La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Colectivo Sindical Patria Justa comparecieron ante la Comisión Especial Dictaminadora para estudiar el derecho a huelga donde externaron su malestar y rechazo absoluto del proyecto de ley Expediente N.° 21.049, al considerarlo un revanchismo político, luego del amplio apoyo de la huelga nacional contra el combo fiscal.
Categoría: Incidencia
Sala Constitucional acoge recurso de amparo de ANEP contra Ministerio de Hacienda
La Sala Constitucional acogió la petición de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante recurso de amparo, con el cual se pretende que el Ministerio de Hacienda suministre el nombre de las 96 empresas a a las que se les inició el cobro y el monto que cada una debe pagar.
El pasado 5 de diciembre del 2018, el Ministerio de Hacienda realizó una conferencia de prensa en donde se informó sobre la lista de empresas que habían reportado cero ganancias o utilidades en los últimos 10 años. Además, indicó que había 96 empresas a las cuales la Dirección de General de Tributación realizó el cobro de ¢560.000 millones, sin dar más detalles.
Para nuestra organización sindical es de suma importancia la transparencia en el tema de evasión, elusión y cobro de impuestos. Por eso mediante Oficio DGT-1905-2018 del 19 de diciembre de 2018, el Director General de Tributación contestó de manera negativa, indicando como fundamento que la información solicitada es confidencial en su totalidad.
“(…) se encuentra impedida de proporcionar la información requerida pues esta reviste el carácter de confidencial, siendo que nuestros funcionarios están impedidos de divulgar en forma alguna la cuantía u origen de las rentas así como ningún otro dato que figure en las declaraciones de los contribuyentes, por ello, revelar el nombre de las empresas que han tenido utilidad cero o pérdida en el impuesto de utilidades, violenta el sigilo profesional y vulneraría la confidencialidad que ostentan las declaraciones juradas presentadas por los obligados, siendo que la información perseguida se fundamenta en éstas últimas.”, indica el documento.
A la ANEP le queda claro que la información específica de cada declaración de renta que realizan las empresas son confidenciales. Sin embargo, el recurso o la solicitud está direccionada solamente a que la administración tributaria suministre los nombres de las 96 empresas en las que se ha determinado diferencias en la declaración sobre el impuesto de la renta.
En el recurso de amparo, la ANEP destaca el voto 2018-18694 de la Sala Constitucional, en el cual Magistrado Castillo Víquez, considera que “resultan plenamente aplicables para el caso de los impuestos, pues no cabe duda que la evasión fiscal, el no pago oportuno de los impuestos y otras prácticas indebidas desde el punto de vista ético y jurídico, socavan las bases del Estado social de Derecho, toda vez que con ello se impide que la Administración Pública financian con ingresos corrientes los gastos corrientes que conlleva la prestación servicios públicos de calidad; además, contribuye a agravar la situación fiscal del gobierno central. Por consiguiente, todo lo relativo al nombre de los contribuyentes y los responsables, al monto que pagan por concepto de tributos, así como a su morosidad, es asunto que tiene un marco interés público y constituye información pública; información que en manos de los ciudadanos constituye una importante herramienta para el ejercicio de la democracia participativa en una materia que afecta a todo el colectivo social”.
ANEP pide celeridad en investigación por supuesto mal manejo de fondos en el Teatro Nacional
- La organización sindical presentó una denuncia penal por la administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicita al Ministerio Público celeridad ante la denuncia penal presentada para que se investigue la supuesta mala administración de ¢1500 millones en el Teatro Nacional.
“Lo que nos interesa sobremanera, como ANEP, es que el Ministerio Público en cuyas manos dejamos una fuerte denuncia por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el Teatro Nacional intervenga con celeridad y así evitar cualquier traspié que pueda (de alguna manera) enturbiar la investigación”, explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
De acuerdo con el documento, una de las actuaciones más graves por parte de la administración son los pagos abusivos en consultorías jurídicas a profesionales en Derecho, así como el abuso en las contrataciones “outsourcing”.
En el caso de la contratación de servicios vía “outsourcing”, se creó una licitación (2015LN-000111-03300) bajo la modalidad de entrega según demanda.
