ANEP PPM se opone al proyecto de Ley para el fortalecimiento, coordinación y planificación del resguardo fronterizo.

Reciban un saludo de la Seccional ANEP PPM, con relación al proyecto de Ley No 21448, mismo que fue dictaminado por la Comisión de Narcotráfico y Seguridad la semana anterior, resulta necesario que desde la Seccional ANEP PPM, se haga saber que este tipo de legislación, lejos de promover el fortalecimiento, lo que viene es a debilitar aún más las estructuras y capacidades ya instaladas de cada Cuerpo Policial, dándole facultades a otros Cuerpos Policiales, como es el caso de la Policía de Fronteras, que podrían generar problemas tanto preventivos como en materia judicial.

Antes de indicar estos problemas se debe aclarar que la legislación es clara, y ha venido fortaleciendo las actividades represivas que por competencia desarrolla el Organismo de Investigación Judicial, al permitir que policías especializadas en determinada materia incursiónen en esta área tan delicada , claro está que los legisladores en el pasado han tenido el cuidado de que esto se haga bajo la dirección funcional del Ministerio Público, haciendo mediante Ley que cada Cuerpo Policial Especializado se convierta en Órgano Auxiliar del Ministerio Público.

Este es el caso de Cuerpos Policiales como la Policía de Control de Drogas (sustancias prohibidas y legitimación de capitales), Policia de Control Fiscal (evasión), Policia Profesional de Migración (Trata y Tráfico de Personas, Delitos con nexos y corrupción), se puede ver que la creación de una comisión permanente y liderada por las Direcciones Policiales Fronterizas y con capacidad para decidir en cuanto a las labores propias de otros Cuerpos Policiales afectaría de forma directa en las labores operativas ya que las órdenes que puedan derivar de estos foros puede afectar tareas tanto de investigación como de atención ante temas de relevancia para el país.

En cuanto a la posibilidad de investigar que se le quiere dar a este Cuerpo Policial, sin generar una especialidad, es realmente riesgosa y a la vez estaría dotando de características propias del aparato judicial a una policía de corte Administrativo, ya que se pretende dar el control a la Policía de Fronteras para investigar una serie de delitos que si bien es cierto son de índoles transnacional, no está siendo considerado que en el pasado cuando se ha dado esta facultad a otro Cuerpo Policial distinto al OIJ es por especialidad, y la Policía de Fronteras tiene una naturaleza de corte general solo que con rango de acción fronterizo.

Esta propuesta de Ley a pesar de que se menciona que viene a fortalecer a la Policía de Fronteras y Policia Profesional de Migracion, en el cuerpo normativo no se ve posibilidad alguna de darle tal fortaleza al Cuerpo Policial Especializado en materia Migratoria y único con la facultada de investigar esta dinámica ya que es Órgano Auxiliar del Ministerio Público, lo que evidencia que contrario a fortalecer viene a debilitarlo.

Este tipo de acciones a pesar de que se comprende la necesidad de fortalecer las fronteras, tal y como lo hace ver el diputado Viales de conformidad con las estadísticas, es evidente que lo que se debe hacer es dotar de más recursos a cada Cuerpo Policial, en especial a la Policía Profesional de Migracion, esto partiendo de que se pudo demostrar las capacidades operativas que desarrolla el Cuerpo Policial y que muestra de esto ha sido el trabajo que ante el cierre fronterizo se convirtió en pilar fundamental en la dinámica dirigida por el Ministro de Seguridad de contención.

No obstante, este trabajo se ha conseguido movilizando Oficiales de otros puestos de control migratorio como los aéreos, oficinas centrales, regionales y terrestres, que por el cierre de terminales aéreas, bajaron en atención para ponerlo a liderar operaciones en las diferentes fronteras logrando así los resultados obtenidos en cuanto a rechazos.

Sin embargo, ahora que se dan las reaperturas de fronteras iniciando por la Aerea se va a debilitar el control migratorio terrestre, mismo que con la reactivación del sector agro y comercial va a generar un aumento en la migración irregular de personas migrantes que provienen de los países vecinos.

Debe analizarse profundamente que darle estas facultades y atribuciones a la Policía de Fronteras, podría generar un retroceso en lo que al día de hoy se ha logrado, así como una alta probabilidad de que investigaciones que podría estar llevando el Organismo de Investigación Judicial, PCD, PCF o PPM, se dupliquen, representando no solo un riesgo para la investigación como tal, sino que se estarían haciendo gastos muy altos en trabajos que otro cuerpo policial ya lleva de la mano con la Fiscalía.

