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Para poder hacer efectivo el convenio debe portar el carnet de la ANEP.
En el caso de hacer efectivo el convenio con alguna Universidades debe solicitar una carta en la Admnistración de ANEP
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Compartimos los convenios establecidos por la ANEP
Luego de 3 años de luchar por el salario escolar, los trabajadores municipales de Buenos Aires recibirán este pago tras un arduo trabajo de la Seccional-ANEP Municipalidad de Buenos Aires y el apoyo del Promotor Heinier Díaz Cabezas, el cual quedó plasmado en un acuerdo, el pasado 17 de junio, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Heinier Díaz, Promotor de ANEP, se mostró complacido por el arduo trabajo realizado, a la vez envió una felicitación y reconocimiento a los compañeros de la seccional, por no bajar los brazos y mantenerse en pie de lucha pese a las adversidades.
Díaz agregó que en los próximos días iniciaran la negociación de la primera Convención Colectiva de Trabajo, luego de que el Alcalde indicara en meses pasados que jamás aceptaría dicho proyecto. Cabe agregar que ya se formuló dicho proyecto y se había dado a conocer a la sección con anterioridad.
“Dato interesante es que el Señor Alcalde hoy (17 de junio) llevaba como contra propuesta negociar en lugar de la convención, lo que sería el reglamento interno. Al final como se ve en el acuerdo, la ANEP ayudará a mejorar ese otro proyecto, pero como algo aparte”, detalló Díaz.
Otro de los logros de la Seccional, ANEP-Municipalidad de Buenos Aires es las mejorará en el pago de viáticos a personal de la Unidad Técnica Vial. Cabe resaltar que por medio de la ANEP ya se ha mejorado la implementación de compra de mejores equipos de protección para personal de campo.
Luego de ser convocados por la Ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez Chavarría, a una reunión en la tarde del pasado lunes 15 de junio de 2015, para conocer el estado de nuestra propuesta a la parte salarial del Manual de Puestos de la Policía Penitenciaria; nos informó la indicada jerarca a cerca de una conversación previa que como una “cortesía” le dio la Autoridad Presupuestaria para analizar lo referente al Manual de Puestos.
Como criterio de la Autoridad Presupuestaria, en su calidad de técnico en la materia, éste le manifestó a la Ministra que la propuesta presentada por el Ministerio con relación a la estructura salarial propuesta no tenía fundamentación, toda vez que, no cumplía con el principio de “gradualidad”, y no tenía presupuesto definido, es decir, no tenía definido como financiar la propuesta. Lo anterior, entre otras observaciones que realizó la AP.
Ante este escenario y una solicitud vehemente de la ministra Ramírez para que le otorgáramos un poco más de tiempo y le ayudáramos a resolver el tema de la gradualidad salarial y el tema del respaldo financiero para justificar la nueva estructura salarial del manual de puestos, accedimos a llegar a un acuerdo (mismo que va adjunto a esta comunicación electrónica), comprendiendo nosotros que así como en el pago del reconocimiento de horas extras por disponibilidad hubo colaboración y buena fe de la mencionada jerarca; en este asunto también la ha habido, tanto de parte de ella, como de Pablo Bertozzi Calvo, Director de la Policía Penitenciaria, así como de parte de Giovanni Morales Sánchez, Director de Recursos Humanos del MJP. Debemos recordar que la propuesta salarial del mismo ministerio para las jefaturas nos permitió, en su momento, proponer un aumento al salario base de los y de las policías penitenciarios más acorde a sus funciones y responsabilidades.
A continuación ponemos en conocimiento de toda la digna fuerza laboral policial penitenciaria del MJP, acuerdo que posibilitará la aprobación sin lugar a dudas del nuevo manual de puestos.
Dejamos, nuevamente, constancia de nuestra más rotunda oposición a que el actual Gobierno de la República ceda de sus pretensiones originales en materia de control del fraude fiscal: la ejecución del embargo en sede administrativa ante la constatación evidente del robo de impuestos, por parte de las autoridades tributarias del Ministerio de Hacienda.
