El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes, concedió una entrevista a Multimedios luego de la decisión presidencial de retirar la propuesta de negociación con el FMI.
Categoría: Incidencia
Posición de la ANEP acerca de la votación en primer debate del proyecto de ley 21.917, para eliminar pago de anualidades en el empleo público durante los años 2021 y 2022
– Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable
Atendiendo orientación político-ideológica del Gobierno de la República y su equipo económico, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar, en primer debate, este día jueves 1 de octubre de 2020, el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades para las personas trabajadoras del sector Público, en los años 2021 y 2022 (Expediente Legislativo No. 21.917).
Este proyecto anticipa la eliminación definitiva del pago de anualidades para siempre, tal y como lo contempla la iniciativa de ley neoliberal sobre el empleo público, mucho más retrógrada y anti-obrera.
32 diputados y diputadas atendieron la “orden” ideológica en tal sentido; mientras que 8 personas legisladoras prefirieron mantenerse dentro de la Constitución y dentro de la ley: José María Villalta (Frente Amplio); Frangie Nicolás y David Gourzong, del PLN; Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Dragos Dolanescu (independiente); y, Otto Roberto Vargas, del Republicano Calderonista.
Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable.
Las medidas económicas que ha implementado el Gobierno para atender la emergencia cargan su peso, exclusivamente, en las espaldas de las clases populares, particularmente sobre la de las personas trabajadoras, lo que a todas luces resulta socialmente injusto.
Además, pretenden seguir apelando a los perversos criterios de estigmatización del empleo público, alimentando la campaña mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico al que, cruelmente, han sido sometidas las familias trabajadoras asalariadas estatales; especialmente, las de ingresos medios y bajos, en los últimos tiempos.
Primero fue la ley de “alivio fiscal”, con la que, lejos de aliviar la carga tributaria a la ciudadanía, nos puso a financiar al sector empresarial permitiéndole la retención del IVA que pagamos todos y todas. Una medida que, vista en su justa dimensión, bien puede considerarse expolio puro y duro.
Luego fue la ley de reducción de jornadas, que permite al empresariado la rebaja sustantiva del salario a los trabajadores y a las trabajadoras, sin prever ninguna medida compensatoria a favor de estas personas.
Ahora, es la eliminación del pago de la anualidad que afecta a miles de personas trabajadoras del sector público; desnudándose en su demagogia porque, inicialmente, habían planteado que quedarían por fuera de la legislación el personal de los servicios públicos en combate a la pandemia del covid-19. Al darse cuenta de la flagrante inconstitucionalidad de esta discriminación, el Gobierno corrió a corregirla, demostrando que sigue fomentando ocurrencias de legislación antiobrera, por puro fanatismo ideológico en contra del empleo público.
La inequidad de trato en las medidas paliativas que lleva a cabo el Gobierno para atender el estado de emergencia es más que evidente. Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han planteado ninguna propuesta, ni una sola, que demande colaboración a los grupos de poder económico ni a las clases adineradas que perciben rentas de capital.
La solidaridad que se pregona como telón de fondo en el escenario de la emergencia, es mera retórica de unos dirigentes políticos a quienes parece preocupar más la defensa de los intereses de los poderosos que el asegurar el bienestar de las grandes mayorías.
En el ámbito económico, llama la atención ver cómo el dogmatismo ideológico de las autoridades de Gobierno prevalece sobre todo razonamiento. Dejaremos de lado el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha hecho ver a todos los países que en el contexto de la desaceleración económica producida por la pandemia del Covid-19 resulta especialmente pertinente mantener los niveles salariales; no solo como medida para proteger a las personas trabajadores, sino como mecanismo capaz de aumentar la demanda y así contribuir a la estabilidad económica. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_739939.pdf)
Sabemos que a nuestros dirigentes políticos hablarles de la OIT les resulta cosa de necios trasnochados. Pero sí queremos hacer ver que, desde los oráculos internacionales del neoliberalismo y la globalización, también se ha dicho que la reducción de salarios en el Sector Público es una medida contraproducente para la economía. ¡Sí!, para la economía, que no para los trabajadores, que nadie vaya a interpretarlo mal.
