El pasado jueves 21 de abril de 2016, luego de varios meses de trabajo y de discusión transparente, varias corrientes sindicales cuyas agrupaciones aglutinan a personas trabajadoras asalariadas del sector estatal costarricense firmaron un acuerdo de trabajo en unidad sindical para la acción, centrado en el eje estratégico “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, que es el nombre que se le puso a este importante acuerdo intersindical.

Nada más atinado para el actual desempeño de la coyuntura sociopolítica nacional, al iniciarse el tercer año de la administración gubernativa y parlamentaria del país, del período constitucional 2014-2018.

Para la corriente sindical en la cual nosotros militamos, y una de las firmantes del citado acuerdo, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Colectivo Sindical Patria Justa, la satisfacción que sentimos es enorme, toda vez que llevamos ya bastante tiempo defendiendo nuestro planteamiento estratégico de que los salarios de los empleados públicos y las empleadas públicas no son los culpables del déficit fiscal, por un lado; y, por otro, que la clase trabajadora (tanto la asalariada con empleo y salarios fijos, como la que está en la informalidad y en el desempleo), paga puntualmente sus impuestos, principalmente el de ventas y el de renta (cuando corresponde). No se los roba. Por lo tanto, no tiene responsabilidad en el déficit fiscal.

Con el acuerdo “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, se le da más base social, más posibilidades de incidencia política, más músculo organizativo y más potencial de movilización al innegable enfrentamiento de clase en desarrollo que significa la cuestión del déficit fiscal; toda vez que los sectores hegemónicamente dominantes en el plano político-ideológico y económico reducen el problema, prácticamente, a la cuestión de los salarios que se devengan en el sector público, los “disparadores del gasto” como a ellos les gusta llamar este asunto.

Si bien es cierto las corrientes sindicales que hemos suscrito el acuerdo de unión sindical para el trabajo en la acción, “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, de una manera u otra y cada una en sus respectivos ámbitos de su diario quehacer, también venían tratando el tema desde hacía ya bastante tiempo, la oportunidad de actuar con conjunto y en una única dirección da más fortaleza y hasta podría tener sentido de desafío estratégico, el abordaje del tema del déficit fiscal por su verdadera raíz: el injusto sistema impositivo costarricense, mismo que ocupa una verdadera Transformación Tributaria Estructural (TTE).

En el acuerdo intersindical para trabajo unitario en la acción “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, participa un importante abanico de organizaciones sindicales del sector educativo costarricense, que se agrupan con el genérico nombre y concepto de Magisterio en Acción, dentro del cual destaca la participación de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y el Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación (Sinapro).

También es de destacar que este acuerdo lleva la adhesión y firma del Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC).

A nivel del modelo sindical reconocido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como legítimo interlocutor obrero del tripartismo, en el acuerdo “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, participan cinco de las actuales seis confederaciones sindicales; a saber, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), la Central General de Trabajadores (CGT), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT).

Como ya indicamos, por Patria Justa participa del acuerdo que venimos comentando, aparte de la ANEP, el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); así como los sindicatos de Recope, de Japdeva y del INS, en su orden, Sitrapequia, Sintrajap y UPINS. También, como Patria Justa, el Sindicato Nacional de Enfermería (el más grande en su ámbito en el seno de la CCSS y más allá de esta), dio su firma para el acuerdo. Notable firma es, también, la del sindicato Sipro-CNP, con fuerte presencia y capacidad propositiva en su campo, en el Consejo Nacional de Producción (CNP) y en la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

También suscribió el acuerdo “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Afumitra), lo cual le da un contenido emblemático a este acuerdo por tratarse del gremio indicado con presencia en el Ministerio que debería ser clave si se tuviese un diálogo nacional en el tema del Empleo Público.

El señor secretario general de Afumitra, don Franklin Benavides Flores, pocas horas antes de la firma del acuerdo “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, publicó en su blog un provocador artículo acerca de estos temas del empleo público, el déficit fiscal y la unidad sindical: “El hegemonismo atenta contra la movilización de los empleados públicos” (ver http://debatesindical-costarica.blogspot.com/2016/04/por-la-unidad-sindical.html).

