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El Empleo Público no es responsable de los problemas fiscales de nuestro país

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Mediante un documento denominado Gestión del empleo y remuneraciones en el SECTOR PÚBLICO, la comisión conformada por los ministros de la Presidencia, de Hacienda, de Planificación y de Trabajo, advierte que lo que se pretende es brindar insumos para alimentar la discusión en torno al tema del empleo público.

Desde luego que los datos que contiene son un importante insumo para el debate y el análisis que, tal y como se advierte, es fundado en evidencias.

Dada la naturaleza de la organización sindical desde la cual luchamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), debo indicar que me resulta interesante compartir información oficial de manera pública con el siguiente objetivo:

1-Que la opinión pública conozca datos oficiales, no manipulados, en torno a la naturaleza del empleo público y su efecto sobre las instituciones públicas, en Costa Rica.

2- Destacar la importancia que tiene el empleo público, que reúne al 15 % de la PEA (Población Económicamente Activa), que como grupo laboral formal, de alta profesionalización, integrado mayoritariamente a los sectores sociales medios que han sido (tal y como lo reconoce el estudio), sustento de la estabilidad política y la paz social; que funciona como un facilitador de la movilidad social ascendente, propicia el dinamismo de la economía y es un importante contribuyente del fisco, ya sea como tributarios de renta y/o venta, así como también al pago de la Seguridad Social.

3-Contribuir al esclarecimiento de la importancia que tiene para el país el empleo público y la importancia de que en el sector privado se adopten conductas y/o prácticas laborales que beneficien en primer orden al país y desde luego a la fuerza laboral, buscando resolver los problemas de equidad, referidas a disparidades en condiciones laborales de eficiencia, eficacia y remuneraciones así como en el eje de calidad referido a la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar la prestación de servicios con oportunidad, calidad y eficiencia.

4-Desmentir las afirmaciones temerarias, mal intencionadas, faltas a la verdad, tendenciosas, imprecisas, sin evidencias, que han sido levantadas en contra de los servidores y servidoras del Sector Público por algunos medios de comunicación; así como de personajes de los partidos políticos que funcionan como lacayos al servicio de los consorcios empresariales y sus financiadores internos y externos, quienes de manera sistemática han levantado una injuriosa ,mentirosa y manipuladora campaña mediática, misma que pretende responsabilizar de la crisis fiscal por la que atraviesa el país al conglomerado laboral que reúne al empleo público.

En esta primera entrega mostraré datos oficiales reveladores que desmienten la afirmación de que el empleo público es excesivo como se ha pretendido hacer ver.

Veamos
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comparando el tamaño del empleo público con países de la región; Costa Rica se encuentra en cuanto a porcentaje de la fuerza laboral en un 5.3% por debajo de países como Uruguay, 11.6 %; República Dominicana 7.8 %; y, Panamá 6.8 %.

Datos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en 16 países de América Latina con respecto a nuestro país que estudió el grado de complejidad y desarrollo institucional, se concluye que conforme al estudio, Costa Rica logró crecer siete puntos (entre 2004 y 2013, de 47 a 54), a partir de una línea de base media alta, solo por detrás de Brasil y Chile. Señalan que al tratarse de un servicio civil con fuerte presencia del mérito, transparencia en los procesos y sólida institucionalidad, los avances fueron graduales, pero distribuidos en varios aspectos. En su mayor parte esos progresos se concretaron gracias a nuevos instrumentos de gestión que buscaron insertarse en prácticas ya existentes, y/o cubrir debilidades. Entre estas herramientas destacan los sistemas de información, la grilla de percentiles, reajustes salariales usados para reducir la inequidad salarial (que tuvieron por otro lado un importante, impacto fiscal).

En los datos del BID que reflejan el índice de desarrollo del Servicio Civil en perspectiva comparada 2004-2011/13, de 16 países de América Latina, nuestro país ocupa un tercer lugar solo superado por países como Chile y Brasil; y por encima de Uruguay, Colombia, México y República Dominicana.

