Otra vez sobre la cuestión tributaria

Tenemos ya bastante tiempo planteando el tema de que Costa Rica ocupa una profunda Transformación Tributaria Estructural. Lo hemos hecho desde la perspectiva de visión-país que se ha construido en el seno de la corriente sindical en la cual militamos y con el aporte de ilustres costarricenses solidarios que, desprendidamente, nos han colaborado para que tengamos una posición al respecto.

El drama social que ha venido viviendo Grecia en los últimos años alimenta nuestra convicción de que este asunto de la Transformación Tributaria Estructural es de carácter estratégico para nuestra amada Costa Rica; tanto como para estimar que debe ser prioridad número uno de la lucha sindical nacional en los actuales momentos sociohistóricos que vivimos.

Es un tema tan profundo que va más allá de la cómoda consigna panfletaria “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”, con la cual algunos (desde las tiendas sindicales, particularmente), creen que han “resuelto” tener un planteamiento alternativo al respecto.

Con lo poco que hemos leído sobre el drama heleno, pareciera que ellos no hicieron transformaciones tributarias estructurales, bloqueadas siempre por sus grandes ricos. Estos encontraron en el proceso de endeudamiento de ese país una veta extraordinariamente rápida de acumulación excesiva de riqueza; y como tenían el control de la partidocracia corrupta de corte tradicional, impidieron cualquier cambio tributario en la línea de la progresividad y de combate el robo fiscal.

Y aunque esa partidocracia corrupta tradicional griega (dentro de la cual estaba un partido “gemelo” al PLN costarricense, el Pasok), ahora fue derrotada por el movimiento popular de izquierda Syriza, encabezado por Alexis Tsipras; el pueblo griego debe lidiar con las consecuencias que les dejaron esos partidos neoliberales que llegaron a ser dominados, completamente, por la hegemonía del capital financiero-bancario; misma que, a su vez, controla toda la política de la Unión Europea (UE), con su máxima “gerente” a la cabeza, la canciller alemana Ángela Merkel.

En el caso costarricense, las fuerzas del capital neoliberal, particularmente, su segmento más radical, el financiero-bancario, tienen una importante influencia en la Asamblea Legislativa actual. Sanas iniciativas de ley para luchar contra el fraude fiscal y el robo de impuestos en todas sus formas, difícilmente prosperarán.

Otra sana iniciativa, esta vez propiciada en el seno de la administración tributaria, para que se sepa quiénes son y cuánto poseen los propietarios de las sociedades anónimas mercantiles, está recibiendo ya un fuerte torpedeo que amenaza con bloquearla.

Por otra parte, poner a pagar impuestos al gran capital, estableciendo por medio de ley la renta global; o incluso, algo más osado como una tasa a todas las transacciones financiero-bancarias diarias (tasa Tobin o impuesto “Robin Hood”), no muestran viabilidad política en el actual parlamento costarricense.

Estamos convencidos de que la derecha del capital neoliberal está completamente decidida a llevar al país a una crisis fiscal sin precedentes, al borde de la quiebra del Estado, para obligarnos a pedir “ayuda” al Fondo Monetario Internacional (FMI), con sus condicionantes “a la griega”: privatizaciones, despidos masivos de empleados públicos, reducciones salariales, eliminación de le negociación colectiva, tercerización y flexibilización laboral…

La más reciente misión del FMI que visitó el país y con cuyos integrantes pudimos conversar a petición de ellos, nos plantearon que el año 2019 es como el “último” chance que tenemos de arreglar, “solos” (sin FMI, entendemos), el grave problema del déficit fiscal nacional.

Aunque sabemos que en esto del déficit fiscal no pueden dejarse de lados sus contenidos ideológicos, responsablemente creemos que una perspectiva sindical seria no puede negar su importancia y ponerse “a ver para otro lado”.

Dada la gravedad del deterioro de muchos servicios públicos por carecer de fortalecimiento presupuestario; dado el impacto negativo que muchos de ellos están generando por escasez de personal; considerando que, por el contrario, se hace necesario contratar más empleo público en ámbitos dedicados a combatir la inseguridad, a detener el crecimiento de la pobreza y a contener el impetuoso avance de la desigualdad; no tenemos más opción que asumir una prédica de corte evangélico para llamar a luchar, con toda fuerza y con todos los medios a nuestro alcance, por esa Transformación Tributaria Estructural… antes de que nos pase lo de Grecia.

Préstamo del BID para cárceles: ¡Otra vez la historia de las consultorías!

La denuncia que sale hoy en La Nación acerca de la contratación efectuada por la cartera ministerial de Justicia y Paz de un consultor para “diseñar el plan piloto que implementaría los brazaletes electrónicos”, nos lleva a llamar, fuertemente, la atención a la Casa Presidencial en el sentido de que es sumamente urgente una auscultación política profunda de los asuntos que se están dando en el seno de la unidad ejecutora de los 132 millones de dólares que al país prestó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para la construcción de delegaciones policiales y centros cívicos para la paz, así como para las unidades productivas y brazaletes de monitoreo extramuros para personas privadas de libertad. Además, de 1 millón de dólares para partidas de “transparencia”.