Autoridades del Banco Mundial sostienen que una reducción de salarios a los empleados públicos genera distorsiones a largo plazo, a la vez que ralentiza la reactivación económica.
En el artículo titulado “Deberían reducirse los salarios del sector púbico para financiar la respuesta al nuevo coronavirus”, el especialista superior en el sector público del Banco Mundial, Zahid Hasnain, señala que cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral como lo es el sector público, generará un impacto significativo.
En palabras del especialista, “La partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse. La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección”. (https://blogs.worldbank.org/es/voces/Deberian-reducirse-los-salarios-del-sector-publico-para-financiar-la-respuesta-al-nuevo-%20oronavirus).
En nuestro medio, destacados economistas desde la plataforma académica del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), también han advertido de los perjuicios que generaría una reducción de salarios en el Sector Público. (https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes
Evidentemente, una reducción de salarios en el sector público, como lo es el no pago de la anualidad, aparte del perjuicio económico directo que ocasionará a miles de familias, muchas de ellas altamente endeudadas como lo hace ver el pronunciamiento del citado Observatorio Económico y Social; también generará mayor desazón e incertidumbre entre los empleados públicos, lo que redunda en mayor contracción del consumo y su consecuente impacto negativo para la reactivación económica-.
Desde el punto de vista jurídico, debemos decir que el no pago de la anualidad es improcedente por constituir una reducción del salario. La anualidad que devengan los servidores públicos es parte inescindible de sus salarios. La naturaleza salarial que tienen las anualidades hace de ellas un elemento inmodificable en perjuicio de los trabajadores.
Anular el pago de este rubro salarial a quienes ya les ha sido reconocido como parte de su remuneración, constituye un acto de ius variandi abusivo, sin importar que el mismo provenga de un acto legislativo.
Si bien el Estado puede introducir reformas al esquema remunerativo del sector público, esas reformas en todo caso deberán observar el principio de no retroactividad de la ley, resguardar las situaciones jurídicas consolidadas y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.
En la relación de empleo, sea ésta de naturaleza pública o privada, el salario es el derecho adquirido por excelencia, y ninguna reforma, provenga ésta de un acto privado, administrativo o legislativo, puede modificar a la baja el salario actual que devengan los trabajadores y las trabajadoras.
Los argumentos antes expuestos, nos permiten afirmar que la propuesta de ley planteada por el Gobierno y que 32 personas legisladoras votaron en primer debate, adolece de vicios de inconstitucionalidad que la ANEP, demandará próximamente, exigiendo la responsabilidad correspondiente al Estado como patrono.
Adicionalmente, los especialistas que vienen asesorando a la ANEP en materia de Derecho Internacional en cuanto a Derechos Humanos, de conformidad con todos los tratados que el país ha firmado y ratificado al efecto, están alertados de que éste tema será de obligado litigio internacional contra el país.
El actual parlamento costarricense viene emitiendo legislación contraria ya no solamente a la misma Constitución Política que nos rige, la de 1949; sino las convenciones de DD.HH. que son de obligada observancia por nuestro Estado; tanto a nivel continental (Corte Interamericana de Derechos Humanos), como la propia Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
San José, jueves 1 de octubre de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
Nuestra posición sobre las jornadas de repudio ciudadano ante el acuerdo con el FMI y el aumento del costo de vida con más impuestos para el pueblo trabajador
|ANEP – ASDEICE y la corriente sindical que integramos junto a otras organizaciones, hacemos de conocimiento público nuestra posición ante el movimiento Rescate Nacional, en el marco de las jornadas de 30 de setiembre
1- Ante el descontento generalizado de una gran mayoría ciudadana, la corriente sindical que integramos, decidió a través de dos de sus organizaciones (ANEP –ASDEICE), como muestra unitaria de buena fe, aceptar la invitación que mediante visita presencial, nos hiciera parte de la dirección del Movimiento Rescate Nacional en persona de José Miguel Corrales y otros ciudadanos, para participar de la jornada que habían programado para este día miércoles.
