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ANEP llama a trabajadores municipales a salir a las calles
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, hace un llamado vehemente a toda la clase trabajadora de las municipalidades de Costa Rica, a cada una de sus organizaciones, para que se tomen todas las previsiones organizativas con miras a su salida a las calles en fecha próxima y con la urgencia que el caso amerita, a fin de defender la autonomía municipal de orden constitucional, hoy gravemente amenazada como jamás lo estuvo, por el proyecto de empleo público que impulsa el Gobierno, junto con el Partido Liberación Nacional (PLN), especialmente.
La paralización de labores en las municipalidades costarricenses, de manera conjunta, tanto en el ámbito de los municipios de la Gran Área Metropolitana (GAM), como a nivel rural, es una posibilidad real como jamás antes se pudo haber pensado que algo así llegaría; incluso, con características de Huelga General Indefinida en el sector municipal nacional.
Si la ANEP, y así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA han demostrado ya, hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es culpa de los salarios de los empleados públicos, mucho menos puede atribuírsele culpa alguna a los trabajadores municipales al respecto. Las municipalidades, para nada, dependen de las finanzas centrales del Estado pues tienen sus fuentes propias.
El proyecto contra el empleo público, expediente legislativo No. 19.506, se mete con las municipalidades violentándoles su autonomía constitucional. Bastan estos ejemplos:
a) El prácticamente congelamiento salarial del Gobierno Central llegaría a las municipalidades pues con este proyecto se les castra la posibilidad de negociaciones salariales propias, específicas para cada municipio, tal y como hasta a hora ha venido sucediendo hasta la fecha en la mayoría de las corporaciones municipales del país.
b) Prácticamente deroga todas las posibilidades de que la cesantía se pueda tener mayor a los 8 años, pues quienes tienen en la actualidad la expectativa de 20 años, ésta queda anulada aunque ya esté en los respectivos sistemas laborales de las municipalidades que ya han logrado este derecho.
c) El sistema de Negociación Colectiva, fundamento esencial e histórico de la paz laboral en las municipalidades costarricenses, sufre gran retroceso por las restricciones operativas que tal proyecto establece para su materialización concreta en el sistema futuro de las relaciones obrero-patronales municipales.
La ANEP solicita a las comunidades y localidades del país que dispensen si en próximos días pudiera darse grave afectación en los servicios de recolección de basura, de aseo de vías y de calles, de limpieza de tragantes y de parques, de operación de mercados municipales, de tareas administrativas, etc.; riesgo de paralización integral de labores en las municipalidades del país que parece inevitable.
Este viernes 7 de octubre, en su sesión de la fecha, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP analizará la situación planteada dentro del conjunto de eventos sociopolíticos en desarrollo que pretenden el cercenamiento de derechos laborales, sociales y salariales en el Estado costarricense, cuyos servidores no son los responsables del déficit fiscal, del robo de impuestos, del endeudamiento-país. Por supuesto, en lo específico, la clase trabajadora de las municipalidades nada tiene que ver en ello.
Postura ante la detención de ocho oficiales de Fuerza Pública
En primera instancia manifestamos nuestro respaldo para toda aquella actividad judicial que venga a garantizar la probidad en la función pública. Es necesario que indistintamente del ámbito de que se trate, las cosas se realicen en apego de la legalidad y con el más alto sentido de transparencia y espíritu de servicio.
Luego es importante decir, que esta situación no debe empañar la imagen de una inmensa mayoría de funcionarios (hombres y mujeres) que trabajan a diario con una altísima cuota de vocación, mística y compromiso con la Seguridad Ciudadana.
Apoyamos se mantenga una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública, en aras de depurar la institución y fortalecerla en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico. Esa depuración debe involucrar a todos los niveles, debe eliminarse algunas malas prácticas de antaño y que se han perpetuado en el tiempo.
El Ministerio de Seguridad Pública, debe cambiar el modelo de atención, debe mejorar la comunicación, establecer nuevas políticas y estrategias de prevención, debe preocuparse por la aparición de nuevos liderazgos.
El salario no define el que una persona sea honesta, pero es innegable la necesidad de mejorar el salario de los policías, los más mal pagados del gobierno central. Sin embargo, por mucho de los más honestos, por cuanto tenemos certeza de que la inmensa mayoría de oficiales de la Fuerza Pública, son personas honradas.
Finalmente, sobre la situación jurídica de los funcionarios sospechosos de actos delictivos, solamente esperamos les sean respetados sus derechos procesales, de conformidad con nuestro Estado de derecho. En caso de que sean hallados culpables, deberán asumir las consecuencias de sus actos.
La inseguridad ciudadana se debe atender de manera integral y con políticas públicas
Equivoca el mensaje el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata lanzando una mala señal a la opinión pública, a la población policial, al turista y a la inversión extranjera. La seguridad ciudadana no es un tema que deba resolver únicamente la Fuerza Pública.
La situación que estamos viviendo como sociedad, no nació ayer, es posiblemente resultado de la falta de políticas públicas, pero también es resultado del individualismo interinstitucional, de la falta de política de Estado en materia de prevención. Es algo que veníamos advirtiendo, cuando señalamos que era inminente la incursión del crimen organizado y del narcotráfico, que dejábamos de ser un país de tránsito, para convertirnos en centro de operación del ilícito negocio.
No es aceptable, que un Ministro con la trayectoria y experiencia de Gustavo Mata, se “rinda”, menos que aduzca falta de dinero, cuando en los últimos años el Ministerio de Seguridad Pública ha contado con presupuesto como nunca antes en la historia. Tampoco es aceptable, porque en la sana teoría, su misma trayectoria en el poder judicial, le debió servir para conocer el reto que asumió al aceptar el cargo.
La gestión preventiva en materia de seguridad ciudadana se mide en el tiempo, así las cosas, es preciso analizar con sensatez la situación que estamos viviendo como sociedad. Es evidente que algo se dejó de hacer, los grupos delictivos que hoy socaban la tranquilidad de comunidades como Cieneguita, no se formaron de un día para otro.