Sin embargo, dichas contrataciones las han hecho para funciones permanentes las cuales pueden ser realizadas por los mismos trabajadores públicos. Con ello, crearon una planilla paralela donde los administradores del Teatro Nacional eligen a “dedo” a dicho personal, aun existiendo una licitación para que una empresa ajena al teatro se encargue de la suplencia de personas por trabajos temporales.
Cabe destacar que, anteriormente a la licitación antes mencionada, existía una que sólo era para el nombramiento de acomodadores y encargados de puerta del Teatro Nacional. Pero con los cambios implementados, se contrata personal para siete posiciones laborales: encargado de puerta, personal de apoyo, personal grado administrativo, personal artístico, personal grado artístico, personal nivel técnico y personal nivel operativo.
“En total se han generado órdenes de compra por un total de ¢270.539.240”, resalta la denuncia.
En cuanto a la contratación de abogados externos, la ANEP denunció que se han pagado ¢346 millones por servicios profesionales en derecho y que ningún caso se ha ganado.
“Pero lo curioso de todo esto es que las facturas de estos abogados no tienen detalle de qué se les paga, sino que se pone sólo “servicios profesionales” y se pasan.
“No hay control en ese contrato, las facturas mensuales son de ¢5 millones o ¢9 millones y no especifican qué se les paga, solamente dicen “servicios profesionales”, agregó Vargas.
“Por eso queremos que intervengan rápido porque podría dar pie a eventuales separaciones transitorias de cargos relevantes o incluso para resguardar documentación física o tecnológica importantísima para esclarecer la verdad real de los hechos”, indicó el sindicalista.
ANEP denunció irregularidades como la realización de un contrato para una remodelación que no se enmarca en la figura adecuada de contratación; la omisión de mantener a funcionario laborando pese a que una investigación arrojó el despido; y el contrato para un festival al margen del sistema de compras del Estado.
Además, se suma el pago de vacaciones del auditor institucional, el contrato del ingeniero y una empresa constructora para mejora del Teatro por casi dos años y aún no culminan los trabajos; contratación al ICE sin pasar por el sistema de contratación, y, por último, el mal manejo del impuesto sobre espectáculos públicos.
2018: 11 conclusiones sociopoliticas
UNO: Alvarado, luego de la estafa política que representó la segunda ronda de las elecciones presidenciales de abril pasado, y aunque pagando él un altísimo costo en legitimidad-credibilidad y que le hizo dilapidar gran cantidad de su capital político en tiempo record; logró la unidad de las fuerzas político-económicas contrarias al bien común; esas que son las enemigas acérrimas del papel del Estado en la economía, con su enfermiza fijación patológica contra el empleo público.
Logró lo que no había alcanzado el bipartidismo clásico PLUSC, debido a sus respectivos procesos degenerativos, ideológicamente hablando (con corrupción incluida), y que mostraban ya gran desprestigio como para un nuevo dinamismo impulsor de la agenda neoliberal. Alvarado, con su lugarteniente Piza, resultó ser el líder necesario que ocupaba el capital.
DOS: Prácticamente, el sistema de partidos políticos como tradicionales conductores del rumbo del país, colapsó. La agenda-país de la actualidad sale impulsada desde los latifundios mediáticos promotores de la cultura y de los valores más nefastos de la globalización neoliberal (esa que ya se plantea como “agotada” por brillantes mentes del planeta). Además, obtuvieron una ventaja estratégica: la cúpula judicial-constitucional se les adhirió. La gente políticamente sana de las bases del PLUSC-PAC parece que deberán buscar nuevos aires.
TRES: El PAC resultó ser un partido político de corte antisindical en esencia, pese a que no pocas bases laborales contribuyeron para su llegada al Poder Ejecutivo, en la anterior administración y en la presente. Un partido que expresa con mucha virulencia su antisindicalismo, mucho más crudamente que el mostrado, en sus respectivos momentos, por el bipartidismo clásico PLUSC: aunque ahora los tres están más que junticos en cuanto a acabar con el movimiento obrero costarricense.
