Categoría: Institucional

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME),  envió una nota al Ministro de Salud, Daniel Salas, solicitando valorar y mantener en vigilancia al funcionario de la Policía Profesional de Migración y Extranjería que atendió a las dos mujeres sospechosas de Covid-19 a su ingreso al país por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

“En conferencia de prensa las autoridades de salud,  han informado que están localizando a la tripulación de la aerolínea,  y a los pasajeros que viajaron junto a la persona qué presenta los síntomas del aparente Coronavirus,  también con las personas que compartió,  cómo Seccional consideramos muy importante que también se deben examinar y darle seguimiento a la o él oficial de la Policía Profesional de Migración  que  la atendió a las dos señoras infectadas”, indica la nota enviada por el presidente de la seccional ANEP-PPME, Gerardo Mora Ordoñez.

El día de ayer (jueves 05 de marzo) el Ministerio de Salud dio a conocer que se manejan los dos primeros casos sospechosos de coronavirus Covid-19 en el país, se trata de dos mujeres costarricenses quienes viajaron a Italia y Túnez.

Las pacientes llegaron al Juan Santamaría, donde fueron abordadas por funcionarios de salud que se encuentran monitoreando en la terminal aérea. Las mujeres no presentaban síntomas de caso sospechoso, por lo que se solicitaron los contactos para darles seguimiento diario telefónico.

El martes 3 de marzo en horas de la noche la paciente de 52 años de Pococí presentó fiebre, por lo que el miércoles 4 en horas de la mañana se le realizó el panel respiratorio (FilmArray), examen que permite descartar otros virus respiratorio comunes. La prueba fue trasladada de inmediato al Hospital Calderón Guardia para su realización. El resultado de este panel dio negativo hoy en horas de la mañana, por lo que se procede a catalogar como “caso sospechoso” y a tomar las pruebas respectivas.

Del mismo modo, a la sobrina se realizó el FilmArray el cual dio negativo hoy jueves en horas de la tarde. Ambas pruebas, tanto la de la sobrina, como la de la mujer de 52 años de Pococí, se procesan en Inciensa y se espera tener resultados en las próximas horas.

En el vuelo en que llegaron las pacientes viajaban 157 personas en total, más la tripulación, quienes están siendo localizadas con el fin de valorar si han desarrollado síntomas y darles seguimiento, especialmente a aquellas que se encontraban ubicadas cerca de las pacientes en la aeronave. Vale aclarar que algunas de las personas estaban en tránsito o ya abandonaron el país.

Además, se le da seguimiento a familiares y amigos con los que compartieron ambas mujeres. Las pacientes permanecen en estricto aislamiento, seguimiento y control domiciliar.

La mujer de 47 años de Heredia está aislada con su madre en su casa de habitación y la paciente de 52 años está aislada en su hogar con su esposo.

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), externa una felicitación a todos los y las oficiales que participaron, el pasado martes 25 de febrero, en el operativo donde se logró desarticular una organización criminal dedicada el tráfico ilícito de migrantes de nacionalidad cubana. Sin embargo, hace un vehemente llamado a las máximas autoridades de Migración y Extranjería, para mejorar las condiciones en las que deben de laborar el personal de la Policía Profesional de Migración en los diversos operativos

Pese a que se lograron los objetivos policiales trazados en el operativo, es importante destacar que éste tipo de trabajo lleva mucho sacrificio de tiempo y organización, por lo que no se puede dejar de lado algunos detalles qué se pueden mejorar en futuros trabajo.

Este tipo de operaciones requieren el traslado de gran cantidad de personal, por lo que, en vista del crecimiento delictivo, hacemos nuevamente un llamado a nuestros jerarcas en la necesidad del aumento de plazas en la Policía Profesional de Migración.

Por otra parte, muy respetuosamente, le solicitamos a la Unidad de Investigaciones revisar y analizar las coordinaciones realizadas a fin de buscar las acciones que permitan que la operación se realice con los debidos tiempos de descansos de los oficiales. Esto con el objetivo de evitar largas jornadas laborales, en las cuales el oficial no tiene el mínimo descanso necesario, para que se puedan evitar situaciones que lamentar en el futuro; como accidentes, errores durante la operación o en el regreso a sus hogares.

Lamentablemente posterior al operativo, algunos compañeros sufrieron un accidente de tránsito, desconocemos la circunstancia que mediaron en este, por suerte se encuentran en buen estado. Una gran cantidad de oficiales destacados en la operación tuvieron que regresar hasta sus oficinas luego de finalizar todas las diligencias, por lo que consideramos que lo más recomendable debió ser permitir el descanso en el sitio de los oficiales, para trasladarse el día siguiente.

Somos conscientes de que se trabaja con poco personal, reuniendo gente de todas las oficinas regionales policiales para que el trabajo sea exitoso, por éstos motivos es que seguiremos insistiendo en la Asamblea Legislativa, para que se nos de lo que ésta Policía necesita, con más personal y mejores condiciones.

