Categoría: Incidencia
Pronunciamiento del Foro Mujeres Politicas por Costa Rica sobre la jornada laboral 4×3
COMUNICADO PÚBLICO
NUESTRA POSICIÓN ANTE LA PROPUESTA DE LA LEY N° 21.182
En 1918, las personas trabajadoras lucharon por defender sus derechos laborales y lograron el establecimiento de las jornadas de 8 horas con el lema: 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas para vida social. Romper con este principio de progresividad es el inicio del por qué desde el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, hacemos pública nuestra ABSOLUTA OPOSICIÓN al proyecto de ley número 21.182 exponiendo a continuación nuestras razones:
Constitucionalidad:
- Violenta el Artículo 50 de la CP., que reza “el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, dado que la ampliación de las jornadas ordinarias afectaría la capacidad de generación de ingreso de aquellas personas que laborarían en estas condiciones.
- Violenta el artículo art.51 CP. “sobre la protección especial que el Estado debe otorgar a la familia”, pues atenta contra la calidad de vida de las mujeres, al alejar las posibilidades de trabajar, su salud, su dinámica familiar, al no tomar en consideración tampoco al art. 55 CP “sobre la protección especial del Estado a la madre y menores”, y art.71 CP “sobre la protección especial del Estado a mujeres y menores”. No se debe socavar estos derechos fundamentales mirando a los desiguales como iguales.
- Violenta el artículo 58 de la CP., donde se establecen los límites básicos de la jornada ordinaria de 8 horas diarias y 6 horas nocturnas con una obligatoriedad de parte del patrono de pagar un 50% adicional las horas extraordinarias, salvo casos de excepción muy calificados que debe determinar el legislador, pero en función de la particularidad de los puestos que la requieran, no de las necesidades productivas de patronos de limitar los costos por salarios.
- Esa reserva de ley no es delegable al Poder Ejecutivo por lo que la calificación de los perfiles de excepción debe estar fundamentada, discutida y aprobada en la misma Asamblea Legislativa.
- Violenta el artículo 57 de la CP, con la propuesta de agregar un diferenciador al salario mínimo, pues en realidad se constituye como un pago indemnizatorio menor al valor de la hora extra fijada constitucionalmente.
Derechos Humanos y Laborales:
- Se legislaría en contra del principio de Progresividad: Ya las jornadas de Corea, CR y México son las más extensas de los países pertenecientes a la OCDE (https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/horas-trabajadas.htm), y la experiencia internacional reduce las jornadas a 36 ó 32 horas en cuatro días, especialmente en contexto post COVID-19 con el fin de brindar mayor salud mental, aumentar productividad en tiempo efectivo y/o incentivar otras actividades como turismo interno.
- Falta de claridad sobre los recursos de apoyo para la seguridad como redes de cuido y quién será la instancia responsable de brindarlas, el alcance y recursos presupuestarios para el Consejo de Salud Ocupacional y las instancias de Inspección Laboral, cuyas funciones se asignan como trámites burocráticos que a largo plazo ineficientes para garantizar un equilibrio real del nuevo sistema.
Economía:
- No fomenta el crecimiento de la economía ni la generación de empleo como se está promoviendo el proyecto, ya que el efecto directo de la reforma es requerir menos trabajadores para llenar el mismo turno, a un menor precio al no pagar horas extra (reducción de costos operativos), aumentando 4 horas por día las jornadas laborales.
- Discrimina al 28% de la población femenina, que son mujeres en desempleo, debido a la incompatibilidad de las jornadas con en el cuido y tareas no remuneradas. Considerando a la vez, el artículo 74 CP el cual reza: “Los derechos y beneficios a que este Capítulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que
se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley: serán aplicables por igual a todo, los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional.”
El objetivo de nuevas leyes debería ser mejorar la situación de las personas trabajadoras, pues últimamente hemos perdido derechos, utilizando la pandemia para dejar de cumplir con el Código de Trabajo.
Por tanto,
- Solicitamos se considere nuestra total OPOSICION con la propuesta de Ley N° 21.182, por el Principio de Progresividad en Derechos Laborales legítimamente obtenidos.
- De las legisladoras y los legisladores, invitamos a considerar la falta de idoneidad del proyecto de Ley N° 21.182 para las y los trabajadores costarricenses.
- Apelamos al derecho de petición y participación, según la CP art. 9, 18, 27, 30, 50. En lo referente a la petición de participación del Foro de Mujeres Políticas en la mesas de trabajo sobre este proyecto.
“CUANDO LO SOCIAL SE DESATIENDE POR LO ECONOMICO, LO SOCIAL SE TERMINARA CONVIRTIENDO EN ECONOMICO”
ANEP solicita a la fiscalía General de la República investigar inversiones de la CCSS en La Nación S.A.
