Categoría: Incidencia

Seccional ANEP-PPME compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico

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La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), compareció ante la Comisión Permanente  de  Seguridad  y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, con el objetivo de que se apruebe y se envié al plenario legislativo el expediente Nº20.323, el cual busca dotar de un 5% de recursos provenientes del impuesto a personas jurídicas a la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La comparecencia de la Seccional estuvo liderada por su presidente Gerardo Mora Ordóñez, en compañía de la directiva Johana Fernández Sequeira  y el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes quienes brindaron sus argumentos que justifican la solicitud de inyectarle recursos económicos a la PPME, y que estos  sean utilizados en la contratación de nuevo personal policial.

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Actualmente la Policía Profesional de Migración y Extranjería cuenta con 510 funcionarios quienes deben de atender el incremento en la visitación turística en aeropuertos y puertos, problemas con el fenómeno de inmigrantes, narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados, la trata ilegal y el tráfico de personas, así como; falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas. A esto se suma la falta de infraestructura, el conflicto Crucitas y la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio.

Declaraciones Johana Fernández, Seccional ANEP-PPME

Por estas y otras razones la Seccional ANEP-PPME ha venido solicitando en la anterior y actual Asamblea Legislativa reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, y estos sean destinados en fortalecer la Policía Profesional de Migración.

Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5% al Organismo de Investigación Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.

Durante la comparecencia de esta mañana, se barajó por parte de algunos legisladores la posibilidad de utilizar fideicomisos para dotar de nuevos recursos a la PPME, posibilidad que no es muy bien vista por la Seccional, debido a que se debe iniciar un nuevo proceso legislativo, dejando de lado el avance que se ha logrado con el expediente legislativo Nº20.323

Declaraciones Gerardo Mora Ordóñez, Seccional ANEP-PPME

Es importante resaltar que la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del Ministerio de Seguridad Pública

Combo fiscal-ley 9635: miles a la expectativa sobre cruciales fallos constitucionales

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–Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la contraloría

Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocida como combo fiscal.

Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.

Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).

En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector Público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.

Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.

A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.

A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.

En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Sala IV.

Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.


Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.

Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.

O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.

Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿ó, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…

San José, 22 de diciembre de 2019.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

ISP califica de afrenta a la democracia solicitud de disolución de la ANEP

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La Internacional de Servicios Públicos (ISP) y sus más de 700 organizaciones afiliadas alrededor del mundo; que aglutinan a 20 millones de trabajadores públicos, enviaron un voto de apoyo y respaldo a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), calificando los ataques antisindicales por parte del alto corporativismo empresarial  como una afrenta a la institucionalidad democrática costarricense.

Así lo hace constar la ISP en una carta dirigida a la ANEP y a su Secretario General, Albino Vargas Barrantes, donde indican que tal solicitud riñe con el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT

“A todas luces y bajo la normativa laboral reconocida internacionalmente, esta imprudente solicitud de ser acogida por el Estado costarricense, riñe con el principio de libertad sindical en el marco del convenio 87 de la OIT, así como también se contrapone a la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, de la cual Costa Rica se precia de ser muy respetuosa”, indica el documento enviado por la ISP.

Ante este escenario la Internacional de Servicios Públicos indica que se mantendrá atenta a lo que pudiera acontecer ante un eventual desenlace al respecto y exhorta al Gobierno costarricense a no acoger tal solicitud por ser una “afrenta a la institucionalidad democrática costarricense”.

«Tenga la ANEP plena y absoluta certeza, que la ISP y sus más de 700 organizaciones afiliadas, constituyen una fuerza vital en respaldo y solidaridad hacia su afiliada la ANEP», finaliza el documento.

Carta de apoyo enviada por la ISP

Carta de apoyo de la ISP a la ANEP by EugenioGuerrero on Scribd

ANEP reafirma su rechazo a fijación salarial anual para sector público

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  • ANEP desplegará fuerte campaña de denuncia en las bases del sector público
  • Sindicalistas firmantes legitimaron política de empobrecimiento salarial
  • “Acuerdo” firmado es espurio, carente de legitimidad y de representatividad

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su total rechazo al espurio “acuerdo” firmado por el Gobierno con dirigentes sindicales de escasa representatividad, por medio del cual se impuso una única fijación anual para el sector Público a partir de este año 2020, mismo que fuera suscrito el pasado 17 de diciembre de 2019.

