Documento compilado por César López Dávila para ANEP, ASDEICE,CONACOOP, FIT, SIPROCNP, MEDSE, UNAG y Encuentro Social Multisectorial.
El documento que se presenta a continuación, se enmarca en la vocación propositiva, que a lo largo de las últimas dos décadas, diferentes personas, organizaciones y sectores sociales, hemos presentado a la comunidad nacional ante grandes desafíos o temas país.
Desde ya forma parte del cúmulo de propuestas de pensamiento, realizadas a través de planteamientos tales como “Costa Rica: Hacia la Tercera República frente a los desafíos nacionales del siglo XXI”(2003); “Aportes para una nueva Cota Rica Inclusiva y Solidaria (propuesta CRISOL)” (2005); “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva” (2009); “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” (2012), “Agenda Patriótica para el bien común” (2015) y “Una Reforma Fiscal Justa y Solidaria para Costa Rica –Propuesta Sindical Común” (2018).
Con preocupación, ante la magnitud que en el territorio nacional podrían alcanzar las repercusiones laborales, económicas y sociales, provocadas por la pandemia del COVID-19; en los últimos días, nuevamente una pluralidad de organizaciones y personas nos hemos sentido convocadas por dicha vocación propositiva y la responsabilidad ante el futuro.
La generalidad de lo aquí expuesto, propone una suerte de compilación de algunas de las ideas fuerza, que, a manera de hilo conductor, busca evitar dispersión de iniciativas aisladas, y tomar la palabra a distintas personas, organizaciones e instancias que con genuina preocupación y bajo el denominador común de comprender el rol clave del estado social para el bien común; han plasmado públicamente, diversas propuestas ante la situación que vive el país.
El presente compilado más que un producto acabado, se enmarca en la lógica de ser un proceso colectivo de adhesión y enriquecimiento. Sin embargo, dada la urgencia del contexto económico y social actual; representa desde ya una propuesta concreta ante la clase política de todo signo.
Debido a los actuales acontecimientos, y de cara a la estructura dirigente de la nación (conformada por quienes formalmente ocupan los puestos de toma de decisiones en los Poderes Ejecutivo y Legislativo); es esta una iniciativa realizada desde quienes en apego al artículo 9 de nuestra Constitución Política1, entendemos que reside en la ciudadanía, la legitimidad de mandato de las grandes decisiones que le atañen, sobre situaciones nacionales de fuerza mayor que inciden directa o indirectamente en su diario vivir.
Compartimos el documento «La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del Covid-19 en el país»
La institucionalidad al res… by EugenioGuerrero on Scribd
La Seccional ANEP-BCR, a través de un recurso de amparo interpuesto ante la Sala Constitucional, logró que las máximas autoridades del Banco de Costa Rica entregarán e hicieran de conocimiento público el estudio con el cual, el banco se habría asesorado para implementar los cambios contemplados en la Ley de Fortalecimiento y Finanzas Públicas respecto a los pluses salariales.
Anteriormente, la Seccional ANEP-BCR había solicitado la documentación mencionada al Banco de Costa Rica, sin embargo, este último se negó a entregarla, aduciendo que se trataba de un documento confidencial y de un criterio no vinculante para el banco. Además, en su respuesta cuestionaron la legitimidad de ANEP como interesado en el documento, según estos por tener una representatividad mínima entre los trabajadores del banco, habiendo sólo 51 afiliados entre los más de 4000 empleados.
Esta situación, llevó a la ANEP a interponer un recurso de amparo contra el Banco de Costa Rica, aduciendo que esta postura del ente financiero atentaba contra los derechos fundamentales de los trabajadores.
Luego de analizar los argumentos de la ANEP y el BCR, La Sala resuelve indicando que los argumentos del banco no son válidos, pues indiferentemente de si se trata de uno o mil afiliados, como gremio sindical y como costarricenses, existe un interés real de los trabajadores en conocer el cómo y por qué se podrían afectar sus salarios, además de saber cómo se administran los recursos del banco.
Además, La Sala manifiesta, que a pesar de que el estudio no sea vinculante, eso no lo hace confidencial. Por esas razones acoge el recurso y ordena al banco que entregue el documento.
Primeramente, cabe aclarar que se trata de un documento que sobretodo parece tener un fin didáctico, pues desarrolla una explicación de lo que son los incentivos salariales y como se pagan y como cada uno de ellos se vio afectado por la ley 9635.
Cabe señalar que no se observa una razón válida para considerarlo confidencial, pues en ningún momento elabora detalles sobre la estructura organizativa o funcional del banco, sino que se trata de un análisis general de la aplicación de los pluses salariales posterior a la publicación de la Ley de Fortalecimiento.