La Policía de Fronteras debe fortalecerse, pero con recursos los recursos qué ya recibe el Ministerio de Seguridad Pública, aumentando capacidades operativas y hasta herramientas tecnológicas, pero puestos a disposición de los Cuerpos Policiales que actualmente ya tienen por ley esa facultad.

El apoyo de este Cuerpo Policial a las diferentes unidades policiales es fundamental desde una perspectiva general y de índole meramente preventiva, llevando a sede judicial aquellas personas sospechosas que han sido aprehendidas en la comisión de un delito Flagrante.

Por último, mantener estos diálogos con otras instituciones, siempre es importante, esto a la hora de tomar decisiones o para prepararse de situaciones que pongan en riesgo la
Seguridad social o la seguridad pública, sin embargo es importante tener cuidado por el manejo que se le podría dar a los datos, por parte de las instituciones que no son policiales.

En la actualidad el Ministro de Seguridad Pública y quien también es Ministro de Gobernacion y Policía puede articular acciones conjuntas tal y como se ha evidenciado en los Mega operativos, más bien debería dársele una modificación a través de reforma de ley a la Ley 7410 para que todas las policías del país estén en lo operativo a la orden del Ministerio de Seguridad Pública.

El Diputado Gustavo Viales con éste proyecto lo qué quiere es blindar el Expediente 20323 para no darle recursos a la Policía Profesional de Migración y ponerle más funciones con los mismos recursos o con menos recursos.

Gerardo Mora Ordóñez Presidente de la Seccional ANEP PPME Directivo Nacional de ANEP.

ANEP solicita votar negativamente proyecto de Empleo Público por estar cargado de vicios de inconstitucionalidad y por no ser producto de un proceso participativo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa formulando una exhortación pública a fin de que el Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, no reciba voto afirmativo según se tiene previsto dictaminar mañana martes 20 de octubre, en esa comisión parlamentaria.

La solicitud de la ANEP radica en que serios especialistas de las ciencias jurídicas, con énfasis en los campos del Derecho Laboral y del Derecho Constitucional, han estado advirtiendo que este proyecto está plagado de vicios de inconstitucionalidad, lo que augura que será la Sala Constitucionalidad, la entidad institucional que, en última instancia, determinará la suerte final de este proyecto.

“El proyecto original ha sufrido transformaciones en su caminar por el seno de esa comisión parlamentaria, de suerte que las tres versiones del mismo, han imposibilitado tener una idea lo más razonable y concreta de las pretensiones del Poder Ejecutivo con el impulso a esta iniciativa; destacando de nuestra parte que es la ocurrencia circunstancial-coyuntural la que ha venido determinando contenidos centrales del mismo. Media, en consecuencia, gran inseguridad jurídica con relación a su texto final, pronosticándose importantes señalamientos de violación a la carta magna de 1949.”, indica el documento enviado a la comisión.

Para la ANEP no puede dejarse impune, desde el punto de vista del señalamiento público y crítico, la circunstancia de que el Poder Ejecutivo pretenda la instauración de un mega-ministerio, una institución todopoderosa y centralista en materia de Empleo Público y todos los factores asociados al mismo.

“Este tipo de entidades “totales” han sido frecuentes en regímenes autoritario-dictatoriales de diferente signo ideológico, pero en todos los casos, han generado grandes sufrimientos a los pueblos que las han padecido. En tal sentido, el quebranto al espíritu central de la Constitución Política de 1949, la que aún rige la vida social en la Costa Rica actual, es de extrema gravedad si tal pretensión se impone”, indicó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Proyecto no fue consultado

Otro de los argumentos plasmados por la ANEP, es que no puede argumentarse que este proyecto cuente con el beneplácito, en todo o en parte, de las entidades sindicales y profesionales aglutinadoras de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

“En el caso de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, esta situación es mucho más grave pues no fuimos consultados en forma directa, es decir, con participación activa en formato de audiencia; y, con relación al documento oficial que entregamos conteniendo nuestro análisis y las fundamentadas razones que oposición a este proyecto, no tenemos la más mínima idea de cómo fue tratado nuestro planteamiento”, detalló Vargas. 

Para la organización sindical que aglutina a cientos de trabajadores del sector público, quedan muchos argumentos por puntualizar sobre el proyecto, los cuales no pudieron exponer ante la Comisión de Gobierno y Administración, junto al ejercicio reflexivo de los especialistas que colaboraron al respecto.  

 La situación sociopolítica del país es de alta tensión, como se ha podido constatar en los últimos días; multiplicándose los llamados al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de acuerdos en los distintos ámbitos en que estamos conflictuados y confrontados como costarricenses. El empleo público es uno de esos ámbitos. Bien ha hecho el diputado Pedro Muñoz Fonseca en formular un llamado a la sensatez y a la prudencia al respecto, llamado que compartimos”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.

Bajo estos argumentos, la ANEP plantea la necesidad de votar negativamente el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, someter la cuestión a un verdadero diálogo social con negociación efectiva, tal y como a gritos lo está reclamando la sociedad en muchísimos ámbitos de nuestra convivencia como nación, determinantes de la calidad de vida tanto para la generación actual como para las venideras.

San José, miércoles 14 de octubre de 2020.

Rescate Nacional pausa movimientos de protesta para presionar al Gobierno a un dialogo real

El Movimiento Rescate Nacional tomó la decisión de pausar los movimientos de protesta en diversos puntos del país hasta el próximo miércoles, con el objetivo de presionar al Gobierno de la República a sentarse a negociar en un verdadero diálogo nacional.

La decisión de Rescate Nacional fue tomada este jueves en una reunión que se desarrolló en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, donde participaron líderes comunales y de sectores de diversos puntos del país.

La intención del movimiento, es presionar y comprobar si el Gobierno cumple con su postura, de que solo se sentará a dialogar cuando no exista ningún tipo de bloqueo en el país.

La decisión de Rescate Nacional converge con el mensaje realizado por el Programa Estado de la Nación, este último informó que no pudo conformar la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno, al recibir una respuesta negativa de varios de los sectores para participar en el dialogo que empezaría este sábado.

Reacción del Movimiento Rescate Nacional ante el mensaje del Programa Estado de la Nación.mp4

Varios sectores, incluida la ANEP cuestionaron duramente de como el Gobierno condicionó antes de dialogar el espacio de las mesas.

ANEP no se prestará a la nueva maniobra gubernamental en cuanto al diálogo social

Grave error político desconocer la existencia del Movimiento Rescate Nacional.

Proyecto Estado de la Nación arriesga su prestigio y su propia credibilidad

Tema fiscal está sobradamente estudiado y sobran propuestas, entre ellas las de ANEP

Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor,  Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.

La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.

Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.

Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa una grave error político.

Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.

Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.

Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.

Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.

Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.

San José, miércoles 14 de octubre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Policías denuncian que deben compartir mascarillas contra gas

  • Además de usar chalecos sudados
  • Uniformados temen contagiarse de Covid

Varios oficiales quienes por miedo a alguna represalia contactaron a Mainor Anchía, Presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública para denunciar que por la alta tensión que vive el país han tenido que formar parte de los grupos antimotines.

Durante este cumplimiento han visto evidenciado el faltante de equipo, por lo que han tenido que compartir, la mascarilla anti gases lacrimógenos, chalecos y otras partes de la indumentaria.  

Claramente, este tipo de problemas de desabastecimiento siempre ha sido constante dentro del Ministerio y se ha aplicado esta logística de compartir los elementos de protección.

Como es de conocimiento de todos, por la pandemia se han extremado las medidas de higiene y sin duda, esto asusta enormemente a muchos oficiales de contagiarse y de llevar el virus a sus seres queridos, en donde muchos conviven con adultos mayores, niños o personas de alto riesgo.

“En atención de la legislación vinculante en materia de Salud Ocupacional, esperamos que se tomen las medidas higiénicas útiles y necesarias, para resguardar el supra constitucional derecho a la salud de nuestros compañeros y compañeras.”, expresó Anchía.

El llamado es claro para el Ministerio de Seguridad, para poder recibir una explicación sobre la denuncia de los policías de todos los rincones del país, quienes han sido movilizados a atender los bloqueos.

Solicitud sindical para extender plazo para recibir propuestas de fortalecimiento del IVM es acogida por la CCSS

La Junta Directiva de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS) acogió la solicitud presentada por 15 organizaciones sindicales, para extender la fecha de recibo de propuestas que buscan fortalecer el régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

Anteriormente, la Junta Directiva de la CCSS, estableció el mes de noviembre como la fecha para iniciar el proceso de toma de decisiones para el fortalecimiento del régimen, sin embargo, para las organizaciones sindicales sería precipitado hacerlo en tan poco tiempo, por lo que ampliaron el plazo al 21 de enero.

Para las organizaciones sindicales firmantes de la solicitud, la Junta Directiva de la CCSS debe realizar una rendición de cuentas y brindar información actualizada sobre el estado del IVM previo a tomar decisiones, lo que permitirá generar propuestas acordes y efectivas para fortalecer y revitalizar el fondo de pensiones. A esto se suma, la difícil situación que vive el país con la pandemia de la Covid 19, por lo que resulta imposible lograr los objetivos en el corto plazo decidido por la Junta Directiva de la institución.

“La participación ciudadana en la toma de decisiones en el marco de la Seguridad Social, en particular diseñando y analizando estrategias de cobertura y sostenibilidad del régimen de pensiones, es fundamental para mantener la paz social y lograr el objetivo de garantizar a las generaciones actuales y futuras el derecho a recibir una adecuada protección ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Para el cumplimiento de esos objetivos se requiere que los sectores sociales dispongan de suficiente información actualizada”, indican las organizaciones sindicales.

Rodrigo Arias López, Actuario Matemático y Asesor en tema de pensiones para los sectores sociales y sindicales

Para esto, las organizaciones sindicales propusieron que se nombre un grupo de expertos de la CCSS para que presenten la información solicitada (Anexo 1 del documento adjunto) y expongan detalladamente las causas que comprometieron la sostenibilidad del IVM, y los avances del cumplimiento de las 34 recomendaciones que hizo la Mesa de Diálogo en el año 2017.

Además, solicitan que, la Junta Directiva ordene actualizar la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre del 2018”, para que sea utilizada como insumo en el proceso de diálogo.

Organizaciones que presentaron el documento.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Comunicaciones (ASDEICE)
Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD)
Asociación de Empleados de la Seguridad Social (AESS)
Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SISSS)
Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (SINTRASAS)
Sindicato de Trabajadores de Farmacia y de Otros Servicios de la CCSS (SINTAF)
Sindicato de Ingenieros y Arquitectos de la CCSS (SIACCSS)
Asociación Sindical Nacional de Inspectores de la CCSS (ASNISS)
Sindicatos de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP)
Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP)
Sindicato de Trabajadores del Hospital de Guápiles (SITRAHOSGUA)
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Sindicato de Profesionales del CNP y FANAL (SIPROCNP)

Documento presentado

IVM-CCSS-Ampliación plazo-solicitud información by EugenioGuerrero on Scribd

ANEP pide a MSP mejorar condiciones para funcionarios

Una serie de peticiones fueron enviadas por parte de Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP – Fuerza Pública a Randall Vega Blanco, Viceministro de Seguridad Pública en relación a varias anomalías que constantemente han sido denunciadas por parte de la organización.

Los puntos son los siguientes: 

1- Dotación de insumos (alcohol, jabón, mascarillas, guantes) y desinfección permanente de las delegaciones policiales para prevenir el contagio de Covid 19.

2- Reglamentación de roles de servicio en los Cuerpos Policiales en observancia del criterio técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.

3- Establecer un mecanismo para que, en caso de accidentes laborales por intervención policial, el trabajador policial no vea afectado su salario.

4- Modificación de la normativa para que no se rebaje el 18% del Riesgo Policial a los (as) funcionarios (as) después de sufrir un accidente laboral propio de sus funciones y que les impida volver a labores de seguridad ciudadana.

5- Establecer un protocolo con participación de la Seccional ANEP Fuerza Pública (junta de relaciones laborales), para detectar y detener traslados que se dan por revanchismo o abuso de poder.

6- Descongelamiento del Manual de Clases Policiales, establecer mecanismo de concurso interno de las plazas vacantes en la estructura del mismo.

7- Entrega de botas y uniformes mínimo dos veces al año.

8- Apoyar proyecto para regresar incentivos policiales establecidos en la Ley 7.410, Ley General de Policía.

9- Apoyar proyecto de Ley de Pensión para Cuerpos Policiales.

10- Iniciar la modificación de reglamento de grados y ascenso para favorecer la competitividad y la transparencia en la carrera policial.

Policías en sus días libres se manifestaron contra el acuerdo con el FMI

Además de esto, Anchía agregó otras peticiones que se basan principalmente en que “En tanto se desarrolle el proceso de reglamentación de roles, que, en la ANP, PCD y en la Policía de Fronteras, los roles se ajusten al 6×6, 3×3 al personal operativo y 5×2 al personal administrativo y/o con funciones de mando, según las consideraciones del informe técnico del Consejo de Salud Ocupacional del MTSS.”

Por último, se canceló la convocatoria para el próximo 13 de octubre ya que muchos de los policías han sido llamados a labores, a pesar de que estaban en sus días libres o de vacaciones.