Categoría: Noticias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en la Municipalidad de Vázquez de Coronado, se complacen en informar el acuerdo alcanzado, la noche del miércoles 07 de octubre, con el Concejo Municipal y la Alcandía de Vázquez de Coronado, para aplicar un reajuste salarial del 5% para los trabajadores operativos del municipio, correspondiente al segundo semestres del año en curso.

El acuerdo alcanzado en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal, nació de una propuesta planteada por los mismos trabajadores, que además, incluye un reajuste salarial del 1% para los trabajadores administrativos del municipio coronadeño, incluyendo los salarios del Alcalde y la Vicealcaldesa.

Además, como parte del acuerdo se incluyó el levantamiento del movimiento de huelga que sostenían los trabajadores desde el lunes 6 de octubre, así como, el compromiso de los funcionarios municipales de fortalecer la gestión municipal, a la mejora continua del servicio y la eficacia en su prestación.

La representación sindical comprende que los aumentos salariales futuros estarán sujetos a los escenarios financieros que se den al momento de la correspondiente fijación.

Como muestra de la buena voluntad del Concejo Municipal, y de la Municipalidad en su pleno, no se ejecutará ninguna acción de carácter represivo sobre los participantes al movimiento de huelga.

Ante el levantamiento de huelga, desde esta mañana y durante todo este día los trabajadores municipales han realizado sus labores de forma normal de tal manera que la población coronadeña no resienta en mayor medida el paro de los servicios municipales.

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería y este cuerpo policial en su lucha de más de 7 años para obtener una profesionalización institucional y un manual de puestos, hoy ven como ese esfuerzo se escapa de las manos ante el recorte al presupuesto de la República para el 2015.

Lo que se ha logrado a través de luchas sociales, manifestaciones públicas, entre otros, para obtener un manual de puestos de clases descriptivas, acorde a la necesidad institucional y del Estado costarricense, se ve esfumado.

Actualmente dicho manual se encuentra listo para ser presentado ante las instancias gubernamentales respectivas, así como el reglamento de Organización y Servicio de la Policía Profesional de Migración el cual establece el mando único policial, a la vez dotando a este cuerpo policía de los instrumentos necesarios para coadyuvar en la labor de seguridad pública, acorde a la función policial específicamente en la materia migratoria.

Recientemente, se logró a través del Departamento de Modernización del Estado, del Ministerio de Planificación, la aprobación de la estructura legal de la Dirección de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, apegada a la normativa vigente y vinculante.

En primera instancia, no podemos aceptar la Moción presentada la semana anterior, en la Sub-Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, por el Diputado, Olivier Jiménez Rojas, en la cual recorta gastos por más de mil seiscientos millones de colones (₡1.613.000.000), al Programa: 54-1 de la Dirección General de Migración y Extranjería., por los siguientes aspectos a considerar:

Atenta contra la operatividad institucional, debilitando la Seguridad del Estado costarricense, pues el recorte económico a la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, limitará el cumplimiento de la Ley 8764 en sus distintos obligaciones, entre ellas el área técnica policial, encargada de la seguridad de fronteras, aeropuertos, puestos fluviales y marítimos, así como coadyuvar en labores interinstitucionales, a distintas dependencias policías.

Entre las limitaciones operativas podemos mencionar la imposibilidad de materializar las deportaciones al exterior, continentales y extra continentales, entre ellas de personas extranjeras sentenciadas por delitos, que cumplieron pena Privativa de Libertad y que por mandato jurídico deben de ser deportados. Con la limitación del recurso económico, tendríamos un estado costarricense con una población extranjera sentenciada permaneciendo en el país, en un limbo jurídico, por imperativo de ley no están sujetas a regularizar su estatus migratorio.

Lo anterior radica en una preocupación general, pues este injustificado y desproporcional recorte presupuestario, extrapola y limita la operatividad de toda la Policía de Migración, en aspectos generales, como el resguardo de la seguridad nacional, favoreciendo el crimen organizado, trata y tráfico de personas, narcotráfico y la criminalidad en general.

