Copla para el diputado Otto Guevara

El diputado Otto Guevara
No necesita anualidades,
Porque tiene buenos ingresos
Y muchas propiedades.

Durante el período
De las elecciones,
Reportó ingresos
Por más de mil millones.

Esta empeñado en reducir
El salario de los trabajadores,
Mientras que protege
A los grandes evasores.

Es un HP
Algo que es muy cierto,
Todo el mundo sabe
Que es hijo del Puerto.

Delegados de la ANEP en el IAFA expusieron incumplimientos laborales ante la Junta Directiva

Parte de los problemas laborales de los trabajadores está relacionado con los nombramientos y el proceso de reestructuración.

Giovanny Ramírez, promotor de la ANEP explicó los detalles del encuentro.

1 2015 2016 IAFA MTTS Acta de Conciliación Junio by EugenioGuerrero on Scribd

Aclaración ante nota de La Prensa Libre

Nos vemos en la imperiosa necesidad de contradecir los contenidos de su nota periodística fechada 14 de mayo, publicada con el titular siguiente: “Sindicatos no han leído proyectos de ley que refutan”, pues es totalmente inexacta.

Al salir de la oficina de la jefatura de fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN), el pasado jueves 13 de mayo, indicamos a la honorable presencia periodística ahí presente, incluyendo a su distinguida persona, de que el proyecto de regla fiscal propuesto por el Gobierno y aceptado por la “Alianza Opositora”, para sustituir las reglas fiscales propuestas por ésta y que fueron incluidas en el expediente legislativo No. 19.923, era lo que no habíamos estudiado, pues habían transcurrido menos de 24 horas de la propuesta del Presidente Solís en tal sentido y que la indicada alianza había aceptado. Este texto, de la reglas fiscales como propuesta del Gobierno, no lo conocíamos al momento de salir de la mencionada reunión.

Por el contrario, tanto el proyecto de Empleo Público (expediente 19.506), que ha venido proponiendo la diputada doña Sandra Piszk, como el controvertidísimo 19.923, han sido suficientemente abordados por parte nuestra, pues somos sumamente responsables en el análisis y estudio de de temas que tienen que ver con la causas que defendemos. Su titular, señor Quirós, “Sindicatos no han leído proyectos de ley que refutan”, aparte de inexacto, repetimos, es totalmente injusto y no hace honor a la verdad.

De seguro usted tiene conocimiento de que gracias a la fuerte convicción democrática que caracteriza al Grupo Extra, lo cual hace que la Libertad de Expresión sea expresión viva de la Democracia para organizaciones como las que representamos, este servidor suyo tiene la posibilidad de recibir un enorme honor semanal cual es publicar un artículo para Diario Extra y otro para La Prensa Libre, dándole gran énfasis en los últimos tiempos a temas como los que nos están ocupando en la actualidad, intesamente, en materia de Empleo Público, Déficit Fiscal y Justicia Tributaria.

Si no hiciéramos un esfuerzo serio de estudio, aún en medio de las limitaciones que nos impone la pesada actividad cotidiana, no podríamos haber escrito esos textos sin una noción mínima de lo que estamos tratando o de lo que otros están proponiendo. Además, tenemos en la corriente sindical que representamos, un enorme grupo de compañeros y de compañeras que hacen una labor cotidiana de estudio, de análisis, de escribir, con lo cual es así como se ha enriquecido el planteamiento sindical integral que defendemos.

Apenas tengamos un criterio general sobre la propuesta gubernamental de reglas fiscales, le aseguramos que usted será el primero en conocerla por si tiene a bien valorar para una nota de prensa de su parte.

Respetuosamente debemos reiterar, sin dudar en lo más mínimo de su ética y de su profesionalismo periodísticos, que su apreciación periodística de que “Sindicatos no han leído proyectos que refutan”, es inexacta e injusta. Aprovecho para reiterarle las muestras de nuestra mayor consideración, rogándole que nos publique esta aclaración.