La aprobación del impuesto a las sociedades, es importante, pero no resolvería en el corto plazo la situación de inseguridad ciudadana, aunado a ello, materialmente de momento sería imposible contar con tres mil policías, por cuanto esto involucra el proceso de reclutamiento, las pruebas de selección, y el curso básico policial, que tarda entre diez meses a un año.
Es necesario replantearnos las cosas, definir una estrategia integral, por ejemplo: si no sabemos las razones por las que nace el acto delictivo, el recurso se distribuye antojadizamente, si el oficial se concentra en funciones diferentes a su naturaleza preventiva, difícilmente se podrá sostener una lucha real contra la criminalidad. Por más efectivos con los que contemos y por más presupuesto, si las cosas no se ordenan, si no se mejora el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los oficiales, estamos destinados al fracaso.
No obstante, no es momento de renunciar Ministro, es en la adversidad que debe aflorar lo mejor de su amor por la patria, es en un momento como el actual, que debe salir a flote su liderazgo y experiencia. La Fuerza Pública está integrada por hombres y mujeres con mística, con vocación, con voluntad y valentía para enfrentar esta situación; no les dé la espalda don Gustavo.
Las dos caras de INCOP
Mucho se ha estado hablando del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), en las últimas semanas, no obstante, ante el proceso de Modernización que sufrió la institución a partir del 12 de agosto del año 2006, la institución cuenta con dos caras.
La primera cara, la más conocida por los empresarios, clientes y ciudadanos, satisfechos por lo exitoso de la concesión del Muelle de Caldera en el mes de agosto 2006 a las Empresas Sociedad Portuaria de Caldera, S.A. (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera, S.A., (SPGC), y en el mes de diciembre de 2006 se realizó también la concesión del servicio de remolcadores a la empresa SAAM de Costa Rica, S, A.
Mediante esta concesión contractualmente se establecieron una serie de parámetros de cumplimiento por parte de estas empresas, las cuales hasta el día de hoy han cumplido y superado con creces las metas plasmadas en los contratos, amparado a una inversión en infraestructura como por ejemplo el nuevo puesto granelero en el Muelle de Caldera con un costo de $36.800.000.00 (treinta y seis millones ochocientos mil dólares), y una inversión en maquinaria y equipo por un monto aproximado de ¢6.500 millones de colones. Estas inversiones se han efectuado con recursos propios de las empresas concesionarias, y así establecido contractualmente.
Adicionalmente al mejoramiento de los parámetros de medición y disminución por lo tanto de los tiempos de atención de los buques que arriban a ese muelle, esas concesiones han generado una serie de beneficios económicos a las Municipalidades de Esparza y Puntarenas, y al INCOP que reciben un porcentaje de los ingresos percibidos por las concesionarias.
El papel del INCOP ha sido de fiscalizar y controlar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de las concesiones, y de ser necesario tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de los mismos.
La segunda cara del INCOP, es que debido a ese proceso de modernización este debe administrar los Muelles de Puntarenas y Quepos, y posteriormente por mandato constitucional se le dio el Muelle de Golfito. Asimismo, la institución se encarga del Balneario de Ojo de Agua, la mencionada Casa de la Loma y una serie de edificios ubicados en Puntarenas y San José. Adicionalmente se le asignan recursos para el desarrollo de infraestructura turística en la Provincia de Puntarenas.
Del año 2006 al año 2014, se realizaron una serie de inversiones tanto en los Muelles administrados por el INCOP, según un plan de mantenimiento e inversión programado, así como de inversión turística por medio del Fideicomiso INCOP-BNCR-ICT, tales como los espigones en la Punta y el Faro de Puntarenas, entre muchos otros, para una inversión aproximada a los $8 millones de dólares.
A partir del año 2015, la situación del INCOP, se puede resumir con lo indicado por la señora Diputada Karla Prendas Matarrita, en el análisis del discurso del señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera del pasado 02 de mayo ante la Asamblea Legislativa:
“el Presidente omitió referirse al INCOP, quizá, por las grandes deficiencias y rezago que ha tenido esa institución durante este gobierno, tanto en temas de obra portuaria como turística”
Y si revisamos los datos del INCOP, la señora Diputada Prendas Matarrita tiene razón:
1. El INCOP para el año 2015 solo ejecutó en bienes duraderos (inversiones) la suma de ¢367 millones de colones de los cuales ¢256 millones fueron propiamente para trabajos en los muelles, faros y boyas.
2. En el año 2015 el fideicomiso INCOP-BNCR-ICT solo ejecutó poco más de ¢250 millones de colones, de los poco más de ¢1.000 millones que recibió INCOP por concepto de canon para obra turística por parte de las concesionarias.
3. Para el año 2015, el INCOP con referencia al Fideicomiso citado, en su liquidación presupuestaria, finalizó con un superávit de ¢1.200 millones. Es decir, en lo referente a recursos que se deben invertir en obra turística que tanto necesita Puntarenas, según establece la Ley No. 8461, no se ejecutaron los mismos.
Lo anterior, se puede explicar en virtud de que, en dos años de Gobierno, el INCOP no cuenta con un Plan Estratégico desarrollado por esta administración, se está elaborando uno (dos años después de haber comenzado esta administración).
Todo lo anterior, hace suponer que el INCOP está trabajando en base a ocurrencias y sin ningún tipo de planificación. Para tratar de solventar este problema, la Dirección de Planificación del INCOP que es supervisada por la Presidencia Ejecutiva del INCOP contrató una empresa para desarrollar este plan con un costo para la institución de ¢40 millones de colones.
Adicionalmente a todo esto, para el año 2016 se finiquitó el contrato del fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, pues, según el Banco Nacional de Costa Rica,
“(…) el objetivo no se está cumpliendo, pues la línea de crédito habilitada no se utiliza y se han convertido en una “caja chica”, en detrimento de la asesoría financiera y administrativa que es función primordial de la unidad gerencial creada para ejecutar las obras”.