CUATRO: La izquierda político-partidista (la que hemos conocido hasta hoy, al menos), está en una situación calamitosa, aunque repleta de gente honesta, comprometida y sacrificada. De lo que queda de ella en cuanto tal, genera enojo y resentimiento la parte de la misma que está como colaboracionista de la tríada gobernista PLUSC-PAC.
CINCO: El evangelismo religioso que logró notable ascenso electoral con fuerte representación parlamentaria (aunque ahora dividido), está ahora más claro en cuanto a su identificación cercana con la agenda ideológico-neoliberal del latifundismo mediático dominador del debate nacional, que de las bases electorales que les dieron tan alto nivel de representación; bases electorales de mucha presencia regional con ocasión de la pasada huelga patriótica contra el combo fiscal, por su reclamo legítimo de exclusión social y económica, precisamente derivada de las políticas de esa agenda neoliberal.
SEIS: Cuantitativamente minoritarias, valiosas voces parlamentarias actuales podrían transformarse en denuncia ciudadana activa y en aporte movilizador para fomentar la construcción de la otra hegemonía en cuanto tal, la que hace falta; generándose, eso sí, las imprescindibles confianzas intra y extramuros legislativos.
SIETE: Quedó en evidencia el potencial sociopolítico de corte transformador para la restauración del bien común y la lucha contra la creciente desigualdad, por parte del pueblo excluido (pero utilizado para efectos electorales), sí y solo sí resulta capaz de articularse estratégicamente, sacándole provecho a la diversidad, y si construye causas de capacidad convocante unitaria.
OCHO: El perverso sistema tributario costarricense quedó completamente al desnudo, cruelmente expuesto en su aspecto repugnantemente abusivo y socialmente criminal: la evasión tributaria en todas sus formas superó lo inimaginable: la lista de grandes contribuyentes que declaran pérdidas y/o cero ganancias (consorcios corporativos con plena afinidad con el binomio Piza-Alvarado y la tríada PLUSC-PAC); las 96 megaempresas que deben al fisco más de 1.5 puntos PIB; la todavía oculta situación tributaria de las GETES (grandes empresas territoriales); la inenarrable situación de evasión con el impuesto sobre las ventas que se agravará más con el establecimiento del impuesto al valor agregado (IVA); el robo y la desaparición de expedientes de cobro tributario, el continuado negocio de la evasión aduanera que llega a niveles imposibles de cuantificar; la fiesta sin fin de los 6 puntos PIB en exenciones-exoneraciones; la usura asesina de las economías familiares y productivas con el cobro más que abusivo de los intereses de las tarjetas de crédito y negocios asociados; etc., etc., etc. Cambiar todo esto, o parte, requiere de una especie de revolución tributaria estructural.
NUEVE: La profundidad del abismo de la deuda pública y del pago de sus intereses, aspectos imposibles de honrar sin someter al pueblo a sacrificios sociales y económicos indescriptibles; y la más que suicida propuesta de Alvarado y su grupo de endeudarnos más todavía para dejarnos (en 2022), en una cifra bárbara de más de 40 mil millones de dólares. Todo esto se complica mucho más para la gente, pues la policía financiera del planeta, las calificadoras de riesgo, piden más sangre presupuestaria que, al fin, es sangre de los y de las de abajo.
DIEZ: La necesidad de impulsar otra reforma del Estado y del empleo público para atender -entre otros aspectos-, el grave problema de las burocracias doradas, de las zonas de empleo público precario, de la pauperización de servicios públicos relevantes para el bien común, de las duplicidades institucionales insulsas; y de transformación-eliminación de las entidades públicas facilitadoras de escandalosos negocios privados y apropiación indebida de fondos públicos, aunque sea con tonalidad legal. Pero una transformación estructural del empleo público no puede ser diseñada sin una transformación estructural del sistema tributario. Tienen más que una relación simbiótica la una con la otra.
ONCE: Finalmente, es constatable la presencia más que activa y desafiante de las dos hegemonías en pugna, ahora más perfiladas que antes: una, la que tiene el poder, que tiene plena conciencia de que lo es, y lo está utilizando (disfrutando) plenamente. La otra hegemonía, la de los y las de abajo, sabe que puede serlo y entrar a la disputa más estratégicamente; y no tan coyunturales como lo ha venido haciendo… pero no encuentra el como.