 La ANEP, en consecuencia, cataloga tal “acuerdo” como espurio, carente de legitimidad dado que, por ejemplo, organizaciones sindicales relevantes de importantes conglomerados laborales del Magisterio Nacional, de la Caja, del ICE y de otras empresas públicas, así como de las municipalidades, han estado rechazando tal “acuerdo”, desconociéndolo. Y, por supuesto, jamás se les tomó parecer a las personas trabajadoras correspondientes.

 ANEP desplegará a partir de este momento y en tal sentido, una fuerte campaña de denuncia en las bases laborales del sector Público, para dejar en evidencia la perversa naturaleza de tal “acuerdo”; mismo que legitima la política neoliberal de considerar a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público como las responsables del déficit fiscal, aspecto éste que ya está más que demostrado que resultó ser completamente falso.

 Los dirigentes sindicales que le firmaron al repudiado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada tal “acuerdo”, le otorgaron a éste una legitimación que desde el lado obrero carecía y que le urgía exhibir; considerando que la práctica totalidad de la clase trabajadora costarricense rechaza su quehacer gubernativo, centrado éste en el empobrecimiento generalizado de las personas asalariadas, luego de la imposición del combo fiscal-Ley 9635. 

En sentido, resulta inconcebible e inaceptable que desde la parte sindical se avalen políticas de precarización salarial como las que representa este «acuerdo; haciéndose más que necesario denunciarlo y no guardar un silencio cómplice.

 En tal sentido es preciso que la clase trabajadora de este país comprenda que una organización del calibre de la ANEP sigue estando de su lado y que preferimos que la legitimidad que se nos otorgue es por nuestra consecuencia con los fundamentales principios de la lucha sindical y obrera. En tal sentido, marcamos la necesaria distancia del sindicalismo pro-oficialista y gobiernista.

 La ANEP, aparte de la denuncia indicada, está próxima a abrir un proceso en sede judicial con miras a una eventual nulidad de tal acuerdo espurio y, por supuesto, impulsaremos la movilización necesaria que permitan las condiciones actuales, para mostrar el gran rechazo y el enorme repudio de las bases laborales del sector Público a ese acuerdo entreguista.

La UCCAEP, en “desintegración”, fracasa su intentona de disolver a la ANEP

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La solidaridad internacional ha resultado fundamental para proteger a la ANEP

La actual Ministra de Trabajo de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Geannina Dinarte Romero, ha comunicado a la Internacional de Servicios Públicos (ISP), que dicha cartera de Gobierno rechazó la funesta intentona del otrora (hoy en proceso de desintegración), principal gremio empresarial del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), cuando éste acudió a dicha cartera ministerial pidiendo iniciar un proceso tendiente a la disolución-ilegalización de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Efectivamente, la ministra Dinarte envió una nota, oficio MTSS-DMT-OF-1603-2019, con fecha 25 de octubre de 2019, dirigida a Rosa Pavanelli,  así como a Jocelio Drummond, Secretaria General y Secretario Regional Interamericano, de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), respectivamente, entidad global de organizaciones laborales de los servicios públicos, con presencia-filiales en 163 países; indicándoles que ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de su anterior jerarca, Steven Núñez Rímola, había desestimado la perversa pretensión de la UCCAEP de su iniciativa de disolución de la ANEP, oficio MTSS-DMT-OF-947-2019, fechado 10 de julio de 2019.

En dicha comunicación el ahora exjerarca ministerial del MTSS, le indicó a Gonzalo Delgado Ramírez, Presidente de UCCAEP que el asunto por él planteado “…no se encuentra en la fase procesal adecuada para que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pueda accionar según lo solicitado”.  El indicado dirigente empresarial pretendió que esta entidad fuera más allá de lo que legalmente le es permitido, en contra -incluso-, de un fallo constitucional (resolución No. 71-1989) que le limita las competencias al Departamento de Organizaciones Sociales, como para impulsar semejantes medidas de corte autoritario-dictatorial.

El gran respaldo y reconocimiento de que goza la ANEP allende nuestras fronteras, posibilitó el despliegue de una campaña internacional de denuncia y de solidaridad como la ejecutada por la ISP, a la cual tuvo que dirigirse el Gobierno de Costa Rica vía el MTSS. Igualmente, ha resultado de impacto que el ataque a la ANEP haya sido del conocimiento de la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), la central sindical más grande y representativa de nuestro continente.

