirección Administrativa y la Dirección financiera, y designación de personas con órganos abiertos de debido proceso por actuaciones en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

Desperdicio de recursos en compra de muebles y en la compra del Edificio Jorge Debravo a doña Gloria Bejarano, esposa del ex mandatario y hoy detenido Rafael Ángel Calderón, por montos excesivos en comparación a otras alternativas también valoradas por la Gerencia.

Pero la Comisión no pudo profundizar en la investigación. “Las denuncias se recibieron a último momento por lo que la comisión no tuvo tiempo de dar trámite a las denuncias. Corresponderá a la Junta Directiva esclarecer los hechos aunque sería saludable que sea directamente el Ministerio Público el que intervenga desde ya la Gerencia de Pensiones”. (p. 78). También recomienda separar de la Gerencia a tres jerarcas más además del gerente.

Desde la ANEP no sabemos si las denuncias de la Comisión de Notables son o no ciertas. Corresponde a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la institución aclarar la situación. En este momento tan grave que atraviesa el país, nada peor para la institución que la duda. Más aún, dado que estas dudas ponen en cuestión la conducción política de un proceso de reforma de pensiones que le pedirá a los y las costarricenses que paguen más por sus pensiones.

Sí nos llama la atención que la misma gerencia que ahora está acusada de traficar con pensiones a personas que no reúnen con los requisitos para obtenerlas, sólo unas semanas antes planteara que la única manera de resolver el desequilibrio financiero de la CCSS, era “ajustando” de manera generalizada las pensiones, aún de las personas que menos tienen.

LAS ACCIONES INMEDIATAS NECESARIAS

En este marco, la ANEP se retiró de la comisión hasta tanto se aclare la situación e insta a las autoridades de la Caja a que:

Tengan en cuenta que las denuncias realizadas tienen directa relación con las causas del desequilibrio financiero de IVM y por lo tanto con sus soluciones. Si hay un “tubo abierto” de recursos que se desperdician, tanto por tráfico de influencias como de compras de bienes y servicios, nada lograremos ajustando cuotas y restringiendo pensiones.

Suspendan el proceso de discusión sobre tal reforma, hasta tanto se tenga la certeza de que se han eliminado las fuentes de corrupción identificadas en la Gerencia de Pensiones, de manera de poder diseñar propuestas en un escenario de absoluta transparencia y confianza en las cifras financieras que se nos presentan.

Intervengan la Gerencia de Pensiones con personas externas a la institución, de reconocido compromiso con la Seguridad Social y con manejo administrativo y financiero del funcionamiento del Sector Público; para revisar la situación financiera, actuarial y de las pensiones concedidas.

Identifiquen, eliminen y rindan cuentas de los focos de corrupción que existen en la Gerencia de Pensiones.

REFLEXIÓN FINAL

Mientras tanto, insistimos, no deben llevarse a cabo reformas que pueden “embarrialar” aún más la cancha, por basarse en una conducción gerencial cuestionada y, por tanto, en un diagnóstico de la situación financiera que genera dudas sobre sus causas. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que cotice más, sabiendo que de acuerdo a la Comisión de Notables, hay un “tubo abierto” de desperdicio de recursos causado por el mal manejo y la corrupción?

En este escenario, aún la mejor propuesta que salga de la comisión tiene todas las de perder frente a una ciudadanía, que demanda ir hasta el fondo de las situaciones de corrupción, permitiendo a la vez proteger el honor de las miles de personas honestas que trabajan para la institución.

AGRADECIMIENTO

La ANEP deja constancia explícita de nuestra gratitud a la Dra. Juliana Martínez Franzoni, quien ha estado como nuestra Asesora Técnica en todo este proceso, brindándonos una asesoría de alto profesionalismo, solidez técnica y profunda sensibilidad social.

