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Categoría: Incidencia
7 mil millones de dólares disponibles en el sector Público, pero Alvarado insiste en imponerle a la sociedad un “convenio” con el FMI
– ANEP rechaza aumentar el IVA y a las transacciones bancarias de las clases medias y sectores populares
– Existen posibilidades de ingresos frescos gravando a los grupos de mega poder económico
– Condenamos la criminalización del Empleo Público
7 mil millones de dólares; o, en moneda nacional, 4 billones 300 mil millones de colones (4.300.000.000.000), es el monto de dinero acumulado al cierre del mes de octubre del recién concluido año 2020, por concepto de superávits (tanto los de carácter libre como los de orden específico), que atesoran importantes entidades del sector público.
Es la propia Contraloría General de la República (CGR), quien así lo dio a conocer en el informe “Ejecución de los ingresos y gastos del sector descentralizado al mes de octubre de 2020”.
Dicho informe indica, “De acuerdo con el resultado de la ejecución, al 31 de octubre de 2020, un total de 269 instituciones del sector descentralizado reportan un saldo de 4.322.937 millones (12.4 del PIB), por concepto de superávit acumulado no gastado. Esta cifra se compone de un 46.2 % (1.996.513 millones) de superávit libre y 53.8 % de superávit específico”.
7 mil millones de dólares acumulados en las arcas públicas del sector descentralizado del Estado costarricense, hacen innecesario que el país sea sometido al estrés social y a una eventual confrontación delicada con el “convenio” FMI que se quiere imponer, a cambio de un préstamo de 1.450 millones de dólares; cantidad ésta que apenas es un 25 % de esa gigantesca cifra de los superávits informados por el ente contralor.
Categóricamente reafirmamos la oposición de la ANEP a aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es el más injusto de todos los tributos; ni siquiera en el incremento de un punto para dejarlo en 14 %.
Las únicas cargas aceptables sobre las transacciones bancarias son para aquellas gigantescas sumas de dinero que mueve el capital financiero, especialmente; según fuera planteado cuando se formuló este tipo de impuesto conocido como la Tasa Tobin.
Es de destacar que este tipo de impuesto debe establecerse ante el incesante incremento de los flujos de dinero sucio del narcotráfico, del lavado y de la actividad del crimen organizado. Jamás puede aceptarse para que se graven las operaciones bancarias rutinarias de las clases medias, de las personas trabajadoras asalariadas, de los sectores populares.
Reiteramos, además, que no se puede aceptar impuesto alguno al Salario Escolar y que, por el contrario, procede buscar ingresos frescos en los 6 puntos PIB de exenciones-exoneraciones empresariales; en el sistema de las zonas francas a las cuales se les debe imponer, al menos, una contribución solidaria y transitoria; o bien, un impuesto especial a las mega-fortunas, como lo han recomendado tanto el Banco Mundial como el mismo FMI.
Es totalmente inmoral que se pretenda vulnerar, aún más, la frágil estabilidad laboral y la precariedad salarial de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, imponiéndoles un régimen de corte autoritario, violentándoseles derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas. El proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, inconstitucional “por los cuatro costados”, ¡no debe pasar!
San José, miércoles 06 de enero de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Conferencia: Costa Rica no necesita un convenio con el FMI.
Rescate Nacional exhorta a sindicatos a unirse a los movimientos de protesta
Policías deben descuidar funciones para limpiar y abrir portones
- Se suspendió el contrato a empresa de limpieza y de seguridad privada.
- Funcionarios denuncian nula intervención de jerarcas
La incertidumbre rodea a los funcionarios de la policía de migración luego de que se diera a conocer que los servicios de seguridad privada y de aseo quedaron suspendidos por cuatro meses, por lo que ahora, ellos deberán desarrollar este tipo de funciones.
La preocupación es máxima debido a que se debe abandonar o cambiar las funciones que muchos de ellos tienen para poder cumplir con el orden y la higiene dentro de las instalaciones.
Según confirmaron, existen muchos extranjeros contagiados de covid e incluso gran cantidad que llevan meses detenidos sin poder ser deportados, puesto que tampoco hay recursos para llevar a cabo la expulsión de Costa Rica.
Gerardo Mora Ordoñez, de la seccional Policía Profesional de Migración lamentó la situación en cuanto al riesgo que se somete a los funcionarios en cuanto al tema de la limpieza, ya que pueden contraer algún tipo de enfermedad y poner en riesgo a sus personas cercanas.
De la misma manera, se puntualizó en que se deben abandonar las funciones operativas policiales para estar abriendo la puerta, tomando temperatura y anotando el ingreso de usuarios, lo que representa un peligro en el ingreso de personas no deseadas a Costa Rica o la comisión de delitos en las fronteras nacionales.
De parte de ANEP se está trabajando para que la administración desarrolle un plan remedial e intervenga de la forma más oportuna a fin de solucionar esta situación.