Esta primera “rendición” ante los representantes políticos del gran empresariado corporativo-neoliberal, que no fue el que ganó las elecciones nacionales del 2014, a pesar de que está hoy en el control del Directorio de la Asamblea Legislativa; abre paso a un segundo golpe para perpetuar el fraude fiscal: que ni siquiera pueda la administración tributaria declarar embargos por robo de impuestos, como se lo posibilita la ley actual.
El combate al robo de impuestos, con la mayor drasticidad y contundencia, es fundamentalmente imprescindible para atender el problema del déficit fiscal.
Por eso tenemos que reiterar nuestra más férrea oposición a que se pretenda la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA); y, mucho menos, que se suba del 13 al 15 %.
El pueblo trabajador no aguanta más cargas tributarias por el lado de la regresividad.
La mala señal que da el Gobierno y, particularmente, el Ministerio de Hacienda, cediendo al chantaje parlamentario del “PLUSC” en favor del robo del impuestos, le da más autoridad moral y gran valor ético a la oposición sociolaboral en contra de más impuestos indirectos, como el caso del IVA.
Aunque nos ha parecido correcto que las autoridades gubernativas actuales a su más alto nivel, como el Ministerio de Hacienda, haya indicado que, por ahora, no insistirán en el tema del IVA y su aumento, pues le quieren dar prioridad a los proyectos contra el fraude fiscal, contra el contrabando y las exoneraciones para combatir el déficit fiscal; al ceder al chantaje político-parlamentario de carácter corporativo ejercido por los favorecedores del robo de impuestos, “están borrando con la mano derecha lo que habían escrito, acertadamente, con la izquierda” (adaptando así el refrán popular de su versión original a esta circunstancia política).
Por otra parte, la contundente aceptación oficial por parte del Ministerio de Hacienda de que con los TLC´s neoliberales (como el que nos fue impuesto con Estados Unidos), el déficit fiscal creció en un 2.5 % de Producto Interno Bruto PIB (aunque creemos que es superior al 3 % PIB); debió haberles sido suficiente para no ceder a ese corporativismo parlamentario-empresarial que avala el robo de impuestos, pues es el mismísimo que siempre promovió este tipo de TLC’s, culpables clarísimos, ahora, de casi la mitad del déficit fiscal con el cual nos han venido aterrorizando como sociedad.
En conclusión, nuevamente hay que puntualizarlo: no es la clase trabajadora la que roba impuestos; no es el pueblo trabajador el responsable del déficit fiscal, ni éste es, particularmente, de quienes laboran asalariadamente para el Estado; no se debe, por tanto, fomentar más la regresividad tributaria y, por el contrario, la política pública en materia de tributos debe ser implacable al combatir el robo de impuestos.
Ojalá logremos que La Calle, próximamente, pueda decirlo con inobjetable potencia.
Honorable señor
Dr. Roberto Jiménez Gómez
Director Ejecutivo
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria
MINISTERIO DE HACIENDA
Estimado señor:
Luego de expresarle el más atento y respetuoso saludo, nos dirigimos a su digna autoridad con base en la representatividad y legitimidad que nos asiste en cuanto a la defensa y promoción de los derechos laborales, económicos y sociales que son en concernirle al honorable personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería de Costa Rica, cuya membrecía ostentamos en esta organización sindical, estructurada en la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME), debidamente acreditada ante las instancias correspondientes para actuar en consecuencia.
En tal sentido y siempre en el marco del debido respeto, queremos externarle nuestra solicitud para que se atienda la urgente necesidad de la definición final en lo que le compete a la instancia bajo su acertada conducción, del nuevo Manual de Puestos que ha de ponerse en vigencia en el colectivo del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería de nuestro país, toda vez que el Ministerio de Gobernación y Policía (al cual pertenece este cuerpo policial como conformante de la Dirección General de Migración y Extranjería, en su momento atendió, completamente, todas las indicaciones que fueron expresadas en el STAP-0525-2014, de 18 de marzo de 2014; lo que posteriormente fue reforzado con las respuestas institucionales brindadas al STAP-0579-2015, de fecha 21 de abril de 2015.
