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Para la ANEP el cese de funciones de la trabajadora fue considerado como un despido de carácter antisindical, acompañado de prácticas laborales desleales e incluso con episodios previos al acoso laboral.

Leímos en el periódico de mayor circulación de Costa Rica, DIARIO EXTRA, en su edición correspondiente al martes 9 de febrero del mes en curso, en su página 6-Nacionales, nota con este titular: “6 ticos se reparten c.249.228 millones del MOPT”. El antetítulo de esta información dice: “En río revuelto ganancia de pescadores”. Y como subtítulo: “Durante 20 años han tenido la bendición de mandos medios de la institución”.

Los “6 ticos…” son los dueños de las más poderosas compañías constructores del país: Hernán Solís, Sánchez Carvajal, Conansa, Quebradores del Sur, Meco y Grupo Orosi-Siglo XXI. Según dicha información de prensa, esta especie de oligopolio privado en materia de infraestructura con fondos públicos, sería el “beneficiario chineado” de los contratos que al respecto se otorgan mediante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), una especie de “mini-MOPT”, prácticamente al servicio directo de la iniciativa privada en materia de construcción, arreglo, reparación y mantenimiento de las carreteras nacionales.

Solamente durante el año 2015 y según se reporta en la indicada información de DIARIO EXTRA, el sexteto constructor preferido del Conavi habría recibido fondos públicos por la inmensa cantidad de 249 mil 228 millones de colones: 249.228.000.000.00.

Esos prácticamente 250 mil millones de colones que según DIARIO EXTRA se reparten esos “6 ticos…”, nos hablan de casi 21 mil millones de colones al mes; casi 700 millones de colones cada 24 horas (por día) ; casi 29 millones de colones por hora; y poco más de 482 mil colones por minuto; unos 80 mil colones por segundo.

DIARIO EXTRA, a su vez, se fundamenta en un informe, más bien valiente informe, preparado por el señor diputado don Javier Cambronero Arguedas, del Partido Acción Ciudadana (PAC). Decimos valiente porque este oligopolio de la construcción es uno de esos poderes fácticos del capital que ejerce gran influencia en sectores político-partidarios nacionales tradicionales dada la gran incidencia en éstos. Desde la cosa pública al más alto nivel, prácticamente son una especie de “intocables”. Desde este ámbito de la actividad empresarial privada salen no pocos recursos para las campañas electorales presidenciales y diputadiles y los ganadores siempre son agradecidos.

Desde el año 1996, este oligopolio constructor habría siempre tenido “la bendición de mandos medios de la institución”, es decir, del Conavi y del propio MOPT; lo cual nos lleva a presumir de que durante todo este tiempo se habría estado dando un tejido de tráfico de influencias y hasta de corrupción descarada de lo cual la ciudadanía no tiene la menor duda. Duele reconocerlo pero hay un criterio muy fuerte en la sociedad de que el MOPT, pese a la enorme cantidad de gente honesta y trabajadora que labora en él, es el ministerio más “coloreado” de corrupto.

La valentía del diputado don Javier Cambronero Arguedas, según la ya reiteradamente comentada nota de prensa, lo llevó a afirmar lo siguiente: “…por 20 años el Conavi ha transferido recursos públicos que se han repartido, principalmente, entre seis empresas. Una especie de caja registradora al final de la fila del supermercado, que recauda dinero, mucho dinero, para repartirlo entre estas compañías”.

Desde nuestra perspectiva sindical esta circunstancia refleja tan solamente un episodio de lo que podemos llamar el “lado oculto” del déficit fiscal; es decir, esos grandes negocios con fondos públicos en los que se involucran jerarcas de los mandos medios institucionales coludidos para asaltar el fisco con gerentes y corporaciones empresariales-privadas; arreglando carteles de licitación para que coincidan con determinado proveedor en contra de otro, repitiendo una y otra vez al mismo proveedor, agotando las existencias de insumos y bienes en las bodegas estatales para forzar compras de “emergencia” (especialmente en el sector salud), exigiendo coimas y mordidas, etc. etc. etc.

Solamente en el caso que nos está planteando el mencionado legislador, y solamente en un período de un año (el 2015), esos “6 ticos…”, recibieron por sus servicios de construcción prestados al Estado, casi un punto porcentual del Producto Interno Bruto (PIB), pues éste actualmente representa unos 278 mil millones de colones.

Mientras los empleados públicos y las empleadas públicas llevan meses y meses de ser vilipendiados en los principales latifundios mediáticos del capital oligárquico-neoliberal de nuestro país, por los salarios que devengan, exhibiéndoseles casi que como delincuentes por los salarios percibidos (sin negar ciertos pero minoritarios casos de excesos); los multimillonarios dividendos de este gigante oligopolio constructor, el papel de los mandos medios del Conavi y del MOPT “haciéndoles el cachete” para que siempre sean ganadores de las licitaciones, la naturaleza de la honra de sus responsabilidades tributarias, etc., nada de eso merece ser exhibido, destacado, señalado, denunciado ante la opinión pública; opinión pública que por cierto y en no pocas ocasiones pega el grito al cielo por el estado de ciertas carreteras nacionales vitales con evidentes situaciones anómalas y/o falencias de todo tipo en sus procesos de construcción, de reparación y de mantenimiento.

