Categoría: Incidencia

Señor Contralor:

En días pasados, a través de un comunicado de prensa, usted se comprometió con las y los costarricenses, a enfrentar, desde la Contraloría General de la República, una batalla contra la corrupción, pública y privada y a favor de la transparencia en la función pública. Asimismo, en el Periódico de circulación nacional “La Prensa Libre” de hoy miércoles 7 de julio de 2004, usted reafirma que hará una revisión exhaustiva de algunos contratos del Estado.

Permítanos hacer eco de sus manifestaciones, para exponerle una situación que insistentemente planteamos al Contralor que le antecedió, a los señores Diputados y a las señoras Diputadas, a las autoridades del INCOP, y al propio Presidente de la República, Doctor Abel Pacheco de la Espriella.

Es precisamente el tema del mal llamado “Proceso de Modernización” que viene afrontando el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), desde el año 2001; mismo que a nuestro criterio, contiene una serie de irregularidades que le exponemos a continuación:

Tres licitaciones fueron adjudicadas, la de Gestión de Servicios Públicos de la Terminal de Puntarenas, la de Servicios Públicos de Remolcadores y la de Servicios Públicos de la Terminal de Puerto Caldera.

Nuestra organización sindical, con aportes de algunas organizaciones que también se han opuesto públicamente al proceso, ha detectado gravísimas irregularidades, tanto en el proceso licitatorio, como en los borradores de

contratos que han elaborado la administración de INCOP y las empresas adjudicatarias.

A continuación le exponemos las más relevantes:

Licitación Pública Internacional 003-2001 “Servicios Públicos de Remolcadores en el Pacífico”.

En el cartel de licitación se estableció la obligación del operador privado de adquirir los dos remolcadores propiedad del INCOP: “Don Pepe” y “Don Beto”, fijándose el valor por los dos en 3 millones de dólares.

Mediante Modificación No. 05 del cartel, se redujo el precio de 3 millones de dólares a 2 millones seis mil quinientos cuarenta y ocho dólares, sin que mediara estudio técnico.

El Remolcador “Don Pepe”, no era propiedad del INCOP al momento de sacarse a licitación, lo cual, además de acarrear la nulidad de la licitación, podría constituir un delito, puesto que en el cartel, el INCOP comprometió la venta de un bien que no le pertenecía.

Recientemente el INCOP inscribió ante el Registro de la Propiedad, el Remolcador “Don Pepe” con el nombre de “Don Hugo”, pasando por alto los trámites que se deben cumplir para cambiarle nombre a un barco.

En la inscripción se pagaron ¢87.576.112, pese a que existía la posibilidad de solicitar la liberación de impuestos. No obstante, de haberse dado esta posibilidad, hubiera existido una prohibición durante cinco años, de traspasar el remolcador a un tercero.

En los contratos aparecen dos servicios públicos como el pilotaje y el servicio de lanchas, servicios que están regulados con tarifas de ARESEP que en un primer momento se había indicado que quedarían en manos del INCOP, y que fueron incluidos en el cartel mediante una aclaración después de haber sido adjudicada la concesión.

El contrato establece el servicio de remolcadores en la denominada Boya de FERTICA, instalaciones que no le pertenecen a INCOP y que, por lo tanto, no cuenta con competencia alguna sobre las mismas.

Licitación Pública Internacional No.002-2001 “Concesión de Gestión de Servicios Públicos de la Terminal de Puntarenas”

En el proyecto de contrato se establece la obligación de dragar el puerto cada año.

El dragado deberá pagarlo el INCOP, puesto que en el proyecto de contrato se establece que el INCOP compensará al concesionario las obras de dragado con un pago anual a partir del primer año de concesión de 75.000 dólares.

La construcción de la nueva terminal en un lugar distinto al que estaba señalado en el cartel.

Licitación Pública Internacional No.001-2001 “Concesión de Gestión de Servicios Públicos de la Terminal de Puerto Caldera”

En el proyecto de contrato se incluye la atención de la terminal de cruceros, cuya licitación se había declarado desierta.

En el cartel correspondiente se estableció que ni el edificio administrativo ni los edificios restantes serían objeto del contrato, y en el contrato se establece como áreas y bienes de la concesión, todas las construcciones, estructuras, bodegas de almacenamiento, patios, parqueo, edificio administrativo y casetas; así como la red contra incendios, la red de acueducto y alcantarillado y red eléctrica.

En el contrato se obliga a la administración a garantizar al concesionario que dentro del área de concesión, será el único prestatario del servicio público de carga; situación anómala, pues no puede limitarse la potestad de la administración de decidir como dar en concesión los servicios portuarios.

En el cartel se indicó que la administración tendría en todo momento acceso a todos los libros y medios de control que debe llevar el concesionario, y en el contrato se pretende limitar este derecho de fiscalización por parte de la administración concedente.

En el contrato se está trasladando a los concesionarios la atención de cruceros, cosa que no fue objeto de la licitación adjudicada.

En la oferta los concesionarios aceptaron someterse al ordenamiento jurídico costarricense, y mediante el contrato, pretenden que se les indemnice en casos de dudosísima procedencia, como sería la creación de leyes o impuestos o se implementen medidas ambientales por el Estado.

Se le permitiría al consorcio Caldera II adoptar la estructura tarifaria aprobada por ARESEP para el INCOP, cuando lo procedente es que se apruebe una tarifa de servicios a este.

Respetuosamente consideramos, señor Contralor, que ante las irregularidades apuntadas, que han sido señaladas insistentemente, por nuestra organización sindical, por la Agencia Costarricense de Agentes Portuarios (ACAPOR), y varios diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana, Bloque Patriótico Parlamentario, y Liberación Nacional, los contratos de la concesión de Puerto Caldera no deben ser avalados o refrendados por la Contraloría General de la República.

