Siete años de lucha tirados a la basura por recorte al presupuesto

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería y este cuerpo policial en su lucha de más de 7 años para obtener una profesionalización institucional y un manual de puestos, hoy ven como ese esfuerzo se escapa de las manos ante el recorte al presupuesto de la República para el 2015.

Lo que se ha logrado a través de luchas sociales, manifestaciones públicas, entre otros, para obtener un manual de puestos de clases descriptivas, acorde a la necesidad institucional y del Estado costarricense, se ve esfumado.

Actualmente dicho manual se encuentra listo para ser presentado ante las instancias gubernamentales respectivas, así como el reglamento de Organización y Servicio de la Policía Profesional de Migración el cual establece el mando único policial, a la vez dotando a este cuerpo policía de los instrumentos necesarios para coadyuvar en la labor de seguridad pública, acorde a la función policial específicamente en la materia migratoria.

Recientemente, se logró a través del Departamento de Modernización del Estado, del Ministerio de Planificación, la aprobación de la estructura legal de la Dirección de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, apegada a la normativa vigente y vinculante.

En primera instancia, no podemos aceptar la Moción presentada la semana anterior, en la Sub-Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, por el Diputado, Olivier Jiménez Rojas, en la cual recorta gastos por más de mil seiscientos millones de colones (₡1.613.000.000), al Programa: 54-1 de la Dirección General de Migración y Extranjería., por los siguientes aspectos a considerar:

Atenta contra la operatividad institucional, debilitando la Seguridad del Estado costarricense, pues el recorte económico a la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, limitará el cumplimiento de la Ley 8764 en sus distintos obligaciones, entre ellas el área técnica policial, encargada de la seguridad de fronteras, aeropuertos, puestos fluviales y marítimos, así como coadyuvar en labores interinstitucionales, a distintas dependencias policías.

Entre las limitaciones operativas podemos mencionar la imposibilidad de materializar las deportaciones al exterior, continentales y extra continentales, entre ellas de personas extranjeras sentenciadas por delitos, que cumplieron pena Privativa de Libertad y que por mandato jurídico deben de ser deportados. Con la limitación del recurso económico, tendríamos un estado costarricense con una población extranjera sentenciada permaneciendo en el país, en un limbo jurídico, por imperativo de ley no están sujetas a regularizar su estatus migratorio.

Lo anterior radica en una preocupación general, pues este injustificado y desproporcional recorte presupuestario, extrapola y limita la operatividad de toda la Policía de Migración, en aspectos generales, como el resguardo de la seguridad nacional, favoreciendo el crimen organizado, trata y tráfico de personas, narcotráfico y la criminalidad en general.

Con lo anterior este Diputado viene afectar lo que es el financiamiento para el 2015, y por ende la tan esperada profesionalización de los 400 oficiales de la policía profesional de Migración, así como la entrada en vigencia y ejecución del nuevo Manual de Puestos de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Consideramos que este Diputado posiblemente esta siendo mal informado y esperemos que no este actuando de mala fe, ya que mantiene una vinculación personal con un Jefe de Migración, el cual se vio afectado con la nueva estructura policial, fundamentado en el oficio número STAP-0525-2014 de la secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria, la cual indico que: “…se ha venido ejerciendo, de manera ilegal, funciones jerárquicas al interior de la PPME, siendo niveles administrativos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, manteniendo con las mismas una incógnita y controversial alianza, violatoria de la misma Ley General de Policía, No. 7410”…!

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

•No recortar el presupuesto de la Dirección General de Migración y Extranjería, ya que es una institución que recauda ingresos.

•Realizar un estudio en coordinación con la Directora General de Migración, la Viceministra de Gobernación y Policía, Gestión Financiera de Migración y Extranjería, Dirección de la Policía Profesional de Migración, con el fin de que se sustente el gasto acorde a la realidad que impera en la función operacional de la Dirección General de Migración y Extranjería.

De no tomar en cuenta nuestras observaciones estaremos obligados a realizar un llamado a las bases sindicales de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, en todo el país, entiéndase, fronteras, aeropuertos, puestos fluviales y marítimos, para manifestarnos en defensa de la seguridad del Estado.

Megalomanomoción, viendo pal ciprés…

Evasión fiscal, es lo mismo que delincuentes no pagan impuestos. Le roban al país, a usted estimada y estimado lector. Se echan a la bolsa, o a los bancos, lo que no les pertenece; en 2010, ¢1.200 billones, solo en ventas y renta según el Ministerio de Hacienda.

El 5,8% del PIB… ¿Por qué no leemos nada en los medios de comunicación sobre los ladrones que evaden? ¿Cuántos estadios nacionales se construirían con el dinero que no pagan los pillos que se lo dejan?

¿Cuántos hospitales, carreteras, escuelas se han dejado de construir porque a esos corruptos, no los exhiben? ¿Por qué no existen megamociones que se encarguen de exigir a Hacienda y al Ministerio Público que persiga con toda la rigurosidad a esta mafia que usufructúa bienes que no le corresponden?

