Categoría: Noticias

Las estaciones de servicio somos el eslabón final de un complicado engranaje de la entrega de combustibles a la flota vehicular costarricense, nos corresponde la responsabilidad de clarificar los conceptos fundamentales acerca de este mercado.

Reconocemos asimismo que hay una serie de ideas arraigadas en la mente de los habitantes acerca de este conglomerado de instituciones que tienen participación en la actividad del suministro de hidrocarburos, siendo una de ellas Recope, blanco de críticas de una parte de la ciudadanía costarricense que, arrastrada por la propaganda negativa, clama por destruir el patrimonio institucional, sin reparar en las fatales consecuencias que una acción de ese tipo tendría para todos, consumidores, instituciones, ciudadanía en general.

En primer lugar, se viene gestando una campaña de animadversión hacia el monopolio del Estado costarricense en la distribución de combustibles, movida por el repudio a una convención colectiva. Es decir, desaparezca Recope para desaparecer los beneficios laborales de sus empleados.

Estaremos realmente dimensionando la problemática o simplemente nos unimos a una idea, solo por que sí, es decir cuando uno discute sobre pequeñeces, es probable que la acción colectiva no sea un problema; pero cuando se tratan temas de esta dimensión, ninguna discusión o análisis es banal, por el contrario, es necesaria y obligatoria.

Las dos dimensiones de mi comentario se centran en Recope como institución y Recope como empleador.

Como institución Recope pasa con creces el examen. Su forma de operar mediante un minucioso proceso para seleccionar las mejores opciones de combustibles a nivel internacional que hagan competitivo su precio y aporten una excelente calidad para el rendimiento automotor y sujeto a la normativa costarricense la ha calificado históricamente como la mejor empresa centroamericana.

Recope sigue siendo un factor de equilibrio en un mercado que ha demostrado ser confuso y controversial en otras latitudes donde impera la presencia de empresas transnacionales, los precios están a la libre y las condiciones para comercializar los hidrocarburos están caracterizadas por potenciales conflictos que se puedan suscitar entre gobiernos y las compañías foráneas.

Si Recope desaparece, no solo perdemos un patrimonio valiosísimo, sino que estaremos a las puertas de perder el orden que ofrece un mercado regulado con la inevitable afectación en los precios y la pérdida de la seguridad para el usuario de contar con un valor justo por el bien que consume, pues hoy se opera al costo, quienes vengan seguro que no lo harán de esa manera.

Los que tenemos la enorme responsabilidad de distribuir a los consumidores el alimento diario para sus vehículos no queremos que ese bien salga de las manos del Estado. El costarricense aún no ha medido en su justa dimensión el problema que acarrearía no tener a Recope y casarse con una apertura comercial de la cual no conocemos el grado de confianza y seguridad que nos puede aportar la llegada de nueva competencia en ese campo.

Recope como empleador ha recibido la carga de las decisiones políticas que a lo largo de la historia se han venido tomando en torno a beneficios laborales, beneficios que en el siglo pasado eran necesarios e imprescindibles dadas las condiciones imperantes en ese momento.

Hoy se hace necesario revisar la convención colectiva y realizar la catarsis que el ciudadano pide. Los sindicatos no pueden obsesionarse en petrificar derechos cuestionados, sobre todo en aquellos donde, claramente renunciar a ellos, le traerá un beneficio a la prestigiosa institución que es Recope. Se ha podido comprobar que esos factores, aunque no disparan el precio final, sí desvían la atención de la valiosa gestión de Recope y distraen de las acciones estratégicas que hoy todos los ciudadanos debiéramos estar analizando para beneficio de Costa Rica y no de transnacionales que, por demás, han salido del mercado latinoamericano porque no les interesa operar con bajos rendimientos.

Pensemos por un momento en el valor que significa un abastecimiento seguro de combustibles y el ominoso peligro que se cierne si dejamos ese suministro en manos de un oligopolio regional, representado por empresas multinacionales que podría resultar un problema de mayor calado para la administración de la factura petrolera nacional.

Hacemos incluso un llamado para que se abra un debate nacional sobre el tema que esclarezca mitos enraizados en el desconocimiento técnico, que ayude a desterrar ideas sin sustento y que nos permita un espacio para la reflexión profunda, ayuna de pasiones egoístas y pletórica de planteamientos serios para que, de verdad, salgan a flote la mesura y el equilibrio para tomar decisiones en esta materia y nos preguntemos finalmente por qué Recope no.

7 millones 100 mil razones nos han convencido de que la actual Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), encabezada por el señor Dennis Meléndez Howell, como “Regulador General” (más adelante explicamos porqué entre comillas), está no solamente cometiendo tropelías al extralimitarse en sus potestades jurídico-legales; sino porque en sí misma, la Aresep está funcionando en la ilegalidad y, ¡óigase bien!, según se piensa en el seno de la propia Asamblea Legislativa.

Esas 7 millones 100 mil razones que tenemos para convencernos del “estado de facto” en que se ha convertido la Aresep, equivale al monto, a la misma cantidad de salario mensual, 7.100.000.oo colones, que devenga el señor Dennis Meléndez Howell; salario que como habrán de notar ya, no ha merecido ni primera página, ni editorial alguno camuflado como reportaje alguno , ni ninguna entrevista, ni artículos, ni nada que se le parezca de parte de la gran prensa del capital oligárquico-neoliberal; esa de los latifundios mediáticos propiedad de la plutocracia, líderes en la infame campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del Empleo Público de los últimos meses.

Y, por supuesto, ninguna voz histérica radiofónica; ni ningún articulista, editorialista, amanuense u opinólogo se ha referido a ello. ¿Por qué?…

Por misteriosas razones que no requieren mucho ejercicio intelectual para saber el porqué, las conclusiones investigativas de un grupo parlamentario del seno de la Comisión Permanente Especial para el control del Ingreso y el Gasto Público de la Asamblea Legislativa (Expediente No. 18.856), que investigó a la Aresep, “están durmiendo el sueño de los justos”.

Tal informe parlamentario determinó (entre otras delicadísimas denuncias), que en mayo de 2014 el sueldo del señor Meléndez Howell pasara de 6 millones 100 mil colones, a 7 millones 100 mil colones, es decir, un aumentazo de un solo tiro de ¡un millón de colones!; millón equivalente a casi el salario sumado de cuatro trabajadoras cocineras de CEN-CINAI que acumulan, cada una, 10 años de antigüedad.

“El aumento del salario del regulador es inmoral aunque encubierto bajo un estudio técnico. Le pagan cada año a una firma privada para realizar una investigación que les permita justificar las enormes alzas de sus sueldos. Sobre esto, ya presenté una iniciativa de ley para que los aumentos sean iguales a la inflación”. (Los aumentos salariales en la Aresep, agregamos nosotros). La opinión anterior, valientemente formulada, es de la actual diputada Epsy Campbell Barr.

Aresep no tiene autoridad moral alguna ni ningún principio ético en su cruzada contra compromisos de negociación colectiva obrero-patronal financiados con tarifas que impone en las entidades que regula; pues con tales tarifas se paga el abusivo salario de su “Regulador General”, ¡que no regula nada! No trabaja, prácticamente. Leamos con cuidado lo siguiente:

“Aresep es una vergüenza nacional. Nosotros nombramos un regulador para que regule y resulta que por vía de los acuerdos en junta directiva se inventaron un mecanismo de los intendentes, entonces al regulador no le quedó el trabajo de regular, quien establece la regulación de cada uno de los servicios son tres señores que se llaman intendentes, por eso, si el regulador no está haciendo nada que se vaya”.

La legisladora Campbell Barr puso “los puntos sobre las íes” en su momento; pero, para los plutócratas dueños de los latifundios mediáticos agresores de los empleados públicos, las denuncias de esta diputada no merecieron titulares, ni reportajes, ni nada.

La investigación legislativa sobre la Aresep indicó que “se pudo comprobar que mediante medidas normativas internas de rango meramente reglamentario, las autoridades de la Aresep optaron por desconcentrar las potestades que históricamente fueron asignadas al Regulador General de los servicios públicos, órgano unipersonal que tradicionalmente asumió las potestades de fijación de precios o tarifas en todos los servicios públicos sujetos a regulación”.

Sigue indicando el citado informa parlamentario: “Actualmente el Regulador General ha pasado a ser más bien el Presidente de la Junta Directiva de la Aresep, y se han creado intendencias que regulan los distintos servicios públicos regulados, como el agua, la energía y los transportes. Tales intendencias siguen siendo lideradas por intendentes designados por la Junta Directiva de la Aresep, sin que como sucede con el caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), tales nombramientos sean objeto de ratificación por parte de esta Asamblea Legislativa”.

Es decir, en Aresep, el “Regulador General” (entienden por qué lo hemos entrecomillado), “reina, pero no gobierna”. El verdadero poder en Aresep son los intendentes, como el de Energía; ese mismo que ha estado emitiendo, cual “gobernante de facto”, regulaciones sobre Empleo Público pasándole por encima a la propia Constitución Política, desconociendo la competencia exclusiva que le compete al parlamento al respecto y violentando tratados internacionales firmados por Costa Rica.

Tal abuso, tal arbitrariedad, tal hecho violento y contrario a las leyes (tropelías, en un solo término), en que ha venido incurriendo el intendente de Energía de la Aresep, como vemos, podría estar totalmente viciado de nulidad pues fue al “Regulador General” el único al que parlamentariamente se le dieron tales potestades regulatorias.

Resultará sumamente interesante una exploración jurídica cuestionadora sobre las reales potestades de estos “reguladores de facto” de la Aresep. En próxima entrega volveremos sobre el tema, pues en Aresep todo parece ser “de facto”.

El estado actual de cosas de la realidad sociopolítica costarricense que estamos viviendo determina con claridad inobjetable que la tradicional plutocracia, todavía hegemónicamente reinante, se ha visto obligada a apelar a un totalitarismo ideológico para mantener su propia concepción de gobernabilidad, la cual fue puesta en riesgo por los resultados electorales del año 2014, especialmente los de la segunda vuelta presidencial; y aunque ahora es más real creer que el cambio fue para que nada cambiara, parece que los plutócratas de siempre no quieren volver a correr “riesgo” alguno de nuevo.