Todo lo contrario, este ente fiscalizador debería advertir a la administración activa del INCOP que no firme los contratos y proceda a dejar sin efecto todo lo actuado hasta el momento, incluyendo las adjudicaciones, puesto que este es un proceso totalmente ilegal, que contiene serios vicios de nulidad.

Conforme a su palabra, vertida en los medios de comunicación colectiva, esperamos que su Autoridad, realice un estudio exhaustivo del Proceso de Modernización, así como del proceso tendiente a concesionar los servicios de esta institución

Por último, y con el afán de ampliar al respecto cuando usted tenga a bien concedernos una audiencia para referirnos al particular, nos suscribimos atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Fabio Espinoza Gómez
Presidente Seccional ANEP-INCOP.

—-
c.:Señoras Diputadas, Señores Diputados, Asamblea Legislativa.
c.:Doctor Abel Pacheco de la Espriella, Presidente de la República.
c.:Lic. Javier Chaves Bolaños, Ministro de Obras Públicas y Transportes.
c.:Ing. Enrique Montealegre Martín, Presidente Ejecutivo INCOP.

Asunto: El Pacto Fiscal, las compras de la Caja y la inversión pública en Educación y en el combate a la pobreza. Reiteración de propuesta de la “Tercera República”.

Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas:

En momentos en que se discute en el seno de la mencionada comisión, la reforma fiscal más importante que este país haya discutido en mucho tiempo, las agrupaciones sociales coaligadas en el proceso de Tercera República, hemos creído oportuno y necesario exponer, nuevamente, nuestra posición sobre el tema del gasto y la inversión social; el cual fue ampliamente debatido durante la primera parte de este proceso en el seno de la Comisión Mixta del Pacto Fiscal, pero que consideramos ha sido relegado en buena medida de la actual propuesta legislativa.

1. EL OBJETIVO DE UN ORDENAMIENTO FISCAL (PACTO FISCAL)

Entendemos la reforma fiscal y sus diversos componentes (planificación y definición de prioridades nacionales, gasto público, administración tributaria, régimen tributario, manejo de déficit fiscal y seguimiento, evaluación y rendición de cuentas), como instrumentos adecuados para generar una política fiscal de largo plazo; facilitadora de la construcción de un sistema económico, social y político incluyente, productivo y socialmente, que permita generar riqueza para distribuirla, equitativa y solidariamente, entre todas las personas.

El objetivo debe ser un ordenamiento de las finanzas públicas, basado en un acuerdo nacional sobre las prioridades del gasto público y la forma de financiar ese gasto que nos permita, en la implementación, construir el desarrollo del país en función del bien común

2. LA INVERSIÓN SOCIAL EN SALUD Y LA
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

En el marco de la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal, insistimos sobre la necesidad de lograr la incorporación del articulado propuesto dentro del proceso, con relación al control y ejecución adecuada del gasto público en diferentes áreas.

El combate a la pobreza y la promoción de la equidad social y productiva, requiere mejorar el ingreso corriente y el ingreso social de las personas. Ambos requieren de gasto e inversión social adecuadas, tanto en calidad como en cantidad: se requiere más y mejor gasto e inversión. En el marco del Pacto Fiscal se trata, entonces, de promover la racionalización en el uso de los recursos, mejorar la cantidad de la inversión, y condicionar dicha cantidad a procesos de mejoramiento en la calidad de la inversión, tanto en materia de políticas universales como focalizadas.

El gasto público en salud representa el 4.8 % del Producto Interno Bruto (PIB), la gran mayoría ejecutado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), a través de los servicios de atención curativa del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM). Estos servicios equivalen al 80 % de los recursos de todo el Sector Salud. Para ejecutar dicha inversión, la CCSS mantiene una estrecha relación con el Sector Privado, tanto a través de compra de insumos como de servicios.

Hasta la fecha estas compras se hacen sin contar con un sistema de contabilidad de costos que le permita a la institución comparar costos entre proveedores y, sobre todo, entre lo que le cuesta la producción interna y externa de servicios. Como lo documentan informes de la Asamblea Legislativa, de la Defensoría de los Habitantes de la República y de la Contraloría General de la República, esto genera un desperdicio importante de recursos, cuya utilización, en el marco de un Pacto Fiscal, es urgente racionalizar.

Los sucesos de los últimos días, han comprobado la gravedad del problema. Un sistema de contabilidad de costos es imprescindible, para asegurar el mejor uso de los recursos públicos y para otorgarle a la Administración Pública y a la ciudadanía un poderoso instrumento de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas contra actos de corrupción en el gasto público.

Además, la creación y puesta en marcha de un sistema de información sobre las necesidades de la población, representa un instrumento fundamental para que ese gasto público multimillonario en salud, responda, realmente, a esas necesidades tal y como se previó en la Reforma del Sector Salud. Toda compra, sea de medicamentos, de equipo o de servicios que la Caja haga al sector privado, debe basarse en ese instrumento de información sobre las necesidades de las personas, cuya salud es el fin último de ese sistema.