Las exoneraciones llegan al 5,7% del PIB según el ex viceministro Álvaro Ramos, representan más que el proyectado déficit fiscal que ronda el 5,1% y que atrajo a la modosita Moodys, con ella a otras “transparentes” calificadoras de riesgo, a advertirnos, (cuando no tuvieron la capacidad de advertir a EE.UU. del descalabro de 2008) sobre los riesgos de nuestra economía.

Por supuesto que debemos resolver el problema del déficit fiscal ¿pero, sacrificando a quién? ¡Obvio, a las instituciones públicas! En ese discurso populista, frenético, e inquisidor, revestido de técnico, que ejerce muy bien el del sombrero de ala corta, se justifica el recorte al PANI, a Educación (sin que alcancemos aún el 8% que señala la Constitución de la República que debemos entregar al MEP) a Salud, a Seguridad, al MICIT, al OIJ, a la Defensa Pública… ¿Nos hemos detenido a leer la megamoción, o estamos hablando de oídas?

Las voces oficiosas que claman a la OMC, en materia de fijación del precio del arroz, no se escuchan cuando se trata de exoneraciones a zonas francas. La OMC ha sido clara que esos beneficios fiscales, “alteran” la competencia.

La excusa de inseguridad jurídica, desempleo de miles de trabajadores si pagan impuestos, no es de recibo. Los empleados de las zonas francas preocupan a los “analistas”, pero, ¿los empleados del sector público?, ¡que se vayan a la calle, para recortar gasto, y bajar déficit! ¿Y, la seguridad jurídica de los trabajadores del sector público?

El adagio popular que lo que “es bueno para el ganso, es bueno para la gansa”, no aplica. Mientras a CINDE se le presupuestan ¢1.000 millones, que nos gustaría saber cómo se gastan, ¿viajes, viáticos, salarios, galletas, aguadulce?… Se recorta el presupuesto de comedores escolares, infraestructura escolar, capacitación. ¡Claro, es más popular, arranca más aplausos, más fotos, minutos tv, atacar al sector público!…

Este adagio sí se cumple: “el que tiene más galillo, traga más pinol”.

Los impolutos ven para otra parte, no resulta simpático cuestionar la aberrante evasión, las exoneraciones…

Tenemos una crisis, que no se resuelve dividiendo al país entre “malos y buenos”.

Salgamos a la calle este lunes 20 de octubre

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), invita a todos los funcionarios del sector público a unirse a la manifestación sindical en contra del recorte presupuestario y de la maliciosa campaña que ha iniciado el neoliberalismo contra el funcionario público, este 20 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Parque Central de San José.

Las anualidades, la dedicación exclusiva, la prohibición, los riesgos (entre otros), no pueden ser abolidos, dictatorial y totalitariamente, mediando una “revolución violenta y radical contra el gasto”, como lo pregonan diputados al servicio del capital neoliberal del gran empresariado; ese que concentra riqueza, ese que roba impuestos, ese que quiere que siga la injusta estructura tributaria costarricense.

En ANEP y la CSJMP, aceptamos que existe un déficit fiscal, pero tenemos claro que este no es provocado por los trabajadores del sector público, estos no roban impuestos; y más bien lo pagan puntualmente, ya que el impuesto de la renta se lo rebajan de su planilla y el de ventas lo pagamos al momento de la compra.

Es claro que los que roban impuestos son otros y muchos de estos ladrones de impuestos son lo que quieren dejar sin trabajo a los empleados públicos, a la clase trabajadora. El funcionario público realiza su trabajo con honradez y con dedicación, en condiciones que cada vez son más precarias por las restricciones presupuestarias de los últimos años.

Anepistas vamos a la calle este 20 de octubre a las 8:00 de la mañana en el Parque Central de San José, unámonos a la manifestación sindical y digamos no al recorte presupuestario que pretende precarizar el empleo y las instituciones públicas.

Huelga en la Municipalidad de Coronado llega a su segundo día

Trabajadores operativos y administrativos de la Municipalidad de Vázquez de Coronado, se mantienen en huelga desde el día de ayer, ante la reiterada negativa del Concejo Municipal de no aprobar el aumento salarial correspondiente al segundo semestre del año en curso.

Esteban Quesada, Promotor de ANEP, indicó que la mañana del lunes 6 de octubre por se decidió iniciar nuevamente la huelga a la espera de la decisión que se iba a tomar en la sesión del Concejo Municipal de ese día, sin embargo, nuevamente la aprobación del reajuste salarial fue negada por 4 de 7 regidores.

“El Concejo Municipal de Coronado no quiere aprobar el reajuste salarial para los trabajadores, esto por intransigencia de los regidores del Partido Acción Ciudadana y otro de un partido local, ya que no quieren aplicar el decreto de reajuste salarial establecido por el Gobierno de la República que corresponde a un 5,14% para los trabajadores no profesionales y 4% para los trabajadores profesionales”, explicó Quesada.

Ante esta situación, los trabajadores del municipio decidieron mantener la huelga para este martes y de forma indefinida, hasta llegar a un acuerdo satisfactorio con el Concejo Municipal.

Sin embargo, en aras de afectar lo menos posible al cantón y a los usuarios, los trabajadores municipales realizaron una nueva propuesta al Concejo Municipal, en busca de la aprobación del reajuste salarial, situación que provocó que los regidores convocaran para esta noche una sesión extraordinaria del Concejo Municipal, que permita revisar la propuesta realizada por los trabajadores.

“Los trabajadores administrativos realizaron una nueva propuesta de reajuste salarial, esta consiste en la aprobación de un 1% para los trabajadores profesionales, 4% para técnicos y un 5% para operativos. La propuesta será analizada durante este martes por la Comisión de Hacienda del municipio, y este martes por la noche, en la sesión extraordinaria del Concejo, tendrán su respuesta a la propuesta. Hasta no tener respuesta nos mantendremos en huelga”, explicó el Promotor de ANEP.

Cabe destacar que la Alcaldía de Vázquez de Coronado estuvo de acuerdo en aplicar el reajusta salarial correspondiente al segundo semestre del año en curso, lo cual no es aprobado por el Concejo Municipal.

Para declaraciones comunicarse con Esteban Quesada, Promotor de ANEP al 8973-8280 o con Ismael Corrales Corrales, Presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Vázquez de Coronado.

Sección de Parques de la Municipalidad de San José en huelga

En enero pasado personeros de la Municipalidad de San José y representantes sindicales firmaron un acuerdo para la consecución de fondos para el mejoramiento de la infraestructura del gobierno josefino, que se encarga de darle mantenimiento a los parques de la capital.

Al día de hoy este acuerdo no se ha cumplido, lo que motivó para que desde tempranas horas de hoy martes 7 de octubre de 2014, todo el personal de la sección de parques se levantara en huelga. Ellos se encuentran en el Vivero municipal, ubicado en San Sebastián.

Los fondos gestionados, los cuales están disponibles desde junio, son para la construcción de un taller para el área de electromecánica, así como la ampliación de una bodega y la remodelación del sector de vestidores. Los trabajadores no han recibido explicaciones del por qué no se ejecutan dichos dineros.

Además, la situación de agudiza dado el abandono que viven en la adquisición de materiales para poder realizar sus labores. Ejemplos son las deterioradas lonas que cubren las bateas de los camiones donde es transportado el personal y el material de trabajo, que no se cambian desde hace más de 3 años, o el estado de urgencia que tienen de cambiar las máquinas chapeadoras, las cuales han cumplido su vida útil desde hace más de un años, las cuales se encuentran, en su mayoría, desechadas o en pésimo estado.

Alto a los “fondomonetaristas ochenteros”

“Estamos de acuerdo con que el mundo no se acabará mañana, si no se resuelve el problema fiscal hoy. Pero sí debemos empezar a actuar pronto, pues en este país cuesta mucho tomar decisiones. Si seguimos pateando la bola para adelante, cuando nos demos cuenta tendremos el agua hasta el cuello. Debemos, como país, llegar pronto a un acuerdo sobre una solución integral al problema fiscal. Eso incluye, además de la revisión de todos los rubros de gastos, una discusión sobre la problemática del empleo público y las reformas a la obsoleta estructura tributaria”.

Lo anterior no lo dijimos nosotros. Pero lo suscribimos. ¡Por fin aparece una voz sensata desde la otra acera! Este criterio fue emitido por el economista don Luis Mesalles Jorba, en su columna periodística “Letras de cambio”, publicada en un periódico de circulación nacional, el pasado sábado 4 de octubre de 2014. El señor Mesalles, distinguido académico en su campo, está ligado al principal gremio corporativo-empresarial del país, así como a los “think tanks” ticos Econoanálisis y Academia de Centroamérica, entidades que promueven los “valores” de la globalización neoliberal.

Que él indique que “Estamos de acuerdo con que el mundo no se acabará mañana, si no se resuelve el problema fiscal hoy(…)”; es, más o menos, congruente con lo que desde nuestra acera hemos venido planteando nosotros: que no estamos de acuerdo con la gritería histérica de los “fondomonetaristas ochenteros”, a raíz de que el déficit fiscal estará en el 2015, entre un 6 y un 7% del Producto Interno Bruto (PIB). No hemos negado la gravedad de este problema, al punto de que hemos afirmado de que no nos gustaría ostentar la posición sindical que tenemos actualmente, en un escenario de “quiebra técnica” del Estado.