Puesto policial en Punta Burica carece de electricidad, Internet e inclusive armería para resguardo de armas
Así lo denuncia la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, luego de un seguimiento de las condiciones de trabajo en el puesto policial ubicado en Punta Burica, frontera sur de nuestro país, el cual carece de servicios elementales como electricidad, internet, e inclusive, armería para el resguardo de las armas del Estado.
A lo anterior se suma que el puesto policial se encuentra en un lugar de difícil acceso, y en muchos casos el personal policial destacado debe permanecer quince días en el sitio, lo cual unido a la carencia de dichos elementos, provoca un natural desgaste físico que podría representar un riesgo para la salud y la integridad de los funcionarios.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la seccional ANEP-Fuerza Pública denuncia las pésimas condiciones laborales y de infraestructura presentes en el puesto fronterizo de Punta Burica, ya que en el 2018 presentó ante el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), una denuncia similar.
“En el pasado se nos había comunicado que se intervendría dicho puesto policial y se harían las mejoras correspondientes, sin embargo, a la fecha, ya en el 2021, se mantienen las malas condiciones en el puesto policial de Punta Burica. Esperamos que, en esta ocasión, el Ministro de Seguridad, Michael Soto resuelva como corresponde y gire las instrucciones pertinentes, de lo contrario acudiremos a las medidas legales correspondiente para velar por la integridad y salud de las personas que laboran en dicho puesto policial”, manifestó Mainor Anchía, Asesor Sindical de la ANEP en Fuerza Pública.
Incluso, en fotografías en poder de la ANEP, se puede observar como en el lugar se encuentra deteriorándose el material para realizar las mejoras correspondientes del puesto fronterizo.
Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública no es de recibo que un puesto policial vital para combatir al narcotráfico se encuentre en este tipo de condiciones y mucho menos que los oficiales destacados en el lugar laboren bajo estas condiciones.
ANEP logra pago de horas extra para choferes de Tuasa
Trabajadores del Parque de Diversiones conforman nueva seccional de la ANEP
Severo congelamiento y recortes por los próximos 12 años sin un solo aumento por costo de vida
– Empleo público nunca ha sido responsable del déficit fiscal: hay una fijación ideológica y de odio contra la clase trabajadora estatal.
En el informe documento de trabajo para la discusión, emitido por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), ya en poder de la ANEP, se explica la “estimación de escenarios de empleo público: del salario compuesto al salario global…”; escenarios que plantean hasta 12 años de continuos de una “política salarial” para el empleo público en brutal reversión, al punto de que ni siquiera habría consideraciones de reajuste por costo de vida.
El citado documento se ha preparado para valoración en el seno legislativo, a fin de introducir al expediente legislativo 21.336, Ley marco de empleo público, cambios de último minuto para la propuesta que está el Gobierno por plantearle, en próximas horas, al Fondo Monetario Internacional (FMI); siguiéndo la línea ideológica de culpabilizar al empleo público del déficit fiscal, a fin de estrangular el sector estatal al máximo, con brutal empobrecimiento de lo que quede de su población trabajadora asalariada.
ANEP denuncia que, ante el abrumador rechazo popular a la siempre considerada aspiración gubernamental de imponerle impuestos a la población, están pretendiendo que sea el empleo público el principal “gancho” para amarrar el eventual préstamo con el FMI, de 1.750 millones de dólares; poniendo en la pira del ajuste fiscal el futuro de 330 mil familias trabajadoras asalariadas estatales.
ANEP reafirma su rechazo total a ese expediente legislativo Ley marco de empleo público, No. 21.336, completamente inconstitucional y que lleva implícito derogatorias de valores fundamentales de la actual carta magna del país, establecida el 7 de noviembre de 1949; denunciando esta monstruosa propuesta de congelamiento y de reversión salariales hasta por los próximos 12 años.
Seguiremos insistiendo, una y mil veces más, que la solución integral al grave problema fiscal del país pasa, al menos, por lo siguiente: a) reestructuración-reingeniería de la deuda y del abusivo pago de intereses de la misma; b) el conocimiento legislativo del informe de Los papeles de Panamá, emitido en el período parlamentario constitucional anterior al actual; c) establecimiento de un impuesto solidario a las mega-fortunas, como lo han planteado los mismísimos Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial; d) establecimiento de la renta mundial y del impuesto a las zonas francas; e) transformación estructural-institucional del Ministerio de Hacienda; f) una ley especial para regular los salarios en la alta cúpula política tecnocrático-gerencial del Estado, entre otras.
Categóricamente, rechazamos cualquier aumento de impuestos, por mínimo que sea, a las capas medias y a las clases populares de nuestra sociedad; reforzando nuestra posición de que el país no ocupa del FMI para afrontar el desafío actual que presentan las finanzas públicas del país. A la vez, somos del criterio de que dado el nivel de agresión que está sufriendo el pueblo costarricense, apelar a la Democracia de La Calle para su autodefensa, sigue teniendo toda legitimidad.
San José, jueves 10 de diciembre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
