Trabajo en equipo es la clave, según Porras.
Categoría: Noticias
Esta categoría es la que agrupa los contenidos principales en la página de inicio.
Sembrando odio en una sociedad corporativizada, dividida y fragmentada
Lo que se conoce como movimiento sindical costarricense está dividido. Entendemos que el movimiento cooperativo, también; al menos, en dos corrientes principales. Según se nos cuenta, el movimiento solidarista no escapa a esta característica, pues hay unas tres entidades que compiten por tener la real legitimidad de este tipo de asociaciones.
Nos parece que el ecologismo y el ambientalismo de la Costa Rica de hoy expresa tal característica: la división. El gremio taxista tiene dos vertientes sumamente manifiestas como públicamente consta.
En el empresariado, las cosas no parecen ser distintas. Dos ejemplos lo ilustran: Los exportadores tienen su propia cámara y no están incluidos dentro de la máxima organización del alto empresariado corporativo. Los autobuseros, por igual: están partidos en dos cámaras.
Prácticamente, todos los partidos políticos con actual representación parlamentaria, están partidos.
…Y así por el estilo en otros sectores de lo que se ha venido denominando sociedad civil. Seguramente convendrá usted con nosotros en que con tal estado de cosas que presenta el actual escenario sociopolítico nacional del país, el único factor de unidad nacional que nos ilusiona es la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica. Cuando de la sele se trata, el “tiquismo” se nos sale hasta por los poros… pero hasta ahí.
Que todos estamos de acuerdo en vivir en Democracia, ¡igual!, es un sentimiento de unidad nacional… pero en lo abstracto; porque en lo concreto la Democracia no la estamos viviendo todos de la misma manera, a todos no nos está yendo de la misma forma.
Por un lado, el sistema político sobre el cual se sustenta la Democracia ha venido perdiendo, peligrosamente, credibilidad. Según las encuestas (con todo y lo que las mismas generan en cuanto a credibilidad, precisamente), hoy en día, a tres cuartas partes de los y de las costarricenses, la política no les interesa.
Por otra parte, por ejemplo en cuanto a la situación económica, los salarios, el empleo y la distribución de los beneficios del crecimiento económico muestran que, inobjetablemente, hay dos Costa Rica: la incluida y la que ya no lo está o va en rumbo a la exclusión.
Al respecto bien lo ha señalado el ciudadano economista don Carlos Blanco Odio, en su artículo “Desigualdad injusta”, que le publicara La Nación por estos días y transcribimos seguidamente: “En Costa Rica, el crecimiento ha estado acompañado por aumentos en la desigualdad, de acuerdo con el coeficiente de Gini (con valor de 0 cuando existe igualdad perfecta y 1 cuando hay desigualdad perfecta). En efecto, el coeficiente ha venido subiendo y pasó de 0,44 en el 2009 a 0,52 en el 2014. Según estándares internacionales, los países que están razonablemente bien alcanzan valores cercanos a 0,3 y los que tienen mucha desigualdad superan el 0.5”. Hasta aquí la atinada enseñanza de don Carlos Blanco Odio.
Costa Rica ya superó el 0,5 y pareciera que el camino nos está conduciendo al 1, hacia la “desigualdad perfecta”: el desempleo no retrocede, los salarios están congelados, el salario mínimo no se respeta plenamente, el empleo público está bajo ataque, el sistema tributario no se vuelve progresivo, el crimen organizado y el narco avanzan… Etc., etc.
Así las cosas y como todo este escenario de conflictividad y de confrontación en desarrollo parece ir in crescendo, el sembrar odio se ha convertido en una innoble y peligrosa arma que está siendo empleada, muy peligrosamente, en contra de quienes (mediando las organizaciones que representamos), nos resistimos a que como sociedad nos arrastren hacia el fatídico 1 del coeficiente de Gini, la “desigualdad perfecta”, en lucha constante de todos los días al respecto.
En el marco de esa tesitura del odio (entendiendo tesitura como la “coyuntura o combinación de factores y circunstancias que caracterizan una situación en un momento determinado”), resulta particularmente grave que aprovechando el poderío económico que da el control mediático, la manipulación de la información lleve a niveles tan perversos como presentar el titular de esa “información” cargado completamente de ideología y no de objetividad; que la “información” se alimente de fuentes anónimas que, a su vez, son promotoras de odio; y que, incluso, en la promoción de ese odio como fuente anónima, la injuria, la calumnia y la infamia se empleen inescrupulosamente.
Siempre hemos estado convencidos de que la pobreza intelectual y la debilidad argumental en estos delicados asuntos inherentes a la convivencia social y política de los actores encontrados entre sí (como los que mencionamos al principio de este artículo), se sustituyen posicionando el odio alimentado por la injuria, la infamia y la calumnia; esparciéndose especies perversas, malsanas, jugando con la honra ajena del opositor político-ideológico de manera totalmente irresponsable.
En estos largos meses de la actual gestión gubernativa, las tesis sociolaborales y sociopolíticas planteadas desde las corrientes sindicales responsables, en temas tan sensibles como el empleo, los salarios, la distribución del ingreso, el sistema tributario, la integración social y el bien común; por lo general, se vienen respondiendo en no pocos casos con odio mediando enfoques mediático-interpretativos cargados de subjetividad totalitaria, parcializados notablemente, sin equilibrio informativo alguno.
Es más, por experiencia propia podemos dar fe de que esa especie de totalitarismo ideológico-mediático en contra de quienes luchamos para que Costa Rica nunca llegue al indicador Gini del 1, la desigualdad perfecta; los sembradores de odio se han atrevido a meterse en los mismísimos procesos electorales internos de organizaciones sindicales como las nuestras, sin escrúpulo alguno, de manera descarada, apuntalando grupúsculos espurios y a personas de dudosa moral político-sindical. Hasta eso han llegado con la tesitura del odio que profesan.
Los sembradores de odio deben comprender que la Democracia, aunque les duela, incluye a los sindicatos. Los sembradores de odio que detentan medios de comunicación deben comprender que la nota informativa con fuerte carga ideológica, queda completamente desenmascarada con solo la lectura de las cuatro palabras del titular de primera página o con la presentación del titular electrónico-televisivo.
Los sembradores de odio deben tener presente la amplia base jurídico-institucional del accionar sindical en un país de Derecho como el costarricense, tanto en la normativa jurídica interna de nuestras propias leyes como la misma jurisprudencia constitucional, así como la internacional que tutela el Derecho Sindical, el cual se considera Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido… aunque les duela. Lo saben perfectamente pero en el marco de la tesitura del odio lo ignoran deliberadamente.
Tenemos completa convicción que dentro del insano gremio de los sembradores de odio, hay integrantes extremistas que piensan que el mejor sindicalista es el sindicalismo muerto; que desearían el exterminio de las organizaciones sindicales. Pero como todavía no se atreven al sicariato sindical (aunque no sabemos por cuánto tiempo), creen que pueden llevar a un liderato, a una organización, a un grupo obrero luchador honesto a una especie de muerte civil, con la tesitura del odio que estamos mencionando en este artículo.
Los sembradores de odio deben comprender que juegan con fuego en el marco de una sociedad corporativizada, dividida y fragmentada como la costarricense de estos tiempos.
Cabos sueltos
Se hizo tanta presión mediante las empresas de difusión masiva para forzar la apertura del mercado de telecomunicaciones. El principal argumento era la innovación tecnológica que traerían las transnacionales telefónicas.
Años después, se comprueba que el ICE ofrece lo mismo que la competencia y que siempre estuvo en capacidad de hacerlo. Todo fue una campaña para extraer del país las ganancias que antes correspondían solo al ICE, el cual las invertía en nuestro territorio.
No se entiende por qué se responsabiliza solo al gobierno de generar empleo, siendo una obligación de la empresa privada, para lo cual algunas gozan de generosas exoneraciones tributarias.
Nuestro pais perdió hace muchos años la capacidad de planificación. Un ejemplo: no existe planificación urbana, las ciudades crecen desordenadas, escalan las montañas que rodean al valle central, para contaminar las nacientes de agua.
En cambio, cuando Costa Rica logra planificar, los resultados son electricidad para casi toda la población, agua potable, vacunación masiva, esperanza de vida comparable a la de los países industrializados… ¿Se recuperará la capacidad de planificar?
Quienes critican con sarcasmo al actual gobierno de don Guillermo Solís deberían tener en cuenta que: 1. No tiene suficientes diputados en la Asamblea Legislativa; 2. Los mandos medios de las instituciones autónomas y de los ministerios son de Liberación Nacional; 3. Dicho partido y la Unidad Social Cristiana están decididos a no permitirle que Solís haga un buen gobierno, porque los desplazaría del poder; 4. Otón Solís equivocó sus papel histórico al convertirse en el principal diputado opositor de la que probablemente sea la única administración del partido que él fundó.
