Manifiesto de la ANEP ante las Elecciones Municipales Nacionales

– A la comunidad laboral municipal de Costa Rica, a las comunidades cantonales del país

– Seguridad laboral, justicia social, autonomía municipal y sindicalismo ciudadano

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con la autoridad que nos da ser la organización laboral-sindical de más amplia trayectoria en el sector municipal costarricense, así como de tener el inmenso honor de representar y de defender los intereses económico-sociales y reivindicativo-laborales de la mayoría del personal municipal del país; ante las elecciones municipales nacionales del próximo domingo 2 de febrero de 2020, manifiesta:

PRIMERO: Hacer un vehemente llamado a cada persona trabajadora asalariada municipal para que se haga presente en la urna electoral correspondiente y ejerza, con vocación cívica y con alto espíritu crítico, el sagrado derecho al sufragio. Creemos que el poder del voto se debe ejercer de manera contundente y que no es responsable quedarse en la casa y abstenerse de votar.

SEGUNDO: El voto es un acto individualísimo, secreto y producto del ejercicio de un Derecho Humano fundamental: la elección del gobernante, en este caso, para el gobierno local. ANEP, que es independiente de toda agrupación política local, provincial y/o nacional, respeta, profundamente, la decisión personal de cada persona ciudadana votante municipal. Sin embargo, en cuanto integrantes de la clase trabajadora costarricense, la familia municipal laboral no puede dejar de considerar la agresión de que ha sido víctima en los últimos tiempos por parte de varias colectividades partidarias que le han quitado conquistas y derechos a la familia laboral municipal, al haber esos partidos renegado de sus principios filosóficos, especialmente los socialdemócratas y humanistas, traicionando el ideal obrero y los fundamentos que una vez animaron la formación de esos determinados partidos políticos.

TERCERO: El sagrado tesoro cívico que es el voto debe serle otorgado a aquellas personas candidatas de limpia trayectoria de servicio público, sin que pese sobre ella cuestionamientos fundamentados que podrían empañar o ya han empañado esa trayectoria; personas candidatas que por su capacidad demostrada logren un equilibrio armónico entre la aspiración de la comunidad por una mejora integral de sus condiciones de vida en el nivel local, la preservación de un clima de paz laboral a través del pleno respeto a la legislación obrera y el fomento real del Diálogo Social con el personal municipal; un sano y transparente manejo de los dineros institucionales como recursos públicos que son; un desvelo por la preservación del patrimonio ambiental-ecológico; así como una disposición permanente para tolerar el auscultamiento cívico de la ciudadanía electora y rendir cuentas en todo momento.

CUARTO: Independientemente de la persona que logre ganar la alcaldía, de las personas que logren escaños en cada uno de los 82 concejos municipales, en las regidurías y en las sindicaturas, y en otros puestos sometidos a esta elección; a partir del 3 de febrero la familia laboral municipal debe cerrar filas superando sus simpatías electorales circunstanciales, para consolidar la organización sindical que le defienda y le preserve sus derechos laborales, económicos y sociales; en un entorno totalmente adverso para quienes laboran en la función pública y en momentos históricos tan delicados como las actuales, pues son tiempos de democracia autoritaria y de flagrantes violaciones a y eliminación abusiva e inconstitucional de derechos adquiridos, situaciones jurídicas consolidadas y Derechos Humanos, como el de la Huelga.

QUINTO:  A cada persona trabajadora municipal asociada a la ANEP, le garantizamos nuestro más férreo compromiso de estar de su lado ante los nuevos desafíos que implica su defensa laboral luego de un proceso electoral en el cual las pasiones y los cacicazgos, en no pocas ocasiones, pueden poner en peligro la estabilidad laboral por discrepancias de simpatías electoreras. Casi 62 años de historia dentro del sistema jurídico costarricense como leal organización pro-obrera, certifican la capacidad de la ANEP en este sensible ámbito de la defensa laboral, así como la más grande lealtad en pensamiento obrero-municipal sobradamente demostrado. Y a quien todavía no esté sindicalizado o sindicalizada en ANEP, le instamos para que lo haga, para que se prevenga y se dé su propia seguridad laboral-social estando en nuestras filas.