A tales efectos se propuso en la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal, un artículo que abordaba esta grave problemática. Luego de una importante discusión en aquella comisión, su inclusión en el proyecto de ley fue acordada por casi la unanimidad de las personas y sectores participantes. Este artículo establecía lo siguiente:

ARTÍCULO 25.-Regulación de compras del Sector Público
Con la finalidad de racionalizar el gasto público destinado a la atención de la salud y mejorar la calidad y la oportunidad de los servicios de salud, la Caja Costarricense del Seguro Social deberá crear y poner en funcionamiento en un plazo de tres años, un sistema de contabilidad de costos que permita evaluar las decisiones de compra que se deban hacer al sector privado frente a la producción directa, así como un sistema de información sobre las necesidades poblacionales que permita asignar los recursos en función de dichas necesidades. El Presidente Ejecutivo de la CCSS deberá rendir cuentas del cumplimiento de este artículo. El Ministerio de Salud en su condición de ente rector, deberá velar por el cumplimiento de ese plazo.

Desdichadamente, en nuestro juicio, sin un análisis profundo sobre el tema, la actual comisión especial ya citada acogió una moción que eliminó esta norma.

Hoy más que nunca, ha quedado claro que esta norma es impostergable. La salud de las personas que habitan este país, y la decencia en el ejercicio de la función pública así lo exigen. En sus manos, como diputados y diputadas, se encuentra la posibilidad real de combatir la corrupción y avanzar en la calidad y la oportunidad de los servicios de salud de nuestro país.

3. LA INVERSIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN

Diversos estudios han demostrado la íntima relación entre el nivel educativo y su condición socioeconómica. Varios estudios de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, CEPAL, indican que dos años menos de educación implican, en promedio, un 20% menos de ingresos mensuales durante toda su vida activa. (Véase el Informe sobre el Estado de la Nación correspondiente al año 2001). Además, es claro que la inversión en educación no solo representa el principal instrumento para el combate efectivo de la pobreza, sino también para el mejoramiento de la productividad y competitividad de nuestro país.

Es por ello que el artículo 78 de la Constitución Política ha creado un destino específico constitucional, ordenando que la educación estatal recibirá un financiamiento no menor del 6% anual del Producto Interno Bruto (PIB). En ese sentido, no es constitucionalmente sostenible la existencia de discrecionalidad del Poder Ejecutivo para presupuestar y girar efectiva e íntegramente, absolutamente todos los fondos que conformen ese 6%. Aceptar lo contrario sería permitir que el Ministro de Hacienda de turno pueda decidir a su antojo si cumple o no con la norma constitucional.

Es por ello que en el seno de la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal, propusimos la inclusión de una norma que reglamentara esa disposición constitucional. Esta norma, luego de una importante discusión, fue incluida en el texto del proyecto y establecía lo siguiente:

ARTÍCULO 28. Sanciones
Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de incluir en el Presupuesto anualmente, las rentas en el artículo 78 de la Constitución Política y garantizar su pago efectivo completo.
El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será constitutiva del delito de incumplimiento de deberes previsto en el artículo 332 del Código Penal.
Razones de índole fiscal no podrán ser alegadas por el Ministro de Hacienda como causa de justificación para incumplir esta disposición.

De nuevo, sin haber desarrollado una verdadera discusión al respecto, la actual comisión especial acogió una moción por medio de la cual esta disposición fue eliminada del texto, dejando en letra muerta las buenas intenciones sobre inversión social en educación que el proyecto aún mantiene.

Si no se aseguran los recursos establecidos en la Constitución Política para ser invertidos en la educación de las personas, estaremos dejando en manos de la decisión del Ministro de Hacienda el cumplir con lo que lo que nuestros constituyentes establecieron como una verdadera Política de Estado.

4. LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL COMBATE A LA POBREZA

Con una gran claridad la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal, con la firma de casi la unanimidad de sus integrantes estableció lo siguiente:

“Creado en 1974, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares precede en una década a los fondos que se crearon para el combate a la pobreza en la década de los ochenta en toda América Latina. Se financia con recursos nacionales provenientes del cinco por ciento (5%) de la planilla y del veinte (20%) del impuesto de ventas; actualmente equivale a alrededor del uno coma cincuenta por ciento (1.50%) del PIB.

Estos recursos se ejecutan por medio de más de cincuenta programas, de los que son responsables un gran número de instituciones. Se trata, por tanto, de un gran volumen de gasto así como de un intenso uso de las capacidades técnicas e institucionales. Sin embargo, existen dos problemas que podrían resolverse con una misma medida: por un lado, el Ministerio de Hacienda no está transfiriendo la totalidad de los recursos que por ley le corresponden al Fondo, por el otro existe carencia de información y de análisis sobre las acciones y resultados alcanzados por la inversión social, que se canaliza por medio del Fondo.

Por eso, se requiere iniciar un proceso de mejora en la cantidad de recursos transferidos por Hacienda al FODESAF, condicionado a una comprobación y fortalecimiento de la calidad de dicha inversión. Por lo anterior, se propone el giro efectivo de recursos por parte del Ministerio de Hacienda a FODESAP condicionando dichas transferencia a una comprobación de metas y logros y al fortalecimiento de la calidad de dicho gasto.”

Es claro que estos programas de combate a la pobreza son vitales para lograr una sociedad verdaderamente inclusiva y solidaria. Sin embargo, es imprescindible mejorar sus programas de forma tal que, por una parte, se elimine la corrupción y manejo politiquero que muchas veces les ha invadido; y por otra parte, es imprescindible que estos programas sean revisados para lograr que sean eficaces en la atención de los diferentes tipos de pobreza.

Con esto en mente, la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal, estableció la siguiente norma:

ARTÍCULO 26.-Transferencia de recursos de FODESAF.
El Ministerio de Hacienda deberá presupuestar y girar efectivamente la totalidad de los fondos establecidos en el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de forma gradual en un plazo no mayor de tres años a partir de la vigencia de la Ley de Pacto Fiscal. Para tal efecto el Poder Ejecutivo podrá condicionar la transferencia de los recursos que no se están girando actualmente desde el Ministerio de Hacienda al FODESAF, al desarrollo de un proceso gradual de revisión, evaluación y reformulación de los actuales programas de asistencia y promoción social y de cambio institucional del propio Fondo, de manera que los recursos disponibles sean utilizados con eficiencia y eficacia para el combate de los distintos tipos de pobreza.