Este consultor estaría hoy laborando para el Ministerio de Hacienda y, por ejemplo, sería más que necesario tener claro, cómo habría llegado a esta entidad, qué está haciendo y qué salario está devengando. Además, entre otros aspectos, es preciso establecer si declaró los miles de dólares recibidos para efectos de impuesto sobre la renta. Igual de importante es conocer cuáles atestados le acreditaron para ejecutar tal consultoría, qué valoró el despacho ministerial al respecto; quién le recomendó para ello, así como su papel en la pasada campaña electoral.

Desde julio del año pasado 2014, la ANEP expresó sus primeras preocupaciones al respecto, en oficio NO. S.G. 13-17-0576-14, dirigido a la Licda. Cristina Ramírez Chavarría, Ministra de Justicia y Paz; quien, a su vez, respondió a la ANEP en su nota MJP-351-08-2014, fechada 5 de agosto de 2014.

En la carta de la ANEP le recordábamos al Presidente Solís, el apartado No. 4 de su documento “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e instituciones autónomas”: “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”. (El subrayado es nuestro).

Lo que se ha informado de la consultoría otorgada al señor Carlos Navarro Piedra pareciera reñir con varios conceptos del indicado compromiso ético presidencial, razón de más para que el mandatario Solís intervenga como se lo estamos pidiendo.

Desde entonces la ANEP ha estado recibiendo diversas informaciones que expresan preocupaciones de que no todo anda bien en las operaciones técnico-administrativas inherentes a la ejecución de dicho préstamo.

Por ejemplo, presuntamente una firma privada de nombre “MAVACON”, integrante a su vez de un consorcio empresarial contratado para la construcción de unas tres delegaciones y un centro cívico, estaría afrontando serios problemas de liquidez y tendría problemas para honrar sus compromisos laborales y aunque ganó la licitación del caso, parece estar en riesgo de caer en incumplimiento de contrato.

Adicionalmente, tenemos entendido que esta firma empresarial habría también sido beneficiada con una contratación directa para construir instalaciones penitenciarias, por un monto total de 1.700 millones de colones; de los cuales una buena cantidad le serían “adelantados” para que, a su vez pudiera honrar compromisos empresariales con las firmas socias de esas construcciones.

De constatarse con certeza que este tipo de situaciones podrían estarse presentando, junto a otras de controversia análoga y/o similar que podrían estarse gestando; el país podría sufrir un gran descrédito, toda vez que este préstamo es el primero en su género otorgado por dicho ente financiero.

Además, es urgente la constatación de los atrasos que ya se vienen presentando y que estarían generando para el país altos intereses porque se estaría presentando un nuevo episodio de la “lentitud” de gestión ejecutiva de estos empréstitos, muy característica de la política pública nacional cuando debe hacer este tipo de ejecuciones préstamos del exterior.

Por tanto, incluso ante las controversias entre el personal profesional costarricense y el extranjero contrato por el BID sobre las potestades de éste para incidir en la operación cotidiana de las tareas de la unidad ejecutora, reiteramos que el propio Presidente de la República debe meter mano en este asunto con la urgencia debida.

Toda esta circunstancia, entre otras consideraciones, motivaron a la ANEP para que con ocasión de la negociación con este Gobierno para el pago en sede administrativa de las deudas por disponibilidad contraídas por el Estado con los y con las integrantes de la Policía Penitenciaria (compromiso que reconocemos se viene honrando); se introdujera en los acuerdos al respecto del pasado 13 de noviembre de 2014, la cláusula 7: “El Viceministro de Trabajo gestionará ante el Ministerio de la Presidencia la solicitud de convocatoria a una mesa de diálogo sobre la situación del Sistema Penitenciario Nacional”.

Esta convocatoria, esta mesa y este diálogo sobre lo que la ANEP viene conceptuando desde el gobierno anterior como LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL se torna extremadamente urgente, potenciado el caso ahora mucho más con esto del préstamos del BID.

Lucha por la recolección de firmas para una nueva Ley de Radio y Televisión arrancó hoy

La Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMica) presentó, este jueves 19 de febrero, una consulta popular ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para recolectar firmas con el fin de posicionar ante la Asamblea Legislativa la creación de una nueva Ley de Radio y Televisión, que pretende una apertura en el espectro radioeléctrico.

Catalina Montenegro, integrante de RedMica, explicó que la solicitud presentada ante el TSE es la culminación de un proceso que llevan desarrollando desde hace muchos años respecto a la creación de una Ley de Radio y Televisión para Costa Rica.

“Hicimos la presentación de la propuesta para la recolección de 150 mil firmas de ciudadanos costarricenses que sabemos, al igual que nosotros, están a favor de un cambio en la legislación que regula las frecuencias de radio y televisión y el espectro radioeléctrico en el país”, manifestó Montenegro.

Según Montenegro, el proyecto de ley de RedMica establece una caracterización de los diferentes tipos de producción y define cuáles son las responsabilidades, plazos y cánones de las personas o concesionarios que reciben los permisos para operar. Además explicó que con la nueva ley estarían definiendo cuáles serían las funciones de las instancias que deben regular la operación y uso del espectro radioeléctrico del país.