SEXTO: Es criterio de la ANEP que el Régimen Municipal costarricense está viviendo los tiempos más difíciles de su historia institucional republicana, al menos, desde la promulgación de la Constitución Política actualmente vigente, misma que entró a regir el 7 de noviembre de 1949. 69 años después, el 4 de diciembre de 2018, con la aprobación-imposición de la mal llamada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, conocida como el combo fiscal, la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal fue violentada, fue mancillada y así, de facto, por medio una cuestionada ley ordinaria, se derogó esa autonomía constitucional. Desde un principio la ANEP lo alertó, con motivo del histórico movimiento sindical-social de la Huelga Cívica de tres meses de duración, en el año 2018. Sin embargo, hasta que entró en vigencia la indicada y detestada ley, toda la comunidad laboral, incluidas sus actuales y salientes autoridades, tomó plena conciencia de tal circunstancia adversa para las municipalidades costarricenses.

SÉTIMO: Al respecto de esa nefasta Ley 9635, es importante anotar que, desde el 22 de marzo de 2019, la ANEP presentó una Acción de Inconstitucionalidad en favor de la protección de todos los derechos sociales, laborales y económico-salariales de todas las personas trabajadoras asalariadas municipales de Costa Rica; invocando diversos preceptos constitucionales y de jurisprudencia constitucional y ordinaria, como lo son el principio de irretroactividad de la ley, así como el que las abusivas disposiciones contra la persona trabajadora que contiene tal legislación nunca debieron afectar a quienes entraron a trabajar al sector público o a una municipalidad en fecha anterior al 4 de diciembre de 2018. Es decir, la ley debió regir para quien ingresó a la función pública del 5 de diciembre de 2018 en adelante (aunque esto también es cuestionable). La Sala IV todavía tiene en análisis la acción de inconstitucionalidad presentada por ANEP pues no fue rechazada ad portas.

OCTAVO: En tal sentido, a partir del 2 de febrero y con la claridad de los resultados electorales definitivos, la ANEP espera de las nuevas autoridades municipales y/o de las reelectas, una sana voluntad política para que aglutinemos a toda la comunidad institucional, a fin de relanzar la lucha por la recuperación estratégica de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal. Por un lado, para que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dé la razón a varias acciones de constitucionalidad presentadas por autoridades salientes a favor de la recuperación de tal autonomía; y/o, el actual parlamento dé aprobación definitiva a los expedientes legislativos números 21.430 y 21.494 (el primero de ellos presentado con diverso apoyo diputadil mediando iniciativa de la ANEP), que buscan lo mismo. Aquí la lógica es que si una ley ordinaria, como la 9635, les quitó ilegalmente la Autonomía Constitucional a las municipalidades, otra ley ordinaria (como los indicados proyectos), se la puede retornar.

NOVENO: Adicionalmente, tengamos presente que la ANEP ha levantado la bandera para la preservación institucional de la estructura institucional bifronte que caracteriza al régimen municipal, por lo cual es preciso impedir la aprobación del expediente legislativo no. 20.968; mismo que variará el artículo 155 del Código Municipal; afectando, peligrosamente, el equilibrio de poder en el seno de la vida institucional de las municipalidades (concejo-alcaldía), para darle todo el poder a la figura política que se siente en la silla de la Alcaldía Municipal y, por ende, facilitando el proceso de despido abusivo y sustentado en retorcidas maniobras de “reestructuración” que, no solamente acabarían con la estabilidad institucional, sino que facilitaría profundizar la tercerización y privatización de toda clase de servicios públicos municipales.