El Vaticano normalmente nombra como obispos a presbíteros de línea conservadora en lo teológico y social. Por eso la jerarquía católica es temerosa y predecible, de escasa iniciativa. Por primera vez en siglos un obispo de Roma está a la vanguardia de la Iglesia Católica. ¡Larga vida a Francisco!
Solicitamos a la Comisión de Hacendarios incluir a la PPM en destino del impuesto a las personas jurídicas
La ANEP y su Seccional en la Policía Profesional de Migración solicitan a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, incluir a la Policía Profesional de Migración (PPM) como uno de los destinarios de la recolección de impuestos a las personas jurídicas establecido en el Expedienten Legislativo N° 19.818.
Esto debido a que dicho proyecto de Ley en su Artículo 10 “Destino del impuesto” sólo contempla destinar los dineros recolectados por dicho impuesto, al Ministerio de Seguridad Pública, a la cartera de Justicia y Paz y al Poder Judicial, dejando por fuera una de las policías más importantes del país y con mayor necesidad en todos sus ámbitos.
Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPM, indicó que una de las razones por las cuales se debe variar el Artículo 10 de esta ley e incluir a este cuerpo policial, es por el incremento de la visitación turística al país, la cual va en aumento cada año, pero no se refuerza el personal, afectando directamente la parte operacional en fronteras y aeropuertos.
“No incluir a la Policía Profesional de Migración es injusto, ya que debemos trabajar con muy pocos recursos para atender diversas situaciones que se presentan diariamente y no basta con tener voluntad para hacer las cosas. Requiere de equipo y personal para atender problemas como el fenómeno de migración de personas presentado en los últimos meses, así como situaciones de trata de personas; controles de carretera, e inspecciones en comercios y zonas turísticas. A esto debemos sumar operativos en conjunto con diversos cuerpos policiales e instituciones como el PANI.”, detalló Mora.
Según el Artículo 10 denominado “destino del impuesto” Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto serán destinados a financiar los siguientes rubros:
a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales y en compra y mantenimiento de equipo policial. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.
c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.
Para la ANEP la Policía Profesional de Migración cumple una labor fundamental en la seguridad de nuestro país y vigilancia de las fronteras y aeropuertos, sin embargo actualmente cuenta con un faltan de más de 400 oficiales por lo que se hace necesario incluirla como uno de los beneficiarios de dicho proyecto de ley.
Entrevista sobre déficit fiscal en RTN Revista
ANEP llama a trabajadores municipales a salir a las calles
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, hace un llamado vehemente a toda la clase trabajadora de las municipalidades de Costa Rica, a cada una de sus organizaciones, para que se tomen todas las previsiones organizativas con miras a su salida a las calles en fecha próxima y con la urgencia que el caso amerita, a fin de defender la autonomía municipal de orden constitucional, hoy gravemente amenazada como jamás lo estuvo, por el proyecto de empleo público que impulsa el Gobierno, junto con el Partido Liberación Nacional (PLN), especialmente.
La paralización de labores en las municipalidades costarricenses, de manera conjunta, tanto en el ámbito de los municipios de la Gran Área Metropolitana (GAM), como a nivel rural, es una posibilidad real como jamás antes se pudo haber pensado que algo así llegaría; incluso, con características de Huelga General Indefinida en el sector municipal nacional.
Si la ANEP, y así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA han demostrado ya, hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es culpa de los salarios de los empleados públicos, mucho menos puede atribuírsele culpa alguna a los trabajadores municipales al respecto. Las municipalidades, para nada, dependen de las finanzas centrales del Estado pues tienen sus fuentes propias.
El proyecto contra el empleo público, expediente legislativo No. 19.506, se mete con las municipalidades violentándoles su autonomía constitucional. Bastan estos ejemplos:
a) El prácticamente congelamiento salarial del Gobierno Central llegaría a las municipalidades pues con este proyecto se les castra la posibilidad de negociaciones salariales propias, específicas para cada municipio, tal y como hasta a hora ha venido sucediendo hasta la fecha en la mayoría de las corporaciones municipales del país.
b) Prácticamente deroga todas las posibilidades de que la cesantía se pueda tener mayor a los 8 años, pues quienes tienen en la actualidad la expectativa de 20 años, ésta queda anulada aunque ya esté en los respectivos sistemas laborales de las municipalidades que ya han logrado este derecho.
c) El sistema de Negociación Colectiva, fundamento esencial e histórico de la paz laboral en las municipalidades costarricenses, sufre gran retroceso por las restricciones operativas que tal proyecto establece para su materialización concreta en el sistema futuro de las relaciones obrero-patronales municipales.