Aunado a lo anterior, ha existido un irrespeto por parte de la Presidencia Ejecutiva de INCOP hacia el cumplimiento de los procedimientos aprobados para el funcionamiento de dicho Fideicomiso por parte de la Junta Directiva de la Institución; así como “crear una estructura paralela” dejando de lado a las estructuras debidamente establecida por el Banco Nacional para la coordinación y ejecución de los proyectos. Pareciera que en INCOP se trabaja bajo un lineamiento y estructura muy distinta a la que debe imperar en la Administración Pública.
Esas son las dos caras que tiene el INCOP.
ANEP denuncia manipulación del dolor de pueblo limonense
Está esparciéndose en los últimos minuto de que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, está ufanándose de tener ya los 38 votos necesarios para la aplicación de vía rápida (artículo 208 bis del reglamento legislativo) para un presunto “combo” de proyectos que incluiría la ley contra el empleo público y algo mucho más pernicioso todavía, la ley de “regla fiscal”, que amarra de pies y manos al Estado impidiéndole toda posibilidad práctica de la política fiscal y del endeudamiento en función del bien común.
Tal maniobra parlamentaria con características de monstruosidad política, se estaría tejiendo en el marco de la desesperación que está sufriendo el pueblo de Limón, cuyo dolor por la violencia sin control que está padeciendo le lleva a clamar por una rotunda y real seguridad ciudadana.
Manipulando obscenamente el “ultimátum” formulado por el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega, de que le da 30 días a la Asamblea Legislativa para que ésta apruebe el proyecto sumamente atascado del gravamen a las sociedades anónimas; la inescrupulosidad parlamentaria estaría llegando hasta lo indecible, al mezclar la necesidad de la aprobación tal legislación, pero en “combo”, junto a empleo público y regla fiscal.
No puede la Asamblea Legislativa proceder de manera tan sórdida pues si ya resulta grave la forma irresponsable de la tramitación del proyecto contra el empleo público; es inconmensurablemente más irresponsable, tramitar por vía rápida el proyecto de “regla fiscal” del cual, seguros estamos, el 99 % de los y de las costarricenses no están sabiendo de qué se les habla con este asunto.
Llamamos a las diputaciones honestas del parlamento a no dejarse manipular tan burdamente; así como hacemos un llamado a la más grande unidad sindical en la acción jamás desplegada, para que podamos detener esta ofensiva neoliberal contraria al bien común.
San José, martes 4 de octubre de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Luchamos por derechos de los actuales funcionarios y de los futuros trabajadores de la Fuerza Pública
En primer lugar, no debería decir el señor Hidalgo: “Ha circulado versiones”. Aquí no se ha estado discutiendo sobre ningún libro, o película cinematográfica; nosotros emitimos un criterio ante los medios de prensa que atendieron gentilmente nuestro llamado, así mismo hemos venido planteando la necesidad de una práctica hermenéutica del Proyecto de Ley de marras, para determinar las posibles afectaciones que sufrirían diversos empleados públicos con la implementación de esta Ley. Por lo tanto, esas “versiones” a las cuales se refiere el Licenciado Hidalgo, son criterios jurídicos completamente válidos, ya que cuando una norma jurídica deja espacio a la interpretación (ambigüedad legal) es cuando podemos avecinar debilidades prácticas, y posibles abusos del derecho en tiempos futuros.
Debido a que la experiencia nos ha enseñado que esas debilidades son posibles, hemos realizado análisis exhaustivos de la norma, comparándola con otros compendios jurídicos, como por ejemplo con la Ley General de Policía; por lo cual, se observaron contradicciones que SÍ VIENEN A VIOLENTAR Y/O VULNERAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE NUESTROS OFICIALES DE POLÍCIA.
Ahora bien, en segundo lugar procedemos a indicar que el artículo N° 1 de la LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO, señala claramente que: “Quedan excluidos de la presente Ley únicamente los servidores del sector público que laboren para los bancos del Estado, para el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros, por tratarse de servicios públicos que operan en competencia”. Por lo tanto, en esta excepción no se incluyen los cuerpos policiales, lo que significa que (de una u otra manera) este Proyecto de Ley, en caso de ser aprobado, vendría a vulnerar la situación jurídico-laboral de los Oficiales de la Fuerza Pública (presentes y/o futuros).
Sobre este aspecto en específico, debemos recordarle al licenciado, que como representantes sindicales, nosotros luchamos por los derechos laborales de nuestros afiliados; pero más allá de eso, somos una fuerza que busca la mejora de las condiciones laborales de todo el sector policial, tanto presente, como futuro.
Son años los que llevamos laborando para construir un mejor porvenir. Son muchos los esfuerzos realizados para crear un entramado legal que le permita tener una vida digna a los Oficiales de Policía de nuestro país. No podemos permitir que (basándose en el argumento (bastante mezquino) el vocero de prensa del MSP, diga que a los actuales oficiales no les va a generar ningún cambio laboral, para generar en ellos un estado de comodidad, y mantenerlos callados y sumisos), se disminuyan derechos laborales que ya eran parte del derecho policial.
Somos un solo cuerpo; somos una sola fuerza; “Entramos todos, Salimos todos”, situación que evidentemente el licenciado Hidalgo no conoce y seguramente no entiende, porque no es parte de este cuerpo; no conoce nuestra alma; no sufre lo que viven nuestros policías; no vive las penurias y necesidades con ellos. Todas nuestras intervenciones tienen sentido de UN SOLO CUERPO. Debemos quitar de nuestra mente la idea de que los problemas se resuelven en el momento de la tormenta.
Como sindicato, trabajamos con miras al futuro; nosotros prevemos futuras luchas, y tratamos de prevenir todos aquellos bloques de ilegalidad que puedan afectar a nuestros afiliados, y al sector público en general (sin importar quienes sean). Nosotros luchamos de forma preventiva y no solo paliativa. Por lo tanto, es irrisorio pensar que vamos a callar, sabiendo que nuestros futuros Oficiales de la Fuerza Pública van a tener que soportar peores condiciones laborales que nuestros actuales policías, simplemente por mediocridad, falta de coherencia discursiva, falta de ejercer la sana crítica, y por ende, una evidente manifestación de ausencia de altruismo con nuestros compañeros.
Aclarado este punto, debemos mencionar nuestra perspectiva con respecto a la modificación del Rubro del Régimen de Disponibilidad. Y es que (compañeros) debemos leer claramente que cada institución no podrá disponer con más de un 20% del total de funcionarios de la institución beneficiados con el rubro de la disponibilidad.
Si bien es cierto el Transitorio II, indica: “El salario de los servidores que se encuentren activos a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y con respecto a ellos se respetarán los derechos adquiridos”, debemos manifestar que nadie está exento de quedarse sin trabajo (menos en el sector público). ¿Está analizando el costarricense (funcionario público, con derechos adquiridos) la posibilidad de tener que re ingresar a laborar, disminuyendo su calidad de vida. Ante ello no podemos quedarnos esperando que los futuros funcionarios (Policías) vean cómo se les disminuyeron las posibilidades de surgir económicamente y que no defendimos esos derechos, que ya habíamos ganado, con tanto esfuerzo. Es increíble que el país se quede callado sin importar que vamos (como el cangrejo) caminando hacia atrás en cuanto a mejores posibilidades salariales se refiere.
Nosotros demandamos que las Fuerzas Policiales estén excluidas de este sector que se va a ver vulnerado con esta Ley. Solicitamos que de la lectura del artículo N° 12 del Proyecto de Ley de rito, se extraiga que la compensación económica por la sujeción al régimen de disponibilidad se cancelará a las personas que ocupen puestos cuyas funciones impliquen atender emergencias o urgencias que necesariamente requieran de su participación; pero que además, se determine que los Funcionarios Policiales (sin importar su antigüedad) los cuales realizan una función preventiva, pero también se encargan de atender emergencias y urgencias, tengan el derecho al 25% del Rubro de Disponibilidad, tal cual lo señala el artículo 90, inciso d) de la Ley General de Policía, y no se vulnere ese derecho existente. No queremos que se generen desigualdades entre uno y otro oficial, situación que generaría discriminaciones institucionales, desinterés en el trabajo, y vulneración en la calidad de vida de los futuros integrantes de la Policía costarricense.
Ahora bien, nosotros nos cuestionamos, ¿cuáles serán los oficiales que ganen Disponibilidad? ¿Los altos mandos? ¿Alguna sección de trabajo en particular? ¿Quiénes van a atender las emergencias o urgencias? El país necesita reafirmar que la seguridad nacional está completamente cubierta; que los oficiales están disponibles para proteger la nación en el momento en que sea necesario. Este artículo en particular deviene obsoleto e irresponsable cuando se trata de la seguridad de un país. Costa Rica necesita que la totalidad del cuerpo policial esté atento a sus necesidades; y no solo un 20% (que la experiencia nos dicta que podría venir a beneficiar solo a los altos mandos, y no a los oficiales de a pie, que son siempre los más afectados con los recortes presupuestarios, además de ostentar el salario más bajo).
Ahora bien, la inestabilidad salarial que van a sufrir estos oficiales es evidente. Ese 15% sobre el salario base puede revocarse en cualquier momento, de acuerdo a lo que mejor estime el patrono. ¿Podemos imaginar el poder que ejercerían las jefaturas sobre sus subalternos manipulando ese porcentaje? (No nos dejemos engañar, en Costa Rica se ven estas cosas y peores; ¿qué nos asegura que este rubro será manejado con objetividad?).
Ahora bien, en cuanto al incentivo por Anualidad, ¿cómo pretende el Licenciado Hidalgo que los que luchamos por los cuerpos policiales callemos lo obvio? La declaración de Derechos que han costado años de trabajo, con la finalidad de robustecer la calidad de vida de nuestros oficiales de policía, están viéndose disminuidos (basándose en una política en la cual el sector público es el culpable del déficit financiero y tributario del país, situación que es una falacia de composición a plena luz) al tratar de dividir a nuestros oficiales en dos bandos (los que tienen derechos, y los que no los van a tener) a pesar de realizar las mismas funciones. Sí, es cierto que quienes tienen sus derechos adquiridos los van a mantener, mientras no pierdan su condición de funcionario público. Pero también es cierto que, la historia de los derechos laborales en Costa Rica está reescribiéndose, y desgraciadamente de forma degenerativa, al violentar el inciso a) del artículo 90 de la Ley General de Policía.
Nosotros no confundimos a nadie. Esta es la realidad que se avecina con un peso insoslayable y contundente. Hacemos un ejercicio crítico y velamos por el futuro de la Fuerza Pública. Somos un solo cuerpo, y es nuestra obligación escribir un mejor mañana para las nuevas generaciones.
Es necesario que el proyecto sea claro y contundente; que proteja los intereses de quienes reciben los salarios más bajos de todo el sector público, de quienes gozan de menos derechos, y que se responsabilice a los verdaderos culpables del déficit fiscal, sin que sea el sector público (más débil) el que pague los platos rotos.
No es de extrañar que el vocero de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, de una u otra manera intente desvirtuar nuestras manifestaciones y/o luchas gremiales, lo hizo en el pasado cuando denunciamos las delegaciones “cuchitriles”, pero ahora que el propio Ministro de Seguridad dice abiertamente, que; “las delegaciones son pocilgas”, el vocero de prensa guarda silencio.
Ahora bien, nos preguntamos: ¿El comentario del licenciado Hidalgo Flores es la posición oficial que tomó el Ministerio de Seguridad Pública con respecto a este Proyecto de Ley, y estos alcances en particular? Si bien publica en su perfil personal, evidentemente este no se puede desligar de actividad de ser la voz de la cartera de Seguridad Pública.
La gente esta cansada
La gente esta cansada
De la politiquería,
Y de que los políticos
Digan tanta tontería.
Que lleguen a los pueblos
Cuando hay elecciones,
Y después se vayan
Sin dar explicaciones.
Que repartan besos
Y se saquen fotos,
Y después se olviden
Cuando tienen los votos.
Que ofrezcan soluciones
Que no van a cumplir,
Y que agredan al pueblo
Cuando llega a exigir.
Que se roben la plata
De forma descarada,
Que es para le gente
Más necesitada.
Posición oficial de ANEP-MEIC sobre el proyecto de ley nº19822 “Creación de la agencia de fomento productivo
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, (ANEP) a través de su Seccional ANEP-MEIC, desea manifestar a la opinión pública y a los honorables miembros de la Comisión Legislativa de Asuntos Económicos con respecto al proyecto de ley denominado: Creación de la Agencia de Fomento Productivo, Innovación y Valor Agregado –FOMPRODUCE-, el cual impulsan las autoridades del MEIC, MICITT, MAG y COMEX, Expediente de Ley N°19822, presentado por el Poder Ejecutivo, publicado en La Gaceta, Alcance Digital N°24, del 4 de febrero del 2016.
Luego de un análisis detallado del proyecto en mención, la Junta Directiva de la Seccional ANEP-MEIC se opone en todos sus extremos a dicho proyecto de ley, principalmente por los motivos que se detallan a continuación:
1. Atenta y debilita la institucionalidad del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) como ente rector del sector conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas (PYME), que representan más del 95% del parque empresarial costarricense, así como los emprendedores. Esto debido a que se trasladan parte de sus competencias a esta Agencia, quitándole al MEIC la mayor parte de las funciones, herramientas y estructura institucional para diseñar, crear y ejecutar política pública de Estado. Se dejan pocas funciones de política a una unidad mucho más pequeña en el MEIC enfocada a la política industrial, lo que limita la articulación interinstitucional del ecosistema PYME y Emprendedor.
2. Este proyecto representa un retroceso en lo avanzado en el país, en términos de regulación, normativa, programas y procesos de atención y fomento al sector productivo conformado por las micro, pequeñas y medianas empresas, plasmado en la Ley N° 8262 de mayo de 2002; cuyo objeto es crear un marco normativo que promueva un sistema estratégico integrado de desarrollo de largo plazo, el cual permita el desarrollo productivo de las PYME, y posicione a este sector como protagónico, contribuya al desarrollo económico y social del país, mediante la generación de empleo y el mejoramiento de las condiciones productivas y el acceso a la riqueza.
3. El proyecto de Ley N° 19822 pretende crear un ente privado, al cual se le trasladaran fondos públicos, por un monto de $34 millones de dólares (monto inicial), con aportes anuales de los presupuestos de algunas instituciones públicas, de más de 15.000 millones de colones. En otras palabras, se privatizan casi todos los fondos públicos de fomento al sector empresarial y se limita el acceso a muchas PYME y emprendedores a los recursos gratuitos y de calidad que actualmente existen en diferentes instituciones públicas.
4. La Agencia FOMPRODUCE operaría fuera de la normativa jurídica que regula fondos públicos, tal como se indica en el artículo 14 del proyecto de ley. No estaría sujeta a las siguientes regulaciones: Estatuto de Servicio Civil, Ley de Planificación Nacional, Ley General de la Administración Pública, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Ley de Contratación Administrativa, Ley de Administración Financiera. Al estar siendo financiada ($34 millones) por recursos provenientes de fondos públicos (suma no despreciable), no se justifica bajo ningún criterio que estos recursos queden fuera de todas estas normativas. Estos son recursos de todos los costarricenses, por lo que se debe velar por un adecuado manejo y asignación.
5. Otro punto que indica la falta de control y fiscalización externa se refleja en el artículo 12 del citado proyecto de ley, en el que se establece que la auditoría interna funcionará bajo la responsabilidad y dirección de un auditor nombrado por el Consejo Directivo. Además, solo podrá ser removido a juicio del mismo Consejo Directivo, con lo que se convierten en juez y parte del proceso de auditoría y fiscalización.
6. El proyecto de ley traslada, inclusive, un 4% del presupuesto total del MEIC, por el cierre de la DIGEPYME, a la Agencia; sin que exista un estudio técnico formal y debidamente fundamentado. Además, partiendo de que este 4% sea correcto, el cual equivaldría alrededor a ¢300 millones de colones, no se compara con los nuevos gastos generados por la agencia los cuales ascienden al orden de los ¢18.360 millones de colones ($34 millones). Adicionalmente, si se considera el costo que implicaría para la Administración Pública la liquidación de más de 30 funcionarios de la DIGEPYME, además de los empleados públicos de otras instituciones que también se eliminarían o cerrarían, con un promedio de entre quince y veinte años de experiencia, conocimiento y servicio público, realmente no se vislumbra ahorro alguno.
7. Estos fondos serán administrados por un Consejo Directivo con facultades plenipotenciarias y con la discrecionalidad absoluta para nombrar personal y decidir la forma en que serán invertidos los recursos. Sin obviar, que ese Consejo estará conformado en su mayoría por representantes del sector privado.
8. Se elimina el Consejo Asesor Mixto de la PYME, creado en la Ley 8262, cuyo fin es funcionar como un órgano asesor en materia de política PYME, y que actualmente opera con 10 miembros, de los cuales 3 son ministros (MEIC, MICITT, COMEX), 4 son los máximos jerarcas de entidades públicas y 3 son representantes de cámaras empresariales privadas relacionadas con el sector PYME. En su lugar, la nueva Agencia operará con un Consejo Directivo conformado por 4 ministros (los mismos del Consejo PYME, más el Ministro de Agricultura y Ganadería) y 5 representantes del sector privado (Cámara de Comercio, Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria y UCCAEP) creando así una desproporcionada distribución, en la representación del Estado con respecto a al sector Privado sin explicación alguna.
9. Uno de los argumentos para justificar la creación de la agencia radica en la falta de coordinación interinstitucional, lo cual no se resolvería con la creación de una junta directiva con un carácter mayoritariamente privado, que integra a los mismos miembros de entidades públicas, ya que privaría la defensa de los intereses particulares y no del interés público, con lo que más bien se dificultaría la articulación y el trabajo coordinado.
