ANEP oficializa ante Presidente Legislativo petición de salida de la Defensora de los Habitantes

  • Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.

La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.

“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.

Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.

El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.

“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.

La ANEP recalca que la escogencia del  o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.

1-2020-DeFENSORÍA-Carta a La Asamblea Legislativa by Yariela Novo on Scribd

La canasta básica nunca debió ser gravada

Asamblea Legislativa debe reconocer su error y eximirla  del IVA completamente.

ANEP lanza idea de manifestación en carros.

Es sumamente urgente que las personas diputadas de la actual Asamblea Legislativa corrijan el grave error político de haber gravado con el injusto impuesto al valor agregado (IVA), los artículos de la canasta básica; tal y como se castigó al pueblo trabajador mediante la detestada ley del combo fiscal, No. 9635.

Tal corrección no puede ser otra más que los 195 artículos de la canasta básica, de manera definitiva e indefinida, sean eximidos de la aplicación del IVA; por demás, el más injusto de todos los impuestos de un sistema tributario como el costarricense que es profundamente inequitativo.

Además, se debe rechazar, radicalmente, la manipuladora pretensión del gobierno de Alvarado de que se posponga la aplicación de la entrada del IVA para la canasta básica, sustituyendo los recursos que tal impuesto le generaría al fisco, gravando el salario escolar con tributo de renta.

Esto no tiene ni pies ni cabeza, pues solamente busca incrementar el odio de clase en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, aumentando el escenario de confrontación social que, de por sí, está en desarrollo.

Mantener el impuesto a los artículos de la canasta básica representa una burla grotesca para miles de personas trabajadoras en severa angustia económica en estos momentos, dado que acaba de conocerse el listado de las grandes empresas que, cínicamente, volvieron a declarar CERO IMPUESTOS alegando no haber tenido utilidades en los pasados períodos fiscales 2018-2019.

La continua agresión socioeconómica al pueblo trabajador costarricense y, en lo especifico, mostrar un apoyo fuerte a que los artículos de la canasta básica queden completamente libres de ser gravados con el IVA, motiva a la ANEP a proponer y a fomentar la realización de una manifestación en carros, en fecha próxima, a convenir entre los sectores que estemos dispuestos a mostrar gran repudio por las continuadas políticas de exclusión social y de empobrecimiento generalizado.

Asesores sindicales de la ANEP y ex trabajadores municipales se unen a demanda penal contra alcalde y fiscal de Talamanca

Este viernes en la sesión ordinaria de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, se dio la firma de la denuncia penal que estarán presentado tres asesores sindicales de la ANEP, junto a dos ex trabajadores municipales contra el Alcalde Talamanca y el Fiscal de la zona.

ANEP-Posición oficial sobre la crisis estructural de AyA

  • Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
  • Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
  • Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.

ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.

Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.

ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.

Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.

ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA

MEP investigará a director que amenazó a Albino Vargas en Facebook

El Ministerio de Educación Pública (MEP) realizará una investigación en contra de un director de primaria de apellidos Rivas Selles, luego de que este amenazará, por medio de un comentario, al Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes durante la transmisión en vivo del programa Sin Rodeos por la plataforma de Facebook de Extra TV 42

Así lo confirmó el MEP, a través de su Departamento Disciplinario, en respuesta a la denuncia presentada por el diputado frenteamplista, José María Villalta, quien solicitó una investigación contra Rivas Selles quien se desempeñaría como director en la Escuela Sibujú de Talamanca, por indicar a través de un comentario “que ejecuten a Albino”, durante la trasmisión del programa Sin Rodeos., este último daba cobertura a la detención arbitraría e ilegal de Albino Vargas en Talamanca.   

“La Dirección de Recursos Humanos procedió al dictado de la Resolución N° 1938-2020 de las trece horas con veinticinco minutos del doce de junio del dos mil veinte, mediante la cual, dio inició a la Investigación Previa-Docente N° 0172-2020, establecida obligatoriamente en los artículos 68 y 69 del Estatuto de Servicio Civil1, contra el servidor Rivas Selles, Profesor de Enseñanza Unidocente en Educación Indígena en la Escuela Sibujú de la Dirección Regional de Educación de Sulá.” Indica el documento del MEP

Además, indica “Aunado a lo anterior, le informe que el órgano investigador designado efectúa la indagación de cargos tendiente a determinar si existe mérito suficiente para iniciar procedimiento disciplinario”.