Con lo anterior este Diputado viene afectar lo que es el financiamiento para el 2015, y por ende la tan esperada profesionalización de los 400 oficiales de la policía profesional de Migración, así como la entrada en vigencia y ejecución del nuevo Manual de Puestos de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Consideramos que este Diputado posiblemente esta siendo mal informado y esperemos que no este actuando de mala fe, ya que mantiene una vinculación personal con un Jefe de Migración, el cual se vio afectado con la nueva estructura policial, fundamentado en el oficio número STAP-0525-2014 de la secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la cual indico que: “…se ha venido ejerciendo, de manera ilegal, funciones jerárquicas al interior de la PPME, siendo niveles administrativos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, manteniendo con las mismas una incógnita y controversial alianza, violatoria de la misma Ley General de Policía, No. 7410”…!

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

•No recortar el presupuesto de la Dirección General de Migración y Extranjería, ya que es una institución que recauda ingresos.

•Realizar un estudio en coordinación con la Directora General de Migración, la Viceministra de Gobernación y Policía, Gestión Financiera de Migración y Extranjería, Dirección de la Policía Profesional de Migración, con el fin de que se sustente el gasto acorde a la realidad que impera en la función operacional de la Dirección General de Migración y Extranjería.

De no tomar en cuenta nuestras observaciones estaremos obligados a realizar un llamado a las bases sindicales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en todo el país, entiéndase, fronteras, aeropuertos, puestos fluviales y marítimos, para manifestarnos en defensa de la seguridad del Estado.

Evasión fiscal, es lo mismo que delincuentes no pagan impuestos. Le roban al país, a usted estimada y estimado lector. Se echan a la bolsa, o a los bancos, lo que no les pertenece; en 2010, ¢1.200 billones, solo en ventas y renta según el Ministerio de Hacienda.

El 5,8% del PIB… ¿Por qué no leemos nada en los medios de comunicación sobre los ladrones que evaden? ¿Cuántos estadios nacionales se construirían con el dinero que no pagan los pillos que se lo dejan?

¿Cuántos hospitales, carreteras, escuelas se han dejado de construir porque a esos corruptos, no los exhiben? ¿Por qué no existen megamociones que se encarguen de exigir a Hacienda y al Ministerio Público que persiga con toda la rigurosidad a esta mafia que usufructúa bienes que no le corresponden?

Las exoneraciones llegan al 5,7% del PIB según el ex viceministro Álvaro Ramos, representan más que el proyectado déficit fiscal que ronda el 5,1% y que atrajo a la modosita Moodys, con ella a otras “transparentes” calificadoras de riesgo, a advertirnos, (cuando no tuvieron la capacidad de advertir a EE.UU. del descalabro de 2008) sobre los riesgos de nuestra economía.

Por supuesto que debemos resolver el problema del déficit fiscal ¿pero, sacrificando a quién? ¡Obvio, a las instituciones públicas! En ese discurso populista, frenético, e inquisidor, revestido de técnico, que ejerce muy bien el del sombrero de ala corta, se justifica el recorte al PANI, a Educación (sin que alcancemos aún el 8% que señala la Constitución de la República que debemos entregar al MEP) a Salud, a Seguridad, al MICIT, al OIJ, a la Defensa Pública… ¿Nos hemos detenido a leer la megamoción, o estamos hablando de oídas?

Las voces oficiosas que claman a la OMC, en materia de fijación del precio del arroz, no se escuchan cuando se trata de exoneraciones a zonas francas. La OMC ha sido clara que esos beneficios fiscales, “alteran” la competencia.

La excusa de inseguridad jurídica, desempleo de miles de trabajadores si pagan impuestos, no es de recibo. Los empleados de las zonas francas preocupan a los “analistas”, pero, ¿los empleados del sector público?, ¡que se vayan a la calle, para recortar gasto, y bajar déficit! ¿Y, la seguridad jurídica de los trabajadores del sector público?

El adagio popular que lo que “es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”, no aplica. Mientras a CINDE se le presupuestan ¢1.000 millones, que nos gustaría saber cómo se gastan, ¿viajes, viáticos, salarios, galletas, aguadulce?… Se recorta el presupuesto de comedores escolares, infraestructura escolar, capacitación. ¡Claro, es más popular, arranca más aplausos, más fotos, minutos tv, atacar al sector público!…

Este adagio sí se cumple: “el que tiene más galillo, traga más pinol”.

