Sindicato de policía migratoria quiere evitar demandas por “botar” rechazados

Semanas atrás quedó filmado como funcionarios de la Policía Profesional de Migración y Extranjería dejaban a la deriva a dos personas que no habían sido aceptadas para ingresar a territorio costarricense.

A partir de ahí se generaron muchos comentarios en contra de la acción de los uniformados, quienes deben cumplir este tipo de órdenes superiores, emitida en la circular N 99-06-2020 de la Directora General de Migración, Raquel Vargas.

Por tal motivo, buscando salvaguardar a los uniformados, por parte de la seccional ANEP – Policía de Migración se presentó un recurso ante la Sala Constitucional, para que los oficiales no deban efectuar los cuestionados actos.

Gerardo Mora, Presidente de la seccional indicó, “con el recurso presentado queremos evitar esta amenaza a los compañeros de la Policía Profesional de Migración y así ayudar a los Oficiales, ya que no tendrían que ejecutar ordenes ilegales y que les pueden traer responsabilidades administrativas y penales”.

El recurso interpuesto de número, 20-015249-0007-CO, ya ha sido analizado por parte de los señores magistrados, quienes decidirán si lo ordenado por parte de la titular de dicha cartera es correcto o no.

Sumado a esto, los oficiales temen tener que enfrentar a la justicia por su propia cuenta, ya que a pesar de que siguen la directriz girada por sus superiores, en caso de ser demandados, la institución no los protegerá durante el proceso.

Consultado Daniel Aguilar González, abogado constitucionalista, sobre a qué se exponen los uniformados al incurrir en estos actos, explicó:

“Sí el oficial, de cualquier policía, viola la ley, se expone a responsabilidades legales. En el caso de la Policía de Migración, si dejan “botados “a los rechazados, estarían violando el art. 65 de la Ley General de Migración”, enfatizó.

Durante los próximos días saldrá el fallo donde se conozca lo determinado por parte de los señores magistrados.

Salud no entrega datos de policías infectados de Covid

Mucha preocupación e incertidumbre hay dentro de los uniformados de las diversas policías nacionales referente a los contagios, puesto que la información emitida por parte del Ministerio de Salud, ha sido nula.

De parte de la Seccional ANEP Fuerza Pública se ha solicitado directamente a Daniel Salas, Ministro de Salud, la información referente a la afectación que han tenido todos los policías del país por el virus, pero no se da respuesta.

Desde inicio de agosto se envió la solicitud hasta el titular de salud, pero a la fecha no se han obtenido los datos, lo que genera mayor preocupación debido al alto riesgo en el que están inmersos los uniformados durante su labor diaria.

Sumado a esto, el 27 de agosto, nuevamente, Mainor Anchía, directivo nacional volvió a remitir la solicitud al Ministerio, ya que muchos de los policías han estado inquietos referente al aumento de casos dentro de la población, pero hasta el momento no conocen a nivel interno de los diversos cuerpos de seguridad como están las cifras.

Además, se ha deseado conocer cuántas delegaciones han tenido que ser cerradas de forma temporal por el impacto del Covid 19, pero tristemente no se ha detallado el número puntual.

Ante esto, Anchía, respetuosamente pidió una respuesta célere y concreta a fin de informar a los miembros de Fuerza Pública, Fronteras, Penitenciaria, Migración, Policía de Tránsito, Unidades Especiales (UEA-UIP), Servicio de Vigilancia Aérea, Guardacostas, Academia Nacional de Policía y Policía de Control de Drogas (PCD).

El representante de la seccional ANEP – Fuerza Pública, expresó, “estaremos esperando la información. En caso contrario procederemos con un nuevo recurso de amparo”.

Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con el FMI

  • Existen alternativas a la crisis fiscal jamás generada por el pueblo trabajador
  • ANEP rechaza “acuerdos” con el fondo monetario internacional

Hoy, 15 de setiembre de 2020, exactamente en el aniversario No. 199 de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; y, justo a un año de la conmemoración del bicentenario de tal acontecimiento histórico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recogiendo el sentir de las miles de personas trabajadoras integrantes de esta agrupación, así como haciéndonos eco del sentimiento de múltiples sectores del civismo activo-patriótico del país con los cuales interactuamos en la vida cotidiana de la República, incluyendo a gran cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que siguen con detenimiento el accionar de la ANEP y comparten, en términos generales, nuestras posiciones, manifestamos:

PRIMERO: Costa Rica no ocupa de ningún tipo de “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente multilateral de crédito de cuestionado expediente con gran carga histórica de generación de sufrimientos y de exclusión social para muchos pueblos de la Tierra, especialmente en la América Latina.

SEGUNDO: Existen alternativas para enfrentar la crisis fiscal nacional, misma que no fue generada por el pueblo trabajador costarricense; pueblo trabajador que siempre ha sido pagador puntual de los impuestos a que ha sido sometido.

