La confirmación del contagio de un funcionario en la Municipalidad de Heredia con Covid-19, no sorprende a la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la cual desde el pasado 3 de abril envió una carta a las autoridades municipales donde solicitaba ajustar los mecanismos de trabajo y aplicar protocolos definidos para prevenir el contagio.
La carta fue enviada el pasado 3 de abril del presente año al alcalde municipal José Manuel Ulate Avendaño y a los miembros del Concejo Municipal.
“ (…) Es por eso que remitimos una serie de planteamientos a considerar por parte de su digna autoridad a fin de que se inste, de forma vehemente, a los señores a las distintas jefaturas, gestores de área, así como a todo funcionario o funcionario del municipio, y se articulen esfuerzos entre alcaldías y las personas integrantes del Concejo Municipal de su cantón, y con esto reforzar las medidas para mayor contundencia y consistencia, en resguardo de los trabajadores de aseo de vías, de recolección de basura y de tareas similares con alta exposición de salud”, indica el documento.
El sindicato en representación del Secretario General, Albino Vargas Barrantes, trató de presentar una serie de situaciones que rodea al personal, primordialmente, a los trabajadores de recolección de residuos sólidos y a los de campo.
Parte de las solicitudes que presentó la ANEP consistía en que las jefaturas planificaran la labor por tareas para evitar concentraciones de trabajadores en los planteles, crear grupos de trabajos con jornadas distintas y en tiempo prudente que les permita cumplir con los protocolos de entrada y salida, en este último aspecto, que se tome en cuenta la planilla de limpieza, descontaminación y aseo del equipo y de los trabajadores.
Además, se suma la petición de disponer personal en los planteles que se encarguen de realizar aseo constante y a que, a la vez, se guíen también con una planilla de tareas por cumplir. Y, por último, se solicitó que el personal trabajador encargado de atender al público o contribuyentes lo hicieran con consultas vía telefónica o por los distintos medios electrónicos.
Para la ANEP no dejar de ser preocupante la desprotección de los funcionarios municipales quienes deben cumplir con sus labores, pese a la falta de planificación en las funciones para así prevenir ser una cifra más en la cantidad de contagios.
El edificio de la Municipalidad de Heredia se mantendrá cerrado hasta el viernes, debido a que el Ministerio de Salud confirmó un caso positivo en el municipio herediano.
En esta nota nos referimos a la carta que, con fecha 5 de junio de 2020, es dirigida al presidente Carlos Alvarado, por el señor Álvaro Sáenz Saborío, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), así como al documento que adjunta, titulado “Un pacto por el empleo.”
Nuestro propósito, al referirnos aquí a esa carta y ese documento, es ofrecer algunos criterios de discernimiento, que procuran contribuir a alimentar un análisis crítico en relación con las propuestas que tan importante organización formula.
A modo de introducción, hacemos ver dos detalles que, a estos efectos, son clave. Primero, debe entenderse que en economía no existe ni un único enfoque ni, en consecuencia, tampoco un único camino que pueda seguirse o una única propuesta de políticas que deba considerarse. Esto debe tenerse muy en cuenta, para evitar caer en la trampa de creer que los planteamientos de la UCCAEP agotan, ni mucho menos, las posibilidades disponibles. Segundo, subrayamos que Costa Rica es una sociedad pluralista y diversa, y que las voces, intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad, tienen el mismo derecho a ser atendidas y están investidas de la misma legitimidad, que puedan tener las voces de las organizaciones empresariales como la UCCAEP. La arrogante y antidemocrática pretensión de esta organización, al insinuar, como claramente lo hace, que su voz es la única que deba ser escuchada, no es de recibo, y merece ser rechazada ad portas. Tener esto en cuenta refuerza lo que apuntamos más arriba: las perspectivas y opciones que se abren frente a la crisis son necesariamente diversas.
La carta que Sáenz remite al presidente, ofrece interpretaciones de la historia costarricense sumamente anacrónicas y arbitrarias, cuyo propósito es, claramente, afirmar que Costa Rica debe su existencia entera al empresariado. Es una idea absurda e insostenible, la cual, sin embargo, ha echado profundas raíces en el imaginario de la UCCAEP y otras organizaciones empresariales costarricenses, las cuales parece que, en efecto, se la toman en serio. El propósito ideológico detrás de esto, es obvio: se apela a tan disparatada hipótesis para exigir que todas las políticas públicas giren alrededor de los intereses empresariales. Y aunque en este documento se pretende hacer creer que, de forma equitativa, se habla a nombre de todas las empresas, desde las
micro hasta las más grandes, ello tan solo agranda la falsificación ideológica en la que se incurre. En este coro hay voces del todo inaudibles, y voces que cuentan con amplificadores poderosísimos. Estas últimas son, al cabo, las que realmente pesan en la narrativa que se nos ofrece.
