Incidencia

¡Fuera las municipalidades de la regla fiscal! ANEP reitera respaldo al proyecto 21.922

Publicada el 29/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Exhortamos al plenario legislativo a darle votación en primer debate este jueves 30 de abril

Solamente con servicios públicos fortalecidos la pandemia nos afectará menos

Proyecto ha unido a la familia municipal costarricense como en ninguna otra ocasión

De manera totalmente diáfana y contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia de su total respaldo, una vez más, al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; exhortando a los señores diputados y a las señoras diputadas para que en la sesión plenaria de mañana jueves 30 de abril, le den el voto favorable.

Sacar a las municipalidades de la cobertura de la nefasta regla fiscal, contaminada ésta muy ideológicamente más que representar una preocupación objetiva por la solidez de las finanzas públicas, siempre fue un objetivo fundamental de la ANEP en cuanto a su presencia sindical en las municipalidades del país; pues desde que se estaba tramitando la hoy Ley de la República No. 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; cuando era el Expediente Legislativo No. 20.580, denunciamos la errática decisión política de someter a los gobiernos locales a tal normativa, considerando que -entro otros nefastos aspectos-, se violentaba la autonomía constitucional del régimen municipal.

Hoy, que los profundos efectivos negativos, fundamentalmente económico-sociales, de la pandemia del coronavirus covid-19, hacen estragos en nuestro país (y en todo el mundo), la relevancia de los servicios públicos estatales está posicionándose con lógica fuerza para superar la crisis, de modo que resulta más que oportuno que tal proyecto 21.922 se convierta en ley de la República cuanto antes, lo cual satisface a la ANEP que ya había gestionado un proyecto propio en tal sentido, desde mayo de 2019.

Los servicios públicos municipales están en la primera línea de combate en cuanto a los efectos negativos socioeconómicos de la pandemia y mediando la ley derivada del Expediente Legislativo 21.922, se abre un abanico de posibilidades de intervención más dinámica y eficaz de la acción municipal.

Por supuesto que la ANEP y sus seccionales municipales, con presencia ya en un 75 por ciento de los gobiernos locales del país, estará vigilante de que ello sea así, denunciando cuando proceda si el objetivo perseguido se distorsionara.

Por otra parte, estamos observando un consenso nunca antes manifestado en el seno de la institucionalidad municipal costarricense, pues las alcaldías entrantes y salientes, los concejos que terminan su período constitucional 2016-2020 y los que lo inician este viernes primero de mayo; la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), así como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI); así como las fuerza obrero-laboral municipal del país, organizada mayoritariamente bajo las banderas de la ANEP, hemos cerrado filas en favor de esta iniciativa de ley 21.922.

Bien hacen las actuales personas legisladoras en recoger esta expresión de fuerte sentimiento cívico-municipal para darle a los gobiernos locales más agilidad de gestión y disposición de sus propios recursos sacándoles de la regla fiscal del combo-ley 9635.

Un grupo muy representativo de la comunidad obrero-laboral municipal estará mañana jueves 30 de abril, en las afueras del Museo de los Niños (sede parlamentaria de urgencia), monitoreando la votación al interior del plenario legislativo; presencia física de apoyo que se dará observando la rigurosidad de las normas sanitarias dispuestas por la pandemia del covid-19, entre ellas el distanciamiento mínimo exigido entre personas.

Seccional ANEP-Policía Migración pide al Gobierno ser vigilante de la frontera sur ante aglomeración de migrantes en suelo panameño

Publicada el 22/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) hace un llamado al Gobierno de la República, para que no descuide y refuerce la seguridad en el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá, debido a la aglomeración de migrantes extracontinentales en suelo canalero, y quienes podrían intentar cruzar la frontera con la intención de continuar su camino hacia los Estados Unidos.

Lo anterior se debe a informaciones que ha circulado en algunos medios digitales de la zona conocida como El Darién, Panamá, quienes indican que hay poco más de 2 mil africanos varados en ese punto.

Incluso, el medio costarricense puroperiodismo.com informó, el pasado 18 de abril que “Panamá, azotada por pandemia, amenaza con expulsar casi 2 mil migrantes a Costa Rica”. Esto refuerza la solicitud de la seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería de reforzar la vigilancia en la zona fronteriza de Paso Canoas en resguardo de la salud pública costarricense, ante una posible llegada masiva de migrantes.