TERCERO: Tales alternativas, generadas desde el sindicalismo, por parte personas de gran solvencia moral, por parte de entidades serias de análisis de la realidad nacional, así como producto del sentido común popular al que no se puede seguir estafando, políticamente, más; incluyen aspectos como:

1- Tomar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales en dólares que tiene en bóveda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), las cuales superan los 8 mil millones en esa moneda estadounidense.

2- Realizar, mediando ley de la República, un Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, para determinar escenarios de reestructuración, postergación de plazos de vencimiento, obsceno pago de intereses y eventual moratoria en este caso; identidad de las personas/entidades acreedoras; sobrepagos y aspectos similares. Todo ello con el propósito de aliviar la carga de la deuda sobre el pueblo costarricense.

3- Establecer, al menos por un tiempo, un impuesto especial a las transacciones financiero-bancarias diarias después de cierto monto hacia arriba para no afectar a los sectores medios y corporativos honestos; tributo que es conocido internacionalmente como Tasa Tobin. Esto permitiría, además, controlar con realidad activa las gigantescas movilizaciones de capital producto del lavado de dinero proveniente del negocio sucio del narcotráfico, del crimen organizado.

4- Establecer un impuesto solidario a las mega-riquezas, a las gigantescas fortunas, a la ostentación del lujo desenfrenado, a las rentas escandalosamente voluminosas de capital y de patrimonio excesivo; tal y como varios organismos financieros internacionales lo están recomendando.

5- Proceder a impulsar las legislaciones necesarias y/o las medidas administrativas complementarias para que en el país de sé una Transformación Tributaria Estructural; con base en los contenidos del informe legislativo “Los papeles de Panamá”, generado en el período constitucional anterior, 2014-2018. Esto permitirá, por ejemplo, captar recursos frescos provenientes de los 3 mil 800 millones de dólares anuales que se evaden al año.

6- De los 6 puntos porcentuales anuales del Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones, tomar las medidas pertinentes, con urgencia para, al menos, procurar allegar la mitad de esa escandalosa cifra fiscal, convertida en ingresos frescos a las alicaídas arcas estatales. Son casi 450 leyes emitidas en varias décadas que se pueden tocar con tal finalidad.

7- Descontaminar del peso de las regulaciones financieras abusivas, las gigantescas cantidades de dinero acumuladas en lo que llaman banca para el desarrollo, de forma tal que cientos y cientos de micro-pequeños y medianos emprendimientos, ahora caídos o por crearse, asuman papeles protagónicos en un nuevo brío de reactivación económica y de generación de empleo.

CUARTO: Llamamos a la organización civil, patriótica, obrero-social y laboral desde las propias comunidades, desde la base misma de la sociedad para la articulación de resistencia en el nivel local, al desmontaje del Estado Social de Derecho que viene impulsándose desde el tripartidismo neoliberal, lo cual se ha de fortalecer con la entrada en escena del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la política nacional. Igualmente, pesamos que es menester la construcción de acuerdos de unidad social y popular con compromisos éticos férreos y transparentes por parte de las personas y entidades interesadas para que, sin mediar cálculos electorales de cortedad de visión y de inmediatez fugaz, se le pueda ofrecer al sufrido pueblo tico un esperanzador futuro de real inclusión social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Gobierno gastará ¢9.400 mills. en “Censo del Bicentenario”

  • Es requisito de la OCDE, indica ministra Pilar Garrido

NOTA: Diario Extra

En el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) llevará a cabo el “Censo del Bicentenario”, para lo cual se dispone de un presupuesto de ¢9.426 millones.

Así lo explicó este miércoles la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante los diputados de la Comisión de Hacendarios en el marco de la defensa del presupuesto de la República del próximo año.

La jerarca recordó que en el marco de los cambios que el país aplicó para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se impone un requerimiento para la periodicidad de censos cada 10 años.

Para financiar estos recursos, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) tiene dispuesto hacer una transferencia al INEC por ¢3.450 millones. 

El resto del presupuesto para el censo sale de recursos que recoge el mismo INEC por la Ley 9694 aprobado en junio pasado del impuesto a las primas de seguro con ¢1.621 millones y el resto de un superávit libre de INEC que según la ley le permite crear fondos para proyectos especiales como este, por un monto de ¢4.355 millones.

Floribel Méndez Fonseca, presidenta del INEC, resaltó la importancia de esta herramienta estadística para el país, ya que con estos datos actualizados se podrá mejorar y actualizar proyectos y políticas públicas.

CENSO EN PANDEMIA

El diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, cuestionó cómo hará el INEC para implementar un censo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Méndez explicó que deberán replantear la recolección de la información en campo. Si bien reconoce que la operación estadística en un censo nacional es compleja, para ello en noviembre próximo se llevará a cabo un “censo piloto” para aplicar diferentes técnicas en la recolección de la información.

En ese sentido el INEC buscará mantener tanto la técnica tradicional de entrevistas cara a cara, mediante un protocolo sanitario que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud.

Y por otro lado con la aplicación de un “autocenso” para cuando no hay posibilidad de una entrevista directa se le contacta a la persona y se le envía las preguntas de forma electrónica.

Sobre la barrera de la regla fiscal que el INEC sobrepasará en su presupuesto del 2021 por este proyecto, la jerarca explicó que ya están trabajando con las autoridades respectivas para que no haya problemas en ese aspecto.

“Me parece que gastar casi ¢10 mil millones para el censo es demasiada plata”, comentó el diputado Vargas, que fue el único legislador de la comisión que mostró alguna oposición sobre el tema.

El censo del bicentenario obligará a contratar a 14.500 personas durante tres semanas para que durante el mes de julio 2021 realicen la recolección de la información. Se visitarán alrededor de 1.800.000 casas y entrevistará a 5.200.000 personas.

Los datos preliminares del censo se comenzarán a conocer al final del 2021.

*Colaboró la periodista Sharon Cascante.

VOCES SINDICALES

Albino Vargas

ANEP

“Estar en la OCDE fue una soberana embarcada para este país porque no le van a hacer caso, primero cuando la OCDE está pida que se le ponga impuestos al gran capital y a las altas rentas. Por otro lado, están forzando a hacer gastos que no son necesarios en este momento de tanta crisis social y económica para miles de familias trabajadoras. Yo creo que están creando condiciones para que cuando termine este gobierno algunos de sus altos cargos pasen a integrar la burocracia de lujo que tiene la OCDE en su sede en París. Algunos jerarcas que impulsan estas cosas, a lo mejor están pensando en concursar para írsela a tirar rico a Francia como altos funcionarios internacionales”.

Rodrigo López

ANPE

“Nadie puede estar contento de estar afiliado a una institución que aparte que nos cuesta muchos miles de millones de dólares la afiliación. Nos exige o condiciona cierto tipo de estándares para poder ser parte, no solamente del staff de países que están en ellos como organización, sino para decir que evolutivamente estamos creciendo como sociedad activa, como sociedad económicamente viable dentro de los parámetros neoliberales que están dominando el mundo. Me parece un ridículo que tengamos que utilizar dineros que podrían estar siendo inyectados a programas de desarrollo social en asuntos de un conteo que particularmente me parece no es prioridad que tenga el país. Mucho le debe el Estado costarricense al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la deuda histórica por la no cancelación de dineros que le tocan por ley y la no cancelación de lo que fue el traspaso del primer nivel del Ministerio de Salud a la Caja, para que ahora se diseñen estrategias para gastar una enorme cantidad de dinero y seguir golpeando en los servicios básicos públicos que deberían estar teniendo una tendencia a reforzarse”.

Marvin Atencio

Siprocimeca

“Estar en la OCDE nos ha costado una millonada, todavía yo no he visto cuál es la ganancia o el valor real para Costa Rica por estar metido en la OCDE, de qué forma nos está beneficiando si más bien vemos recomendaciones que van en contra de los intereses de la clase trabajadora y la situación económica del país, más bien nosotros hemos criticado esas posiciones tan extrañas. Para nosotros el pago de la membresía es exageradamente caro para lo que estamos obteniendo. Es una inversión con poco beneficio desde el punto de vista económico, estratégico. Deberían de tomar esos dineros y abonarlos a la deuda del Estado que es una urgencia en este momento por la situación país, a la cual la Caja le está haciendo frente”.

ANEP y ASDEICE rechazan participar en foros de diálogo organizados por Gobierno

Nota: Semanario Universidad

Sindicatos califican de «buzón de sugerencias» metodología que usará el Ejecutivo y aseguran que dista mucho de ser una mesa de negociación real.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) anunciaron, mediante una carta dirigida al Poder Ejecutivo, que no formarán parte del proceso de diálogo con sectores organizado por Casa Presidencial.

La iniciativa, denominada «Costa Rica escucha, propone y dialoga», y que inicia este martes, fue calificada como «un buzón digital de sugerencias» por los representantes de los sindicatos.

«Hemos mandado propuestas al Gobierno y ni siquiera tenemos el acuse de recibido. Desde hace tiempo venimos siendo propositivos, hemos mandado ya dos propuestas con respecto a la situación económica, a la pandemia, y este Gobierno no ha mostrado ninguna apertura a querer tener diálogo. ¿Cómo se va a pretender abrir una mesa de diálogo a través de un buzón?», criticó Juan de Dios Cordero, representante de ASDEICE.

En la comunicación enviada a Casa Presidencial, los sindicatos presentaron una serie de propuestas ante la crisis, como la suspensión para el año 2020 de la Regla Fiscal; el acceso inmediato de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL); utilizar recursos de FONATEL para dotar de equipos tecnológicos a mypimes de la Economía Social Solidaria; establecer un impuesto a las altas fortunas financieras, por un única vez, de 0.01%; e impulsar las recomendaciones de ONU-Mujeres sobre cómo incorporar a las mujeres y la igualdad de género en la gestión de la respuesta a la crisis, entre otras.

Cordero también cuestionó que, según su criterio, el Gobierno se ha ajustado a la agenda del sector privado, ignorando las sugerencias de los sindicatos.

«Ya el gobierno ha venido implementando una agenda que le planteó la UCCAEP y a nosotros no nos ha ‘dado pelota’. Que el Gobierno muestre el interés real de mantener un diálogo con las organizaciones sociales y nosotros veremos, en función de la metodología, si realmente es buena», dijo.

El sindicalista consideró que se debería instaurar una mesa «donde estemos todos los participantes y las personas que seamos partes de la problemática podamos dialogar, intercambiar y buscar las mejores formas».

AyA registra pérdidas por ¢29.400 millones

Entre 2018 y 2019, denuncia sindicato tras auditoría

NOTA: Diario Extra

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registró pérdidas por ¢29.423.413.055 durante 2018 y 2019, según consta en un informe de Estado de Resultados, elaborado por la Dirección Financiera.

La seccional ANEP-AyA denuncia que este hecho se suma a la baja ejecución presupuestaria que se presenta este año, ya que hasta el mes de mayo habría alcanzado un 32%.

“De un total de 96 metas trazadas durante el año 2019, solo se cumplieron 23, y de ¢298.795 millones presupuestados, solo se gastaron ¢142.565 millones”, indicó Edwin Marín, de ANEP-AyA.

Si se compara la ejecución presupuestaria del plan de inversiones entre los fondos específicos y fondos corrientes de la institución hasta mayo de 2018, 2019 y 2020, esta no alcanza ni el 50% de su inversión a mayo, según el Resumen Ejecutivo de Caja de la Dirección Financiera de AyA, del que DIARIO EXTRA tiene copia.

2018 CRíTICO

Estadísticas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR) revelan que para hace dos años la administración de AyA estableció un presupuesto de ¢99.218 millones en inversiones, sin embargo, solo se ejecutaron ¢58.190 millones, lo que representa un 58%.

Es decir, de mayo a diciembre de ese año solo se avanzó un 27% del plan de inversión, un progreso relativamente bajo.

Un punto a destacar es que la ejecución del presupuesto de inversión entre enero y mayo de los últimos años no registró un nivel superior al 50% (ver recuadro).

DIFERENCIA

Según el Informe de Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento, al 31 de octubre de 2019, el Instituto invirtió un 50% del presupuesto general, siendo el rubro de menor avance el programa Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) con un 48%; es decir, ¢977,68 millones.

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”, explicó Álvaro Barrantes, intendente de Aguas.

SINDICATO ALEGA

Ewin Marín, líder de ANEP-AyA, asegura que concuerda con lo expuesto por la Intendencia de Aguas, pues consideran que la baja ejecución presupuestaria es una gran limitante en el progreso de proyectos de alta necesidad en la ciudadanía costarricense.

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos”, denunció.

Para los representantes de los trabajadores la preocupación en el manejo presupuestario se centra en la necesidad de ejecutar proyectos claves para evitar racionamientos y mejorar la calidad del agua.

PLANES PRIORITARIOS

La Intendencia de Aguas rescata que los principales proyectos que presentan rezagos son el Proyecto Orosi II, el cual consiste en llevar abastecimiento del líquido potable al área metropolitana desde esa zona. Según datos del AyA, la obra tiene un avance del 58%.

“Este proyecto supliría 2,5 metros por segundo de agua, es la solución para los racionamientos. Se viene planeando desde hace 10 años y a hoy lo que nos dice AyA es que estará listo en 2025 y cuesta entre $400 millones y $500 millones. Tiene atrasos porque tuvo que estar listo desde hace casi tres años para que hoy no haya racionamientos”, explicó Barrantes.

Respecto de este proyecto el sindicato indica que se encuentra estancado y es la principal razón por la que siguen los racionamientos, medida que afectó a 350.250 habitantes del área metropolitana.

PÉRDIDAS

Parte del agua que se obtiene de las nacientes no llega hasta los usuarios, lo que provoca una pérdida importante del líquido vital. En años anteriores se habló de un proyecto para contrarrestar esa pérdida, pero se ejecutó hace poco.

“Más de la mitad del agua que capta se pierde en la red y no se contabiliza ni le llega al usuario. El proyecto (RANC) busca reducir esa pérdida a cerca de un 30% a un 35%.

Nos preocupa porque arrancó recientemente y debió implementarse hace mucho tiempo. Se espera que esté en aproximadamente tres años”, expresó el representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

FACTURACIÓN

El reciente caso de los errores en facturación y la odisea que enfrentan aún muchos usuarios, quienes reclaman sobrecobros, debido a las tarifas estimadas, también es parte de los cuestionamientos de la Intendencia de Aguas.

“En el caso del AyA el sistema de facturación está muy viejo y da problemas, inclusive probablemente los sistemas de facturación pudieron generarse en parte por el sistema obsoleto. Es un proyecto que debió arrancar hace mucho tiempo y según la institución va a estar hasta el 2026”, afirma el intendente.

SOLUCIÓN

La Intendencia de Aguas manifiesta que para hacer frente a las necesidades empresariales AyA requiere duplicar la cantidad de inversión tarifaria, la cual actualmente ronda los ¢60.000 millones.

AYA RESPONDE

El Diario del Pueblo consultó a la institución con respecto a la ejecución presupuestaria de 2019 y la siguiente fue la respuesta.

“La revisión reciente de la Ejecución del Plan Estratégico y sus metas indica que se ha cumplido sobre la base de 46 objetivos, un 83%, por encima del 70% (de los cuales un 66% corresponde con más del 85%). Se cuenta con un plan de acción para abordar las desviaciones y se han establecidos controles específicos para el área de proyectos”.

Respecto a la ejecución presupuestaria de proyectos durante el año anterior AyA informa: “Según el Resumen Institucional que se encuentra en el SIIP de la CGR, el presupuesto al 31 de diciembre 2019 del AyA fue de ¢251.561.480.73 miles y su ejecución fue de ¢187.189.162.07 miles, que corresponde a un 74,41% de ejecución”.

“Importante señalar que para una institución que desarrolla obra el avance de esta debe valorarse sobre una base plurianual (varios años) y no anual, esto en razón del ciclo de los proyectos que comprende estudios básicos, diseños, contratación y construcción; en general, las obras toman en promedio tres años y se ven afectadas por diversas causas externas, tal como cambios en las obras, fenómenos climáticos, apelaciones durante los procesos licitatorios, entre otros”, agrega.

Al consultar sobre la responsabilidad de la ejecución presupuestaria, además de por qué el porcentaje de este rubro no es más elevado, indicaron: “La responsabilidad de la ejecución del presupuesto descansa directamente en las jefaturas y direcciones, gerentes de unidades ejecutoras, que solicitan los presupuestos, con planes aprobados y gestionan sus centros de costos y gastos. Como se indicó supra hay diversas razones que impiden que la ejecución presupuestaria sea la deseada”.

Edwin Marín

Seccional ANEP

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos. Hacemos un llamado fuerte al presidente porque el AyA lo que necesita es un cambio en las jefaturas”.

Álvaro Barrantes

Intendente de Aguas

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”.

Dineros del IVM se usaron en construcción de Parque Viva

CCSS compró ¢4.706 millones en títulos de La Nación

Nota: Diario Extra

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó ¢4.706 millones a la compra de títulos de La Nación y sus subsidiarias, cuyo dinero se captó en parte para la construcción de Parque Viva.

Así se desprende de los Estados Financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de los cuales este medio tiene copia, y de hechos relevantes dirigidos al Mercado de Valores. 

Hubo dos emisiones, la A14, realizada del 21 de marzo por un monto de ¢10 mil millones con un vencimiento al 2024. Se habría hecho a través de Aldesa. 

La segunda es la B14 por ¢11 mil millones con vencimiento a 2025 y cuya emisión se realizó el 4 de abril de 2014. En ambas participó la Caja como comprador de los títulos con fondos de IVM. 

Del hecho relevante FC-29-2014 se extrae que el objetivo de la captación de recursos es la inversión en activos productivos de largo plazo como la remodelación del Autódromo La Guácima (Parque Viva), anfiteatro, un centro de exhibiciones y plazas al aire libre, áreas de acceso y recreación.

Otra parte indicó La Nación se dirigiría a la cancelación de pasivos de entidades públicas y privadas, considerados estratégicamente convenientes, así como para financiar requerimientos de capital para inversiones futuras. 

A la fecha, la CCSS habla de la tenencia de ¢2.950 millones en títulos de La Nación y sus subsidiarias, debido a que la otra parte del dinero invertido habría venido retornando a la institución a través de los vencimientos. 

Sería esta la única empresa no financiera en la que el IVM decidió invertir para ese periodo (2014), según los estados financieros. El resto de las inversiones en el sector privado las constituyeron en bancos y mutuales. 

DIARIO EXTRA dio a conocer que la Junta Directiva de la Caja pidió explicaciones recientemente a la Gerencia de Pensiones sobre la conveniencia de mantener dichas inversiones. 

Lo anterior obedece a que, según la CCSS, se ha dado una disminución de la calificación de riesgo de las mismas, pasando de “AAA” en el momento que se realizó por primera vez la oferta de mercado a “A” al día de hoy.

Indican que la Junta Directiva en el artículo 9º de la sesión No.8818, celebrada el 17 de diciembre de 2015, acordó la venta de los títulos valores de La Nación y subsidiarias, sin embargo por las condiciones de los precios de mercado y la poca demanda de estos ha sido imposible hacer efectivas dichas ventas.

CCSS: “TENÍA UNA CALIFICACIÓN AAA”

La Gerencia de Pensiones señaló a El Periódico del Pueblo que toda inversión que realiza el Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se hace de conformidad con la normativa. Explicaron que las inversiones son avaladas y aprobadas por los comités y con el apoyo de los análisis y acuerdos de la junta de Riesgos. 

En este caso, aseguran se realizó un análisis financiero y un criterio de riesgo.

Sobre por qué invertir en La Nación, comentaron que el Mercado de Valores Costarricense es muy incipiente y poco desarrollado en la oferta privada de títulos valores, lo cual ha sido característico aún más en los últimos años.

“De la poca oferta pública siempre se han realizado los estudios respectivos para determinar la viabilidad técnica y legal de invertir o no, donde en su mayoría no cumple ni financiera ni legal”, recalcaron. 

Aducen que el IVM ha contado en su momento con inversiones en títulos valores de empresas como Atlas y Durmán Esquivel, además de las ya mencionadas de bancos privados. 

No obstante, acotan que la oferta de empresas privadas no financieras de calificación AAA, desde el 2015, es prácticamente nula y no se han realizado inversiones nuevas. 

DIPUTADO CUESTIONA 

El diputado Dragos Dolanescu manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que pediría explicaciones a la CCSS sobre la inversión en títulos de La Nación y sus subsidiarias.

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”, expresó el legislador. 

Las declaraciones del parlamentario hacen referencia a que para el momento de la emisión del 4 de abril de 2014, trascendía en la prensa, que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial había fijado fecha para la audiencia preliminar en el caso de La Nación por presunta defraudación fiscal en la venta de dos rotativas. 

Finalmente, la empresa llegaría a una conciliación con el Estado por ¢2.277 millones en noviembre de ese año. 

Dolanescu agregó que “se ve muy feo cómo una empresa se capitaliza con el dinero de las pensiones de todos los costarricenses y de inmediato paga deudas con Hacienda, suena como raro eso de pedir plata prestada al Estado para pagar deudas que se tiene también con el Estado, así es muy fácil para algunos hacerse millonarios a costilla del pueblo costarricense y aprovecharse de sus influencias para no afectar sus finanzas personales”.

VALORAN LLEVAR CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que están pensando llevar el caso incluso hasta el Ministerio Público. 

“Desde el punto de vista que los dineros de los trabajadores que tanto sacrificio les cuesta ganarlo y que vayan a apuntalar a negocios abiertamente lucrativos para reducidos grupos económicos que ya acumulan demasiado dinero es un acto censurable”, comentó. 

La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. “Parecen ser más de ¢4 mil millones, no descartamos enviarlo al Ministerio Publico porque no es la primera vez que se presentan cosas como esta en la inversión de fondos del IVM”, finalizó.

• Dragos Dolanescu

Diputado

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”.

• Albino Vargas

Secretario ANEP

“La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. Parecen ser más de ¢4 mil millones”.

Sindicato denuncia tráfico de influencias en AyA

NOTA: Diario Extra

Un nombramiento hecho en 13 días a una funcionaria que no contaba con los requisitos del puesto es la nueva polémica que involucra al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según el sindicato ANEP-AyA, ocurrió un posible tráfico de influencias con la designación de Kattia Sánchez Sánchez, quien habría laborado para el ahora gerente institucional, Manuel Salas Pereira, en la empresa INNO Inmobiliaria.

“Los errores se están cometiendo en la Gerencia General y aquí lo que vemos es un posible tráfico de influencia, no es común que a una persona se le nombre en 13 días e inclusive se sigue presentando la alteración de requisitos”, menciona Edwin Marín, de la seccional ANEP-AyA.

Sánchez habría presentado su oferta de servicios el 22 de mayo de 2019 ante el Instituto, luego el 5 de junio de ese mismo año el gerente general solicitó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se nombrara a la funcionaria de manera interina en un puesto de ejecutivo especialista.

“Se habla de temas de interés institucional y no se justifica cuál es ese interés, y esto se suma a los procesos de contratación irregulares que se reportaron por la auditoria”, dijo Marín.

La solicitud de la designación interna queda en evidencia en el memorando GG-2019-01709 del 5 de junio de 2019, 13 días después de que Sánchez presentara la oferta de servicios.

FUNCIONES

Las funciones que le fueron asignadas a Sánchez en el puesto están relacionadas a la gestión de proyectos, supervisión de cumplimiento de requisitos, brindar capacitaciones y ser coordinadora de la comunicación entre líderes.

También se le designó proponer cambios en políticas y reglamentos internos para mayor efectividad de la organización funcional y hacer informes para entidades externos, con respecto a la ejecución de presupuestos.

Siete días después, el 12 de junio y mediante el oficio GG-2019-01786, el subgerente general del AyA, Annette Henchoz, le comunicó a la directora de Capital Humano, Yolanda Salas, que se aprobaba el nombramiento interino, haciendo una excepción a la regla.

“En adición al memorando GG-2019-0179, en concordancia con la justificación aportada para el nombramiento interino de la Ing. Kattia Sánchez Sánchez, se autoriza a realizar dicho nombramiento, haciendo una excepción de lo establecido en la Directriz No. GG-2017-02945 en cuanto al tema de subutilización del puesto”, menciona el escrito dirigido por Henchoz.

Ante esto, el sindicato considera que la forma de actuar de la Gerencia es criticable.

“¿A quién se le da una plaza subutilizada, por qué hacer una excepción a una directriz? Se pierde la confianza en la Gerencia General y la junta directiva no está haciendo nada. Inclusive a la fecha no sabemos si se tomaron medidas con respecto a los auditorajes con los procesos poco transparentes”, menciona Marín.

MEJORA DE PUESTO

Tan solo tres meses después de que fuese nombrada en el puesto, el propio gerente general le solicita a la Dirección de Capital Humano que se traslade a Kattia Sánchez a otro puesto “con cargo de ejecutivo experto a partir del 01 de octubre del 2019, hasta el 31 de diciembre de 2019”, se lee en el documento.

El sindicato critica que se haya hecho una excepción a la directriz que limita subutilizar plazas y además aduce que se siente desconfianza con respecto a las decisiones que emiten quienes dirigen la entidad.

DIRECTRIZ

Precisamente, el 12 de diciembre de 2017 el gerente Manuel Salas emitió la directriz GG-2019-00285, titulada “Nombramientos y Movimientos de Personal”, documento dirigido a las jefaturas.

“Es preciso aclarar sobre el tema de subutilización de plazas que para las nuevas contrataciones en puestos catalogadas de servicios especiales y de cargos fijos, no se permitirá contratar nuevo personal subutilizando las plazas”, expresa la orden.

Y agrega que “los postulantes deberán cumplir al 100% los requisitos exigidos en los manuales institucionales para ocupar las plazas disponibles vacantes, lo anterior con el fin de dar el mejor aprovechamiento y con ello la mejor ejecución presupuestaria”.

El texto también menciona que solo podrá haber una subutilización de una plaza cuando haya escasez de personal y debe estar debidamente justificada.

“Eso se está manejando dentro de la misma red de cuido de la junta directiva, Annette Henchoz fue nombrada por este gobierno y se apresta para hacer excepciones, entonces para qué se emiten directrices si no se van a cumplir”, comentó Marín.

Inclusive, el gerente rectifica lo mencionado por la directriz el 5 de febrero de 2019 con la resolución GG-2019-00285.

“Se mantienen las disposiciones emitidas en la directriz No. GG-2017-02945, de fecha 12/12/17, relativas al tema de la subutilización de plazas para las nuevas contrataciones en puestos catalogados de servicios especiales y de cargos fijos”, dice el documento.

GERENTE 

El gerente Manuel Salas critica las denuncias que últimamente han circulado en diversos medios de comunicación en una carta que dirigió a los funcionarios de la entidad el pasado 19 de agosto.

“Grupos privados y políticos, perfectamente coordinados en el mensaje, repiten y se apoyan mutuamente con pretendidas denuncias, exageraciones, distorsiones, verdades a medias y llanas mentiras”, reza el escrito.

“Su táctica consiste seleccionar aquellos temas que son más fácilmente susceptibles de enfocar negativamente en la opinión pública y darles una connotación de corrupción e incompetencia”, añade la carta.

También, Salas se refiere a las opiniones que tienen diversos sectores cuando se denuncian actos de corrupción y salen a la luz pública.

“No son más que opiniones fundamentadas en titulares, notas livianas de prensa, filtraciones incompletas de información interna y febriles teorías de conspiración, que nunca le dan el espacio debido a las muchísimas explicaciones serias que ha dado la institución. Luego, por supuesto sirven para un refrito, cuando carecen de material nuevo. Nada de esto es casualidad”, agrega.

Al respecto, la seccional ANEP considera sentir preocupación, ya que si se debilita demasiado la entidad podría haber un riesgo o intención de querer privatizarla.

“Hay una pérdida de confianza y sentimos que no hay transparencia, nosotros estamos informando y diciendo a la población lo que sucede a lo interno y encontrarle la solución al problema”, expresó el presidente del sindicato.

Salas también justifica la inversión de $45 millones en la modernización de la plataforma tecnológica de la institución que forma parte de los temas por los cuales deberán comparecer los miembros de la junta directiva ante los diputados.

“Sin duda es uno de los ataques más infundados, acríticos e incoherentes que potencialmente podrían dañar de forma grave al AyA, si lograran su objetivo. Algunos lo han llevado a la prensa, que se caracteriza por su sensacionalismo”, relata la carta.

El comunicado dirigido a los trabajadores menciona que de manera paulatina irán explicando los temas por los cuales se cuestiona a la administración de Acueductos y Alcantarillados.

Edwin Marín

Seccional ANEP-AYA

“La situación en AyA es algo crítico, aquí se ha generado un fenómeno sociopolítico como nunca antes desde su creación se ha visto, es preocupante cómo hay tanto despilfarro, discriminación, falta de transparencia. Parece que quieren debilitar la institución para someterla a una posible privatización, esto va a terminar en una intervención administrativa del AyA, y estos hechos hacen que se ponga en juego la estabilidad del personal”.

MSP debe pagar diferencia salarial a policía

Sin acudir a la vía judicial se logró que el Ministerio de Seguridad Pública ordenara pagar las diferencias salariales a un policía que cubrió por aproximadamente un año un rango más alto al del sueldo que recibía.

Este policía quien prefirió el anonimato, comentó que fue inició funciones como agente 1 en el 2011 y sus labores se desarrollaban en la parte preventiva. Para el 2016 fue nombrado como Agente 2, pero seguía recibiendo el salario del antiguo cargo.

Ante la duda que le embargaba decidió buscar la asesoría del departamento jurídico de la ANEP, donde su caso fue tomado por parte de David Estrada, quien inició con todo el proceso

El defensor indicó que la prioridad era que el uniformado pudiera recibir bien su salario y que todo se diera conforme a ley.

Por lo que se presentó un recurso administrativo donde se evidenciaba la diferencia en sus pagos.

El recurso fue estudiado por parte de Michael Soto, Ministro de Seguridad, quien ordenó que se organizara el tema a nivel interno y que se le cancelara al oficial lo que correspondía.

Lamentablemente de parte de la institución no se ha pagado la totalidad del dinero, puesto que aducen que se cancelará el monto a partir de que el policía presentó y demostró que cumplía con todos los atestados para tomar el cargo.

A pesar de esto por parte de Estrada se alabó la solución rápida que obtuvo el oficial y que se evitó por parte del Ministerio llevar el caso hasta los estrados judiciales.

“Es importante recalcar que en este caso se logra hacer justicia a la persona trabajadora sin necesidad de acudir a un juicio, sino que ha sido mediante el agotamiento de la vìa administrativa que se ha logrado que la persona reciba una remuneración justa por la labor desempeñada. 

También cabe señalar que el Ministerio de Seguridad Pública parece haber acogido una tesis jurisprudencial bastante nueva, como que para conceder el pago de diferencias salariales la persona trabajadora debe acreditar que cumple con los requisitos académicos y profesionales para desempeñarse en el puesto. Una postura que ha sido objeto de crítica últimamente por parte de los sectores pro-trabajador como la ANEP.», señaló.

Por parte de la defensa no se descarta que se interponga otro recurso para que el policía tenga que recibir la totalidad del dinero y no una parte.

Funcionarios municipales de Sarchí reciben reajuste salarial

  • Salarios se encontraban por debajo de lo indicado por ley
  • Municipalidad actualizó manual de puestos para bases salariales

Luego de luchar por aproximadamente tres años y medio, los funcionarios de la Municipalidad de Sarchí recibirán un reajuste salarial. El acuerdo entre las partes se firmó el viernes 21 de agosto entre la alcaldía y trabajadores.

Precisamente este lunes, 24 de agosto quedó ratificado en el concejo municipal el convenio simple, lo que trae consigo la actualización del manual de puestos para las bases salariales.  ANEP fue uno de los actores principales durante el proceso.

Entre lo acordado por las partes se definió que el reajuste se haga de forma escalonada, debido a las afectaciones económicas que ha generado la emergencia sanitaria.

Albán Loría Presidente de la ANEP – Municipalidad Sarchí manifestó, “Con esta nueva negociación hemos logrado que se llegue al menos a lo que establece la ley, luego de un arduo proceso que contó con la garantía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.

También, expresó estar muy esperanzado por el acuerdo logrado, ¨este resultado nos permitirá realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Además, da orden en la parte legal, presupuestaria y administrativa, trayendo un beneficio para los trabajadores”, indicó.

Por último, hizo el llamado a todos los compañeros de la función pública para que día a día se brinde un mejor servicio y se enriquezca la función de servir con calidad para todos los usuarios.

Albán Loría, Presidente ANEP Municipalidad de Sarchí explica los acuerdos