Compartimos el llamado que se formula, a la responsabilidad y el compromiso por parte de funcionarios, funcionarias e instituciones del sector público. Diferimos en la pretensión de que esa responsabilidad tiene como único destinatario el sector empresarial, cuando, en realidad, es el deber de la institucionalidad pública para con la ciudadanía en general, pero, muy en especial, los sectores más vulnerables y carenciados de nuestra sociedad. Es más que notorio que la UCCAEP exige responsabilidades pero no asume ninguna responsabilidad. El mensaje implícito que transmiten es el de que se consideran una clase social aparte y superior, una especie de estamento aristocrático al que Costa Rica entera ha de rendirle tributo y pleitesía.
En términos generales, la valoración de conjunto que hacemos de las medidas que formula la UCCAEP, es que éstas proponen recurrir al “dumping social”, como mecanismo para recuperar la maltrecha competitividad empresarial. Es lo que, en general, se desprende de las propuestas en materia de flexibilización laboral, debilitamiento financiero de las instituciones de seguridad social, debilitamiento de la normativa ambiental y de los esfuerzos de control de la evasión y elusión tributaria. Si bien algunos elementos en el documento difieren de ese énfasis, el tono general está claramente centrado en ese aspecto. Es decir, en vez de una propuesta progresiva destinada a elevar la productividad, se opta por un camino de tono predominantemente regresivo, que busca “aplanar” los costos para hacerlos compatibles con una economía ineficiente y de baja productividad. Lograr construir una economía de alta productividad, exige al sector público, asumir sus responsabilidades para el logro de mayor eficiencia y capacidad de respuesta. Pero ello también exige un compromiso paralelo y equivalente del sector privado. Sin embargo, y como ya hemos indicado, la UCCAEP elude cualquier posible compromiso o responsabilidad. Exige todo y no ofrece nada.
Hay razones teóricas, tanto como evidencia empírica, que permiten poner en duda que ese mecanismo del “dumping social”, pueda tener efectos positivos en términos de reactivación de la economía, particularmente en el contexto de la crisis económica, nacional y mundial, desatada a partir de la crisis sanitarias del Covid-19. Pero aún en la hipótesis, sumamente optimista, de que ello pudiese propiciar una reactivación económica en el corto plazo, sus implicaciones en el mediano y largo plazo serían muy negativas, tanto desde el punto de vista
económico, como social, político y ambiental. Lamentamos la falta de visión estratégica que la UCCAEP pone así de manifiesto.
Nos resulta alarmante lo que se plantea en los puntos 1.1. a 1.6 (pp. 9-11), lo cual pareciera proclamar la renuncia explícita, por parte de esta organización, a cualquier compromiso, democráticamente formulado y acordado, en materia laboral, tributaria, ambiental, de protección a las personas consumidoras y a la salud de la población. Aducir que propuestas legislativas o disposiciones de política pública, destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población, vigilar el cumplimiento de las obligaciones tributarias o el respeto a los derechos humanos, son “acoso” contra el empresariado, constituye una exigencia de impunidad, y un total despego a las más elementales normas de convivencia en democracia.
Es llamativo que en distintas partes del documento, se exija facilitar la participación privada en mercados (por ejemplo seguros, p. 29) donde hay una importante presencia estatal, pero que explícitamente se demande limitar la participación del ICE en construcción de obra pública (p. 28), un sector que, como es conocido, ha sido dominado ampliamente por un grupo muy pequeño de grandes empresas privadas, cuya eficiencia es por lo menos dudosa. Estas inconsistencias ideológicas, aportan mucho material para la reflexión.