Bien es sabido que en democracias representativas desgastadas y desprestigiadas como la nuestra, es más que evidente que las autoridades estatales elegidas por el voto popular y que representan a la población no son las que toman las decisiones más importantes, pues estas son impuestas por quienes cuentan con el poder económico: la plutocracia.

Es notorio que la plutocracia costarricense está inquieta ante el desarrollo de una serie de cuestionamientos cada más vez más amplios y diversos sobre su real poder, de tal suerte que necesita imponer nuevas formas de disciplinamiento social y ciudadano, antes de que las cosas se le salgan de su tradicional control total.

Esta plutocracia ha estado crispada en grado sumo por lo que ha sucedido en los últimos años y en los más recientes de “sus” Gobiernos. En el actual ha venido mostrando todo su poderío explícito, vía los latifundios mediáticos de su propiedad, con el desarrollo de la muy bien articulada campaña contra el empleo público, contra quienes trabajan de manera asalariada para el Estado, contra las organizaciones sindicales que les agrupan y, en general, contra el Sector Público en sí, tal y como lo hemos apreciado, vivido y sufrido en los últimos meses. Esto ya le hemos venido planteando de manera insistente y podría sonar a disco rayado mencionarlo una vez más.

Sin embargo, debemos seguirlo haciendo tantas veces como podamos. Para la presente oportunidad, como es el comentario de hoy, lo hemos citado para llegar al punto central pretendido con estas reflexiones.

El carácter del mediático ataque plutócrata en desarrollo es a mansalva contra toda posibilidad de que emerja otra hegemonía político-económica en la cosa pública, como lo sería la de la promoción del bien común; y por tanto se debe castrar cualquier probabilidad de que esta lograse imponerse en algún momento por encima de la hegemonía dominante, que es la de lógica de la concentración mercantil desbordada y su afán enfermizo de apropiación final de todos los servicios públicos de propiedad estatal que todavía no han sido privatizados.

Este totalitario desafío plutocrático, expresado especialmente de manera clara a través de su prensa corporativo-comercial como la de sus latifundios mediáticos; no deja espacio alguno para “medias tintas”, para andar con palanganeos a la hora de confrontarlo por parte de quienes seguimos aferrados a que otra Costa Rica es posible.

Una determinación estratégica bien fundamentada, una flexibilidad táctica ajustada a la realidad, una voluntad genuina de comprensión cabal de que es mejor llegar a acuerdos en nada riñe con la necesaria contundencia argumental que se debe mostrar frente al totalitarismo plutócrata; a sabiendas de que a este totalitarismo plutocrático se le enfrenta de mejor manera con la diversidad en acción unificada, diversidad que permite y hasta hace necesarias posiciones como las que venimos manifestando.

La crispación plutocrática que venimos mencionando, acaba de expresarse, nuevamente y con toda claridad aunque de manera histérica, al analizar cómo abordaron, “periodísticamente” hablando, tales latifundios mediáticos los diversos acontecimientos relacionados con el movimiento de huelga del pasado lunes 26 de octubre de 2015, convocados por el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.
Ocultaron, deliberadamente, su carácter desconcentrado de realización simultánea en diez puntos del país, involucrando servicios públicos estratégicos que por vez primera se vinculaban entre sí en una acción de huelga compartida, lo que dejaba entrever a qué podría llegar en el caso de una prolongación de más de 24 horas.

La matriz “informativa” fue imponer en el inconsciente colectivo de la ciudadanía de que tal movimiento “nunca existió”, que fue “débil” y “caricaturesco”, de “compadre hablado”. No encontraron otra forma de descalificarlo ante su fuerza ético-moral, las potencialidades futuras que mostró, los positivos acuerdos logrados y la ausencia de manejo violento y/o aventurero.

La lucha sindical y social dada en nuestro país en estos tiempos del neoliberalismo y durante todos estos años hasta la actualidad, siempre ha sido dada enfrentando grandes adversidades, con incontables incomprensiones y en medio de las más grandes conjuras, abiertas y/o solapadas, urdidas por la plutocracia. Siempre hemos luchado pese a que “la correlación de fuerzas” favorezca al “otro lado”.

*Día: * Miércoles 11 de noviembre

Horario: 6:00 p.m a 7:30 pm,

Lugar: Edificio CPCECR, diagonal Rotonda la Bandera.

A cargo de: Sr. Víctor Morales, Ministro de Trabajo, Diputado Ronny Monge y el Sr. Albino Vargas Barrantes, Anep

TEMAS A TRATAR: -Factores que explican el incremento en la tasa de desempleo abierto del país – Políticas que deberían promoverse para atacar el desempleo -¿Tiene nuestra fuerza laboral un perfil competitivo?

CUPO LIMITADO: inscripción al correo electrónico wrodriguezv@cpcecr.com, actividad gratuita.

Anep x6 Noviembre 2015 (1)