Patria Justa se reúne con el nuevo ministro de Trabajo

El colectivo sindical Patria Justa fue recibido este jueves en el despacho del nuevo ministro de Trabajo, Carlos Alvarado, quien escuchó la agenda en común de los sindicatos en materia laboral.

Para la agrupación Patria Justa una de las prioridades consiste en la habilitación de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL) prevista para que entre en vigencia en julio del 2017.

Albino Vargas, secretario General de la ANEP manifestó al ministro de Trabajo la urgencia de que dicha Ley contenga el presupuesto económico, de lo contrario no pasaría del papel.

“Don Carlos tiene que garantizar los recursos para fortalecer el ministerio; con personal actual capacitado, más recurso humano técnico-profesional, myaor logística administrativa-tecnológica y crecimiento de las instalaciones físicas”, dijo.

Otras de las peticiones es mantener una posición equilibrada entre los actores laborales, es decir los empresarios y los sindicatos.

“Este país necesita el diálogo obrero- patronal transparente para hablar de desempleo, empleo juvenil, crecimiento de la informalidad, política salarial, salud ocupacional. Además, requerimos que el ministro dedique energías a favor para levantar el salario mínimo con respecto al precio de la canasta alimentaria y servicios públicos esenciales”, indicó Vargas.

Asimismo, Patria Justa expuso la importancia del abordaje adecuado del Empleo Público esto por las campañas ideológicas en las que ha estado atrapado.

Por su parte el ministro de Trabajo expresó que como representante de esta cartera busca obtener resultados entre el equilibrio y el diálogo y con ello, obtener el bienestar de la gente.

En la reunión también estuvieron presentes los viceministros de trabajo, Harold Villegas y Alfredo Hasbum.

Inician proceso para nombrar a 77 oficiales de Migración en propiedad

La seccional ANEP-PPME se siente complacida debido a que las luchas, desde hace varios años, comiencen a brindar frutos con el nombramiento en propiedad en el Estatuto Policial de estos compañeros,

De acuerdo con la institución el proceso para el nombramiento propiedad conlleva una serie de etapas,entre las cuales:

1- Consulta a las bases policiales.
2- Consulta a Inspección Policial.
3- Consultar los antecedentes judiciales
4- Elaborar el Informe técnico con toda la información del historial laboral.
5- Emitir las conclusiones y recomendaciones técnicas
6- Gestionar ante el Consejo de Personal el refrendo del nombramiento.
7- Elaborar el acuerdo de Nombramiento en propiedad.
8- Gestionar ante la Asesoría Jurídica de Gobernación, la aprobación del acuerdo de nombramiento.
9- Gestionar ante el Departamento de Leyes y Decretos y la Casa Presidencial, la aprobación del acuerdo de nombramiento en propiedad.
10- Gestionar las firmas del acuerdo de nombramiento en propiedad, por parte del Presidente de la República y Ministro de Gobernación y Policía.
11- Gestionar ante la Dirección Administrativa Financiera y la Imprenta Nacional, la publicación del acuerdo en el Diario Oficial la Gaceta.
12- Realizar los movimientos en el Sistema de Planillas, correspondientes al cese del nombramiento interino y el nombramiento en propiedad, una vez publicado el acuerdo.
13- Entre otros.

Una vez finalizadas las gestiones anteriormente citadas, la administración comunicará las conclusiones del proceso para el nombramiento en propiedad.

Centroamérica: El fracaso de neoliberalismo en el siglo XXI

Después de 17 años de análisis científico de los problemas económicos, políticos, sociales, educativos y ambientales, el informe Estado de la región, que se publica periódicamente en Costa Rica, se ha convertido en la mejor antología del fracaso del neoliberalismo en Centroamérica; y en la prueba fehaciente de la inviabilidad de sus dogmas, que por estas comarcas se aplican, todavía, como artículos de fe por parte de una clase política cuya crisis de legitimidad es ya inocultable.

Un repaso de las metáforas con las que los investigadores del programa académico que elabora el informe han retratado el panorama y los desafíos centroamericanos, permite identificar rápidamente imágenes que denuncia, una y otra vez, la desigualdad creciente, el desgarramiento y desarticulación de la región, y el impacto que estos fenómenos tienen sobre la vida de nuestros pueblos, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables de la población (por ejemplo, en 2016, la pobreza crónica y estructural de Centroamérica se expresa en un dato demoledor: “cinco de cada seis hogares pobres tienen necesidades básicas insatisfechas, relacionadas con la vivienda y tres además, cuentan con un nivel de ingresos inferior a la línea de pobreza”).

En el primer informe Estado de la región de 1999, publicado en el contexto de las negociaciones de paz y el fin del conflicto armada, se aseguraba que “Centroamérica está desgarrada por fracturas regionales en su desarrollo humano”, producto de las persistentes brechas territoriales; brechas entre grupos sociales; brechas en materia de desempeño político, económico y jurídico; y de la desarticulación física y cultural de la zona atlántica centroamericana, así como por la vulnerabilidad social y ambiental – sin distinción- de las sociedades regionales.

En la edición del 2003, el segundo informe presentó la imagen de una Centroamérica “expuesta a múltiples tensiones internas y externas que la vuelven más compleja y difícil de interpretar”, y donde “los progresos en el desarrollo humano, aunque esperanzadores, no son suficientes para vencer el rezago histórico de la región, pues no siempre están articulados en una dinámica orientada a la generación de oportunidades para amplios sectores de la población”.

Cinco años más tarde, en 2008, el tercer informe advertía sobre los desafíos de una Centroamérica desdibujada, que experimentaba acelerados cambios en distintos órdenes pero que, sin embargo, seguía atascada por su “falta de progreso”, de tal suerte que “la suma de los cambios sociales, demográficos, económicos y políticos no produce mejoras sensibles en el desarrollo humano, ni convierte al istmo en un polo dinámico de crecimiento económico y progreso social. Además, estos cambios han ampliado las profundas brechas entre países y las aun mayores dentro de los países”.

En 2011, el cuarto informe daba cuenta de la persistente ampliación de las brechas sociales y económicas, pese a un esbozo de optimismo en medio de la tormenta: en Centroamérica, decía el documento, “pese a los malos tiempos, se continuaron registrando avances, pero también preocupantes retrocesos que, en general, vinieron a aumentar las brechas en la región y en los países. Estas involuciones no fueron episodios aislados, sino que se inscriben en un contexto peligroso, que conjuga múltiples amenazas y vulnerabilidades. La dimensión del riesgo es tal, que podría provocar fracturas regionales”.

Finalmente, en 2016, la valoración general del quinto informe Estado de la región reincide en sus diagnósticos sobre los graves problemas en materia de desarrollo humano y los limitados alcances de un crecimiento económico desigual, que favorece solo a los sectores más ricos y no responde a “desafíos medulares, históricamente no atendidos” y que amplía “las brechas entre un sur del Istmo más dinámico y desarrollado y un centro-norte con persistentes rezagos económicos, sociales y políticos. Estas diferencias se agudizan a lo interno de los países y para ciertos grupos de población”.

Estas trágicas continuidades ensombrecen los horizontes de futuro de una Centroamérica en la que el debilitamiento de los contrapesos entre actores sociales y políticos con respecto de los grupos de poder económico, así como el predominio de élites políticas de inobjetable orientación neoliberal y pro-empresarial –desde los años 1990-, han creado las condiciones necesarias para la imposición y reproducción del modelo de desarrollo neoliberal, en el que convergen los intereses del capital regional y de las empresas transnacionales. Y donde, paradójicamente, ese Estado tan cuestionado por el fundamentalismo neoliberal, mantiene un papel central, pero ahora como gestor de la inversión extranjera y facilitador de los negocios privados.

Así nos va –y se nos va- la vida en esta Centroamérica doliente del siglo XXI.

Presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico

Conversamos con Gerardo Cascante sobre la comparecencia, al final de esta nota un audio con las declaraciones del presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Planteamiento de la Seccional ANEP-Policia Penitenciaria Ante Comision de Seguridad y Narcotráfico

Unidad Sindical en la Acción se concentrará en la Asamblea Legislativa

El acuerdo fue tomado dentro de la Unidad Sindical en Acción, en la cual se mantienen 19 organizaciones, que desde el 15 de julio de este año han tenido varios acercamientos para analizar las medidas a tomar entorno a los proyectos de empleo público y fraude fiscal.

Dichas organizaciones sindicales representan al 70% de trabajadores del sector público y consideran que la aprobación de proyectos de empleo público vendrían a aumentar la desigualdad económica entre los trabajadores.

Acuerdo gran concentración en la Asamblea Legislativa

Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública compareció ante Comisión de Seguridad y Narcotráfico

Conversamos con Mainor Anchía sobre la comparecencia, al final de esta nota un audio con las declaraciones del presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.

Presentación Comparecencia ANEP-Fuerza Pública Asamblea Legislativa

Presentan Foro para el Diálogo Social Inclusivo sobre el tema del Empleo y Trabajo Decente para las Juventudes

Este martes 23 de agosto en la sede del CENAC, se dio el lanzamiento del Foro para el Dialogo Social Inclusivo sobre el tema del Empleo y Trabajo Decente para las Juventudes” que busca desarrollar acciones y estructuras concretas para combatir el desempleo en la juventud costarricense.

El foro se sitúa en el marco de un espacio de diálogo social, plural, abierto y diverso. A la vez, está integrado por todos los sectores de las juventudes entre 15 y 34 años: fomenta la inclusión, la discusión y generación de propuestas en relación a la actual crisis del desempleo de personas jóvenes en el país.

Según datos de la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el desempleo en Costa Rica durante el segundo trimestre del 2015 fue de 9,5 %, lo que supone un alza frente al 9,1 % registrado en el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con el Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Nacional el desempleo sigue afectando en mayor medida a los jóvenes. El grupo en edades entre los 15 y los 34 años, representaron cerca de un 72% del total de desempleados a nivel nacional.

Ante este panorama, la lucha de los y las jóvenes para incorporarse y permanecer en el mercado laboral y encontrar trabajo, según los principios del Trabajo Decente es una constante en la coyuntura actual. Las organizaciones juveniles y sus personas representadas hacen un llamado a reducir, no solo las tasa de desempleo, sino también reducir el déficit de trabajo decente y aumentar puestos de trabajos de mayor calidad

Para el Viceministro de Juventud, José Ricardo Sánchez El objetivo del foro es la construcción de un dialogo social abierto, plural y democrático; que incluya una enorme diversidad de sectores sociales, políticos y económicos de las juventudes relativo a la discusión sobre el empleo joven y el trabajo decente.

“La primera meta es darle sostenibilidad a este espacio con la construcción y la inclusión de diversos sectores. Uno de los elementos centrales es que no solamente se discuta el empleo de manera tradicional si no que se incorporen otras visiones y expresiones, fundamentalmente sobre la vulnerabilidad que existe para los jóvenes la búsqueda y obtención de empleo”, manifestó Sánchez.

El Viceministro de Juventud, indicó que el objetivo en el mediano plazo, es llegar a la construcción de alternativas que permitan ser presentadas al país, y “atender uno de los temas más importantes para las personas jóvenes que es el desempleo”.

El foro servirá también para tender puentes y conectar a quienes representan a la juventud desempleada o quienes se interesan y andan en busca de nuevas oportunidades laborales y profesionales; y quienes representan a las empresas, y buscan de nuevos talentos para llevar a cabo sus proyectos en la coyuntura actual.

Deiby Porras, Presidente de la Seccional ANEP-Joven manifestó que el tema del desempleo de la juventud en Costa Rica pasa por situaciones de oferta y demanda vinculado al tema de educación.

“Se hace necesario revisar el tema de la oferta y la demanda desde una perspectiva laboral, ya que desde los centros educativos se está egresando profesionales en disciplinas que no necesariamente responden a la demanda del mercado laboral, también se debe revisar el tema de la formación académica en la parte técnica y operativa”, dijo Porras.

El Presidente de la Seccional ANEP-Joven recalcó que por esa razón, entre otras, el lanzamiento de este foro busca acciones completas para combatir el desempleo en las personas jóvenes, ya que el 40% de esta población no cuenta con trabajo”, detalló Porras.

La instalación del “Foro para el Dialogo Social Inclusivo sobre el tema del Empleo y Trabajo Decente para las Juventudes” surge como iniciativa de la seccional ANEP-JOVEN con miras a la creación, en el mediano plazo, de un observatorio nacional de empleo joven. Esta idea es planteada en primer instancia ante el Viceministerio de Trabajo y la Fundación Friedrich Ebert como entes impulsores de apoyo, quienes acogen la propuesta, luego se unen el Viceministerio de Juventud, el Viceministerio de la Presidencia, y el Viceministerio de Justicia y Paz.

Además participan organizaciones sociales como: la Red Juvenil Sorda hacia el Desarrollo Inclusivo (RedJuvSorDI), Beso Diverso y Resiliencia a través de la Educación en Situaciones de Transición (RET).

Parte II: Hacia una nueva política sobre drogas

Ante el problema social de la drogadicción, lo primero para esperar un resultado positivo es no considerar la droga como la quintaesencia del mal, pues esa actitud alimenta la política represiva que ha fracaso rotundamente.

Poco a poco se abren camino opiniones como las contenidas en el Manifiesto por una nueva política sobre la droga, firmado en Málaga el 2 de diciembre de 1989, por sesenta magistrados, fiscales de audiencia y catedráticos de derecho de España.