DÉCIMO: ANEP agradece, de manera muy sincera a cada compañero y a cada compañera que integrando las diferentes directivas de las Seccionales Municipales de la ANEP, y/o fungiendo como personas Delegadas Sindicales, han levantado las banderas de la lucha social y laboral en las diferentes municipalidades del país con presencia anepista; no solamente para la defensa de su respectiva comunidad laboral, sino en defensa activa del Régimen Municipal, especialmente cuando éste ha sido atacado como lo es en los actuales momentos de democracia autoritaria en Costa Rica. ANEP reconoce su lealtad a los principios y valores que defendemos, su apego irrestricto a la defensa de los derechos laborales y sociales conquistados en las luchas y por las más diversas formas; su preferencia por sindicalizarse y ejercer la Libertad Sindical bajo las banderas de ANEP. Igualmente, agradecemos la confianza que nos han depositado en todos estos años, todas las personas trabajadoras municipales actualmente asociadas a la ANEP.

ONCEAVO: A cada comunidad de los 82 cantones de nuestro país, a cada agrupación cívico-social que en ellos actúe, la ANEP se pone a su disposición para colaborar, en la medida de nuestras posibilidades, a apoyar, a canalizar, a estimular todas aquellas acciones ciudadanas que tiendan al desarrollo democrático y social de los cantones, al imperio de la transparencia en la gestión municipal, al fomento del diálogo fructífero comunidad-organización sindical; en fin, a la consolidación del cuerpo municipal como el gobierno más cercano a la gente, así como a la defensa de su autonomía constitucional junto con la gente a la cual se debe ese gobierno local y su personal organizado en ANEP. ANEP, con su concepción de Sindicalismo Ciudadano, se abre a cada comunidad cantonal en este nuevo ejercicio constitucional que tendrá lugar el próximo domingo 2 de febrero y que culminará con la ascensión de las nuevas autoridades político-municipales el próximo 1 de mayo de 2020.

San José, lunes 27 de enero de 2020.


Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Solidaridad de la ANEP con el pueblo trabajador de Chile

La Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), visitó esta tarde la sede de la embajada de la República de Chile, ubicada en nuestro país, para solicitar al Gobierno chileno cesar la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra su pueblo, ya que está situación recuerda, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Compartimos la carta presentada por la ANEP ante la Embajada de la República de Chile

San José, 6 de noviembre de 2019.

S.G. 17-21-1688-19

Señor

Oscar Alcaman Riffo

Embajador de Chile en Costa Rica

Presente:

¡El Movimiento Sindical y Social quiere respuestas!

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos – ISP, organización global que representa a 20 millones de trabajadores/as públicos/as en el mundo y que en Chile aglutina a las Federaciones y Confederaciones del sector Público más importantes como ANEF, ANEJUD, AJUNJI, ASEMUCH, AFIICH, ANEIICH, CONFUSAM. CONFEMUCH, FENPRUSS, y del sector privado como FENATRAOS; viene por medio de la presente, a solicitar que el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera cese la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra el pueblo de Chile, que sin duda nos recuerdan, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.

Por otro lado, sabemos que la actual Crisis Social que desde el 18 de octubre ha tenido al pueblo chileno bajo el lema “Chile despertó” en las calles de Arica a Punta Arenas, es la expresión espontánea que sintetiza las diversas demandas del país por acabar con un sistema que oprime y abusa sistemáticamente contra derechos humanos como el agua, la salud, la educación, la seguridad social y que la actual Constitución no contempla. Al contrario, ha permitido que se privaticen y mercantilicen durante más de 40 años.

El movimiento sindical y social en Chile viene denunciando hace décadas esta situación, y en estas casi dos semanas se ha sumado como actor a la principal demanda de la gente “una nueva Constitución” y ha planteado -al alero de “Unidad Social” que congrega a más de 200 organizaciones sindicales, sociales y estudiantiles-, un pliego con 10 demandas  laborales y sociales, y que no se continúe con la tramitación de los proyectos de Ley que van en contra de los derechos del pueblo, incluido el llamado a no ratificar por parte del Senado el TPP 11.

En tal sentido, creemos fundamental, avanzar hacia un cambio de la Constitución Política, cambio que necesariamente debe ser efectuado mediante una Asamblea Constituyente que ha comenzado con los cabildos que se están realizando desde el 24 de octubre autónomamente del poder y que en forma deliberativa debaten sobre el país que quieren tener.