Red de Cuido sin dinero: violación a los Derechos Humanos de cientos de niños y de niñas
-
-
Las poblaciones vulnerables y en riesgo de exclusión social: víctimas inocentes del problema fiscal.
-
Drama social que cuestiona la ideología del equipo económico PLUSC-PAC
-
Debemos hacer constar nuestra más enérgica condena por la grave violación de Derechos Humanos que ha ocurrido en contra de los niños y de las niñas que se quedaron sin atención y sin comer en los centros de atención de la denominada Red de Cuido, por cuanto no recibieron durante el mes de diciembre los fondos necesarios para su funcionamiento.
Tal violación a los Derechos Humanos de esta vulnerable población infantil al borde de la exclusión social, también afectó al estudiantado receptor de las becas del programa Avancemos, así como a las familias en pobreza extrema que dependen para su subsistencia vital y mínima de las ayudas del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La responsabilidad política, personal y directa, le corresponde a la señora Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya; sin que por ello se exima a sus superiores máximos, los señores Alvarado y Piza.
Generar gran vergüenza saber que Costa Rica, cuyos gobiernos vienen tirando piedras en materia de Derechos Humanos, tiene techo de vidrio, considerando la integralidad de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, incuestionablemente, cubre a las poblaciones violentadas con la deshumanizada retención de fondos que ha denunciado, de manera tan atinada, la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica(Unared).
Esta circunstancia dolorosa no puede ser catalogada de otra forma como una acción socialmente criminal, dejando al desnudo que la gente (sobre todo la más vulnerable, económicamente hablando), no es prioridad para la tríada gobiernista PLUSC-PAC; sino las cuestiones macro-fiscales tendientes a fortalecer al sector bancario-financiero del país, gran ganador de los últimos tiempos con el crecimiento de la desigualdad y de la concentración de la riqueza.
El Estado, según nuestra concepción, es uno sólo y, por tanto, las necesidades urgentes de la población costarricense ya excluida en lo económico o en riesgo de serlo, debió ser absoluta prioridad antes de que el Ministerio de Hacienda prefiera correr a pagarle al Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 498 mil millones de colones en deuda de corto plazo que esta última entidad le había prestado; siendo que ambas entidades son parte de la misma estructura financiera- estatal del aparato público costarricense.
Definitivamente, esta dolorosa situación de discriminación social y de violación de Derechos Humanos no solamente cuestiona uno de los principios básicos del neoliberalismo, la “independencia” del BCCR; sino que, además, muestra que Costa Rica seguirá en severo retroceso afectando a las mayorías trabajadoras del país, si se sigue insistiendo en un proyecto ideológico cuyo fracaso ya es constatable en varias partes del orbe, con fuertes resistencias populares.
Lamentablemente, en la hegemonía político-gubernativa dominante en nuestro país, lo que nosotros denominamos el triunvirato PLUSC-PAC, no hay ya contenidos ni socialdemócratas ni de humanismo cristiano en quienes gestionan la política económica fiscal del binomio Alvarado Piza.
Debemos resaltar la oportuna reacción de denuncia de parte de la Unión Nacional de Redes de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica (Unared), expresando la total disposición de la ANEP de colaborarles en lo que estimen conveniente.
San José, viernes 4 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
La clase trabajadora de cara a grandes tensiones sociales
Al iniciarse el año 2019, el deterioro del poder de compra de los salarios públicos y privados, habrá de llevar más angustia y congoja a las familias de la clase trabajadora costarricense.
Particularmente, la ruta de la reducción salarial en el empleo público ya comenzó con la entrada en vigencia de la ley del combo fiscal, No. 9635.
Para agravar la situación sociolaboral y social en el sector Público, es de esperar cero reajuste por costo de vida para el primer semestre del 2019; o, en el “mejor” de los casos una fijación unilateral, por decreto, pues el Gobierno PLUSC-PAC eliminó la comisión salarial del sector Publicó.
