Categoría: Incidencia

Seccional ANEP-Policía Migración pide al Gobierno ser vigilante de la frontera sur ante aglomeración de migrantes en suelo panameño

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Ante la emergencia sanitaria que vive el país por el COVID-19, la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) hace un llamado al Gobierno de la República, para que no descuide y refuerce la seguridad en el paso fronterizo entre Costa Rica y Panamá, debido a la aglomeración de migrantes extracontinentales en suelo canalero, y quienes podrían intentar cruzar la frontera con la intención de continuar su camino hacia los Estados Unidos.

Lo anterior se debe a informaciones que ha circulado en algunos medios digitales de la zona conocida como El Darién, Panamá, quienes indican que hay poco más de 2 mil africanos varados en ese punto.

Incluso, el medio costarricense puroperiodismo.com informó, el pasado 18 de abril que “Panamá, azotada por pandemia, amenaza con expulsar casi 2 mil migrantes a Costa Rica”. Esto refuerza la solicitud de la seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería de reforzar la vigilancia en la zona fronteriza de Paso Canoas en resguardo de la salud pública costarricense, ante una posible llegada masiva de migrantes.

“Consideramos qué sí bien es cierto, en su momento Costa Rica ha recibido migrantes que se desplazan del sur al norte de la región, en estos momentos no se recomienda dicho tránsito, debido al riesgo en la atención de la emergencia COVID, ya que desconocemos el estado de salud de esas personas”, manifestó Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la seccional.

El pasado 25 de marzo nación.com informó que, las autoridades costarricenses solo permitieron el ingreso de 60 migrantes extracontinentales de los 2.600 que intentaron ingresar por la frontera sur, situación que se dio pese a que siete días antes se decretara el cierre de fronteras terrestres, aéreas y marítimas en el territorio nacional. Por lo que las personas que no lograron pasar aún están en territorio panameño.    

Para la seccional, es importantes recordar que el Ministro de Salud, Daniel Salas indicó el pasado lunes 20 de abril en Conferencia de Prensa, que las fronteras costarricenses permanecerán cerradas hasta el 15 de mayo. Situación que se debe mantener sin excepciones con el objetivo de resguardar la seguridad del pueblo costarricense.   

Seccional ANEP-INCOPESCA comparte criterio con jerarca de la institución sobre deterioro salarial

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La Seccional ANEP-INCOPESCA emitió su pronunciamiento en el cual comparte criterio con el Presidente Ejecutivo de la institución, Daniel Carrasca, al indicar el impacto económico-salarial de los trabajadores al dejar de percibir la anualidad correspondiente al presente año.

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera”

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Comunicado de Prensa

Sectores Sociales presentaron propuesta denominada “Desde la otra acera” en rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país

  • Documento contiene propuestas de economistas, politólogos y luchadores sociales

Diversos sectores sociales del país agrupados en ANEP, ASDEICE, FIT, CONCOOP, SIPROCNP, UNAG y el Encuentro Social Multisectorial, presentaron este martes ante la opinión pública la propuesta “Desde la otra acera” con el objetivo de rescatar los sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país, mediante la institucionalidad costarricense.

La propuesta, que ya fue presentada al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa, desde el pasado 14 de abril, contiene seis ejes de abordaje, enmarcados en la vocación propositiva, que, a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, han presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.

“Desde la otra acera” aporta ideas de economistas del calibre de William Hayden Quintero, Luis Paulino Vargas Solís, Olman Segura Bonilla, Welmer Ramos González (diputado), Además, de abogados como Pablo Barahona Kruger y José María Villalta (diputado). Además, reúne pensamiento de politólogos como Claudio Alpizar Otoya y Jaime Ordoñez Chacón, a quienes se le unen dirigentes sociales como Albino Vargas Barrantes, entre otros.

En el documento se encuentran medidas para aportar liquidez financiera a la Institucionalidad del Estado, para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia, apoyo económico de quienes sufren la crisis, así como rescate con inclusión social y productiva. Además, de medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

César López Dávila, representante del Encuentro Social Multisectorial y encargado de compilar las diversas propuestas, indicó que el documento surge ante la afectación e impacto económico-social que atraviesa el país, provocado por la pandemia del COVID-19.

“La generalidad de lo que se expone en el documento, propone una compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país”, detalló López.

Por su parte, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, manifestó que “el presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo”.

Debate nacional y una propuesta “Desde la otra acera”

La búsqueda de liquidez financiera para dar soporte a la economía ante la emergencia sanitaria, ha suscitado debate nacional.