Sectores Agrario y Rural presentarán pliego de peticiones al Gobierno ante crisis

Se concentrarán este lunes en la sede central del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

Los sectores Agrario y Rural, integrantes del Encuentro Social Multisectorial (ESM), se concentrarán este lunes 27 de enero en la sede central del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con la intención de presentar un pliego de peticiones al Gobierno de la República, ante la crisis que encara el sector.

El pliego de peticiones, que también será entregado al Ministro del MAG, Renato Alvarado, consta de 8 puntos, en los cuales en su mayoría se solicita la aprobación de proyectos de ley que vendrían a dar un respiro a estos sectores.

Dentro de la misiva, los integrantes del Encuentro Social Multisectorial, también catalogan de “resultados nulos” las mesas de diálogo establecidas con el Gobierno desde agosto anterior.

“El mes de agosto, el Señor Presidente de la República oficializó el diálogo con los sectores que conformamos el Encuentro Social Multisectorial.  Se establecieron mesas y espacios de trabajo, mismas que debían durar un período de hasta 3 meses para dar frutos positivos.  Pese a los esfuerzos realizados en el tiempo trascurrido de aquel agosto a hasta la fecha, los resultados han sido NULOS. El Gobierno ha negado  toda solución positiva  que ayude  a resolver los distintos problemas  que fueron  planteados  en las mesas de diálogo de asuntos agropecuarios y de ruralidad”, indica el documento.

Según Ulises Blanco, representante del ESM, esta situación llevo a la decisión de concentrarse el día de hoy en las instalaciones del MAG, como una primera medida de presión, para ser escuchados por el Gobierno y el Ministro de la cartera.

Ulises Blanco sobre peticiones

Compartimos el pliego de peticiones

ENCUENTRO  SOCIAL MULTISECTORIAL

SECTORES/AGRARIO Y RURAL

SAN  JOSÉ 27/01/20

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

El mes de agosto, el Señor Presidente de la república oficializó el diálogo con los sectores que conformamos el Encuentro Social Multisectorial.  Se establecieron mesas y espacios de trabajo, mismas que debían durar un período de hasta 3 meses para dar frutos positivos.  Pese a los esfuerzos realizados en el tiempo trascurrido de aquel agosto a hasta la fecha, los resultados han sido NULOS. El Gobierno  ha negado  toda solución positiva  que ayude  a resolver los distintos problemas  que fueron  planteados  en las mesas de diálogo de ASUNTOS  AGROPECUARIOS y de RURALIDAD;  por lo tanto,  los aquí presentes,  hacemos  formal  protesta por la lentitud y negativa del  gobierno para  resolver los  problemas que afectan  a los habitantes de las zonas rurales  de nuestro país y aseguramos,  no volver a nuestras fincas,  parcelas o casas,  hasta que el GOBIERNO  defina,  en documento debidamente firmado y con tiempos bien definidos que sean aceptables para nosotros,  el  cumplimiento  de los siguientes  acuerdos:

  1. Convocar el proyecto de ley DE RECATE, RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO, AGROALIMENTARIO Y FORESTAL. Borrador que ha estado en discusión desde hace meses, cuyo texto final se le envió a Casa Presidencial.
  2. Otorgar el pago diferenciado de servicios ambientales, por un área de diez mil hectáreas en las zonas que han sido predeterminadas en la mesa de Ruralidad.
  3. Retirar de corriente Legislativa todos los proyectos que atenten contra la estabilidad de la producción agroalimentaria y las instituciones que las tutelan. Asegurarnos, por escrito que no serán convocados nuevamente.
  4. Convocar el proyecto de fortalecimiento al PAI, por medio del CNP, que se negoció en la mesa de asuntos Agropecuarios.
  5. Convocar al proyecto de LEY PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA Y EL USO DEL SUELO EN COSTA RICA.  Presentado al Gobierno en la mesa de Ruralidad.
  6. Instalar la comisión bipartita, que redactará el proyecto de reformas de ley para garantizar la solución adecuada a los conflictos en precario, acordado en mesa de Ruralidad.
  7. 7.)    Reorganizar el diálogo para, encontrar los concesos adecuados y hacerle los ajustes necesarios al proyecto de Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutricional
  8. Reorganizar el Diálogo para iniciar un proceso de revisión y ajuste a los TLCs y su adecuada administración.

