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Igual que sucedió en años anteriores, la Escuela Nacional de Policía, pone a las órdenes de la Fuerza Pública a funcionarios que en la actualidad están en proceso de formación teórica del curso básico policial, esto con la finalidad de que sean parte de los operativos de fin y principio de año.

Entendemos que la participación de los básicos policiales en dichos eventos, permitirá fortalecer la presencia policial en las zonas de mayor afluencia de personas, aunado a que le brindará a nuestros compañeros y compañeras una experiencia importante en el campo de la seguridad ciudadana.

La práctica, el contacto con la ciudadanía, la sensación de brindar protección a quienes durante estas fechas realizan sus compras, y/o participan de los eventos festivos de fin y principio de año, les servirá de base para su crecimiento dentro de la abnegada función policial.

Entendido lo anterior, hemos demandado de las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, la adecuada atención de las condiciones en que prestaran servicio nuestras compañeras y compañeros, hemos demandado el adecuado equipamiento, avituallamiento (uniformes), no puede ser que se pretenda que laboren varios días con un único uniforme, no es aceptable que se merme la ilusión de quienes dan sus primeros pasos, por temas logísticos que deben estar previamente coordinados.

También demandamos que se verifique que las unidades policiales donde serán destacados, cuenten con los espacios necesarios para que no se produzca hacinamiento, que se les asigne un rol de trabajo en observancia de los criterios técnicos emanados por Salud Ocupacional, en torno al derecho a la salud.

Así nos hemos comunicado con el Sub Director General de la Fuerza Pública, Co misionado Ching Vargas, así como con el Viceministro de Unidades Regulares y Director General, Comisario Juan José Andrade Morales, quienes nos aseguraron estar atendiendo lo antes descrito.

La consigna fundamental esgrimida por los sectores político-mediáticos al servicio del capital neoliberal de que el déficit fiscal se debe a los salarios pagados en el empleo público, ha sido, finalmente, pulverizada por sus mismas y principales vocerías parlamentarias con escaño legislativo; luego de que la corriente sindical en la cual militamos ya se había encargado de desnudar la naturaleza perversa de la campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de los últimos treinta meses en contra del empleo público, responsabilizándole, sin fundamento alguno, del “tortón” fiscal en que está metido el país en estos momentos.

Ahora resulta que ni los educadores (solamente los que ejercen docencia directa), ni los policías (únicamente los que cubre la Ley No. 7410), quedarían comprendidos dentro del proyecto de ley precarizador del empleo público, el expediente legislativo No. 19.506, denominado por esa gente con el nombre de “Ley para regular las remuneraciones adicionales al salario base y el auxilio de cesantía en el sector público”.

Esta “exclusión” finalmente terminó de darnos la razón: los salarios públicos no son los responsables del déficit fiscal. Por tanto, no hay ya razón, tampoco y en consecuencia, para que sigan incluidos en tal proyecto de legislación los y las profesionales del Gobierno Central (ministerios y entes adscritos), así como los de las municipalidades.

Ahora bien y a pesar de tales “exclusiones”, la realidad política nos indica que el nombre de tal proyecto debería ser “Ley para acabar con las convenciones colectivas, reducir el salario del empleo público precarizando sus condiciones de trabajo, propiciar la extinción de los sindicatos y acabar con la autonomía municipal”.

El odio de clase que se le tiene a la organización sindical por parte de los sectores político-parlamentarios promotores de ese proyecto está en su esencia misma, contraria a los Derechos Humanos Fundamentales reconocidos universalmente en materia de Libertad, de Organización Sindical y de Negociación Colectiva.
En lo abiertamente explícito, este proyecto pretende acabar con el pago bisemanal en el sector Público donde existe en la actualidad, como en la Caja, y para que ningún otro grupo laboral lo obtenga en el futuro.

Además, que ninguna cesantía supere los ocho años y si en algún gremio (como los municipales), está ahorita por encima de ocho, al entrar en vigencia esa ley el aumento se detendrá quedándose en el número de años superior a 8 que se tuviera en ese momento.
La pretensión final es que todas las cesantías del empleo público deben quedar en ocho años, la misma cantidad de años que en el sector privado; excepto por una circunstancia maquiavélicamente pensada que es la excepción que se haría en el caso del sistema de cesantía bajo el esquema del solidarismo.
En el caso de las municipalidades, este proyecto 19.506 castra, elimina la posibilidad de negociación de incrementos salariales de manera autónoma y bilateral. Suele suceder que en muchos municipios los sindicatos negocian con las alcaldías aumentos semestrales por costo de vida, ligeramente superiores a los que decreta el Poder Ejecutivo para el Gobierno Central.

En las municipalidades, sin excepción, aplicará el decretazo salarial presidencial con esta ley.

Aparte de dañar a tantas personas trabajadoras asalariadas del sector Público, golpeándoles directamente en su nivel de ingreso salarial, debilitando su ya precaria estabilidad laboral y cercenándole un poquito más de justicia distributiva al momento de la llegada de la pensión; el proyecto es un directo atentado al Derecho Laboral internacional que tiene rango de compromiso-país el cual, al ratificarlo, le dio el estatus de Derecho Humano Fundamental.

Al respecto, resulta relevante el criterio del especialista en Derecho Laboral, nacionalmente reconocido y respetado en los más diversos ámbitos sociopolíticos del país, don Mauricio Castro Méndez, quien indicó lo siguiente: En general podemos señalar que el proyecto de ley viola de forma directa no sólo los convenios 98, 87 y 135, y la recomendación 143 de la OIT, todos ratificados por Costa Rica; sino también lo que ha sido la doctrina de la OIT consolidada a través de décadas…”.

Es contundente que este proyecto 19.506 es un ataque de clase directo en contra de la clase trabajadora por parte de la clase dominante, la del capital. Obligadamente debemos volver sobre el tema en la semana próxima. Empleo público: ¡la conjura continúa!

Queridos hermanos míos…
a esos hay que matarlos
no son como nosotros
los puros y los santos.
¡Y Cristo en la Columna
recibe el latigazo!
Esos son los ladrones
de nuestros bancos,
esos los incendiarios,
hay que acabar con ellos
sin perdonarlos.
¡Y Cristo en la Columna
recibe el latigazo!
Quieren… ¿qué es lo que quieren?
Oíd, menos trabajo
y pan y vino, como
si no fueran esclavos!
se habrá visto osadía
en estos desalmados!
¡Y Cristo en la Columna
recibe el latigazo!
A ellos el pan negadles;
a ellos la horca y el palo:
en nombre de Dios el justo,
levantad vuestro brazo
para crucificarlos.
¡Y Cristo en la Columna
recibe el latigazo!

Este poema de Carlos Luis Sáenz lo encontré en un libro titulado Carlos Luis Sáenz. El escritor, el educador y el revolucionario. Un valioso e interesante estudio de Francisco Zúñiga Díaz, literato ya fallecido.

El poema interpreta la actitud de algunos sacerdotes contra el comunismo, propia de la Guerra Fría. ¿Qué porcentaje de los sacerdotes tomó la actitud criticada en el poema? No lo sabemos. Lo cierto es que se conserva testimonio escrito de algunos presbíteros que sí comprendieron la justicia de las luchas de aquel grupo de hombres y mujeres, llenos de talento. Grupo nacido casi todo de familias muy católicas, que se dejó guiar por la inspiración de Carmen Lyra y Manuel Mora, ambos declarados beneméritos de la Patria.

Veamos ahora el trasfondo teológico del poema. Carlos Luis Sáenz, de manera implícita, establece un vínculo entre los anhelos, luchas y sufrimientos del pueblo trabajador y los azotes de Cristo. De alguna forma, Cristo encarna el dolor de la clase trabajadora, cuando es víctima de las injurias, ofensas y agresiones de quienes se niegan a ver lo justo de sus luchas. Sáenz asigna al Mesías la función de hombre universal, capaz de recoger en su persona los sufrimientos y las esperanzas de la humanidad.

Expresamos nuestro más sincero pésame a las personas familiares de la bebita de un año y ocho meses, de los niños de 8 meses y de 11 años, de los siete adultos que perdieron la vida a raíz de la tragedia generada por el paso del huracán Otto por nuestro país.

Al parecer, dos personas más estarían fallecidas pues no han aparecido al momento de escribir este comentario. Con toda seguridad, Dios, Nuestro Señor, Cristo Jesús, el Grande, el Todopoderoso les ha dado el Cielo y a Él le pedimos gran consuelo y paz para los y las dolientes.

Según los entendidos y los expertos, teníamos como país más de cien años de no enfrentar un evento natural de este tipo, un huracán; y, mucho menos, de uno de la envergadura de Otto que ha devastado varias comunidades costarricenses como los cantones de Upala (principalmente), de Bagaces y otros pueblos.

Cada minuto que ha venido pasando nos ha permitido, vía medios de comunicación colectiva (especialmente los televisivos), constatar la magnitud de la tragedia tanto en pérdidas de vidas humanas como materiales en los más diversos órdenes.

Debemos reconocer que el Gobierno de la República y el propio Presidente han actuado a la altura de las circunstancias, pese a la ausencia total de experiencia nacional en este tipo de eventos naturales; y, pese a la incursión en ciertos errores y en algunas descoordinaciones que algunos de buena fe y otros con no tanta, han estado puntualizando en las últimas horas.