“No han faltado economistas que vieron en “patadas” la metáfora adecuada para proponer cierre técnico de instituciones, y disminución de jornada y salario a funcionarios públicos; sindicatos de patronos que ignorando el carácter de ahorro obligatorio exigen la derogación del decreto de salario escolar; y hasta expresidentes de la república, que insistiendo en “combos” privatizadores reiteran la necesidad de vender activos estatales como BICSA, FANAL, BCR y el INS”, explicó López.

Ante este escenario, ha surgido, una gama más amplia de opciones, que requerían un hilo conductor que permitiera un cuerpo común para integrar una propuesta desde la otra acera con respuesta de política justa e inclusiva, con la intervención del Estado, por lo que consideran erróneo el debilitamiento de la institucionalidad que permite enfrentar con responsabilidad social la pandemia.

“Muchos consideramos que se debe apoyar a las pymes y al empleo, pero garantizando que la ayuda también llegue a las personas trabajadoras. Creemos que reducir salarios que no estén en riesgo de despido, impacta una serie de encadenamientos que hacen caer aún más la producción y el consumo. Precisamente, esta propuesta cree que la equidad social alcanza para fijar medidas a sectores cuyas rentas y ganancias les permiten un aporte solidario. Queremos que la ayuda llegue con urgencia a la mayor cantidad de compatriotas”, finalizó López.

San José, martes 21 de abril de 2020.

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Mideplan: salario escolar no es ni un privilegio ni una prebenda

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El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) emitió un pronunciamiento con respecto al salario escolar, el cual ha sido objeto de controversias y cuestionamiento por parte de diferentes actores sociales, debido al desconocimiento de su origen.

Algunos de los aspectos en los que el documento hace mención es que “(…)existen tres aspectos de especial relevancia, el primero, en el sentido de que el salario escolar surge como un acuerdo de política salarial para el cuatrienio 94-98 suscrito el 23 de julio de 1994 denominado “componente de la política de salarios crecientes” mismo que planteaba la acumulación o retención de un porcentaje del aumento salarial en 1994 hasta completar en 1998 un salario adicional – representaba el 8.19%-, el cual se pagaría en el mes de enero de cada año”.

Salario Escolar-carta de Mi… by Yariela Novo on Scribd

El Mideplan concluye que al eliminar el salario escolar como se ha pretendido solamente vendría a generar efectos contraproducentes en la economía, por las siguientes razones:

I. Por tratarse de un monto ya ingresado al patrimonio de las personas servidoras públicas, su supresión implicaría que ese porcentaje debe trasladarse a los pagos de salarios que se realizan mensualmente con adelanto quincenal, con lo que se generaría una presión en la liquidez de las finanzas públicas.

II. Si se suprimiera y no se traslada a los salarios mensuales, debería indemnizarse a las personas servidoras públicas por concepto de los ingresos que dejarían de percibir, dado que ya formaba parte de su masa patrimonial, al afectarse uno de los elementos esenciales de la relación laboral como lo es el salario.

Proyecto de ley busca rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad

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Luego de meses de trabajo, en busca de soluciones en espacios con el Gobierno de la República, la Asamblea Legislativa y la Defensoría de los Habitantes; el pasado viernes 17 de abril, el Encuentro Social Multisectorial presentó ante la Asamblea Legislativa, en coordinación con el diputado Walter Muñoz (PIN), el proyecto de ley «Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”.

El proyecto de ley quedó regitrado en la corriente legislativa bajo el expediente nº 21.935

RESUMEN EJECUTIVO-

Debemos  entender  que  el país  estaba  inmerso  en una  gran  crisis  económica,  misma que  se endureció  con la  amenaza  a la  salud  humana producto  de la pandemia mundial y  que en nuestro país fue declarada  emergencia nacional.  Por  tal motivo,  este proyecto  de ley se convierte  en una  necesidad de urgencia;  pues con él,   se proponen  mecanismos  de reactivación  económica que  entre otras  cosas  le  garantiza  a la  sociedad costarricense,   que todo  el sector de micro, pequeña  y mediana  empresa,  productoras de bienes o servicios,  no cerrarán  sus puertas  por  asuntos  de endeudamiento o  impagos por falta  de  liquidez. 

El  proyecto  es producto  de una larga discusión  sobre  el problema  de la  crisis  económica,  sus  causas y  sus posibles  soluciones.  Discusión  que se propició  en un  espacio propio creado  por el  Gobierno   y  que  se denomina,  mesas de  trabajo  del  sector  Rural y de  asuntos Agropecuarios.