Esta disposición obliga no sólo al giro efectivo de los recursos necesarios para el combate a la pobreza; sino que, además, propicia un verdadero proceso de mejoramiento de los actuales programas con el objetivo de lograr la eficiencia y la eficacia en el combate de esos distintos tipos de pobreza.

Señores Diputados y Señoras Diputadas. Es nuestra aspiración que con un carácter responsable y patriótico, ustedes, como representantes populares, sepan valorar la dimensión y la importancia de la reinclusión de estas normas en el texto del proyecto que ustedes actualmente discuten.

Es con este tipo de normas que, realmente, podríamos obtener un salto cualitativo en la búsqueda de una sociedad más justa, solidaria e incluyente.

Respetuosamente,

Antonio Burgués Terán
Presidente
Cámara de Exportadores de Costa Rica
CADEXCO

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional
de Empleados Públicos y Privados
ANEP

Gilberth Brown Young
Secretario General
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
CTRN

Harys Regidor Beltrán
Presidente
Consejo Nacional de Cooperativas
CONACOOP

Pedro Pablo Aguirre Alemán
Presidente
Mesa Nacional Campesina
MNC

Eugenio Porras Vargas
Presidente
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica

Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional
Federación Nacional de Trabajadores
de los Servicios Públicos
FENTSEP

Estimado Señor Gerente:

Primeramente, permítanos saludarle con el respeto que su estimable autoridad se merece, al tiempo que solicitamos su concurso, para que atienda y de curso como ha de corresponder, a la denuncia que a continuación detallamos.

El día 28 de mayo del año en curso, se aprobó en el consejo Municipal del Cantón central de Alajuela, sesión extraordinaria No 20-04, el PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 2-2004 y la MODIFICACIÓN EXTERNA 1-2004, gestión que a nuestro entender está viciada de nulidad, por las razones que a continuación exponemos.

En cuanto a la aprobación del presupuesto y la modificación citadas en el párrafo anterior, alegamos, nulidad en cuanto al procedimiento, por violación al artículo No 44 del Código Municipal, toda vez que ni el presupuesto ni la modificación externa contaron con el correspondiente dictamen de la Comisión de Hacienda, tampoco hubo en el momento de la aprobación de la moción que presentara el señor Alcalde sobre el tema, dispensa de trámites que justificara la ausencia de dicho dictamen, para su debida aprobación.

Sobre el aumento del 3.5%, que pretende imponer el señor Alcalde Municipal, Licenciado Fabio Molina Rojas, para cubrir el incremento correspondiente al primer semestre del año 2004, que se adeuda a los trabajadores de esta municipalidad y que consta en la Modificación Externa

No 1-2004, además de la violación señalada en el párrafo anterior, cabe agregar que se violenta el artículo No 60 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente en esta municipalidad, misma que está inscrita el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, firmada por las autoridades competentes de la Municipalidad de Alajuela y los representantes de los sindicatos ANEP Y UTEMA, titulares de este instrumento colectivo.

También debe tomarse en cuenta, para que se atienda nuestra demanda, que a la Modificación Externa No 1-2004, no se agrega el Convenio Simple, que habitualmente ha exigido La Contraloría General de la República, a las autoridades Municipales, para verificar la realidad de la negociación entre las partes (Sindicatos y Alcaldía) que exige nuestra Convención Colectiva de Trabajo, en toda gestión de aumento salarial.

Por todo lo anterior y con el propósito de que se respete el ordenamiento jurídico, obviar gestiones innecesarias en otras instancias que acarreen gastos de tiempo y dinero a la corporación Municipal de Alajuela y a sus contribuyentes, le solicitamos con todo respeto actuar con la premura del caso.

Atentamente, nos suscribimos con toda consideración y respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable Sector Municipal

——
c.:Honorable Concejo Municipal de Alajuela
c.:Licenciado Fabio Molina Rojas, Alcalde Municipal
c.:Licenciado José Manuel Echandi, Defensor de los Habitantes
c.:Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
c.:Trabajadores y trabajadoras Municipalidad de Alajuela
c.:Medios de Comunicación.

Estimado señor Director:

Primeramente, nos es grato poder expresarle nuestro más respetuoso y cordial saludo, de parte de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, así como de la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP en la Dirección General de Aviación Civil.

Aprovechamos la presente para solicitarle a su digna autoridad, de la manera más respetuosa, nos facilite una copia del documento denominado INF-AC-014-2002, realizado por la Auditoría de la Gestión de Recursos Humanos de la Dirección a su cargo, durante el período julio 2001 a junio de 2002.

Nuestra solicitud la hacemos amparada en el artículo 27 de nuestra Carta Magna y en el Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Agradeciéndole por anticipado su fina atención para con nuestra solicitud, nuevamente le expresamos todo nuestro respeto y consideración.

Cordialmente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Luis Enrique Leal Ruiz
Responsable ANEP-Aviación Civil

——
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Aviación Civil.
c.:Archivo.

Estimado señor:

En primera instancia, nos es grato poder expresarle un cordial y muy respetuoso saludo, en nombre de la Junta Directiva Nacional y de nuestro Comité Seccional ANEP- Aviación Civil.