“Con la Ley también planteamos una serie de acciones para apoyar los diferentes tipos de producción, es decir fortalecer el surgimiento de los diversos medios de comunicación. Por otro lado apuntamos a una reserva del espectro para los diversos fines; para que poco a poco las comunidades, las universidades y diferentes colectivos que quieran tener medios de comunicación puedan empezar a producir y que el país respete el derecho humano a la comunicación”, detalló Montenegro producir.

Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), presentados en sus informes 02492-SUTEL-DGC-2014 y 756-SUTEL-DGC-2014 la cobertura que se ha dado por muchos años a diversas zonas del país es deficiente. Los datos indican que el 70% de las televisoras no cumplen con la cobertura que deberían dar y muchas de ellas no llegan ni siquiera al 50% de la cobertura del título habilitante. En radio los números tampoco son alentadores, ya que se presenta un 90% de incumplimiento, con el atenuante de que todas las emisoras de cobertura nacional no cumplen con ese título de nacional, es más ninguna logra abarcar el 50% de la cobertura exigida y algunas radios no llegan ni al 10%.

“Esto no puede seguir así, el Estado debe de asumir el rol que le corresponde como regulador de un bien que es de la ciudadanía, no puede seguir la situación actual, en donde los concesionarios privados ganan millones de dólares y le pagan nada al Estado. Precisamente esos fondos que los medios comerciales deben pagar y que cada uno de nosotros pagamos cuando consumimos hay que devolvérselos a la ciudadanía con programas hechos desde otra lógica que no es la comercial”, dijo Montenegro

Por su parte Sebastián Fournier, también integrante de la RedMica explicó que el principal objetivo de la Ley que plantean, es devolver la palabra a la gente.

“Actualmente casi se podría decir que no hay ley, la televisión y la radio están reguladas por una ley que tiene si al caso 20 artículos que es de 1954, cuando ni siquiera el FM y la televisión existían en el país. Y lo que ha imperado es la no regulación, situación que ha sido aceptada por el propio Gobierno. En este momentos los medios de comunicación en Costa Rica siempre han tenido una perspectiva de producción desde lo comercial, es una perspectiva importante, pero no debe ser la única que debe prevalecer en los medios de comunicación, tiene que haber medios de comunicación de servicio público que en el país son pocos y por supuesto medios comunitarios con alcance nacional”, aseveró Fournier.

Otra de las preocupaciones de la RedMica, es la entrada en vigencia de la digitalización de la televisión en el país, la cual se prevé que suceda en el 2017, ya que consideran que si no se modifica la ley antes de eso la concentración de medios de comunicación privados crecerá sin control.

“La digitalización puede ser la mayor dicha o desgracia para nuestro país. Si los medios actuales multiplican sus medios de comunicación por 5 la concentración de su señales también se multiplicara por esa cifra y estaremos teniendo más canales en manos de menos voces, por lo que buscamos revertir ese proceso y que los nuevos canales que surjan se les puedan entregar a nuevos actores”, dijo Fournier.

La RedMica espera iniciar con la recolección de firmas en los próximos días, para presentar la modificación de la Ley de Radio y Televisión ante la Asamblea Legislativa para que sea votada antes del 2017, año en que entraría a regir la digitalización de la televisión en el país.

ARESEP “al desnudo”: ¡Ciérrenla!

Un sonoro aplauso desde la clase trabajadora usuaria del transporte público modalidad autobús, merece el grupo ciudadano Red Solidaria Nacional, en la persona de don Olman Bonilla, quien con gran propiedad en el tema por ser el creador del modelo de tarifas para buses, ha denunciado las alteraciones que el mismo sufre hoy en día, con la complicidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para favorecer los intereses de lucro privado del empresariado autobusero; actividad que, por cierto, está en una peligrosa ruta de concentración de la propiedad.

El clamor que días atrás hiciera público la ANEP de que pese a la rebaja de los precios internacional del petróleo, con reflejo directo en ocho bajas consecutivas en los precios de los combustibles en Costa Rica, las tarifas de autobús no han bajado; ahora se potencia más.

La denuncia de la Red Solidaria Nacional deja, completamente, “al desnudo” a la Aresep: prácticamente “tomada” por ese empresariado autobusero, lo que ha dejado a los usuarios de buses totalmente indefensos.

Los cuestionamientos son múltiples para la Aresep. Por ejemplo, dar por cierto, por veraz, sin cuestionamiento alguno, el dato empresarial sobre la cantidad de pasajeros que se movilizan por bus; permitirle al empresariado autobusero que incluya para temas de costos los buses de su flota que tiene en reserva, que no está usando; en rutas de diferentes costos por tramo de recorrido, en vez de emplear un factor promedio, se utiliza el más alto, favoreciendo al empresario pero perjudicando al usuario.

Aresep es permisiva permitiendo que haya muchas tarifas de buses en condición de irregularidad, pues según la entidad denunciante, se están utilizando indicadores y coeficientes distintos a los creados en el modelo. Tal es la opinión experta del ciudadano Olman Bonilla.