Se  compilan  varios   propuestas  de  diferentes  sectores y personas,  mismas  que  el ENCUENTRO  SOCIAL  MULTISECTORIAL las  plantea  en un  texto  que  sirva  como proyecto  de Ley  para  que sea  sometido  a discusión y  oportuna aprobación  en la Asamblea  Legislativa.

FORMATO Y CONTENIDO DEL PROYECTO:

El proyecto  consta de una parte  de justificación,  donde  se exponen motivos y  datos históricos que le sirven  al lector para ubicarse en el contenido y tener  mejor  criterio a la hora  de emitir opinión.  El cuerpo  de la posible ley consta   de tres  títulos:   El  TÍTULO I,  DISPOSICIONES GENERALES,  consta  de  dos  capítulos. El  primero   denominado AMBITO DE APLICACIÓN, OBJETIVOS Y FUNDAMENTOS que  va desde el artículo 1.- hasta  el  artículo 7.-   y  el  segundo   denominado  CREACIÓN Y FUNCIONES DE LA RED INTERINSTITUCIONAL DE APOYO EMPRESARIAL,  que  va  desde  el  artículo  8.-  hasta  el artículo  10.- En  esta primera parte  del proyecto,  quedan  las  disposiciones y  definiciones  claras  de los posibles  beneficiarios,  del  ámbito de aplicación y la ordenanza  en términos  de ley,   para  que  el gobierno  de la república ordene  las  instituciones  a trabajar  en conjunto para  atender  adecuadamente  los  procesos  productivos,  ya  sean  éstos  de bienes o servicios. (se crea a RED INSTITUCIONAL DE CUIDO)

El Título II,  denominado  MECANISMOS DE RESCATE RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS, también consta  de dos  capítulos,  el capítulo I  denominado FIDEICOMISO ESPECIAL DE RECUPERACIÓN,  comprende los  artículos  del 11.-  al 19.- . Le da los instrumentos  de legalidad  para que el  sistema  bancario nacional,  bancos  públicos obligados y bancos privados voluntarios,  puedan dar  tratamiento  diferenciado y  dirigido a empresas  en riesgo  de impago.  Se proponen instrumentos  aplicables  a casos diferenciados y se evita que las empresas se  declaren  en quiebra  sin  antes hacer un esfuerzo  conjunto  de salvataje, que tenga  viabilidad y  factibilidad  financiera. 

 El capítulo II,  denominado  DEL TRATAMIENTO ESPECÍAL  A LAS EMPRESAS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL comprende los  artículos  del  20 al 30. Este capítulo  crea un instrumento  nuevo  que le permite  al Gobierno,  instalar  las capacidades institucionales y el marco  de legalidad para  atender  el  sector agropecuario y forestal,  en forma diferenciada.  Considerando que  es una sugerencia  de la ONU,  que los estados  deben instalar  capacidades  para  dar  respuesta  a las  contingencias  del  cambio  climático y  ahora,  nos  toca  atender  las  contingencias  de la  salud  humana.  Esto  viene  a fortalecer la  razón  de  crear  este  mecanismo.  Por  otro  lado, este   capítulo  propone  marcos  de legalidad  para  que el Estado pueda, desde  una ley  específica,  pueda garantizar  el mejor   cumplimiento del  primero párrafo  del artículo 50  de nuestra  constitución política.  Asimismo  asegurar la  canasta básica alimentaria nutricional  para  todos los habitantes  del país. En  este capítulo  se dispone una  serie  de autorizaciones,  para que algunas instituciones y los  bancos  del  Estado, tengan el marco  de legalidad  para  atender  de una manera  más  integral  su  obligaciones sociales e institucionales, colaborando  en forma  articulada para  evitar  el cierre  de procesos productivos o lo peor,  la  acumulación  de los mismos por el  sectores  poderosos.  Los  bienes  embargados,  son  acumulados por quienes tienen mayor poder  adquisitivo. 

Un  capítulo III,   denominado DE LA CREACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, que  va desde el artículo  31 al  33,  cuyo  fin  es disponer mecanismos novedosos de oferta  de   recursos financieros  que le permitan  a los bancos  mayor  flexibilidad y  a los usuarios  una mejor oferta  de crédito para la producción.  Recordamos  que  uno de los  defectos de nuestro  sistema  financiero,  es que el mayor  volumen  de crédito  se orienta  hacia  actividades de consumo,   restando recursos  al sector  productivo.