Reconocemos que se plantean aspectos positivos. Si la UCCAEP fuese una organización respetuosa de los principios democráticos más básicos, reconocería –pero no lo hace– que inclusive esas ideas, aun siendo susceptibles de un acuerdo más amplio, deben necesariamente pasar por un proceso de estudio y discusión. Hay otros planteamientos –lamentablemente los que marcan la tonalidad dominante de la propuesta– de signo muy regresivo, y por ello mismo sumamente polémicos. Una democracia que se respete a sí misma, no podría decidir acerca de tales asuntos, si no es con base en un debate público amplio y equitativo. Para la UCCAEP eso está totalmente descartado: su tono, autoritario e imperativo, niega cualquier posibilidad de diálogo y de construcción democrática de acuerdos . Ello se hace evidente, con singular estridencia, en relación con la cuestión de la venta de activos públicos. No obstante ser una problemática que suscita grandes desacuerdos, para la UCCAEP es un “fait accompli”. Nada hay que discutir al respecto, tan solo corresponde “definir -en un plazo perentorio- un plan de venta de activos del Estado” (p. 16).
Deploramos el grado de descomposición moral que todo esto pone de manifiesto. Una poderosa organización empresarial que no asume compromisos ni responsabilidades, que exige todo pero no ofrece nada, y que abiertamente
opta por desconocer los mecanismos propios de la democracia, no puede ser una buena representante del empresariado costarricense, ni mucho menos ejercer ninguna forma de liderazgo ante el país. Confiamos, sin embargo, que esto sea tan solo un fenómeno que afecta a un pequeño sector de ese empresariado, y que éste, en su mayor parte, sí asume un posicionamiento político, ético y moral, digno de respeto.
Exhortamos al presidente Carlos Alvarado para que mantenga un mínimo de distancia crítica e independencia de decisión, frente a las presiones que, de forma tan abierta y desembozada, ejerce sobre él esta organización, siendo repudiable que se quiera aprovechar la crisis generada por la emergencia del Covid-19, para imponer, a espaldas de la democracia y la ciudadanía, una agenda de estrecho interés gremial-corporativo. Confiamos asimismo que el presidente sabrá interpretar el desafío que esto plantea a la democracia, y, por lo tanto, la necesidad de promover un debate nacional, amplio y pluralista, en relación con asuntos tan polémicos como las privatizaciones o la flexibilidad laboral, entre otros. Reiteramos nuestra disposición de diálogo con el presidente, en el tanto éste mantenga el interés por escuchar otras voces y considerar otras perspectivas, y, sobre todo, lo que es más importante, tenerlas efectivamente en cuenta.
Nota: El grupo Economía Pluralista reúne a 25 economistas que provienen de diversos ámbitos de la academia y del ejercicio profesional de la economía, tanto en el sector público como en el privado.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó esta tarde ante la Sala Constitucional un recurso de Habeas Corpus (No. 20-9861-007-CO) contra la Fiscalía de Bribri de Talamanca, luego de la detención del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes y cinco personas en la zona de Talamanca al considerarla arbitraria e ilegal.
En el documento, que ya fue acogido para su estudio, la ANEP solicita la liberación del Secretario General de la ANEP, así como de los tres trabajadores de la ANEP que le acompañaban. Además, de dos trabajadores de la municipalidad de Talamanca afiliados a la ANEP.
“El Fiscal de Bribri detuvo a nuestros compañeros por una orden verbal, sin mediar una orden judicial o auto que ordene la privación de libertad de los sujetos detenidos. Por esto estamos solicitando se ordene a la Fiscalía de Bribri, la liberación inmediata de los señores Vargas Barrantes, Cascante Amador, Ortiz Fiorabanti, Valverde Granados, Cascante Torres y Rivera González”, detalló Rafael Mora, Asesor político de la ANEP.
Los hechos
La detención de Vargas Barrantes y las personas que le acompañaban se da luego de que estos se presentarán a en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.
Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo. D
Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP. Ha esto se une la negativa del alcalde de Talamanca a recibir el documento.
En declaraciones en vivo a Noticias Repretel, previó a su detención, el Secretario General de la ANEP denunció que los despidos obedecen “a una ejecución del Alcalde contra los trabajadores que no le dieron su apoyo durante las elecciones municipales, por lo que los trabajadores solicitaron la ayuda de la ANEP”.