Dentro de las petitorias que la ANEP, solicita a la Fiscalía General, es que se informe si existe alguna denuncia planteada en contra de La Nación S.A. por los hechos denunciados por la prensa nacional, o bien, si el Ministerio Público tomará acciones concretas, con base en la información que ha transcendido a la luz pública, donde se describen algunos comportamientos supuestamente irregulares en el manejo de inversiones que involucran fondos de la CCSS
La ANEP logró extraer las notas periodísticas publicadas por Diario Extra, Semanario Universidad, El Guardián y El Mundo.cr, en las cuales se informa que La Nación S. A. tiene una deuda, en apariencia, por aproximadamente ¢19 mil millones de colones, misma que vence entre 2024 y 2025. Estas informaciones han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República junto a la petitoria de nuestra organización.
En las informaciones dadas a conocer por los medios de comunicación en mención, también se extrae que de los dineros de pensiones que administra la CCSS, que corresponden al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Fondo de Retiro de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRE), se tendrían invertidos aproximadamente ¢6 mil millones de colones en instrumentos de deuda con La Nación S. A.
La CCSS tiene invertidos en La Nación S. A., según notas del elmundo.cr y Semanario Universidad, 2 mil cuatrocientos millones de colones del IVM; también 3 tres mil millones de colones del FRE y 732 millones de colones de la Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS.
En julio de 2020, La Nación S. A. le indicó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que desarrollaría un proyecto inmobiliario por medio de un fideicomiso, a pesar de reportar deudas desde el año 2019. En dicho proyecto inmobiliario, se indicó, que incluirían la propiedad de Llorente de Tibás, además de otras propiedades, indican las informaciones periodísticas.
Trascendido a la luz pública que la CCSS, mediante el oficio GF-365-06-2022-GP-1046-2022, enviado a la Sugeval, con fecha 29 de junio de 2022, le pide información sobre este fideicomiso y el impacto que ha tenido en los estados financieros de La Nación S. A.
Otro de los cuestionamientos, indicados en las notas de prensa, hace referencia a las calificaciones financieras de La Nación S. A. que pasaron de “AAA” a “A”, razón por la cual, la CCSS, con base en diversos informes emitidos por el Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales, así como por la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera, ha mantenido una atención especial a inversiones que se tienen en los instrumentos de La Nación. S. A.
En criterio de ANEP, los hechos publicados por esta prensa nacional, reflejan una situación de urgencia que debe ser analizada por las autoridades superiores del Poder Judicial, en especial del Ministerio Público, pues podríamos estar, en apariencia, frente a algún fraude de simulación que involucra fondos del IVM, del FRE y de la Operadora de Pensiones Complementaria de la CCSS.
ANEP ve necesaria una investigación del Ministerio Público mediante la cual se aclare si los fondos pertenecientes a la CCSS sufren algún riesgo, pero también que se investiguen las conductas denunciadas públicamente y se determine si configuran algún tipo de hecho castigado por el ordenamiento jurídico penal.
San José, lunes 04 de julio de 2022.
Unidad de Información y Comunicación ANEP.
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ANEP desarrolló conversatorio sobre retos y lucha de la comunidad LGTBIQ+ en el ámbito laboral
Para la ANEP la inclusión es un tema importante y mayormente la búsqueda del cumplimiento del convenio 190 de la OIT que exige la eliminación de todo tipo de violencia y discriminación, es por esto, que varios ponentes resaltaron las luchas de la comunidad LGTBIQ+ y los retos a nivel laboral de cara al presente y el futuro.
Detectan plaguicida altamente contaminante y letal en agua de ASADA de Cipreses de Oreamuno
– Ministerio de Salud pide investigar situación al AyA. Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago.
– ANEP respalda las acciones del Frente Ecologista de Cipreses.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como organización sociopolítica que practicamos el sindicalismo ciudadano, nos pronunciamos con vehemencia a favor de las acciones jurídicas y comunales del FRENTE ECOLOGISTA DE CIPRESES, referente a la contaminación del agua con agroquímicos letales y en defensa de sus tomas de agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago.
ANEP le pide cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), especialmente a su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) sobre la contaminación del agua en Cipreses de Oreamuno.
Petición respaldada en análisis realizados en el agua de la localidad por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), en el cual se detectaron productos de degradación clorotalonil, sobre el límite permitido, así como trazas de otros plaguicidas; lo cual incluso ha sido reconocido por el AyA en su informe técnico: GSD-UEN-GAR-2022-01098.
Además, muestras del agua de Cipreses fueron enviadas desde el IRET-UNA al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, por sus siglas en inglés), en donde se encontró que también había otros productos de la degradación de clorotalonil, encontrando hasta 13 productos diferentes de la degradación, como se indica en el oficio UNA-LAREP-OFIC-054-2021 dirigido a la ASADA de Cipreses.