Un título III  denominado DISPOSICIONES FINALES,  que  consta de un   solo capítulo titulado  REFORMA A OTRAS LEYES. Se dispone  desde  el artículo 34  al 37.  En este  capítulo  se reforman varias leyes  en que tienen vinculación  directa  con el sector  financiero.  Es  necesario que se  mejoren los marcos  de legalidad  del  sector  financiero nacional  para que ofrezcan  mejores  oportunidades  al  sector productivo sin  sentirse amenazados ya  sea en  el ámbito  financiero o en roces con marcos  de legalidad que actualmente les limitan  su accionar.

Además  el proyecto  cierra  su cuerpo de contenido  con cuatro   disposiciones  transitorias. Debemos  anotar  que el artículo 37 declara  la ley  de interés público,  para  que desde  esa perspectiva,  no  tenga  oposiciones que  la lesionen.

Compartimos el proyecto de ley de Rescate, recuperación y fortalecimiento de empresas en situación de vulnerabilidad y estímulo a la producción”

Proyecto-N 21.935°-Ley-de-Rescate-Recuperación-y-Fortalecimiento-de-empresas-en-situación-de-vulnerabilidad-y-estímulo-a-la-producciónDescarga

Proyecto N°2.1935 – Ley de … by EugenioGuerrero on Scribd

Tasas de usura: 39% sigue siendo usura

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  • Proyecto 20.861 se queda corto, pero debe aprobarse y queda mucho por hacer.
  • Sector bancario-financiero es multimillonario y lo seguirá siendo.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa públicamente, un apoyo crítico al Expediente Legislativo No. 20.861 que pretende ponerle un tope al cobro abusivo en las tasas de interés que se cargan a las tarjetas de crédito, compra de electrodomésticos, créditos bancarios y otras operaciones crediticias de carácter financiero; estableciéndose un cobro máximo de tasas de interés del 39% para créditos en colones y un 31.35% para créditos en dólares.

ANEP estima que tales montos siguen siendo de carácter usurero y deberían reducirse sustancialmente. Sin embargo, dicho proyecto de ley debe aprobarse quedando en evidencia que falta mucho camino por recorrer en tal sentido; así como que el tema debe seguir pendiente en una agenda socioeconómica que persiga la reducción de las desigualdades y mayor integración con justicia social.

 Información pública reiterada en esta fecha y que ya había sido dada a conocer tiempo atrás, indica que el sector bancario-financiero que lucra con todo tipo de tasas de interés, habría obtenido ganancias, en el año 2018, por el orden de los ₡2 billones 300 mil millones (₡2.300.000.000.000); cifra más que escandalosa e claramente indicativa de cómo se ha posicionado en el país la desigualdad y, a contraparte, se ha dado la concentración de la riqueza.

Para ese año 2018, el sector emisor de tarjetas de crédito habría obtenido, promediando un cobro de usura del orden del 50 %, unos 638 mil millones de colones. Por su parte, el negocio del empeño y de ciertos bufetes prestamistas, con tasas de hasta un 90%, se habría embolsado unos ₡610 mil millones. Para el caso de las ventas de electrodomésticos, con intereses de un 60 %, la suma de ganancia habría generado unos ₡883 mil millones.

Tales datos se basan en informes del propio Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), del Proyecto Estado de la Nación; e, incluso, de la Academia de Centroamérica.

Por otra parte, no hay evidencia clara ni contundente que pueda sostener que tal nivel de ganancias ha sido correspondido con una contribución tributaria realmente justa y equitativa. Con la regulación de tasas de usura al 39%, para créditos en colones, como lo propone el indicado proyecto de ley, los sectores que nutren sus riquezas producto de este tipo de negocios, continuará siendo archimillonario.

Es un argumento sumamente pobre plantear que los sectores menos favorecidos económicamente serían los más afectados, vía exclusión, si tal proyecto se vuelve ley de la República en los próximos días.

Es más, es éste un sector al cual se le debe exigir un aporte tributario de carácter extraordinario-solidario, para la ayuda social necesaria a todos los sectores afectados por la pandemia del covid-19, incluyendo micro-pequeñas y medianas empresas.

ANEP apoya expediente legislativo 21.922, las municipalidades deben ser fortalecidas

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–Municipalidades deben ser liberadas de la dictadura de la regla fiscal

–El extremismo ideológico macrofiscal vulnera a los gobiernos locales

De manera clara y contundente dejamos constancia del total respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al Expediente Legislativo No. 21.922, denominado Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19; mismo que ha sido enviado para su tramitación urgente por parte del Poder Ejecutivo para que la Asamblea Legislativa lo vote en el actual período de sesiones extraordinarias del parlamento, mismas que finalizan el próximo 30 de abril. Se trata de una atinada decisión de Casa Presidencial que debemos aplaudir.