“Consideramos qué sí bien es cierto, en su momento Costa Rica ha recibido migrantes que se desplazan del sur al norte de la región, en estos momentos no se recomienda dicho tránsito, debido al riesgo en la atención de la emergencia COVID, ya que desconocemos el estado de salud de esas personas”, manifestó Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la seccional.

El pasado 25 de marzo nación.com informó que, las autoridades costarricenses solo permitieron el ingreso de 60 migrantes extracontinentales de los 2.600 que intentaron ingresar por la frontera sur, situación que se dio pese a que siete días antes se decretara el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas en el territorio nacional. Por lo que las personas que no lograron pasar aún están en territorio panameño.

Para la seccional, es importantes recordar que el Ministro de Salud, Daniel Salas indicó el pasado lunes 20 de abril en Conferencia de Prensa, que las fronteras costarricenses permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Situación que se debe mantener sin excepciones con el objetivo de resguardar la seguridad del pueblo costarricense.

Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial

Publicada el 22/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

La Seccional ANEP-INCOPESCA emitió su pronunciamiento en el cual comparte criterio con el Presidente Ejecutivo de la institución, Daniel Carrasca, al indicar el impacto económico-salarial de los trabajadores al dejar de percibir la anualidad correspondiente al presente año.

Salario escolar: Mideplan se retracta y nos da la razón

Publicada el 21/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera”

Publicada el 21/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Comunicado de Prensa

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera” en rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país

Documento contiene propuestas de economistas, politólogos y luchadores sociales

Diversos sectores sociales del país agrupados en ANEP, ASDEICE, FIT, CONCOOP, SIPROCNP, UNAG y el Encuentro Social Multisectorial, presentaron este martes ante la opinión pública la propuesta “Desde la otra acera” con el objetivo de rescatar los sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país, mediante la institucionalidad costarricense.

La propuesta, que ya fue presentada al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, desde el pasado 14 de abril, contiene seis ejes de abordaje, enmarcados en la vocación propositiva, que, a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, han presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.

“Desde la otra acera” aporta ideas de economistas del calibre de William Hayden Quintero, Luis Paulino Vargas Solís, Olman Segura Bonilla, Welmer Ramos González (diputado), Además, de abogados como Pablo Barahona Kruger y José María Villalta (diputado). Además, reúne pensamiento de politólogos como Claudio Alpizar Otoya y Jaime Ordoñez Chacón, a quienes se le unen dirigentes sociales como Albino Vargas Barrantes, entre otros.

En el documento se encuentran medidas para aportar liquidez financiera a la Institucionalidad del Estado, para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia, apoyo económico de quienes sufren la crisis, así como rescate con inclusión social y productiva. Además, de medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

César López Dávila, representante del Encuentro Social Multisectorial y encargado de compilar las diversas propuestas, indicó que el documento surge ante la afectación e impacto económico-social que atraviesa el país, provocado por la pandemia del COVID-19.

“La generalidad de lo que se expone en el documento, propone una compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país”, detalló López.

Por su parte, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, manifestó que “el presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo”.

Debate nacional y una propuesta “Desde la otra acera”

La búsqueda de liquidez financiera para dar soporte a la economía ante la emergencia sanitaria, ha suscitado debate nacional.

“No han faltado economistas que vieron en “patadas” la metáfora adecuada para proponer cierre técnico de instituciones, y disminución de jornada y salario a funcionarios públicos; sindicatos de patronos que ignorando el carácter de ahorro obligatorio exigen la derogación del decreto de salario escolar; y hasta expresidentes de la república, que insistiendo en “combos” privatizadores reiteran la necesidad de vender activos estatales como BICSA, FANAL, BCR y el INS”, explicó López.

Ante este escenario, ha surgido, una gama más amplia de opciones, que requerían un hilo conductor que permitiera un cuerpo común para integrar una propuesta desde la otra acera con respuesta de política justa e inclusiva, con la intervención del Estado, por lo que consideran erróneo el debilitamiento de la institucionalidad que permite enfrentar con responsabilidad social la pandemia.