Con estos primeros datos oficiales, tenemos las primeras evidencias de que los servidores públicos no somos el problema y, por el contrario, contribuimos favorablemente a la vida política, económica y social de nuestro país. En próxima entrega tocaremos los mitos y realidades sobre el empleo público.

Seguridad ciudadana con rostro humano

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Así lo cita el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual considera como estrategia de seguridad, enfocar la actividad policial desde la perspectiva humanista. Como bien sabemos, se considera responsabilidad del Estado, brindar protección de sus habitantes; y según ha señalado atinadamente la misma Organización de Naciones Unidas, “la seguridad ciudadana se concibe como una condición necesaria para el desarrollo humano de las personas”. Este apartado no debe ser excluyente para quienes realizan ese trabajo de seguridad ciudadana

En los últimos años, hemos dedicado buena parte de nuestra energía, física e intelectual, a la búsqueda de un ideal utópico, ese ideal que hemos denominado; el de la búsqueda de la justicia y del bien común, asociado a las condiciones que cada día enfrentan nuestros policías.

En función de ese ideal, venimos intentando mostrar y posicionar la necesidad de cambiar la forma en que se viene administrando, y dirigiendo a la Policía de nuestro país. Es bastante evidente, ya que nuestros policías (la tropa), son verdaderos héroes anónimos, no solo por los cada vez más frecuentes enfrentamientos con el crimen organizado, los constantes decomisos de drogas y detención de personas que cometen delito; sino también por las condiciones adversas en las que deben trabajar, y aun así hacerlo bien.

Nosotros hemos apuntado a la necesidad de una formación policial más integral, una que permita dotar a quienes ingresan a laborar en un cuerpo policial, de mejores herramientas, tanto técnicas, como intelectuales. Hemos hablado de una verdadera carrera policial; una auténtica profesionalización que permita que quien egrese como oficial de policía, lo haga al mismo tiempo como profesional en alguna carrera afín. Eso requiere de voluntad política y política de Estado.

Esto evitaría luego las constantes molestias y desilusiones que sabemos enfrentan nuestros policías, por no obtener una licencia de estudio, que les permita alcanzar su sueño profesional en careras como: Criminología, Derecho, Psicología, Ciencias Policiales, por citar las preferidas por las y los policías.

Es necesaria una carrera policial ordenada, en donde los cursos sean abiertos y transparentes, una carrera policial que respete lo establecido en la misma Ley General de Policía; la cual cita en su artículo 63 inciso b) “la promoción desde el grado de sub intendente hasta el de capitán, será regulada por el reglamento correspondiente bajo el procedimiento de concurso interno, respetando los criterios de capacitación, tiempo de servicio y otros méritos”, no por “amiguismos” como sucede hoy en día.

Además es importante, valorar y motivar a quienes cuentan con una vasta trayectoria policial, pero carecen de nivel académico. A ellos no se les debe olvidar. Pero como ya hemos reseñado en anteriores artículos, no tenemos una política de estado en materia de seguridad. La carrera policial; la formación de nuestros policías, deberían estar orientadas en potenciar y fortalecer al recurso humano, por sobre todos los demás recursos que se suman a la seguridad de nuestro país.

Esa política también debe incluir, el dotar a nuestros uniformados de buenas y adecuadas edificaciones. Delegaciones que cuenten con espacios de “estar”, con un lugar decente para la alimentación, el descanso, y la sana convivencia en razón de la importantísima función que realizan nuestros cuerpos policiales. Nosotros hemos apuntado la urgencia de revisar y adecuar, los roles de servicio, la alimentación, la calidad de vida en familia, la humanización verdadera y no en el papel del servicio policial.

Sabemos de casos, donde algunos de nuestros policías, viven socialmente en condiciones precarias; y cuando este policía ingresa a sus labores, sigue en esas mismas condiciones de precariedad, al tener que laborar en delegaciones infrahumanas y lidiar con la paradoja de ser una autoridad, sin autoridad. Esto por cuanto la carencia de liderazgo y de comunicación, en algunos mandos, hacen que el policía (de tropa), sea constantemente pisoteado, denigrado y tratado por sus superiores, como una “simple mercancía”.

La seguridad ciudadana con rostro humano, involucra aspectos como la búsqueda de la equidad, la comunidad, la prevención y no la represión. Según este mismo informe de la Organización de las Naciones Unidas, “se demuestra que las políticas de mano dura han fracasado en la región”. Tanto a lo externo (sociedad), como a lo interno (cuerpos policiales).

Es importante revisar la gestión del mando ya que desde hace mucho tiempo viene dando señales de una “parálisis”, desconociendo que en materia de seguridad ciudadana el principal recurso es el humano.
Y para lograr las metas propuestas para la seguridad común, el policía debería estar ilusionado, motivado, bajo las ordenes de líderes de carrera y con calidad humana. No teniendo que soportar mandos con pensamientos “retrógrados”, que lo único que hacen es lesionar la moral, el amor propio y la dignidad de las personas, que deben brindar protección y ejercer la función de autoridad pública.

Seguridad ciudadana con rostro humano. Esa debería ser la prioridad para el Ministerio de Seguridad Pública y para el Estado.

Tiempos de congelamiento y rebaja salarial

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“Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.

Estos refranes populares son muy apropiados para reflejar la realidad salarial de quienes trabajan asalariadamente para el sector Público, especialmente quienes laboran en ministerios que están bajo el Régimen de Servicio Civil, en entidades adscritas a los mismos y que aplican dicho régimen salarial, en entidades autónomas pero regidas por la Autoridad Presupuestaria; e, incluso, en otros tipo de instituciones públicas que toman como base para sus reajustes salariales semestrales lo que se defina para el Gobierno Central.

El más reciente decretazo salarial del Gobierno con relación al reajuste por costo de vida valedero para el primer semestre del 2016, muestra las líneas del horizonte hacia el cual nos acercamos en materia de remuneraciones para este importante segmento de la clase trabajadora costarricense: congelamiento y rebaja salarial en perspectiva.

Mientras el asalariado paga puntualmente sus impuestos, especialmente los dos fundamentales, venta y renta; el robo de impuestos es de tal magnitud que ya conspira contra su propia estabilidad salarial: no hay aumento salarial, si lo hay es raquítico y miserable y aún sí para una parte, no para todos; y, no es descartable que en el corto plazo, se plantee hasta rebaja salarial.

Los y las profesionales del sector Público no tendrán ni un céntimo más en su salario actual durante todo el primer semestre del 2016. En la escala de puestos de los no profesionales del Servicio Civil, el extremo más bajo, el Trabajador Misceláneo 1, deberá conformarse con un 1 %; y el más alto, Técnico y Profesional 3, con 0.25 %.

El Gobierno argumenta que esta situación se debe a que la cifra inflacionaria oficial con que cerró el año pasado 2015, fue “negativa”, de un -0.87 %. La justa realidad en un escenario redistribuidor de riqueza, de reconocimiento de la pérdida salarial acumulada, y de recuperación y de ampliación de poder de compra del salario, habría establecido que el reajuste fuese del 1.49 %, general, como fue propuesto por la corriente sindical en la cual militamos: las centrales sindicales, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la propia ANEP.

Cualquier persona asalariada siente, percibe, constata que una cosa es la cifra oficial del Gobierno en materia de inflación; y otra, muy distinta, la realidad económica del bolsillo de las familias trabajadoras. Por algo somos uno de los países de más alto costo de la vida en América Latina, sino el número uno en ello.

Debemos ser responsables, sumamente responsables planteando lo siguiente: Si no se corrige la profunda gravedad y el estado catastrófico del perverso e injusto actual sistema tributario costarricense, seremos los y las de abajo, la clase trabajadora asalariada, la del sector Público y la del sector Privado, las víctimas de una catástrofe social de insospechadas consecuencias.

Evidentemente, la clase trabajadora del sector Privado, especialmente la que es “torturada”, económicamente hablando, con el nivel actual de los salarios mínimos; así como la que labora en la economía informal, por cuenta propia, “pellejeándola” (como popularmente se dice), es enormemente perjudicada por el deterioro de una importante cantidad de servicios públicos que necesita, los cuales solamente tienen presupuesto para pagar salarios ante el serio problema de finanzas públicas que implica el astronómico robo de impuestos y, por ende, el déficit fiscal.