Servidor atento suyo, Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP-Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Manifiesto Público

La transparencia en la función pública, el acceso a la información, son temas impostergables, así se viene demandando por parte de diversos sectores de la sociedad. Entre los que se destacan grupos activistas, sectores políticos, y también algunos medios de comunicación.

Señor Ministro Mata: yo si sé lo que se siente al recibir una amenaza, le puedo contar lo que se siente al ser amenazado, recibir un paquete con frijoles tiernos, con raíces de veinte centímetros, y con un mensaje dentro con la leyenda; “así los vas a ver”. Esto después de un exitoso operativo de erradicación de plantación de marihuana. No recibí ningún apoyo, o tratamiento especial, continúe trabajando, viajando en transporte público, y sirviendo a mi país.

Dice usted, “si vamos a acusar policías por proteger a sus familias, entonces cerramos las puertas y nos vamos” así se consigna en la nota publicada el día de hoy. Le recuerdo que cientos de funcionarios de a “pie” sufren amenazas y trabajan al máximo riesgo todos los días, ¿les daría usted transporte a sus casas? No lo creo. Por el contrario, conocemos procesos disciplinarios por presunto mal uso de recursos, porque el policía se salió un poco de su sector para hacer alguna diligencia.

Le hemos de recordar que nosotros actuamos en razón de la conformación de una Seccional de ANEP en la Policía de Control de Drogas. ¿Reciben traslado desde sus casas, los funcionarios de la PCD que realizan las investigaciones, y que asisten a juicios después de una investigación? ¿o, les dicen, “si tiene miedo renuncie”?

Señor Solano: no diga que pretendo echar abajo el esfuerzo de la PCD, conozco el trabajo de los compañeros investigadores, lo conozco y lo respeto. Tampoco venga a hacerse la víctima, o, a decir que hago cosas que atentan con la seguridad de los ciudadanos, como se consigna en la nota periodística del día de hoy. La seguridad de los habitantes de este país está en riesgo por la incursión del crimen organizado, por la falta de políticas claras en materia preventiva, por falta de transparencia, y por malas decisiones por parte de algunas personas.

Que hago las cosas diferentes, sí, y eso reclámeselo a mi madre santísima, quien me inculcó el valor de hacer lo correcto, y esa es la motivación de mis actos. La actividad que realizan mis compañeros de la PCD y de los demás cuerpos policiales, es peligrosa, claro que lo sé, por ello amerita que se les brinde trato equitativo, respetuoso, y justo.

¡Qué bueno que citen ustedes (ministro y director de PCD) la familia!; así posiblemente entenderán porqué los compañeros de la PCD interpusieron un proceso ante el tribunal contencioso administrativo, por la implementación de un rol anti-familia (13×6). Así posiblemente entenderá la Administración, porqué cientos de compañeros demandan ser ubicados cerca de su lugar de residencia.

Señor Ministro: usted me invitó una vez a hacer denuncia de aquello que considerara ilegal, lo que para usted es nocivo, para mi es lo correcto. ¡Claro! Todo depende del cristal con que se mire, lo cierto del caso, es que usted defiende a sus jerarcas, yo defiendo la transparencia y a los de la “tropa” a esos que despiden y sancionan por cualquier cosa.

Señores, créanme que les entiendo, posiblemente sea, que Mainor Anchía Angulo, no negocia sus ideales, ni sus principios, y procede conforme a sus convicciones. Si a ustedes les preocupa la seguridad del país, tomen en cuenta algunas de las recomendaciones que hemos hecho, en favor de los policías y de sus familias, y verán como los resultados saltan a la vista.

Sobre el derecho y acceso a la información:

“El acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de ciudadanía. Esta tarea, importante para todas las democracias del hemisferio, es particularmente crucial para muchas sociedades de las Américas que, en las últimas décadas, han consolidado sistemas democráticos cada vez más asentados y robustos gracias a la activa participación de sus ciudadanos y ciudadanas en asuntos de interés público. Este activismo ciudadano es justamente uno de los ideales que subyacen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Carta Democrática Interamericana”.

“Los ciudadanos se pueden definir por oposición a los súbditos. Los ciudadanos cuestionan, piden, demandan. Los ciudadanos son ruidosos, se quejan, critican. Los súbditos, por el contrario, obedecen. Aceptan y callan. Están cómodos en el silencio y no cuestionan”.

“No hace falta decir que las democracias exigen ciudadanos y ciudadanas militantes: el acceso a la información es una herramienta que se ajusta perfectamente a lo que se espera de los miembros de una sociedad democrática. En sus manos, la información pública sirve para proteger derechos y prevenir abusos de parte del Estado. Es una herramienta que da poder a la sociedad civil y es útil para luchar contra males como la corrupción y el secretismo, que tanto daño hace a la calidad de la democracia en nuestros países”.

Así las cosas, les invito a acatar el fallo de la Sala Constitucional, les propongo, que dejemos de desviar la atención, y que conversemos de cómo hacer mejor las cosas, para bien de nuestros funcionarios, y de nuestro bello país.

La raqueta ferrocarrilera

Le dicen la raqueta porque tiene esa forma. Comienza en Cartago y llega a San José, a la estación de la Costa Rica Northern Railway Company Limited, compañía extranjera que construyo el ferrocarril mediante préstamos que pagamos hasta el último centavo, a la que le concedieron dicho ferrocarril por 99 años. A Minor Keith le 325.000 hectáreas de excelentes tierras a la par de la línea férrea, por haber conseguido los prestamistas que financiaron la obra y dirigid la construcción del tren. Así nació la Compañía Bananera. (Tal vez contemos pormenores de esa historia en otra ocasión).

Hacia el sur, el tren conecta con la estación del Ferrocarril Eléctrico al Pacífico. De ahí atraviesa Barrio Keith y Barrio Cristo Rey, pasa detrás de los Cementerios General y Obrero, enrumba para La Sabana, luego pasa por Pavas, y por San Antonio de Belén y llega a Alajuela. Se devuelve para Heredia, desde donde continúa para Colima de Tibás, pasa por Cinco Esquinas y alcanza de nuevo a la estación de la Northern, donde se cierra la raqueta.

Esta línea férrea recorre la Gran Área Metropolitana, la GAM, donde vive el 60% de la población. Todo el mundo se da cuenta de que el ferrocarril se extiende hacia Paraíso de Cartago y Turrialba, pasa por varios pueblos importantes, hasta llegar a Limón. Hacia el norte, pasa cerca de Atenas, cruza Orotina y otros pueblos y llega a Caldera y Puntarenas. Pero no todo el mundo se da cuenta de que tenemos desde el siglo XIX un ferrocarril interoceánico que jamás se ha utilizado como tal de modo sistemático.

Prácticamente, toda la GAM (que va desde Paraíso hasta San Ramón y de Aserrí a Tibás) es alcanzada por un ferrocarril que no ha sido acondicionado para el transporte masivo de personas. Las consecuencias las sufrimos todos los habitantes de la GAM con las presas interminables, con esa anormalidad de que se tarda más de Tibás a Desamparados que de Alajuela a Puntarenas. Moverse en automóvil es caro y lento. Los autobuses prestan un servicio pésimo, atiborrado, irregular, calamitoso. No es solo el tiempo perdido ni el estrés diario, ni los combustibles quemados, ni los motores en deterioro. Son también los pulmones respirando smog. Se nos obliga a “fumar” humo de gasolina y diésel. Es también el precio fluctuante del petróleo, que se “chupa” una parte importante de nuestras divisas, de lo que le entra al país gracias a las exportaciones. Un ferrocarril de la GAM debe ser eléctrico, con electricidad producida por fuentes renovables para disminuir la contaminación.

