ANEP solicita intervenir oficina local del PANI en Golfito

• Trabajadores indican que se vienen desarrollando situaciones negativas que afectan el desempeño laboral.
• Pese a las múltiples solicitudes dirigidas a la Dirección Regional, ésta solo da respuestas negativas o no responde.
• Funcionarios manejan más 200 expedientes en promedio.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicita a la Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervenir la oficina local de Golfito debido a los constantes cambios de coordinador, lo cual ha repercutido en el desempeño laboral de los funcionarios.

De acuerdo con el documento PANI-OLGO-OF-0609-2021 dentro de la oficina local se han desarrollado situaciones que afectan el desempeño laboral de los funcionarios, quienes han sufrido episodios de ansiedad, depresión, estrés por la sobrecarga laboral y la inestabilidad de los nombramientos.

Para el personal trabajador, desde hace dos años, existe una carga laboral insostenida. Por ejemplo, en el caso de las dos profesionales encargadas de atención de denuncias, manejan en promedio 260 expedientes cada una, mientras que solo hay una persona contratada para darle seguimiento a los 184 procesos abiertos y el departamento legal está conformado por dos personas que llevan 272 procesos, algunos se encuentran detenidos por la falta de personal.

“Es tanta la saturación de trabajo, que es prácticamente imposible realizar todos los procedimientos correspondientes para garantizar que los niños retornen a sus hogares, aquí se lesiona el derecho del menor a crecer en familia”, comentó Keilyn Urtecho Obando asesora sindical de la ANEP.

Urtecho agregó que actualmente la oficina local no tiene nombrado a un coordinador, además tampoco cuenta con el equipo completo en trabajo social y psicología.

“Que hemos pasado periodos de tiempo extensos sin jefatura en sitio, debido a procesos disciplinarios, posterior a estos procesos de contratación en donde la persona contratada no pasa la calificación (…), calificaciones subjetivas sin fundamentos reales nos dejan nuevamente sin coordinador”, indica el documento.

Además, agrega “que nos hemos sentido emocionalmente inestables, y no queremos a raíz de estas manifestaciones nos intimiden, acosen o se tomen represalias en nuestra contra, ya que, he visto como muchos funcionarios que levantan la voz son posteriormente incorporados por procesos disciplinarios, nuestro equipo de trabajo solamente queremos continuar realizando nuestra labor”.

Para la ANEP la excesiva carga laboral y la escasez de recurso humano afecta la calidad de los servicios que el PANI le brinda a cada niño, niña o adolescente, y por ende a sus familias. En distintas ocasiones, nuestra organización sindical ha manifestado preocupación por el cansancio, el ambiente pesado, los altos niveles de estrés que sufren por no estar al día con sus casos.

La solicitud de ANEP es clara: “que se dé la intervención inmediata por parte de la Gerencia Técnica y se realicen entrevistas a los funcionarios”. Además, que se realice una evaluación de la salud mental que ayude a estabilizar al personal”.

Secretario General del sindicato del TSE irá hasta lo último ante irregularidades internas

Continúan el proceso legal y el respaldo de ANEP para el Secretario general del sindicato del TSE luego de que lo despidieran por denunciar irregularidades dentro de la institución.

Invitación seminario web: Seguridad Social e Informalidad Laboral en Costa Rica

La oficina de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Costa Rica y el Observatorio Económico Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), le invitan a participar en el próximo seminario web del ciclo COYUNTURA FISCAL ANTE EL COVID-19.

En este evento expondrán la investigadora de la UCR, Sra. Juliana Martínez, el investigador de la UNA, Sr. Fernando Rodríguez y el Sr. Gustavo Picado, Gerente Financiero de la CCSS, quienes presentarán propuestas viables para incluir personas trabajadoras en situación de informalidad en el sistema de protección social, asimismo, para fortalecer las finanzas de la Caja Costarricense del Seguro Social y velar por los derechos laborales en Costa Rica. 

¡El seminario ofrecerá un espacio de discusión para incluir sus aportes y comentarios al debate actual!

Día: Martes 12 de octubre del 2021

Hora: de las 5:00 p.m. a las 7:00 p.m.

Favor inscribirse en el siguiente enlace (link) para la actividad por Zoom: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUkce6vqDgrGNdrTk1golxsdxhxnEqeuZ-q

Si tiene una consulta logística puede escribir a Calos Ávila (c.avila@fesamericacentral.org), o a Marco Zamora si tiene una consulta de contenido (m.zamora@fesamericacentral.org)

Posición de ANEP de cara a la reunión sindical con la delegación del FMI

  • Reunión se llevará a cabo de forma virtual, este lunes 4 de octubre a las 2 pm.
  • ANEP insiste en que el país no necesita de un préstamo con el FMI.

