La Unidad de Desarrollo Organizacional de la ANEP, sostuvo una serie de sesiones de trabajo en busca de mejoras con respecto al trabajo que realiza la ANEP en las bases de cada seccional, así como el trabajo de incidencia política y nacional de la organización.
Categoría: Incidencia

ANEP presenta coadyuvancia penal contra el MEP y el Consejo Superior de Educación
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, el día de hoy, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, una coadyuvancia (Exp. 21-000285-1218-PE) de denuncia penal y solicitud de medidas cautelares contra autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Superior de Educación por violación a la Ley de Protección de Datos y Otros.
La acción presentada por la ANEP se da ante los hechos registrados a partir del día 9 de noviembre y hasta el recién pasado viernes 12 de noviembre del 2021, fechas en las que se procedió a aplicar por parte del MEP, en los centros educativos de todo el país, las pruebas FARO, así como el denominado “Cuestionario de factores asociados”, con el cual se procedió a la recolección ilegítima de datos personales de personas menores de edad y sus familias, datos que entran en la categoría de datos sensibles.
En esta se solicita:
1-Allanamiento y decomiso de las pruebas faro practicadas a los menores de edad a lo largo y ancho del país ahora en Poder del Tribunal Contencioso administrativo .
2.- Se solicita como medida cautelar además que se suspendan las pruebas faro basadas en la estructura de documentos que son cuestionados en esta demanda por ser una lesión moral, psicológica y hacia la salud de los menores de edad de quinto año de primaria, con fundamento en el Interés superior del niño y la niña
3.- El domingo 14 de noviembre en horas de la noche trascendió la noticia de que las Señoras Ministra de educación Sra. Guiselle Maduro y la viceministra Melania Brenes Monge habían renunciado a sus puestos, y que el Señor Pablo José Mena Castillo Viceministro de planificación institucional y coordinación regional del MEP renuncio el sábado 13 de noviembre de los corrientes, por lo que solicitamos que por la gravedad de los hechos acusados se les prohíba mientras se mantenga en trámite esta denuncia y hasta que termine con un juicio se les gire la prohibición de ocupar cargos públicos: Asimismo la medida también sea extendida a todos los miembros del Consejo Superior de Educación.
4. Que se informó que quien fue nombrado como Ministro de Educación AI fue el acusado Steven Gonzales Cortes, quien ejercía el cargo de viceministro administrativo , aquí acusado por lo que solicitamos de igual manera se le dicte orden de prohibición de ejercer cargos públicos mientras esta causa se investiga toda vez que al haber tenido participación en los hechos podría interferir con la investigación a realizarse y podría causar perjuicio con la prueba tanto documental como testimonial de docentes que puedan ser llamados como testigos en esta causa .
Calificación Legal
El artículo 196 bis de la Ley de protección de datos tipifica el delito de violación a esta ley.
Así mismo los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de incumplimiento de deberes, tipificado en el código penal articulo 330 y de abuso de autoridad tipificado en el artículo 329 del Código Penal pues las conductas de los aquí acusados encuadran totalmente en dichos delitos.

Apoyemos a Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP ante el juicio político en su contra
Apoyemos a Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP. Condenamos el juicio político en su contra. ¡Viva la libertad sindical y el derecho a la protesta!. Muestra tú apoyo con una firma AQUÍ
Dirigentes sindicales agrícolas de ANEP participan en talleres con estudiantes de la UCR

Proyecto 21.336, Empleo Público, está «herido de muerte
•Ahora es la Procuraduría General de la República la que señala problemas en el proyecto de ley
•Sensatez aconseja dejar el asunto para el nuevo período constitucional.
La Procuraduría General de la República (PGR), ha enviado una contundente opinión acerca de los problemas que tiene la actual versión del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, en su comunicación PGR-OJ-180-2021, fechada 19 de noviembre de 2021, que ha dirigido a la Asamblea Legislativa; específicamente, a la consulta que le formuló la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad del parlamento.
La conclusión fundamental del ente procurador es, a nuestro juicio, contundente: tal proyecto sigue presentando “inconvenientes a nivel jurídico”; por una parte, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, mediando un inédito proceso de búsqueda de acuerdos en el marco de una concepción activa de Democracia Participativa. Ni lo uno ni lo otro se ha dado en el presente período gubernativo de Alvarado y sus soportes político-legislativos y mediáticos, caracterizado por un autoritarismo inédito.