“Como parte del proceso de defensa, habíamos acordado desplazarnos a esta localidad para explicar el manejo de este proceso con base a la Ley de la Reforma Procesal Laboral. Dentro de la gestión presentamos el documento (Conflicto de Carácter Económico y Social) a la Alcaldía, el espacio es muy pequeño y nos encontrábamos haciendo fila y de un pronto a otro irrumpen los personeros del sindicato local, nos empiezan a decir improperios; solicito que nos reciban el documento y en ese momento me sacaron a empujones, me tiran al suelo y me patearon; mis compañeros también fueron agredidos. El propio alcalde sale de su despacho y empieza a instigar de que saquen a la gente, por lo que la agresión adquiere un tono más dramático e intenso, afortunadamente se presenta la Fuerza Pública”, detalló Albino Vargas a Noticias Repretel.
Ante esta situación la ANEP estará presentando las denuncias respectivas ante los tribunales judiciales correspondientes, por lo que el Secretario General de la ANEP solicitó ser trasladado a medicatura forense o una clínica para su valoración.
Hace unos minutos desmentimos la información de la detención de Albino Vargas Barrantes mediante un audio grabado con el mismo Secretario General de la ANEP, en ese momento estaba siendo resguardado en la Delegación de la Fuerza Pública de Talamanca, después de ser agredido en la municipalidad de la localidad, en este último recinto, se presentó a denunciar el despido injustificado de trabajadores por afiliarse a la ANEP y otra serie de irregularidades.
Dentro de los cuestionamientos es que el alcalde ha despedido a 6 trabajadores que no lo apoyaron en las pasadas elecciones municipales. Además, despidió al Presidente y Secretario de la recién conformada Seccional ANEP Municipalidad de Talamanca.
Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.
Posteriormente a todo lo sucedido, el Secretario General de la ANEP fue detenido, mientras brindaba una entrevista vía telefónica a Noticias Repretel, contando lo sucedido en la Municipalidad de Talamanca, durante la entrevista se escucha donde un oficial de la Fuerza Pública indica que queda detenido por orden de la fiscalía de la zona. Esto de una forma arbitraria, pareciendo ser un abuso de autoridad por parte del fiscal de la localidad; situación que ya se encuentran resolviendo los abogados de la ANEP.
La ANEP interpondrá las denuncias correspondientes
El proyecto de empleo público sigue siendo criticado por distintos sectores, debido a una serie de inconsistencias que incluyen en su redacción.
Por ejemplo, el irrespeto a la Constitución Política pues el plan le da al Poder Ejecutivo la potestad de interferir con el Poder Judicial y con instituciones autónomas.
Pero también las supuestas mentiras de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, cuando dijo que el texto era de consenso nacional, ya que había conversado con distintos sectores, incluyendo los sindicatos.
Sobre este tema DIARIO EXTRA conversó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el secretario general adjunto Walter Quesada y el director jurídico Rafael Mora.
A continuación, un extracto de la entrevista.
¿Qué opina del Proyecto de Empleo Público?
-Ese proyecto es una aberración jurídica, es un proyecto inconstitucional de entrada y es muy demagógico, porque está diciendo ella (la ministra Pilar Garrido) que le va a economizar al erario público ¢70 mil millones, pero en diez años, ¢7 mil millones por año, eso no es nada, si se trata de dizque economizar a las finanzas públicas, ese proyecto no aporta nada. Es muy mentiroso decir que, por ejemplo, en el Gobierno Central los que entren van a ganar mucho mejor y uno se pregunta, es que en el Gobierno Central es donde está el famoso déficit fiscal, o sea no hay plata para pagárseles mejor, entonces cómo se le ocurre a ella decir que los que van a entrar al Gobierno Central van a ganar mejor.
¿Se oponen a conversar de empleo público?
-Lo que hemos planteado es que este no era el momento político para presentar ese proyecto, pero nosotros nunca nos hemos opuesto a hablar del tema de empleo público, siempre hemos estado dispuestos a ir a los espacios de diálogo. Cuál es el problema que hay, que no existen los espacios de diálogo.
¿Cuándo será el momento de hablar?
-Lo que nosotros hemos dicho es que usted no puede coger empleo público solito, tiene que agarrar empleo público y analizarlo con el sistema tributario y analizarlo con el endeudamiento.
¿Cómo hacerlo si Tributación indicó que hay desorden y archivos perdidos?
-Eso es otra cosa gravísima, hay que señalar con el dedo acusador a los últimos gobiernos y al actual de las barbaridades que han hecho con el departamento de Cobro Judicial, lo tienen debilitado, precarizado, no tienen suficiente personal. Ha sido una estrategia desde hace mucho tiempo dejar que prescriban los casos.