Vistas así las cosas, y ya estando usted al frente de la Autoridad Presupuestaria, con fecha 3 de junio de 2015 y mediante el oficio DG-2079-06-2015, la licenciada Kathya Rodríguez Araica, Directora General de Migración y Extranjería, indica su preocupación de “…que a la fecha no se haya revisado el manual policial antes mencionado, en cuanto al fondo; es decir, el detalle de tareas y demás elementos que escriben cada clase de puesto que conforma el manual así como, la situación de requisitos y la respectiva valoración salarial”. (El subrayado es nuestro).
Por esta vía deseamos dejar constancia de que tanto la ANEP como su Seccional ANEP-PPME, hacemos nuestra la preocupación al respecto que está indicando la honorable y distinguida señora Directora General de Migración y Extranjería.
Adicionalmente, don Roberto, con fecha 4 de junio del presente y mediante el oficio JAD 509-06-15, la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, le comparte a usted el acuerdo No. 10 de la sesión ordinaria de la misma, celebrada el 2 de junio de 2015, para “…solicitar respetuosamente a su persona sus buenos oficios a fin de que se conozca por el fondo, el Manual de Puestos de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, debido a que uno de los requisitos para la presentación del Manual esta Junta Administrativa acordó la reserva de C. 1.200.000.000.00, por lo que pretendemos evitar que dichos recursos sigan la ruta hacia una subejecución presupuestaria mayor para este año 2015”. (El subrayado es nuestro).
Comprenderá usted, don Roberto, cuál es la naturaleza compartida de esta enorme preocupación, tanto institucional como laboral, en momentos en los cuales la circunstancia del empleo público está sometida a controversias que no viene al caso comentar con la puntillosidad debida según nuestra visión del tema.
Sin embargo y dentro de esa controversia, se suele señalar debilidades institucionales en esto de la asignación oportuna de los recursos presupuestarios públicos y su más eficiente y eficaz ejecución; aspectos en los cuales debemos reconocer que en el proceso del manual policial que nos ocupa, la Dirección General de Migración y Extranjería ha cumplido cabalmente; precisamente porque entendemos que es una decisión-país no solamente fortalecer a su policía migratoria que vive intensamente las difíciles circunstancias de una oleada migrante, al parecer incontenible; sino que, este nuevo manual representa un paso importante para la dignificación plena de un personal de servicio público altamente estratégico para la seguridad nacional y ciudadana pero que ha estado laborando en condiciones de precariedad salarial y ocupacional.
En verdad, y nuevamente haciendo énfasis en nuestro mayor respeto para su digna autoridad, instamos a la Autoridad Presupuestaria a las definiciones de fondo que sentimos excesivamente postergadas, sinceramente hablando; y para no hacer juicios subjetivos sobre consideraciones de política fiscal en materia de empleo público que no pueden seguirse considerando bajo un único prisma de “homogeneidad”, sin atender a las especificidades neurálgicas de los servicios públicos estratégicos del Estado como lo es la cuestión policial migratoria.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita la intermediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con el objetivo de realizar una audiencia conciliatoria con las máximas autoridades de la Imprenta Nacional, ante un posible irrespeto a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo.
Así lo indicó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, quien indicó que la convención está vigente y no pueden ser violentada.
“Considerando la existencia, con plena vida jurídica, de una Convención Colectiva de Trabajo en la Imprenta Nacional, suscrita con la ANEP, la Dirección General de la institución, en la persona del Lic. Jorge Vargas Espinoza, ha decidido tomar decisiones unilaterales que contravienen varios de los artículos que tal instrumento colectivo de trabajo tiene, repetimos, en plena vigencia; instrumento clásico del Derecho Laboral Colectivo que como bien saben las ilustres autoridades de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, son ley entre partes”, manifestó Vargas.