Por otra parte, y para la ANEP, al conjuntar el significado político del criterio de la PGR, con el emitido por la Corte Plena del Poder Judicial en cuanto a que dicho proyecto ocupa de 38 votos, podemos afirmar que el mismo ya está “herido de muerte”.
Bien harían las actuales autoridades ejecutivas y legislativas que insisten en impulsarlo, contra viento y marea y contra toda racionalidad jurídico-legal, dejar de insistir en su aprobación; y, por el contrario, dejar que el asunto quede para el nuevo período constitucional a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Es prácticamente circunstancia irrefutable que ya no hay espacio político para tal iniciativa. Un mínimo sentido de sensatez política así lo aconseja.
La opinión de la PGR hace un análisis serio del “nuevo” texto (cuarta o quinta versión) del proyecto de empleo público; análisis en el que, aunque por el fondo mantiene su tradicional posición dogmática, conservadora y autoritaria, ha advertido acertadamente que el proyecto tiene vicios de procedimiento, que podrían implicar roces de constitucionalidad.
Al respecto gravísimo es, a juicio del experto en Derecho Constitucional, don Manuel Hernández, el hecho de que la comisión parlamentaria asuntos de constitucionalidad, se haya extralimitado, pues modificó a su arbitrio varios artículos del proyecto que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional.
Derrotada que ha sido, y de manera contundente, la perversa tesis de que el grave problema del déficit fiscal se debía a los salarios devengados por las personas trabajadoras empleadas públicas (de lo cual ANEP ha sido fundamental abanderada obrera al respecto) ; es indudable que los contenidos totalitario-autoritarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público jamás han podido, ni podrán, pasarle por en encima a postulados fundamentales de la constitucionalidad de la Carta Magna, que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949.
San José, sábado 20 de noviembre de 2021.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Seccional ANEP-ALUNASA ve como un montaje cierre de operaciones de la empresa
Juez admite medida que busca suspender reglamento para la asignación de plazas en propiedad en CCSS
El recurso fue presentado en el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de que se declare con lugar esta medida cautelar ante causam de manera provisionalísima, suspender reglamento para la asignación de plazas en propiedad en CCSS y que se le otorgue a la ANEP un plazo de 15 días dispuesto en el CIPA para formular un proceso ordinario contencioso administrativo.
ANEP mantendrá apoyo, acompañamiento y asesoría jurídica a trabajadores de Alunasa despedidos
La ANEP mantendrá el acompañamiento y la asesoría jurídica a los 176 trabajadores de Alunasa que este martes, recibieron la carta de despido por parte de la empresa del gobierno Venezolano, ubicada en Juanilama de Esparza. Incluso mañana miércoles un equipo de nuestra organización viajara al cantón puntarenense para sostener una reunión con los afectados.

Concejo Municipal deja sin salario a trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de Liberia
- Concejo Municipal no ha nombrado una Junta Directiva, lo que impide que se asuman los compromisos del Comité
La falta del nombramiento de una Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación (CCDR) de Liberia por parte del Concejo Municipal, mantiene en vilo a 25 personas trabajadoras quienes no recibieron el pago de su salario.
Karolina Obando Brenes, integrante de la Seccional ANEP-CCDR de Liberia explicó que la última Junta Directiva perdió vigencia el pasado 31 de octubre.
“Nos quedamos acéfalos. Lo que se ha acostumbrado es que tanto acá en Liberia y a nivel nacional es que la Municipalidad asume la administración del Comité. En este caso no fue la excepción, el Concejo Municipal dicta un acuerdo para que el alcalde asuma la administración y poder realizar todos los pagos referidos a los costos fijos en donde se incluye el pago de la panilla de los funcionarios”, indicó Obando.
Sin embargo, ante esta acción del Concejo Municipal, el alcalde Luis Gerardo Castañeda, realizó una consulta a la Contraloría General de la República sobre los alcances de esta medida y hasta tanto no tener respuesta por parte del ente contralor no ejecutará ninguno de los procesos que el Concejo le asignó.
Obando agregó que desde hace dos años se presentó la misma situación, pero en aquel momento el alcalde no tuvo ningún reparo en asumir las funciones de inmediato.
La ANEP solicitará una audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo con los representantes del Concejo Municipal y el alcalde de la Municipalidad de Liberia.