A nivel de la Unión Europea (UE), también, la situación de la ANEP está en constante monitoreo, mediando la vigilancia de la coalición cívico-social EUROBAN, entidad de sociedad civil europea que vela por el comercio justo y por la producción limpia, social y ambientalmente sostenible, de la piña y del banano costarricenses. En EUROBAN, están insertas entidades de renombre, en tal sentido, como BANANALINK y BANANA FAIR; así como uno de los sindicatos más representativos y grandes del Reino Unido: UNISON.

Ante el fracaso de la UCCAEP, entidad que parece estar “auto-desintegrándose”, la ANEP espera que la sensatez y la cordura imperen en el liderazgo empresarial de este gremio corporativo. El fracaso de la UCCAEP, también lo es el de la Cámara de Industrial y el de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria, cuyos jerarcas, Enrique Egloff y Maurizio Musmanni, pretendían lo mismo: ilegalizar a la ANEP. La discusión es de ideas y de planteamientos, con propuestas serias. La ANEP tiene un largo caminar al respecto.

Adjuntamos copia de los oficios ministeriales citados en el presente comunicado.

San José, miércoles 30 de octubre de 2019.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Disolución de La Anep-rechazo a Gestión de Uccaep-respuesta a Isp by EugenioGuerrero on Scribd

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos

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Luego de que ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE dieran a conocer el pasado 10 de octubre el informe de los Relatores Especiales de las Naciones Unidas (ONU), el cual calificó el proyecto de ley que busca regular las huelgas como incompatible con los tratados de Derechos Humanos para Costa Rica, muchos sectores pusieron en entredicho este pronunciamiento.

Ante este escenario, las organizaciones sindicales antes mencionadas, enviaron una nota cuestionando y solicitando una aclaración a la oficina del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica sobre el papel y el informe de los Relatores Especiales.

Conferencia de Prensa

En la respuesta del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, dirigida a la ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE, rectifican que el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Humanos.

“Sobre el planteamiento de su nota indico que de conformidad con las obligaciones internacionales que le corresponden al Estado de Costa Rica en materia de derechos humanos provenientes del derecho internacional incluyendo los tratados internacionales, los Estados tienen el deber de cumplir con dichas obligaciones. La Oficina de País que promueve el cumplimiento e implementación de estas obligaciones”, indica la carta OCR 029-2019, firmada por Alice Shackelford,  Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica

Respuesta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Asimismo, agregan que: “Los procedimientos especiales recogen un conjunto diverso de mecanismos que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos y prevenir violaciones relacionadas con temas o situaciones particulares o examinar la situación de países específicos”.

Y en consecuencia resaltan que “los Procedimientos Especiales constituyen un instrumento clave para asegurar el cumplimiento de los DDHH en los países y sus recomendaciones deben ser consideradas oportunamente por los Estados”.

Walter Quesada, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE consideran oportuna la aclaración del Sistema de Naciones Unidas de Costa Rica, ante el convulso escenario que vive el país, y a la vez, agradece la iniciativa de crear alianzas con los sindicatos y los diversos sectores del país para asegurar el cumplimiento de los Derechos Humanos (DDHH), como lo indica la misiva, en la que se solicita el interés de sostener una reunión con nuestras organizaciones lo antes posible, para discutir sobre los mecanismos y acciones para cumplir tales fines.   

Rafael Mora, Asesor Político ANEP

Aclarados esos puntos, no es justificable que actores políticos, empresarios y algunos medios de comunicación debiliten el mandato de los Procedimientos Especiales de la ONU.