San José, 22 de octubre del 2004.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP

Magistrado
Oscar Fonseca Montoya
Presidente
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE)
Su Despacho

Estimado señor Magistrado:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

La desesperante situación que está viviendo el personal de la Municipalidad de Santa Ana, a raíz de la controversia política por la posesión del puesto de la Alcaldía Municipal, exige la más enérgica y eficiente acción de las autoridades electorales de nuestro país; pues es imposible tolerar la prolongación de este caos institucional, con enormes repercusiones en los servicios que deben brindarse a la comunidad.

Consideramos totalmente injusto que la institucionalidad de la Municipalidad de Santa Ana tenga que sufrir una especie de parálisis, por pleitos subjetivos entre adherentes de una misma colectividad política (en este caso, el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC); y/o entre los titulares del Concejo Municipal, más interesados en visiones partidarias de corto plazo con aparentes propósitos electorales, que en un trabajo desprendido hacia el servicio comunal a partir de una visión compartida del desarrollo local.

Honorable Sr. Magistrado Presidente del TSE, por favor, ponga orden en dicho municipio antes de que el clima político derive en situaciones impredecibles.

En lo atinente a lo laboral, ANEP defenderá, a capa y espada y en el terreno que sea necesario, la honorabilidad del personal honesto de la Municipalidad de Santa Ana, el que con vocación y esmero procura dar lo mejor de sí, pese a que en el día a día de esta crisis politiquera, se trabaja con enorme tensión, en un clima de miedo y de acosamiento de un bando y del otro.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Sra. Lidia Lacayo Mena, Directiva Nacional de ANEP-Municipalidad de Santa Ana.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Ana.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad de Santa Ana.
c.: Medios de Comunicación Colectiva
c.: Archivo.

Estimado señor:

Luego de expresarle, en primer término, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte; creemos oportuno y nos sentimos legitimados para ello, que su digna autoridad nos brinde información de primera mano, a raíz de los cuestionamientos que han surgido en torno a la gestión del Sr. Carlos Monge Herrera, en su paso por la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA); y, eventualmente, los que podrían pesar sobre el hasta hace poco directivo de tal entidad, el señor Rafael Robert Lara.

Sin duda alguna que usted y quienes le acompañan en la gestión político-directiva de tan estratégica institución, deben sentir como nosotros, el enorme impacto de las vergonzosas revelaciones de las últimas semanas, en torno a una cadena de corrupción; expresada en “premios”, comisiones, sobornos y similares, en que están sumidos una importante cantidad de personajes notables de la política tradicional de nuestro país, en lo que pareciera ser una profunda red de asociación ilícita para delinquir.

Aparte de conocer la información apuntada, quisiéramos saber si el INA ha pensado en la formulación de medidas preventivas de casos semejantes; y si, paralelamente, se consideraría la proposición de una especie de Código de Ética institucional, de forma tal que incentivemos aún más los valores de la honorabilidad y de la transparencia en la gestión pública, especialmente en lo concerniente al sistema de compras de bienes y servicios que tanto efectúa el INA.

Somos conscientes de la preocupación sana y correcta que usted ha tenido al frente del INA y por eso creemos que usted entenderá nuestra petición.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Licda. Xiomara Rojas Sánchez, Representante Sindical en la Junta Directiva del INA. Sindicato SITECO.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor:

Nuevamente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se manifiesta ante ese despacho, en esta ocasión para plantear la profunda preocupación que le embarga al conocer de las acciones que contra la Auditora del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), se llevan a cabo por parte de la Junta Directiva de esa institución.

Se ha pretendido acallar a la Auditoria Interna con el levantamiento de siete órganos del procedimiento administrativo, de los cuales cinco se encuentran ya en la Contraloría General de la República. Con esto, la Junta Directiva, supuestamente asesorada por un Director Legal, violenta el artículo 25 de la Ley General de Control Interno, pues los últimos dos disciplinarios se han abierto por enviar información a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes sin ser aprobado por la Junta Directiva. Este artículo precisamente prevé que la Auditoria Interna ejercerá sus funciones con total independencia funcional y de criterio, lo cual la Administración del ICT parece no reconocer.