Puede decirse que las personas usuarias del transporte público modalidad autobús han venido siendo, prácticamente, “estafadas” en los últimos tiempos: pagando tarifas de autobús infladas que podrían ser hasta el doble de lo que en realidad se debe pagar; y por otro, la rebaja en el precio de los combustibles no ha implicado ninguna reducción en los pasajes de autobús.

Evidentemente, el empresariado autobusero estaría enriqueciéndose muy aceleradamente; una actividad que, por demás, está en una peligrosa ruta de concentración de propiedad.

¡Ciérrenla! Es lo mejor para la población trabajadora usuaria de los servicios públicos de transporte por autobús y, en términos generales, usuaria de los otros servicios públicos que la Aresep ha venido “regulando” en cuanto tarifas pero no para favorecer el bien común.

Si ahora hay diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que están planteando “llamar a cuentas a la Aresep”, buena iniciativa es; pero, ¿y después qué?

Si se habla de una indemnización para la población usuaria de los buses, ésta debería ser de, al menos, a) inmediata reducción drástica en las actuales tarifas, especialmente las de las zonas rurales; b) debería abrirse un proceso penal para los responsables de la agresión económica que ha sufrido la clase trabajadora usuaria de tal servicios, abriéndose expedientes para personeros de la Aresep y para representantes empresariales autobuseros; y, c) finalmente, debería considerarse un cierre de la Aresep.

La verdad es que en esto de las tarifas de autobús, los usuarios que son abrumadoramente integrantes de la clase trabajadora, han estado indefensos, han sido abusados y engañados y hasta “asaltados”.

Seccional ANEP-Exoreros celebró su Asamblea General

Con la presencia de unas 150 personas la Seccional ANEP-Exoreros del Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas celebró, en el en el salón comunal de Río Claro, su Asamblea General donde se eligió la nueva junta directiva, que seguirá encabezada por Navid Sobrado y Lidier Aguirre, en la Presidencia y en la Vicepresidencia respectivamente.

La celebración de la asamblea contó con la presencia de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, Ligia Solís Solís, actual Vicepresidenta de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional y el compañero Gustavo López López.

Albino Vargas Barrantes indicó que durante la asamblea se les informó a los y a las asambleístas presentes de los avances en las negociaciones con el actual Gobierno para ayudarles en su dura situación social, de alta precariedad y extrema pobreza.

“Las alternativas incluyen otorgamiento de parcelas, bono de vivienda, ayuda social desde el IMAS, pensiones régimen no contributivo y otras. Todo dentro de la ley. Nada al margen de la ley. También se planteó la idea de la fundación de una cooperativa de servicios múltiples”, manifestó Vargas.

Recordemos que la idea original fue una indemnización concreta, en “dinero contante y sonante”, pero no fue posible por no existir viabilidad política alguna. Recordemos, además, que ANEP adoptó esta lucha luego de que este grupo de costarricenses fuera vilmente estafado por abogados inescrupulosos que les ofrecieron esos dineros indemnizatorios y que les sacaron mucha plata a estas personas de dónde no tenían. “Fue miserable lo que hicieron con estas personas, muchas de ellas hoy de la tercera edad”.

Vargas también aprovechó la visita para brindar un merecido reconocimiento para los compañeros Navid Sobrado y Lidier Aguirre quienes han acompañan a los exoreros en este proceso “ complicado, difícil, costoso, con algunos lanza piedras oportunistas que, por dicha, no han podido desacreditarles; especialmente porque la sigla ANEP les tutela. Ha habido gran esfuerzo y sacrificio que debemos resaltar. En nuestra propia intervención resaltamos este compromiso y hablamos del carácter que ha tenido esta lucha y del respaldo que la ANEP le seguirá dando mientras siga siendo tan transparente como hasta ahora”.

La visita también fue aprovechada para externar una invitación a la Seccional ANEP-exoreros para que viajen a San José y participen de las celebraciones del 1° de mayo.

“Merecen visibilizarse como merece destacarse la vocación solidaria de nuestra querida ANEP que con esta lucha, procura preservar su legado humanista y clasista en favor de los más débiles. Creemos que esta noble causa merece un gran esfuerzo solidario-financiero de parte de la ANEP con tal propósito. Además, les indicamos que puede haber financiamiento, que no es muy alto, para el pago de cuñas de radio en una emisora de la localidad, Radio Colosal, para divulgar las convocatorias a reuniones”, explicó Vargas.

Al finalizar la Asamblea General de la Seccional, el Secretario General de la ANEP, alabó la entrega, dedicación y esfuerzo que realizan los exoreros para salir adelante en su diario vivir.

“Uno se retroalimenta, se emociona, se conmueve ante la esperanza que representa para ellos y para ellas la ANEP; ante la gran cantidad de esfuerzo que hacen para conseguir los pasajes de autobús y poder estar presentes en la reunión; ante el hambre que pasan y las profundas restricciones que les produce la gran pobreza en que viven. Vale la pena cualquier compromiso”, finalizó Vargas.

Actualmente la nómina de afiliación de esta seccional es de 483 personas que, repetimos, esperan un soporte de la política social estatal, como los descritos, para no volver a “orear” en esos parques nacionales de extraordinaria belleza y que son patrimonio ecológico de nuestro país; actividad de “oreo” que es ilegal y que la ANEP está consciente de que es correcta la prohibición legal de este tipo de actividad extractiva”.