Como es de su entero conocimiento, en el año 2002 la Auditoria de la Dirección General de Servicio Civil, emitió el Informe No. INF-AC-014-2002, el cual se denominó “Auditoria de la Gestión de Recursos Humanos en la Dirección General de Aviación Civil”. Éste informe arroja como recomendación, la necesidad de que la Auditoría Interna realice toda una investigación cuyos resultados quedan plasmados en el informe No. AI 05 2003

Los alcances de este informe AI-05-2003, incluyen una serie de conclusiones y recomendaciones tanto para el CETAC, como para la Administración y para la gestión auditora que muy dignamente su autoridad preside.

En esta dirección, nuestra organización sindical, de la manera más respetuosa, le solicita a su autoridad nos certifique por escrito las siguientes inquietudes:

En qué fecha fue presentado a las autoridades superiores de Aviación Civil (llámese Ministro del MOPT, CETAC y Dirección General de Aviación Civil), las conclusiones y recomendaciones que arrojó el informe AI-05-2003, realizado por su autoridad a solicitud expresa de la Auditoria y Control en Recursos Humanos de la Dirección General de Servicio Civil.

Si se implementaron al día de hoy, por parte de las autoridades superiores, todas las recomendaciones vertidas por su autoridad, en lo que respecta a las responsabilidades definidas para el Consejo Técnico de Aviación Civil, ante la gravedad de los hechos que se le imputan a las funcionarias Bogantes Pereira y López Víquez, específicamente en los numerales:

En virtud de los hechos mencionados, debe ordenarse el inicio de un procedimiento administrativo para ambas funcionarias y sobre todo que el mencionado Órgano Director esté conformado por personal externo.

Remitir el informe al Ministerio Público para ser valorado desde el punto de vista jurídico.

Dejar sin efecto el ascenso en propiedad realizado a la funcionaria Bogantes Pereira, en el puesto No. 401608 de la Clase Profesional de Apoyo 3B.

De igual manera para el resto de los numerales 6 y el 7; y para el caso del capítulo de Recomendaciones.

En la misma dirección, para los numerales del capítulo de Conclusiones, sobre todo para el punto No. 19 y 20 y, si no se hicieron, qué elementos de peso mediaron para que no se hicieran.

Si dicho informe fue puesto en conocimiento por parte del CETAC y qué acuerdo o acuerdos han tomado al respecto. Además informarnos en que estado se encuentran todas las recomendaciones vertidas del informe.

Nuestra solicitud la hacemos amparada en el artículo 27 de nuestra Constitución Política y en el Artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Agradeciéndole de manera anticipada toda la atención prestada a nuestra solicitud, nuevamente le expresamos nuestro respeto por tan fina atención,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Luis Enrique Leal Ruiz
Responsable ANEP-Aviación Civil

——
c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.:Junta Directiva Comité Seccional ANEP-Aviación Civil.
c.:Archivo.

Señores
Junta Directiva
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Licenciada
Maria del Roció Sáenz Madrigal
Ministra de Salud

Licenciado
Ovidio Pacheco Salazar
Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)

MSc
Luis Diego Morales
Director Ejecutivo
Comisión Nacional de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE)

Licenciado
José Manuel Echandi Meza
Defensor de los Habitantes de la Republica

Licenciado
Jorge Arturo Hernández Castañeda
Auditor de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Doctora
Patricia Redondo Escalante
Dirección Técnica Servicio de Salud Ocupacional
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

ASUNTO: Investigación urgente sobre los hechos acontecidos en el Servicio Central de Esterilización del Hospital Nacional de Niños, referente a la posible exposición a óxido de etileno de los y las trabajadoras, que incluya también una investigación sobre los términos del contrato (licitación restringida no. 049-03, por US $21.500 (¢9.500.000.00). que daría solución al problema presentado.

Estimables señores y señoras:

Reciban sus honorables autoridades, nuestro más sincero y respetuoso saludo de nuestra parte.

Asimismo, solicitamos a sus dignos mandos, iniciar dentro del marco de competencia correspondiente, una investigación amplia, profunda y sería que nos ayude a determinar si existió negligencia de parte de las autoridades superiores del Hospital Nacional de Niños, respecto a los problemas acaecidos en el Servicio de Esterilización del Nosocomio referido, mismos que afectaron a todos los y las trabajadoras que en dicho lugar laboran y que fueron publicados, en fecha 11 de Junio del 2004 en el Diario Extra, tal como consta.

Las razones por las que creemos conveniente solicitar la investigación citada, las sustentamos en los términos siguientes.

La eventual fuga de oxido de etileno que afectó el día jueves 10 de junio del 2004 a los y las trabajadoras del servicio Central de Esterilización del Hospital Nacional de Niños había sido comunicada de manera oportuna a las autoridades superiores de dicho centro pediátrico, sin que se tomaran las medidas de seguridad, a nuestro criterio apropiadas.

Dicho gas, según tenemos entendido, es cancerígeno, es incoloro y altamente tóxico, de uso obsoleto en procesos modernos de esterilización, de manera que lo sucedido en el referido servicio, se nos asemeja (en caso de comprobarse contaminación alguna en los empleados), a los resultados por exposición en el caso de los sobre irradiados del Hospital San Juan de Dios. Y es que el problema señalado, al parecer, era viejo pues hacía varios años venía afectando a los colaboradores y colaboradoras del servicio de Esterilización, situación esta que favorecería por la exposición continua, en caso de haberse dado resultados lamentables.

