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Categoría: Incidencia
Rectores de la UNA, UCR y UTN reconocen que el plan fiscal es regresivo, insuficiente y desigual
- Así lo manifestaron durante programa radial Barahona y Compañía a cargo del abogado Pablo Barahona Kruger
- ANEP celebra la autocrítica de los rectores de las universidades públicas y pide ser recibida (junto a otros sectores sociales), con urgencia, por el Conare
- Universidades públicas deben reencontrarse con el pueblo trabajador
“Con sesgo regresivo”, “es una indecencia”, “perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión”, son algunas de las frases que utilizaron los rectores de las universidades estatales, Alberto Salom Echeverría, rector de la Universidad Nacional (UNA); Marcelo Prieto Jiménez, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN); y, Henning Jensen Pennington, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR); respectivamente, para describir el plan fiscal que fue aprobado meses anteriores, conocido popularmente como combo fiscal y hoy ley de la República 9635, con el pomposo nombre de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Así lo manifestaron en una serie de entrevistas llevadas a cabo en el programa radial Barahona y Compañía, dirigido por el abogado Pablo Barahona Kruger. Resaltamos: “con sesgo regresivo”, afirma el rector Salom Echeverría; “es una indecencia”,indicó su colega Prieto Jiménez; “perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión”, expresó el homólogo de ambos, Jensen Pennington
El 25 de junio del 2018, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) se pronunció a favor de una reforma fiscal progresiva y racional que no afectara a los sectores vulnerables de la población ni disminuyera el bienestar social del país.
Sin embargo, coincidieron, durante las entrevistas que les hizo el destacado ciudadano don Pablo Barahona Kruger, en que la ahora de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, dista mucho de lo que se quería, es decir, una reforma fiscal que combatiera la elusión y evasión tributaria.
“Siendo autocritico, si bien hubo un posicionamiento ideológico o si se quiere teórico importante, creo que las universidades públicas no fuimos suficientemente militantes en el momento de hacer la transición de lo teórico a la lucha política. Y en esto, es mucho más fácil ser autocritico cuando los acontecimientos ya han pasado, pero viendo lo que sucedió hace apenas unos meses creo que una mayor presencia de Conare y sobre todo un énfasis político todavía mayor hubiese sido oportuno en esos instantes para poder, quizás, lograr que el texto que finalmente fue aprobado como ley no fuera tan perjudicial para quienes efectivamente en este país son víctimas de un proceso de exclusión que ya no es algo reducido a una pequeña masa de personas, sino más bien a un masa que se hace cada vez más grande”, dijo Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Por su parte, Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional (UNA) justificó que “el sesgo hacia la regresividad” se debió a que el Gobierno se vio obligado a negociar y en ese intento se retrocedió.
“El Gobierno debió ceder con las fuerzas con las que pactó y que tiene dentro de su seno. Para nadie es un secreto que, para aprobar el plan fiscal, que tiene una serie de consecuencias regresivas para la población; hubo que contar con el beneplácito de Liberación Nacional, de un sector de Restauración, de la Unidad Social Cristiana y el propio PAC”, indicó Salom.
Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), manifestó que, aunque que la reforma fiscal era necesaria para el país, la misma “no era la mejor, ni la salida suficiente para resolver el problema fiscal”.
“Mi crítica de manera muy sencilla: Todos nos hemos vistos obligados a hacer algún tipo de contribución como consecuencia de una reforma fiscal. Los trabajadores independientes van a tener que pagar más renta, los profesionales liberales, los trabajadores dependientes vamos a tener que pagar más renta, a todos se nos subió el tramo de renta; menos a las grandes empresas de Costa Rica”, dijo.
Además, agregó: “Eso me parece a mí que es una indecencia. Se está cumpliendo aquí aquello que decía Daniel Oduber de que en Costa Rica todos somos iguales, pero unos son más iguales que otros. El pretexto es que las empresas tienen que pagar muchas cargas sociales, ¿y los profesionales independientes no pagamos cargas sociales? Y ¿los trabajadores independientes no tienen carga social, no tienen trabajadores con ellos? Yo tengo una crítica sustantiva sobre la reforma fiscal que se aprobó, nos falta muchísimo por hacer ya en términos de justicia tributaria en Costa Rica”.