Respuesta a José María Vill… by EugenioGuerrero on Scribd

Denuncia en Juzgado

Rivas Selles quien también se desempeña como regidor suplente en la Municipalidad de Talamanca por el Partido Unidad Social Cristiana, fue denunciado por Albino Vargas Barrantes ante el Juzgado Contravencional bajo la figura de amenazas personales.

Para el líder sindical este tipo de hechos no pueden pasar desapercibidos sin darle importancia. “Si hace un comentario así, tiene que asumir las consecuencias”.

Por los hechos y la detención arbitraría e ilegal que se presentó en la Municipalidad de Talamanca, la ANEP también denunció ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, al alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.

No más agresiones salariales a los derechos del sector público

-ANEP rechaza, categóricamente, proyectos de eliminación de anualidades, impuesto de renta al salario escolar y eliminación del escuálido reajuste salarial

Proyecto de empleo público fiscalista dogmático está destinado al fracaso

Los proyectos de ley en trámite, irresponsablemente acelerado, para eliminar el pago de anualidades para los años 2021 y 2022; así como el que pretende ponerle impuesto sobre la renta al salario escolar, generan la más fuerte condena y rechazo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De la misma manera, es abrumador nuestro rechazo obrero-laboral a la pretendida anulación del escuálido reajuste salarial anual impuesto al sector Público para todo el presente año 2020.

Datos oficiales emanados del Ministerio de Hacienda nos indican que, apenas un 25 % del total de gastos del mal denominado Presupuesto General de la República para el presente año 2020, corresponde a la partida de remuneraciones: solamente un total de 2 billones 657 mil 708 millones 96 mil 547 colones (2.657.708.096.547), dentro de una suma global de 10 billones 509 mil 606 millones 847 mil colones (10.509.606.847.000).

Por tanto, es una soberana infamia y una gran canallada seguir insistiendo en este tipo de legislaciones anti-obreras contra los derechos salariales de las personas trabajadoras del sector público; hoy por hoy, como se está demostrando, bastiones fundamentales e imprescindibles en el primer frente de combate a la pandemia del coronavirus covid-19.

En el caso de las anualidades, la ANEP entregó ya a cada una de las 57 personas diputadas un extenso documento, preparado con gran solidez jurídico-legal, manifestando nuestra oposición a tal iniciativa, fundamentando incluso su eventual inconstitucionalidad.

Lo mismo estamos ya elaborando con relación a la indebida carga de renta sobre el salario escolar. A su vez, para la defensa del escuálido reajuste salarial por costo de vida impuesto para este año 2020, las argumentaciones jurídicas sobran y estamos en puertas de apersonarnos a las instancias correspondientes.

“En cuanto al proyecto de empleo público, incluso en su nueva versión, la colección de inconstitucionalidades es impresionante; además de que impulsarlo bajo los sesgos fiscalistas que le contaminan producto de la intensa campaña de odio, de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público, solamente auguran un clima de tensión política y de conflicto social como atmósfera fundamental de su tramitación parlamentaria. Prácticamente tenemos listo nuestro documento argumental de carácter integral listo para entregarlo al parlamento”, indico Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

La opción de la movilización social, activa y unitaria, adaptada a los tiempos del covid-19, es ahora más legítima que nunca. ANEP jamás renunciará a dar su aporte para una convocatoria compartida, transparentemente coordinada y dirigida.

ANEP hace un llamado a todas sus bases laborales del sector público y, en lo específico, a cada una de las personas dirigentes de las correspondientes seccionales, impulsar ya los dispositivos de lucha pertinentes.

Acuerdo “stand-by” entre el Gobierno y el FMI traerá más miseria, sufrimiento, exclusión y desestabilización social

– Gobierno debe abrirse a la ciudadaníany dejar del secretismo en esas “negociaciones”.

-Ni venta de activos, ni más impuestos a los que menos tienen, ni más recortes al gasto social, ni despidos.

Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.

La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.

Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.

Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.

Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.

Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.

Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.

Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.

San José, lunes 15 de junio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

Seccional ANEP-AyA denuncia faltante de protocolos sobre COVID-19 en planteles de Acueductos y Alcantarillados

La Seccional ANEP-AyA denunció ante las máximas autoridades del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) la carencia de protocolos e insumos de higiene, para prevenir el contagio de COVID-19 en varios planteles de la institución.