Pruebas Faro: una pifia más del Gobierno de Alvarado
•CUESTIONARIOS DE FACTORES “ASOCIADOS”: INFAME CONTRADICCIÓN PEDAGÓCIA DE LAS ACTUALES AUTORIDADES EDUCATIVAS
I. CONTEXTO:
01- Desde nuestra perspectiva, el actual Gobierno de Alvarado no sólo pasará a la historia por ser la peor Administración de la denominada Segunda República, llegando al poder a través de, quizás, la mayor estafa política de nuestra vida republicana; sino que, además, pasará a la historia por haber desplegado desde las jerarquías políticas del Ministerio de Educación Pública (MEP), la peor gestión educativa de los tiempos contemporáneos. Esto bien lo saben las decenas de miles de personas trabajadoras docentes que ponen alma, vida y corazón en las aulas, a pesar de los desaciertos de las altas cúpulas político-educativas que Alvarado puso a dirigir los destinos del MEP.
- Un nuevo capítulo de lo anterior sucedió esta semana con la aplicación de las denominadas pruebas FARO. Dentro de este proceso, si bien una gran cantidad de personal docente puso sus esfuerzos como delegados y delegadas de aula, como personas tutoras especialistas, como delegadas asistentes y delegadas ejecutivas; al final, al conglomerado laboral docente y administrativo de los centros educativos involucrados, no le quedó más remedio que respetar las disposiciones de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad y de las altas autoridades educativas (despacho de la Ministra de Educación Pública incluida), en lo relacionado con la aplicación de un proceso que, desde la perspectiva de ANEP, a todas luces careció de una planificación adecuada para dar validez a su aplicación y, por ende, a buena parte de la información recopilada.
03- Es que a pesar de múltiples opiniones de profesionales especialistas en la materia, que planteaban que lo más conveniente sería no aplicar las pruebas FARO como prueba estandarizada en 2021; las jerarquías administrativas del MEP decidieron aplicarlas a toda costa, en vez de recurrir a mecanismos o instrumentos más desconcentrados por zona o circuito escolar, en reconocimiento de las diferentes realidades en que se desenvuelven los diferentes centros educativos, así como la diversificación de aspectos sociales y culturales de las personas estudiantes.
04- Pese a ello, y a las particularidades propias de la actual pandemia, de la brecha digital que el Gobierno ha sido incapaz de cerrar con celeridad, y de la arbitraria pausa educativa dispuesta unilateralmente por la Ministra Cruz; el MEP insistió en implementar las Pruebas Nacionales para el Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades de la Educación General Básica y Diversificada, conocidas por sus siglas FARO, y los inicialmente llamados cuestionarios de “contexto”, luego conocidos como “factores asociados”. Lo anterior con una serie de inconsistencias que pasamos a mencionar:
II. FARO: NOMBRE NUEVO PARA MOLDES VIEJOS
05- En cuanto a las pruebas de las tres asignaturas realizadas días atrás, a pesar del discurso de las altas autoridades educativas, al respecto de que las pruebas nacionales FARO son “nuevas herramientas de evaluación que miden “el dominio de habilidades”, evaluando mejoras en el aprendizaje con “preguntas de mayor aproximación a la realidad”; lo cierto es que a juzgar por la experiencia vivenciada en estos días por personas estudiantes, personas docentes, así como madres y padres de familia, más allá del discurso, las mismas no estaban en su totalidad exentas de evaluar currículo. Pareciera que los cambios en el nombre de la prueba no lograron disimular limitaciones relacionadas con un formato muy similar al de las anteriores Pruebas Nacionales de Sexto Grado o de Bachillerato.
06- Lo anterior, por no hablar de ambigüedades reportadas por personas docentes con respecto a que cada programa de estudio entiende desde su propia óptica, las llamadas “habilidades”.
07- Si de similitudes se trata, en general la aplicación de estas pruebas, desde la óptica de la ANEP, a la larga será un requisito de promoción de la persona estudiante para obtener el Certificado de Conclusión de la Educación General Básica de I y II Ciclo, el año entrante; esto por más que el discurso oficial busque formas de suavizar su perorata sobre el tema, o invente la posibilidad de repetirlas en busca de mejorar la nota de lo ya evaluado.
08- Además, aún el MEP no despeja la duda sobre cómo las célebres FARO lograrán medir habilidades importantes como la colaboración, la comunicación, la responsabilidad personal y social, entre otras.
III. FACTORES ASOCIADOS O “FACTORES DISFRAZADOS”
09- Junto a las asignaturas a evaluar, las autoridades ministeriales anunciaron con bombos y platillos, desde meses atrás, la realización (un cuarto día), de los inicialmente llamados cuestionarios de “contexto”, luego conocidos como “factores asociados”; y hoy, ante la creciente molestia, ya son conocidos popularmente con el nombre de “factores disfrazados”; y cuyo recabado de información sensible le está recordando a la ciudadanía, la tristemente célebre UPAD.