Por otra parte, hay mucha incertidumbre acerca de si se respetará el pago del Salario Escolar, considerando que la opción de su eliminación está en la agenda neoliberal del equipo económico del confrontativo Gobierno Alvarado-Piza.
Para la clase trabajadora asalariada del sector Privado con empleo formal, el grave problema del salario mínimo, en un país tan caro para vivir como el nuestro, sigue acentuándose, precarizando más el empleo privado.
A ambos sectores obreros les golpeará más el debilitamiento salarial, con la rebaja del 0.50 que implicará el aumento de la cuota obrera para el régimen de pensiones de la CCSS; la reducción del 60 al 55 por ciento del salario a recibir como pensión; y que la más baja quede en un 40 por cierto del salario mínimo. La condena al pueblo obrero es contundente: pensionarse es empobrecerse… aun más!
En la Asamblea Legislativa, por su parte, nada bueno le espera al pueblo trabajador organizado en sindicatos: proyectos de ley como el de la liquidación-disolución de los sindicatos; darle un “golpe de Estado” a las actuales dirigencias para que no puedan reelegirse; y, anular en la práctica el derecho de huelga generalizando (entre otros factores), la categorización de “servicios esenciales”; son clara señal de que se le ha declarado la guerra al movimiento popular, en general, pues los sindicatos son su parte más organizada.
El cierre de instituciones públicas, el relanzamiento neoliberal de privatizaciones “sustanciales” y reglas para el empleo público que no tocarán a las “burocracias doradas”; expresan potenciales fuentes de confrontación social crudas y dolorosas.
El más grande segmento de la población, las clases medias y los sectores pauperizados y excluidos; seguirán sufriendo la agresion económica de llevar la máxima responsabilidad tributaria del país; pues no muestra Alvarado y su equipo férrea disposición política para confrontar la espantosa magnitud del robo de impuestos que está minando a la Democracia misma; situación revelada en este 2018 como nunca antes había ocurrido, gracias a la lucha popular.
Por si ello no fuese ya lo suficientemente grave, Alvarado y su grupo PLUSC-PAC, pretenden endeudarnos como país por 6 mil millones de dólares más; llevando el endeudamiento público a niveles de impacto económico-negativo indescriptibles
La pretensión de Alvarado-Piza y su grupo de tomar los dineros de los fondos de pensiones para compra de los bonos “basura” (ya casi) de la deuda pública, debe ser bien calibrada por la sociedad trabajadora que corre el riesgo de quedarse sin esas pensiones complementarias. Estoy hay que detenerlo.
La urgencia nacional de una AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA, es más que imprescindible y debe ser un reto para los sectores populares y patrióticos.
La crucial circunstancia de la unión sindical, social, popular y cívica, es más que indiscutible
Las vías para el diálogo social y político, de amplia y real base, con negociación efectiva, se abrirán mediante la movilización popular que supere las anteriores, incluida la de la Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal
En la ANEP y en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, formulamos un sincero y vehemente llamado en tal sentido: la unidad popular para enfrentar la más reciente ofensiva neoliberal contra el pueblo trabajador.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
¡Libertad para Carlos Andrés Pérez!
Una condena política ejemplarizante
“Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. (…) Porque soy como el árbol talado que retoño: aun tengo la vida” (Miguel Hernández)
El 11 de setiembre, un día después que empezó la Huelga 10-S, Carlos Andrés fue aprehendido por la Fuerza Pública.
Pero, ¿quién es Carlos Andrés? Carlos Andrés es un trabajador de 27 años, curtido por el sol del Caribe, con más de 8 años de laborar en las instalaciones de Recope, en la localidad de Moín.
Carlos Andrés fue acusado por el Ministerio Público, quien el 27 de noviembre último, fue sentenciado por el Tribunal de Flagrancia de Limón, por daño agravado, contra una esfera de almacenamiento de gas de la planta de Moín, cuyas circunstancias -por cierto, bastante contradictorias en el pronunciamiento judicial-, se desarrollaron en el marco de la huelga nacional convocada por los sindicatos, contra la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Carlos Andrés fue condenado a 2 años de prisión, cuya sentencia le denegó el beneficio de la ejecución condicional de la pena e inhabilitó para el ejercicio de cualquier cargo público por un período de 10 años. Además, ordenó su prisión preventiva por un plazo de 6 meses, mientras queda firme semejante gazapo judicial.