Así lo consigna una nota publicada por Diario Extra este 12 de junio donde se explica que varias cuadrillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) trabajan en planteles de la entidad donde no hay ni agua potable ni jabón de manos, por eso están muy molestos y piden a la administración que corrija de forma inmediata esa situación de riesgo ante la pandemia de Covid -19. 

Sin agua y jabóm

Diario Extra también indica que, los jerarcas no tienen listo aún el protocolo de salubridad para sus empleados.

Las cuadrillas tienen más de 15 días de salir al desarrollo de sus labores de campo sin conocer lo que es la aplicación de protocolos sanitarios oportunos luego de que el pasado 15 de mayo el AyA comunicó que todos los trabajos retornarían a su normalidad, a saber: atención de fugas, reparaciones, lectura de medidores, entre otras. Pero el pasado 20 de marzo la institución las pausó nuevamente, indica el medio de comunicación.

Además amplia, Sin embargo, la situación tuvo un punto de quiebre este 8 de junio, luego de que en la zona de Pérez Zeledón varios trabajadores afiliados a la ANEO hicieran un paro por la desprotección en que se encontraban por parte de su patrono.

Dicha situación no es exclusiva del Valle de El General, pues los problemas también se presentaron en oficinas de la provincia de Puntarenas, San Vito de Coto Brus y Santa Cruz en Guanacaste, entre otras.

 La Seccional de ANEP-AyA y otros sindicatos denunciaron la situación, la cual consideran que lesiona intereses y derechos fundamentales de los colaboradores.

Edwin Marín, presidente de la seccional indicó a Diario Extra que las cuadrillas hacen peticiones razonables para ponerse a salvo, piden no salir en grupos grandes a labores de campo, que en los planteles haya agua y jabón para la higiene de manos y la disposición de dispositivos de protección como máscaras o caretas, entre otros.

“Nosotros no entendemos por qué se debe de salir con una denuncia para que ocurran las reuniones, como es el caso de que hasta hoy se emitiera un protocolo para lo que es el personal operativo cuando llevamos más de tres meses de pandemia”, manifestó Marín.

Además, Marín dio a entender que hace apenas dos días el grupo asesor de la gerencia general del AyA les confirmó que se encontraban en el diseño de los protocolos y que su distribución empezaría con prontitud a las distintas sedes regionales. 

Lo anterior podría reafirmar que por varios días los colaboradores de la institución estuvieron con un trabajo ejecutado bajo su propio riesgo en el campo, sin embargo, a quienes están en las oficinas sí les entregaron los respectivos insumos para laborar con mayor seguridad.

“Hasta donde tenemos entendido, el ingeniero Irving Zelaya giró la disposición inmediata de que las cuadrillas no salgan en su totalidad, que sean grupos reducidos, además de colocar piletas para el correspondiente lavado de manos, el alcohol en gel. Es así como los compañeros se sienten satisfechos con lo acordado y así se levanta el paro”, explicó Marín.

Mensaje del Secretario General de la ANEP a trabajadores del plantel del AyA en Pérez Zeledón

Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y extranjería: “Urgen recursos para hacer un mejor trabajo”

Ante las declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, de que son necesarias las inspecciones en las plantaciones agrícolas; la Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) alega de que la petición sería posible si se le asignan «los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía».

Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME explicó que al momento en que se retire a todo el personal dedicado a reforzar el control migratorio en las fronteras, las oficinas policiales regionales de Migración en San Carlos, Los Chiles, Las Tablillas, Upala y Sarapiquí quedarían con 37 oficiales para el trabajo diario, distribuidos de la siguiente manera:

San Carlos 12
Los Chiles 5
Las Tablillas 12
Upala 4
Sarapiqui 4

El horario es de 7 a.m. a 7 p.m., en dos turnos de 3×3. Sólo Upala y Sarapiquí trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. con un oficial disponible para fines de semana

Se estiman un faltante de 84 a 100 oficiales para la zona norte (sin contar la zona de Peñas Blancas), en el cual se pueda hacer un horario de 24 horas

ANEP denuncia ante Ministerio Público 4 posibles delitos en detención arbitraria e ilegal de Albino Vargas Barrantes

Informe policial presenta grandes y graves inconsistencias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal por la detención arbitraria e ilegal que sufrió el pasado 3 de junio el Secretario General de la organización, Albino Vargas Barrantes, en la zona de Talamanca, donde se solicita investigar cuatro posibles delitos.