Tenemos entendido que el Hospital Nacional de Niños en Licitación Restringida No. 049-03 contrató por US $21.500 (¢9.500.000.00) a una transnacional para dar solución a los problemas aquí tratados. Sin embargo, por los hechos acontecidos, y descritos en la documentación adjunta; todo apuntaría que el objetivo trazado en la mencionada contratación donde medió tanto dinero, no brindó los frutos esperados, situación ésta que sin lugar a dudas genera incertidumbre, y que nos motiva a solicitar a sus dignas autoridades, una investigación urgente, seria y responsable sobre los términos del contrato, que por demás nos permita determinar el cumplimiento del mismo y sentar las responsabilidades del caso.
Finalizamos haciendo del conocimiento de ustedes, algunas notas sobre denuncias relacionadas al caso que nos ocupa en esta oportunidad.

Reiterando el respeto hacia sus nobles jerarquías, nos suscribimos.

p/ Junta Directiva Comité Seccional ANEP

Danny Garbanzo Alfaro

Jorge Guerrero Poveda

Carmen González Loría

p/ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Geovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-CCSS

——
c.: Departamento Inspección de Trabajo MTSS.
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Trabajadores Servicio de Esterilización HNN.
c.: Archivo.

Señores
Junta Directiva
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

Licenciado
Francisco Dall´Annese Ruiz
Fiscal General Ministerio Público

Licenciado
Alex Solís Fallas
Contralor General de la República

Licenciado
José Manuel Echandi Meza
Defensor de los Habitantes de la Republica

Licenciado
Ovidio Pacheco Salazar
Ministro de Trabajo y Seguridad Social

Licenciado Jorge Arturo Hernández Castañeda
Auditor de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Asunto: Denuncia sobre contrato millonario en el Hospital Nacional de Niños por concepto de mantenimiento de equipo de oficina (Preventivo y Correctivo de PC´s y Periféricos).

Estimados señores:

Hacemos del conocimiento de sus respetables autoridades y denunciamos ante ustedes lo que consideramos un hecho grave que, a nuestro criterio, debe dársele atención inmediata, por cuanto creemos que las autoridades superiores del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”; no estarían haciendo un uso adecuado de los recursos disponibles (económico y humano), al avalar contratos millonarios que le cuestan a la institución la impresionante suma de ¢ 5,696.400.oo por concepto de Mantenimiento de Equipo de Oficina (Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PC´s y Periféricos), alcanzando un costo mensual de ¢474.700.00 colones. (Contrato No.021-04 Licitación por Registro No. 012-03).

El hecho al que nos referimos fue denunciado ante las distintas autoridades superiores del centro pediátrico referido y ante la propia CCSS, cuando aún se realizaban las gestiones y mucho antes de que tal contrato quedara firmado entre la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la empresa Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A. (Oficio de fecha 04 de mayo del 2004).

Lo grave del asunto y es una de las razones por las que decidimos denunciarlo ante sus dignas autoridades consiste en que el Centro de Informática del Hospital Nacional de Niños, se subutiliza mano de obra calificada que bien podría brindar los mismos servicios que se contratan a la empresa privada, en este caso al Consorcio de Importación y Exportación CONISA S.A.

Al respecto, conviene citar el ejemplo del señor Danny Garbanzo Alfaro, funcionario de dicho centro con formación profesional en el campo de la Informática y quien se encuentra en situación de subutilización de su experimentado conocimiento, pese a que se le está pagando un salario; subutilización que se da, según nuestro criterio, por una desavenencia entre su respectiva jefatura y el señor Garbanzo Alfaro a raíz, según visión nuestra, por su activismo sindical con ANEP, lo cual está en proceso de dirimirse a través de denuncia que interpusiéramos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por presuntas prácticas laborales desleales.

Para la ANEP resulta sumamente incómodo y reñido con nuestra ética sindical la situación de que uno de nuestros representantes institucionales, en este caso el mencionado Sr. Garbanzo Alfaro, pese a contar con el conocimiento profesional necesario y la debida experticia, esté subutilizado en una bodega devengando un salario que le debe reconocer otro tipo de desempeño laboral como el indicado (mantenimiento de equipo informático); pero que, por la razón apuntada, se le ha relegado.

Con lo cual, en nuestro criterio, el Hospital Nacional de Niños está incurriendo en una doble erogación por un único servicio. Vistas así las cosas, mínimamente, esta situación debería ser investigada para que se establezca, con objetividad y exactitud, la propiedad o no de lo que aquí estamos sintiendo en cuanto a la situación apuntada.

Respetuosamente para todas sus dignas autoridades,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.: Dr. Luis Escalante, Gerente de Operaciones, CCSS.
c.: Ing. René Escalante González, Gerencia División Administrativa CCSS.
c.: Dr. Víctor Navarrete Acosta, Subgerente de Clínicas y Hospitales CCSS.
c.: Lic. Guillermo Abarca, Director Corporativo Recursos Humanos CCSS.
c.: Sr. Geovanny Ramírez Guerrero, Directivo Nacional ANEP-Responsable Sector CCSS.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP-HNN.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo

Estimado señor:

Nuevamente nos dirigimos a usted, en su calidad de Contralor General de la República, expresándole atento y respetuoso saludo; para solicitarle intervenir ante la denuncia que nos formula el señor Guillermo Murillo Cantillo, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP en la Imprenta Nacional; acerca de presuntas irregularidades en el caso de la compra de un compresor para dicha entidad pública.

El Sr. Murillo Cantillo, como podrá notar, expone una detallada relación de hechos que expresa su honda preocupación en torno al caso en mención, lo que da lugar a muchas dudas sobre la transparencia con que se efectuó tal compra; situación que a no dudarlo merece auscultarse ya sea para disipar la presunción de cierta irregularidad que tiene nuestra representación sindical en la Imprenta Nacional; o bien, si la misma ha existido para, en consecuencia, demandar las irregularidades de rigor.