De manera pública, la ANEP está solicitando ser recibida por el pleno del Consejo Nacional de Rectores (Conare), con la finalidad de solicitarles la apertura de un proceso de diálogo y apoyo hacia la multiplicidad de sectores sociales y económicos que está sufriendo ya las consecuencias de ese injusto paquete de impuestos; de forma tal que se pueda articular una propuesta al país con medidas de reactivación económicas y de real justicia tributaria que están urgiendo, desesperadamente.
ANEP celebra que los señores rectores de las universidades públicas (en este caso, la UCR, la UNA y la UTN), hayan asumido una autocrítica que puede ser histórica, dada las condiciones de polarización social en desarrollo (especialmente, en materia de distribución del crecimiento económico); en materia de credibilidad ciudadana en sus actuales gobernantes; y, en materia de confrontación social abierta, potenciándose ésta cada día más.
ANEP felicita al distinguido ciudadano Pablo Barahona Kruger por su atinada iniciativa de llevar a su prestigioso programa de opinión, Barahona y Compañía, a los no menos distinguidos ciudadanos rectores de las universidades públicas, en momentos en los cuales éstas están llamadas (y obligadas) a ejercer un papel activo de cara a los desafíos de una sociedad a la que le han impuesto la desigualdad como pauta central de su desarrollo económico.
No más intereses de usura, 6.57 puntos del PIB se le saca al año a la gente
Esto representa 2 billones 300 mil millones de colones
Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.
| Intereses de usura | |
| Tiempo | Monto |
| Por minuto | 4 millones 436 mil colones |
| Por hora | 266 millones 203 mil colones |
| Por día | 6 mil 389 millones de colones |
| Cada mes | 191 mil 667 millones de colones |
| Por año | 2 billones 300 mil millones de colones |
El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561.
Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60 % y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?
La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.
Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.
Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.
El 75% de eurobonos serán para pagar deuda y sólo un 25% se destinará a la reactivación económica
- De esa plata habría que pagar 75% en los próximos dos años y medio
- El país se seguirá hundiendo sin una transformación tributaria estructural, es urgente realizar una auditoría ciudadana de la deuda
El país sigue siendo sometido a un estrangulamiento económico-financiero por una deuda pública imposible de pagar, sin hablar de los intereses más que obscenos que los acreedores exigen.
Además, cada día que pasa nos convencemos más de la necesidad de la realización de una urgente Auditoría Ciudadana de la Deuda ante los monstruosos datos de esa deuda pública y las obligaciones que representa, sobre lo cual la gente es poco concientizada al respecto.
La desesperación que está mostrando el gobierno Alvarado-Piza para que en la Asamblea Legislativa le aprueben el proyecto de ley para la colocación de nueva deuda por 6 mil millones de dólares, en lo que han denominado como eurobonos; no va aparejada con un esfuerzo sincero y honesto de transparencia en cuanto hablar con contundencia de las verdaderas razones del Poder Ejecutivo para embarcarse en una aventura de tal calibre.
Según se hace público por parte del Ministerio de Hacienda, el país está contra la pared en cuanto a obligaciones de pago de deuda en el cortísimo plazo y esa plata no está disponible.
Solamente en este mismo año, 2019, hay que pagar $1.381 millones; para el 2020 la cifra es de $1.170 millones y de $1.944 millones en el 2021.
Hablamos de $4.495 millones para entregar a los acreedores internos en los próximos dos años y medio. ¡Para eso son los eurobonos, básicamente!
Esa descomunal cifra equivale al 75 % de los $6 mil millones que el gobierno Alvarado-Piza está pidiéndole a la Asamblea Legislativa que le autorice en el corto plazo pues, efectivamente, el país está ahogado en deuda.
Si le creyéramos al gobierno Alvarado-Piza (algo sumamente difícil dado su desprestigio actual ante una abrumadora mayoría ciudadana enojada e indignada con el mismo), que esos $6 mil millones se ocuparían para reactivación económica; tan solo un 25 sería con tal fin pues, como se indicó, se debe honrar $4.495 millones en los próximos 30 meses (2 años y medio), en deuda que se debe pagar a acreedores nacionales: ¿Quiénes son?