Conferencia de Prensa

Carta del Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

ONU Costa Rica rectifica: el país debe cumplir con obligaciones internacionales en materia de Derechos Huma… by EugenioGuerrero on Scribd

Carta ANEP, UPINS, ASDEICE y SIICE al Sistema de Naciones Unidas Costa Rica

Respuesta a Onu- Costa Rica – Anep-Asdeice-siiice-upins (1) by EugenioGuerrero on Scribd

Informe de Relatores Especiales de la ONU

Proyecto de Ley para regula… by EugenioGuerrero on Scribd

“Costa Rica: Una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”

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  • “Más ajuste fiscal durante mucho tiempo»
  • 2020: La magnitud del ajuste es dolorísimo: ¡11 puntos PIB!
  • Rocío Aguilar Montoya (y lo que ella representa) ¡nos dejó peor!
  • La más grande unidad cívico-popular y patriótica es la única salida
  • La represión político-jurídica (ley anti-huelgas) no parará la autodefensa popular

“Más ajuste fiscal durante mucho tiempo” es la cruel sentencia que desde el imperio de los mercados neoliberales nos están dictando, condenándonos a mayores niveles de tormento social y económico para la clase trabajadora y, en general, para las grandes mayorías del pueblo costarricense.

Así lo afirmó el señor Fernando Losada, Director General de Análisis de la firma Oppenheimer & Co. (New York), en entrevista que le hiciera la periodista Gabriela Frías, de la sección de economía y finanzas, Portafolio Global, de la cadena de noticias CNN en Español.

(https://www.facebook.com/100000432309268/posts/2825920864098963?sfns=mo)

Este durísimo señalamiento, ¡no nos toma por sorpresa! Tenemos una enorme cantidad de tiempo planteando que la hegemonía político-ideológica impuesta por el mismo grupo económico-financiero implantado en la gestión macro-fiscal del país, a lo largo de las últimas administraciones gubernativas (PLN-PUSC-PAC), nos conduce al precipicio.

Espeluznante es el anuncio del citado especialista, ese tipo de “gurú neoliberal” de los mercados financieros globales (que tienen tanta influencia en los sectores banquero-financieros ticos), de que para el próximo año 2020, 11 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), serán consumidos por el déficit fiscal y por amortizaciones de deuda.  

¡TRES BILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE COLONES! (3.850.000.000.000), deberá cubrir el pueblo costarricense sacando plata de donde ya no tiene y/o de sus esquilmados bolsillos, para el año que ya se asoma.

¡Se fue Rocío Aguilar Montoya y la situación macro-fiscal y tributaria del país quedó peor de cuando la pusieron en ese cargo el grupo ideológico-político, económico-mediático dominante!

“Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, nos apunta, por su parte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), fuente nutriente de nuestras apreciaciones macrofiscales con perspectiva socio-sindical, inspiradas en el lema de tan prestigiosa entidad independiente: Por una Política Fiscal para la Democracia y el Desarrollo; entidad que es financiada por instituciones cooperantes de Suecia.

El ICEFI “manifestó su preocupación por el nivel de déficit fiscal planteado para 2020, que según el proyecto de presupuesto alcanzaría 7.8 % del PIB, por encima del 5.8 % estimado por ICEFI para el cierre de 2019”. ¡Nos llevan al precipicio!

La impagable, para nosotros, deuda pública es una candela de dinamita del más puro TNT: vamos hacia la fatídica cifra de 40 mil millones de dólares. Por eso el ICEFI afirma que la deuda pública tiene rasgos de insostenibilidad.

Para salva la Paz, la estabilidad política hoy sumamente frágil y la Democracia misma, Costa Rica ocupa, por una parte, la más grande gesta de Diálogo Social jamás emprendida antes de que el hundimiento sea irreversible.

Además, particularmente, se ocupa de una Transformación Tributaria Estructural. Actualmente, la carga tributaria es rígida, los resultados del combate a la evasión tributaria son muy pobres, la estructura tributaria no permite el combate a los flujos internacionales de capital (FIC), y la estructura tributaria es regresiva. Así caracteriza el ICEFI la disfuncionalidad impositiva que está calentando la olla de presión social.

Ahora que quienes nos han llevado al desastre económico-fiscal han decido incrementar la acción político-represiva, pretendiendo imponer la ley anti-huelgas, aunque ello implique desdeñar los compromisos obligantes para el país en materia de Derechos Humanos; en ANEP pensamos que se impone la más grande unidad cívico-popular y patriótica para enfrentar el autoritarismo en Democracia, de corte neoliberal, ya en desarrollo en estos momentos. Hacemos un humilde pero vehemente llamado en tal sentido.

¡La gente se va a defender! ¡El pueblo trabajador se defenderá!