2 –Que de esta forma, adelantamos acciones que teníamos programadas para los próximos días, y este 30 de setiembre realizamos en San José, un plantón frente al Banco Central de Costa Rica para evidenciar la necesidad de usar parte de las reservas internacionales como alternativa al convenio con el FMI. Así mismo, compañeros de nuestras organizsciones, en medida de sus posibilidades, se integraron a participar en distintos puntos regionales para que no se cargue la crisis con más impuestos para el pueblo trabajador.
3- Que en materia de más impuestos para los de abajo y condonación de impuestos para grupos con utilidades multimillonarias, desde 2018 diferimos de la ruta del equipo económico del Gobierno de Alvarado y defendimos los destinos del país con una serie de propuestas en mano, saliendo a las calles exigiendo justicia tributaria para que el rico pague como rico y el pobre como pobre.
4- Que desde inicios del mes de agosto, junto a sectores privados, en momentos en que el temor de la crisis sanitaria inhibía el derecho a protestar contra quienes aprovechaban el dolor del COVID-19 para impulsar su agenda económica, nos pusimos en la primera línea organizando la primera jornada de calle mediante la caravana del 27 de julio, exigiendo junto a la agricultura campesina, y miro y pequeña empresa, que el equipo económico de Gobierno, dejara de ver solo hacia el poder económico y volviera sus ojos a las necesidades de los sectores sociales, laborales y productivos.
5- Que desde que inició la pandemia del COVID-19, hemos realizado a Gobierno los días 14 de abril, 29 de julio y 17 de agosto una serie de propuestas para atender la crisis con equidad, solicitando además una mesa de crisis con sectores sociales, a la que el Gobierno ha hechos oídos sordos.
6 – Que hemos planteado siempre propuestas en mano, soluciones dialogadas para los grandes temas nacionales, haciendo uso también de la democracia de la calle como mecanismo legítimo de expresión del sentir popular.
Por tanto, proponemos: Avanzar hacia unidades más amplias, que permitan clarificar de forma conjunta consignas, objetivos, agenda y discurso, en defensa de las necesidades insatisfechas del pueblo trabajador, y contra las políticas públicas que insisten en la misma receta económica concentradora y excluyente que crea desempleo, desigualdad, aumento de la pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y damnificados y descartados de la economía.
Es hora de que los líderes y liderezas sociales demos ejemplo de unidad y los distintos sectores y movimientos sociales (Rescate nacional incluido) avancemos hacia una sola instancia de convergencia y coordinación, que con una dirección conjunta o compartida desarrolle acciones orientadas hacia la justicia social, económica y fiscal; en busca del bienestar de las mayorías.
Denuncia ANEP: INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución
–ANEP expuso dicha problemática ante las máximas autoridades del INA, a la fecha el problema persiste.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a través de su seccional ANEP-INA, denuncia ante la opinión pública el gasto injustificado y malos manejos con los fondos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ya que en la actualidad existen varios funcionarios, que se encuentran laborando fuera de la institución, sin embargo, continúan activos en la planilla del INA; es decir el INA paga sus salarios.
Este escenario se viene presentando desde el año 2018, mediante una serie de convenios, en los que el INA presta funcionarios a otras instituciones del Estado hasta el año 2022, asumiendo el Instituto el pago de salarios por un monto total de ₡490.688.775.00. Incluso dejando plazas vacantes congeladas en la institución que son esenciales; o en algunos casos recargando funciones a trabajadores del INA.
En uno de los casos un funcionario de la Unidad de Servicio al Usuario (Agencia Nacional de Empleo) del INA, con un salario mayor a los 1.7 millones de colones, fue trasladado al Instituto Costarricense de puertos del Pacifico (INCOP). Actualmente el pago de las remuneraciones que percibe este funcionario siempre han sido cubiertas por el presupuesto del INA, su clave (puesto) no cuenta con sustituto, porque la misma se encuentra presente en la relación de puestos de forma activa para poder hacer efectivo el pago de su salario. El cargo dejado está siendo atendido mediante la figura de recargo de funciones por otra funcionaria de la institución.
En el cuadro adjunto se puede ver el salario percibido por cada funcionario, así como la institución en la que se encuentra laborando a través del convenio interinstitucional y la proyección de lo que estaría cancelando el INA a cada funcionario durante el tiempo de vigencia de cada acuerdo.
Freddy Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-INA, manifestó que esta situación es del conocimiento pleno del Presidente Ejecutivo, la Gerencia General, Unidad de Recursos Humanos y de todos los funcionarios. Ya que la ANEP expuso dicha problemática ante las autoridades del INA y a la fecha el problema persiste.
“Al tener conocimiento de que existen compañeros fuera de nuestra institución y que el INA asume su salario correspondiente de manera mensual, nos cuestionamos: ¿Por qué la Administración cede funcionarios a otras instituciones Públicas y no puede solventar las necesidades internas?, como por ejemplo el Núcleo Agropecuario hace ya más de 4 años que no tienen jefatura, además hace 2 años no hay encargado de Planeamiento y Evaluación y todavía no ha sido nombrado, por lo que por el exceso de trabajo se ven recargados los compañeros administrativos, así como los docentes.”, detalló el presidente de la Seccional de ANEP.
Para Bonilla, saltan a la luz muchas interrogantes sobre el manejo de estos convenios y el por qué el INA está incurriendo en esta erogación de pagos y qué papel asume el Servicio Civil, y si este último tiene conocimiento o no de estos convenios.
“No sabemos cuál es la política de esta administración al otorgar plazas que realmente necesitamos para cederlas a otras instituciones, sabiendo que de un modo u otro se está pagando una duplicidad de funciones. ¿Por qué la Administración avala dichas erogaciones en donde Costa Rica sufre esta pandemia y la directriz del gobierno es disminuir el gasto?”, finalizó Bonilla
Cuadro sobre funcionarios trasladados del INA a otras instituciones.
INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución by EugenioGuerrero on Scribd
ANEP logra reinstalación de trabajadores en el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José
Pese a existir el fallo de un juzgado laboral que ordena la reinstalación de los trabajadores, el Comité de Deportes y Recreación de San José, se ha negado a la reubicación de los trabajadores. La ANEP solicitaría la presencia de un juez laboral, junto a la Fuerza Pública, para que se trasladen a la institución a realizar la debida reinstalación.
Pueblo trabajador no aguanta más cargas tributarias
- ¡¡¡Guerra a los impuestos debe ser unánime clamor social!!!
- Es hora de que los mega ricos ticos aporten realmente
De la manera más categórica y vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.
El propio Ministro de Hacienda, Elían Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos que andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.
La guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.
Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.
Por otra parte, tenemos que repetir hasta la sociedad, y no nos cansaremos al respecto, en que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. ¡Hay alternativas!
Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949.
Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP prepara contrapropuesta para convención colectiva en Municipalidad de Naranjo
- Seccional presentará escrito detallando afectación en cargas laborales de dos empleados del cementerio.
- Administración otorgó una hora de licencia sindical por mes a los agremiados.
Luego de varios meses de negociación entre los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Municipalidad de Naranjo, se logró en las instalaciones del Ministerio de Trabajo algunos acuerdos.
Dentro de lo firmado se acordó que será la primera semana de noviembre la fecha en el que se va a presentar una contrapropuesta que será recibida por parte de la institución en relación a la convención colectiva.
En el escrito quedó consignado de la siguiente manera, “la contrapropuesta será analizada por el consejo municipal tomándose en cuenta el clima organizacional, el tema presupuestario y de legalidad. En la segunda semana de diciembre del 2020, las partes se reunirán de nuevo para ver el tema exclusivo de la convención colectiva.
Por otra parte, dentro de la reunión sostenida se detalló el caso de dos trabajadores del cementerio municipal donde de parte de la seccional se presentará un escrito donde se puntualicen ciertos daños que están teniendo ambos en relación a sus cargas laborales.
Asimismo, se determinó que todas las instrucciones que se vayan a girar por parte de la jefatura inmediata del cementerio, deberán presentarse de manera escrita clara y concreta.
Lamentablemente no se pudo llegar a ningún acuerdo en relación al reconocimiento del pago por disponibilidad, sumado a las horas extras en categorías operativas, ya que por la naturaleza de los oficios y las áreas de atención sean recurrentes las convocatorias a trabajar en días libres
Sobre esto la manifestación patronal Indicó que por imposibilidad presupuestaria no se puede otorgar este plus laboral de disponibilidad; mientras que el sindicato considero que están a derecho en la solicitud y que se van a buscar los mecanismos correspondientes para que los compañeros que laboran en el cementerio se le reconozca este derecho al pago de disponibilidad.
Finalmente se tendrá el derecho a gozar de la licencia sindical una vez al mes, fijado para el último viernes, a partir de las 13 horas hasta las 16. Todo iniciará el 25 de septiembre del 2020.
Delincuentes emboscan a comerciantes de CENADA y les quitan todo el dinero
- Delincuentes de forma reiterada les sustraen dinero
- Un aproximado de 10 casos ya han sido denunciados
Agremiados del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos junto a otros trabajadores de este importante lugar se encuentran preocupados ante varios hechos delictivos de los que han sido víctimas.
Ellos indicaron que reiterativamente un grupo de delincuentes los están acechando al punto en el que han dado millonarios golpes en efectivo.
En uno de los hechos, cuando se le lanzó el objeto al conductor, éste, perdió el control del vehículo y se fue a la cuneta, sufriendo varios golpes, sumado a que le quitaron lo que llevaba.
Don Gilberth Duarte, Presidente de la seccional ANEP – CENADA indicó que les preocupa como de forma continua el hampa les quita el fruto de su trabajo, sumado al miedo de que alguien salga herido o muera en uno de los asaltos.
“Desde hace dos semanas, un aproximado de 10 compañeros fueron víctimas de asalto. A ellos les tiran palos o piedras al camión donde van transitando y cuando se detiene a ver qué fue lo que pasó, los encañonan y les quitan el dinero que llevan”, manifestó.
Los hechos han sido constantes entre el puente de La Platina y el Centro de Convenciones en sentido San José Alajuela, donde los desadaptados han realizado los golpes.
Lamentablemente a las afueras del CENADA también los delincuentes están acechando.
“Un comerciante de papa, había realizado la venta de su producto e iba saliendo de las instalaciones del Cenada, cuando de forma rápida fue abordado y despojado del dinero”.
Por parte de Duarte y de todos los demás afectados se pide que la tanto la Fuerza Pública como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intervengan este sector y den con los responsables de este tipo de hechos.
Presidente prostituye mesas de diálogo
Al convocar corresponsables de crisis, alegan sectores
Nota: Diario Extra
Para distintos sectores, el mandatario Carlos Alvarado Quesada está prostituyendo el supuesto proceso de diálogo al convocar corresponsables de la crisis por la que atraviesa el país, como lo son algunos expresidentes de la República.
Al menos así lo creen José Miguel Corrales Bolaños, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, y Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de que el gobierno convocara una mesa de diálogo público con los exmandatarios Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) y Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), para conversar sobre transformaciones y desafíos que enfrentan Costa Rica.