Pero hemos indicado, también, que la tesis de una “revolución violenta y radical del gasto”, como lo vienen planteando esa especie de “fondomonetaristas ochenteros” desde sus curules parlamentarias y desde las bancadas del clásico “Plusc” (más sus similares, adjuntos y tránsfugas); solamente conducirá a peligrosos episodios de confrontación social en diversas dimensiones. En esto del déficit fiscal, ni ha llegado “el fin de los tiempos”, ni tampoco el Apocalipsis.

Dice el señor Mesalles que “…en este país cuesta mucho tomar decisiones”. Totalmente de acuerdo. Pero en este tema fiscal-tributario, es peor la situación al respecto. Esto está agravado si vemos la composición del actual parlamento costarricense. Este muestra, partidariamente hablando, fracciones y subfracciones (9 más 3 –por ahora–). Esto, ya de por sí, es ¡tremendo obstáculo! Además, ideológicamente hablando, hay capacidad de bloqueo de un lado para el otro.

Sigamos… Hay diputados pensando ya en las elecciones del 2018 y, si le agregamos su cortedad de visión, han quedado obnubilados para ver, en su real dimensión, eso que dice el señor Mesalles y que nosotros respaldamos: “(…) Si seguimos pateando la bola para adelante, cuando nos demos cuenta tendremos el agua hasta el cuello”.

Finalmente, dice el señor Mesalles: “Debemos, como país, llegar pronto a un acuerdo sobre una solución integral al problema fiscal”. ¡Igualito pensamos nosotros! Pero tal acuerdo no saldrá intramuros parlamentarios. Ojalá nos equivoquemos. El esfuerzo habrá que hacerlo desde fuera de la Asamblea Legislativa.

Desde nuestra acera, ahora repotenciada por el proceso “Patria Justa”, dado a conocer la semana pasada, estamos listos para hablar del asunto. “Hacia una reforma fiscal para el desarrollo y la reactivación del empleo”, es nuestra propuesta para esa “solución integral” de la cual habla el señor Mesalles. Ojalá nuestro país encuentre ese acuerdo.

Respaldamos a Marvin Sandí y su programa radial Rompiendo el Silencio

La libertad de expresión, derecho humano fundamental, es base de nuestra sociedad, es el principal elemento que debemos defender para la gestión democrática de los medios de comunicación. La libertad de expresión es la amalgama del Derecho Humano a la Comunicación. Al mismo tiempo que resguardamos esta máxima creemos que toda persona que haga uso de su libertad de expresión debe asumir la responsabilidad sobre lo que dice, sobretodo si lo hace en medios de comunicación masiva.

Dicho lo anterior, respaldamos en todos los extremos la libertad de expresión del señor Marvin Sandí y a su programa Rompiendo el Silencio, que se emite por Radio Gigante en la frecuencia de 800AM. Defendemos también el derecho que le asiste al señor diputado Oscar López de plantear una querella judicial si siente que su imagen o su honor han sido mancillados en el citado programa radial. Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que el legislador, representante del partido PASE, mediante su investidura haga abuso de poder, así como una persecución que amenaza la sostenibilidad del programa.

Es de conocimiento público que don Oscar López envió cartas a Correos de Costa Rica, al INA, a la CCSS y a la CNFL solicitando que dichas instituciones públicas dejaran de pautar en el programa del señor Sandí bajo amenaza de que si así no lo hicieren también esas instituciones serían demandadas. Esta es una actitud no propia de una democracia y que intenta censurar las libertades no sólo del comunicador Marvin Sandí, sino de nuestra sociedad en su conjunto.

La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica ya se ha manifestado al respecto, y hacemos nuestra también la cita que invocan en su respectivo comunicado:

Asimismo la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana dispone, en el Principio 5, que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.

Recibimos con agrado la noticia del día de hoy publicada por el periódico La Nación, donde informan que la Sala Constitucional ha acogido el recurso presentado por el señor Sandí en contra del diputado López. Esperamos que el máximo órgano constitucional de nuestro país le de respaldo al programa Rompiendo el Silencio. No es posible que la libertad de expresión sea amenazada por el poder político mediante coacción económica.

Seccional ANEP-PANI presentó sus planteamientos políticos-sindicales

La Seccional ANEP-Patronato Nacional de la Infancia (PANI), presentó ante las altas autoridades del PANI una propuesta político-sindical en diversos temas, la cual pretende en sus planteamientos la mejora en la calidad de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el PANI, lo que implicará elevar la calidad de atención que reciben las personas menores de edad.

La propuesta abarca diversos temas, entre los que destacan: acoso laboral, vacaciones profilácticas, salud ocupacional, así como situación del personal de cuido directo de los albergues y el plus de peligrosidad.

Los planteamientos presentados a la Presidenta Ejecutiva del PANI, Ana Teresa León Sáenz, fueron acompaños de una exhortación para para conformar una mesa de trabajo entre ANEP y su despacho para buscar implementar lo propuesto, con el único fin de mejorar las condiciones de las personas trabajadoras del PANI, así como de los menores de edad a los cuáles se debe esta importantísima Institución.