Curiosamente, casi todos los problemas que se le han generado a la Auditoria con la Junta Directiva, se han presentado desde que la ella incursionó en los estudios de la Ley 6990 de los Incentivos Turísticos; pues sentimos que se han querido hacer prevalecer los intereses de los grandes hoteleros no pagando los impuestos, asunto que se denunció ante la Tributación Directa.

Desde hace más de 7 años la Auditoria se ha enfrentado a la Administración para lograr que se cumpla la normativa vigente, constituyendo un importantísimo apoyo para la lucha que desempeña ANEP contra la corrupción en esa Institución; por lo que presumimos que los afectados han querido cercenar esas facultades a la Auditora, abriéndole procesos disciplinarios, para lo cual contratan abogados externos que cobran en promedio medio millón de colones por cada uno, ocasionando un desperdicio importante de los recursos públicos, asunto del que deberían dar cuenta los que han aprobado estos disciplinarios.

Solicitamos, con todo respeto, se vea con prontitud esta denuncia que le hacemos a su despacho, más ahora que con la Ley General de Control Interno se les ha dado más potestades a las Auditorias Internas, las que deben desarrollar su función con independencia funcional, de criterio y de hecho. Hacemos eco de su discurso, de que usted iba a fortalecer las Auditorias Internas, y eso es lo que se requiere en el ICT. Muchas gracias por su atención a esta delicada cuestión.

Con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

————
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-ICT.
c.:Archivo.

Estimado señor Contralor:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La razón de la presente es la de solicitarle interponga sus buenos oficios con el fin de que se esclarezcan situaciones que a nuestro entender son anómalas en la institución denominada Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER), que a continuación pasamos a detallarle, referida a las pretensiones para la privatización del servicio de Seguridad y Vigilancia:

Desde el año pasado, el ICODER ha venido insistiendo en la necesidad de la contratación privada de seguridad para el edificio central y otras instalaciones; fundamentando sus criterios en observaciones y criterios subjetivos, según lo que hemos analizado hasta el momento. Hasta la fecha no han demostrado razones técnicas sólidas y, por el contrario, nos preocupa sobremanera el alto costo que esta privatización tendría sobre el presupuesto de la institución. Para demostrar lo que decimos, le adjuntamos documentos oficiales en donde queda claro que esta contratación tiene un costo de más de 60 millones de colones anuales por 18 funcionarios privados y en la actualidad la institución gasta en 28 plazas 67 millones de colones. Evidentemente los costos de una contratación de este tipo es sumamente alta por lo que nos preocupa que fondos públicos sean utilizados de esta manera.

Adicionalmente, nos parece necesario que la Contraloría General de la República investigue sobre la existencia de un posible presupuesto paralelo, toda vez que aparte de los 67 millones que actualmente utiliza ICODER para el pago de la planilla de los agentes de seguridad que son sus empleados, esta institución está solicitando 61 millones más para hacer frente a esta privatización.

Es sumamente lamentable que, en momentos en que el Gobierno de la República dice no contar con recursos económicos suficientes y que debe racionalizarse el gasto, se someta a esta institución pública a un gasto adicional no imprescindible, que obedece a decisiones sumamente subjetivas.

Además deseamos se investiguen situaciones que se han dado con algunas plazas, las cuales eran del Departamento de Seguridad y Vigilancia y que en la actualidad han sido cedidas a otros departamentos, debilitando tal servicio y sin querer ser mal pensados, podríamos pensar que esto es parte de una estrategia para justificar dicha privatización. Las plazas son las siguientes:

Una en Mantenimiento, otra como Coordinador de Transportes, otra en el Departamento de Proveeduría y otra como chofer.