¿Qué molesta al sector empresarial sobre la Reforma Procesal Laboral?

Algunas publicaciones nacionales especializadas en empresas y finanzas ya han comenzado a publicar artículos con títulos como el siguiente: “Conozca los cambios clave que tiene la Reforma Procesal Laboral para su empresa”. Incluso hay firmas como LexLabor, que dan asesoría en derecho laboral y que están elaborando documentos para que las compañías sepan cómo estar vigilantes ante la entrada en vigencia en el país de la Reforma Procesal Laboral.

La Reforma Procesal Laboral empezará a regir en julio del 2016 y está claro que es necesaria la información sobre los cambios. No obstante, ciertos grupos continúan con un discurso confrontativo y extremista; tienen interés en hacer creer que la normativa recientemente aprobada es solamente un asunto de huelgas, cuando ellos mismos saben muy bien que no es así y están preocupados.

Así se denunció en un panel organizado por la fracción legislativa del Frente Amplio, realizado en la Asamblea Legislativa el pasado lunes, donde se destacó la importancia que tiene la nueva normativa para los trabajadores en cuanto al acceso a la administración de justicia.

Uno de los cambios que trae la reforma es que se podrá asignar un defensor público a los trabajadores que ganen menos de dos salarios base, que es de alrededor de ¢800.000; a madres, a menores de edad y para todos los casos de discriminación. Esto podría significar un aumento significativo de las denuncias y procesos judiciales contra las empresas.

Orlando Aguirre Gómez, Magistrado presidente de la Sala II y quien expuso en el panel citado, dijo que este cambio va a permitir, entre otras cosas, la solución conciliada de los conflictos.

“En la actualidad el Código de Trabajo y la legislación en general hablan de la posibilidad de conciliar; pero en la realidad si un trabajador va solo, lo llaman a conciliación y se enfrenta con su ex empleador y el abogado de éste, va a tener desventaja para conciliar en esas condiciones”, recalcó Aguirre.

“Cuando se trata de trabajadores que asisten con abogados tenemos el problema de que los abogados siempre quieren extender sus honorarios y este tema se convierte en un obstáculo para la conciliación. Si el trabajador llega con un abogado a sueldo, que no tiene interés en sus honorarios sino más bien en solucionar los casos, pensamos que esto va a ser muy importante”, señaló el jurista.

Aguirre también destacó los beneficios que trae la reforma a mujeres embarazadas y para denunciar la discriminación por cuestiones de género.

La normativa define tiempos para trámites y denuncias y uno de ellos es que los empleados con protección especial por su condición particular, como mujeres embarazada, con permiso de lactancia o denunciantes por acoso sexual podrán presentar una denuncia por la vía rápida.

Asimismo, actualmente quien se siente discriminado en su trabajo o mientras busca empleo debe acudir a la vía ordinaria y esperar años de proceso. La reforma establece que los juzgados deben darle a la denuncia por discriminación el primer lugar en la agenda y resolverla en muy poco tiempo. Se incluyen 15 posibilidades de discriminación (edad, etnia, sexo, religión, raza, orientación sexual, estado civil, opinión política, filiación, discapacidad, afiliación sindical, situación económica, ascendencia nacional y origen social); pero se puede incorporar “cualquier otra”.

“No han depuesto las armas”

El abogado especialista en derecho laboral Esteban Calvo Rodríguez enfatizó que sigue pendiente la labor de defensa de la ley “porque los adversarios no han depuesto las armas”.

“Todo lo contrario, están haciendo todo lo que sea posible para evitar que la ley entre en vigor”, dijo Calvo.

A principios de enero la Cá­ma­ra de In­dus­trias de Costa Rica (CICR) presentó una ac­ción de in­cons­ti­tu­cio­na­li­dad en la que sus representantes afir­man que quieren salvaguardar a la seguridad jurídica, proteger la inversión privada y el empleo; pero sobre todo tutelar el erario público. En su argumento legal también dicen que la Reforma Procesal Laboral ahuyentará la inversión nacional y extranjera y que la creación de la defensoría pública laboral implicará gastar en puestos de empleo, instalaciones y logística, y que no están de acuerdo con el aumento de la burocracia que esto implicaría a corto plazo.

Calvo afirmó que la oposición a la ley no se centra en el tema de la huelga, sino que en realidad lo que le molesta a este sector industrial es que la ley plantea un modelo de relaciones laborales que no les gusta.

La CICR afirmó en el documento, del cual se tiene copia: “Lo más grave, lo cual han ocultado muy hábilmente tanto el FA como los sindicatos y posiblemente el señor Presidente no se ha percatado de ello, es la legalización de las convenciones colectivas y otras figuras negociales (…)”.

Para Calvo, este argumento refleja un grave desconocimiento, ya que las convenciones colectivas son legales desde hace años.

“El planteamiento de fondo es muy preocupante; es un discurso muy confrontativo y extremista”, dijo Calvo.