Ante la invitación formulada por la señora Manuela Goretti, Jefa de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para una reunión con representantes sindicales, en el marco de lo que esta entidad financiera denomina “primera revisión del Servicio Ampliado”, según lo pactado por el Gobierno de Alvarado; cita virtual que tendrá lugar este día lunes 4 de octubre, a las 2 de la tarde, la ANEP indica a toda su distinguida membresía de los sectores público y privado, a todo el conglomerado sindical y de los movimientos sociales del país, así como a la ciudadanía patriótica costarricense los contenidos principales de su presentación con tal motivo:

El país no necesita de un “convenio”, préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Gran cantidad de sectores de diversa naturaleza, han estado planteando alternativas, sólidamente fundamentadas. Alvarado y su gobierno las han despreciado todas.

En términos generales, la mayoría del pueblo trabajador costarricense ha rechazado un convenio con el FMI. Incluso, en setiembre de 2020, hubo una gran conmoción social, con fuertes acciones de manifestaciones en las calles, repudiando este tipo de convenios.

Alvarado y su gobierno han venido promoviendo, como proyecto “estrella” del convenio con FMI, un proyecto de empleo público cargado de violaciones a la actual Constitución Política del país, según el propio tribunal constitucional de la República. Es una iniciativa de ley que, además, tiene un alto potencial de una nueva confrontación social. Adicionalmente, el espacio político de este proyecto se ha reducido sustancialmente, ante la cercanía del proceso electoral nacional, de carácter presidencial y diputadil.

 Creemos que antes de que el país se vea atado a un convenio-préstamo con el FMI, debe realizarse una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, puesto que el 99 % del pueblo costarricense desconoce quiénes son los acreedores de la misma, así como no se sabe nada de todos los aspectos inherentes a las condiciones en que fue contraída.

Se tiene certeza, ¡eso sí!, de que gran parte, hasta un 75 % de la deuda interna del país, es entre entidades del propio Estado, lo cual abre grandes posibilidades de una reestructuración y de una reingeniería de la misma; o, bien, de renegociación con relación al pago de sus obscenos intereses. Sí creemos que hay un reducido círculo de sectores bancario-bursátiles y de firmas jurídicas que hacen grandes negocios con la deuda pública del país.

Resulta necesario, por otra parte, que la ciudadanía sepa cómo es el proceso que sigue el FMI al otorgar este tipo de préstamos: ¿por cuántos bancos pasa?; cuando llega a Costa Rica, ¿a qué bancos llega?; ¿cuánto de paga en comisiones y a quién? El pueblo trabajador costarricense está sumamente afectado por una estructura tributaria altamente regresiva y por un sistema de administración de impuestos sumamente injusto, lo cual le da legitimidad a un cuestionamiento como el que se ha planteado.

Finalmente, no sabemos qué pasa con los contenidos que los grupos sindicales aportan en este tipo de reuniones, pues nunca hay devoluciones por parte de las delegaciones del FMI, acerca de cómo se procesan las críticas, los señalamientos y hasta las propuestas. Creemos, por tanto, que este tipo de reuniones son insulsas y acudimos a ellas por cortesía y como vitrina de denuncia; jamás puede interpretarse, que estamos legitimando, al menos desde la corriente sindical en la cual militamos, este tipo de préstamos.

San José, lunes 4 de octubre de 2021

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP presenta Recurso de Amparo contra medida cautelar atípica girada por jueza contra Ministerio de Justicia y Paz

Con la medida se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes y la libertad de prensa.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó, la mañana de este viernes, un recurso de amparo contra la medida cautelar atípica girada por una jueza de la república que impide al Ministerio de Justicia y Paz referirse a temas carcelarios ante la opinión pública y medios de comunicación.

La acción de la ANEP se presenta en favor de los funcionarios y servidores del Ministerio de Justicia y Paz, de las personas periodistas del país y de la ciudadanía en general, al considerar que se vulneran derechos fundamentales.

“Nos parece que esta decisión de la señora jueza constituye una acción intimidante, que desincentiva los principios democráticos y republicanos del ser costarricense. Por consiguiente, se vulneran los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, así como a la separación de poderes. Se vulnera la libertad de prensa y los principios de proporcionalidad, racionalidad y razonabilidad”, manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Para la ANEP, no existe una fundamentación previa por parte de la juzgadora que indique cómo se vulnerarían los principios de independencia judicial y de juez natural, no razona por qué considera estos elementos por encima de otros principios y derechos humanos.