Además le solicitamos a la Contraloría General investigar las plazas números: 400782, la 400739, que pertenecían al Área de Recreación, reasignadas como plazas profesionales, aun cuando los funcionarios que ocuparon esas plazas estaban en forma interina y eran de recién ingreso al 15 de octubre del 2003, las que meses después pasan a propiedad.

En este momento, ICODER se encuentra realizando los esfuerzos por desarrollar un proceso de reestructuración para el cual se iría a pagar 7.000.000.00 millones de colones a la empresa FUSCIDERHE para que esta realice el estudio sobre la estructura que necesita el instituto. Entonces cabe la pregunta ¿porque privatizar algo?, si ni siquiera se tiene claro cuál va a ser la estructura deseada de acuerdo a este estudio. Pareciera que lo que esta imperando simplemente es el deseo de privatizar por privatizar. Hasta donde conocemos, tampoco ha sido autorizada por MIDEPLAN la nueva estructura institucional que quiere establecer.

Sin más que agradecer su valiosa intervención, se suscriben muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Valerín Villegas
Responsable ANEP-ICODER

—
c.:Dr. Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Licda. Lineth Saborío Chaverri, Primera Vicepresidenta de la República y Ministra de la Presidencia.
c.:Lic. Jorge Polinaris Vargas, Ministro de Planificación Nacional y Política Económica.
c.:Lic. Federico Carrillo Zurcher, Ministro de Hacienda.
c.:Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República.
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Seccional ANEP-ICODER.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Trabajadores y Trabajadoras.
c.:Archivo.

Doctor Alberto Sáenz Pacheco
Presidente Ejecutivo

Lic. Renato Alvarado Rivera,
Vicepresidente

Honorable Junta Directiva
Dra. Emilia María León Vargas, Directora
Pbro. Claudio María Solano Cerdas, Director
Ing. Rodolfo Borbón Sartoresi, Director
Sr. José Angel Obando Sequeira, Director
Mae. José Manuel Arias Porras, Director
Sr.Jorge Chaves Muños, Director
Mba. Mauricio Esna Arce, Director

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
Presente

Asunto: Reformas al régimen I.V.M.

Estimados señores y estimadas señoras:

En primer término, reciban sus autoridades el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia por este medio del más absoluto respaldo de parte nuestra, a las acciones de la máxima cúpula política de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tendientes a erradicar, absolutamente, todos aquellos focos de corrupción, algunos de enorme impacto público como ya es notorio en el caso del seguro de salud, que afectan la calidad de su estratégica tarea en la gestión pública.

Paralelamente, creemos que ha llegado la hora de auscultar y terminar la nefasta política de contratación de privada de servicios que la misma Caja está en condiciones profesionales, técnicas y financieras de proveer. Como ha quedado claro, esta política facilita negocios privados malavenidos, desperdicia los recursos públicos, y deslegitima a la institución ante los ojos de la ciudadanía.

Con relación al objetivo central de la presente, la ANEP ha considerado necesario, a esta altura del proceso, dejar sentadas sus consideraciones sobre la tarea que se ha venido desarrollando para reformar el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en el seno de la comisión creada al efecto para abordar los problemas de su sostenibilidad financiera; y de la cual hemos estado formando parte en las personas del compañero Giovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional de la ANEP y trabajador de la CCSS; así como en la persona de la Dra. Juliana Martínez Franzoni, como asesora técnica de la ANEP.

Queremos que sus dignas autoridades consideren lo siguiente:

En el marco de dicha comisión, la ANEP ha venido realizando propuestas para promover una reforma integral que, por un lado, asegure la sostenibilidad financiera de IVM; y, por otro lado, asegure su sostenibilidad social, incorporando las casi 700,000 personas que en la actualidad deberían estar dentro del régimen pero no lo están.