Citamos este artículo y le recomendamos su lectura pues en el proceso hacia la construcción del acuerdo “En defensa de los servicios públicos y por la justicia tributaria”, un elemento fundamental estuvo presente en todo momento entre las corrientes y los sindicatos que participamos de este:

Dada la envergadura de las fuerzas ideológico-políticas económicamente hegemónicas que confrontan a la clase trabajadora del sector público, solamente una gran unidad sindical para la acción, en medio de un sano esfuerzo de tolerancia y de gran respeto, de discutir sobre ideas y no sobre personas, es lo que nos permitirá cumplir los desafíos que nuestros representados y nuestras representadas, así como sus familias, esperan del Movimiento Sindical Costarricense que está, si se quiere, en uno de los momentos más cruciales de toda su historia.

Son tiempos para unir a la clase trabajadora. Una vez planteamos que en ocasiones lo que le sirve mejor al dirigente sindical, no necesariamente le sirve a la clase trabajadora ni, mucho menos, a sus representados directos.

Le indicamos que el texto completo de este acuerdo usted lo puede encontrar en esta dirección electrónica. https://es.scribd.com/doc/310116796/Gran-acuerdo-de-unidad-sindical

En nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema, titulado “Impuestos: ¡roben!, ¡sigan robando!… Nada les pasará”, escribimos esta frase: “…los defraudadores tributarios cuentan con importantes palancas en el seno de las 57 curules diputadiles del actual parlamento, de modo tal que la idea original del proyecto contra el fraude fiscal ha perdido contundencia, eficacia jurídica, impacto recaudador, pues se han presentado varias mociones que en nada impedirán que el robo de impuestos siga como hasta hoy en día”.

La verdad es que en esto de las “57 curules” cometimos una injusta generalización que nos obliga a una disculpa pública. Es real que en el seno del actual parlamento hay sensibilidades importantes en relación con el peligrosísimo sendero que el país está transitando en cuanto a la desigualdad, la concentración abusiva de la riqueza y, por ende, la importancia de la transformación estructural del sistema tributario costarricense, perversamente regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen).

Don Javier Cambronero Arguedas y don Henry Mora Jiménez, diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC); don Francisco Camacho Leiva y don José Ramírez Aguilar, del Frente Amplio; don William Alvarado Bogantes y doña Rosibel Ramos Aguilar, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); doña Paulina Ramírez Portuguez y don Rolando González Ulloa, de Liberación Nacional (PLN); y don Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana; deben saber que les reconocemos por su voto favorable al proyecto de ley contra el fraude fiscal, emitido en el seno de la comisión parlamentaria de Hacendarios, el pasado miércoles 24 de agosto, cuando todo hacía pensar que esta necesaria iniciativa fracasaría estrepitosamente, favoreciendo así la continuidad de la fiesta en que viven los ladrones de impuestos en nuestro país. Reconocimiento que por ser transparentemente sinceros y a modo de honesta disculpa por la odiosa generalización en que incurriéramos (como explicamos al inicio de este artículo), no hace a un lado las diferencias que en cuanto a posiciones político-ideológicas de visión-país tenemos con algunas de esas dignas autoridades parlamentarias.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva de cómo quedaría, finalmente, el proyecto contra el fraude fiscal pensamos que no es todo lo necesario que se ocupa para una desaceleración profunda de la velocidad con que se roba impuestos en el país; o bien, bajar la magnitud de su impacto (8,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB). Sin embargo, es un avance y mezquino sería no reconocerlo en cuanto tal.

Es importante tener presente que debemos hacer un enorme esfuerzo, más allá de banderías político-partidistas, para comprender la grave deuda social acumulada en los últimos años en nuestro país con amplias mayorías de los sectores sociales y populares. Los tiempos de los TLC neoliberales han incrementado esa deuda social.

En el seno del parlamento debe tenerse presente, a toda hora, que en el afuera legislativo la realidad social sigue mostrando mucho dolor, mucha violencia, mucha exclusión, mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha corrupción.