“El término diálogo lo están interpretando mal, lo están satanizando y prostituyendo. Evidentemente tanto doña Laura, como don Miguel Ángel son corresponsables del momento crítico que vive nuestro país. Hay cosas que son urgentes como reactivar la economía costarricense, como por ejemplo a través de la agricultura, para lograr eso hay que darle crédito oportuno y barato al agricultor, para eso son las juntas de crédito del Banco Nacional las cuales las tienen cerradas, para eso es urgente el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción y lo tienen más bien en la lista de las instituciones que pretenden cerrar”, denunció Corrales.
Añadió: “Pero no solamente eso, en momentos tan angustiantes como los que estamos viviendo, como lo es la pandemia, donde la gente no solo puede morir del coronavirus, sino de hambre, entonces estos espacios de diálogo deben de ser totalmente distintos. Nosotros el martes 25 de agosto le pedimos al presidente Alvarado que nos recibiera porque teníamos una serie de sugerencias, varias de esas sobre cómo se podría combatir la corrupción y cuál fue respuesta, la puerta cerrada. Por eso me parece que se está prostituyendo el termino diálogo y lo peor no es eso, sino con quién están supuestamente dialogando”.
NO HAY
Por su parte, para Vargas es más que evidente que no hay una verdadera mesa de escucha y negociación.
“Eso que convocó el gobierno se le puede llamar de cualquier forma menos diálogo. Eso es un fraude político, una especie de operación mediática para ver si lograban un poco de credibilidad y a lo sumo, eso fue lo que denominamos buzón digital de sugerencias”, señaló el dirigente sindical.
Agregó: “Este gobierno tiene una línea ideológica clarísima y para darle fuerza, andan buscando con quién coinciden con ella, de ahí que se vea a personas como Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, en cuyos gobierno el déficit fiscal se disparó, la concentración de la riqueza creció y la pobreza se extendió, así que ni el gobierno, ni Laura Chinchilla ni Miguel Ángel Rodríguez tienen legitimidad política para proponer las barbaridades que están insinuando que quiere venir con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional”.
Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR).
COSTA RICA ESCUCHA
Hay que recordar que la mesa de diálogo en la que participaron Rodríguez y Chinchilla forma parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, impulsado por el gobierno con el objetivo de escuchar los distintos sectores y lograr acuerdos que permitan dar soluciones a problemas inmediatos y estructurales que tiene el país.
Entre otros temas, en el espacio se tocó la consolidación fiscal y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que los diputados aprobaran el crédito rápido por $504 millones.
Dicho préstamo es el inicio de una serie de negociaciones con el FMI para más financiamiento y una hoja de ruta entre el organismo y gobierno costarricense.
Esa ruta, la cual no ha sido clara por parte de las autoridades, ha sido motivo de críticas por parte de legisladores de oposición.
“Voté en contra el préstamo del FMI por la poca transparencia y el manejo oscuro de este gobierno, quien ha ocultado los verdaderos entendimientos con el Fondo Monetario Internacional. Yo no voy a prestarme para firmarle al gobierno un cheque en blanco de un crédito del que detrás hay intereses, agendas oscuras y hasta tiburones, que lo que quieren es empujarnos a que haya una negociación con el FMI para la venta de instituciones del gobierno como: Kölbi, Fanal y el BCR a precio de gallina flaca”, aseveró Franggi Nicolás Solano, congresista verdiblanca.
Similar manifestó el frenteamplista José María Villalta Florez-Estada la semana anterior cuando el Congreso dio primer debate al jugoso empréstito.
“No estamos en contra de los préstamos de apoyo presupuestario, pero con este crédito no se habla de la otra parte de la historia, que, según comunicados del propio gobierno, este instrumento es la llave para negociar un acuerdo stand by con el FMI. Entonces aquí el gobierno nos pide la llave, pero preguntamos qué abre esa llave, dígannos qué van a hacer con esa llave, no nos quieren decir qué negociaron o qué van a negociar, que no es menor”.