10. Con este proyecto se mina el patrimonio del MEIC al ceder, gratuitamente, un total de 210.000.000 colones que equivalen al valor nominal de las acciones de CEMEX en poder del MEIC; los cuales incluso no han sido ni siquiera invertidas por el MEIC para contar con su edificio propio. No solo se eliminaría una dirección sustantiva del MEIC, como lo es la DIGEPYME, sino que se debilitaría el accionar del Ministerio en su totalidad, en beneficio de un ente privado.
11. Este proyecto fomentaría la contratación de personal profesional externo para la agencia; desestimando la amplia experiencia de los funcionarios de la DIGEPYME, así como la millonaria inversión que el Ministerio ha realizado en capacitación y formación técnica especializada a muchos de ellos a lo largo del tiempo, entre otros aspectos; sin dejar de indicar el accionar que el MEIC ha venido realizando en materia de emprendimiento y MIPYMES en el país, desde la promulgación de la Ley 8262 de Fomento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en el año 2002.
12. Se estarían cerrando las oficinas regionales de atención a las MIPYMES y emprendedores (CREAPYMES- 7 centros regionales de atención en total), que el MEIC tiene actualmente en seis regiones del país, con lo cual se rompería con el proceso de atención que se ha conformado en más de 10 años de trabajo conjunto en las regiones, y se perdería todo el trabajo que se ha realizado con las redes de cooperación interinstitucional.
13. Pone en riesgo la estabilidad laboral de los funcionarios que actualmente trabajan en propiedad en la DIGEPYME al plantear el cierre de la dirección, aduciendo un ahorro a nivel presupuestario. Sin embargo, este ahorro se transforma en posibles transferencias para financiar la misma Agencia. Realmente no hay ahorro alguno para la Administración con la creación de esta agencia y tampoco presentan o se observan estudios profundos que demuestren el supuesto ahorro.
14. Sin obviar que el efecto del cierre de la DIGEPYME podría generar consecuencias colaterales para la estructura interna del MEIC y de otras instituciones que se verían afectadas con este proyecto (que tampoco fueron analizadas).
15. Lo increíble es que en dicho proyecto de ley se menciona la supuesta apertura de una unidad mucho más pequeña enfocada en la política industrial en el MEIC; pero sin considerar o contemplar que el capital humano existente en la DIGEPYME forme parte de esta nueva Dirección, para aprovechar los recursos ya existentes y las plazas que tanto cuesta en el Estado crear o descongelar (tenerlas habilitadas). En suma, se prescindirá de los funcionarios de la DIGEPYME para luego solicitar ante la autoridad presupuestaria la apertura de nuevas plazas para la Dirección de Política Industrial, lo que iría en contra de lo establecido en el Régimen de Servicio Civil que rige las contrataciones en el Ministerio.
16. Este proyecto de ley afecta directamente las condiciones laborales de funcionarios de instituciones públicas o estatales como: INA, CONICIT, MEIC, PRONAMYPE (MTSS), otros; ya que las autoridades con este proyecto pretenden en resumen mutilar el Estado, aduciendo en su exposición de motivos la falta de articulación y coordinación; sin ni siquiera valorar que existen otros mecanismos para que entre las mismas autoridades o jerarcas de un mismo gobierno y partido político puedan consensuar acciones y trabajar más coordinadamente y sin mayor complicación. Cosa que no han logrado las autoridades en dos años de administración y que a falta de consultar al personal experto y habituado en este campo, improvisan una solución inconsulta.
17. Este proyecto podría generar clientelismo político puro, favoreciendo a unos pocos y dejando desatendidos algunos tipos de emprendimientos y MIPYMES, especialmente a todos aquellos emprendimientos potenciales para miles de trabajadores y trabajadoras informales que excluidos del crédito y la asesoría técnica adecuada; más bien los recursos estarían siendo destinados a los proyectos y programas de interés exclusivo del Consejo Directivo de la Agencia, dejando de lado el interés del país en beneficio del sector productivo, ¿Responde entonces este proyecto equilibradamente a las demandas de la sociedad o solamente a las del mercado? Téngase en cuenta que el proyecto deja por la libre la contratación de los prestadores de servicios no financieros u oferentes de servicios de desarrollo empresarial, los cuales quedan fuera de los debidos procesos de contratación administrativa sin ningún tipo de supervisión o regulación. ¿Se inclinaran estos por los emprendimientos más convenientes y menos riesgosos en lugar de afrontar el reto con los sectores más sensibles y riesgosos para romper con las asimetrías estructurales que el mismo modelo de desarrollo ha creado?
18. Para garantizar la continuidad de los servicios de la agencia, se deberá cobrar a las PYME y emprendedores por los servicios que actualmente se brindan de forma gratuita y solidaria por parte del MEIC, INA, CONICIT y otras entidades que conforman la Red de Apoyo a la PYME y Emprendedores, red que indudablemente se debilitaría o incluso se eliminaría tal como funciona en la actualidad, esto ante la creación de ese ente privado. Esto generaría exclusión.
19. En razón de lo anterior, debemos preguntarnos por qué la administración del MEIC no consideró un modelo de agencia que fuera el brazo operativo del MEIC y mantener a la DIGEPYME, como el brazo político. La solución a los problemas de desarticulación que aducen las autoridades proponentes del proyecto, no sería eliminar esta instancia, sino por el contrario fortalecerla con recursos técnicos, humanos y financieros que le permitan poder cumplir de una mejor manera con las funciones que por su naturaleza le competen, aprovechando la amplia experiencia y capacidad de un recurso humano profesional y especializado.
20. Con respecto al procedimiento de formulación y presentación del proyecto de ley, no se siguió el debido proceso de la formulación de la política pública, dado que el proyecto de ley firmado dista mucho del presentado a consulta pública, pues no se circuló la última versión entre las partes interesadas. Además de que en un inicio sólo se invitó a reuniones o actividades a ciertos actores del ecosistema, dejando por fuera a otros.
21. En suma, de conformidad con el interés público este proyecto de ley está desmantelando instituciones del Estado para financiar un ente que operaría bajo regulación privada. Realmente el país no estará recibiendo ningún beneficio por la creación de FOMPRODUCE, pero sí unos cuantos se podrían ver beneficiados, con lo cual se peligra en caer en clientelismo puro, como ya se mencionó.