A continuación compartimos la propuesta político-sindical planteada por la Seccional ANEP-PANI.
Honorable señora
Dra. Ana Teresa León Sáenz
Presidenta Ejecutiva
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)

Planteamientos politicos-sindicales de la Seccional Anep-PANI

Respetada señora:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como también a nombre de la Junta Directiva Seccional ANEP-PANI.

Nos dirigimos a su digna autoridad con el fin de presentarle una propuesta político-sindical, elaborada por parte de la Seccional ANEP-PANI, la cual pretende en sus planteamientos la mejora en la calidad de las condiciones laborales de las personas que trabajan en el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo que implicará sin lugar a dudas, para elevar la calidad de atención que reciben las personas menores de edad.

ACOSO LABORAL

En la actualidad el PANI presenta un serio vacío legal en el tema de Acoso Laboral, situación que ha influido en el crecimiento de esta problemática dentro de la institución. Sin embargo, la no existencia de una tipificación legal no impide advertir que el Acoso Laboral en el Trabajo es una práctica ilegal y desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los trabajadores y de las trabajadoras, este tipo de conductas constituye un comportamiento pluriofensivo.

El Acoso Laboral en el Trabajo causa deterioro físico y psíquico de quien lo recibe, persona trabajadora que queda expuesta comportamientos, palabras, actitudes, que de forma sistemática y recurrente durante un tiempo prolongado por parte de una o varias personas, ya sean superiores jerárquicos o no, con el único fin de degradar sus condiciones convirtiéndola en víctima en el trabajo; amén de destruir u obstaculizar sus redes de comunicación, poner en duda su buen nombre o reputación, perturbar el ejercicio de sus labores, desvalorizar su capacidad laboral, procurar su desmotivación laboral o un deficiente ejercicio de sus labores. Con si todo ello no fuera poco, incluye el proceso de atormentar, hostigar, aterrorizar psicológicamente y amenazar de palabra o hecho. Todo ello con un fin perverso: lograr que la persona hostigada se vea en la obligación a renunciar al lugar de trabajo.

Este problema ha sido invisibilizado por los jerarcas de la institución a lo largo de todos estos años; práctica que a todas luces ha deteriorado el clima laboral a lo interno y, por ende, la visión y misión de la institución se ve obstruida, ya que funcionarios (as) víctimas de Acoso Laboral en el Trabajo son personas físicas y emocionalmente enfermas que no pueden cumplir con sus labores diarias de la mejor manera, en beneficio de todas las personas menores de edad, a las cuales estamos llamados constitucionalmente a proteger.

Entonces al no ser visibilizado el Acoso Laboral en el Trabajo como un problema de grandes consecuencias dentro de la institución así como para quien lo recibe, se está violentando además el derecho que tienen todas las personas menores de edad de ser defendidas, custodiadas, amparadas por funcionarios emocionalmente sanos, en donde sus intervenciones van a ser las más asertivas en procura del interés superior de todas esas personas. El Acoso Laboral en el Trabajo no solo presenta un efecto inmediato sobre la víctima, sino también un efecto dominó sobre terceros de manera directa y que en este caso son las personas menores de edad que amparamos.

Es responsabilidad del PANI velar por un ambiente laboral sano, de seguridad, salud física y emocional y libre de toda forma de violencia y que se garantice la protección a la integridad física, moral y psicológica de los(as) funcionarios(as); derecho consagrado en el artículo 51 y 56 de la Constitución Política, artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 5 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, Ley Nº 4534; artículo 12, 19, 21, 273, 282 del Código de Trabajo, Ley General de la Administración Pública, No. 6227.

Ante este panorama, la Seccional ANEP-PANI con suma preocupación y compromiso no solo con los funcionarios y con las funcionarias de la institución, sino también por del interés superior de todas las personas menores de edad, ha venido incidiendo para que este tema sea correctamente atendido dentro del PANI.

Han sido muchos años de rigidez organizativa en este tema, situación que nos ha llevado a acudir a diferentes órganos del Estado como es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Defensoría de los Habitantes de la República; y fue a través de estas intervenciones que se logró que se instara al PANI para que se reglamentara el tema de Hostigamiento y Acoso laboral en el Trabajo, y a partir del mes de febrero de este año, se cuenta con un dicho reglamento.

Es de suma importancia para esta Seccional de la ANEP, tener una concepción amplia, democrática, progresista, renovadora, y a la vez justa y equitativa para todos(as) en unión con la estructura organizativa.

PROPUESTA

-Que la comisión que estudiará los casos de Hostigamiento y Acoso Laboral, sea constituida tomando en cuenta a por lo menos una persona de la Seccional ANEP-PANI por la parte sindical, y si fuera posible alguna persona que no sea funcionaria del PANI; buscando con ello encontrar la salida más objetiva en cada caso, y también se democratiza el sistema de relaciones laborales en un tema tan delicado y que debe ser tratado y analizado de manera especial.