“Muchos consideramos que se debe apoyar a las pymes y al empleo, pero garantizando que la ayuda también llegue a las personas trabajadoras. Creemos que reducir salarios que no estén en riesgo de despido, impacta una serie de encadenamientos que hacen caer aún más la producción y el consumo. Precisamente, esta propuesta cree que la equidad social alcanza para fijar medidas a sectores cuyas rentas y ganancias les permiten un aporte solidario. Queremos que la ayuda llegue con urgencia a la mayor cantidad de compatriotas”, finalizó López.

San José, martes 21 de abril de 2020.

La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd

Mideplan: salario escolar no es ni un privilegio ni una prebenda

Publicada el 21/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) emitió un pronunciamiento con respecto al salario escolar, el cual ha sido objeto de controversias y cuestionamiento por parte de diferentes actores sociales, debido al desconocimiento de su origen.

Algunos de los aspectos en los que el documento hace mención es que “(…)existen tres aspectos de especial relevancia, el primero, en el sentido de que el salario escolar surge como un acuerdo de política salarial para el cuatrienio 94-98 suscrito el 23 de julio de 1994 denominado “componente de la política de salarios crecientes” mismo que planteaba la acumulación o retención de un porcentaje del aumento salarial en 1994 hasta completar en 1998 un salario adicional – representaba el 8.19%-, el cual se pagaría en el mes de enero de cada año”.

Salario Escolar-carta de Mi… by Yariela Novo on Scribd

El Mideplan concluye que al eliminar el salario escolar como se ha pretendido solamente vendría a generar efectos contraproducentes en la economía, por las siguientes razones:

I. Por tratarse de un monto ya ingresado al patrimonio de las personas servidoras públicas, su supresión implicaría que ese porcentaje debe trasladarse a los pagos de salarios que se realizan mensualmente con adelanto quincenal, con lo que se generaría una presión en la liquidez de las finanzas públicas.

II. Si se suprimiera y no se traslada a los salarios mensuales, debería indemnizarse a las personas servidoras públicas por concepto de los ingresos que dejarían de percibir, dado que ya formaba parte de su masa patrimonial, al afectarse uno de los elementos esenciales de la relación laboral como lo es el salario.

Proyecto de ley busca rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad

Publicada el 21/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Luego de meses de trabajo, en busca de soluciones en espacios con el Gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes; el pasado viernes 17 de abril, el Encuentro Social Multisectorial presentó ante la Asamblea Legislativa, en coordinación con el diputado Walter Muñoz (PIN), el proyecto de ley «Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”.

El proyecto de ley quedó regitrado en la corriente legislativa bajo el expediente nº 21.935

RESUMEN EJECUTIVO-

Debemos entender que el país estaba inmerso en una gran crisis económica, misma que se endureció con la amenaza a la salud humana producto de la pandemia mundial y que en nuestro país fue declarada emergencia nacional. Por tal motivo, este proyecto de ley se convierte en una necesidad de urgencia; pues con él, se proponen mecanismos de reactivación económica que entre otras cosas le garantiza a la sociedad costarricense, que todo el sector de micro, pequeña y mediana empresa, productoras de bienes o servicios, no cerrarán sus puertas por asuntos de endeudamiento o impagos por falta de liquidez.

El proyecto es producto de una larga discusión sobre el problema de la crisis económica, sus causas y sus posibles soluciones. Discusión que se propició en un espacio propio creado por el Gobierno y que se denomina, mesas de trabajo del sector Rural y de asuntos Agropecuarios.

Se compilan varios propuestas de diferentes sectores y personas, mismas que el ENCUENTRO SOCIAL MULTISECTORIAL las plantea en un texto que sirva como proyecto de Ley para que sea sometido a discusión y oportuna aprobación en la Asamblea Legislativa.