22. Por otro lado, el proyecto cita la existencia de algunas agencias internacionales de igual o similar naturaleza a la que pretenden, pero no adhieren estudios técnicos amplios de modelos de agencias como la que proponen. Se basan en información escasa y limitada para un proyecto de tal envergadura. Tomando como ejemplo CORFO de Chile y teniendo este país un ecosistema emprendedor y MIPYME muy desarrollado y distante al de Costa Rica; donde incluso Chile nos lleva en esta materia años de ventaja con un modelo continuo de ingresos vía transferencias fiscales, el cual Costa Rica carece.
23. Adicionalmente, es contradictorio ver como en la Asamblea Legislativa se habla de cerrar algunas instituciones públicas y, por otro lado, las autoridades del MEIC hablan y proponen abrir una institución privada con fondos públicos.
24. Por otro lado, las autoridades del MEIC han presentado ante MIDEPLAN una solicitud para análisis y aprobación de una propuesta de reorganización parcial del MEIC, la cual incluye a la DIGEPYME (oficio DM-509-15), siendo que dicha solicitud fue aprobada parcialmente según se detalla en el oficio DM-025-16 de fecha 26 de enero del 2016 emitido por MIDEPLAN. Con lo cual las autoridades del MEIC se contradicen, específicamente en lo referente a los cambios aprobados para la DIGEPYME, ya que por un lado proponen cambios de nombre de los cuatro departamentos, además de ajustes en la distribución de funciones y reasignación de un puesto (además de que se está reasignando un puesto de jefatura que representa un incremento de cerca de 7 millones de colones anuales en su presupuesto); y, por otro lado, presentan un proyecto de ley por medio del cual proponen el cierre de la DIGEPYME, lo que no tiene ninguna lógica.
25. El MEIC a través de la DIGEPYME (Dirección General de Pequeña y Mediana Empresa) tutela y administra por ley el Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC), que es una base de datos voluntaria y gratuita con información relevante del giro empresarial de las MIPYMES y emprendedores; importantísima para la generación de políticas públicas y la toma de decisiones incluso se constituye en un instrumento por el cual el Estado podría articular acciones y tomar medidas correctivas para el fortalecimiento y desarrollo del sector MIPYME y Emprendedor. Máxime si se genera interoperabilidad de este sistema con otras bases de datos y si se otorgan recursos para consolidarlo y que a través de esta plataforma se genere un sistema único tipo ventanilla digital.
26. El proyecto de Ley pretende que el Sistema SIEC creado por la Ley No. 8262 “Ley de Fortalecimiento a las PYME” y su reglamento (Decreto Ejecutivo 39295-MEIC) sea parte de la Agencia FOMPRODUCE; sin embargo, no están considerando que la información que aportan las empresas al MEIC está bajo la protección y al amparo de la Ley de Protección de datos. Así que no es viable ceder esa información mientras no exista una aceptación de cada uno de los empresarios (as) y emprendedores registrados. Se estaría actuando de forma contraria al principio de legalidad que priva. En cuyo caso ni siquiera el proyecto de Ley prevé este tipo de situaciones.
27. Las MIPYMES que están en el SIEC inscritas con condición PYME al día pueden accesar a diferentes beneficios que las instituciones del sector financiero y no financiero destinan a las PYMES. Ejemplo líneas de crédito de PROPYME, PINN (MICITT/ CONICIT para proyectos de tecnologías e innovación), Fondos del Sistema de banca para el Desarrollo, FODEMIPYME y otros. También beneficios que obtienen al ser parte de procesos de contratación administrativa donde a las PYMES registradas en SIEC se les otorga un trato preferencial, entre otros. Sin obviar la exoneración del impuesto a las sociedades que estuvo vigente hasta el 2015 y que recientemente está siendo aprobada en la Asamblea Legislativa.
28. En el proyecto de Ley FOMPRODUCE se aduce que con esta agencia se pretende generar una mayor articulación institucional, porque al parecer existe desarticulación en el Estado Costarricense. Pero en el documento no se observan las soluciones concretas para generar una mayor articulación, ni se definió lo que se entiende por articulación.
29. Actualmente este Gobierno elaboró y divulgó una Política Nacional de Emprendimiento que esta incluso en la Web del MEIC, pero nunca han dado a conocer cuál es la política para MIPYMEs aun y cuando la Dirección general de apoyo a la pequeña y mediana empresa (DIGEPYME) del MEIC trabaja estos temas mediante diversos programas con recursos muy escasos y limitados, además del poco apoyo por parte de la administración.
30. Se debe analizar la legalidad de la participación y aportes del señor José Joaquín Salazar Rojas ex viceministro del MAG en el desarrollo de la propuesta del proyecto de ley de la Agencia FOMPRODUCE; quien había sido nombrado ilegalmente por el Gobierno. Además, debe valorarse si se anula o deja sin efecto la participación, aportes y comentarios del señor Salazar en la audiencia celebrada el martes 23 de febrero de 2016 en la Asamblea Legislativa ante la comisión que ve dicho proyecto de ley. (Acta sesión ordinaria Nº 50).
31. En dicho proyecto de Ley de la Agencia FOMPRODUCE no se observa un análisis de costo-beneficio, que permita estudiar y evaluar el proyecto como un todo, se desconocen los gastos o costos en que incurriría la Agencia a nivel general por lo que resulta imposible establecer una relación con los supuestos beneficios que mencionan las autoridades del MEIC. Adicionalmente se desconoce cuántas personas serán contratadas por la Agencia (personal profesional, personal técnico, jefaturas, gerencias o director), no se sabe nada de la estructura organizacional, instalaciones físicas, modelo operativo, tabla de salarios, etc.
32. Sin un verdadero análisis de costo-beneficio no se pueden tomar decisiones inteligentes y mucho menos determinar la conveniencia de este proyecto, hay muchos costos directos e indirectos que no han sido valorados; temas relevantes que requieren ser cuantificados por las consecuencias que este proyecto puede provocar a nivel económico, social y político.