Imposible que el país salga avante sin una combinación estratégica entre una transformación tributaria estructural (el informe legislativo sobre Los Papeles de Panamá abre el camino); una auditoría ciudadana de la deuda pública; un acuerdo nacional sobre la magnitud del déficit fiscal posible de tolerar; una reactivación económica para la inclusión social y para la promoción del bien común; y una reforma del Estado congruente al respecto, no la ideológicamente sesgada que se quiere imponer a costa de las libertades democráticas de organización sindical y del derecho constitucional de huelga.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Seccional ANEP-Fuerza Pública cuestiona al ICD por trabajar con Plan Nacional sobre Drogas desactualizado
–Al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) le corresponde diseñar el Plan Nacional sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, sin embargo desde el 2017 trabaja bajo el mismo documento.
La Seccional de la ANEP en la Fuerza Pública cuestiona al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) por trabajar en un Plan Nacional sobre Drogas desactualizado, pese a la incursión y a lo habilidoso de las redes del narcotráfico y legitimación de capitales para lograr su cometido.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública enfatizó que existe una preocupación ciudadana en torno a la incursión del narcotráfico en el territorio nacional y que el último Plan Nacional sobre Drogas tenía una vigencia hasta el año 2017.
Ante dichas observaciones, el ICD indicó que actualmente “el Plan Nacional sobre Drogas está siendo sujeto a la actualización de su plan de acción, debido a recientes aprobaciones de políticas vinculantes, como la aprobación reciente del Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, la estructura base, pilares de acción y principales referencias, se mantienen en vigencia.
Otra de las inquietudes de la seccional es que presuntamente, el retraso en la elaboración del Plan Nacional de Drogas se debió que le delegaron dicha tarea al Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP). Sin embargo, en el documento en manos de la ANEP denominado “Observaciones técnicas y metodológicas al Plan Nacional Sobre Drogas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo 2018-2022”, trae una serie de correcciones, textos que no citan su fuente, posible plagio y además, se omite realizar cuatro ejercicios importantes que constituyen los pilares para el Plan Nacional.
Los cuales son: 1)Documental y participativo que permita conocer los principales problemas que enfrenta el país en la materia, 2) documento de análisis conjunto de actores decisores políticos para la identificación vía consenso de los principales desafíos como país se tiene que abordar de manera integral y equilibrada, 3) Uno en el cual se definan las prioridades y se tomen las decisiones consensuadas a partir de éstas, o sea, se precisen de los enunciados de política pública que permitirá intervenir positivamente la realidad nacional, 4) Uno final, meramente técnico, que operacionalice mediante diversas iniciativas, intervenciones, programas o proyectos de índole intersectorial e institucional, las políticas públicas definidas por los actores decisores competentes.
“En ANEP, hemos recibido informaciones que indican un aparente incumplimiento de deberes, así como el presunto pago a un ente externo para la realización sobre el Plan Nacional de Drogas, pese a que la realización del mismo es competencia única del ICD; según así lo establece la Ley 8204”, indicó Anchía.
Anchía explicó que según fuentes cercanas a la ANEP, el pago aparentemente fue realizado por medio de una donación de la Embajada de los Estados Unidos y a pesar de que reiteradamente se ha solicitado la información explícita al Director del ICD, Guillermo Araya, el mismo responde con evasivas o de manera omisa.
“Mientras el narcotráfico evoluciona, no se detiene y sigue penetrando nuestro territorio, a la fecha se trabaja en la elaboración de un plan que debió estar listo a inicios del 2018, o sea, se trabaja con plan del periodo 2013-2017”, agregó.
ANEP pide investigar licitación otorgada por Municipalidad de San José para limpieza de tragantes por posible tráfico de influencias
–Denuncia fue presentada ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Municipalidad de San José, denunciaron ante la Fiscalía General y la Contraloría General de la República (CGR), la adjudicación otorgada por parte del Concejo Municipal de SanJosé a la empresa Maquinarias, Camiones, Grúas de Centroamérica (MCGSA-WUEISA) para realizar el servicio de limpieza de tragantes del sistema pluvial de San José.