Dicho Manifiesto contiene una serie de apreciaciones que el pueblo costarricense merece conocer. Por eso las reproducimos a continuación:

1. Ante todo, no se han logrado las metas supuestamente perseguidas: Erradicar o disminuir sensiblemente el tráfico y consumo de drogas. Pese a la frecuencia de los decomisos se acepta de modo generalizado que el porcentaje de droga interceptada es mínimo respecto al cada vez mayor que se pone a disposición de los consumidores. Tal aumento de la oferta está en consonancia con el continuado incremento de la demanda por parte de los consumidores.

2. Simultáneamente, la droga se ha convertido en un producto muy caro, dados los elevados márgenes comerciales que retribuyen losa riesgos de traficar con un producto tan perseguido. Esto ha originado, en primer lugar, la aparición de poderosos organizaciones de traficantes con un poder económico sin parangón en toda la historia de la criminalidad y que en sus niveles medios y superiores eluden fácilmente la persecución penal. En segundo lugar, causa o agrava la marginación social de una buena parte de los consumidores que no poseen los medios económicos necesarios para adquirir la droga, lo que les induce a realizar actividades asociales o a caer e la delincuencia.

3. Consecuencia de lo anterior es que los recursos del sistema judicial penal se ven desbordados por la criminalidad vinculada al tráfico de drogas. Del mismo modo, el aumento de la población reclusa a que esta criminalidad está dando lugar empeora notablemente las condiciones de habitabilidad de las prisiones, dificulta aun más la aplicación de la Ley General Penitenciaria y refuerza las mafias carcelarias conectadas al suministro de drogas a los internos.

4. Las negativas repercusiones sobre la población en general son evidentes: Ella es la que sufre directamente el inusitado aumento de la delincuencia dirigida a procurarse dinero para adquirir droga. Ella es asimismo la que padece medidas indiscriminadas de control de esa delincuencia poco respetuosa con los principios de un Estado de Derecho, como las redadas masivas o los reconocimientos anales y vaginales.

5. El Estado de Derecho está siendo conmovido igualmente desde otros puntos de vista: El poderío económico de los traficantes de medio y alto nivel les permite corromper instituciones esenciales de las democracias, desde los órganos de persecución penal hasta las más altas instancias representativas, por no citar las instituciones financieras.

Hasta aquí el resumen de lo escrito por los magistrados españoles. Puesto que la política represiva ha fracasado, cabe abrir una nueva etapa para combatir el narcotráfico. Lo primero es legalizarlo. Con eso desparecen las mafias de inmediato. Se les habría acabado el negocio.

La droga se vendería en farmacias autorizadas a clientes debidamente inscritos en programas de recuperación. Si alguien cree que con esto aumentaría el número de consumidores, de drogadictos, es que no se ha dado cuenta de que las drogas las compra el que quiere con gran facilidad.Desde hace mucho tiempo.

Siempre habrá consumidores de cocaína (en cualquiera de sus presentaciones) como siempre tendremos alcohólicos y fumadores de tabaco.

Esas y otras tantas drogas son destructivas, pero con prohibirlas y perseguirlas no se avanza nada. Mejor lidiar con ellas de manera abierta para no propiciar el surgimiento de mafias poderosas, el mayor de los daños.

Manifiesto de Seccional ANEP-MEP ante editorial de La Nación

“A tenor de las declaraciones de los encargados del sistema de pago del Ministerio de Educación Pública, los errores serán eternos. El 96% de la planilla del Ministerio, unos 74.793 funcionarios, recibieron excesos de pago entre el 2002 y el 2016. La deuda acumulada asciende a ¢39.000 millones y difícilmente será recuperada en su totalidad. Hasta ahora, el Estado solo ha conseguido la devolución de ¢14.173 millones, un 36% del total”, cita el editorial del Periódico La Nación títulado: “Pagos Excesivos en el MEP”.

El texto además agrega: “Los problemas del sistema de pago son de larga data. No hace mucho, causaron fuertes enfrentamientos entre el Poder Ejecutivo y los docentes. A muchos no les llegaba el salario, se les entregaba incompleto o con tardanza. El problema parece estar resuelto, cuando menos en su mayor parte. Las protestas de los maestros dieron resultado, pero nadie pone el grito en el cielo por el río de dinero pagado de más”.

Vea el editorial en: http://www.nacion.com/opinion/editorial/Pagos-excesivos-MEP_0_1580841901.html()

Escuche las declaraciones de Freddy Galagarza, secretario de Formación sindical Seccional ANEP-MEP.