La ANEP solicita a las comunidades y localidades del país que dispensen si en próximos días pudiera darse grave afectación en los servicios de recolección de basura, de aseo de vías y de calles, de limpieza de tragantes y de parques, de operación de mercados municipales, de tareas administrativas, etc.; riesgo de paralización integral de labores en las municipalidades del país que parece inevitable.
Este viernes 7 de octubre, en su sesión de la fecha, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP analizará la situación planteada dentro del conjunto de eventos sociopolíticos en desarrollo que pretenden el cercenamiento de derechos laborales, sociales y salariales en el Estado costarricense, cuyos servidores no son los responsables del déficit fiscal, del robo de impuestos, del endeudamiento-país. Por supuesto, en lo específico, la clase trabajadora de las municipalidades nada tiene que ver en ello.
Postura ante la detención de ocho oficiales de Fuerza Pública
En primera instancia manifestamos nuestro respaldo para toda aquella actividad judicial que venga a garantizar la probidad en la función pública. Es necesario que indistintamente del ámbito de que se trate, las cosas se realicen en apego de la legalidad y con el más alto sentido de transparencia y espíritu de servicio.
Luego es importante decir, que esta situación no debe empañar la imagen de una inmensa mayoría de funcionarios (hombres y mujeres) que trabajan a diario con una altísima cuota de vocación, mística y compromiso con la Seguridad Ciudadana.
Apoyamos se mantenga una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública, en aras de depurar la institución y fortalecerla en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico. Esa depuración debe involucrar a todos los niveles, debe eliminarse algunas malas prácticas de antaño y que se han perpetuado en el tiempo.
El Ministerio de Seguridad Pública, debe cambiar el modelo de atención, debe mejorar la comunicación, establecer nuevas políticas y estrategias de prevención, debe preocuparse por la aparición de nuevos liderazgos.
El salario no define el que una persona sea honesta, pero es innegable la necesidad de mejorar el salario de los policías, los más mal pagados del gobierno central. Sin embargo, por mucho de los más honestos, por cuanto tenemos certeza de que la inmensa mayoría de oficiales de la Fuerza Pública, son personas honradas.
Finalmente, sobre la situación jurídica de los funcionarios sospechosos de actos delictivos, solamente esperamos les sean respetados sus derechos procesales, de conformidad con nuestro Estado de derecho. En caso de que sean hallados culpables, deberán asumir las consecuencias de sus actos.
La inseguridad ciudadana se debe atender de manera integral y con políticas públicas
Equivoca el mensaje el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata lanzando una mala señal a la opinión pública, a la población policial, al turista y a la inversión extranjera. La seguridad ciudadana no es un tema que deba resolver únicamente la Fuerza Pública.
La situación que estamos viviendo como sociedad, no nació ayer, es posiblemente resultado de la falta de políticas públicas, pero también es resultado del individualismo interinstitucional, de la falta de política de Estado en materia de prevención. Es algo que veníamos advirtiendo, cuando señalamos que era inminente la incursión del crimen organizado y del narcotráfico, que dejábamos de ser un país de tránsito, para convertirnos en centro de operación del ilícito negocio.
No es aceptable, que un Ministro con la trayectoria y experiencia de Gustavo Mata, se “rinda”, menos que aduzca falta de dinero, cuando en los últimos años el Ministerio de Seguridad Pública ha contado con presupuesto como nunca antes en la historia. Tampoco es aceptable, porque en la sana teoría, su misma trayectoria en el poder judicial, le debió servir para conocer el reto que asumió al aceptar el cargo.
La gestión preventiva en materia de seguridad ciudadana se mide en el tiempo, así las cosas, es preciso analizar con sensatez la situación que estamos viviendo como sociedad. Es evidente que algo se dejó de hacer, los grupos delictivos que hoy socaban la tranquilidad de comunidades como Cieneguita, no se formaron de un día para otro.