El documento comienza explicando la naturaleza jurídica de los distintos pluses salariales existentes en un salario compuesto, y los desarrolla individualmente en los casos más relevantes como prohibición, dedicación exclusiva y anualidades; mientras que deja en otro apartado al resto de pluses que depende de situaciones más casuísticas de cada institución. Posteriormente procede a explicar cómo cada uno de esos pluses se ve afectado por la Ley 9635.
La Prohibición es el acápite que más llama la atención, pues el documento reconoce que la Ley 9635 no modificó expresamente las disposiciones de la Ley de Compensación por Prohibición y la Ley de Control Interno, por lo que en dichas normas se sigue manejando el porcentaje de 65% para lo profesionales con licenciatura o superior; lo cual ha generado un debate de cuál es el porcentaje a aplicar en casos como los auditores y subuditores. Y a pesar de que se podrían aplicar interpretaciones como la especialidad y la norma más favorable para justificar el pago el porcentaje de 65% por prohibición; el documento se decanta por recomendar la aplicación de los porcentajes de la Ley 9635 (15% y 30%) en todos los casos.
Sobre el plus de prohibición también expone que se calcula de forma porcentual sobre el salario base, y que se debe pagar según la 9635 en casos de funcionarios nuevos, o funcionarios que anteriormente no cumplían requisitos para recibirlo. Mientras que no aplica para los casos que tengan régimen especial, quienes anterior la ley lo estaban recibiendo, y quienes anteriormente los recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación.
De la Dedicación Exclusiva se dice que se calcula de forma porcentual, y que a partir de la ley 9635 se pagará un 10% para bachilleres y 25% para licenciados, excepto para quienes anteriormente contaban con dedicación exclusiva, quienes la recibían y son sujetos de ascenso, descenso, traslado, permuta o reubicación, quienes la recibían en grado de bachiller y procedan a modificar esa condición al grado de licenciatura, quienes la reciban y suspendan el contrato de trabajo temporalmente, o quienes prorroguen contratos existentes de dedicación exclusiva.
De las Anualidades se dice que debe ser reconocido tomando como parámetro el resultado de la evaluación de desempeño que deberá ser al menos de muy bueno; además que se reconoce en forma nominal y permanecer invariable. Interesantemente, en este apartado el documento si aplica el principio de norma más favorable para decir que el cálculo de los porcentajes de 1.94% para profesionales y 2.54% para no profesionales se debe de hacer sobre el salario base de Julio de 2018 (como dice el decreto) y no sobre el de enero 2018 (como dice la Ley 9635).
Además, se dice que las anualidades ya recibidas previo a la Ley 9635 se deben conservar y mantener como montos nominales fijo, que no procede ninguna otra remuneración por acumulación de años de servicio y que los ascensos de personal no suponen un aumento en la anualidad en virtud de las anualidades reconocidas en el cargo anterior.
Sobre los demás pluses se indica sin profundizar en los demás tipos de incentivos, que se deben mantener como montos nominales fijos calculados a Julio de 2018 y que ante un ascenso de personal no pueden revalorizarse.
Compartimos el estudio realizado por BDS para el Banco de Costa Rica
Compartimos el estudio realizado por BDS para el Banco de Costa Rica by EugenioGuerrero on Scribd
Debido al incremento de casos de personas con el virus COVID-19, el personal custodio de las cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se muestra preocupado por las pocas medidas de higiene implementadas para prevenir el contagio.
De acuerdo con los trabajadores, la posición del Poder Judicial genera molestia y preocupación, ya que están en contacto tanto con privados de libertad, como con aprehendidos por la Fuerza Pública.
«Muchas de estas personas son indigentes y/o extranjeros con hábitos de higiene preocupantes para la salud pública. A eso le debemos sumar que estos delincuentes muestran hostilidad y es común que escupan, rasguñen y ataquen directamente la integridad de los custodios», indicó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.
El dirigente sindical detalló una serie de peticiones, entre ellas que se suspendan las audiencias de cambio de medidas y aquellas donde los detenidos pueden ser representados por la defensa.
Además, solicitan que a los detenidos no se les traslade el día anterior para que no permanezcan tanto tiempo en las celdas y que se provea de equipos y todo lo relacionado de detenidos que representan ciertos síntomas gripales.
«Ya se han presentado situaciones con detenidos que vienen con síntomas que nos preocupan y no hay suficiente alcohol o alcohol en gel, mascarillas adecuadas, guantes y los implementos que son necesarios para mantener detenidos en celdas. Por ejemplo, solo el caso del juicio del «gringo» reúne en una sala a 47 o más personas, también requiere de la permanencia de una gran cantidad de custodios, en el comedor o área de celdas», agregó.
Poveda enfatizó en que no hay una claridad en los protocolos en cuanto reciben o hay permanencia de personas con síntomas sospechosos del coronavirus.
«No hay un protocolo bien establecido de las personas que son trasladados por otras dependencias como Fuerza Pública, Tránsito, Policía Municipal y hasta los mismos compañeros de investigación del OIJ, sobre las personas detenidas que ellos nos llevan a celdas. Se siguen programando las diligencias a gran escala, ya hay desabastecimiento de implementos para la higiene, los vehículos de transporte de detenidos algunos no reúnen ninguna seguridad en contener el contagio ya que en el caso de los microbuses el aire acondicionado que se les activa a la parte de dónde van los detenidos, circula por todos lados inclusive a la parte de la cabina o sector donde viajan los custodios», explicó Poveda.
Para la ANEP y su Seccional en cárceles del OIJ es preocupante que los magistrados obvien las medidas para el personal trabajador siendo este un tema de salud pública.
La Seccional ANEP-IMAS solicitó a la administración superior del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), posponer las visitas programadas de las Personas Cogestoras Sociales (PCGS), o cualquier otro personal que realiza trabajo de campo a fin de evitar exponer a las familias beneficiarias en su domicilio y a las personas funcionarias de la institución, debido a la emergencia sanitaria que presenta el país por el COVID-19.
La solicitud de la seccional nace luego de conocer la directriz IMAS-GG-667-2020, del 17 de marzo del 2020. Donde se establece que:
“(…) Que se instruye a las Jefaturas de Áreas Regionales de Desarrollo Social y de las Unidades Locales de Desarrollo Social a coordinar con las personas funcionarias que desempeñan funciones de cogestores sociales, a mantener las visitas programadas, mientras que se analiza la utilización de tecnologías de información. Asimismo, se mantiene la atención a la población preferencial como lo son las personas adultas mayores, discapacidad, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas según se registre en SIPO, así como la presencia de violencia intrafamiliar según SIPO o por alguna referencia, o desalojos inmediatos.”
Sin embargo, para la seccional llevar a cabo esta instrucción girada desde la Gerencia General, no solo pone en riesgo a la persona trabajadora del IMAS, sino también al total de personas que se encuentran en la vivienda o las viviendas donde se realizan las atenciones (seguimientos, supervisiones, aplicación de FIS).
“Exigimos a la administración analizar una estrategia de atención para la población preferencial, que no implique que estás deban trasladarse a la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS), para ser valoradas. La Gerencia General está obviando que dentro de esta población se encuentran las personas con factores de riesgo ante el COVID-19”, indica la solicitud de la seccional enviada al IMAS
Para la seccional ANEP-IMAS se debe considerar las recomendaciones emitidas por las autoridades en salud, máxime que, en el país ya se registra 89 casos confirmados de COVID-19.
“No es aceptable que se les comunique a las jefaturas de Personas Cogestoras Sociales que lleven a cabo estas visitas en campo ante un llamado al pueblo de Costa Rica de mantenerse en sus hogares en la medida de lo posible, y ante la recomendación de que las personas trabajadoras con puestos de teletrabajo permanezcan en sus hogares”, indica la solicitud.
Acciones que podría realizar la administración del IMAS
Para la seccional ANEP-IMAS, la Gerencia General y Subgerencias de Desarrollo Social debe analizar lo que implicaría para esta población trasladarse hasta las ULDS en el contexto actual (transporte, contacto cercano con otras personas) y gire instrucción para que por medio de la revisión de los expedientes y de la revisión de información contenida en los sitios web de diferentes instituciones o sistemas (como lo son la CCSS, el SINIRUBE, el Registro Nacional de la Propiedad, entre otras que permita la institucional) se corrobore que se mantiene la situación socioeconómica de la familia.
Lo anterior puede ser complementado con el uso del recurso telefónico. De modo que se corrobore la información del expediente, y los documentos obtenidos, y con ello actualizar la FIS para que se puedan tramitar los beneficios. Es decir, se solicita tomar medidas afirmativas y particularizadas ante las personas con factores de riesgo.
“Solicitamos que la administración brinde opciones puntuales para discernir sobre qué priorizar y qué puede esperar o buscar otras alternativas de atención. Todo esto, sin poner en riesgo a ambas poblaciones ante la declaratoria de emergencia como la que estamos viviendo”, finaliza la solicitud de la seccional ANEP-IMAS.
Estimado señor Ministro:
Saludos respetuosos, en primer término.
Nuestro compañero de lucha en la entidad bajo su digna conducción, don Jorge Fonseca Fonseca, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, nos solicitó acompañarle en la tarde de este día, miércoles 11 de marzo, a las 13 horas, para atender convocatoria formulada por usted, señor Ministro, a las agrupaciones laborales internas con miras a propiciar un acercamiento entre éstas y la máxima autoridad institucional.
Como es lógico suponer, accedimos a la solicitud de nuestro compañero y anunciamos, públicamente, la realización de esta importante reunión y nuestra presencia directa como Secretario General de la ANEP, en la perspectiva de aprovechar tal espacio (pues, Sr. Ministro, sus ocupaciones son muchas y muy delicadas), para dejar en su mesa planteamientos de orden general sobre el problema fiscal nacional que la ANEP ha elaborado y dado a conocer al país en los últimos tiempos.
“Sorprendentemente”, a menos de 24 horas de la indicada cita, el compañero Presidente de ANEP-Hacienda nos transmite, telefónicamente, un mensaje de su parte, en boca del distinguido señor don Jorge Rodríguez Vives, Asesor de su despacho; haciendo hincapié en que la reunión es para, algo así, como cuestiones domésticas, de organización interna y aspectos gremiales más específicos.
Por tanto, a buen entendedor pocas palabras,comprendimos muy bien de que no lograríamos nuestro objetivo de plantearle a usted, Sr. Ministro, en la indicada reunión la serie de inquietudes y de cuestiones sobre el grave problema fiscal del país, mismas que hemos elaborado en la ANEP a lo largo de los últimos años, con perspectiva social y sindical, lógicamente; y bajo la tesis hoy aceptada en todas partes de que es la desigualdad el desafío más grande de la época actual que enfrentan las naciones del orbe, incluida, por supuesto, Costa Rica.
Horas más tarde es el mismo Sr. Rodríguez Vives quien nos llama telefónicamente, para reforzar el mensaje que nos diera nuestro compañero Jorge Fonseca Fonseca; enfatizando en que la reunión de marras es para “limar asperezas”, entre los representantes obrero-gremiales del Ministerio de Hacienda con usted, Sr. Ministro, habida cuenta, suponemos nosotros, de unas polémicas declaraciones suyas que fueron de interés periodístico.
Le indicamos a don Jorge que aceptábamos no presentarnos directamente a cambio de que en fecha próxima su autoridad, Sr. Ministro, nos dé un espacio para cumplir con nuestro objetivo; objetivo que perseguimos a partir de lo que el mismo Banco Mundial, entidad de la cual usted procede, avala si nos atenemos a lo siguiente: El Grupo Banco Mundial interactúa con organizaciones de la sociedad civil (OSC) todos los días y en todo el mundo mediante el intercambio de información, el diálogo sobre políticas, las consultas sobre estrategias, la colaboración en operaciones y las alianzas institucionales. Además, Pobreza y desigualdad y Transparencia de la deudaestán conceptuadas como prioridades del grupo Banco Mundial, de lo cual usted tiene más que cabal comprensión y conciencia. Así lo indica la página electrónica oficial del BM.
Don Jorge nos indicó que cumplirán su palabra y que luego de dos salidas suyas al exterior que usted tiene programadas por estos días, usted recibirá al equipo de la ANEP que trabajo el tema fiscal-tributario nacional, encabezado por quien esto suscribe.
Valga indicarle que, luego de hacerle frente a la más enfermiza, virulenta e infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de los salarios que devengan las personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, jamás desplegada en tiempos contemporáneos en nuestro país; y, emprendida por la matrices mediáticas del periodismo violento, el del odio; hemos encontrado en sus mensajes y disertaciones, Sr. Ministro, varios criterios que nos han llamado la atención como el del levantamiento del secreto bancario, el del papel del dinero sucio del lavado de dólares en el sistema financiero del país, los escandalosos montos de evasión y elusión tributarias, el cambio de deuda cara por deuda más barata -entre otros aspectos-; mismos que, de un modo u otro, refieren a conceptos y contenidos trabajados por la ANEP durante los últimos años. Otros, como su idea de la venta de FANAL y de Bicsa, los adversamos fuertemente. Y, por supuesto, tenemos para presentarle a usted otros contenidos sobre estos delicados asuntos fiscales, a partir de lo que a nivel global ya se está debatiendo pero que en Costa Rica no se tiene noción plena de ello.
Usted comprenderá, Sr. Ministro, que por una cuestión de cortesía política y de acto de buena fe, le damos credibilidad al planteamiento del Sr. Rodríguez Vives, entendiendo que él habla de su parte, por un lado; por otro, que a pesar de que estos tiempos son de altísima desconfianza política queremos creer que no hubo una mano peluda interviniendo para que nuestra pretensión quedara fallida (al menos, por el momento); y mucho menos, que ello pudiera haberse originado en otros lugares que no fuera su propio despacho.
Quedando en espera de poder tener la oportunidad de conversar directamente con usted, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