En esta operación se contó con la colaboración de otros cuerpos policiales como la  PCD, DIPOL, Policía de Fronteras y Servicio de Vigilancia Aérea, entre otros, a quienes externamos nuestro agradecimiento. 

Gerardo Mora Ordóñez

Directivo Nacional de ANEP

Presidente de la Seccional ANEP PPME

Defensor de Derechos Humanos

–Poder Judicial, universidades públicas y municipalidades confrontadas con el “gendarme financiero”: la contraloría

Hace ya 9 meses de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó en Sala IV una Acción de Inconstitucionalidad contra los contenidos más estratégico-esenciales de la denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocida como combo fiscal.

Concretamente, se presentó el pasado 22 de marzo y se centró en dos ámbitos: el cuestionamiento profundo de que dicha legislación violentó las autonomías institucionales de rango constitucional establecidas en la Carta Magna del 7 de noviembre de 1949; por parte de las diputaciones actuales de signo ideológico-neoliberal (que son mayoría cuantitativa en la actual Asamblea Legislativa), ocurriendo así una derogatoria de facto de las estipulaciones en la materia de la actual Constitución Política, en primer lugar.

Aquí resaltamos los sensibles casos de las autonomías constitucionales violentadas del Poder Judicial, de las cinco universidades públicas, del régimen municipal, de la Caja, del ICE, del INS (entre otras).

En segundo lugar, una violentación abusiva y una no menos derogatoria constitucional de facto con relación a situaciones jurídicas consolidadas, afectando derechos sociolaborales y económico-reivindicativos de todas aquellas personas trabajadoras asalariadas de todo el sector Público costarricense, con fecha de ingreso a labores anteriores al 4 de diciembre de 2018.

Es criterio de los especialistas de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, a cargo de la elaboración y presentación de la mencionada acción de inconstitucionalidad, que ninguna de estas personas asalariadas estatales debió recibir ni un centavo de rebaja en su remuneración, ni tampoco variación alguna en el método de cálculo-composición de las mismas.

A poco más de un año de la aprobación-imposición de, podríamos afirmar, la más detestada legislación aprobada desde la fundación de la Segunda República, en 1949, ni el Poder Judicial ni las universidades públicas están aplicando los contenidos abusivos de la ley 9635; y, por tanto, están en espera de que desde la misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia surja la reparación del más grave daño sufrido por la carta magna desde dicho año, 1949.

A nivel de la propia institucionalidad republicana afectada por la arbitraria legislación, se han presentado diversas acciones de inconstitucionalidad contra la misma, resaltando los casos de las universidades públicas y de diversas alcaldías municipales, encabezadas éstas por la de Alajuela, que fue la primera en salir a defender la autonomía constitucional del régimen municipal.

En el caso del Poder Judicial, los propios magistrados definieron, desde marzo anterior, que las nuevas regulaciones en materia de salarios para su propio personal definidas en la indicada y cuestionada ley, solamente aplicarían para el personal de ingreso con posterioridad al 4 de diciembre de 2018; precisamente la tesis de ANEP en la acción de inconstitucionalidad que están tramitándose en la Sala IV.

Ahora resulta que para el año 2020, la Contraloría General de la República (CGR), cual “gendarme financiero” del bloque neoliberal en el poder, decide pasarle por encima a la propia institucionalidad republicana que, aunque maltrecha, todavía está vigente, al ordenarle al Poder Judicial imponerle a su personal con fecha de ingreso anterior al 4 de diciembre de 2918, regulaciones salariales que, precisamente, están cuestionadas en sede constitucional (como lo plantea la acción de la ANEP), por una parte.

Por otra, rechaza a las universidades públicas el presupuesto por éstas presentado para el 2020, debido, precisamente, a las acciones inconstitucionalidades pendientes de resolución definitiva sobre su naturaleza independiente a partir del rango autonómico constitucional que tienen.

Algo gravísimo puede estar pasando que no podemos dejar de mencionar. Una de dos. O la Contraloría General de la República (CGR), sabe ya, anticipadamente, cómo será la resolución final de lo que tiene en sus manos la Sala Cuarta en los dos ámbitos de escrutinio constitucional en desarrollo, lo cual la ha envalentonado como para rechazar las aprobaciones presupuestarias del Poder Judicial y de las universidades públicas para el 2020, ejerciendo ese repudiable rol de “gendarme financiero”.

O, más grave aún, el ente contralor asume el rol de tribunal constitucional de facto, presionándole indebidamente, acrecentando así la sensación de miles de personas de que la democracia autoritaria actualmente instaurándose en el país, solamente nos augura tiempos tormentosos de imprevisibles tempestades sociales.

Finalmente, nos preguntamos: ¿Se cree la Contraloría un tribunal constitucional paralelo?; ¿ó, tendrá una coordinación política con éste en la sombra?…

San José, 22 de diciembre de 2019.

Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)