A lo largo de este proceso, hemos hecho un llamado a la Gerencia de Pensiones para cumplir con las medidas de fortalecimiento de IVM contenidas en la Ley de Protección al Trabajador; pero, paralelamente, hemos entendido que es necesario llevar a cabo otras transformaciones que aseguren la salud financiera del régimen, siempre de manera integral y fortaleciendo el acceso de las personas a más y mejores pensiones.

Desde la Gerencia de Pensiones se ha insistido en que el camino para la reforma, es que las personas paguen más y las pensiones sean menores. Nos llama laa atención que la misma gerencia que ahora está acusada de traficar con pensiones a personas que no reúnen con los requisitos para obtenerlas, al mismo tiempo plantee que la única manera de resolver el desequilibrio financiero de la CCSS es “ajustando” las fajas de las personas que menos tienen. Hay que tener en cuenta que el 60% de las personas aseguradas tienen ingresos por debajo de los dos salarios mínimos, es decir, menos de 210 mil colones al mes. Y es con estas personas que la Gerencia de Pensiones ha propuesto hacer el ajuste.

En este marco nos enteramos que el hoy suspendido Gerente de Pensiones, don Juan Luis Delgado, es separado de su cargo mientras se lo investiga por posibles vinculaciones con el caso Fischel. Al mismo tiempo, el pasado viernes 1 de octubre, el Informe de Notables identifica a la Gerencia de Pensiones como la que presenta mayores niveles de corrupción, expresados en el tráfico de influencias y venta de las pensiones de invalidez, vejez y muerte

El alto número de pensiones por invalidez es uno de los principales elementos de diagnóstico presentados por la Gerencia como causantes del desequilibrio de IVM.

Por tanto, es criterio de la ANEP que ante estas condiciones es urgente suspender todo el proceso de discusión sobre tal reforma, hasta tanto se tenga la certeza de que se han eliminados las fuentes de corrupción identificadas en la Gerencia de Pensiones, de manera de poder diseñar propuestas en un escenario de absoluta transparencia y confianza en las cifras financieras que se nos presentan.

Para ello consideramos que es urgente que la Caja intervenga la Gerencia de Pensiones, con la participación personas externas a la institución, de reconocido compromiso con la Seguridad Social y con manejo administrativo y financiero del funcionamiento de Sector Público.

Mientras tanto, insistimos, no deben llevarse a cabo reformas que pueden “embarrialar” aún más la cancha, por basarse en una conducción gerencial cuestionada y por tanto en un diagnóstico de la situación financiera que genera dudas sobre sus causas. ¿Cómo pedirle a la ciudadanía que cotice más, sabiendo que de acuerdo a la Comisión de Notables, hay un “tubo abierto” de desperdicio de recursos causado por el mal manejo y la corrupción?

En este escenario, aún la mejor propuesta que salga de la comisión tiene todas las de perder frente a una ciudadanía que demanda ir hasta el fondo de las situaciones de corrupción, permitiendo a la vez proteger el honor de las miles de personas honestas que trabajan para la institución.

En tal sentido, finalmente, debemos comunicarles, siempre en un plano de respeto, que vistas así las cosas, la ANEP no puede continuar participando, por el momento, de dicha comisión, por cuanto no nos sentimos con la certeza absoluta de estar en un escenario de confianza para continuar el proceso en forma transparente y realmente efectiva.

Esta primera decisión será sometida, próximamente y con la urgencia necesaria, a la ratificación política de nuestro máximo organismo de dirección, la Junta Directiva Nacional, la cual en definitiva resolverá sobre nuestra ausencia definitiva del citado proceso

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional

—-
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Dra. Juliana Martínez Franzoni, Asesora Técnica de la ANEP-Pensiones.
c.:Organizaciones sociales integrantes Comisión de Reforma de Pensiones I.V.M.
c.:Medios de Comunicación Colectiva.
c.:Archivo.

Estimados señores:

Reciban ustedes el más respetuoso y atento saludo de nuestra parte.