La sentencia dictada contra Carlos Andrés, en un juicio sumario, está plagada de yerros jurídicos y prejuicios ideológicos, fundada en especulaciones policiales, ayunas de todo respaldo probatorio, que violentaron el debido proceso y el derecho de defensa, a contrapelo del artículo 39, 40 y 41 de la Constitución Política, artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 60 del Código Penal y artículo 1, 3, 6, 10 del Código Procesal Penal.
La historia nos demuestra que esta suerte de vicios procesales y de fondo, son una constante en esta especie de procesos, que se transmutan en verdaderos juicios políticos, en los que los jueces terminan subordinándose al linchamiento mediático y político, que valga recordar que el propio Presidente de la República demandó mano dura contra este trabajador de RECOPE, aplaudido hasta con las orejas por los medios de comunicación colectiva que todos conocemos.
Pero, por otro lado, la denegación del beneficio de la ejecución condicional de la pena y la imposición de la prisión preventiva, es totalmente ilegítima y desproporcionada, una afrenta más al famélico Estado Social de Derecho, sostenido apenas con respiración artificial.
El encarcelamiento arbitrario de Carlos Andrés no tiene fundamento legal, porque se le impuso una pena inferior de tres años, quien tiene domicilio estable, trabajo fijo, arraigo familiar y además, no tiene ningún antecedente penal.
La privación de libertad debe ser una medida excepcional, que en este asunto no tiene justificación legítima la condena que se le impuso a Carlos Andrés y mucho menos, la desproporcionada prisión preventiva.
La prisión degrada, estigmatiza, cuyas consecuencias sufre la familia de la persona recluida. Carlos Andrés no se merece este infame vejamen.
Entonces, ¿qué razones privaron para negar a este humilde y joven trabajador el beneficio de la ejecución condicional de la pena y ordenar su prisión preventiva? No queda la menor duda que el interés que prevaleció fue, de una parte, castigar injustamente la participación de un obrero en la lucha social, sin padrinos políticos que recurran presurosos a su auxilio y de otra parte, mandar una inequívoca advertencia contra las huelgas y la protesta social; es decir, una sentencia ejemplarizante que pretende amedrentar a la ciudadanía, cada vez más disconforme con las cosas que están pasando en este descarrilado país.
Desafortunadamente, la política criminal costarricense se viene decantando por un uso excesivo de la prisión preventiva, reflejo de un Estado Policial que receta cárcel y macana, como mecanismo reactivo de “resolución” de los conflictos sociales que se van acumulando y agudizando en todo el territorio nacional, pero que tarde o temprano serán incontenibles.
La familia de Carlos Andrés extrañará su tangible ausencia en la Noche de Navidad. Su hijo, con el corazón partido, no renuncia a la esperanza de que en el último minuto, se le cumpla el único sueño, que ahora más que nunca quiere se haga realidad, para siempre.
Mientras tanto, en el Centro Penal Sandoval, donde está injustamente encarcelado, pasarán por la mente de este muchacho tantos recuerdos de su infancia, de juventud, aguijoneados por el fantasma de la Libertad, mientras sus verdugos y carceleros montarán la juerga, hasta embriagar lo poco que les queda de conciencia.
El encarcelamiento de Carlos Andrés no nos puede ser ajeno. Su libertad es una responsabilidad moral, que tenemos quienes sentimos y pensamos que las cosas no pueden seguir así, en la suiza centroamericana de la pura vida.
¡Libertad inmediata para Carlos Andrés¡
Manuel Hernández
Una juventud dinámica y tolerante: el artículo perdido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Por: Benjamín Sevilla García
Secretario de Juventud ANEP
Junta Directiva Nacional ANEP
Hoy se conmemora el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, quizá la herencia más importante de un grupo de personas que tuvieron la sensatez de separarse de sus intereses individuales y construir en equipo las bases de un buen derecho; una declaración que reconociera la dignidad inherente de todas las personas sin discriminación alguna.
Con sus aspectos negativos, como toda producción humana, pero también, y muy por encima de estos, con la virtud de ser el instrumento que logró orientar por buen norte un mundo al borde de la destrucción.
Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la herencia de un buen derecho; herencia que no debemos abandonar las personas jóvenes, en medio de sociedades altamente intolerantes, materialistas y profundamente desiguales, las juventudes tenemos como reto salir en defensa de aquellas personas que perdieron su voz, o que simple y llanamente, son ignoradas.
Nuestra sociedad clama por una juventud dinámica y tolerante. Una juventud que no sólo reconozca la diversidad, sino que sea capaz de respetar las ideas, creencias y las prácticas de los demás, aunque disten mucho de ser iguales a las nuestras.
Debemos pensar en la importancia de la educación como elemento transformador de la sociedad. Hoy presumimos de ser más civilizados, más preparados intelectualmente, pero ello no nos garantiza ser más educados, ni tolerantes. Prueba de ello, los altos niveles de violencia, las marcadas brechas de desigualdad y el solapado predominio de ideas y decisiones autoritarias en manos de quienes dicen representar al pueblo.
Mi aporte como Secretario de Juventud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en este día, es hacer un llamado a las personas jóvenes trabajadoras para que defendamos la herencia de un buen derecho. Para que este 10 de diciembre salgamos al rescate del artículo perdido de la Declaración Universal de las Derechos Humanos.
¿Artículo perdidos? ¡Sí! Ese que algunos legisladores y funcionarios de gobierno olvidan. Ese que indica que: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.»
Ese artículo insta a nuestros países y a los propios patronos a reconocer el derecho que tiene toda persona sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual; aspecto que en nuestros pueblos choca frontalmente con la vergonzosa desigualdad salarial que sufren las mujeres por su condición de mujeres.
El mismos artículo que permanece oculto cuando se plantea la necesidad de mejorar las condiciones salariales de los cuerpos policiales, de los trabajadores municipales, de los extranjeros, de aquellas personas que trabajan en las plantaciones de piña y banano. Ese que menciona: “Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.»
El artículo perdido concluye diciendo: “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”. Esta es la verdadera razón por la que se busca ocultar el Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque en nuestros países e existen altísimos niveles de irrespeto a la libertad sindical.
Las juventudes tenemos el sagrado deber de luchar para que el Derecho del Trabajo y sus garantías avancen progresivamente.Debemos oponernos a cualquier contrarreforma laboral que pretenda limitar derechos o reducir las justas conquistas de las personas trabajadoras.
ANEP prepara recurso de amparo contra Ministra de Hacienda
96 megaempresas estarían debiendo más plata que la que pretende recaudarse mediante el combo fiscal
ANEP envió este jueves 6 de diciembre una nota por vía electrónica a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya,solicitando el nombre de cada una de las 96 empresas que forman parte del grup odenominado Grandes Contribuyentes, las cuales mantienen fuerte controversia con dicha entidad que les reclama la astronómica cantidad de ¢560.000 millones en impuestos dejados de pagar.
ANEP, además, solicita que en cada caso de esas 96 entidades corporativas se indique el monto que se les está cobrando.
Según Hacienda esas 96 empresas le deben ¢560.000millones lo que equivale a, aproximadamente, a 1.60 puntos de Producto InternoBruto (PIB); cifra tan significativa que supera al monto esperado a recaudarcon la ley del combo fiscal, lo cual es un indicador dramático de que es elfraude fiscal en todas sus modalidades, pilar fundamental de la crisis fiscaldel país.
Efectivamente, con el combo fiscal se recaudaría tan solo un 1.21, aproximadamente del PIB: ¢422.000 millones.
Al parecer ya la Ministra de Hacienda está planteando que tiene “impedimento legal” para dar a conocer el nombre de esas 96 empresas-grandes contribuyentes y el monto en controversia.
ANEP cree que con el precedente sentado conel recurso de amparo que le fuera acogido a la organización civil TerritoriosCiudadanos, que le permitió al país estremecerse e indignarse como nunca antesante la publicación de la lista de grandes contribuyentes que declaran ceroganancias y/o pérdidas; sería suficiente para conocer ese segundo listado delos 96 presuntos mega-evasores tributarios.
Por tanto, ya tenemos en preparación unrecurso de amparo para conocer el nombre de esas 96 grandes empresas y losmontos en controversia en cada caso, esperando que la Sala Constitucional de laCorte Suprema de Justicia mantenga la línea jurídica de la transparenciatributaria que, atinadamente, mostró en el recurso que le fuera acogido a TerritoriosCiudadanos.
ANEP solicita la intervención del Ministerio Público ante lista de contribuyentes que reporta cero ganancias o perdidas
-También solicita al Ministerio de Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha solicitado a la Fiscalía General de la República realizar las acciones pertinentes para establecer las responsabilidades respectivas derivadas de la publicación del listado de grandes contribuyentes, que en los últimos años han venido declarando cero ganancias o pérdidas al Estado sobre el impuesto a las utilidades.
La solicitud fue enviada esta misma tarde a la Fiscala General, Emilia Navas, para que el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios intervenga en este caso.
“Por este medio solicitamos a su respetable Autoridad, interponga sus buenos oficios a la Fiscalía de Delitos Económicos y Tributarios; asimismo le diligencie ante los Órganos Jurisdiccionales (Jueces Penales competentes), los allanamientos urgentes, útiles y pertinentes, a los efectos de que los posibles elementos de prueba no desaparezcan, con el fin de poder llegar a las piezas probatorias necesarias a la sumaria, para poder investigar, imputar y establecer las responsabilidades penales respectivas, a él o los responsables de este presunto fraude tributario sin precedentes en la historia costarricense”, indica el documento enviado a la Fiscal General.
La petitoria de la ANEP se fundamenta en el Artículo 92 sobre Fraude a la Hacienda Pública, el cual indica “ El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública con el propósito de obtener, para sí o para un tercero, un beneficio patrimonial, evadiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hayan debido retener, o ingresos a cuenta de retribuciones en especie u obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o los ingresos a cuenta o de las devoluciones o los beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de quinientos salarios base, será castigado con la pena de prisión de cinco a diez años”.
“Esto ha causado una absoluta y general indignación y conmoción social en todas las personas decentes que tributamos en Costa Rica, sea en forma liberal o como ciudadanos en su condición de empleados públicos a los cuales se les rebaja los impuestos de su salario; cuando estos grupos organizados han demostrado que lucran de manera injusta e indebida, aprovechándose de toda suerte, de sortilegios y triquiñuelas para eludir sus obligaciones tributarias pero por otro lado, se aprovechan de diversos mecanismos para cobrar tasas de intereses altísimas, préstamos de usura y agiotaje, entre otras múltiples de actividades desplegadas por algunos de estos evasores”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.
ANEP solicita a Hacienda dar nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones
La ANEP también, ha solicitado al Ministerio de Hacienda dar a conocer los nombres de las 96 empresas a las que ha efectuado el cobro de ¢560.000 millones, de presuntas deudas tributarias. luego de que se diera a conocer el listado de grandes contribuyentes que reportan cero ganancias al Estado sobre el impuesto a las utilidades desde el 2008 al 2017.
“Nuestra organización, ha estado muy pendiente de este tema y todo lo relacionado al tema tributario y fiscal. En atención a estos temas y con mucha seriedad ANEP ha venido investigando, estudiando, analizando y escribiendo en los diverso espacios, plateando esta problemática de la injusticia tributaria costarricense desde el año 2002. Por lo que solicitamos dar a conocer los nombres de esas 96 empresas y en cada caso el monto de dinero en controversia”, manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
La solicitud de la ANEP a la Ministra de Hacienda, Roció Aguilar, se ampara en el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Así como, en el histórico precedente del fallo constitucional sobre la lista de grandes contribuyentes que declaran cero ganancias y/o pérdidas, gracias a la oportuna intervención de la agrupación cívica Territorios Seguros.
“Estimamos que no es necesario un nuevo Recurso de Amparado para obtener los datos que solicitamos en la carta enviada a la Ministra de Hacienda”, finalizó Vargas.