La pregunta es inevitable. ¿Por qué ni la Unidad Social Cristiana ni Liberación Nacional, en cualquiera de sus varias administraciones, pusieron la raqueta a funcionar? ¿Por qué no se ha acondicionado un servicio de trenes rápidos para mover diariamente a tanta población? Siendo las distancias tan cortas, un tren que viaje a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora, incluyendo las paradas, permitiría viajar de Alajuela a Cartago en unos 45 minutos. En lugar de una respuesta, les voy a decir un secreto a voces. Los empresarios autobuseros acostumbraban (o acostumbran) financiar a los dos partidos mayoritarios de modo simultáneo. Platita para Liberación Nacional, platita para la Unidad Social Cristiana. Con esa maniobra ellos siempre ganaron, y nosotros siempre perdimos. ¿Vivimos en una democracia o en una plutocracia? Democracia: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (frase de Abraham Lincoln). Plutocracia, gobierno de los adinerados (frase del diccionario). Cuando esté atrapado en una presa inacabable, dele las gracias al bipartidismo.

Profesionales: ¿Quiénes roban impuestos?

Ahora que en la actual Asamblea Legislativa han empezado a amenazar, con mayor concreción, con recortes salariales vía proyectos de ley sobre empleo público a los empleados públicos, al responsabilizárseles injustamente por el déficit fiscal en función de los salarios que devengan al laborar para el Estado; conviene detenernos a reflexionar sobre las remuneraciones salariales de los y de las profesionales en la Administración Pública; pero, especialmente, centrándonos en aquellas personas trabajadoras profesionales del Gobierno Central y sus entes adscritos.

Tengamos presente que en Costa Rica esto del déficit fiscal se mide únicamente considerando la estructura financiera del Estado en un 40%, que es la que pasa anualmente por el control parlamentario, con ocasión de la discusión legislativa sobre el mal llamado presupuesto general de la República que, más bien, es el presupuesto parcial de la República; pues el otro 60% no pasa por el ojo visor de las personas legisladoras.

Por eso es que en esto del robo de impuestos de los sectores profesionales del país y para efectos del presente comentario, nos estamos centrando en las responsabilidades tributarias que sí cumplen quienes están en la planilla del Gobierno Central y sus entes adscritos.

La satanización que se ha venido haciendo en los dos últimos años, mediando esa brutal campaña político-mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, no ha permitido un debate integral y una visibilización correcta de cuál es el aporte tributario a las finanzas públicas, a la colectividad social, al bien común, por parte del profesional asalariado de los ministerios y entes adscritos a los mismos, si lo comparamos con la circunstancia de quienes con igual rango profesional ejercen estas actividades, por fuera, en lo privado, en lo que se conoce como el ejercicio liberal de la profesión.

Prácticamente ha pasado inadvertido un importante y reciente informe de la Contraloría General de la República (CGR) al respecto, destacando sobre la contribución a la sociedad de las actividades profesionales en ejercicio liberal, durante el periodo de los años 2011 al 2015.

El estudio del ente contralor destaca las siguientes actividades profesionales en ejercicio liberal: medicina, odontología, ingeniería, arquitectura, abogacía, notariado, contabilidad, auditoría, informática y veterinaria.

“Curiosamente”, en esos cuatro años que abarca el estudio de la CGR, el 56% de los y de las profesionales de tales actividades, declararon cero impuestos, declararon no tener utilidades, indicaron que no ganaron un centavo por ejercer cada una de esas profesiones.

¿Se puede imaginar usted, estimado y estimada profesional asalariado del Estado (ya no solamente del Gobierno Central y sus entes adscritos), puntual pagador del impuesto de la renta sobre su salario, porque se lo rebajan de planilla, que eso sea real?

¿Puede usted creer que esos profesionales como usted, que “trabajan en la calle”, ejercieron su profesión casi que “gratuitamente”, como para declarar cero impuestos porque tuvieron cero utilidades en su actividad profesional?
La auditoría que al respecto hizo el ente contralor fue más específica al señalar que hay 10.893 contribuyentes que declararon cero de impuesto de utilidades reiterativamente en los cinco periodos del estudio; 8.681 lo hicieron en cuatro periodos y 9.797 en tres periodos.