Al llegar Diario Extra a los veinticinco años de fundación, sentimos una inmensa alegría por cuanto la institucionalidad que ha alcanzado y su enorme y ascendente atención en el seno del pueblo costarricense, le han convertido en uno de los soportes de la estabilidad democrática de nuestro país en el campo de la información y el campo del ejercicio de una libertad de expresión plenamente congruente con su significado de Derecho Humano fundamental.

Sin exageraciones ni falsos elogios, es indudable que la historia del periodismo nacional tiene en el surgimiento de Diario Extra, el comienzo de una etapa histórica distinta; en la cual el derecho de información de la ciudadanía y el acceso de ésta con amplitud y consideración para sus distintas posiciones, han recibido el pleno respeto del carácter del ejercicio periodístico que Diario Extra ha venido practicando.

Es evidente que el desarrollo de la democracia, necesaria e imprescindiblemente, pasa por las posibilidades reales de que haya un pleno respeto a la libertad de expresión por parte de los diferentes medios de comunicación colectiva.

No obstante, es real que en muchas ocasiones las distintas expresiones de los movimientos sociales costarricenses, en materia de prensa escrita, han enfrentado severas limitaciones, accesos restringidos o prejuicios de línea editorial que distorsionan el sentido del mensaje social que se ha querido transmitir.

Diario Extra ha cambiado, radicalmente, tal percepción y hoy la sociedad civil organizada de los sectores populares (incluidos los sindicales), siente mayores posibilidades de expresión y acceso democrático al derecho de libertad de información, como nunca antes se había tenido, al menos en materia de prensa escrita diaria. En la misma dirección se han venido comportando, para fortuna de nuestra querida Costa Rica, las otras empresas periodísticas del Grupo Extra, como La Prensa Libre, Radio América y Extra TV 42.

Ya es inconcebible que, si queremos seguir viviendo en democracia y profundizando su carácter para beneficio de la colectividad, el tipo de profesionalismo periodístico del Grupo Extra y, particularmente Diario Extra, deben seguir existiendo; y continuar brindando una ventana de enorme oportunidad democrática para expresar los sentimientos de las organizaciones sociales y populares costarricenses.

Estamos convencidos que Diario Extra ha llegado a ser consustancial con nuestra forma democrática de vida, pese a todos los problemas que enfrentamos como sociedad; y que el gran cariño, el respeto, el aprecio y la confianza que le guarda la clase trabajadora costarricense y otros importantes segmentos de la ciudadanía más allá del sector laboral, es porque Diario Extra ha sabido interpretar nuestra idiosincrasia como pueblo: queremos seguir viviendo en democracia, sin extremismos ideológicos, sin líneas editoriales que se creen dueñas de la verdad absoluta y que satanizan desde las mismas a quienes osan pensar distinto.

El éxito de Diario Extra es, precisamente, su respeto a la diversidad, su gran capacidad de tolerancia para con las distintas opiniones, su amplitud para permitir la difusión de las más disímiles opiniones. En fin, un periódico que incluye gente; no que la relega por pensar distinto.

¡Felicitaciones, Diario Extra, por sus 25 años!. Que sean más los éxitos que logren para beneficio de la democracia costarricense.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

——
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

01. Con gran respeto nos dirigimos a la digna autoridad presidencial que su persona representa, para manifestarle que el MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL, muy a nuestro pesar, se verá en la imperiosa necesidad de convocar a sus distintas organizaciones, a manifestarse a lo largo y a lo ancho de nuestro país, a partir del lunes 11 de octubre; considerando lo siguiente:

02. No encontramos la voluntad política requerida para un cabal cumplimiento del acuerdo adoptado en la madrugada del martes 31 de agosto, con relación al monopolio de la revisión técnica vehicular; por cuanto en las reuniones sostenidas hasta ahora, las argumentaciones que hemos presentado han estado recibiendo un trato displicente; pues ya sería hora de que se estuviese disponiendo no solamente la apertura de ese monopolio privado, a partir del dictamen emitido por la Contraloría General de la República; sino que, incluso, se hubiese empezado con el proceso que concluya en la resolución o anulabilidad del contrato con la firma RITEVE.