ENCUENTRO SOCIA MULTISECTORIAL.    SECTOR RURAL Y AGROALIMENTARIO

Ulises Blanco, Secretario Técnico.

ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE se reunieron con representantes de la ONU en la región

Los representantes de Naciones Unidas de la región, aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación por diversos sectores en Costa Rica del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.

La ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE se reunieron este miércoles 6 de noviembre, con la representante del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, Alice Shackelford, para conversar sobre el pronunciamiento de los Relatores Especiales de la ONU sobre el proyecto de ley anti huelgas que se discute en la Asamblea Legislativa.

En la reunión que se extendió por 2 horas, también participaron vía virtual desde Panamá, la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Marlene Alejos y la oficial de Derechos Humanos, Sara Nuero.

Durante la reunión, los representantes sindicales explicaron a los representantes de Naciones Unidas la clara afectación a los Derechos Humanos que contiene el proyecto de ley N21.049, denominado proyecto anti huelgas y el claro ataque anti-sindical desde diversos frentes.

Además, describieron el desconocimiento que se tiene en el país y en los tres poderes del Estado, sobre el papel de los Relatores Especiales de la ONU, del sistema de Derechos Humanos, así como los compromisos y acuerdos suscritos por Costa Rica en esta materia.

Otra de las solicitudes por parte de ANEP, ASDEICE, UPINS Y SIICE es la aclaración por parte del Sistema de Naciones Unidas sobre el pronunciamiento y el papel que desempeñan los Relatores Especiales, ya que estos últimos fueron completamente desacreditados por diversos sectores.

Declaraciones de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Ante este escenario, los representantes sindicales solicitaron con urgencia la coordinación de una capacitación sobre Procedimientos Especiales de Naciones Unidas (Relatorías, OLs, Cartas de Alegaciones, etc.), como una preocupación para que el debate sobre el papel y mandato de esos órganos no sea tergiversado, disminuido o ignorado.

Por su parte, los representantes de Naciones Unidas de la región aceptaron que hubo un errado pronunciamiento e interpretación, por diversos sectores en Costa Rica, del papel de los Relatores Especiales de la ONU, desacreditando su análisis sobre el proyecto de ley en discusión, por lo que resaltaron su interés y la importancia de corregir esa interpretación lo más pronto posible.

Además, coincidieron con la representación sindical de la importancia y urgencia de realizar una capacitación en conjunto, con sindicatos, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y otros actores, para concientizar sobre los mecanismos y procedimientos especiales de Naciones Unidas

Otro de los factores de suma importancia para la representante para América Latina de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es revalidar y dejar en claro la posición de que los sindicalistas son defensores de derechos humanos.

«ANEP, ASDEICE, UPINS y SIICE desean extender una mano a la Oficina ONU Costa Rica para caminar junto a otros sectores y actores de la sociedad en el mejor entendimiento y sentido práctico del papel de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas. Que no perdamos el mensaje de esos expertos y expertas de Naciones Unidas y que hoy, más que nunca, cerremos filas por construir un diálogo social constructivo», manifestó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Declaraciones de César López Davila, ASDEICE

Tanto ANEP, como ASDEICE, UPINS y SIICE entienden su papel de reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero también entiende que sus dirigentes, ahora catalogados también como defensores de derechos humanos, tienen una responsabilidad social que cumplir y la mejor manera de hacerlos cuando ya los causes nacionales parecen agotarse, es utilizar la institucionalidad internacional.

ANEP apoya proyecto de ley N20.861 contra intereses de usura

La Asociación Nacional de Empledos Públicos y Privados (ANEP) se reunió con el diputado David Hubert Gourzong Cerdas para mostrar el respaldo al proyecto de ley contra los intereses de usura.

No más intereses de usura, 6.57 puntos del PIB se le saca al año a la gente

Esto representa 2 billones 300 mil millones de colones

Los intereses de usura que se cobran en tarjetas de crédito, en la compra de electrodomésticos, en intereses de préstamos bancarios, créditos personales, casas de empeño y similares, representan uno de los más fuertes desencadenantes del proceso de desigualdad que sufre la sociedad costarricense.