Las municipalidades, como la figura institucional republicana de gobierno más cercana a la gente, a la ciudadanía, deben jugar un extraordinario rol a fin de atajar e, incluso, revertir el delicado proceso de exclusión social y económica que Costa Rica ya ha venido padeciendo en los últimos años; sistemática desigualdad que ahora se ve agravada, de manera radical, dada las graves consecuencias económico-sociales y productivas de los efectos en el país de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Desde un principio y muchísimo antes de que al país se le impusiera la fatídica ley No. 9635, erróneamente denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en diciembre de 2018, la ANEP levantó como una sus principales argumentaciones para oponerse a la misma, la derogatoria de facto que se produciría mediante tal legislación de la autonomía constitucional del régimen municipal, violentándose así, de manera grosera, la propia Carta Magna del 7 de noviembre de 1949, que le dio a los gobiernos locales un régimen autonómico que solamente podría ser eliminado reformando ese postulado constitucional, lo que nunca se hizo. Sin embargo, con esa Ley 9635 violentaron la Constitución de 1949 en este (y en otros) ámbito de la autonomía constitucional.

La fuerte lucha de la ANEP, prácticamente en solitario en aquellos momentos en defensa de la autonomía constitucional del régimen municipal, de cierta manera tiene ahora una expresión fructífera concreta con el proyecto de ley 21.922; lo cual nos lleva a dejar manifestación pública de nuestro vehemente llamado para que la Asamblea Legislativa lo vote, favorablemente, cuanto antes, dado que este proyecto viene impulsado de manera multipartidista por 40 personas legisladoras.

Muchas personas conocedoras de los beneficios que para la institucionalidad democrática del país supone un régimen de gobiernos locales de carácter municipal, saben que éstos deben fortalecerse, lo cual recibió un duro golpe con la inclusión de los mismos dentro de los parámetros de orden fiscal-autoritario de la Ley 9635, conocidos como regla fiscal.

La pandemia del coronavirus COVID-19 está, en estos mismos momentos, haciendo añicos en muchos países del planeta tales dictados fiscalistas, de signo ideológico neoliberal; precisamente porque sus respectivos pueblos están sufriendo, aparte de la irreparable pérdida de vidas humanas, graves quebrantos productivos, económicos y sociales que, como se está haciendo constar, solamente desde la iniciativa de lo público-estatal se podrán confrontar y revertir exitosamente para el bien común y para la propia paz social.

Este proyecto de ley 21.922 pondrá, precisamente, a las municipalidades en mejores condiciones de impulsar una serie de acciones de diverso orden en la línea de la preservación de la paz social, misma que si ya había estado amenazada por la indicada exclusión y social económica de los tiempos pre-pandemia; ahora, con el hambre en ciernes en miles de hogares, no se podrá garantizar esa paz sin contar con una acción pública fuerte desde local, lo que las municipalidades no podrán hacer si sigue pesando sobre ellas, la imposición fiscalista de quienes la impulsan desde sus cómodas oficinas con salarios e ingresos jugosos de por medio, que no saben para nada de las peripecias, angustias y pesares de los alcaldes, de las alcaldesas y de las personas regidoras que todos los días en sus propias comunidades, se enfrentan a este drama social y económico que es la pobreza y la vulnerabilidad de pobreza en crecimiento, ahora más motorizadas por el COVID-19.

Las honorables señoras diputadas y los honorables señores diputados que se alistan a apoyar este proyecto de ley 21.922, deben saber que están recogiendo un clamor en el nivel local que se expresa en miles de voluntades a favor de todo tipo de medidas para que la pandemia del coronavirus COVID-19 no cause devastadores daños en el propio tejido social que da sustento a la estabilidad democrática del país.

Les instamos a poner oídos sordos a las ya conocidas voces estridentes insensibles y deshumanizadas para las cuales las personas deben estar al servicio de la economía y no que ésta esté al servicio de la gente. Lamentablemente, hace ya bastante tiempo que la propia Contraloría General de la República (CGR) se matriculó, política e ideológicamente, con una visión del ordenamiento social que excluye la promoción del bien común y que favorece la exclusión social y económica.