Resolución de la Sala Constitucional sobre el Proyecto de Ley que regularía las huelgas, resultó ser un «alegrón de burro» para los enemigos del movimiento sindical

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  • La Sala Constitucional, a pesar de su línea ideológica, no tuvo más opción que reconocer que hay serios vicios de inconstitucionalidad y graves errores de procedimiento en la tramitación del proyecto.

La resolución de la Sala Constitucional es clara en reconocer que existe vicio de inconstitucionalidad en el artículo que pretendía la disolución de los sindicatos por la acción individual de los dirigentes y de sus afiliados; lo cual, en nuestro criterio, convierte el proyecto de ley en inconstitucional, toda vez que con solo uno de sus artículos que lo sea, ya el todo, lo es.

Por otro lado, y más grave aún, es el vicio de procedimiento que señala la Sala Constitucional en cuanto a que no se consultó este proyecto a la Corte Plena, dejando en indefensión a uno de los órganos fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho, el Poder Judicial.

Y esta omisión no es cosa menor, sino que resulta en un infranqueable requisito que, al no haberse cumplido, le impone una lápida al procedimiento de vía rápida con el que pretendieron aprobar, a golpe de tambor, este nefasto proyecto para la Democracia costarricense, la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos.

Este grave error de procedimiento, de no consultar a Corte Plena, según el criterio experto de constitucionalistas, impediría que se pueda pensar siquiera en “algún tipo de procedimiento rápido para subsanar” los vicios detectados por la Sala Constitucional; como manipuladoramente lo han hecho creer Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Presidente de la Asamblea; así como el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la legisladora Yorleny León Marchena, tanto como el propio Gobierno de la República, principales impulsores de este proyecto.

Decimos lo anterior porque el criterio experto en materia constitucional indica que este vicio, es uno de los vicios de procedimiento que genera nulidad absoluta. Esta clase de inconstitucionalidad (el no hacer la consulta a Corte Plena), sólo se puede arreglar retrotrayendo el proyecto hasta antes de que naciera dicho vicio. 

El tema es que al hacer la consulta a la Corte Plena sobre el proyecto de ley 21.049, ya no se le puede aplicar la vida rápida, por lo cual el procedimiento aplicable debe ser por la vía ordinaria.

Así las cosas, en nuestro criterio, el proyecto queda enterrado y tendría que presentarse uno nuevo, y como lo dijimos por la vía ordinaria, ya que debe ser consultado a Corte Plena. Por lo tanto, no cabría la vía rápida.

Todo lo anterior significa que Carlos Ricardo Benavides Jiménez y todos los que salieron a celebrar la resolución de la Sala Constitucional, se han llevado el más grande “alegrón de burro”.

Sin dejar de lado, que la Sala  Constitucional lo que está haciendo con esta resolución, a sabiendas de la inconstitucionalidad del proyecto y del grave vicio de procedimiento, es adelantar criterio sobre los temas que se plantean en el mismo;  dejando, además, con ello, a la Corte Plena con la cancha marcada en cuanto a cómo debe opinar  sobre los artículos que sí considero la Sala IV como constitucionales, con lo que se le hace un grave daño a la Democracia y deja de manifiesto una lucha de  poder al  interior del Poder Judicial.

En todo caso, la resolución de la Sala Constitucional habrá que estudiarla; pero, por ejemplo, resolver que la huelga se puede prohibir en toda la lista de servicios “esenciales” del proyecto, sin matizar que conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay servicios que admiten disminución de labores en lugar de suspensión plena, es una postura rígida inaceptable porque, además, con su resolución amplió el umbral de servicios esenciales determinados ya por los organismos internacionales.

Pero la discusión sobre el derecho humano a la protesta y a la manifestación, apenas comienza, pues hay un antes y un después del pronunciamiento de los relatores de Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en cuanto al proyecto que pretende regular las huelgas, puesto que ellos determinaron que existen una serie de violaciones al derecho a huelga y a los derechos humanos, los cuales fueron desconocidos por la Sala Constitucional, inexplicablemente.

Tal situación nos obliga a seguir accionando y denunciando a nivel internacional para que se aplique lo que correctamente indicaron los relatores, lo cual, le guste o no a los enemigos de las organizaciones sindicales, debe ser de acatamiento obligatorio por parte del Estado Costarricense que firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como con otros instrumentos internacionales y principios de Derechos Humanos establecidos.