¿Por qué empleo público debe analizarse con tributación y endeudamiento?
-Tiene que poner los tres naipes en la mesa. Evasión y elusión y exenciones y exoneraciones suman prácticamente 15 puntos del Producto Interno Bruto al año, ya hubiéramos pagado todo, la Caja estaría libre, entonces cómo vas a discutir empleo público si vas a dejar eso sin tocar. Entonces nosotros quisiéramos una mesa nacional con plazos determinados con la participación de las universidades públicas, las cámaras empresariales, las corrientes sindicales y buscar un acuerdo nacional sobre el tema fiscal, sobre empleo público, exenciones, exoneraciones, endeudamiento público.
¿Pero por qué cuesta tanto cobrar los impuestos?
-Yo creo que hay mucho tagarote que ha acumulado plata excesivamente evadiendo impuestos, con las exenciones y las exoneraciones y no quieren que se les acabe esa buchaquita, porque habría que entrarles de lleno a las aduanas, por ejemplo.
¿Es un tema cultural?
-Cuando muchos estaban pequeños les enseñaban que era más vivo el que se colaba en la fila, que era más audaz el que copiaba, que era más inteligente el que se saltaba alguna norma, alguna responsabilidad, alguna regla y eso empezó a promocionarse más en los 80 cuando nos empezaron a enseñar que la solidaridad no podía prevalecer sobre el individualismo y sobre mi capacidad de imponerme ante los demás. A mí me parece que son parte de ese esquema y engranaje individualista, que es yo genero mi riqueza y los demás que vean a ver qué hacen.
¿Cómo lograr que eso pare?
-La ANEP a través de DIARIO EXTRA le hace una fuerte invitación a la Unión de Cámaras, Uccaep, sentémonos, sentémonos cara a cara, dejemos de volarnos pedradas, dejémonos de chinitas, por el bien del país sentémonos cara a cara y hablemos de empleo público, de pensiones, de exoneraciones, porque yo no creo que Uccaep tutele a los empresarios evasores, porque eso es tutelar la competencia desleal.
¿Cuál es la importancia del diálogo social?
-El verdadero diálogo social lo podemos llevar a cabo siempre y cuando haya transparencia de las partes, haya real disposición de que los acuerdos que se vayan a tomar sean parte de un diálogo efectivo. En el proyecto de ley que está presentando la ministra de empleo público dice “yo hablé con los sectores” e involucra específicamente el sindicalismo, pero no dice con quién o cuándo se reunió. Nosotros le mandamos a preguntar a doña Pilar si podía mandar la minuta de las reuniones y nos manda a decir que no hubo minuta, entonces le mandamos una segunda carta para pedir la lista de asistentes a la reunión y mandó a decir “no recogíamos lista de asistencia”. Ella dijo que habló con varios sectores, ¡qué mentirosa!, vende la idea de que es un consenso nacional y que quede claro que no hay un consenso en ese tema. Pilar miente.
¿Tienen temor de que se apruebe Empleo Público con rapidez?
-Nosotros estamos alertando a los empleados públicos, los sindicatos, todos los gremios que cerremos filas porque definir el futuro del país no puede ser a raíz de una pandemia y mucho menos con este tipo de trampa, porque es una trampa, decir que usted habló con todo mundo y no poder demostrarlo es una trampa, Pilar miente.
¿Qué situaciones graves cree que pueden ocurrir aprovechando la pandemia?
-Por dicha la pandemia en Costa Rica llega con una institucionalidad fuerte, de una manera u otra, porque si había plata escondida quiere decir que había una institucionalidad fuerte, entonces a uno le preocupa que con el tema de empleo público se debilite esa institucionalidad, la deje completamente precaria y se la entregue a esos tagarotes que andan detrás de la Caja y otras.
¿Es riesgoso el proyecto?
-Los expertos nos han alertado de que este proyecto de empleo público colisiona radicalmente con los valores de la Constitución Política de 1949, que pensó en que había que descentralizar el Estado. Constitucionalmente hay una regla muy clara y es que los poderes son autónomos, un Poder no puede meterse en otro. Esta ley de empleo público está transgrediendo esa norma y está dando la autoridad al Ejecutivo de tomar decisiones hasta en instituciones autónomas y en municipios.