FORMATO Y CONTENIDO DEL PROYECTO:

El proyecto consta de una parte de justificación, donde se exponen motivos y datos históricos que le sirven al lector para ubicarse en el contenido y tener mejor criterio a la hora de emitir opinión. El cuerpo de la posible ley consta de tres títulos: El TÍTULO I, DISPOSICIONES GENERALES, consta de dos capítulos. El primero denominado AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS que va desde el artículo 1.- hasta el artículo 7.- y el segundo denominado CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO EMPRESARIAL, que va desde el artículo 8.- hasta el artículo 10.- En esta primera parte del proyecto, quedan las disposiciones y definiciones claras de los posibles beneficiarios, del ámbito de aplicación y la ordenanza en términos de ley, para que el gobierno de la república ordene las instituciones a trabajar en conjunto para atender adecuadamente los procesos productivos, ya sean éstos de bienes o servicios. (se crea a RED INSTITUCIONAL DE CUIDO)

El Título II, denominado MECANISMOS DE RESCATE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS, también consta de dos capítulos, el capítulo I denominado FIDEICOMISO ESPECIAL DE RECUPERACIÓN, comprende los artículos del 11.- al 19.- . Le da los instrumentos de legalidad para que el sistema bancario nacional, bancos públicos obligados y bancos privados voluntarios, puedan dar tratamiento diferenciado y dirigido a empresas en riesgo de impago. Se proponen instrumentos aplicables a casos diferenciados y se evita que las empresas se declaren en quiebra sin antes hacer un esfuerzo conjunto de salvataje, que tenga viabilidad y factibilidad financiera.

El capítulo II, denominado DEL TRATAMIENTO ESPECÍAL A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL comprende los artículos del 20 al 30. Este capítulo crea un instrumento nuevo que le permite al Gobierno, instalar las capacidades institucionales y el marco de legalidad para atender el sector agropecuario y forestal, en forma diferenciada. Considerando que es una sugerencia de la ONU, que los estados deben instalar capacidades para dar respuesta a las contingencias del cambio climático y ahora, nos toca atender las contingencias de la salud humana. Esto viene a fortalecer la razón de crear este mecanismo. Por otro lado, este capítulo propone marcos de legalidad para que el Estado pueda, desde una ley específica, pueda garantizar el mejor cumplimiento del primero párrafo del artículo 50 de nuestra constitución política. Asimismo asegurar la canasta básica alimentaria nutricional para todos los habitantes del país. En este capítulo se dispone una serie de autorizaciones, para que algunas instituciones y los bancos del Estado, tengan el marco de legalidad para atender de una manera más integral su obligaciones sociales e institucionales, colaborando en forma articulada para evitar el cierre de procesos productivos o lo peor, la acumulación de los mismos por el sectores poderosos. Los bienes embargados, son acumulados por quienes tienen mayor poder adquisitivo.

Un capítulo III, denominado DE LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, que va desde el artículo 31 al 33, cuyo fin es disponer mecanismos novedosos de oferta de recursos financieros que le permitan a los bancos mayor flexibilidad y a los usuarios una mejor oferta de crédito para la producción. Recordamos que uno de los defectos de nuestro sistema financiero, es que el mayor volumen de crédito se orienta hacia actividades de consumo, restando recursos al sector productivo.

Un título III denominado DISPOSICIONES FINALES, que consta de un solo capítulo titulado REFORMA A OTRAS LEYES. Se dispone desde el artículo 34 al 37. En este capítulo se reforman varias leyes en que tienen vinculación directa con el sector financiero. Es necesario que se mejoren los marcos de legalidad del sector financiero nacional para que ofrezcan mejores oportunidades al sector productivo sin sentirse amenazados ya sea en el ámbito financiero o en roces con marcos de legalidad que actualmente les limitan su accionar.

Además el proyecto cierra su cuerpo de contenido con cuatro disposiciones transitorias. Debemos anotar que el artículo 37 declara la ley de interés público, para que desde esa perspectiva, no tenga oposiciones que la lesionen.

Compartimos el proyecto de ley de Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”

Proyecto-N 21.935°-Ley-de-Rescate-Recuperación-y-Fortalecimiento-de-empresas-en-situación-de-vulnerabilidad-y-estímulo-a-la-producción Descarga

Proyecto N°2.1935 – Ley de … by EugenioGuerrero on Scribd

Tasas de usura: 39% sigue siendo usura

Publicada el 20/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

Proyecto 20.861 se queda corto, pero debe aprobarse y queda mucho por hacer.
Sector bancario-financiero es multimillonario y lo seguirá siendo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa públicamente, un apoyo crítico al Expediente Legislativo No. 20.861 que pretende ponerle un tope al cobro abusivo en las tasas de interés que se cargan a las tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos, créditos bancarios y otras operaciones crediticias de carácter financiero; estableciéndose un cobro máximo de tasas de interés del 39% para créditos en colones y un 31.35% para créditos en dólares.