Este agroveneno que hoy contamina el agua de Cipreses (y probablemente en otras comunidades del país), está prohibido en Europa y otros 17 países del mundo precisamente por ser altamente contaminante y por los efectos mortales que causa en la salud pública y los efectos negativos en el ambiente.
Ministerio de Salud pide investigar
Ante esta grave situación, el pasado 3 de junio, la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón, solicitó a Roberto Guzmán, Director Ejecutivo del AYA, su apoyo para incluir los derivados del clorothalonil en las mediciones de los parámetros N4, que se aplican en el Laboratorio Nacional de Aguas.
La directriz girada por la nueva Ministra de Salud es un gran triunfo para la protección del agua, la salud y el medio ambiente en Costa Rica, señalo el Frente Ecologista de Cipreses
“Agradecemos también que la inclusión del análisis de las moléculas de degradación del fungicida clorothalonil serán aplicadas no solamente en el monitoreo para detectar plaguicidas en agua potable (N4) que se hagan en el distrito de Cipreses, sino que ahora se empezarán a aplicar en los acueductos de todo el territorio nacional, esto permitirá tomar medidas precautorias y acciones correctivas con mucha más rapidez, lo cual va a evitar futuras afectaciones para la población”, manifestó el grupo ecologista.
Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago entre estos: Cipreses de Oreamuno, Cervantes de Alvarado y Paraíso.
Ante este escenario, urge que el Gobierno fortalezca las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), ya que incluso sus propios funcionarios aceptan que carecen de recursos técnicos para el monitoreo y respuesta rápida; pues solamente pueden analizar 24 plaguicidas cuando en nuestro país hay más de 200 que podrían estar contaminando el agua de los y las costarricenses.
Las anteriores afirmaciones se realizaron el pasado 8 de junio por parte del funcionario del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, señor Darner Mora Alvarado en un foro efectuado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde también manifestó “que ellos trabajan en un cuchitril…” ¿cómo es posible que este importante laboratorio no sea prioridad nacional siendo este país uno de los que más utilizan fumigaciones en el mundo?
Para la ANEP y el Frente Ecologista de Cipreses resulta apremiante sacar al LNA de la Regla Fiscal y robustecer su competencia con el fin de proteger la salud pública y ambiental, ante la realidad de ser uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en el mundo, como consta en el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el Uso Aparente de Plaguicidas en Costa Rica 2022, donde se evidencia que incluso hay muchos plaguicidas contaminando nuestra comida y agua los cuales son altamente peligrosos y están prohibidos en otros países. Costa Rica debería ir a la vanguardia en protección ecológica y de la salud y no ser un país reconocido por usar todos los plaguicidas prohibidos en otros países. (https://impactoplaguicidas.cr/)
Dicho informe reveló que la población costarricense, especialmente la rural y las personas trabajadoras agrícolas están expuestas a una elevada cantidad de plaguicidas altamente tóxicos, que supera los 74 kilogramos de ingrediente activo por trabajador/trabajadora agrícola por año.
Es importante que el Laboratorio Nacional de Aguas establezca alianzas estratégicas con el prestigioso laboratorio del IRET (LARET) de la UNA. Para atender los hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses; ya que hay nuevos desafíos en materia de ecotoxicología ambiental y salud pública, de manera que las comunidades afectadas cuenten con acompañamiento técnico de alta calidad.
Cuestionan resultados sin tener capacidades técnicas.
El Laboratorio Nacional de Aguas de AyA a pesar de no contar con las capacidades técnicas para detectar los productos de degradación del clorotalonil, se precipitó a criticar los análisis y resultados realizados por el IRET-UNA donde sí han podido detectar los productos de la degradación del plaguicida en el agua de Cipreses de Oreamuno gracias a su larga experiencia y contactos internacionales.
Hay que reconocer que este es un tema muy nuevo y apenas en el 2019 se descubría en Suiza y en Europa. Por otra parte, lamentamos las declaraciones ante la prensa del señor Darner Mora Alvarado del LNA del AyA según consta en su entrevista en Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/aya-dice-que-se-necesitan-mas-pruebas-para-comprobar-contaminacion-con-fungicida-en-agua-de-cipreses-de-oreamuno/) por lo que instamos a él y todo su equipo técnico en trabajar de forma proactiva con sus colegas del IRET-UNA para atender este problema que hoy enfrenta la sociedad costarricense, ya que no solo afecta a la comunidad de Cipreses de Cartago.
ANEP felicita a las personas del Frente Eco Cipreses, así como a quienes trabajan en el IRET-UNA que actualmente demuestran su compromiso en defensa de la salud pública y les reiteramos nuestro apoyo en su lucha por el bien común.
Al mismo tiempo recordamos que el Estado debe cumplir el artículo 50 de nuestra Constitución Política que establece: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”.
San José, 21 de junio de 2022.
Directriz Ministerio de Salud