¿Cómo pagan las plazas que congelaron gobiernos anteriores y ahora reactivan?
-Ahí es donde se encuentra el montón de superávits acumulados, pienso que a nosotros no nos han dicho toda la verdad del real estado de las finanzas públicas, a nosotros los ciudadanos no nos han dicho la verdad, porque ahora resulta que con la pandemia se descubrieron superávits por todo lado.
¿Qué piensa del traslado de recursos de las instituciones?
-Cuando nosotros estuvimos discutiendo el tema del déficit fiscal, planteamos que se tomaran recursos del INS que tenía mucho dinero para atender el problema fiscal y no se podía, pero ahora sí se podía trasladar recursos del INS para atender de la pandemia.
¿Qué dice de dar plata a la organización no gubernamental Obras del Espíritu Santo?
-Nosotros creemos que ahí debe haber algún interés político.
EMPLEO PÚBLICO EN
11 PUNTOS SEGÚN ANEP
-Viola las autonomías que dispone la Constitución de 1949.
-Viola la independencia de poderes.
-Establece dos tipos de empleados públicos.
-Tiene una evaluación del desempeño diseñada para despedir al empleado público con dos calificaciones negativas.
-Es engañoso en materia de que los empleados públicos nuevos van a ganar mejor que los que están actualmente más mal pagados.
-Elimina la negociación colectiva que es un derecho humano fundamental.
-Flexibiliza las jornadas laborales, establece tres tipos de jornadas. El Código de Trabajo establece mixta, diurna y nocturna, el Proyecto de Empleo Público permite mezclarlas.
-Es falso que sea producto de un gran consenso.
-Pretende concentrar todo el régimen de empleo público en uno solo.
-Pretenden convertir a Mideplan en un superministerio, rector del empleo público, violentando la Constitución Política.
-Prohíbe capacitaciones con contenidos que se salgan de la línea de Gobierno.
La Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) invita a toda la afiliación de la ANEP a participar de la charla virtual sobre el Marco Jurídico del teletrabajo.
La charla será impartida por medio de plataforma Zoom por lo que los participantes deberán tener acceso a internet, una computadora, tablet o teléfono inteligente.
Será impartida el próximo jueves 11 de junio del 2020 de 9 a.m. a 11 a.m., los interesados en recibir la charla pueden inscribirse en el correo electrónico marialaura@anep.or.cr. Es importante aclarar que el acceso a la charla solo será mediante previa inscripción.
Para construir un mundo más fuerte y resiliente a partir de la devastación económica, sanitaria y social causada por la COVID-19, así como las crisis de desigualdad y cambio climático que la precedieron, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional deben ir más allá y no quedarse en reformas estructurales guiadas por el fundamentalismo del mercado. Dos nuevos informes hacen una relación de décadas de políticas fallidas que debilitaron el contrato social y han vuelto a los países vulnerables a la pandemia y la crisis económica.
En una crisis mundial sin precedentes, millones de personas han perdido su empleo y se ven empujadas a la pobreza. Esta situación se produce inmediatamente después de una recuperación frágil e incompleta de la crisis financiera mundial de 2008-2009, en la que el hecho de abandonar rápidamente las políticas de estímulo para pasar a la austeridad, además de las embestidas contra los trabajadores y trabajadoras, socavaron fatalmente los progresos iniciales. El informe sobre el renovado impulso que el FMI concede a la oferta tras cuatro décadas de ajuste estructural y condicionalidad de austeridad: The IMF’s renewed supply-side push: Four decades of structural adjustment and austerity conditionality, esboza el papel central desempeñado por el Fondo en estas decisiones destructivas tomadas a raíz de la crisis financiera mundial como parte de un espectro más amplio de políticas fallidas.
“Tras la crisis de 2008 causada por el sector financiero y los rescates financieros que se concedieron a los responsables, los trabajadores se convirtieron en el blanco de una ofensiva en toda regla contra la negociación colectiva, los derechos laborales y los servicios públicos. A medida que planificamos planes de recuperación económica del daño causado por la COVID-19, no podemos repetir los mismos errores de poner fin prematuramente a las medidas de estímulo y perseguir recortes drásticos en el gasto que socavan el crecimiento”, señaló Sharan Burrow, Secretaria General de la CSI.