La aprobación del impuesto a las sociedades, es importante, pero no resolvería en el corto plazo la situación de inseguridad ciudadana, aunado a ello, materialmente de momento sería imposible contar con tres mil policías, por cuanto esto involucra el proceso de reclutamiento, las pruebas de selección, y el curso básico policial, que tarda entre diez meses a un año.
Es necesario replantearnos las cosas, definir una estrategia integral, por ejemplo: si no sabemos las razones por las que nace el acto delictivo, el recurso se distribuye antojadizamente, si el oficial se concentra en funciones diferentes a su naturaleza preventiva, difícilmente se podrá sostener una lucha real contra la criminalidad. Por más efectivos con los que contemos y por más presupuesto, si las cosas no se ordenan, si no se mejora el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los oficiales, estamos destinados al fracaso.
No obstante, no es momento de renunciar Ministro, es en la adversidad que debe aflorar lo mejor de su amor por la patria, es en un momento como el actual, que debe salir a flote su liderazgo y experiencia. La Fuerza Pública está integrada por hombres y mujeres con mística, con vocación, con voluntad y valentía para enfrentar esta situación; no les dé la espalda don Gustavo.
Las dos caras de INCOP
Mucho se ha estado hablando del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), en las últimas semanas, no obstante, ante el proceso de Modernización que sufrió la institución a partir del 12 de agosto del año 2006, la institución cuenta con dos caras.
La primera cara, la más conocida por los empresarios, clientes y ciudadanos, satisfechos por lo exitoso de la concesión del Muelle de Caldera en el mes de agosto 2006 a las Empresas Sociedad Portuaria de Caldera, S.A. (SPC) y Sociedad Portuaria Granelera de Caldera, S.A., (SPGC), y en el mes de diciembre de 2006 se realizó también la concesión del servicio de remolcadores a la empresa SAAM de Costa Rica, S, A.
Mediante esta concesión contractualmente se establecieron una serie de parámetros de cumplimiento por parte de estas empresas, las cuales hasta el día de hoy han cumplido y superado con creces las metas plasmadas en los contratos, amparado a una inversión en infraestructura como por ejemplo el nuevo puesto granelero en el Muelle de Caldera con un costo de $36.800.000.00 (treinta y seis millones ochocientos mil dólares), y una inversión en maquinaria y equipo por un monto aproximado de ¢6.500 millones de colones. Estas inversiones se han efectuado con recursos propios de las empresas concesionarias, y así establecido contractualmente.
Adicionalmente al mejoramiento de los parámetros de medición y disminución por lo tanto de los tiempos de atención de los buques que arriban a ese muelle, esas concesiones han generado una serie de beneficios económicos a las Municipalidades de Esparza y Puntarenas, y al INCOP que reciben un porcentaje de los ingresos percibidos por las concesionarias.
El papel del INCOP ha sido de fiscalizar y controlar el cumplimiento de lo establecido en los contratos de las concesiones, y de ser necesario tomar las medidas pertinentes para el cumplimiento de los mismos.
La segunda cara del INCOP, es que debido a ese proceso de modernización este debe administrar los Muelles de Puntarenas y Quepos, y posteriormente por mandato constitucional se le dio el Muelle de Golfito. Asimismo, la institución se encarga del Balneario de Ojo de Agua, la mencionada Casa de la Loma y una serie de edificios ubicados en Puntarenas y San José. Adicionalmente se le asignan recursos para el desarrollo de infraestructura turística en la Provincia de Puntarenas.
Del año 2006 al año 2014, se realizaron una serie de inversiones tanto en los Muelles administrados por el INCOP, según un plan de mantenimiento e inversión programado, así como de inversión turística por medio del Fideicomiso INCOP-BNCR-ICT, tales como los espigones en la Punta y el Faro de Puntarenas, entre muchos otros, para una inversión aproximada a los $8 millones de dólares.
A partir del año 2015, la situación del INCOP, se puede resumir con lo indicado por la señora Diputada Karla Prendas Matarrita, en el análisis del discurso del señor Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera del pasado 02 de mayo ante la Asamblea Legislativa:
“el Presidente omitió referirse al INCOP, quizá, por las grandes deficiencias y rezago que ha tenido esa institución durante este gobierno, tanto en temas de obra portuaria como turística”
Y si revisamos los datos del INCOP, la señora Diputada Prendas Matarrita tiene razón:
1. El INCOP para el año 2015 solo ejecutó en bienes duraderos (inversiones) la suma de ¢367 millones de colones de los cuales ¢256 millones fueron propiamente para trabajos en los muelles, faros y boyas.