Deben los tomadores de decisiones constatar que hay dos Costa Rica en este momento, una más grande que la otra; y, precisamente, la más grande es la integrada por compatriotas en el desempleo; por compatriotas jóvenes desorientados, desilusionados, sin trabajo; por compatriotas a los cuales, en un tercio, se les violenta el salario mínimo ya de por sí precario; por trabajadores con salario congelado pese a ser el país más caro de la región; gente del pueblo que percibe un debilitamiento de los servicios públicos sociales; y gente empleada pública, injustamente agredida, golpeada moral y psicológicamente, mediáticamente acosada por esas odiosas generalizaciones (como la del carácter en que incurrimos la semana pasada según hemos explicado), que presentan a todo el empleo público como una “maleantada privilegiada”.

Mencionar, insistir, reiterar estas y otras situaciones de carácter parecido puede parecerle a “pasquín” a alguien cercano y/o dentro de las esferas del poder político, el formal y/o el real. Según la primera acepción que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua le da a la palabra “pasquín”, en cuanto a que es un “escrito anónimo, de carácter satírico y contenido político, que se fija en sitio público”, los comentarios que publicamos, semana a semana, en este espacio, nada tienen de “pasquín” y, mucho menos, el de la semana pasada.

Lo que poco a poco va tomando contundencia es el fracaso del neoliberalismo. Y parte esencial de tal fracaso tiene que ver con esos sistemas tributarios regresivos que adicionalmente a la profunda injusticia que revisten, facilitan el robo de impuestos de lo poco que se puede recaudar.

Prestigiosos académicos de renombre mundial, como el señor Joseph E. Stiglitz, nos vienen hablando de economías de altísimo desempeño en Europa, como las de Suecia y de Noruega; naciones que combinan sistemas tributarios fuertes, altamente progresivos (pagan más los que más tienen), con fuertes estados de bienestar y con fuertes medidas de protección de sus mercados laborales. (Véase “Reforma o divorcio en Europa”, https://www.project-syndicate.org/commentary/reform-or-divorce-in-eurozone-by-joseph-e—stiglitz-2016-08/spanish()).

El proyecto aprobado contra el fraude fiscal, aunque insuficiente según nuestro modesto criterio (por demás empírico), pero en la dirección correcta buscando la progresividad tributaria, necesita ser complementado con otras fuertes iniciativas de ley que están en la actual corriente parlamentaria, como las que tienen que ver con las exenciones y las exoneraciones (6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB); o bien, algo más fuerte todavía, la transformación estructural del impuesto sobre la renta para pasar a la renta global o universal, de forma tal que la acumulación de riqueza tribute en real proporción a como se tiene. Por el contrario, no parece ni justo ni oportuno que se aumente el impuesto sobre las ventas, del 13 al 15% y, mucho menos, transformarlo en impuesto al valor agregado (IVA). Este impuesto es el más regresivo de todos.

Finalmente, terca y reiteradamente, durante los dos últimos años hemos venido insistiendo en esta tesis: el déficit fiscal no es culpa de los salarios que el Estado paga en materia de empleo público.

El déficit fiscal tiene otras explicaciones, tiene causas evidentes, abiertamente constatables; a la vez, tiene otras causas que permanecen al margen del amplio conocimiento público, como es la naturaleza del endeudamiento del país y los intereses que al año hay que pagar por ese endeudamiento.

Si la deuda nacional, pública y privada, con acreedores internos y externos, nos está estrangulando, quizás ha llegado la hora de que se abra paso a una auditoría ciudadana de la deuda para que comprendamos, como sociedad, a qué nos enfrentamos y que sepamos quién está ganando con ella y a quién le sirve que no superemos el problema del déficit; pues si este se resolviese, aunque fuese en parte, alguien podría perder mucho dinero si el gobierno deja de comprar las enormes cantidades de bonos para sus necesidades ordinarias. Como comprenderán, nos quedamos cortos en el tema.