El Secretario General de la ANEP agregó, “No puede la ANEP, ni su Seccional ANEP-Imprenta Nacional (organismo éste también con plena vida legal), dejar pasar decisiones unilaterales en tal sentido; especialmente aquellas que según nuestra posición, implican involución en el desarrollo de las relaciones obrero-patronales, construidas compartidamente por intermedio de un proceso de diálogo social y de base jurídica como lo representa una Convención Colectiva de Trabajo, cuya naturaleza constitucional y su estatus en el derecho laboral internacional, representan un verdadero peso jurídico de tal calibre que valoraciones administrativistas impregnadas de subjetivismo no pueden poner en riesgo.
Ante esto, la ANEP solicita al MTSS, que realice la convocatoria del Ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Gustavo Mata Vega; a la Viceministra de Gobernación y Policía y Presidenta de la Junta Administrativa de la Imprenta Nacional, Carmen Muñoz Quesada; así como al Director General de la Imprenta Nacional, para que participen en la audiencia conciliatoria.
A su vez que se convoque a las siguientes personas, integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional: Johnny Fernández Esquivel, Maribel Álvarez Coto, Danny Soto Castro, Verny Cisneros Paniagua, Energivia Sánchez Brenes y Gerardo Martínez Pérez. Todo ellos serán convocados, a su vez, por el señor Leal Ruiz.
Igualmente, la Secretaría General de la ANEP se hará presente a dicha audiencia de carácter conciliatorio.
Los fundamentalistas del déficit fiscal, esos que nos hablan de que ha “llegado el fin de los tiempos” y de que el “Apocalipsis fiscal” nos va a mandar al hueco más negro del universo, han abierto un nuevo flanco de su “santa cruzada” contra el empleo público, contra el sector Público, contra los empleados públicos y contra las empleadas públicas. ¡Sí!, acaban de poner en su “lista de exterminio” a las “U” públicas.
Dado que se acerca la discusión acerca de los recursos públicos que el país deberá invertir para los próximos cinco años, 2016-2020, en el marco del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en cuanto al financiamiento de las cinco universidades públicas; la oligarquía del capital neoliberal y su latifundio mediático “estrella”, arrancaron ya con la campaña de manipulación de la opinión pública para, nuevamente, fortalecer su ataque al sector Público y todo lo que éste representa.
Nosotros pensamos que desde ya mismo (aunque de seguro ello está en desarrollo), las cinco comunidades universitarias públicas deben prepararse para enfrentar este desafío de los “Torquemada” del gasto público y de los abanderados del “Muera la inteligencia”.
Los correspondientes profesorados académicos, el personal administrativo y, muy especialmente, el estudiantado, deberán disponerse a diversos escenarios en defensa de la institucionalidad universitaria pública, a la cual se está acusando de que el FEES es una especie de “cheque en blanco” que les permite hacer “lo que les da la gana” con la plata que les da el pueblo costarricense y que, al respecto, no le rinden cuentas a éste.
Desde nuestra perspectiva, la lucha que tendrán que dar las “U” públicas en defensa del FEES necesita estar vinculada, muy fuertemente, al papel que deben desempeñar en la necesaria lucha por la Transformación Estructura Tributaria (así, en mayúsculas), que ocupa nuestro país y nuestra sociedad; lucha que venimos dando algunos sectores sindicales, con mucha seriedad, desde hace largo rato.
Nosotros estamos de acuerdo en que la financiación del sistema universitario público costarricense debe verse como un asunto estratégico del Estado. Sin embargo, se necesita de un papel poderosamente activo de las cinco universidades públicas para esa especie de “revolución” tributaria que ocupamos; empezando porque deben manifestarse, abiertamente, a favor de las diversas iniciativas de ley que están en la corriente parlamentaria contra el fraude tributario, contra el contrabando fiscal, contra las exenciones y exoneraciones abusivas e irracionales; y, por supuesto, a favor del fortalecimiento estratégico de la administración tributaria del país.
Las cinco universidades públicas, muy especialmente las que con ocasión del Movimiento Patriótico del No al TLC jugaron un extraordinario papel en el esclarecimiento y fortalecimiento intelectual-profesional y pedagógico-académico de los alcances del TLC que nos impusieron con Estados Unidos (ese, el del flamante fracaso con sus hipotéticos medio millón de empleos que jamás vimos y, por el contrario, abruma actualmente el estado de situación del desempleo en la actualidad); deben, repetimos, asumir una posición beligerante defendiendo el FEES y apoyando esa “revolución” tributaria.