10- El discurso oficial hablaba de que los llamados “factores asociados” no eran sino consultas que se aplicarían en conjunto con las Pruebas Nacionales FARO de las asignaturas de Ciencias, Español y Matemática, “en busca de entender o explicar los factores que se asocian con los resultados obtenidos, así como identificar variables que contribuyan con la mejora de la educación”; pero los mismos fueron mucho más allá de eso. Esto ya que estudiantes, docentes, madres y padres de familia reportan lo siguiente:
· Primero: Porque al parecer, a través de varios cuestionarios, pero especialmente el llamado “tronco común”, se les preguntaba a menores de edad (estudiantes en edad escolar), información sensible, tanto socioeconómica (el tipo de vivienda, si en la casa había vehículos, de cuáles tipos, el material del techo de la casa, etc.); como intrafamiliar (si madres y padres lo motivaban, alentaban, escuchaban, acompañaban, etc.).
Lo anterior, si bien se decía era información anónima, lo cierto es que cada folleto y cada hoja de respuestas tenía consignado el nombre y número de identificación del estudiante menor de edad. Ello no sólo contradice toda lógica de anonimato, sino que, además, genera la pregunta, de qué tipo de autorización o consentimiento informado, solicitó el MEP a los encargados legales de personas menores de edad, para consultarles ese tipo de información ajena a la famosa “medición de habilidades”. Información que, por demás, de resultar de interés para algún caso, debería ser tratada con la particularidad del mismo, a la luz de profesionales en psicología, trabajo social u orientación, que sepan separar toda respuesta basada en deseabilidad social, y consignarlas en su debido contexto y dimensión.
· Segundo: Porque solicitaban a los y a las estudiantes información acerca de su docente de cada materia, sobre temas tan subjetivos como “su maestra lo motiva o no lo motiva”; además de otra serie de averiguaciones que bien podrían ser más propias de un interrogatorio de capital humano, que sobre la experiencia mismas de la evaluación.
11- Y es que los grandes ausentes de los “factores asociados” fueron, justamente, temas relacionados con la experiencia de la persona estudiante en cuanto a su vivencia con la aplicación propia de las pruebas FARO (¿cuánto tiempo estudió?, ¿estaba nervioso?, ¿vino desayunado?, ¿entendió el nivel de lenguaje con el que se le preguntaba?, ¿se sentía preparado para enfrentarse a las pruebas?, etc.); o, con carencias de infraestructura (las aulas tienen iluminación, los servicios sanitarios en su escuela cómo son, si tienen alcohol en gel, jabón, toallas o papel higiénico en su escuela para enfrentar la pandemia, etc.).
12- Desde luego, el gran ausente de toda evaluación estandarizada sigue siendo, preguntar la percepción sobre la gestión educativa de las altas jerarquías de la actual Administración del MEP y sus decisiones (ministra, viceministros, Consejo Superior de Educación, jefaturas, mandos medios y directores-directoras regionales).
IV. LA CONTRADICCIÓN PEDAGÓGICA DE LA DÉCADA:
13- Otro aspecto destacado con los llamados “factores asociados”, es que su aplicación bien puede ser la contradicción pedagógica de la década. Pretendieron, entre otros propósitos ya expuestos, indagar sobre la realidad del o de la estudiante y del aula, sin comprender la realidad de la persona estudiante y la dinámica del aula. Pretender que, en tres horas, un estudiante de edad escolar, sin pausa alguna, consigne más de 600 respuestas relacionadas con la aplicación de tres cuestionarios seguidos, desconociendo el nivel de estrés que supone para los educandos unas pruebas nacionales, no es otra cosa que un absurdo pedagógico y educativo.
14- Tal falta de planificación y de visión pedagógica de las altas jerarquías que, desconociendo la realidad del salón de clases, pretendieron, como si fuese normal, hacer que estudiantes en edad escolar contestaran más de 90 preguntas, seguidas y sin pausa, para completar cuatro encuestas, teniendo que completar cerca de 620 círculos en la hoja de respuestas. Los efectos anímicos que ello tuvo en estudiantes, el día viernes 12 de noviembre de 2021, tiene en justa indignación a cada vez más docentes, madres y padres de familia.
