Categoría: Institucional

Los oficiales marcharon desde la sede central de la policía de tránsito en Plaza Víquez hacia la Procuraduría General de la República para solicitar el pronunciamiento de dicho órgano respecto al pago de horas extra.
Homer.

El apoyo de la ANEP a los oficiales de la Policía de Tránsito se dan en el marco de un acercamiento inter-gremial a partir de la confluencia de aspiraciones de mejores condiciones de trabajo y empleo de las cuatro principales policías del gobierno central Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración y la Policía de Tránsito.

Mauricio Rojas Cartín, Gerente de Correos de Costa Rica, considera que debe de haber cercanía, diálogo y consensos entre la institución y la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica para crecer juntos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Nacional de Auxiliares en Enfermería, presentó la denuncia formal ante la auditoria interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el desperdicio y destrucción de reactivos médicos, que le cuesta a la institución cerca de 1 500 millones de colones.

Al final de esta nota se adjunta la denuncia respectiva

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), brindar explicaciones e información que sea totalmente real y veraz, con relación al grave problema de cientos de personas trabajadoras asalariadas que laboran para La Caja, en condición de interinas y que han sido burladas por la institución.

Lo anterior debido a que se anunció por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, la apertura de los concursos de rigor, para que los trabajadores interinos optaran por una plaza en propiedad. Sin embargo, en las últimas horas se ha decidido cancelar dichos concursos.

“En las últimas horas, la ANEP ha recibido numerosas exhortaciones por diversas vías a fin de que traslademos hasta las autoridades respectivas y la opinión pública, las grandes preocupaciones y molestias sobre el tema, ya que en primera instancia el anuncio oficial primero y luego su cancelación, de la apertura de los concursos de rigor, con lo cual se ha venido incrementando la zozobra del personal afectado”, dijo Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Vargas agregó, que muchas de estas personas en condición de interinos “acumulan varios años en una situación de gran incertidumbre e inseguridad, pese a que en la prolongación del tiempo en tal situación laboral, han demostrado idoneidad en el cargo, han servido con eficiencia y con eficacia y, no menos importante, se han desempeñado con gran honestidad y con gran dedicación a la población usuaria de los servicios que proveen”.

Ante esta situación, en ANEP aflora la imperiosa necesidad de que las máximas autoridades de la CCSS y el despacho de Recursos Humanos de la institución planteen con toda claridad, de una vez por todas, una contundente directriz que no dé lugar a dudas de que ahora sí, la situación “va en serio”.

Ambas organizaciones, integrantes de Patria Justa, solicitan explicaciones a la Regencia de Microbiología y las Comisiones de Laboratorio Clínico de la CCSS, así como a la Junta Directiva y a la regente del Área de Microbiología del almacén donde se guardan los reactivos químicos, brindar explicaciones y acciones sobre lo sucedido.

Tal y como en su momento lo advirtió la ANEP, se confirmó en tribunales estadounidenses fallo contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), elevándose así el costo del proceso judicial por la “terca” apelación institucional, a una suma superior a los 10 millones de dólares, unos 5.500 millones de colones; juicio que ganaron las firmas reaseguradoras HRG y HOWDEN.

Tanto el señor Guillermo Constenla Umaña, expresidente ejecutivo del INS, como los jerarcas y funcionarios involucrados deben responder por este catastrófico fallo en contra de las finanzas de la institución aseguradora y del país

Según el actual y máximo jerarca institucional, el Lic. Sergio Alfaro Salas, la condena y el pago a las reaseguradoras HRG y HOWDEN será de $4.4 millones de dólares y los costos de todo el proceso fueron de alrededor de $ 6 millones de dólares, por lo que todo el costo del mismo supera los $10.4 millones de dólares, es decir, unos ¢5.500 millones de colones.

*Como se había informado en los primeros meses del año 2014*, este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado en ese momento por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla Umaña, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group y contra el corredor de seguros Howden, por una supuesta estafa de 3 millones de dólares, en el cobro de primas por reaseguro de la póliza U500 del ICE.

A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares; más otros gastos de atención del proceso, entre ellos varios viajes a Estados Unidos del Sr. Constenla y el grupo de funcionarios del INS encargados del mismo, rondaron los $ 6 millones de dólares.

Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República (CGR), ordenó sancionar a varios exfuncionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el entonces presidente ejecutivo del INS en este asunto. Pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo “pendiente”.

En ANEP le advertimos en ese momento al Sr. Constenla y a su administración que no debía seguir adelante con este proceso en contra de las reaseguradoras mencionadas; y que, por tanto, no debía apelar el mismo pues los costos en caso de una ratificación de condena se duplicarían, cosa que al final sucedió. Sin embargo, él insistió sin mayor argumentación y dijo públicamente que en ANEP no sabíamos de que hablábamos. Al final tuvimos razón.

En ANEP denunciamos la mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla Umaña y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país, tantos millones de dólares; juicio que entendemos el señor Cónstenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le salió costando mucho más de los 10 millones de dólares.

Por lo anterior, exigimos al actual Presidente Ejecutivo del INS, Lic. Sergio Alfaro Salas, al cual también en su momento le advertimos de los riesgos de este proceso, que actúe en forma inmediata y sin dilaciones políticas contra Guillermo Cónstenla Umaña y contra el grupo de funcionarios involucrados en este asunto, para que los mismos sean responsabilizados por esta terrible pérdida financiera para el INS y para el Estado costarricense.

Asimismo, exigimos a la Contraloría General de la República (CGR), y al propio Ministerio Público actuar de oficio en este asunto; y, ante la posible inacción de la actual administración del INS, también ejercer las medidas correspondientes de cara a evitar otro “sonado caso de impunidad” en el manejo y la administración de fondos públicos.

Señores y señoras
Honorable Junta Directiva

Honorable señora
Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal
Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Estimadas señoras y estimados señores:

Con todo respeto, dejamos constancia expresa de nuestra mayor consideración para vuestras dignas autoridades.

Las organizaciones sindicales que nos honramos en representar y firmar la presente, enlazadas estratégicamente en el marco de la coalición socio-sindical “PATRIA JUSTA”; y, en consideración a la información recabada sobre la existencia de 16.500 (dieciséis mil quinientas) personas trabajadoras asalariadas funcionarias de la institución, quienes se encuentran en condición de interinato; les formulamos vehemente exhortación oficial por esta vía para que, con suma urgencia, se proceda a corregir esta injusta situación de inestabilidad laboral.

Según tenemos entendido, estas 16.500 personas funcionarias asalariadas de la Caja en su condición de interinas, tienen un promedio de ocho años de antigüedad laboral, ocupando códigos presupuestarios en tal condición de interinas; debido a la falta de políticas de empleo claras y posiblemente heredadas de la administración anterior (y/o de gestiones gubernativas trasanteriores), situación que les coloca en una condición de vulnerabilidad y de inestabilidad laboral, la cual debe corregirse con urgencia.

Fuentes oficiales confiables nos han indicado que como producto de la puesta en funcionamiento de un manual que reglamenta cómo deben efectuarse los nombramientos en propiedad en la institución, lejos de ayudar a resolver la problemática, ha permitido el crecimiento acelerado de funcionarios que no pueden tener estabilidad en sus empleos y que desde luego, se trata de mano de obra muy calificada y necesaria que viene trabajando años de manera interina en la institución.

Hablamos de, aproximadamente, 3800 médicos, 3200 enfermeras profesionales y 2500 auxiliares de enfermería; así como 9000 personas funcionarias que vienen prestando servicios en áreas como registros médicos y estadísticos, de apoyo en oficina, secretarial, aseo, vigilancia, misceláneos, entre otros.

Adicionalmente, las oficinas de recursos humanos no cuentan con suficiente capital humano para hacer frente a la dinámica concursal y, en algunas zonas del país es unipersonal. Esto significa que una sola persona debe realizar todas las tareas derivadas de las relaciones de trabajo de todos los funcionarios que laboran para determinadas unidades.

Es necesario urgir a esa honorable junta directiva institucional para que resuelva, cuanto antes, esta lamentable situación, estableciendo los mecanismos necesarios de planeación y ejecución para que sea garantizada la estabilidad laboral de tantos trabajadores y de tantas trabajadoras, quienes a diario se encuentran ofreciendo sus servicios para la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS).

Evidentemente, hablamos de personas trabajadoras a las cuales se les tiene en una situación de inseguridad jurídica laboralmente hablando; ocasionando con ello atrasos salariales y penurias familiares como consecuencia de la falta de atención al problema y de una poca considerada acción en relación a las políticas laborales que derivan de la junta directiva institucional.

Exigimos, con respeto pero con vehemencia, que a la mayor brevedad se defina políticas claras y efectivas que vengan a resolver de manera definitiva este penoso problema de un importante segmento laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); solicitándoles, a la vez, que se nos reciba lo más rápidamente posible para comprender la naturaleza de los desafíos que esta situación está generando, amén de poder aportar en la solución del problema y, con base en la legitimidad que nos asiste para proteger los intereses socioeconómicos y reivindicativo gremiales de muchas de esas personas trabajadoras interinas de la Caja que han depositado su confianza en nuestras organizaciones.

Al acudir a ustedes, invocamos el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no sin antes agradecerles por anticipado su valiosa atención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP

Harold Chinchilla Castro
Secretario General SINAE

Lenín Hernández Navas
Secretario General Adjunto SINAE

Datos oficiales obtenidos por la ANEP, recabados en la Dirección de Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, indican que el Ministerio de Salud será golpeado con un recorte presupuestario de: 8.581.397.737.00 (Ocho mil quinientos ochenta y un millones, trescientos noventa y siete mil setecientos treinta y siete colones) Tal recorte, según esa especializada entidad del Ministerio de Hacienda implica:

1- En el subprograma de Tabaco de la ley 9028 se rebajan la totalidad de los recursos de las subpartida de servicios de gestión y apoyo, lo que impide contratar gestores ambientales, promotores de la salud, abogados, análisis de laboratorio y ningún servicio a terceros, lo que las investigaciones de fumado, levantamiento de encuestas, inspecciones en bares o lugares públicos que incumplan con la ley.

2-Además se están rebajando los recursos de tiempo extraordinario para realizar la supervisión del cumplimiento de la Ley N°9028 además de la vigilancia en ferias, turnos, conciertos, mediciones sónicas, denuncias, etc.

3-En el desarrollo de sistemas informáticos rebajan la totalidad de los recursos cuyas etapas ya iniciaron el 2014 y con contratos establecidos por lo que el incumplimiento de los mismos generaría consecuencias legales.

4- Rebajan la totalidad de la transferencia al ICODER para atender el proyecto Limón Ciudad Puerto, para la iluminación de campos deportivos lo cual corresponde a una prioridad del gobierno.

5- Servicios de transporte y viáticos dentro del país lo que afecta en el CEN CINAI distribución de leche, alimentos a familias y sesiones extramuros.

6-₡42 millones de la subpartida de seguros para la póliza de accidentes colectivos con el fin de cumplir con lo establecido en la ley N°8017 ya que para el establecimiento y funcionamiento de los centros de Nutrición deben contar con “Una póliza de seguros, ante eventuales accidentes o daños, que sufran las personas menores, durante su traslado al centro o su permanencia en él.

7- Tiempo extraordinario del programa de Nutrición, rebajan prácticamente la totalidad de tiempo extraordinario lo cual impide desplazar funcionarios en horas fuera de horario para atender el estado nutricional materno infantil y el adecuado desarrollo de la niñez que viven en estado de pobreza en todo el territorio nacional.

“Por ejemplo, nos están rebajando el 35 % del presupuesto del Cen-Cinai, lo que implica cerrar establecimientos porque ahí están eliminando las partidas de alquileres”. (Diario Extra, sábado 11 de octubre de 2014, pág. 4: declaraciones de la Ministra de Salud, Dra. Ana Lorena López).

Más propuestas de recorte: ₡3.394.374.350.86 (Tres mil trescientos noventa y cuatro millones, trescientos setenta y cuatro mil trescientos cincuenta colones, con ochenta y seis céntimos).

“No es posible rebajar los servicios del Desarrollo de Sistemas porque hay contratos establecidos que deben honrarse, los servicios generales porque ya está una partida recortada del proceso de formulación quedando solamente lo necesario y mínimo para contar con el servicio básico de limpieza y vigilancia. En el subprograma de Tabaco, al no contar con el personal fijo se debe contratar gestores ambientales y demás personas necesario para el cumplimiento de las responsabilidades encomendadas en la ley 9028”, (Según explicación institucional del Ministerio de Salud).

Que nunca se diga que no se lo dijimos…Parque Central de San José: Este lunes 20 de octubre desde las 8 de la mañana.