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Ahora resulta que los muertos son proveedores de empresas privadas las cuales simulan gastos y compras de bienes y servicios a fin de engañar o, más bien, trampear, a las autoridades tributarias con el fin de pagar menos impuestos o no pagarlos del todo. ¡Vaya creatividad para continuar el gigantesco robo de impuestos en este país.

Mientras usted que lee esto, en su condición de persona trabajadora (ya sea asalariada o no lo sea), al hacer la compra en el supermercado debe pagar en la caja registradora el impuesto sobre las ventas, los ladrones de impuestos no terminan de sorprendernos con sus triquiñuelas para evadir sus responsabilidades.

Mientras usted, como profesional trabajador asalariado del sector público o del privado, debe pagar el impuesto de renta que se le rebaja de planilla “inmisericordemente”; colegas suyos de diversas especialidades evaden, escandalosamente, el impuesto sobre la renta que deberían pagar por la venta privada de sus servicios profesionales.

Además, el Ministerio de Hacienda nos acaba de brindar la “sorprendente” información de que aparte de los proveedores de bienes y servicios que “desde el más allá” son vendedores de empresas que simulan compras para evadir impuestos; también hay casi 4 mil proveedores falsos, fantasmales, prestanombres, testaferros, componentes de una verdadera organización para delinquir en materia tributaria.

Por estos días esperamos recibir de parte de la mencionada institución, el listado de los 335 importadores que en un solo período fiscal habrían evadido unos 53 mil millones de colones en impuestos de aduanas. La ciudadanía pagadora puntual de sus impuestos, especialmente la que es clase trabajadora, tiene el derecho de conocer los nombres, físicos y empresariales, de los ladrones de impuestos como esos 335 importadores. Tiene el deber de conocer quién son los defraudadores fiscales, como ya es de amplio conocimiento público cuánto gana el más humilde de los servidores públicos.

También tenemos derecho a conocer los nombres, las conexiones de negocios y los bufetes jurídicos o abogados particulares de los “angelicales” proveedores de empresas privadas que “desde el más allá” venden bienes y servicios a las mismas a fin de que éstas no paguen impuestos.

También tenemos derechos a conocer quiénes son, cómo se llaman, los nombres corporativos, los bufetes que les representan, de esos casi 4 mil proveedores fantasmas que aceptan instrumentarse, prestando su nombre, para facilitar el robo de impuestos. Pensamos que el Ministerio de Hacienda, al menos, debería exhibirles en su sitio web sin que mediara recurso de amparo constitucional al respecto.

El robo de impuestos, en todos sus formas y manifestaciones, “desde el cielo” (como ya vimos) y desde nuestra misma tierra costarricense, como ya es de aceptación general, se acerca a los 8.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). Como cada punto porcentual de PIB equivale a unos 300 mil millones de colones (300.000.000.000), entonces esos 8.5 puntos de robo de impuestos representa la gigantesca cantidad de 2 billones 400 mil millones de colones (2.400.000.000.000).

Por día, los ladrones de impuestos roban casi 6 mil 600 millones de colones; por hora, 275 millones de colones; casi 4 millones 600 mil colones por segundo. Esto representa, en realidad, un perverso crimen social contra todo el pueblo costarricense. Este gigantesco robo de impuestos es uno de los aspectos que fundamenta el cruel y espantoso problema nacional del crecimiento de la desigualdad y, por ende, de la concentración de la riqueza.

Pese a esta cruda y criminal realidad, los ladrones de impuestos pueden seguir robándoselos. Los evasores fiscales seguirán impunes, estafando a la sociedad con toda tranquilidad. ¡Nada les pasará! El mejor proyecto de ley que podría haberles generado un poco de achicamiento al amplio espacio que tienen hoy en día para semejante robo, no pasará en la actual Asamblea Legislativa; o si se llegare a aprobar, será un proyecto de mentirillas, ni cosquillas les hará. Será una legislación contra el fraude fiscal sumamente “light”, liviana.

Esto es así porque los ladrones de impuestos, los evasores fiscales con ropaje legal o sin él, los defraudadores tributarios cuentan con importantes palancas en el seno de las 57 curules diputadiles del actual parlamento, de modo tal que la idea original del proyecto contra el fraude fiscal ha perdido contundencia, eficacia jurídica, impacto recaudador, pues se han presentado varias mociones que en nada impedirán que el robo de impuestos siga como hasta hoy en día.

Por ejemplo, los bufetes jurídicos, algunos de ellos de gran “renombre” en el alto mundo del corporativismo empresarial, podrán seguir en la impunidad total en cuanto al diseño de las diversas maniobras y triquiñuelas jurídicas para que sus clientes sigan evadiendo el pago de impuestos.