Los impolutos ven para otra parte, no resulta simpático cuestionar la aberrante evasión, las exoneraciones…

Tenemos una crisis, que no se resuelve dividiendo al país entre “malos y buenos”.

“Estamos de acuerdo con que el mundo no se acabará mañana, si no se resuelve el problema fiscal hoy. Pero sí debemos empezar a actuar pronto, pues en este país cuesta mucho tomar decisiones. Si seguimos pateando la bola para adelante, cuando nos demos cuenta tendremos el agua hasta el cuello. Debemos, como país, llegar pronto a un acuerdo sobre una solución integral al problema fiscal. Eso incluye, además de la revisión de todos los rubros de gastos, una discusión sobre la problemática del empleo público y las reformas a la obsoleta estructura tributaria”.

Lo anterior no lo dijimos nosotros. Pero lo suscribimos. ¡Por fin aparece una voz sensata desde la otra acera! Este criterio fue emitido por el economista don Luis Mesalles Jorba, en su columna periodística “Letras de cambio”, publicada en un periódico de circulación nacional, el pasado sábado 4 de octubre de 2014. El señor Mesalles, distinguido académico en su campo, está ligado al principal gremio corporativo-empresarial del país, así como a los “think tanks” ticos Econoanálisis y Academia de Centroamérica, entidades que promueven los “valores” de la globalización neoliberal.

Que él indique que “Estamos de acuerdo con que el mundo no se acabará mañana, si no se resuelve el problema fiscal hoy(…)”; es, más o menos, congruente con lo que desde nuestra acera hemos venido planteando nosotros: que no estamos de acuerdo con la gritería histérica de los “fondomonetaristas ochenteros”, a raíz de que el déficit fiscal estará en el 2015, entre un 6 y un 7% del Producto Interno Bruto (PIB). No hemos negado la gravedad de este problema, al punto de que hemos afirmado de que no nos gustaría ostentar la posición sindical que tenemos actualmente, en un escenario de “quiebra técnica” del Estado.

Pero hemos indicado, también, que la tesis de una “revolución violenta y radical del gasto”, como lo vienen planteando esa especie de “fondomonetaristas ochenteros” desde sus curules parlamentarias y desde las bancadas del clásico “Plusc” (más sus similares, adjuntos y tránsfugas); solamente conducirá a peligrosos episodios de confrontación social en diversas dimensiones. En esto del déficit fiscal, ni ha llegado “el fin de los tiempos”, ni tampoco el Apocalipsis.

Dice el señor Mesalles que “…en este país cuesta mucho tomar decisiones”. Totalmente de acuerdo. Pero en este tema fiscal-tributario, es peor la situación al respecto. Esto está agravado si vemos la composición del actual parlamento costarricense. Este muestra, partidariamente hablando, fracciones y subfracciones (9 más 3 –por ahora–). Esto, ya de por sí, es ¡tremendo obstáculo! Además, ideológicamente hablando, hay capacidad de bloqueo de un lado para el otro.

Sigamos… Hay diputados pensando ya en las elecciones del 2018 y, si le agregamos su cortedad de visión, han quedado obnubilados para ver, en su real dimensión, eso que dice el señor Mesalles y que nosotros respaldamos: “(…) Si seguimos pateando la bola para adelante, cuando nos demos cuenta tendremos el agua hasta el cuello”.

Finalmente, dice el señor Mesalles: “Debemos, como país, llegar pronto a un acuerdo sobre una solución integral al problema fiscal”. ¡Igualito pensamos nosotros! Pero tal acuerdo no saldrá intramuros parlamentarios. Ojalá nos equivoquemos. El esfuerzo habrá que hacerlo desde fuera de la Asamblea Legislativa.

Desde nuestra acera, ahora repotenciada por el proceso “Patria Justa”, dado a conocer la semana pasada, estamos listos para hablar del asunto. “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, es nuestra propuesta para esa “solución integral” de la cual habla el señor Mesalles. Ojalá nuestro país encuentre ese acuerdo.