Como parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, el gobierno se ha jactado de informar foros virtuales con organizaciones sociales, empresariales y sindicales, entre otras, impulsadas por el Ministerio de la Presidencia y las vicepresidencias de la República.
POLITÓLOGO OPINA
Para el reconocido politólogo Sergio Araya Alvarado los procesos de diálogo deben tener una metodología bien establecida, así como un efectivo punto de arranque.
Para el experto si esos puntos no están claramente definidos la gente puede creer que se le está tomando el pelo, como se dice popularmente, y eso no solo genera desprestigio sino una sensación de engaño, que puede terminar en indignación y crispación ciudadana.
“Me parece muy extraño que no estuvieran los demás expresidentes. Yo hubiera hecho una sola mesa con todos los expresidentes, de todos los colores y de todas las líneas económicas, porque aquí veo otro problema. En este tipo de procesos de diálogo efectivo con negociación incorporada, no basta con dos horas en una reunión de Zoom, tiene que haber todo un proceso, es decir si eso es de verdad un proceso de diálogo, esto no basta con que yo habilite una plataforma para escuchar a los actores que yo quiero escuchar, porque si no lo que se ve es como una tomadura de pelo, que lo que se está es ganando tiempo, mientras otros son los que realmente están construyendo las propuestas que sí cuentan con el apoyo del gobierno. Entonces deben tener mucho cuidado”.
FORO SE INUNDÓ DE CRÍTICAS
Medardo Umaña
“Con todo respeto esta conferencia está arreglada y es una pérdida de tiempo estar viendo esto. Los tres dejan en mucho que pensar porque en están en la misma argolla”.
Jonathan Vargas
“Cada intervención del presidente, sigue con su discurso de candidato, promesas eternas y esperanzas sobre humo”.
Jorge Delgado
“Doña Laura tiene el voto del gobierno para buscar un puesto en el BID, ¿será acaso que va a cuestionar algo del gobierno? Pusieron a gente que se está viendo beneficiada”.
Freddy Azofeifa
“En Argentina llegó el FMI y hoy en 2020 están en quiebra. El Estado no tiene que vender sus empresas a manos privadas”.
Andres Cabezas
“Esta gente va a quebrar el país y todos lo saben. Nadie manda por encima del FMI”.
Joel Díaz
“Una élite de sinvergüenzas reunidos que se han aprovechado de sus puestos para robarnos sin deparo”.
Alejandra Montiel
“Por qué ahora vienen a proponer cosas que esos gobiernos no evitaron cuando estuvieron de presidentes. Hablar y señalar es fácil cuando no se aportó nada cuando se pudo”.
Luis Fernando Monge
“Blablablá, con qué moral van a hablar”.
En pandemia policías migratorios deben compartir chalecos antibalas
La seccional ANEP- PPM denuncia dos puntos importantes y que preocupan mucho al personal en relación a la crisis actual que se vive por la pandemia y de los cuales muchos oficiales han salido contagiados.
El primer elemento, es que los chalecos antibalas, elemento fundamental para el desarrollo de la labor operativa se encuentran vencidos, por este motivo la Unidad de Armería se encuentra recogiéndolos, pero lamentablemente no se están reponiendo.
Lo que lleva al segundo punto y es que para no salir desprotegidos, deben compartirlo con quienes acaban de salir de turno. Esto se encuentra completamente fuera de los lineamientos de higiene y segundo por las acciones operativas la mayoría están sudados y oliendo mal.
Gran cantidad de los uniformados y de parte de la seccional ANEP Policía Profesional de Migración le piden a los altos mandos acciones prontas, a fin de que los casos de covid 19 dentro de los oficiales y usuarios no continúe en aumento.
Ya de parte de Gerardo Mora, presidente de la seccional se le solicitó la información al señor Stephen Madden Barrientos, Director de la Policía Profesional de Migración información al respecto para saber cual va a ser el accionar de la institución.