ANEP estima que tales montos siguen siendo de carácter usurero y deberían reducirse sustancialmente. Sin embargo, dicho proyecto de ley debe aprobarse quedando en evidencia que falta mucho camino por recorrer en tal sentido; así como que el tema debe seguir pendiente en una agenda socioeconómica que persiga la reducción de las desigualdades y mayor integración con justicia social.

Información pública reiterada en esta fecha y que ya había sido dada a conocer tiempo atrás, indica que el sector bancario-financiero que lucra con todo tipo de tasas de interés, habría obtenido ganancias, en el año 2018, por el orden de los ₡2 billones 300 mil millones (₡2.300.000.000.000); cifra más que escandalosa e claramente indicativa de cómo se ha posicionado en el país la desigualdad y, a contraparte, se ha dado la concentración de la riqueza.

Para ese año 2018, el sector emisor de tarjetas de crédito habría obtenido, promediando un cobro de usura del orden del 50 %, unos 638 mil millones de colones. Por su parte, el negocio del empeño y de ciertos bufetes prestamistas, con tasas de hasta un 90%, se habría embolsado unos ₡610 mil millones. Para el caso de las ventas de electrodomésticos, con intereses de un 60 %, la suma de ganancia habría generado unos ₡883 mil millones.

Tales datos se basan en informes del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), del Proyecto Estado de la Nación; e, incluso, de la Academia de Centroamérica.

Por otra parte, no hay evidencia clara ni contundente que pueda sostener que tal nivel de ganancias ha sido correspondido con una contribución tributaria realmente justa y equitativa. Con la regulación de tasas de usura al 39%, para créditos en colones, como lo propone el indicado proyecto de ley, los sectores que nutren sus riquezas producto de este tipo de negocios, continuará siendo archimillonario.

Es un argumento sumamente pobre plantear que los sectores menos favorecidos económicamente serían los más afectados, vía exclusión, si tal proyecto se vuelve ley de la República en los próximos días.

Es más, es éste un sector al cual se le debe exigir un aporte tributario de carácter extraordinario-solidario, para la ayuda social necesaria a todos los sectores afectados por la pandemia del covid-19, incluyendo micro-pequeñas y medianas empresas.

ANEP apoya expediente legislativo 21.922, las municipalidades deben ser fortalecidas

Publicada el 16/04/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

–Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal

–El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales

De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir.

Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional.

La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras.

Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal.

La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social.

Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19.

Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país.

Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica.

Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes.

San José, jueves 16 de abril de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

La verdad sobre el Salario Escolar

Publicada el 15/04/2020 | por ANEP | 3 comentarios

Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)

El salario escolar nació en 1994 a través de un decreto ejecutivo del entonces Presidente de la República, José María Figueres Olsen.

“En 1994 se llega a un acuerdo de política salarial. Ahí se estableció la creación de esta figura del salario escolar”. Se pactó un aumento de salario de un 8%. Pero en lugar de entregarle al trabajador ese 8% de salario, le entregaron el 6,75%,porque el 1,25% decidieron retenerlo mes a mes y en el mes de enero del año siguiente, se le iba a dar ese dinero con la misma finalidad: que los trabajadores tuvieran un ingreso que les permitiera soportar los gastos académicos de sus hijos”.

En 1994 se le retenía 1,25% mes a mes y se entregaba en enero siguiente. Ese porcentaje de retención de aumento salarial de 1994 se fue ensanchando con los años de esta manera, según según el Ministerio de Trabajo:

1994-1995: se retiene el 1,25%

1996-1997: se retiene el 3,58%

1998-2015: se retiene el 8,19%

En 2016, con el decreto 39202, se establece de manera escalonada el salario escolar hasta llegar al 8,33% con miras a que en enero se pague un salario completo.

2016: 8,23%
2017: 8,28%

2018: 8,33%

En 2019 estamos como el año pasado. Un 8,33% del salario de los empleados públicos será retenido cada mes y se pagará en enero de 2020 en un solo pago equivalente a un salario completo.

EL SALARIO ESCOLAR NO SE PUEDE NI SE DEBE ELIMINAR !!

Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)