15- El acabose es que en varios lugares no se pudieron completar los cuestionarios, por lo que en los próximos días se citará de nuevo a los estudiantes para terminarlos. ¿Cómo evitar que el estudiante responda con “deseabilidad social” ante sus preocupaciones de lo que consigne, sin saber, por ejemplo, si eso a futuro evitará que su mamá siga recibiendo apoyo económico de determinada instancia? ¿Habrase visto tal falta de previsión y planificación?
V. EN SÍNTESIS:
1- Las pruebas FARO aplicadas de las asignaturas de Ciencias, Español y Matemática, pese al cambio del nombre, no escaparon de limitaciones relacionadas con un formato muy similar al de las anteriores Pruebas Nacionales de Sexto Grado o de Bachillerato.
2- El recorte de presupuesto de juntas escolares contrasta con la insistencia en la aplicación de dichas pruebas, que en las circunstancias dadas ha sido un gasto económico excesivo, para obtener insumos poco relevantes en unos casos y carentes de validez en otros.
3- La falta de previsión, y demás inconsistencias en la aplicación y diseño de las consultas de “factores asociados”, despojan el proceso de toda validez estandarizada.
4- Los procesos de estrés a los que el viernes 12 de noviembre de 2021 fueron sometidas las personas estudiantes en edad escolar que debieron aplicarlo, es la infame contradicción pedagógica de la década. Por otra parte, las evidentes limitaciones en la aplicación de la prueba de “factores asociados”, es una muestra más de la falta de planificación que ha caracterizado la gestión de las actuales autoridades educativas.
5- A juzgar por el contenido, las autoridades educativas, más que información relevante sobre la aplicación misma de las pruebas, con las consultas de “factores asociados”, parecían más bien interesadas en dar apoyo a la construcción de su discurso de cierre de administración; en el cual (nada nuevo bajo el sol) culparán al honorable cuerpo docente nacional de las limitaciones que el proceso educativo ha tenido a raíz de las directrices y limitaciones de gestión de las altas autoridades educativas. Esto a pesar de que, en realidad, decenas de miles de personas docentes a lo largo y ancho del país, con esfuerzo y dedicación afrontan de su propio bolsillo la carencia de materiales que siguen sin solventar las autoridades educativas del MEP.
6- Desde ANEP lanzamos el reto a la Ministra de Educación Pública para que, antes de culminar su administración, aplique una prueba estandarizada a personal docente y administrativo, en la cual se recolecte la información anónima que consigne su opinión acerca de aspectos relacionados con la inexperiencia y falta de liderazgo de autoridades educativas, los recortes presupuestarios de las juntas de educación, la falta de materiales a docentes para hacer su trabajo, las contradicciones en directrices, la improvisación de la pausa educativa, la falta de acompañamiento, la crisis de recursos, etc. Los resultados podrían escandalizar los despachos ministeriales, pero no así a la comunidad educativa que los ha experimentado.
7- A la fecha ni el MEP ni el Gobierno de Alvarado han sabido explicar, claramente, el porqué de la insistencia de estas pruebas. Sea que se pretenda tratar de posicionar a lo externo del país (OCDE u otros espacios), la idea de un mejoramiento de la Educación, sea que se esté buscando respaldar el discurso de cierre de administración que justifique las carencias de la gestión de las autoridades educativas; lo cierto es que desde la perspectiva de la ANEP la alta jerarquía del MEP no asumió con la suficiente sensibilidad, responsabilidad y compromiso, la planificación de las Pruebas Nacionales FARO, con el fin de certificar al país la validez y confiablidad de sus resultados.
8- Los procesos evaluativos que busquen mayores índices de calidad, deben entender el proceso de enseñanza-aprendizaje del que forman parte, como un proceso pensado para el bienestar integral de la persona estudiante, capaz de acercarle, motivarle y comprometerle con su propio aprendizaje en vez de contribuir con experiencias displacenteras, a la creación de aversión por el proceso educativo y las evaluaciones.
9- Demandamos al Gobierno de la República, a la Ministra de Educación y a las altas autoridades político-educativas, a tomar medias, completamente serias y transparentes, para que el caos de lo acontecido al cierre de aplicación FARO en educación primaria, no se repita próximamente en educación secundaria exponiendo, innecesariamente, a los jóvenes estudiantes a las crueles dinámicas ya descritas.
10- Queda pendiente que las autoridades del MEP, tan preocupadas por el recorte del gasto público, den cuenta del costo integral que el diseño, confección y aplicación de estas pruebas ha tenido. Esas cuentas serán pedidas por ANEP a fin de ser transparentadas ante la comunidad educativa nacional y ante la opinión pública costarricense.
San José, sábado 13 de noviembre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP