La preocupante pasividad del Banco Central de Costa Rica ante la crisis

Documento elaborado por el grupo Economía Pluralista, que reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Por: Grupo Economía Pluralista

Cuando se enfrenta una grave amenaza, lo que el raciocinio, e incluso el sentido común, aconsejan, es tener listas y a mano, todas las herramientas e instrumentos que permitan enfrentar el peligro de la forma más eficaz y certera posible, de modo, asimismo, que las posibles consecuencias negativas se reduzcan al mínimo.

Hoy el país enfrenta la amenaza del covid-19. En su aspecto propiamente sanitario, nuestra institucionalidad pública ha tenido afortunadamente la capacidad para generar respuestas serias y responsables, que han mostrado ser muy eficaces. Lamentablemente, frente a la crisis económica concomitante, se constata en el contexto nacional el predominio de posiciones dogmáticas, rigideces ideológicas e, inclusive, la influencia muy poderosa de intereses particulares que buscan usufructuar de la crisis.

En este sentido, la posición del Banco Central expresada por su presidente, el señor Rodrigo Cubero (Semanario Universidad: “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria”) genera mucha preocupación por su extrema rigidez. Lo cual se hace aún más evidente, al considerar que el propio BCCR prevé que en los siguientes dos años, la inflación se ubicará por debajo del rango meta, con un promedio del 1,8%. Es decir, el país cuenta con condiciones para la aplicación de políticas monetarias que contribuyan a paliar la recesión de la economía y a reactivar la producción y la creación de empleos, teniendo presente que, según estimaciones oficiales, la economía se contraerá un -3,6% en 2020, lo que innegablemente agrava los serios problemas del empleo que se arrastraban desde antes de esta crisis.

Don Rodrigo saca el manual introductorio de economía y se recita toda la letanía que la ortodoxia económica ha impuesto. Aunque se presente como una teoría con pretensiones científicas, en realidad estamos en presencia de una ideología que arrastra, desde hace mucho tiempo, severos cuestionamientos de fondo, y la cual ha terminado de desgastarse con las últimas crisis económicas, frente a las cuales ha demostrado ser poco efectiva. Esto es reconocido inclusive por el FMI, en otros tiempos baluarte de estas teorías, y que hoy hace un mea culpa por la mala gestión realizada en relación con la pasada crisis del año 2008 y, particularmente, con motivo de la crisis de la deuda pública en Europa.

Es conocido que estos planteamientos se escudan en la presunta independencia técnica del Banco Central, para disimular una forma de gestión de la política monetaria, opaca y ajena a los mecanismos de la rendición de cuentas en democracia. Todo lo cual finalmente redunda en la captura del Banco Central por los intereses financieros y, en consecuencia, su sometimiento a éstos.

El presidente del Banco Central argumenta exactamente como si nada hubiese ocurrido. Más aún: como si nada estuviese ocurriendo. El mundo de antes del Covid- 19, es el mundo en el que nuestro Banco Central y su presidente siguen instalados. Y si ya en ese mundo hoy fenecido, sobraban razones para cuestionar el manejo de la política monetaria que Cubero defiende, sus argumentos hoy resultan un desatino, pero, sobre todo, un preocupante ejercicio de imprudencia e irreflexión.

No hay peligro alguno de inflación, porque tenemos tasas de desempleo de la fuerza de trabajo y tasas de desocupación de la capacidad instalada, sumamente elevadas, y porque en nuestras realidades sociopolíticas actuales no hay ni la más remota posibilidad de que se dé una espiral ascendente precios-salarios, como las que fueron usuales en otros momentos históricos. La reducción de precios de las materias primas, principalmente el petróleo, aminora adicionalmente cualquier presión al alza en la inflación.

Y si interesa preservar la imagen internacional del país, téngase presente que la mejor forma de hacerlo es mediante una actuación pragmática, oportuna y eficaz, que ataje la crisis, alivie la recesión y disminuya al mínimo posible sus consecuencias sociales y humanas negativas. Permitir que la crisis se agrave, y quedarse de brazos cruzados sin hacer lo que se podría y debería hacer, dañará la imagen internacional de Costa Rica, pero, sobre todo –lo que es mucho más importante– causará grave daño a las condiciones de vida de nuestra población. Ello traerá hambre y miseria y, en consecuencia, violencia social e inestabilidad política.

Cubero le da la espalda a los datos de la realidad, y a las exigencias concretas que ésta plantea, para, en su lugar, aferrarse a un catecismo monetarista, no solo simplista, sino además obsoleto. Esto último es reconocido hoy, incluso por los bancos centrales en todo el mundo –excepto Costa Rica– lo cual ya es mucho decir.

La idea, que el señor Cubero reitera, según la cual la única misión de la banca central es la “estabilidad monetaria”, ha sido abandonada y superada en todas partes, incluso por el Banco Central Europeo, no obstante sus antecedentes muy conservadores en la banca central alemana (el Bundesbank). El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Japón, la Reserva Federal de Estados Unidos, como la generalidad de los bancos centrales en el mundo entero, han asumido con

máxima responsabilidad los deberes que la actual crisis del covid-19 les impone. Hay un amplio consenso que reconoce que los bancos centrales deben trabajar para frenar la recesión, proteger los empleos y apoyar la estabilidad financiera de los gobiernos. La inflación, claramente, no es hoy el problema principal, y eso es reconocido universalmente.

Por otra parte, entiéndase que de lo que se trata es de disponer y tener listas, todas las herramientas e instrumentos necesarios para enfrentar la crisis. Y ello incluye los instrumentos tradicionales de la política monetaria, así como otros nuevos que sea necesario diseñar y dejar a punto, para su eventual aplicación en caso necesario. Nada de lo cual implica actuar caprichosamente o de forma precipitada. Todo lo contrario, más bien: se trata de hacerlo con prudencia y sentido de la oportunidad, en el momento justo y en la medida necesaria. Hacer, pues, lo que debe hacerse, cuando es necesario hacerlo y en la medida en que sea necesario hacerlo. Y, en fin, comprender que las crisis exigen capacidad de innovación, sentido previsor y mucho pragmatismo.

Nuestro llamado, respetuoso pero enfático, al presidente Alvarado: en sus manos, señor presidente, está reorientar la política económica de su gobierno, para que ante la crisis se actué con responsabilidad, energía y decisión, y con el sentido pragmático y de oportunidad que la situación demanda.

i El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.

Conmemoremos este 1 de mayo en casa con ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) comparte la agenda virtual para conmemorar el Día Internacional de Trabajador, este viernes 1 de mayo, por medio de nuestro facebook/AnepSindicato.

Los invitamos a unirse y ser parte de una conmemoración histórica.

El 1 de mayo de cada año se conmemora el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los «Mártires de Chicago», quienes reclamaron mejores condiciones laborales.

¡Fuera las municipalidades de la regla fiscal! ANEP reitera respaldo al proyecto 21.922

  • Exhortamos al plenario legislativo a darle votación en primer debate este jueves 30 de abril
  • Solamente con servicios públicos fortalecidos la pandemia nos afectará menos
  • Proyecto ha unido a la familia municipal costarricense como en ninguna otra ocasión

De manera totalmente diáfana y contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia de su total respaldo, una vez más, al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; exhortando a los señores diputados y a las señoras diputadas para que en la sesión plenaria de mañana jueves 30 de abril, le den el voto favorable.

Sacar a las municipalidades de la cobertura de la nefasta regla fiscal, contaminada ésta muy ideológicamente más que representar una preocupación objetiva por la solidez de las finanzas públicas, siempre fue un objetivo fundamental de la ANEP en cuanto a su presencia sindical en las municipalidades del país; pues desde que se estaba tramitando la hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; cuando era el Expediente Legislativo No. 20.580, denunciamos la errática decisión política de someter a los gobiernos locales a tal normativa, considerando que -entro otros nefastos aspectos-, se violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal.

Hoy, que los profundos efectivos negativos, fundamentalmente económico-sociales, de la pandemia del coronavirus covid-19, hacen estragos en nuestro país (y en todo el mundo), la relevancia de los servicios públicos estatales está posicionándose con lógica fuerza para superar la crisis, de modo que resulta más que oportuno que tal proyecto 21.922 se convierta en ley de la República cuanto antes, lo cual satisface a la ANEP que ya había gestionado un proyecto propio en tal sentido, desde mayo de 2019.

Los servicios públicos municipales están en la primera línea de combate en cuanto a los efectos negativos socioeconómicos de la pandemia y mediando la ley derivada del Expediente Legislativo 21.922, se abre un abanico de posibilidades de intervención más dinámica y eficaz de la acción municipal.

Por supuesto que la ANEP y sus seccionales municipales, con presencia ya en un 75 por ciento de los gobiernos locales del país, estará vigilante de que ello sea así, denunciando cuando proceda si el objetivo perseguido se distorsionara.

Por otra parte, estamos observando un consenso nunca antes manifestado en el seno de la institucionalidad municipal costarricense, pues las alcaldías entrantes y salientes, los concejos que terminan su período constitucional 2016-2020 y los que lo inician este viernes primero de mayo; la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI); así como las fuerza obrero-laboral municipal del país, organizada mayoritariamente bajo las banderas de la ANEP, hemos cerrado filas en favor de esta iniciativa de ley 21.922.

Bien hacen las actuales personas legisladoras en recoger esta expresión de fuerte sentimiento cívico-municipal para darle a los gobiernos locales más agilidad de gestión y disposición de sus propios recursos sacándoles de la regla fiscal del combo-ley 9635.

Un grupo muy representativo de la comunidad obrero-laboral municipal estará mañana jueves 30 de abril, en las afueras del Museo de los Niños (sede parlamentaria de urgencia), monitoreando la votación al interior del plenario legislativo; presencia física de apoyo que se dará observando la rigurosidad de las normas sanitarias dispuestas por la pandemia del covid-19, entre ellas el distanciamiento mínimo exigido entre personas.

Seccional ANEP-Policía Migración pide al Gobierno ser vigilante de la frontera sur ante aglomeración de migrantes en suelo panameño

Ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) hace un llamado al Gobierno de la República, para que no descuide y refuerce la seguridad en el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá, debido a la aglomeración de migrantes extracontinentales en suelo canalero, y quienes podrían intentar cruzar la frontera con la intención de continuar su camino hacia los Estados Unidos.

Lo anterior se debe a informaciones que ha circulado en algunos medios digitales de la zona conocida como El Darién, Panamá, quienes indican que hay poco más de 2 mil africanos varados en ese punto.

Incluso, el medio costarricense puroperiodismo.com informó, el pasado 18 de abril que “Panamá, azotada por pandemia, amenaza con expulsar casi 2 mil migrantes a Costa Rica”. Esto refuerza la solicitud de la seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería de reforzar la vigilancia en la zona fronteriza de Paso Canoas en resguardo de la salud pública costarricense, ante una posible llegada masiva de migrantes.

“Consideramos qué sí bien es cierto, en su momento Costa Rica ha recibido migrantes que se desplazan del sur al norte de la región, en estos momentos no se recomienda dicho tránsito, debido al riesgo en la atención de la emergencia COVID, ya que desconocemos el estado de salud de esas personas”, manifestó Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la seccional.

El pasado 25 de marzo nación.com informó que, las autoridades costarricenses solo permitieron el ingreso de 60 migrantes extracontinentales de los 2.600 que intentaron ingresar por la frontera sur, situación que se dio pese a que siete días antes se decretara el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas en el territorio nacional. Por lo que las personas que no lograron pasar aún están en territorio panameño.    

Para la seccional, es importantes recordar que el Ministro de Salud, Daniel Salas indicó el pasado lunes 20 de abril en Conferencia de Prensa, que las fronteras costarricenses permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Situación que se debe mantener sin excepciones con el objetivo de resguardar la seguridad del pueblo costarricense.   

Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial

La Seccional ANEP-INCOPESCA emitió su pronunciamiento en el cual comparte criterio con el Presidente Ejecutivo de la institución, Daniel Carrasca, al indicar el impacto económico-salarial de los trabajadores al dejar de percibir la anualidad correspondiente al presente año.

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera”

Comunicado de Prensa

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera” en rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país

  • Documento contiene propuestas de economistas, politólogos y luchadores sociales

Diversos sectores sociales del país agrupados en ANEP, ASDEICE, FIT, CONCOOP, SIPROCNP, UNAG y el Encuentro Social Multisectorial, presentaron este martes ante la opinión pública la propuesta “Desde la otra acera” con el objetivo de rescatar los sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país, mediante la institucionalidad costarricense.

La propuesta, que ya fue presentada al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, desde el pasado 14 de abril, contiene seis ejes de abordaje, enmarcados en la vocación propositiva, que, a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, han presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.

“Desde la otra acera” aporta ideas de economistas del calibre de William Hayden Quintero, Luis Paulino Vargas Solís, Olman Segura Bonilla, Welmer Ramos González (diputado), Además, de abogados como Pablo Barahona Kruger y José María Villalta (diputado). Además, reúne pensamiento de politólogos como Claudio Alpizar Otoya y Jaime Ordoñez Chacón, a quienes se le unen dirigentes sociales como Albino Vargas Barrantes, entre otros.

En el documento se encuentran medidas para aportar liquidez financiera a la Institucionalidad del Estado, para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia, apoyo económico de quienes sufren la crisis, así como rescate con inclusión social y productiva. Además, de medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

César López Dávila, representante del Encuentro Social Multisectorial y encargado de compilar las diversas propuestas, indicó que el documento surge ante la afectación e impacto económico-social que atraviesa el país, provocado por la pandemia del COVID-19.

“La generalidad de lo que se expone en el documento, propone una compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país”, detalló López.

Por su parte, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, manifestó que “el presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo”.

Debate nacional y una propuesta “Desde la otra acera”

La búsqueda de liquidez financiera para dar soporte a la economía ante la emergencia sanitaria, ha suscitado debate nacional.

“No han faltado economistas que vieron en “patadas” la metáfora adecuada para proponer cierre técnico de instituciones, y disminución de jornada y salario a funcionarios públicos; sindicatos de patronos que ignorando el carácter de ahorro obligatorio exigen la derogación del decreto de salario escolar; y hasta expresidentes de la república, que insistiendo en “combos” privatizadores reiteran la necesidad de vender activos estatales como BICSA, FANAL, BCR y el INS”, explicó López.

Ante este escenario, ha surgido, una gama más amplia de opciones, que requerían un hilo conductor que permitiera un cuerpo común para integrar una propuesta desde la otra acera con respuesta de política justa e inclusiva, con la intervención del Estado, por lo que consideran erróneo el debilitamiento de la institucionalidad que permite enfrentar con responsabilidad social la pandemia.

“Muchos consideramos que se debe apoyar a las pymes y al empleo, pero garantizando que la ayuda también llegue a las personas trabajadoras. Creemos que reducir salarios que no estén en riesgo de despido, impacta una serie de encadenamientos que hacen caer aún más la producción y el consumo. Precisamente, esta propuesta cree que la equidad social alcanza para fijar medidas a sectores cuyas rentas y ganancias les permiten un aporte solidario. Queremos que la ayuda llegue con urgencia a la mayor cantidad de compatriotas”, finalizó López.

San José, martes 21 de abril de 2020.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd

Mideplan: salario escolar no es ni un privilegio ni una prebenda

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) emitió un pronunciamiento con respecto al salario escolar, el cual ha sido objeto de controversias y cuestionamiento por parte de diferentes actores sociales, debido al desconocimiento de su origen.

Algunos de los aspectos en los que el documento hace mención es que “(…)existen tres aspectos de especial relevancia, el primero, en el sentido de que el salario escolar surge como un acuerdo de política salarial para el cuatrienio 94-98 suscrito el 23 de julio de 1994 denominado “componente de la política de salarios crecientes” mismo que planteaba la acumulación o retención de un porcentaje del aumento salarial en 1994 hasta completar en 1998 un salario adicional – representaba el 8.19%-, el cual se pagaría en el mes de enero de cada año”.

Salario Escolar-carta de Mi… by Yariela Novo on Scribd

El Mideplan concluye que al eliminar el salario escolar como se ha pretendido solamente vendría a generar efectos contraproducentes en la economía, por las siguientes razones:

I. Por tratarse de un monto ya ingresado al patrimonio de las personas servidoras públicas, su supresión implicaría que ese porcentaje debe trasladarse a los pagos de salarios que se realizan mensualmente con adelanto quincenal, con lo que se generaría una presión en la liquidez de las finanzas públicas.

II. Si se suprimiera y no se traslada a los salarios mensuales, debería indemnizarse a las personas servidoras públicas por concepto de los ingresos que dejarían de percibir, dado que ya formaba parte de su masa patrimonial, al afectarse uno de los elementos esenciales de la relación laboral como lo es el salario.

Proyecto de ley busca rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad

Luego de meses de trabajo, en busca de soluciones en espacios con el Gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes; el pasado viernes 17 de abril, el Encuentro Social Multisectorial presentó ante la Asamblea Legislativa, en coordinación con el diputado Walter Muñoz (PIN), el proyecto de ley «Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”.

El proyecto de ley quedó regitrado en la corriente legislativa bajo el expediente nº 21.935

RESUMEN EJECUTIVO-

Debemos  entender  que  el país  estaba  inmerso  en una  gran  crisis  económica,  misma que  se endureció  con la  amenaza  a la  salud  humana producto  de la pandemia mundial y  que en nuestro país fue declarada  emergencia nacional.  Por  tal motivo,  este proyecto  de ley se convierte  en una  necesidad de urgencia;  pues con él,   se proponen  mecanismos  de reactivación  económica que  entre otras  cosas  le  garantiza  a la  sociedad costarricense,   que todo  el sector de micro, pequeña  y mediana  empresa,  productoras de bienes o servicios,  no cerrarán  sus puertas  por  asuntos  de endeudamiento o  impagos por falta  de  liquidez. 

El  proyecto  es producto  de una larga discusión  sobre  el problema  de la  crisis  económica,  sus  causas y  sus posibles  soluciones.  Discusión  que se propició  en un  espacio propio creado  por el  Gobierno   y  que  se denomina,  mesas de  trabajo  del  sector  Rural y de  asuntos Agropecuarios.

Se  compilan  varios   propuestas  de  diferentes  sectores y personas,  mismas  que  el ENCUENTRO  SOCIAL  MULTISECTORIAL las  plantea  en un  texto  que  sirva  como proyecto  de Ley  para  que sea  sometido  a discusión y  oportuna aprobación  en la Asamblea  Legislativa.

FORMATO Y CONTENIDO DEL PROYECTO:

El proyecto  consta de una parte  de justificación,  donde  se exponen motivos y  datos históricos que le sirven  al lector para ubicarse en el contenido y tener  mejor  criterio a la hora  de emitir opinión.  El cuerpo  de la posible ley consta   de tres  títulos:   El  TÍTULO I,  DISPOSICIONES GENERALES,  consta  de  dos  capítulos. El  primero   denominado AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS que  va desde el artículo 1.- hasta  el  artículo 7.-   y  el  segundo   denominado  CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO EMPRESARIAL,  que  va  desde  el  artículo  8.-  hasta  el artículo  10.- En  esta primera parte  del proyecto,  quedan  las  disposiciones y  definiciones  claras  de los posibles  beneficiarios,  del  ámbito de aplicación y la ordenanza  en términos  de ley,   para  que  el gobierno  de la república ordene  las  instituciones  a trabajar  en conjunto para  atender  adecuadamente  los  procesos  productivos,  ya  sean  éstos  de bienes o servicios. (se crea a RED INSTITUCIONAL DE CUIDO)

El Título II,  denominado  MECANISMOS DE RESCATE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS, también consta  de dos  capítulos,  el capítulo I  denominado FIDEICOMISO ESPECIAL DE RECUPERACIÓN,  comprende los  artículos  del 11.-  al 19.- . Le da los instrumentos  de legalidad  para que el  sistema  bancario nacional,  bancos  públicos obligados y bancos privados voluntarios,  puedan dar  tratamiento  diferenciado y  dirigido a empresas  en riesgo  de impago.  Se proponen instrumentos  aplicables  a casos diferenciados y se evita que las empresas se  declaren  en quiebra  sin  antes hacer un esfuerzo  conjunto  de salvataje, que tenga  viabilidad y  factibilidad  financiera. 

 El capítulo II,  denominado  DEL TRATAMIENTO ESPECÍAL  A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL comprende los  artículos  del  20 al 30. Este capítulo  crea un instrumento  nuevo  que le permite  al Gobierno,  instalar  las capacidades institucionales y el marco  de legalidad para  atender  el  sector agropecuario y forestal,  en forma diferenciada.  Considerando que  es una sugerencia  de la ONU,  que los estados  deben instalar  capacidades  para  dar  respuesta  a las  contingencias  del  cambio  climático y  ahora,  nos  toca  atender  las  contingencias  de la  salud  humana.  Esto  viene  a fortalecer la  razón  de  crear  este  mecanismo.  Por  otro  lado, este   capítulo  propone  marcos  de legalidad  para  que el Estado pueda, desde  una ley  específica,  pueda garantizar  el mejor   cumplimiento del  primero párrafo  del artículo 50  de nuestra  constitución política.  Asimismo  asegurar la  canasta básica alimentaria nutricional  para  todos los habitantes  del país. En  este capítulo  se dispone una  serie  de autorizaciones,  para que algunas instituciones y los  bancos  del  Estado, tengan el marco  de legalidad  para  atender  de una manera  más  integral  su  obligaciones sociales e institucionales, colaborando  en forma  articulada para  evitar  el cierre  de procesos productivos o lo peor,  la  acumulación  de los mismos por el  sectores  poderosos.  Los  bienes  embargados,  son  acumulados por quienes tienen mayor poder  adquisitivo. 

Un  capítulo III,   denominado DE LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, que  va desde el artículo  31 al  33,  cuyo  fin  es disponer mecanismos novedosos de oferta  de   recursos financieros  que le permitan  a los bancos  mayor  flexibilidad y  a los usuarios  una mejor oferta  de crédito para la producción.  Recordamos  que  uno de los  defectos de nuestro  sistema  financiero,  es que el mayor  volumen  de crédito  se orienta  hacia  actividades de consumo,   restando recursos  al sector  productivo.

Un título III  denominado DISPOSICIONES FINALES,  que  consta de un   solo capítulo titulado  REFORMA A OTRAS LEYES. Se dispone  desde  el artículo 34  al 37.  En este  capítulo  se reforman varias leyes  en que tienen vinculación  directa  con el sector  financiero.  Es  necesario que se  mejoren los marcos  de legalidad  del  sector  financiero nacional  para que ofrezcan  mejores  oportunidades  al  sector productivo sin  sentirse amenazados ya  sea en  el ámbito  financiero o en roces con marcos  de legalidad que actualmente les limitan  su accionar.

Además  el proyecto  cierra  su cuerpo de contenido  con cuatro   disposiciones  transitorias. Debemos  anotar  que el artículo 37 declara  la ley  de interés público,  para  que desde  esa perspectiva,  no  tenga  oposiciones que  la lesionen.

Compartimos el proyecto de ley de Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”

Proyecto N°2.1935 – Ley de … by EugenioGuerrero on Scribd

Tasas de usura: 39% sigue siendo usura

  • Proyecto 20.861 se queda corto, pero debe aprobarse y queda mucho por hacer.
  • Sector bancario-financiero es multimillonario y lo seguirá siendo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa públicamente, un apoyo crítico al Expediente Legislativo No. 20.861 que pretende ponerle un tope al cobro abusivo en las tasas de interés que se cargan a las tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos, créditos bancarios y otras operaciones crediticias de carácter financiero; estableciéndose un cobro máximo de tasas de interés del 39% para créditos en colones y un 31.35% para créditos en dólares.

ANEP estima que tales montos siguen siendo de carácter usurero y deberían reducirse sustancialmente. Sin embargo, dicho proyecto de ley debe aprobarse quedando en evidencia que falta mucho camino por recorrer en tal sentido; así como que el tema debe seguir pendiente en una agenda socioeconómica que persiga la reducción de las desigualdades y mayor integración con justicia social.

 Información pública reiterada en esta fecha y que ya había sido dada a conocer tiempo atrás, indica que el sector bancario-financiero que lucra con todo tipo de tasas de interés, habría obtenido ganancias, en el año 2018, por el orden de los ₡2 billones 300 mil millones (₡2.300.000.000.000); cifra más que escandalosa e claramente indicativa de cómo se ha posicionado en el país la desigualdad y, a contraparte, se ha dado la concentración de la riqueza.

Para ese año 2018, el sector emisor de tarjetas de crédito habría obtenido, promediando un cobro de usura del orden del 50 %, unos 638 mil millones de colones. Por su parte, el negocio del empeño y de ciertos bufetes prestamistas, con tasas de hasta un 90%, se habría embolsado unos ₡610 mil millones. Para el caso de las ventas de electrodomésticos, con intereses de un 60 %, la suma de ganancia habría generado unos ₡883 mil millones.

Tales datos se basan en informes del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), del Proyecto Estado de la Nación; e, incluso, de la Academia de Centroamérica.

Por otra parte, no hay evidencia clara ni contundente que pueda sostener que tal nivel de ganancias ha sido correspondido con una contribución tributaria realmente justa y equitativa. Con la regulación de tasas de usura al 39%, para créditos en colones, como lo propone el indicado proyecto de ley, los sectores que nutren sus riquezas producto de este tipo de negocios, continuará siendo archimillonario.

Es un argumento sumamente pobre plantear que los sectores menos favorecidos económicamente serían los más afectados, vía exclusión, si tal proyecto se vuelve ley de la República en los próximos días.

Es más, es éste un sector al cual se le debe exigir un aporte tributario de carácter extraordinario-solidario, para la ayuda social necesaria a todos los sectores afectados por la pandemia del covid-19, incluyendo micro-pequeñas y medianas empresas.