Una vez más, queda en evidencia que, en materia de déficit fiscal, el problema no está en los salarios devengados en el sector Publico. Hay que felicitar al diputado don Javier Cambronero Arguedas por este tipo de aporte esclarecedor en tal sentido; y, por supuesto, a DIARIO EXTRA que lo publicó.

Mediante un documento denominado Gestión del empleo y remuneraciones en el SECTOR PÚBLICO, la comisión conformada por los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Planificación y de Trabajo, advierte que lo que se pretende es brindar insumos para alimentar la discusión en torno al tema del empleo público.

Desde luego que los datos que contiene son un importante insumo para el debate y el análisis que, tal y como se advierte, es fundado en evidencias.

Dada la naturaleza de la organización sindical desde la cual luchamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), debo indicar que me resulta interesante compartir información oficial de manera pública con el siguiente objetivo:

1-Que la opinión pública conozca datos oficiales, no manipulados, en torno a la naturaleza del empleo público y su efecto sobre las instituciones públicas, en Costa Rica.

2- Destacar la importancia que tiene el empleo público, que reúne al 15 % de la PEA (Población Económicamente Activa), que como grupo laboral formal, de alta profesionalización, integrado mayoritariamente a los sectores sociales medios que han sido (tal y como lo reconoce el estudio), sustento de la estabilidad política y la paz social; que funciona como un facilitador de la movilidad social ascendente, propicia el dinamismo de la economía y es un importante contribuyente del fisco, ya sea como tributarios de renta y/o venta, así como también al pago de la Seguridad Social.

3-Contribuir al esclarecimiento de la importancia que tiene para el país el empleo público y la importancia de que en el sector privado se adopten conductas y/o prácticas laborales que beneficien en primer orden al país y desde luego a la fuerza laboral, buscando resolver los problemas de equidad, referidas a disparidades en condiciones laborales de eficiencia, eficacia y remuneraciones así como en el eje de calidad referido a la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar la prestación de servicios con oportunidad, calidad y eficiencia.

4-Desmentir las afirmaciones temerarias, mal intencionadas, faltas a la verdad, tendenciosas, imprecisas, sin evidencias, que han sido levantadas en contra de los servidores y servidoras del Sector Público por algunos medios de comunicación; así como de personajes de los partidos políticos que funcionan como lacayos al servicio de los consorcios empresariales y sus financiadores internos y externos, quienes de manera sistemática han levantado una injuriosa ,mentirosa y manipuladora campaña mediática, misma que pretende responsabilizar de la crisis fiscal por la que atraviesa el país al conglomerado laboral que reúne al empleo público.

En esta primera entrega mostraré datos oficiales reveladores que desmienten la afirmación de que el empleo público es excesivo como se ha pretendido hacer ver.

Veamos
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comparando el tamaño del empleo público con países de la región; Costa Rica se encuentra en cuanto a porcentaje de la fuerza laboral en un 5.3% por debajo de países como Uruguay, 11.6 %; República Dominicana 7.8 %; y, Panamá 6.8 %.

Datos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en 16 países de América Latina con respecto a nuestro país que estudió el grado de complejidad y desarrollo institucional, se concluye que conforme al estudio, Costa Rica logró crecer siete puntos (entre 2004 y 2013, de 47 a 54), a partir de una línea de base media alta, solo por detrás de Brasil y Chile. Señalan que al tratarse de un servicio civil con fuerte presencia del mérito, transparencia en los procesos y sólida institucionalidad, los avances fueron graduales, pero distribuidos en varios aspectos. En su mayor parte esos progresos se concretaron gracias a nuevos instrumentos de gestión que buscaron insertarse en prácticas ya existentes, y/o cubrir debilidades. Entre estas herramientas destacan los sistemas de información, la grilla de percentiles, reajustes salariales usados para reducir la inequidad salarial (que tuvieron por otro lado un importante, impacto fiscal).

En los datos del BID que reflejan el índice de desarrollo del Servicio Civil en perspectiva comparada 2004-2011/13, de 16 países de América Latina, nuestro país ocupa un tercer lugar solo superado por países como Chile y Brasil; y por encima de Uruguay, Colombia, México y República Dominicana.

Con estos primeros datos oficiales, tenemos las primeras evidencias de que los servidores públicos no somos el problema y, por el contrario, contribuimos favorablemente a la vida política, económica y social de nuestro país. En próxima entrega tocaremos los mitos y realidades sobre el empleo público.

Así lo cita el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual considera como estrategia de seguridad, enfocar la actividad policial desde la perspectiva humanista. Como bien sabemos, se considera responsabilidad del Estado, brindar protección de sus habitantes; y según ha señalado atinadamente la misma Organización de Naciones Unidas, “la seguridad ciudadana se concibe como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas”. Este apartado no debe ser excluyente para quienes realizan ese trabajo de seguridad ciudadana

En los últimos años, hemos dedicado buena parte de nuestra energía, física e intelectual, a la búsqueda de un ideal utópico, ese ideal que hemos denominado; el de la búsqueda de la justicia y del bien común, asociado a las condiciones que cada día enfrentan nuestros policías.

En función de ese ideal, venimos intentando mostrar y posicionar la necesidad de cambiar la forma en que se viene administrando, y dirigiendo a la Policía de nuestro país. Es bastante evidente, ya que nuestros policías (la tropa), son verdaderos héroes anónimos, no solo por los cada vez más frecuentes enfrentamientos con el crimen organizado, los constantes decomisos de drogas y detención de personas que cometen delito; sino también por las condiciones adversas en las que deben trabajar, y aun así hacerlo bien.

Nosotros hemos apuntado a la necesidad de una formación policial más integral, una que permita dotar a quienes ingresan a laborar en un cuerpo policial, de mejores herramientas, tanto técnicas, como intelectuales. Hemos hablado de una verdadera carrera policial; una auténtica profesionalización que permita que quien egrese como oficial de policía, lo haga al mismo tiempo como profesional en alguna carrera afín. Eso requiere de voluntad política y política de Estado.

Esto evitaría luego las constantes molestias y desilusiones que sabemos enfrentan nuestros policías, por no obtener una licencia de estudio, que les permita alcanzar su sueño profesional en careras como: Criminología, Derecho, Psicología, Ciencias Policiales, por citar las preferidas por las y los policías.

Es necesaria una carrera policial ordenada, en donde los cursos sean abiertos y transparentes, una carrera policial que respete lo establecido en la misma Ley General de Policía; la cual cita en su artículo 63 inciso b) “la promoción desde el grado de sub intendente hasta el de capitán, será regulada por el reglamento correspondiente bajo el procedimiento de concurso interno, respetando los criterios de capacitación, tiempo de servicio y otros méritos”, no por “amiguismos” como sucede hoy en día.

Además es importante, valorar y motivar a quienes cuentan con una vasta trayectoria policial, pero carecen de nivel académico. A ellos no se les debe olvidar. Pero como ya hemos reseñado en anteriores artículos, no tenemos una política de estado en materia de seguridad. La carrera policial; la formación de nuestros policías, deberían estar orientadas en potenciar y fortalecer al recurso humano, por sobre todos los demás recursos que se suman a la seguridad de nuestro país.

Esa política también debe incluir, el dotar a nuestros uniformados de buenas y adecuadas edificaciones. Delegaciones que cuenten con espacios de “estar”, con un lugar decente para la alimentación, el descanso, y la sana convivencia en razón de la importantísima función que realizan nuestros cuerpos policiales. Nosotros hemos apuntado la urgencia de revisar y adecuar, los roles de servicio, la alimentación, la calidad de vida en familia, la humanización verdadera y no en el papel del servicio policial.

Sabemos de casos, donde algunos de nuestros policías, viven socialmente en condiciones precarias; y cuando este policía ingresa a sus labores, sigue en esas mismas condiciones de precariedad, al tener que laborar en delegaciones infrahumanas y lidiar con la paradoja de ser una autoridad, sin autoridad. Esto por cuanto la carencia de liderazgo y de comunicación, en algunos mandos, hacen que el policía (de tropa), sea constantemente pisoteado, denigrado y tratado por sus superiores, como una “simple mercancía”.

La seguridad ciudadana con rostro humano, involucra aspectos como la búsqueda de la equidad, la comunidad, la prevención y no la represión. Según este mismo informe de la Organización de las Naciones Unidas, “se demuestra que las políticas de mano dura han fracasado en la región”. Tanto a lo externo (sociedad), como a lo interno (cuerpos policiales).

Es importante revisar la gestión del mando ya que desde hace mucho tiempo viene dando señales de una “parálisis”, desconociendo que en materia de seguridad ciudadana el principal recurso es el humano.
Y para lograr las metas propuestas para la seguridad común, el policía debería estar ilusionado, motivado, bajo las ordenes de líderes de carrera y con calidad humana. No teniendo que soportar mandos con pensamientos “retrógrados”, que lo único que hacen es lesionar la moral, el amor propio y la dignidad de las personas, que deben brindar protección y ejercer la función de autoridad pública.

Seguridad ciudadana con rostro humano. Esa debería ser la prioridad para el Ministerio de Seguridad Pública y para el Estado.