Deben las “ú” públicas darle insumos a los sectores populares y cívicos, a los sectores político-partidistas sanos y decentes, para que la población pueda reparar en las verdaderas causas del déficit fiscal, en los reales responsables del mismo, en las soluciones integrales y concertadas que ocupamos como sociedad; para no solamente darle toda la plata que, objetiva y realmente el FEES ocupa para los próximos cinco años sino también, para el financiamiento de una serie de programas de política pública destinados a quienes menos tienen y a quienes están en más alta vulnerabilidad social; programas al borde del caos total por su inminente paralización.
Las “U” públicas, junto al pueblo trabajador y sus organizaciones, deben asumir la histórica lucha patriótica en contra de los “Torquemada” de los recortes presupuestarios por el recorte mismo, así como en contra de los abanderados de la austeridad y la contención del gasto irracionales que nos están llevando a niveles de alta peligrosidad y conflictividad social.
Finalmente, deben las “U” públicas ayudarnos a diagnosticar la gravedad de la crisis de empleo público en importantes ámbitos de la política pública en los cuales no ha de intervenir el sector privado pues no hay lucro de por medio que ganar; ámbitos tan deteriorados por ausencia de empleo público que están generando ya pérdidas de vidas humanas, incluso. Como vemos, la lucha a favor del FEES por el FEES mismo pareciera no ser justa de cara al grave problema tributario del país que afecta a las grandes mayorías.
Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.
El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la despedidera, a echar gente a la calle.
Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos.
Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto.
Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.
Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.
Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.
La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.
Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.
¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!
Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.
Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.
En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.
Este viernes 19 de junio, en las instalaciones de la finca de recreo de la ANEJUD, en San Rafael de Ojo de Agua, Alajuela (lugar bastante conocido por todos y por todas), tendremos un ratito de esparcimiento, recreación, interacción grupal informal y solidaridad laboral; para festejarnos entre nosotros y entre nosotras, como colectivo laboral de uno de los más importantes servicios públicos del Estado costarricense: el Sistema Penitenciario Nacional. Saquemos el ratito, compañeros y compañeras de los sectores profesional, técnico, administrativo, operativo y policial (en este caso, quienes están libres en la presente semana), y juntémonos.
Boletin Seccional Policía Penitenciaria -Lunes 15 de Junio-1
En sus visitas al Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Hacienda y primer vicepresidente, Helio Fallas, asegura que se ha sorprendido por la aceptación que ha recibido de sus propuestas, así como por el hecho de que no detectaron la necesidad de un reforma en el empleo público del país.
Así lo aseguró el propio Ministro en entrevista con La Prensa Libre. De acuerdo con Fallas, el FMI “ya no es lo que era”, y aunque se le sigue “satanizando” en ciertos sectores, opina que se ha “suavizado” con respecto a la severidad de las medidas que propone.
“Ya existen muchos estudios que demuestran que las reformas fiscales que inician solo por el gasto no son exitosas, pues el costo social y económico de estas medidas hace que la reforma se venga abajo antes de concluirla”, afirmó el jerarca.
Según Fallas, el FMI ha aceptado sus propuestas, que buscan un equilibrio entre las medidas de gasto y nuevos ingresos, así como el control de la evasión y la elusión fiscal, lo que representan un 7,75% del Producto Interno Bruto (PIB).
“Este es un problema que requiere de una solución urgente, por lo tanto el tema del empleo público, si se ve solo por el lado de salarios, genera resultados a muy largo plazo”, expresó Fallas.
Asimismo, el viceministro de Egresos, José Franciso Pacheco, dijo que el 75% de la planilla del Gobierno central está compuesto por maestros, policías y jueces, por lo cual hacer recortes se convierte en un tema sumamente sensible.
“Para tener un impacto significativo en los gastos del Estado, habría que despedir a 20 mil personas. Imagínese el impacto social de eso”, comentó Pacheco.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