En contraste, el ciento por ciento de los y de las profesionales gubernamentales, sí declararon renta pues, como indicamos, se rebaja de planilla. En el Estado, en el Gobierno Central, ningún profesional puede mentir acerca de sus ingresos salariales, no puede esconderlos, disimularlos, evadirlos.

Aquí salta una gran contradicción en el seno de la actividad profesional, contrastando la que se da dentro del Estado, en condición de asalariada, con relación a la que se da en condición de ejercicio liberal de la misma.

La actividad profesional en condición asalariada, amenazada como jamás pudo estarlo de ser precarizada, con la eliminación del pago de la dedicación exclusiva (para citar solamente un ejemplo de ataque neoliberal al salario público), pareciera ir en ruta hacia su empobrecimiento; mientras que la actividad profesional “de la calle”, es la que estaría en condiciones de generar más renta genera precisamente por esas condición de evasión tributaria, vía declaración de cero impuestos; renta que se evade a pesar de que es relativamente baja según el actual carácter de profunda regresividad del sistema tributario costarricense.

Lo que corresponde, por el contrario, es el ataque frontal a la evasión tributaria que se manifiesta en el ejercicio liberal de las indicadas profesiones y otras de similar rango académico. Es un grave e irreparable error la precarización y el abaratamiento del ejercicio profesional en condición asalariada para el Estado y, específicamente, para el Gobierno Central.

El cuento de que lo que se pretende en materia del plus denominado y conocido como dedicación exclusiva es eliminarlo, restringirlo, regularlo pero para los y las profesionales del futuro, nadie se lo cree; puesto que lo que está en el fondo es un contenido ideológico relacionado con las intentonas de precarización del empleo, como parte esencial de nuevos impulsos al angustiante y peligroso proceso de concentración de la riqueza y de crecimiento de la desigualdad, el problema número uno de nuestra sociedad actual.

Por demás, empobreciendo a los y a las profesionales del sector público, actuales y futuros, no se va a resolver, para nada, la naturaleza estructural del déficit fiscal, si es esto, en verdad, la real preocupación de quienes atacan al empleo público desde ciertas curules legislativas.

Además, si consideramos que el ataque neoliberal a los salarios del sector profesional estatal, no comprendemos cómo puede incluirse a los y a las profesionales de las municipalidades, si estas no tienen vela en el entierro de eso del déficit fiscal. Que estén metiendo al sector profesional municipal en el proyecto de rebajar salarios del empleo público, nos confirma que la cuestión es ideológica, en esencia, y que lo del déficit fiscal es la excusa.

La naturaleza estructural del déficit fiscal está relacionada con la permanencia en el tiempo de un sistema tributario diseñado para que paguen más los que menos tienen, proporcionalmente hablando; además, un sistema tributario diseñado para que roben impuestos los que tienen que pagar, aunque sea poco, según esa perversa naturaleza regresiva (ahí está el caso de los 335 importadores que evadieron impuestos de aduanas); un sistema tributario diseñado para que el Estado se endeude al máximo y ganen muchísimo los que le pueden prestar plata para que este funcione.

Por supuesto que en materia del ejercicio liberal de las profesiones mencionadas por el estudio del ente contralor de la República, y otras profesiones de igual rango académico, sí hay gente honesta con relación a sus responsabilidades tributarias para con la sociedad.

Si este estudio que venimos comentando nos habla de que un 56% de actividades profesionales liberales declaró cero utilidades; interpretamos que el 44% de las mismas habría declarado algo, aunque desconocemos la proporción real y verdadera.
Lo que sí tenemos en mente es que, en esto de tributar por el ejercicio de actividades profesionales liberales, pensamos en ciertos consultorios privados desde donde se ejercen las mismas que no aceptan el pago mediando una tarjeta de crédito y sólo reciben dinero en efectivo a cambio de la consulta que se fue a efectuar o el servicio profesional que se fue a solicitar. ¿Por qué será?…