Este tema debe ser de capacitación constante, ya que con esto se logrará concientizar a todos y a todas sobre las secuelas que deja el Acoso Laboral en el Trabajo; y para los que no son acosados, el aprendizaje será no ser partícipes de una cruel forma de acabar con un ser humano.

-El Departamento de Recursos Humanos debe divulgar información constantemente sobre este tema.

-Los estudios de clima laboral deberían hacerlo personas externas al PANI, ya que así los resultados que se logren serán más objetivos y en el plano de la transparencia el personal se sentirá más seguros al participar en dicho Estudio. Esto debido a que funcionarias y funcionarios han manifestado tener desconfianza del Departamento de Recursos Humanos institucional y más bien, se sienten amedrentados a la hora de manifestar la realidad de los hechos.

-Indistintamente de que un caso de Acoso Laboral en el Trabajo esté en estudio, por humanidad se debe proteger a la víctima inmediatamente, lo ideal sería apartar al agresor de forma inmediata de la oficina, sin importar si es jefe o no.

-Siendo que la mayor cantidad de denuncias recibidas de las víctimas han sido por Acoso Laboral en el Trabajo por parte de jefaturas, lo ideal es proveer a éstas de instrumentos necesarios como capacitaciones en este tema para que su labor sea de liderazgo y gerencia positiva, y así evitar los estilos de dirección autoritarios.

-Nos parece muy oportuno que así como los funcionarios son evaluados anualmente; los jefes inmediatos deben ser evaluados por sus subalternos, ya que al no existir un control sobre ellos por parte de los superiores, y debido a que muchas de sus actuaciones son amparadas por la palabra discrecionalidad, podrían incurrir en violaciones de derechos y hasta incurrir en anomalías en el ejercicio de sus funciones sin estar conscientes de ello. La discrecionalidad llega hasta donde se inicia la violación de un derecho.

-El Reglamento de Acoso Laboral en el Trabajo publicado ya desde febrero, debe ser modificado, ya que de acuerdo a revisión que hizo la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP, en unión con esta Seccional ANEP-PANI, se encontraron muchos vacíos que seguirían incidiendo en violaciones de derechos hacia las víctimas. Posteriormente, le haremos llegar el documento de Hostigamiento y Acoso

Laboral, ya con las observaciones incorporadas, para solicitar la buena voluntad institucional para que tales observaciones sean acogidas.

VACACIONES PROFILÁCTICAS

Las vacaciones profilácticas suponen la necesidad de que el trabajador sea temporalmente separado de una actividad laboral que le produce riesgo. Serían vacaciones con fines preventivos o de profilaxis a los funcionarios que laboren en relación directa y permanente con pacientes, aparatos, sustancias o materiales susceptibles de dañar gravemente la salud. Este tipo de vacaciones no han sido implementadas dentro de la institución por lo que nuestra propuesta es la siguiente:

PROPUESTA

Que se hagan las previsiones presupuestarias para que dichas vacaciones sean otorgadas en primera instancia a las personas Encargadas de Cuido Directo, ya que son ellas las más vulnerables, debido que al tener a su cuidado las Personas Menores de Edad son presa de agresiones, amenazas, maltrato emocional y hasta en muchos casos han sido amenazadas de muerte.

Aunado a esto, los horarios de veinticuatro horas con una dinámica de esa magnitud les lleva, en poco tiempo, al deterioro físico y emocional.

-Otro personal que puede ser acreedor a vacaciones profilácticas son los profesionales en Psicología y Trabajo Social quienes se dedican hacer trabajo de campo y, por supuesto, también los operadores de Equipo Móvil; ya que estos funcionarios deben desplazarse a zonas de alto riesgo, en donde su integridad física está amenazada pues las zonas a visitar son, por lo general, lugares marginales y las personas a visitar, por lo general, son drogadictos, alcohólicos, personas agresivas, con problemas legales y emocionales.

SALUD OCUPACIONAL

El Código de Trabajo, en el artículo 273, dispone que todo lo relacionado a Salud Ocupacional es de interés público, teniéndose como meta promover y mantener un bienestar físico y mental de calidad para todos los funcionarios y para todas las funcionarias de cualquier institución pública. Como sabemos, se pretende prevenir cualquier daño a la salud por condiciones del trabajo de la persona trabajadora, protegerla y colocarla en un trabajo idóneo de acuerdo a sus capacidades físicas y emocionales.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la salud ocupacional como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los trabajadores. Esta disciplina busca controlar los accidentes y las enfermedades mediante la reducción de condiciones de riesgo.

Para asegurar un buen ambiente laboral, seguro y estable, se deben desarrollar programas de salud ocupacional, compuestos de una serie de planes que giran en torno a la salud de los empleados. De acuerdo al tipo de necesidades que atienda, estos planes pueden ser:

-Planes de Higiene

-Planes de Seguridad

-Planes de Medicina Preventiva.