03. Las autoridades del Consejo de Transporte Público (CPT), cuentan ya con nuestros elementos en tal sentido y además, como si esto no fuese suficiente, con los criterios del Organo Fiscalizador de RITEVE, que ha determinado por sí mismo una serie de incumplimientos contractuales para abrir ese proceso de resolución del citado contrato.

04. Como usted bien sabe, Sr. Presidente, el pueblo costarricense ha manifestado un abrumador respaldo a la eliminación del monopolio privado de la revisión técnica e incluso hasta la salida del país de la firma RITEVE; por lo cual este MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL no puede decepcionar ni defraudar la confianza que la ciudadanía le expresó en sus acciones pasadas que tuvieron un amplio impacto nacional.

05. No puede este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL aceptar la tesis de que por la circunstancia de que dos de los ministros firmantes del acuerdo del 31 de agosto ya no estén en el Gobierno, el Poder Ejecutivo pueda desentenderse de la enorme responsabilidad política y cívica que implica honrar lo firmado.

06. Pero además, señor Presidente, debe entender que este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL está con la más profunda convicción que en el proceso de RITEVE la anormalidad y la irregularidad fue la regla en todo el proceso que se dio hasta la concreción de la concesión que hoy la mayoría del pueblo repudia. Cada vez nos convencemos más que el proceso de esta concesión debe concebirse como una situación de corrupción, de escandaloso tráfico de influencias, de compadrazgos perniciosos en contra del interés público y del bien común.

07. Por otra parte, a más de un mes de la firma de tales acuerdos, el que se refiere al tema del Costo de Vida ni siquiera ha podido empezar a operar, por cuanto la comisión establecida en ese acuerdo no ha sido instalada. Como usted bien sabe, el pueblo costarricense, no solamente el que conforma la clase trabajadora, sino también importantes entidades de la micro, pequeña y mediana empresa nacional, sufren intensamente por la carestía en el costo de la vida que determina un deterioro en la calidad de vida realmente preocupante.

08. Con todo respeto, el MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL apreciaría que el Sr. Presidente de la República, le reciba, con la urgencia que este caso amerita, en las próximas horas, a fin de exponerle de viva voz los fundamentos que tenemos para salir a las calles, nuevamente, a partir de este lunes 11 de octubre.

09. Queremos indicarle, adicionalmente, que este MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL repudia, con la más absoluta vehemencia, los actos de corrupción pública que ya son de amplio conocimiento ciudadano por estas fechas; y que la acción de calle que estamos promoviendo para este lunes 11 de octubre, tiene también como propósito, exigir la más dura acción judicial contra toda impunidad y nuestra fuerte demanda de cárcel para todos los corruptos, sin discriminación alguna; razón por la cual dejamos contundente constancia de que apoyamos las acciones valientes y ejemplarizantes de la Fiscalía General de la República en los casos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL; pero que hay otros casos que deben investigarse profundamente, como la cárcel de Pococí, la concesión del Puerto de Caldera, el Aeropuerto Juan Santamaría-ALTERRA.

10. Sin duda alguna, Sr. Presidente, que todas estas situaciones profundizan la desconfianza del pueblo costarricense en su clase dirigente y que en temas como el TLC, esa desconfianza se ha agigantado dada la envergadura de los compromisos patrimoniales nacionales involucrados en esa nefasta negociación contraria al interés nacional.

11. Vistas así las cosas, Sr. Presidente, aparte de reiterarle nuestro mayor respeto y consideración, le insistimos en la necesidad de que nos reciba en audiencia con la urgencia debida y quizás, a lo mejor, hallamos una solución política consistente, realmente efectiva y definitiva en este caso conflictivo del monopolio de la revisión técnica vehicular.