2. En el año 2015 el fideicomiso INCOP-BNCR-ICT solo ejecutó poco más de ¢250 millones de colones, de los poco más de ¢1.000 millones que recibió INCOP por concepto de canon para obra turística por parte de las concesionarias.
3. Para el año 2015, el INCOP con referencia al Fideicomiso citado, en su liquidación presupuestaria, finalizó con un superávit de ¢1.200 millones. Es decir, en lo referente a recursos que se deben invertir en obra turística que tanto necesita Puntarenas, según establece la Ley No. 8461, no se ejecutaron los mismos.
Lo anterior, se puede explicar en virtud de que, en dos años de Gobierno, el INCOP no cuenta con un Plan Estratégico desarrollado por esta administración, se está elaborando uno (dos años después de haber comenzado esta administración).
Todo lo anterior, hace suponer que el INCOP está trabajando en base a ocurrencias y sin ningún tipo de planificación. Para tratar de solventar este problema, la Dirección de Planificación del INCOP que es supervisada por la Presidencia Ejecutiva del INCOP contrató una empresa para desarrollar este plan con un costo para la institución de ¢40 millones de colones.
Adicionalmente a todo esto, para el año 2016 se finiquitó el contrato del fideicomiso INCOP-ICT-BNCR, pues, según el Banco Nacional de Costa Rica,
“(…) el objetivo no se está cumpliendo, pues la línea de crédito habilitada no se utiliza y se han convertido en una “caja chica”, en detrimento de la asesoría financiera y administrativa que es función primordial de la unidad gerencial creada para ejecutar las obras”.
Aunado a lo anterior, ha existido un irrespeto por parte de la Presidencia Ejecutiva de INCOP hacia el cumplimiento de los procedimientos aprobados para el funcionamiento de dicho Fideicomiso por parte de la Junta Directiva de la Institución; así como “crear una estructura paralela” dejando de lado a las estructuras debidamente establecida por el Banco Nacional para la coordinación y ejecución de los proyectos. Pareciera que en INCOP se trabaja bajo un lineamiento y estructura muy distinta a la que debe imperar en la Administración Pública.
Esas son las dos caras que tiene el INCOP.
ANEP denuncia manipulación del dolor de pueblo limonense
Está esparciéndose en los últimos minuto de que el Presidente de la Asamblea Legislativa, Antonio Álvarez Desanti, está ufanándose de tener ya los 38 votos necesarios para la aplicación de vía rápida (artículo 208 bis del reglamento legislativo) para un presunto “combo” de proyectos que incluiría la ley contra el empleo público y algo mucho más pernicioso todavía, la ley de “regla fiscal”, que amarra de pies y manos al Estado impidiéndole toda posibilidad práctica de la política fiscal y del endeudamiento en función del bien común.
Tal maniobra parlamentaria con características de monstruosidad política, se estaría tejiendo en el marco de la desesperación que está sufriendo el pueblo de Limón, cuyo dolor por la violencia sin control que está padeciendo le lleva a clamar por una rotunda y real seguridad ciudadana.
Manipulando obscenamente el “ultimátum” formulado por el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata Vega, de que le da 30 días a la Asamblea Legislativa para que ésta apruebe el proyecto sumamente atascado del gravamen a las sociedades anónimas; la inescrupulosidad parlamentaria estaría llegando hasta lo indecible, al mezclar la necesidad de la aprobación tal legislación, pero en “combo”, junto a empleo público y regla fiscal.
No puede la Asamblea Legislativa proceder de manera tan sórdida pues si ya resulta grave la forma irresponsable de la tramitación del proyecto contra el empleo público; es inconmensurablemente más irresponsable, tramitar por vía rápida el proyecto de “regla fiscal” del cual, seguros estamos, el 99 % de los y de las costarricenses no están sabiendo de qué se les habla con este asunto.
Llamamos a las diputaciones honestas del parlamento a no dejarse manipular tan burdamente; así como hacemos un llamado a la más grande unidad sindical en la acción jamás desplegada, para que podamos detener esta ofensiva neoliberal contraria al bien común.
San José, martes 4 de octubre de 2016.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