Intereses de usura
TiempoMonto
Por minuto4 millones 436 mil colones
Por hora266 millones 203 mil colones
Por día6 mil 389 millones de colones
Cada mes191 mil 667 millones de colones
Por año2 billones 300 mil millones de colones

El insistente reclamo obrero por una fuerte regulación en tal sentido, es una consigna sindical muy vehemente levantada hace bastante tiempo; al punto de que fue un emplazamiento directo de nuestra parte, con ocasión de la pasada campaña electoral presidencial, a los dos candidatos presidenciales (Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado), quienes afirmaron, en ese entonces, estar de acuerdo en proceder al respecto.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como en el seno del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA vemos con buenos ojos que se esté anunciando la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 20.561.

Según datos en manos de los diputados promotores de esta iniciativa, el interés promedio en los almacenes que venden a crédito electrodomésticos, es del 60 % y este tipo de consorcios megaempresariales, altamente concentrados en cuanto a su propiedad, se estarían ganando unos 883 mil millones de colones anuales en este tipo de intereses de usura; es decir, 2.52 puntos PIB. ¡Ganancias extraordinariamente abusivas! Nos preguntamos: ¿y cómo han sido sus declaraciones de impuestos?

La corriente sindical que representamos someterá a un exhaustivo análisis esta relevante iniciativa, de forma tal que la misma no represente “un alegrón de burro”, pues como dice el sabio refrán popular, “el diablo está en los detalles”.

Es más que evidente la naturaleza del poderío económico de estas entidades acreedoras bancarias y de los grandes consorcios empresariales detrás del negocio de los créditos a la gente.

Por tanto, se hace más que necesario que las entidades sindicales y civiles, le sigan la pista a la tramitación de esta iniciativa de ley, prácticamente, a diario, sin dejar de pronunciarse apoyando que este proyecto sea ley lo más rápidamente posible.

Tribunal Contencioso declara inadmisible denuncia contra Guardaparques por decomiso de madera ilegal

-Unidad Asesoría Jurídica de la ANEP asumió la defensa de los Guardaparques

El Tribunal Contencioso Administrativo dejó sin lugar la denuncia que se interpuso contra cuatro Guardaparques y el Estado, la cual buscaba pedido de daños y perjuicios consistentes en suma de dinero por el decomiso de madera, que en apariencia habría sido talada de forma ilegal en las inmediaciones del Área de Conservación Tempisque.

Los hechos se remontan al año 2007, cuando los guarda parques realizaron una inspección de rutina en la finca de un sujeto de apellidos Zúñiga Morales, quien habría solicitado el permiso para la tala de algunos árboles. Al realizar la inspección los guarda parques se percataron de que se había cortado un árbol de más a lo permitido por el Área de Conservación Tempisque, por lo que dispusieron realizar el decomiso de toda la madera.

Según indica el expediente N13-007631-1027-CA , Posterior al decomiso los guarda parques, siguiendo el procedimiento y lo estipulado por la ley interpusieron la denuncia ante la fiscalía de Nicoya, dejando a la orden de esta la madera decomisada. Ésta última nunca fue puesta en custodia ni trasladada por la Fiscalía, permaneciendo en el Área de Conservación Tempisque.

Posteriormente el caso contra Zúñiga Morales prescribió en junio del 2012, por lo que no se pudo comprobar la culpabilidad del denunciado, quien por consiguiente demando a los Guardaparques aduciendo “que le causaron daños y perjuicios con su actuación administrativa ilegal y negligente al decomisarle la madera arbitrariamente y haberla mantenido bajo su custodia en total estado de abandono por espacio de cuatro años, lo que ocasionó que la misma se destruyera en su totalidad”.     

Sin embargo, para el Tribunal Contencioso Administrativo los guarda parques actuaron “conforme lo indica el artículo 54 de la Ley Forestal, los funcionarios denunciantes y aquí demandados, cumpliendo su deber legal, procediendo a emitir el “informe de policial” correspondiente, sea la denuncia y en ésta dejaron a la orden de la Fiscalía de Nicoya la madera decomisada, por lo que, a criterio de este Tribunal, una vez trasladado el asunto a la jurisdicción penal, en este caso a la Fiscalía de Nicoya, los bienes decomisados, quedaron precisamente a la orden de aquella autoridad, quien debía, como corresponde, a partir de ese momento tomar las disposiciones que fueran pertinentes respecto de los bienes decomisados”.   

Ante este escenario, el Tribunal Contencioso Administrativo acogió la Falta de Legitimación Pasiva, declarando inadmisible la demanda de Zúñiga Morales contra las Guardaparques.

El caso fue llevado por la abogada Rosa Rivera Bejarano, integrante de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP.             

UCCAEP atiza la hoguera de la polarización

Culpar a las huelgas del desastre económico en desarrollo es presión indebida e insana contra la sala Constitucional.

UCCAEP está co-gobernando y es co-partícipe del deterioro del clima de negocios y de que no haya reactivación económica

De manera enfática, con total vehemencia, rechazamos por falaz, por manipuladora y por infame la perversa afirmación formulada por el más connotado sindicato patronal del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), en cuanto a que las huelgas sean las culpables de una presunta pérdida de confianza del clima de negocios en país y de que habría, por tanto, “cierre” de empresas.

Tal afirmación no se sostiene pues la UCCAEP es co-partícipe de la gestión política fundamental que ejerce el gobierno de Carlos Alvarado Quesada; y, además, como nunca antes había sucedido en los últimos tiempos, tiene una amplia mayoría parlamentaria que atiende, con prontitud, sus directrices.

La carencia de una fuerte, consistente, integral e integradora política de reactivación económica pasa, directamente, por la voluntad de la UCCAEP; en cuyas filas milita mucho del alto corporativismo            empresarial beneficiado con jugosas amnistías tributarias, precisamente otorgadas en favor de sus socios, dada su alta incidencia en la política pública del actual momento histórico del país.

UCCAEP es uno de los principales impulsores políticos de la ya fracasada legislación del combo fiscal, Ley 9635, mal llamada de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual ha dejado cientos y cientos de micro-pequeños y medianos empresarios en la ruina y ha generado, según decir de ellos mismos, unos 30 mil empleos perdidos en el comercio. Sería sano para el país y para la Democracia, una autocrítica de UCCAEP al respecto.

UCCAEP está atizando la hoguera de la confrontación, lo cual incrementa la ya alta polarización en desarrollo, de la cual no puede eludir su responsabilidad directa.

UCCAEP ha estado cohonestando, apoyando explícitamente, la perversa campaña mediática del periodismo de odio desplegada en los últimos tiempos contra miles de familias trabajadoras asalariadas del sector Público; sumándose a la más grande operación de guerra psicológica y de terrorismo ideológico jamás desplegada contra el mundo obrero costarricense.

UCCAEP, con ese insano criterio, además, está ejerciendo presiones indebidas contra la alta magistratura constitucional del país, la cual tiene en estudio si será constitucional o no, la legislación aprobada en primer debate (Expediente Legislativo No. 21.049, popularmente conocida como “ley mordaza”), que eliminaría el Derecho Constitucional de Huelga en Costa Rica, produciéndole un daño serio a la imagen internacional del país en materia de Derechos Humanos, amén de generar una involución- retroceso de 70 años en el desarrollo del derecho laboral costarricense.

Es el Diálogo Social realmente transparente, sustanciosamente efectivo y políticamente integral lo que el país necesita en estos momentos para que tengamos paz; paz que no merece seguirse alterando con pronunciamientos de odio y con gestiones de exterminio contra el que piensa diferente.

San José, jueves 19 de setiembre de 2019.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Juicio contra Autopistas del Sol y el Estado para anular concesión de Ruta 27 inicia este 23 de enero

-Demanda fue interpuesta en el 2012 por vecinos y dos asociaciones

Luego de ocho largos años de espera, el próximo 23 de enero a las 9:00 a.m. vecinos de Ciudad Colón y Santa Ana, junto a la Asociación Rescate de Valores Patrióticos y la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), iniciarán el juicio contra el Estado y la empresa Autopistas del Sol, en busca de anular la concesión de la Ruta 27 (San José – Caldera).