33. Resulta relevante mencionar que para el desarrollo de dicho proyecto de ley no se tomó en cuenta ni se hizo partícipe a la Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa (DIGEPYME), ni se le solicitó criterio técnico a los funcionarios de esa Dirección, siendo una realidad que DIGEPYME cuenta con personal profesional con amplia experiencia y conocimiento en materia de PYME y emprendimiento, cuyos aportes pudieron haber enriquecido el proyecto en procura del beneficio del sector productivo (PYMEs y Emprendedores), razón de ser de su existencia. Desconocemos las razones por las cuales dicho proyecto de ley lo manejaron las autoridades del MEIC de forma unilateral, hermética y haciendo partícipes solo a unos cuantos actores del ecosistema.
A raíz de lo mencionado en los puntos anteriores, reiteramos nuestra oposición ante dicho proyecto de ley y para que sea archivado definitivamente.
La libertad sindical es un derecho humano
Los ticos nos privilegiamos de ser un país de Derecho, en donde decimos se respira democracia y se respetan los Derechos Humanos fundamentales. En ese marco de país democrático, la libertad de opinión y de pensamiento son un derecho, por lo tanto, se puede entender que algunos sectores y actores sociales no compartan ser parte de una organización sindical, e inclusive que difieran del pensamiento de justicia socio-laboral que estás persiguen.
No obstante, en los últimos tiempos, algunos actores, sociales políticos y del sector de la comunicación, vienen optando por un estilo de comunicación que tiende a “sembrar odio”, que no hacen oposición sensata y basada en fundamentos, sino que lo hacen levantando la voz para insultar, actuando irresponsablemente potenciando a mediano plazo algo que podría derivar de altísimo costo para nuestro país.
Esos actores sociales, posiblemente guiados por la decadencia de valores que vive nuestro país, recurren al discurso maquiavélico y perverso, que tiende a confundir a la opinión pública. Al menos, ese es el fin que parecen perseguir. Ese discurso les lleva a señalar a integrantes de organizaciones sindicales, dentro de una sociedad democrática, como los responsables del “déficit fiscal y de la ingobernabilidad”.
Ciertamente es necesario hacer un análisis integral de la situación del país. Es cierto que existen situaciones jurídicamente consolidadas (a Derecho); que, si bien están dentro del marco de la legalidad, requieren ser revisadas, actualizadas, y modernizadas, debido a la evolución social, cultural, política y económica del país. En mi caso, como dirigente sindical lo reconozco, lo tengo claro y entiendo que se debe dialogar sobre diversos aspectos, pero, asertivamente y con espíritu constructivo.
Es necesario revisar algunas cosas. Es preciso que los servicios sean de calidad, que se impregnen de un altísimo sentido de servicio. Es urgente que la función pública se lleve a cabo con los más altos estándares de probidad, eso lo compartimos. Pero para lograrlo es prioritario e imperativo el diálogo, la búsqueda del consenso, que nos permita resolver estos y otros aspectos que pueden ajustarse dentro del marco del Derecho.
La afiliación sindical, la organización sindical, forman parte de los derechos que se consideran dentro de un país democrático. La libertad sindical es un derecho fundamental, civil y básico, estrechamente vinculado a los derechos humanos, consagrado constitucionalmente (artículo 60), y en tratados internacionales (Convenio Nº 135 de la OIT).
Pareciera que algunos detractores de la actividad sindical olvidan, puede que intencionalmente, que en este país se evaden impuestos en sumas exorbitantes, que existe una altísima defraudación fiscal, que se condenó recientemente a un partido político por estafa, que se dispararon los homicidios, que la criminalidad se incrementó y que se están instaurando en nuestro país, el crimen organizado y el narcotráfico. Están olvidando, (estratégicamente) la recurrente impunidad en los delitos de “cuello blanco”, la trocha fronteriza, las concesiones fallidas y el lavado de dinero que todos sabemos se realiza en nuestro país.
En ninguno de los casos más sonados de corrupción, figura un dirigente sindical de ANEP y/o de otra organización; pero además de ello, en los últimos años, ningún dirigente sindical ha sido vinculado con el narcotráfico, con el crimen organizado, con lavado de dinero, defraudación, y/o alguna otra actividad delictiva, lo cual, si se ha presentado con algunos de nuestros detractores, actores políticos y de la comunicación. Así las cosas, “las pavas le disparan a las escopetas”.
Además de ser la libertad sindical un instrumento jurídicamente válido, resulta de especial importancia recalcar que ésta sirve para promover la economía procesal y la paz socio-laboral en muchísimos casos. Además, los sindicatos no tendrían razón de ser, si en nuestro país no se violentaran tantísimos derechos laborales. Es evidente que quienes se oponen y reniegan de la actividad sindical, posiblemente además de hacerlo motivados por algún interés especial, jamás necesitarán de uno, por ser personas económicamente solventes y/o ser la parte dominante y de poder en la relación laboral.
ANEP es una organización que cobija diversos sectores obreros, somos responsables, hacemos propuestas globales en pro del bien común. Como parte de nuestra consigna de transparencia y justicia social, también hacemos denuncias en temas que tienen que ver con la falta de transparencia en la función pública. Esa condición (denuncia), estamos seguros les provoca incomodidad a algunos, que, de no ser por nuestro valor y tenacidad, estarían tranquilos en su ambiente de confort.
Los detractores de la libertad sindical no saben de las veces que nosotros ayudamos a evitar una tragedia, de las veces que advertimos a la administración de algún riesgo, de las veces que conciliamos favoreciendo la economía procesal y al erario público. En mi caso, atiendo las necesidades laborales y personales de la población policial, ¿Cuánto le costó al país lo sucedido en la Embajada de Chile?
Es preciso determinar qué tipo de país queremos. Uno, donde la democracia, la participación, el equilibrio entre pesos y contra pesos, sean parte de nuestra realidad social; u otro, donde impere la anarquía y la Ley del talión. Porque sin libertades sindicales, no hay derechos humanos, sin derechos humanos, no hay paz social.