El balance es positivo para la gestión político-ejecutiva al más alto nivel en cuanto al abordaje integral, multidisciplinario e interinstitucional de la tragedia y de la emergencia.

Sinceramente y sin ninguna prosternación aduladora, es gratificante que la primera figura ejecutiva del país esté, constantemente, brindando detalles en conferencias de prensa, mostrando una acción colectivo-grupal de gestión de alta jerarquía política y hasta asumiendo las consecuencias del error ante la opinión pública. ¿Por qué ser mezquinos y no reconocer que esta actitud presidencial merece un amplio reconocimiento ciudadano?

En realidad es condenable que la politiquería, esa que tan descreditada está ante la ciudadanía, se inserte en medio del dolor de tanto compatriota y que alguien pretenda ganar adeptos electorales señalando con el dedo acusar cuando ni una gota de barro producto de la tragedia ha impregnado sus zapatos.

Otro factor que está impactando mucho es constatar la fuerte y humanitaria actitud solidaria de miles y de miles de compatriotas que están atendiendo los llamados a donar agua, alimentos básicos, artículos elementales de aseo personal, comida preparada, etc., etc., con base en la gran variedad de iniciativas que al respecto están siendo impulsadas por la más amplia gama de entidades del más diverso origen.

Uno no tiene idea si la tragedia está siendo instrumentada por alguna marca corporativa con propósitos de posicionamiento en el mercado y en detrimento de otra competidora; sin embargo, conmueve que aunque sea por esta circunstancia tan dolorosa y que está afectando a tantos compatriotas, podamos como costarricenses darnos cuenta que el dolor del otro, la desventura del prójimo, la desgracia del compatriota no nos es ajena.

Parece que esa frase tan conocida de una canción del compositor argentino León Gieco, cuya compatriota cantante Mercedes Sosa le hiciera una versión memorable, “Sólo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente”, está en nuestro inconsciente colectivo y que todavía en el alma nacional anida un pedazo no carcomido por la cruzada a favor del individualismo extremo que nos está imponiendo la lógica perversa del mercado sin control que impulsa la globalización neoliberal. Da ánimo, da esperanza, da ilusión constatar de que tenemos reservas humanitarias de carácter solidario para rato.

Nos reservamos para el final de este comentario mencionar el gran papel que en la tragedia han venido asumiendo gran cantidad de empleados públicos y de empleadas públicos de diversas instituciones.

¡Sí! Estas personas trabajadoras asalariadas del Estado tan vilipendiadas, tan vituperadas, tan difamadas, tan calumniadas, tan estigmatizadas durante meses y meses con el desarrollo de la más infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico de toda la historia del empleo público.

¡Qué rol más estratégico están jugando! Pues sí, hay una paga salarial de por medio y órdenes jerárquicas que atender. Pero hay vocación de servicio, hay entrega, hay compromiso, hay sensibilidad, hay responsabilidad, hay desprendimiento… ¡hay solidaridad!

El personal de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), el de salud (médicos, enfermeras, asistentes y otros, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud); el personal policial (básicamente el de la Fuerza Pública y también el policial migratorio, el de Tránsito y hasta el penitenciario, sin dejar el lado el de las policías municipales); el personal municipal, el de acueductos y alcantarillados (A y A), el del ICE (electricidad y telecomunicaciones); el personal del IMAS y del PANI, del INAMU y de la Casa Presidencial-Ministerio de la Presidencia; el personal asalariado de la Cruz Roja (empleo público, también), destacando el voluntariado de la benemérita; los bomberos, el del MOPT y el del Conavi; además el personal de otros sectores institucionales de la política pública que ya están teniendo o que tendrán relación mediata, directa y/o indirecta en la reconstrucción, representan el empleo público en situación de crisis y en acción bajo la coordinación ejecutiva al más alto nivel.

Todas estas personas trabajadoras asalariadas del Estado que han intervenido antes, durante y después del paso del destructor huracán Otto por nuestro país se convierten en héroes y en heroínas del servicio público ciudadano, demostrando la imposibilidad real y material de que el empleo público desaparezca de la vida institucional de la República.

Además, hay que resaltar que los salarios que devengan todas estas personas del empleo público interviniente en el trabajo operativo-solidario de atender la tragedia y la emergencia, no tienen salarios de privilegio, ni gozan de pluses salariales abusivos, ni van a recibir pensiones de lujo.

El papel del sector Público y de quienes laboran en el mismo es indiscutible para la vida política, social y económica del país y, aunque sea por esta triste y dolorosa circunstancia que representa el paso del huracán Otto por suelo nacional queda más que certificado, refrendado y acendrado.