Adjuntamos a la presente dos juegos de documentos. El primero está indicado con las letras A, B, C, D, E y F y expresan, como anotamos, la relación de acontecimientos sobre esa compra, levantada por el Sr. Murillo Castillo. El segundo, con numeración del 1 al 41, constituye fotocopias de documentos aludidos en la ya citada cadena de hechos.

A primera vista, podría parecer simple, diría cualquiera, por tratarse de la compra de un compresor, comparado a la luz de los “grandes” casos de presunta corrupción que se han estado destapando en las últimas semanas y meses. Sin embargo, en ANEP consideramos que si se comprobase que en este asunto de la Imprenta Nacional habrían ocurrido irregularidades, dada la sintomatología maligna que presenta la cosa pública hoy en día, también merece un abordaje cuidadoso para demandar eventuales rendiciones de cuentas de diverso tipo, incluso penales si fuese del caso.

Confiamos en que el Sr. Contralor General sabrá valorar las preocupaciones que motivan a nuestra representación sindical en la Imprenta Nacional para plantearnos el asunto indicado; preocupaciones que hoy, de manera oficial y por este medio, intermediando la documentación descrita, la ANEP acoge y traslada a la consideración de su despacho.

En espera de una favorable acogida a nuestra inquietud, aprovechamos para reiterarle nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.:Sr. Guillermo Murillo Castillo, Presidente de la Junta Directiva Seccional ANEP-Imprenta Nacional.
c.:Junta Directiva, Comité Seccional ANEP-Imprenta Nacional.
c.: Sr. Luis Enrique Leal Ruiz, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)-Responsable ANEP-Imprenta Nacional.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

Estimado señor:

En este primer día en que usted asume el honroso e importante cargo de Contralor General de la República, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le expresa un saludo respetuoso y los mejores parabienes en la delicada posición pública que hoy asume.

Con posterioridad, deseamos hacerle llegar algunas consideraciones sobre el carácter de su elección; sobre los desafíos que, desde una óptica laboral, la Contraloría General de la República ha de enfrentar por estos conflictivos tiempos; así como el papel de las organizaciones sociales en cuanto a la trasparencia y a la fiscalización de la cosa pública. Ojalá nos pueda usted recibir en fecha próxima, considerando que podría serle de utilidad nuestro pensamiento sobre tales tópicos y otros conexos.

Por ahora, en esta ocasión, es nuestro interés que su despacho valore si las consideraciones siguientes ameritan una acción de parte de su despacho, con relación a algunas situaciones que se han venido dando en el Registro Nacional, dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia; a fin de que el ente contralor, a partir de hoy bajo su conducción, determine si hay o no irregularidades y si éstas existen, pudieran derivar en diversos tipos de demanda de explicaciones, rendición de cuentas y/o investigaciones profundas. De seguido nuestras inquietudes:

Parecería oportuno valorar si cabe una investigación correspondiente sobre los informes de auditoría rendidos por la Auditoría Interna del Registro Nacional (incluyendo para ello todos los papeles de trabajo que sustentan), con relación a los Registros de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Conexos; y conocer así, el porqué la Junta Administrativa del Registro Nacional no se ha pronunciado sobre ello, si tenía un plazo de ley que cumplir, aparentemente.

Investigar las causas reales por las cuales la señora Ministra de Justicia y Gracia, Licda. Patricia Vega Herrera, separó a la Directora del Registro de la Propiedad Industrial; nombrando en su lugar, presuntamente, a una persona sin cumplir con los requisitos legales para ejercer el cargo. Para ello, estamos refiriéndonos, específicamente, a la resolución 2201-02457 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (y que consta en el expediente de ese mismo tribunal 01-002575-0007-CO); así como un informe de la Auditoría de la Dirección General de Servicio Civil, del año 2000. Pareciera necesario, a la vez, determinar por qué a la fecha ni el Jefe de Recursos Humanos, ni el Director General, así como tampoco el Auditor se han manifestado al respecto, lo cual indicaría la necesidad de subsanar esta aparente anomalía.

Investigar la presunta participación de la Licda. Arianna Araya Yockchen en un evento privado, en el cual dicha funcionaria, aparentemente habría comprometido la imagen y recursos del Registro Nacional, sin tener autorización para ello. Al respecto, se podría solicitar informe del Exsubauditor Interno, Lic. Federico Jiménez Barrantes, en poder del Auditor.

Investigar la contratación directa que adjudicó el Director General a.í., Lic. Dagoberto Sibaja, por la compra de seis mil láminas con sustancias que podrían ser cancerosas; lo cual, tenemos entendido, no obedeció a una donación como éste funcionario habría indicado a los demás funcionarios de la institución; láminas que fueron instaladas afectando negativamente la salud del personal.

Creemos prudente y necesario la revisión de las actuaciones del Auditor Interno, Licdo. Luis Reyes Solano, cédula 1-695-398, tales como:

La declaración jurada en la cual, aparentemente, no se habrían incluido ciertas deudas ante entidades financieras y comerciales, entre otras y su grado de morosidad. Aseguran los entendidos que tales situaciones, de ser ciertas, estarían violentando la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

Las salidas del país durante los años 2002 y 2003, así como las ausencias por concepto de incapacidades, permisos y vacaciones otorgadas por el Director General, sin ser su superior inmediato, presuntamente.

Supuesto incumplimiento de deberes en la ejecución del plan de trabajo de los períodos 2002, 2003 y 2004; los cuales no estarían obedeciendo, ni en forma ni fondo, con lo establecido para ese efecto por la Contraloría y su nivel de responsabilidad como profesional ante el Colegio de Contadores Públicos y la misma Contraloría.