Instamos, de manera vehemente, a que todas las organizaciones laborales del servicio municipal costarricense para que se pronuncien con urgencia en esta misma línea de pensamiento; especialmente, a las entidades seccionales de la ANEP presentes ya en 65 de las 82 municipales del país. Idéntico es nuestra solicitud, por demás respetuosas, para las actuales alcaldías, las próximas a entrar a regir y a los concejos municipales salientes y entrantes.

San José, jueves 16 de abril de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP

La verdad sobre el Salario Escolar

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Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)

El salario escolar nació en 1994 a través de un decreto ejecutivo del entonces Presidente de la República, José María Figueres Olsen.

“En 1994 se llega a un acuerdo de política salarial. Ahí se estableció la creación de esta figura del salario escolar”. Se pactó un aumento de salario de un 8%. Pero en lugar de entregarle al trabajador ese 8% de salario, le entregaron el 6,75%,porque el 1,25% decidieron retenerlo mes a mes y en el mes de enero del año siguiente, se le iba a dar ese dinero con la misma finalidad: que los trabajadores tuvieran un ingreso que les permitiera soportar los gastos académicos de sus hijos”.

En 1994 se le retenía 1,25% mes a mes y se entregaba en enero siguiente. Ese porcentaje de retención de aumento salarial de 1994 se fue ensanchando con los años de esta manera, según según el Ministerio de Trabajo:

1994-1995: se retiene el 1,25%

1996-1997: se retiene el 3,58%

1998-2015: se retiene el 8,19%

En 2016, con el decreto 39202, se establece de manera escalonada el salario escolar hasta llegar al 8,33% con miras a que en enero se pague un salario completo.

2016: 8,23%
2017: 8,28%

2018: 8,33%

En 2019 estamos como el año pasado. Un 8,33% del salario de los empleados públicos será retenido cada mes y se pagará en enero de 2020 en un solo pago equivalente a un salario completo.

EL SALARIO ESCOLAR NO SE PUEDE NI SE DEBE ELIMINAR !!

Fuente: Farid Ayales Esna, ex ministro MTSS de aquel entonces (1994)

ANEP se adhiere a solicitud Latinoamérica denominada «La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos»

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y a la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), firmó este martes 15 de abril su adhesión al documento “La deuda prioritaria es con la salud de los pueblos”, la cual solicita a los gobiernos de la región dirigir todos sus esfuerzos económicos, políticos y sociales para atender y controlar la pandemia del Covid-19.

A continuación, el documento que ya ha sido firmado por diversas organizaciones y personajes de la sociedad civil Latinoamérica.  

LA DEUDA PRIORITARIA ES CON LA SALUD DE LOS PUEBLOS

La crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus en América Latina y  el Caribe obliga a encarar respuestas urgentes, inmediatas. Frente a una coyuntura tan grave, proseguir con el pago privilegiado de la deuda pública no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de nuestros pueblos.

Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben afirmar sin titubeos la disposición de todas las riquezas y los recursos naturales de titularidad de los pueblos, tal como lo consagran los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (art. 75, inc. 22°, C.N.).

Es obligación de los Estados garantizar esa titularidad jurídica para poder atender la emergencia mediante:

  1. La declaración por parte de los Estados del “estado de necesidad” (1)
  1. La suspensión inmediata del pago de capital e intereses de todas las deudas soberanas,
  1. Impulsar acciones internacionales consensuadas para legitimar aplazamientos de pagos y quitas imprescindibles en las deudas públicas, ante organismos multilaterales y acreedores privados.

Primero, la definición de la emergencia. Luego, los países periféricos deberán generar decisiones -basadas en investigaciones y auditorías públicas previas, meticulosas y transparentes- que lleven al  necesario control de legalidad y legitimidad de los compromisos financieros, los eventuales requerimientos vinculados a la anulación de los mismos, la condonación total o parcial de deudas, las reestructuraciones y reprogramaciones de pagos de la deuda declarada legítima.

La prioridad es la salud de los pueblos: los recursos deberán estar disponibles para atender en primer lugar las consecuencias económicas y sociales de una crisis cuya dimensión ni siquiera podemos aún cuantificar

LA CRISIS SANITARIA Y LA DEUDA SOBERANA

El problema de la deuda soberana ha sido una limitante permanente a las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestros países. Debe ser asumida como un instrumento de financiamiento con responsabilidad y claridad en relación a los fines para los que fuera destinada. Cuando deja de

cumplir esos criterios se convierte en deuda eterna y solo instrumento para  el parasitismo especulativo,  la exacción usuraria, y las permanentes crisis  de las balanzas de pagos.