En espera de su respuesta, nos suscribimos, con la mayor consideración,

MOVIMIENTO CIVICO NACIONAL

(firmas en hoja adjunta)

Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Casa Presidencial
Su Despacho

Estimado señor Presidente:

En primer término, reciba nuestro más atento y respetuoso saludo.

Aunque sabemos que sus delicadas tareas en este momento le obligan a concentrarse en asuntos de enorme trascendencia nacional por las circunstancias que estamos viviendo; nos parece sumamente necesario que usted emita una directriz que le permita saber con certeza lo siguiente:

Tenemos informes de que el actual Ministro de Obras Públicas y Transportes, Lic. Javier Chaves Bolaños, estaría por estrenar un vehículo oficial con un costo cercano a los 37 mil dólares, adquirido con fondos del CONAVI. Si esto fuese cierto, no le parece una barbaridad en tiempos de “crisis fiscal”. Ese carro nuevo estaría guardado en las oficinas del CONAVI, en Zapote (antiguo CONICYT).

Tenemos informes de que en el MOPT se ha estado pagando dineros por alquiler de vehículos, en una cantidad que ya ronda los 20 millones de colones; esto a lo mejor no fuese relevante sino por la circunstancia de que ese ministerio tiene sus propios vehículos guardados en el parque del MOPT en Plaza González Víquez.

Sería bueno averiguar si ya se ordenó la construcción de un bulevar en el costado oeste de las oficinas centrales del MOPT, entre éstas y el taller central. Esta construcción podría costar unos 40 millones de colones en momentos de “crisis” fiscal. ¿Qué empresas lo realizarían?.

Sería bueno establecer si el Sr. Ministro Chaves Bolaños estaría contratando a una persona para su despacho, presuntamente de apellido Maroto, por un salario cercano o superior al millón de colones; persona que, presuntamente, no tendría los requisitos lo cual estaría ofendiendo la dignidad de los profesionales de carrera del ministerio.

Creemos que usted, Sr. Presidente, a lo mejor no está enterado de estas situaciones que de ser ciertas, lo ponen a usted en entredicho ante la ciudadanía, cuando se trata del tema del gasto público. Ojalá que cuanto antes pueda usted disponer de la información pertinente.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.

Estimado don Ignacio:
Estimada doña Pilar:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estima necesario y justo felicitar a Telenoticias de Canal 7, por la extraordinaria contribución al saneamiento de la democracia costarricense, que ya ha empezado a significar las denuncias realizadas en las últimas horas por su importante medio de comunicación colectiva; acerca de la ilegal e inmoral práctica de repartición de dineros que por concepto de “comisiones” se han distribuido entre costarricenses con gran poder, del ámbito público y privado, a raíz del crédito filandés, destinado a la compra de equipo médico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Si en otros momentos, por circunstancias de tensión social, con razón o sin ella, Telenoticias de Canal 7 ha recibido duras críticas por su enfoque periodístico de determinados procesos sociales; hoy no se puede andar con ninguna mezquindad y es más que justo felicitarles por tan valiente y patriótico acto de periodismo profesional para bien de nuestra querida Costa Rica.

Ojalá que ustedes puedan profundizar en el tema, de forma tal que los y las costarricenses podamos saber a cuáles manos fue a parar cada uno de los centavos de esa vulgar comisión de 8 millones de dólares; pues es obvio que con lo que ya se denunció para por averiguar el destino de casi 7 y medio millones de dólares.

Nuevamente les expresamos nuestra más sincera felicitación, así como un mensaje de aliento para que sigan adelante en la dirección que ya iniciaron en el caso que nos ocupa. Muchos temas están pendientes de una auscultación periodística semejante; como por ejemplo, la concesión de INCOP, la concesión de 600 mil líneas celulares, la eventual concesión de un ferrocarril, entre otras.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

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c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.