En 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU brindaron la oportunidad de recomenzar implantando una agenda universal para el trabajo decente, la igualdad de género, la protección social y otros aspectos positivos. Sin embargo, la energía se ha redirigido a promover los intereses de los inversores privados como la única forma de financiar el desarrollo sostenible. El Banco Mundial ha encabezado, tal como se detalla en el informe sobre el fundamentalismo del mercado y el Grupo del Banco Mundial, abordando desde los programas de ajuste estructural hasta la maximización de las finanzas para el desarrollo y otros elementos más: Market fundamentalism and the World Bank Group: from Structural Adjustment Programmes to Maximizing Finance for Development and beyond. La óptica adoptada por el Banco de maximizar las finanzas para el desarrollo aleja a la institución de las inversiones catalíticas y conduce a reformas políticas destinadas a beneficiar a los inversores privados extranjeros, o recurre incluso a la ingeniería financiera para proteger sus inversiones.
Desde el inicio de la COVID-19, más de 100.000 millones de USD han abandonado los países de mercados emergentes, lo que representa el caso de fuga de capitales más grande y rápido de la historia. Estos dos informes describen de qué manera las recomendaciones en materia de políticas del Banco Mundial y el FMI en relación con los mercados de capitales y la financiación para el desarrollo contribuyeron a la fragilidad, la financiarización y las entradas de capital privado especulativo. Ambas instituciones han frustrado simultáneamente la creación de empleos de calidad, los servicios públicos y las políticas de aumento de salarios.
De dejarse sin control, los estragos de la crisis actual agravarán tres décadas perdidas para el progreso del desarrollo. Los informes documentan un vuelco en el Banco Mundial y el FMI en la década de los años 1980, cuando la administración Reagan impuso un orden del día ideológico que cambió las operaciones de las instituciones financieras internacionales. Este giro inició la era de los programas de ajuste estructural que impusieron un conjunto estricto de políticas desreguladoras centradas en la oferta denominadas Consenso de Washington. Aunque esta camisa de fuerza se abandonó a principios de la década de los años 2000, los informes demuestran que desde entonces las instituciones financieras internacionales han seguido guiándose por el fundamentalismo del mercado, donde muchos de los cambios son más cosméticos que reformas sustantivas a las instituciones.
“La fuga masiva de capitales, las severas cargas de la deuda y los efectos de las políticas fallidas están lastrando a los países en desarrollo en un momento en que necesitan preparar planes de estímulo y reconstrucción inclusivos. Ya es hora de comprometerse a prolongar el alivio de la deuda por dos años suprimiendo las medidas de austeridad como condicionalidad y haciendo coincidir la inversión con los ODS, así como poner fin a las condiciones de los préstamos y al asesoramiento de políticas que promueven enfoques fallidos. Esto es especialmente necesario en los préstamos para la política de desarrollo del Banco Mundial y en los acuerdos de préstamo estándar del FMI que tendrán lugar después de la ronda actual de financiaciones para dar respuesta a las emergencias. Las instituciones financieras internacionales necesitan cambiar algo más que su retórica y concordar sus operaciones con las normas internacionales del trabajo, con políticas más realistas destinadas al crecimiento con prosperidad compartida y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
“El multilateralismo requerirá de una reforma a fin de asegurar la coordinación mundial de los planes de recuperación económica que aporten fondos mundiales de protección social para los países más pobres, redefina el alivio de la deuda con una condicionalidad para los ODS, proporcione inversiones y no austeridad, reequilibre las reglas comerciales con los derechos fundamentales del trabajo y las normas ambientales, cuente con un tratado sobre las empresas y los derechos humanos que exija la debida diligencia y reforme las normas fiscales para acabar con los paraísos fiscales. El FMI y el Banco Mundial no deben ser un obstáculo para el nuevo contrato social sobre el que ha de cimentarse la recuperación”, afirmó Sharan Burrow.
Entre varias de las inquietudes recibidas se encuentra la entrega continua del equipo idóneo a las personas funcionarias que laboran en estas áreas naturales, y que en sus deberes esta la atención no solo de visitación que ingresa por un día, sino también a sitios donde se ofrece el hospedaje, además de la recepción de personas ajenas que participan en la actividad de voluntariado (nacionales y extranjeros) y con permanencia prolongada por varios días en las instalaciones de los funcionarios y funcionarias.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