Se debe resaltar que el Código de Trabajo, en su artículo 273 indica: “Declarase de interés público todo lo referente a salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea”.

Adicionalmente, tenemos la LEY SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO. No. 6727, de 24 de marzo de 1982, publicada en La Gaceta No. 57 de 24 de marzo de 1982. “TITULO CUARTO”: DE LA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DURANTE EL EJERCICIO DEL TRABAJO. Veamos:

Artículo 282.-: Corre a cargo de todo patrono la obligación de adoptar en los lugares de trabajo, las medidas para garantizar la salud ocupacional de los trabajadores, conforme a los términos de este Código, su reglamento, los reglamentos de salud ocupacional que se promulguen, y las recomendaciones que, en esta materia, formulen tanto el Consejo de Salud Ocupacional, como las autoridades de inspección del Ministerio de Trabajo

Artículo 288.- En cada centro de trabajo, donde se ocupen diez o más trabajadores, se establecerán las comisiones de salud ocupacional que, a juicio del Consejo de Salud Ocupacional, sean necesarias. Estas comisiones deberán estar integradas con igual número de representantes del patrono y de los trabajadores, y tendrán como finalidad específica investigar las causas de los riesgos del trabajo, determinar las medidas para prevenirlos y vigilar para que, en el centro de trabajo, se cumplan las disposiciones de salud ocupacional. La constitución de estas comisiones se realizará conforme a las disposiciones que establezca el reglamento de la ley y su cometido será desempeñado dentro de la jornada de trabajo, sin perjuicio o menoscabo de ninguno de los derechos laborales que corresponden al trabajador”. .

PROPUESTA

-Se debe conformar una Comisión de Salud Ocupacional apegada al Reglamento de Comisiones de Salud Ocupacional (Decreto Nº18379-TSS), así como al Reglamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo. Desde ahora nos ofrecemos a ser parte de la misma como representantes de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras. El bienestar físico y emocional de todo el personal es de interés público, y es de beneficio para las personas menores de edad el contar con personas trabajadoras sanas en todas las áreas.

SITUACION DEL PERSONAL DE CUIDO DIRECTO DE LOS ALBERGUES

La función principal del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), es velar por la protección, desarrollo, desenvolvimiento de todas las personas menores, desde el ámbito moral, intelectual, físico y social, labor que se ha dado bajo varias políticas institucionales como son:

*Inclusión en lo gubernamental y no gubernamental, así como también la sociedad civil, los derechos del interés superior de la persona menor de edad.

*Modernización e implementación del proceso de reforma institucional en cuanto a la protección de las personas menores de edad.

*Crear una cultura de respeto a los derechos de la niñez y adolescencia.

*Garantía y restitución de derechos de la niñez y la adolescencia.

  • Erradicación de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en Costa Rica, bajo el principio del interés superior del niño y la niña.

*Prevención, detección y atención especializada de la población menor de edad víctimas de la drogadicción en la calle y en conflicto con la Ley Penal Juvenil.

*Consolidación de un Sistema de Alternativas de Protección para las Personas Menores Edad.

*Fortalecer a la familia como célula básica de la sociedad.

Como parte importante para el cumplimiento del mandato constitucional, está el trabajo hormiga de las encargadas de Cuido Directo (más conocida como “Tías”), quienes en la mayoría de las veces es un trabajo invisibilizado institucionalmente.

Un trabajo que se ha complicado en todos los aspectos, aún más con la llegada de personas menores de edad enviadas por el Juzgado Penal Juvenil con problemas con la ley; situación que a todas luces ha perjudicado no sólo a las cuidadoras, sino también a las otras personas menores de edad.

Cuidar una persona menor de edad es un trabajo que conlleva mucha dedicación, esfuerzo, compromiso, amor hacia el prójimo, capacidad, concentración, mística, empatía, paciencia, habilidades especiales y otros.

Ante tanta responsabilidad y con el paso de los años, la salud física y psíquica de las cuidadoras, especialmente cuando lo son a tiempo completo, se resiente, lo cual se reconoce hoy como una necesidad más a la cual hay que dar respuesta y soluciones.

El nefasto resultado para quienes dedican su labor en el cuido de personas menores de edad es el cansancio físico y emocional que las llevan a presentar patologías directamente relacionadas con su labor como las siguientes:

1. Estrés.

2. Alteraciones del sueño-vigilia.

3. Molestias y dolores en diferentes partes del cuerpo

4. Migrañas

5. Alteraciones intestinales.

6. Mayor consumo de fármacos.

7. Más consultas al médico (incapacidades)

8. Diabetes, entre otras.

Las condiciones laborales, ambientales y sociales del personal de cuido directo son bastante complicadas, como son:

-El estar alejadas de sus familias y de sus hijos

-Hacinamiento en los Albergues

-Atención de Personas Menores de Edad con problemas con la Ley

-Personas Menores de Edad que han enfrentado diversas problemáticas en sus hogares que a muchos los lleva asumir actitudes agresivas.