Calvo, al igual que Aguirre, apuntó que la ley introduce modificaciones muy puntuales que no le gusta a este grupo de empresarios.

Otro punto importante de la nueva normativa es el que tiene que ver con la Carta de despido. En los despidos sin responsabilidad patronal será obligatorio entregar personalmente una carta de despido en donde se indiquen las razones. Los hechos señalados en esa carta serán los únicos que se pueden alegar judicialmente si el empleado presenta una demanda.

“Actualmente a la persona la despiden sin carta de despido o dando una razón como pérdida de confianza u otra razón. Esa persona tiene que irse a un proceso judicial a defender sus derechos sin saber realmente por qué la han despedido y en ese momento el empleador puede decir cualquier cosa. Es símbolo de desigualdad e indefención, y esa práctica queda vedada con la ley”, añadió Calvo.

El abogado dijo que también “les molesta [a los empresarios] mucho lo de la responsabilidad objetiva en infracciones a las leyes de trabajo porque ahora siempre habrá un responsable” y que “les molesta lo de las medidas cautelares, que hasta el día de hoy son inexistentes en el país porque pueden significar la restitución en su puesto a un trabajador que ha sido despedido por estar organizándose en la empresa”.

En diciembre pasado el presidente de la República Luis Guillermo Solís levantó el veto a la Reforma Procesal Laboral, aprobada en setiembre del 2012.

Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, criticó: “Los grandes grupos empresariales recibieron lo que pidieron en los años anteriores; pero para los trabajadores no ha habido proteccionismo, ni Certificados de Abono Tributario, ni zonas francas, ni apertura de la banca, ni TLCs. El marco laboral se quedó pequeño para los trabajadores”.

Saludamos el ingreso de nuestro nuevo integrante SITRAP

Desde el pasado lunes 16 de febrero se incorporó como organización de plena integración a la coalición sindical PATRIA JUSTA, el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), cuya membrecía está compuesta por trabajadores y por trabajadoras de plantaciones agrícolas, especialmente de banano y de piña; ubicadas en la zona atlántica de la provincia de Limón, especialmente en los cantones de Pococí, Guácimo, Siquirres y Matina.

Según datos de Corporación Bananera Nacional (CORBANA), en esos cantones hay unas 29.822 hectáreas de producción de banano para exportación, lo que representa un 68 % de esta fruta que Costa Rica coloca en los mercados extranjeros. En el caso de la piña, hay unas 11.675 hectáreas cultivadas en esta zona, lo que constituye el 28 % del área nacional sembrada y dedicada a su cultivo.

Los consorcios corporativo-empresariales que se dedican a estas actividades incluyen firmas transnacionales como Chiquita-Del Monte y DOLE; igualmente, destacan grandes empresas nacionales como el Grupo ACÓN y el Grupo DESANTI, entre otros productores “independientes”.

Esta región, en la cual el SITRAP despliega su actividad sindical y social, contempla una población laboral directa de más de 20 personas trabajadoras asalariadas.

El SITRAP fue fundado en 1972 con un perfil claramente clasista, impulsando la negociación colectiva exitosamente en diferentes fincas bananeras. Pero en la década de los años ochenta del pasado siglo, debió enfrentar el embate del proyecto antisindical de los rudos años de la Guerra Fría, cuando gobiernos, patronos y hasta un sector de la Iglesia Católica se confabularon en procura de sustituir al sindicalismo bananero, con las denominadas asociaciones solidaristas y con los comités permanentes.

Esta especie de “troika” de la época (patronos-gobierno-solidarismo), generó que el sindicalismo bananero casi desapareciera por completo. Fue la convicción por la promoción del ideal del sindicalismo, conceptuado como uno de los Derechos Humanos fundamentales y universalmente reconocidos, así como con la voluntad de realizar cambios en la forma de conducir el movimiento obrero en las plantaciones bananeras; lo que fijo nuevos rumbos en dirigentes sindicales que no abandonaron la causa.

A partir de la década de los noventa hay un retorno de la lucha incansable por la Libertad Sindical y la Justicia Social, convirtiendo al SITRAP en organización obrera emblemática que está firmemente arraigada en la tradición de la lucha sindical costarricense, de profundo contenido clasista que el SITRAP y la propia coalición sindical PATRIA JUSTA luchamos por preservar.

Al momento del ingreso de SITRAP a la coalición PATRIA JUSTA, cuenta con una sólida base de afiliación, en crecimiento constante y con un radio de acción enorme para promocionarse en toda la región atlántica del país, con esa gran población trabajadora asalariada de las producciones bananera y piñera, luchando por el pleno respeto de todos sus derechos.
El ingreso de SITRAP a la coalición sindical PATRIA JUSTA reviste notables características como las siguientes:

1) EL SITRAP es el primer sindicato de la coalición sindical PATRIA JUSTA, que está dedicado exclusivamente a la organización y defensa de los derechos laborales, económicos y sociales de clase trabajadora asalariada del sector privado.