La solicitud de la ANEP, que también fue presentada ante la auditoría interna de la Municipalidad, radica ante el posible escenario de un tráfico de influencias y otras figuras delictivas, debido a la forma en que se otorgó dicha licitación pública (2019LN-00000-0015499999), que consiste en el alquiler por demanda de un equipo hidrovaceador para la limpieza de 14 mil tragantes y 4.200 pozos.
Según los hechos denunciados, el Área Financiera de la Municipalidad de San José informó que la empresa MCGSA-WUEISA no logró demostrar la capacidad financiera requerida, siendo que no reportó ingresos en los años 2017 y 2018, por lo que estaría violentando el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Dicho artículo indica: “Condiciones invariables. En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia”.
Sin embargo, la ANEP cuestiona que dicho criterio de la Dirección Financiera habría sido pasado por alto por parte del Gerente de Provisiones de Servicios del municipio josefino, emitiendo su propio criterio en el oficio GPS-396-2019, fechado el 26 de marzo, alegando que dichos incumplimientos financieros por parte de la empresa no deberían impedir el otorgamiento de la licitación. Con tal criterio, el Consejo Municipal toma el acuerdo de otorgar el contrato a la empresa MCGSA-WUEISA.
La denuncia también cuestiona que la empresa concursante habría traído el equipo especializado al país, esto, pese a desconocer si se le otorgaría la licitación. Situación que también se confirma en el oficio (del 26 de marzo) presentado por el Gerente de Provisiones. Finalmente el contrato fue aprobado el 2 de abril.
“Como puede verse, se colige que ya la empresa había invertido en la adquisición del equipo hidrovaceador nuevo, mismo que ya estaba en territorio nacional, por lo que lo obvio era garantizar el acuerdo del Concejo Municipal”, denuncia la Seccional ANEP-Municipalidad de San José.
Ante estos hechos, la ANEP presentó las denuncias respectivas ante la Fiscalía General, la Contraloría General de la República y la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José para que se realice las respectivas investigaciones.
Sindicatos del Poder Judicial denuncian penalmente a presidente de la Asamblea Legislativa por presunto delito de Legislación en Provecho Propio
• Sindicatos Judiciales también interponen denuncia penal contra el diputado Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio
Por: Noily Ruiz, Periodista Sindicatos del Poder Judicial.
Cinco Sindicatos Judiciales presentaron la mañana de este lunes, dos denuncias penales contra los Diputados Carlos Ricardo Benavidez, Presidente del Congreso, y el Diputado del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas Víquez, por el presunto delito de Legislación en Provecho Propio, fundamentados en el Articulo 48, de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
Los legisladores mantenían una obligación tributaria con el Ministerio de Hacienda, que se vincula dentro de alguno de los presupuestos de la amnistía, que posteriormente, fue dispuesta en la Ley 9635, misma que votaron sabiendo que les beneficia.
Como Diputados de la Asamblea Legislativa, al ser potenciales beneficiarios de una eventual amnistía tributaria, votaron negativamente contra una moción de orden propuesta por el Diputado José María Villalta, para solicitar al Ministerio de Hacienda la lista de potenciales beneficiarios de dicha amnistía tributaria.
Entre el 2018 y 2019, el Diputado Vargas Víquez, canceló la suma de diecisiete mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma un beneficio patrimonial ilícito.
En el caso del Diputado Benavidez, entre los años 2018 y 2019 canceló la suma de un millón setecientos mil colones, ya ajustada la disminución del importe a pagar, automáticamente por el Ministerio de Hacienda, obteniendo de esta forma igual beneficio.
Los Sindicatos del Poder Judicial solicitan que se aplique la normativa para juzgar a miembros de los Supremos Poderes y se inicie con la investigación respectiva.
Sindicatos que interponen denuncia:
Luis Alonso Bonilla Guzmán
Secretario General del Sindicato de Servidores y Servidoras, Ex Servidores y Servidoras del Ministerio Público, SIMIPU.
Álvaro Rodríguez Zamora
Secretario General del Sindicato Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística y Afines, ANIC.
Mario Alberto Mena Ayales
Presidente de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, ANEJUD.
Hernán Campos Vargas
Secretario General del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, SITRAJUD.