La historia reciente de nuestra región corrobora que en medio de crisis económicas y sociales de grandes proporciones, enormes sumas dinero fluyeron -y fluyen- frente a cada vencimiento desde las arcas de los países deudores a manos de sus acreedores, coartando la posibilidad de atender tanto el financiamiento de su necesario desarrollo como sostener sus funciones básicas, como la garantía de salud, alimentación y educación para sus pueblos.

Hoy, cuando la vida de millones de personas en todo el mundo depende de  la capacidad de respuesta universal de una salud pública sistemáticamente atacada durante décadas, queda en evidencia el obsceno sistema  de  valores en cual nos hemos estado moviendo.

Discutir condiciones de desarrollo y distribución de esfuerzos y resultados  de nuestras economías sigue siendo ineludible. Se deben definir las prioridades, los recursos y el financiamiento para satisfacer las demandas  de la sociedad -en el presente y en el futuro-, en forma paralela a un desarrollo equitativo y sustentable.

EL DÍA DESPUÉS DE MAÑANA: SUSTENTABILIDAD EXTERNA

Incluso en medio de la crisis sanitaria es necesario encarar una agenda que permita una solución definitiva al problema de la deuda, de cara al futuro, la que necesariamente debe contemplar:

  1. Retomar iniciativas para el establecimiento de un marco legal, regional e internacional para la resolución de la deuda soberana y el combate a las prácticas extorsivas de “fondos buitre”, sentando las bases de una nueva arquitectura financiera internacional (2)
  • Impulsar una legislación que garantice, acorde a las condiciones de cada país, límites efectivos al endeudamiento en pos de la sustentabilidad externa de nuestras economías.
  • Encarar una estrategia, regional e internacional contundente contra la fuga de capitales y la existencia de paraísos fiscales, incluidas iniciativas (legislativas y políticas) para la fiscalización, tributación y recuperación de las riquezas fugadas, aportando al diseño de mecanismos de control, regionales e internacionales que impidan la continuidad del latrocinio a los recursos y el trabajo de los pueblos.

CONVOCATORIA

Este documento es un esbozo contributivo para un amplio llamado a la unidad de América Latina y el Caribe en este  momento  crítico.  Está  basado en la convicción de la existencia de un amplio consenso a favor de   la más amplia participación democrática para responder en lo inmediato con medidas urgentes, y en perspectiva con acciones solidarias y propuestas consensuadas acordes a esta grave encrucijada histórica.

Estando en circulación y firma el presente documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha dado a conocer su Resolución 1/2020, de extensa fundamentación, ante la pandemia del  COVID 19, cuyo punto resolutivo N° 18, establece: “Suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que puedan amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias. Ello a fin de facilitar la adquisición oportuna de insumos y equipos médicos esenciales y permitir el gasto público de emergencia prioritaria en otros DESCA, sin poner en mayor riesgo todos los derechos humanos y los esfuerzos avanzados por otros Estados en esta coyuntura, dada la naturaleza trasnacional de la pandemia.” (3)

En otros puntos de la Resolución se destaca el carácter imperativo de lo resuelto y su exigibilidad en atención a los principios del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

Los firmantes comunicaremos el presente documento a los tres  poderes  que conforman los gobiernos democráticos latinoamericanos para que las decisiones que se adopten sean tomadas a tiempo, en consonancia con el estado de necesidad que afirmamos.

Notas:

  • En el derecho internacional el “estado de necesidad” es “el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave o inminente” (Anexo  Recomendaciones de  Resolución 56/83  de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2001).
  • Entre otros: Principios Básicos de los Procesos Reestructuración de Deudas Soberanas (Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2015; Ley Relativa a la Lucha contra las Actividades de los Fondos Buitres de Bélgica http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/ 54/1057/54K1057005.pdf

PRIMERAS FIRMAS;