Determinar el grado de incumplimiento de deberes, si es que éste existe o habría existido, del Sr. Auditor, con relación a los informes emitidos por la Contraloría en materia de Informática; así como los emitidos por la Auditoría del Servicio Civil, en materia de Recursos Humanos.

Determinar la existencia o no de un cierto nivel de coadministración que ejercería el Sr. Auditor en la relación con el Director General , y las razones por las cuales nunca, que se sepa hasta el momento, se habría emitido un informe de auditoría sobre la gestión de esta dirección.

Investigar las razones por cuales, disponiendo de una unidad de Auditoría Interna, la Junta debe contratar periódicamente una Auditoría Externa, que estaría resultando muy costosa a la institución.

Investigar los hechos ocurridos en el trámite y aplicación de medidas cautelares con relación a la Patente de Invención relacionada con los “CANOPY”; hechos que habrían lesionado los derechos de los funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial, desplazándolos a otros registros; y en su lugar, presuntamente, nombrando asesoras de la señora Ministra de Justicia y Gracia quienes, aparentemente, no tendrían ningún vínculo ni con el Registro Nacional, ni con la materia tan especializada como lo es la propiedad intelectual, lo cual podría poner en cierta indefensión a los usuarios, según los entendidos.

Convendría también solicitar a la Auditoría del Servicio Civil investigar todos aquellos nombramientos que se habrían efectuado sin requisitos, así como reasignaciones de plazas vacantes que se han realizado en los años 2002 y 2003, por parte de la Oficina de Recursos Humanos del Registro Nacional; incluyendo el nombramiento del Director del Registro de la Propiedad Inmueble (Lic. Róger Hidalgo Zúñiga) y el Director del Area Informática (Sr. Joaquín Valerio León).

Que existiendo pronunciamientos claros y vinculantes sobre las potestades del Director General y de la Ministra de Justicia y Gracia, en calidad ésta de Presidenta de la Junta Administrativa, ambos funcionarios podrían estarse arrogando derechos que no les corresponde, tales como:

La señora Ministra habría solicitado por escrito a los Directores de los Registros, especialistas en su materia, no brindar información a la prensa sobre casos particulares de sus registros, por lo que las únicas personas que pueden brindar información registral son ella y el Director General, aunque no tengan el panorama completo de los hechos. Si esto es así, ¿podría ser correcto?.

El Director General, aparentemente por encima de los deberes que le confiere la Ley de Creación del Registro Nacional, habría estado conociendo y resolviendo asuntos técnicos propios de los registros. Por otra parte, existe la queja de que también se habría dedicado a trasladar a los funcionarios a su gusto y antojo, “con instrucciones de la Señora Ministra”, de un lado a otro.

Que los casos relacionados con la materia registral, agotan su vía administrativa en el Tribunal Registral; sin embargo, presuntamente antes son debidamente conocidos y discutidos en alguna de las dos mencionadas instancias.

Todas las apreciaciones anteriores han llegado hasta esta Asociación, precedidas de un ambiente de enorme temor y tensión; con la confianza de que serían trasladadas, como por el presente medio ocurre, ante la nueva autoridad contralora, para los efectos que ésta estime pertinente.

Por nuestra parte, hemos estimado que tales apreciaciones vienen presentadas por personas de amplia trayectoria institucional, algunas de ellas asociadas a la ANEP, que mínimamente han esperado de nosotros un proceder como el que en este documento se apunta.

En tal sentido, planteamos las inquietudes no como afirmaciones tajantes y contundentes en contra de ninguna autoridad, aunque sí con el transparente deseo de que las cosas se aclaren, se desechen y si son ciertas, se pueda proceder conforme a los mejores intereses de la institucionalidad del Registro Nacional, entidad ejemplar en la América Latina en su campo.

Del Sr. Contralor General Solís Fallas, con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

Estimado señor:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo.

Como es del conocimiento de las autoridades institucionales y de los trabajadores y de las trabajadoras de esa Honorable Corporación, nuestra organización está muy interesada en conocer los pormenores del proyecto de “Empresa Municipal de Servicios Públicos”, que se pretende impulsar desde la Municipalidad de Alajuela. En ese sentido, le solicitamos con todo respeto su colaboración, para despejar algunas incógnitas que nos permitan conocer el marco legal que justifica el contrato con el cual se estaría abriendo el camino al citado proyecto.

Con ese fin le solicitamos nos informe si la donación de los $140.000.oo provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para el impulso del citado proyecto, ingresaron a las arcas de esa honorable municipalidad.

Adicionalmente, si para recibir o aceptar esa donación se firmó algún contrato o convenio con el Honorable Concejo u otra autoridad competente; si hubo acuerdo por parte del Concejo para aceptar la donación; y si así fue, nos facilite copias, tanto del convenio como del acuerdo o número y fecha del acta en la cual consta la firmeza del mismo.

Por último, si está dentro de sus posibilidades, solicitamos también se nos informe quién o quiénes son los encargados por parte del gobierno local, de la fiscalización y ejecución del proyecto de marras.

Toda la petición de la información aquí apuntada, la hacemos al amparo del artículo 27 de nuestra Constitución Política y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Con toda consideración y respeto nos suscribimos atentos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable Sector Municipal

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c.: Señores y señoras, Honorable Concejo Municipal de Alajuela.
c.: Lic. Fabio Molina Rojas, Alcalde Municipalidad de Alajuela.
c.: Junta Directiva Seccional ANEP Municipalidad de Alajuela.
c.: Junta Directiva Nacional ANEP.
c.: Archivo.