En la denuncia que fue presentada este jueves 11 de junio, ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.

Sobre el delito de abuso de autoridad la denuncia indica que se estaría bajo este ilícito ya que “el fiscal no contaba ni con denuncia penal formal ni con informe policial alguno y si bien, el alcalde confirma su (la del fiscal) presencia en la Municipalidad, lo cierto del caso es que a pesar de que se da un conflicto de varios contra otros, éste, ordenando u cometiendo cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, detiene para investigar y no investiga para detener”, esto respaldado en el artículo 338 del Código Penal.

Con respecto al delito de incumplimiento de deberes, éste se le achaca al alcalde de Talamanca Morales Rodríguez quien, en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP.   

La denuncia presentada por la ANEP, también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias, ya que el propio alcalde de Talamanca confirmó en un medio de comunicación que, el fiscal Jorge Rojas se encontraba en su oficina durante los hechos.

“…se desprende que la presencia del fiscal en la oficina del alcalde tal y como este último lo afirmó es factible de subsumirse en lo descrito por el numeral 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito cuando mediante un tráfico de influencias, el alcalde de Talamanca -influyendo en un servidor público- (el fiscal aquí imputado), prevaleciéndose de su cargo influyó en el fiscal para que éste haga un acto o resolución propio de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebido para sí o para otro”. Dicha ventaja podría apreciarse en un alcalde que no resolvería un tema laboral que le era álgido y en una protección velada a otro sindicato del cual no era asociado el funcionario que a nosotros (ANEP) había recurrido para la defensa adecuada de sus derechos”, indica la denuncia.

Denuncia ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción

Finalmente, la ANEP solicita al Ministerio Público investigar si durante los hechos, la detención y la indagatoria de los representantes de la ANEP se generó una denuncia calumniosa, ya que se cuestiona la forma en que se recabaron los testimonios, así como el propio informe policial.

Ademas, la organización sindical presentó una queja contra el Fiscal de Talamanca ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue el actuar de Jorge Rojas González.

Cuestionamiento de informe policial

Para Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública y Directivo Nacional de la ANEP, con más de 9 años de carrera policial y 5 años en área administrativa, ambos en Fuerza Pública, existen varias inconsistencias claras y graves en el informe policial, lo que genera muchas dudas y cuestionamientos.

“En el punto 1 del informe policial se indica que a las 11:30 a.m. el subjefe de la delegación observa que en las instalaciones de la municipalidad (Talamanca) hay un disturbio, a las 11:32 a.m.  llegan al municipio, a las 11:44 a.m. indican que se aprende a Albino Vargas, esto sin comunicárselo. Sin embargo, una hora después el supuesto detenido está brindando una entrevista en vivo con su celular a Noticias Repretel, lo que comprueba que aún no ha sido detenido, ya que de haber sido detenido debió realizarse el decomiso del celular e ingresar al aprendido a una celda de la delegación”, indica Anchía.

Otro cuestionamiento que realiza Anchía sobre el informe policial, es que este tiene el sello de la fiscalía de Bribri con una hora de recibido de las 16:02 horas, pero en el informe, en el punto 7, dice que fue confeccionado para los trámites a las 16:30 horas. “¿Cómo fue entregado antes?, esto permite la presunción que hay una irregularidad”

Dentro de las irregularidades más llamativas encontradas en el informe policial, se encuentra que el testimonio del sindicalista Winston Norman fue tomado a las 11:20 a.m., pese a que en el punto 1 del informe se indica que la Fuerza Pública se apersonó a la Municipalidad de Talamanca a las 11:32 de la mañana para atender la situación.

“Las horas descritas en el informe policial no concuerdan, como es el caso de la declaración de Winston Norman, algo completamente irregular. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencias una manipulación de los hechos”, manifestó Anchía. 

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y de las personas que le acompañaban se da luego de que éstos se presentaran en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo.

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.

Segunda denuncia

En próximos días, la ANEP presentará una segunda denuncia en contra de las mismas personas; denuncia colectiva a cargo de los tres asesores sindicales acompañantes de Vargas Barrantes, personal profesional integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la agrupación y especialistas en organización de los colectivos laborales municipales, Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador. Además, denunciarán los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Talamanca, Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, Presidente y Vicepresidente de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Talamanca.