2) El SITRAP se ubica en un ámbito obrero-patronal de gran impacto en la economía nacional que muestra graves violaciones a los derechos laborales y sindicales; convirtiendo en estratégica la política de impulsar la Reforma Procesal Laboral (RPL); y, por ende, para la propia coalición sindical PATRIA JUSTA se abre un mar de posibilidades de lucha por los derechos laborales integralmente comprendidos en el marco de su concepción como parte esencial de los Derechos Humanos universalmente reconocidos.

3) El SITRAP ha logrado establecer importantes conexiones internacionales de apoyo y solidaridad que respaldan su accionar en los marcos de los conceptos de producción limpia, ambientalmente sostenible y con pleno respeto a los derechos laborales; algo que toman muy en cuenta los consumidores de banano y de piña ticos en grandes mercados de la Unión Europea (UE). Esos vínculos internacionales del SITRAP no solamente van a celebrar su ingreso a la coalición sindical PATRIA JUSTA, sino que ésta misma se ha de posicionar en esos escenarios del exterior.

4) El SITRAP aquilata una riquísima experiencia de lucha obrera por muchos años y en las condiciones más difíciles.

5) El SITRAP hace suya la visión de la realidad nacional de PATRIA JUSTA, con lo cual el pensamiento de ésta se amplía, se refuerza y se legitima más; ampliándose así la interlocución calificada de la misma ante el Estado, el Gobierno y el sector patronal nacional, especialmente el bananero y piñero.

Con el ingreso del SITRAP a la coalición sindical PATRIA JUSTA, se llega a la octava agrupación laboral. Se incrementa la membrecía directa de la coalición, su radio de acción y de incidencia; especialmente potenciándose grandes proyecciones de actividad sociopolítica y laboral en una de las zonas más empobrecidas del país y, a la vez, quizás la más estratégica para la economía nacional, como lo es la zona atlántica.

Policías de Tránsito exigen pago de horas extra

Los oficiales marcharon desde la sede central de la policía de tránsito en Plaza Víquez hacia la Procuraduría General de la República para solicitar el pronunciamiento de dicho órgano respecto al pago de horas extra.
Homer.

El apoyo de la ANEP a los oficiales de la Policía de Tránsito se dan en el marco de un acercamiento inter-gremial a partir de la confluencia de aspiraciones de mejores condiciones de trabajo y empleo de las cuatro principales policías del gobierno central Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración y la Policía de Tránsito.

Seccional ANEP-Policía Penitenciaria se renueva

Se definieron varias las líneas fundamentales del trabajo para las próximas semanas y meses:

1) Aprobación legislativa del contenido presupuestario para el pago de la segunda parte de las deudas por disponibilidad: 2.200 millones de colones, aproximadamente. ANEP hace desde ahora un llamado a prepararse para la movilización si fuese imprescindible. No queremos que las “broncas” entre los partidos y a lo interno de los mismos, bloquee la aprobación parlamentaria indicada pues se trata de una deuda del Estado para con la Policía Penitenciaria.

2) Manual de Puestos: Nos preparamos para recibir el primer borrador en fecha próxima y desde ya estamos tramitando una cita oficial ante el despacho ministerial al respecto. Todo el equipo de trabajo a su servicio que se les presenta en la foto, será el encargado de estudiar los documentos del caso para que podamos consultar y lograr el mejor manual tanto para “los de arriba”, como para “los de abajo”. Tenemos expectativas positivas dado que ya la ANEP logró el “desenganche” de los salarios base de los puestos policiales con relación a los puestos de los médicos.

3) Se orientó para un plan de visitas a todos los centros pero de calidad, no “visita de médico”.

4) Se promoverá la nueva póliza de la ANEP firmada en convenio con el Instituto Nacional de Seguros (INS), para todos los afiliados y para todas las afiliadas a la organización. En el caso de la Policía Penitenciaria tenemos a disposición mejores condiciones de seguros ante una tragedia que las que paga el Estado.

5) Se propuso darle mucha relevancia a la formación y a la capacitación sindical.

6) Se acordó extender el cuerpo de delegados sindicales y de delegadas sindicales en todas las escuadras y en todos los centros penitenciarios; tanto donde ya existen (se puede aumentar los nombramientos); como donde no está nombrados todavía.

7) Hacer conciencia sobre el planteamiento de la ANEP en cuanto a LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL, formulado al país desde el anterior gobierno; considerando que los problemas acumulados a lo largo de los años son producto de que la política pública de Costa Rica, impulsada por los distintos gobiernos, hace tiempo dejó de darle prioridad al Sistema Penitenciario Nacional.

¡TENGA CUIDADO CON LO QUE FIRMA!

Personas inescrupulosas, de cuestionable ética, han venido impulsando desafiliaciones a la ANEP acudiendo a la Sala IV. ANEP tiene ya testimonios por escrito de compañeros y de compañeras de la Policía Penitenciaria que jamás renunciaron a nuestra organización pero les tramitaron recursos de amparo contra ANEP al respecto. Les “embarcaron”. ¡¡¡TENGA CUIDADO CON LO QUE FIRMA!!! Lea bien lo que le pongan para firmar. No lo haga de primera entrada. Reflexione y evite incurrir en riesgos innecesarios. Por otra parte, recuerde que es mejor desistir de la demanda judicial por la disponibilidad, pues también le puede meter en problemas innecesariamente.