La máxima tarea sindical del momento no puede ser otra que movernos, organizada y colectivamente contra el fraude fiscal, contra el robo de impuestos, contra la evasión y la elusión tributarias en todas sus formas. De nada valdrá un piquete, una manifestación, una marcha, un paro y una huelga contra el más reciente decretazo salarial, dado que el problema de fondo es el crimen social que nos afecta a todos y que es el robo de impuestos en todas sus dimensiones; robo de impuestos cuya cifra ya ha sido reconocida oficialmente y que desde nuestro lado ya veníamos planteando sin que nadie nos desmintiera: 8.5 puntos porcentajes del Producto Interno Bruto (PIB).

Entonces, es éste el escenario que está abierto ya e, inevitablemente, con lo que parece ser incontenibles perfiles confrontativos.

PRIMERO: La clase trabajadora, especialmente, la asalariada y particularmente, la del sector Público, ¡no roba impuestos! El de ventas lo paga al momento mismo de la compra, en la caja registradora; si tiene salario susceptible de aplicársele el de renta, se rebaja de planilla inexorablemente.

SEGUNDO: La clase trabajadora, en términos generales y en abrumadora mayoría, no tiene sociedades anónimas, las cuales, por la figura jurídica actual que las sustenta, son mecanismo fundamental para el robo de impuestos y la evasión tributaria.

TERCERO: La clase trabajadora, en contundente y absoluto número, no disfruta y no ha recibido exenciones y/o exoneraciones de impuestos. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 50 % de las exenciones y de las exoneraciones en Costa Riva, cuyo total equivale a 6 puntos porcentuales de PIB, beneficia al 20 % de la población más rica.

A pesar de que es la clase trabajadora la que no evade y paga puntualmente sus impuestos; a pesar de que no tiene sociedades anónimas para robar impuestos; a pesar de que nunca ha recibido ni exenciones ni exoneraciones, es la que ya está sufriendo y sufrirá más las consecuencias de esta injusta situación tributaria.

Por ello es que empezamos este artículo citando esos cuatro refranes populares que, muy convenientemente, consideramos repetir: “Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”. “Mientras unas se comen la piña, a otros les duele la panza”. “Pagan justos por pecadores”. “Al que no quiere caldo, dos tazas”.

ANEP condena declaraciones del embajador de los Estados Unidos de América

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Desde la ANEP condenamos las manifestaciones de corte imperial que formula el embajador de los Estados Unidos de América en nuestro país, Sttanford Fitzgerald Haney, en contra de las políticas nacionales de soberanía alimentaria para proteger lo poco que nos queda de agricultura nacional.

Según Fitzgerald, en declaraciones brindadas a un medio de comunicación nacional, las políticas agrícolas del actual Gobierno están tensando las relaciones entre su país y Costa Rica, a la vez que criticó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Según dijo “esa instancia se manejado bajo criterios políticos y no científicos cuando ha tenido la importación de productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y otros países”

Para Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, es bueno recordar que un país como Estados Unidos destina millones de dólares de fondos públicos para proteger a sus propios agricultores, ejecutando un alto proteccionismo en su política agrícola, lo cual se resiste a cambiar en procesos multilaterales de negociaciones como los de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

“En tal sentido en ANEP creemos que el personal del Servicio Fitosanitario del Estado, adscrito al MAG, merece el apoyo de todas las organizaciones de productores agrícolas del país”, dijo Vargas.

El Secretario General de la ANEP, indicó que como suele suceder la política de los Estados Unidos siempre se ha caracterizado por una doble moral: “hagan lo que ordeno y no lo que yo hago”.

Funcionarios de la CCSS habrían maquillado informes y ejecutado conflicto de intereses con el IVM

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El próximo jueves Muñoz comparecerá nuevamente ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público para atender las consultas de los diputados quienes se mostraron sorprendidos por las denuncias del trabajador de la Caja.

Recordemos que hace una semana Juliana Martínez, equien formó parte en la Junta de Notables de la CCSS de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), crisis financiera, entre otros a la vez que solicitaba la intervención de la Caja.