Vicecanciller de Alemania: El tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU. “ha fracasado”

El vicecanciller de Alemania y el ministro de Economía, Sigmar Gabriel, ha afirmado este domingo en una entrevista al canal ZDF que las negociaciones sobre el tratado de libre comercio (TTIP por sus siglas en inglés) entre la Unión Europea y Estados Unidos han fracasado, aunque “realmente nadie lo admite”.

“En mi opinión, las negociaciones con Estados Unidos han fracasado de facto, pese a que, realmente, nadie lo admite”, declaró Sigmar Gabriel. El político alemán recuerda que en 14 rondas de negociaciones ninguna de las partes ha acordado ni un solo capítulo de los 27 previstos.

Asimismo, Signer considera que el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por sus siglas en inglés) entre la UE y Canadá es más justo para todas las partes que el TTIP.

Pros y contras del TTIP

Los defensores del TTIP argumentan que el acuerdo sería beneficioso para el crecimiento económico de las naciones que lo integrarían, aumentaría la libertad económica y fomentaría la creación de empleo. Sin embargo, sus críticos argumentan que éstas se producirían a costa del aumento del poder de las grandes empresas y desregularizaría los mercados, rebajando los niveles de protección social y medioambiental de forma drástica.

Además, la opinión pública europea se muestra descontenta con el TTIP debido al carácter secreto de su negociación. Los detractores del acuerdo llevan a cabo protestas en numerosas ciudades europeas, siendo la más reciente una que tuvo lugar en Berlín el pasado fin de semana.

Francia: “Las actuales conversaciones sobre el acuerdo TTIP con EE.UU. deben detenerse”

Las conversaciones en curso entre la UE y EE.UU. sobre el Tratado de Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) deben ser detenidas y deben iniciarse nuevos diálogos, ha declarado el ministro francés para el Comercio Exterior, Matthias Fekl, informan medios locales.

“En Francia ya no hay más apoyo político a estas negociaciones. Francia llama a poner fin a estas negociaciones”, sostiene el ministro, añadiendo que uno de los problemas respecto al acuerdo radica en la actitud de EE.UU. hacia las negociaciones.
“Los estadounidenses no dan nada o dan solo migajas. No es así como se hacen las negociaciones entre aliados”, denuncia Fekl. “Necesitamos un alto claro y definitivo de estas negociaciones con el fin de volver a empezar con una buena base”, añade. El ministro sostiene que Francia elevará el caso a una reunión de ministros de Comercio Exterior de la UE en Bratislava, Eslovaquia, el próximo mes de septiembre.

Además, el presidente francés, François Hollande, ha indicado este martes que las conversaciones sobre el acuerdo están atascadas, desequilibradas y que no se van a completar este año. “Francia prefiere mirar las cosas de frente”, indica.

El tratado de libre comercio entre la UE y EE.UU. “ha fracasado”

El vicecanciller y ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, afirmó el pasado domingo que las negociaciones sobre el TTIP entre la Unión Europea y EE.UU. han fracasado “de facto”, aunque “realmente nadie lo admite”.

El político alemán recordó que en 14 rondas de negociaciones ninguna de las partes ha acordado ni un solo capítulo de los 27 previstos. Asimismo, el ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, ha declarado este martes que la UE y EE.UU. se encuentran todavía lejos de discutir las normas y procedimientos necesarios en el marco de las negociaciones sobre el tratado de libre comercio.

La controversia rodea al TTIP

Washington ha insistido en que el acuerdo de libre comercio se firme antes de finales de 2016, pero ha topado con una fuerte oposición de varios países europeos. El TTIP es un proyecto de libre comercio entre la UE y EE.UU. que ha sido tildado de controvertido desde el momento en el que se propuso hace tres años y ha sido criticado por su secretismo y falta de rendición de cuentas.

El acuerdo tiene por objeto promover el comercio y el crecimiento económico multilateral mediante la creación de la mayor zona de libre comercio del mundo. Los partidarios dicen que ayudará a las pequeñas empresas a abrirse a los mercados y a hacer más fácil los procesos de aduanas, mientras que los críticos con el mismo temen que los únicos beneficiados sean las grandes corporaciones, anteponiendo incluso el interés empresarial al nacional.