POR FAVOR, CONSERVE Y DEFIENDA SU EMPLEO!
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No se preste para introducir objetos, sustancias, materiales y otros que la ley prohíbe que ingresen a los centros penitenciarios. Esto es salirse del margen de la ley y es despido sin responsabilidad patronal. En ANEP estamos contra toda clase de injusticias y creemos en el principio constitucional de presunción inocencia. A la vez, en ANEP estamos contra la corrupción y no podemos asumir casos que involucren el Derecho Penal, pues nuestra especialidad es el Derecho Laboral. No cedamos a la tentación del “dinero fácil” y no pongamos en riesgo a nuestros seres queridos y familias.

ANEP ha conocido el caso de un compañero de la Policía Penitenciara cuyo despido puede ser revertido pues las razones patronales son débiles. Sin embargo, no pudimos representarle por no estar asociado a la ANEP. Él fue a buscar un abogado privado y éste le cobró, de entrada, ¡4 millones de colones!, por llevarle el caso. “Uno nunca sabe…” y por ello es mejor estar protegido al pertenecer a una organización sindical, pero que ésta se de verdad, no “fantasmal”. En casos como el comentado, ANEP brinda asesoría jurídica especializada con profesionales que sí tienen títulos y están incorporados al Colegio Profesional de Abogados de Costa Rica. Nosotros no dejamos plantado a una persona trabajadora en audiencias, como recientemente le sucedió a una compañera de la Policía Penitenciaria de El Buen Pastor cuya representante legal no apareció en el momento en que era imprescindible para su caso.

ANEP POR EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN EFECTIVA PERO TENIENDO LA CALLE COMO INSTRUMENTO LEGÍTIMO DE LUCHA OBRERA

La ANEP tiene en desarrollo el proceso de ejecución de los acuerdos del 13 de noviembre de 2014, firmados con el presente gobierno a través de los ministerios de Justicia, de Trabajo y de Hacienda. Estos acuerdos se originaron con el anterior gobierno, con ocasión del movimiento de calle que conocemos como “EL 20 EN LA 27” y que inicio cuando la Policía Penitenciaria de San Sebastián dio el primer caso saliendo a la calle el 13 de enero de 2014. ANEP no ve razones para una confrontación abierta en estos momentos con las máximas autoridades político-jerárquicas ministeriales en todo este proceso de reivindicación gremial de la Policía Penitenciaria de Costa Rica: que empezó en el gobierno de Oscar Arias Sánchez (acuerdos de noviembre de 2009); que continuó en el de Laura Chinchilla Miranda (con los acuerdos de “EL 20 EN LA 27”); y que está vigente con el actual de Luis Guillermo Solís Rivera. Como verá usted, no somos aventureros ni oportunistas de la práctica sindical en la cual creemos. No trabajamos con “ocurrencias” producto de la debilidad y la precariedad argumental de quienes no comprenden la integralidad de los procesos y de los problemas que aquejan al Sistema Penitenciario Nacional. ANEP jamás le “embarcará” a usted para arrastrarle a intentonas de firmar documentos que son para protección de otros que no han querido luchar abiertamente.

Trabajadores municipales de Santa Bárbara a paro de labores este miércoles

Pese a haber firmado, ayer lunes 16 de febrero, un acuerdo con la Alcaldía de Santa Bárbara, los trabajadores de esa municipalidad y la Seccional de ANEP han decido declarar un paro de labores para este miércoles 18 a partir de las 6:00 de la mañana, debido a la intransigencia del Alcalde que prácticamente se burló de los trabajadores.

Según explico Deiby Porras, Promotor de la ANEP en la Municipalidad de Santa Bárbara, el día de ayer se realizó una propuesta con sustento jurídico, así como los cálculos presupuestarios partiendo de las bases salariales del 2014 y 2015 para justificar la implementación del Salario Escolar. Ambos documentos fueron firmados por el Alcalde y el Presidente de la Seccional de ANEP, por lo que se presentaron ante la Secretaria del Concejo Municipal para ser vistos y aprobados hoy en sesión de dicho órgano, pero este escenario no será posible.

“Hoy la Secretaria del Concejo Municipal nos remite un oficio en el cual se le había solicitado al Alcalde, desde el pasado 4 de febrero, que paralelo a la política del salario escolar debería adjuntar un informe técnico y presupuestario donde diga que es viable, sin embargo esta situación nunca sucedió ni lo mencionó en la reunión que sostuvimos ayer. Esto significa que la propuesta que si iba a presentar y votar hoy en el Concejo Municipal no puede ser presentada ya que faltaría la documentación que le solicita el Concejo al Alcalde, de la cual él (Alcalde) tenía pleno conocimientos desde hace diez días”, explicó el Promotor de ANEP.

Porras indicó que el día de hoy los trabajadores y la Seccional intentaron reunirse con el Alcalde para resolver el problema, sin embargo no fueron recibidos por el Alcalde; situación que detonó el paro de labores de este miércoles.

El colectivo laboral espera la pronta intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para que obligue a las partes a sentarse para una negociación, que pueda finalizar con la admisión del ansiado salario escolar para los trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad del cantón florense.