Afectación de derechos

1.         Se considera violentada la libertad de prensa, no solo como una de las mayores manifestaciones de la libertad de expresión y de conciencia, bajo la cual las personas pueden expresar libremente y sin temor a coacción o represalias sus opiniones y pueden informar a la población, sino también, como el derecho que les asiste a las personas periodistas y comunicadoras a informar sobre la gestión de las administraciones y el deber de los servidores públicos de brindar la información de interés público que les sea solicitada. Así, como el derecho de petición y pronta respuesta que les asiste a todos los ciudadanos de acuerdo con el artículo 27 y 30 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

2.         Se vulnera el artículo 28 de la Constitución, que indica que: “Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley.” El término nadie incluye a las autoridades penitenciarias. De igual manera, la medida de la juzgadora contraría lo que estipula el artículo 29 de la Constitución Política que indica que: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura…”

3.         Se vulnera el principio de rendición de cuentas que menciona el artículo 11 de la Constitución Política y el derecho de acceso a la información pública que se desprende del artículo 30 constitucional. Esto, por cuanto la medida cautelar atípica interfiere en el libre acceso de la ciudadanía a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Como las autoridades penitenciarias no podrán comentar o referirse a la temática del Sistema Penitenciario Nacional, la ciudadanía durante lo que dure el proceso no podrá ejercer control sobre la legalidad, eficacia y eficiencia de la función administrativa desplegada por este ente público.  

4.         Se considera violentado el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la libertad de Pensamiento y de Expresión

5.         La medida impuesta a las autoridades penitenciarias por la juzgadora sigue una lógica que contraviene el espíritu y los instrumentos internacionales de derechos humanos citados en los párrafos,4, 5 y 6 del preámbulo de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión:

6.         Esta decisión de la Juzgadora tiene roces con el principio de separación de poderes (separación de funciones) del artículo 9 de la Constitución Política.

Ante los diversos argumentos presentados por la ANEP en el Recurso de Amparo se solicita a la Sala Constitucional que, deje sin efecto, de manera inmediata, la medida cautelar atípica dictada por la Jueza Mayra Acevedo Matamoros en contra de las autoridades penitenciarias, hasta que se resuelva el presente Recurso de Amparo, así como que se declare con lugar en todos sus extremos el presente Recurso de Amparo con las consecuencias legales que ello implique

Por último, que se declare que la “medida cautelar atípica” es contraria al derecho de la constitución y vulnera los derechos fundamentales de los funcionarios penitenciarios, de las personas periodistas y de la ciudadanía en general. 

ANEP nutre con historia de lucha social a la Biblioteca Nacional

Anteriormente se realizó una donación al Archivo Nacional sobre el aporte que ha realizado la organización a lo largo de los años. En esta oportunidad, la Biblioteca Nacional recibió otra serie de libros que serán de utilidad para la ciudadanía.

Trabajadores municipales de León Cortés paralizan labores por disconformidades con Alcaldía

Trabajadores de la Municipalidad de León Cortés decidieron paralizar labores este martes por la mañana ante diversas disconformidades laborales con el Alcalde, Jorge Denis Mora Valverde.

El movimiento dio inicio a las 6 de la mañana con trabajadores oprerativos del Plantel Municipal de la localidad, para trasladarse luego a la sede de la Municipalidad para sumar a trabajadores administrativos. El paro de labores cuenta con el apoyo del 80% de la población laboral. Esta última es de 54 trabajadores.

La decisión de la seccional ANEP-Municipalidad de León Cortés de iniciar el movimiento se da como última medida de presión ante la negativa por parte de la  Alcaldía de alcanzar acuerdos en audiencia conciliatoria en el Ministerio Trabajo y Seguridad Social. Incluso en esta última la cartera de trabajo llamó la atención del Alcalde por su comportamiento durante la audiencia.

Las peticiones de los trabajadores se centren en 5 puntos en específico.

1.      Que la municipalidad se abstenga de realizar los despidos del grupo de trabajadores de obras gris de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de León Cortés.
 
2.      Que se calcule y pague un ajuste por concepto de aumento del costo de vida que abarque los períodos 2018-2019-2020, así como el pago de la anualidad pendiente del 2018,  para todos los funcionarios municipales, ya que durante esos años no se aplicó.
 
3.      Jornadas y horarios de trabajo del personal operativo y administrativo: Solicitan que la municipalidad reconozca la jornada laboral de los trabajadores operativos de 40 horas semanales, de 8 horas diarias de lunes a viernes, de 6 am a 2 pm con 30 minutos de almuerzo y 15 minutos de café, como había sido su jornada históricamente.
 
4.      Se abstenga la Administración y sus jerarcas de realizar comentarios y actitudes despectivas en contra del sindicato y sus afiliados, así como se comprometa la Alcaldía de tratar con respeto y cortesía a las personas trabajadoras en general, sin manifestar insultos, comentarios peyorativos, represalias ni amenazas de ningun tipo en contra del personal.
 
5.      Que se respete la dignidad de las mujeres trabajadoras del municipio, sin que se genere de la Alcaldía actitudes y comentarios misóginos que tienden a menoscabar la figura de la mujer trabajadora.  

Se espera que en próximas horas vecinos de la comunidad se sumen al movimiento, ya que existe una serie de molestias contra la Alcaldía por el manejo que le ha dado al cobro de diversos impuestos con la participación de un bufete privado, aumento de tarifas en servicios municipales y el impacto ambiental en la comunidad por la colocación de una incineradora de basura.