Fernanda Vallejos, Eduardo Barcesat, Raúl Zaffaroni, Andrés Asiaín, Horacio Rovelli,, Jorge Marchini, Víctor Carricarte, Rafael Kohanoff, Julio Gambina, Claudio Katz, Rubén Gilardi, Felisa Miceli, Alfredo Calcagno, Julián Domínguez, Jorge Cholvis, José Cárcamo,  Debora Giorgi,  Alberto Gandulfo, Marisa Duarte, Alejandro Otero, Marcelo Mazzón, José Sbatella, Alejandro Rofman, Fernando Porta, Pablo Vommaro, Guillermo Wierzba, Jorge Molinero, Pablo Fucci, Graciela Orfeo, Walter Formento, Carlos Pafundo, Eva Sacco, Alejandro López Acotto, Jorge Motta, Hernán Morero, Mercedes La Gioiosa, Laura Villardebó, Pablo Singerman, Sonia Filipetto, Gabriel Merino, Javier Ortega, J.M. Rinaldi, Hernán Morero, Nora Pizarro, Carlos Martínez, Beatriz Rajland, María Elena Saludas, Luis Messina, Juan Sancartángelo. Damián Uberman, Damián Díaz, J.Calvo, Adrián Muracciole, Juan Ortiz, Germán Saller, Santiago Mancinelli, Germán Saller, Alfredo Iñiguez, Ricardo Koss, Gabriel Chamorro, Mercedes González, Carlos Fidel, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Noemí Brenta, Martín Barletta, Roberto Rojas, Carlos Gutiérrez Morchio, Valeria Sánchez, Emilio Pérez Campanelli, Martín Barletta, Carlos Fidel, Julián Denaro, Walter Formento, Mireya Baglietto,,Jorge Carpio, Vernal Fritas, Julián Kan, Ramiro Bertoni, Carlos Russo, Víctor Portnoy, Julian Denaro, Magdalena Rua, Mario Rapoport, Sergio Arelovich, Alberto Jozami, Gabriela Golder, Isaac Rudnik, Amado Boudou, Itaí Hagman, Héctor Sosa, Raúl Dellatorre, Gabriela Sharpe, Héctor Fernández, Carlos Minucci, Verónica Mercado, Carlos Raimundi, Pedro Biscay, Leo Bilanski, Tita Ayan, Guillermo Moretti (UIA), Ricardo Carrizo, Margarita Cuenca, Carlos Gonella, Juan Emilio Sala, Héctor Daer (CGT), Eduardo de la Serna, Matías Cremonte, Alberto Letteri, Guido Forcieri, Juliana Di Tulio, Graciela Treber, Milagro Sala, Raúl Noro, Lionel Stiglitz, Sergio Leavy, Alejandro Romero, Graciela Mussi, Mariano Beristain, Juan Cruz Cabral, Jorge Elbaum, Pablo Tigani, Juan Carlos Biani, Hugo Fernández (CEEN), Fabián Autuori, Félix Gibbs, Janet Mehl, Alberto Lettieri, Eduardo Di Cola, Julio Bulacio, Marcos Rebasa (IESO), Diego Penizzotto, Adela Toresano,

Eric Toussaint (Bélgica),

Rosa Marques , Luciano Wexell Severo, Mariana Gouvea, Niemeyer Almeida, Marcelo Alvares de Lima Depieri, Carlos E. Martins, Fabio Barbosa dos Santos , Luis Barbosa dos Santos, Carlos Serrano Ferreira, Alexis Saludjian , Flavia Lessa de Barrios, Judite Stronzake, Bruno De Conti, (Brasil)

Jorge Gonzalorena, Paula Vidal Molina (Chile) Carolina Jiménez (Colombia)

Rafael Heiber ( España) Camille Chalrmers ( Haití)

Josefina Morales, Federico Manchon Cohan, Jaime Preciado Coronado,    Alicia Puyana Mutis, Maribel Aponte García, Darío Salinas Figueredo, Sergio Cortes, Sánchez, México),

Alhe Cáceres (Paraguay)

Aram Aharonian , Ramiro Chimuris, Antonio Elías (Uruguay), Pasqualina Curcio (Venezuela), ,,

ORGANIZACIONES

FUNDACIÓN PROYECTO ECONÓMICO.

FILA (Fundación para la Integración Latinoamericana

CIGES ( Centro de Investigación y Gestión de la Economía Solidaria) CLAE ( Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico)

SEPLA ( Sociedad Latinoamérica de Economía Política y Pensamiento Crítico) CEEN ( Central de Entidades Empresas Nacionales)- Argentina.

CADTM – AYNA ( Comité para la Abolición de Deudas Ilegítimas)- América Latina. CPI (Corriente Política de Izquierda)

Corriente Sindical Carlos Chile

FISYP ( Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas) ATTAC Argentina

LATINDADD – Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales)

CESO (Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz)

FOCO ( Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos.) AAJ ( Asociación Americana de Juristas) – Rama Argentina

COMMON ACTION FORUM MOTOR ECONÓMICO

CINFIN ( Centro de Integración Financiera)

ENAC ( Empresarios Nacional para el Desarrollo Argentina.

ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados)

Recibidas hasta el 13/04/20 a las 16.00 hs

Se reciben adhesiones en el correo electrónico: edenecesidad@gmail.com