La denuncia interpuesta desde el 26 de junio del 2012, se tramita en el Tribunal Contencioso Administrativo bajo el expediente 12-003415-1027-CA, y figuran como demandados el Estado, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Contraloría General de la República (CGR), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), así como la concesionaria Autopistas del Sol.

Roxiris Vargas, vecina de Santa Ana e integrante de la Asociación Rescate de Valores Patrióticos, se mostró muy esperanzada de que este proceso por fin llegue a su etapa final. 

“Al fin después de ocho años podremos conocer el desenlace de esta lucha, y de una concesión que fue concebida desde un principio con una serie de irregularidades.   El Estado ha fallado con la fiscalización de esta obra y ha sido muy complaciente con la concesionaria, afectando al pueblo costarricense”, manifestó Vargas. 

Cuestionamientos y fallas

Dentro de los principales cuestionamientos que realizan los demandantes se encuentran la inseguridad que representa para los usuarios la ruta en general, el cobro de tarifas onerosas a base de convenios y adendas, lo que ha provocado, según estos el aumento de los costos que se le debe de reconocer a la concesionaria.

“Desde su génesis nunca se debió otorgar esta concesión, ya que el concesionario inicial Cartellone-Acosol no cumplía los requisitos, nunca debió traspasarse la concesión a Autopistas del Sol sin haber iniciado las obras. A esto se une que las tasas de descuento se incrementaron beneficiando a la concesionaria. De seguir con esta metodología el país terminará pagando más de 1.500 millones de dólares”, indicó Bernal Gamboa Mora, representante legal de los demandantes.

En el tema tarifario, critican que la Aresep no ha realizado una valoración adecuada para que la tarifa sea al costo, si no que la incrementaron un 30% “para que fuera atractiva a los inversionistas y esto creemos que también es ilegal”.

Con respecto a las obras desarrolladas en lo largo de la Ruta 27, aseguran que la carretera no cumple con el parámetro en la calidad del asfalto, ya que inicialmente el segmento Ciudad Colón-Orotina se construiría con concreto hidráulico, pero se colocó concreto asfáltico. Situaciones similares se presentan con otras obras, como con los taludes que van desde el kilómetro 30 al 46, que no se construyeron en terrazas como estaba contemplado en el inicio de la obra.

Declaraciones de Bernal Gamboa

“Existen obras como el paso peatonal de Fórum que se eliminó del primer balance económico y se incorporó en el segundo balance, pero al doble de precio. Además, obras pendientes como los sistemas de pesaje automático, las áreas especiales de servicio, faltante de aceras, intercambios sin las especificaciones adecuadas, así como la reducción en los diámetros de las alcantarillas; provocando que la carretera se inunde en algunos tramos”, detalló Gamboa.

Para el representante legal y los demandantes es completamente “contradictorio o complicidad” de que, con estas fallas e incumplimientos por parte de la concesionaria, el Estado no accionará los mecanismos de sanción correspondientes, por lo que aportarán testigos expertos en temas de infraestructura vial para demostrar todas las falencias detectadas.

“Este juicio será bastante técnico por lo que aportaremos un ingeniero civil belga, dos funcionarios del Lanamme, así como al economista y quien fue el Gerente de Proyecto de la concesión, Stephan Brunner, este último para comprobar los fallos en el cálculo de tarifas”, manifestó Gamboa.

Petición de los demandantes

Ante esta serie de irregularidades solicitan al Tribunal Contencioso Administrativo, la imposición de las multas por los incumplimientos del concesionario en la construcción de las obras y mantenimiento.

Además, ante los graves incumplimientos, piden que los jueces valoren si amerita resolver (eliminar) la concesión. Adicionalmente si no se puede resolver la concesión, que se valore la nulidad de: los balances económicos (actualmente tres), adendas del contrato (actualmente cuatro) y el cartel de licitación.