Estos abogados tributarios, algunos de ellos salidos de los máximos cargos de la propia Tributación Directa y del Sistema Aduanero Nacional, podrían continuar en la impunidad en cuanto a enseñar cómo evadir impuestos para no pagarlos o pagar lo mínimo. En la nueva ley contra el fraude fiscal, ya no quedará la sanción pensada para este tipo de maleantada sofisticada en materia de evasión tributaria.

Será un espejismo conocer el real nombre completo de la persona beneficiaria final de las rentas generadas por las sociedades anónimas, pues se abre un nuevo espacio para implementar nuevas triquiñuelas a fin de engañar al fisco, dado que en el registro de accionistas que se crearía solamente habría que dar el nombre de quienes posean más de un 25 % de las acciones de las sociedades anónimas. Si alguien fuera poseedor en este momento de una cifra mayor, digamos un 50 % de acciones, pues las va a repartir en cifras menores al 25 % con la “ayuda” jurídica de ese tipo de abogados que, además, no tendrán castigo alguno por “ayudar” a evadir al fisco.

La “ayudadita” al ladrón de impuestos que le da la nueva ley es, realmente, una vergüenza y representa un descaro del gran poder parlamentario que están mostrando tener los que se enriquecen con la evasión fiscal.

Ahora resulta que si la autoridad tributaria detecta una evasión en curso, ésta deberá acudir ante un juez para pedir un embargo preventivo pero dándole tiempo al evasor para que en cinco días hábiles traslade sus bienes hacia otras personerías jurídicas o hacia otros nombres testaferros, dado que en la nueva ley contra el fraude fiscal el juez del caso tendrá ese lapso, cinco días hábiles, para decir si Tributación puede o no puede embargar preventivamente.

Estas son solamente una pequeñas muestras de qué no será posible el combate estructural al robo de impuestos en nuestro país. Los sectores dominantes, con el real poder hegemónico en sus manos, a nivel político-económico, lo que nosotros denominamos como “los de arriba”, no están dispuesto a ceder nada, absolutamente nada. Lo que está pasando con el proyecto de ley contra el fraude fiscal y a favor del establecimiento de un real y contundente registro de accionistas de las sociedades anónimas, así lo deja claro.

En tal sentido, “los de abajo” y sus organizaciones cívicas, populares y sindicales, no tienen nada que negociar, nada que ceder, nada que entregar de lo poco que les queda, especialmente a los que todavía les queda algo, como un salario digno.

Por eso es que en el caso de la corriente sindical en la cual nos movemos hemos llegado al convencimiento pleno de que en materia de Empleo Público, ¡nada que negociar! Así que en esto de impuestos, ¡roben!, ¡sigan robando! Nada les pasará.

La seccional ANEP-PPME se siente complacida debido a que las luchas, desde hace varios años, comiencen a brindar frutos con el nombramiento en propiedad en el Estatuto Policial de estos compañeros,

De acuerdo con la institución el proceso para el nombramiento propiedad conlleva una serie de etapas,entre las cuales:

1- Consulta a las bases policiales.
2- Consulta a Inspección Policial.
3- Consultar los antecedentes judiciales
4- Elaborar el Informe técnico con toda la información del historial laboral.
5- Emitir las conclusiones y recomendaciones técnicas
6- Gestionar ante el Consejo de Personal el refrendo del nombramiento.
7- Elaborar el acuerdo de Nombramiento en propiedad.
8- Gestionar ante la Asesoría Jurídica de Gobernación, la aprobación del acuerdo de nombramiento.
9- Gestionar ante el Departamento de Leyes y Decretos y la Casa Presidencial, la aprobación del acuerdo de nombramiento en propiedad.
10- Gestionar las firmas del acuerdo de nombramiento en propiedad, por parte del Presidente de la República y Ministro de Gobernación y Policía.
11- Gestionar ante la Dirección Administrativa Financiera y la Imprenta Nacional, la publicación del acuerdo en el Diario Oficial la Gaceta.
12- Realizar los movimientos en el Sistema de Planillas, correspondientes al cese del nombramiento interino y el nombramiento en propiedad, una vez publicado el acuerdo.
13- Entre otros.

Una vez finalizadas las gestiones anteriormente citadas, la administración comunicará las conclusiones del proceso para el nombramiento en propiedad.

La concentración previa a la marcha de este 1 de mayo se realizará al pie del monumento a “Juanito” Mora Porras, frente a correos de Costa Rica.

Después de 17 años de análisis científico de los problemas económicos, políticos, sociales, educativos y ambientales, el informe Estado de la región, que se publica periódicamente en Costa Rica, se ha convertido en la mejor antología del fracaso del neoliberalismo en Centroamérica; y en la prueba fehaciente de la inviabilidad de sus dogmas, que por estas comarcas se aplican, todavía, como artículos de fe por parte de una clase política cuya crisis de legitimidad es ya inocultable.

Un repaso de las metáforas con las que los investigadores del programa académico que elabora el informe han retratado el panorama y los desafíos centroamericanos, permite identificar rápidamente imágenes que denuncia, una y otra vez, la desigualdad creciente, el desgarramiento y desarticulación de la región, y el impacto que estos fenómenos tienen sobre la vida de nuestros pueblos, especialmente de los sectores más pobres y vulnerables de la población (por ejemplo, en 2016, la pobreza crónica y estructural de Centroamérica se expresa en un dato demoledor: “cinco de cada seis hogares pobres tienen necesidades básicas insatisfechas, relacionadas con la vivienda y tres además, cuentan con un nivel de ingresos inferior a la línea de pobreza”).

En el primer informe Estado de la región de 1999, publicado en el contexto de las negociaciones de paz y el fin del conflicto armada, se aseguraba que “Centroamérica está desgarrada por fracturas regionales en su desarrollo humano”, producto de las persistentes brechas territoriales; brechas entre grupos sociales; brechas en materia de desempeño político, económico y jurídico; y de la desarticulación física y cultural de la zona atlántica centroamericana, así como por la vulnerabilidad social y ambiental – sin distinción- de las sociedades regionales.

En la edición del 2003, el segundo informe presentó la imagen de una Centroamérica “expuesta a múltiples tensiones internas y externas que la vuelven más compleja y difícil de interpretar”, y donde “los progresos en el desarrollo humano, aunque esperanzadores, no son suficientes para vencer el rezago histórico de la región, pues no siempre están articulados en una dinámica orientada a la generación de oportunidades para amplios sectores de la población”.

Cinco años más tarde, en 2008, el tercer informe advertía sobre los desafíos de una Centroamérica desdibujada, que experimentaba acelerados cambios en distintos órdenes pero que, sin embargo, seguía atascada por su “falta de progreso”, de tal suerte que “la suma de los cambios sociales, demográficos, económicos y políticos no produce mejoras sensibles en el desarrollo humano, ni convierte al istmo en un polo dinámico de crecimiento económico y progreso social. Además, estos cambios han ampliado las profundas brechas entre países y las aun mayores dentro de los países”.

En 2011, el cuarto informe daba cuenta de la persistente ampliación de las brechas sociales y económicas, pese a un esbozo de optimismo en medio de la tormenta: en Centroamérica, decía el documento, “pese a los malos tiempos, se continuaron registrando avances, pero también preocupantes retrocesos que, en general, vinieron a aumentar las brechas en la región y en los países. Estas involuciones no fueron episodios aislados, sino que se inscriben en un contexto peligroso, que conjuga múltiples amenazas y vulnerabilidades. La dimensión del riesgo es tal, que podría provocar fracturas regionales”.

Finalmente, en 2016, la valoración general del quinto informe Estado de la región reincide en sus diagnósticos sobre los graves problemas en materia de desarrollo humano y los limitados alcances de un crecimiento económico desigual, que favorece solo a los sectores más ricos y no responde a “desafíos medulares, históricamente no atendidos” y que amplía “las brechas entre un sur del Istmo más dinámico y desarrollado y un centro-norte con persistentes rezagos económicos, sociales y políticos. Estas diferencias se agudizan a lo interno de los países y para ciertos grupos de población”.

Estas trágicas continuidades ensombrecen los horizontes de futuro de una Centroamérica en la que el debilitamiento de los contrapesos entre actores sociales y políticos con respecto de los grupos de poder económico, así como el predominio de élites políticas de inobjetable orientación neoliberal y pro-empresarial –desde los años 1990-, han creado las condiciones necesarias para la imposición y reproducción del modelo de desarrollo neoliberal, en el que convergen los intereses del capital regional y de las empresas transnacionales. Y donde, paradójicamente, ese Estado tan cuestionado por el fundamentalismo neoliberal, mantiene un papel central, pero ahora como gestor de la inversión extranjera y facilitador de los negocios privados.

Así nos va –y se nos va- la vida en esta Centroamérica doliente del siglo XXI.

Conversamos con Gerardo Cascante sobre la comparecencia, al final de esta nota un audio con las declaraciones del presidente de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Planteamiento de la Seccional ANEP-Policia Penitenciaria Ante Comision de Seguridad y Narcotráfico