Jorge Morales García
Secretario General del Sindicato de la Judicatura, SINDIJUD.
Conferencia de Prensa
Denuncia contra Carlos Ricardo Benavides
Denuncia Contra Carlos Rica… by on Scribd
Denuncia contra Otto Vargas
Denuncia Contra Otto Vargas by EugenioGuerrero on Scribd
Seccional Policía Profesional de Migración y Extranjería insistirá en capacitaciones para el Curso Básico Policial
La Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) insistirá y será vigilante de que todos los trabajadores reciban el curso básico policial.
La medida surge luego de que la administración iniciara, este lunes 13 de mayo, con el Curso Básico Policial Nº 11 para los oficiales de la PPME, el cual será impartido por instructores de la Academia Nacional de Policía en las instalaciones de la Policía, ubicada en Lagos de Heredia.
“Para la Seccional ANEP-PPME es un gusto de haber sido participe de las acciones realizadas en la mesa de diálogo con el Viceministro de Gobernación, Víctor Barrantes Marín, para que la administración coordinara con la Academia Nacional de Policía dicho curso, ya que el año anterior no se realizó ninguna capacitación”, comentó Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME.
Lea: https://anep.cr/seccional-policia-de-migracion-se-reunio-con-ministro-de-seguridad/
Aunque desde la Seccional se aplauden todos los esfuerzos realizados, también insistirá en que más de 100 oficiales que están trabajando sin el Curso Básico Policial lo reciban, recordemos que la Academia Nacional de Policía está en la obligación de impartir dichos cursos a los Oficiales de la PPME para la carrera policial.
Guarda parques baleado: Situación sociolaboral de este personal llega al límite
Relación dramáticamente inversa:
a mayor peligro, mayor deterioro de las condiciones de empleo y de trabajo
ANEP condena, con toda energía, la agresión con bala de que ha sido víctima un trabajador-empleado público, don Carlos Ugalde Carmona, del servicio de guardaparques del Estado, adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); y, específicamente, en este caso, como servidor en el Área de Conservación de Osa (ACOSA).
El compañero, con enorme valentía y con conciencia plena de su responsabilidad de servicio público, se enfrentó a un comando narco, de esos que ya han tomado casi que control pleno de esa zona para sus actividades ilícitas
Este doloroso episodio muestra un punto de inflexión en la ya asfixiante situación del personal del servicio de guardaparques del país: prácticamente dejados a su suerte por los últimos gobiernos (incluido el actual), que muestran irresponsable desdén por su situación salarial, por sus precarias condiciones de empleo y de trabajo, por jornadas extenuantes que les sobre-explota, por la creciente peligrosidad de su quehacer, por la carencia de equipos técnicos y tecnológicos, por carecer de chalecos antibalas; y, especialmente, porque hace falta mucho personal.
Los guardaparques se exponen a los cazadores furtivos, a la delincuencia común, a las invasiones ilegales de tierras protegidas por parte de campesinos desesperados y por inescrupulosos que quieren hacer negocio con las mismas; y, como lo muestra este dramático caso, se exponen cara a cara al crimen organizado del narcotráfico, el cual les supera en dotación de equipamiento y de tecnología para realizar su ilegal quehacer en esas zonas geográficas del país que, presuntamente, son exhibidas ante el mundo como ejemplo de protección ecológica por parte de Costa Rica.
Miserablemente, el Estado les ha venido negando el pago de un reconocimiento salarial adicional por concepto de peligrosidad, de un 5 %, para “compesarles” el riesgo de vida (como ahora queda demostrado), y dado sus salarios sumamente bajos, congelados y ahora en reversión por cuanto se les aplica las perversas medidas del combo fiscal, hoy ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Este lunes 13 de mayo, a primera hora, ANEP demandará una reunión urgente, conjunta, con los ministros de Ambiente y Energía, de Seguridad y de Trabajo, con el fin de analizar el creciente y sistemático deterioro de la labor de los servidores guardaparques del país; cuyo creciente riesgo de vida en su estratégico quehacer, ya es del mismo calibre que la peligrosidad de los otros cuerpos de policía del país, también en condiciones de deterioro generalizado de la prestación de sus servicios.