-Los albergues, estructuralmente, no reúnen las condiciones mínimas para la atención de personas menores de edad, ya que los edificios son alquilados para cierta cantidad de personas menores de edad que, por lo general, rebalsan el cupo mínimo, lo cual genera estrés en la población, provocando con ello que se tornen más violentos y enfilan su furia contra las encargadas.

Ante este panorama, las encargadas de Cuido Directo entran en un ambiente de pesimismo, desilusión, incomprensión, baja autoestima, desvalorización personal, otros.

Llevan a las encargadas a una exigencia y «sacrificio de sí» y se olvidan de ellas mismas, lo que conlleva generalmente a un tipo de vida excesivamente centrada sólo en el trabajo y llegar a olvidarse de su propio cuidado que como ser humano merecen.

PROPUESTA

Siendo que las en muchos casos las jornadas laborales a las que ellas son sometidas son sumamente extenuantes, además de constitucionalmente ilegales e inhumanas; valorar a la brevedad posible el instaurar tres horarios de encargadas de Cuido Directo (6am a 2 pm., 2pm a 10pm y 10 a 6 am).

Que haya servicio de vigilancia y seguridad las 24 horas del día. Este servicio vendría a ser un apoyo para las encargadas y así lograr una mejora en su labor.

Valorar que las psicólogas encargadas de albergues laboren directamente desde los albergues, ya que las personas menores de edad necesitan esa figura desde los albergues, tanto como el personal de cuido directo; y no como se ha hecho hasta hoy día pues las psicólogas y las trabajadoras sociales visitan los albergues esporádicamente y permanecen más tiempo en la oficina.

Que desde las direcciones regionales provean a los albergues de todo lo necesario y que las encargadas de cuidos no tengan que manejar una caja chica, ya que eso les ha ocasionado problemas como hurtos por parte de las personas menores de edad, y el manejo de dineros es un asunto delicado, y no debe ser una función más de las encargadas de Cuido Directo, lo que las obliga a desplazarse hasta las direcciones regionales a realizar las correspondientes liquidaciones.

Sin lugar a dudas se requiere la creación de más plazas para encargadas de Cuido Directo, de acuerdo a la cantidad de personas menores de edad con las que cuenta un albergue y la cantidad de menores que es recomendado tener bajo custodia de una sola persona.

Que el cupo máximo por albergue sea el que es permitido por la ley, de acuerdo a la estructura y tamaño de los mismos.

Que se cree una alternativa para la atención de personas menores de edad con problemas psiquiátricos, mentales y de minusvalía.

Siendo que para algunas de estas propuestas se necesita presupuesto ya que otras son de voluntad institucional.

Esta Seccional con el aval y acompañamiento de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados nos haremos presentes junto a los demás funcionarios (as) de la Institución como lo hemos hecho en otras oportunidades; para luchar y logar que el Ministerio de Hacienda cumpla con lo que por ley nos corresponde, y es un Presupuesto justo para hacer frente a nuestra encomienda Constitucional en pro de las Personas Menores de Edad de este país.

EL PLUS DE PELIGROSIDAD

En nuestro ordenamiento jurídico las gratificaciones o bonificaciones estarán expresadas por tres formas fundamentalmente (esto siguiendo el criterio de la Sala Segunda; los denominados sobresueldos que mayormente se encuentran regulados por medio norma reglamentarias recogidas por estatutos autónomos de servicios, donde se recompensará económicamente al trabajador por la realización de trabajos que requieren desplazarse a lugares distintos del centro de trabajo; que en sí mismo expongan al trabajador a un peligro latente como, por ejemplo, el buceo; o bien, por sus condiciones académicas especiales que hacen que el trabajador deba ser captado por la empresa, mediante una paga adicional a su salario. En casos como el mencionado, se estará en presencia del denominado sobresueldo por inopia. (Los magistrados se fundamentaron en los artículos 201 y 202 del Código de Trabajo.)

En sentencia 00256. EXPEDIENTE 02-001763-0166. 09/05/08. Tribunal de Trabajo, sección IV. “…pago de plus salarial a los investigadores judiciales, obedece a tres elementos, que en forma resumida son “peligrosidad”, “riesgo” y “jornada laboral”.

Significa que el pago de ese plus, tenía un fin, como lo tiene el salario, retribuir un servicio. Si se hace un perfil de los empleados que se les paga este plus salarial….nos damos cuenta que los accionantes reúnen las mismas condiciones que ellos, las funciones que les corresponde hacer como investigadores informáticos, debido a que un riesgo o peligro, aunque sea no están ni han estado en las mismas condiciones laborales de riesgo o peligrosidad que aquellos

PROPUESTA

• Que el PANI valore brindarle el beneficio de peligrosidad a los funcionarios que desempeñan trabajo de campo, en donde se deben proteger personas menores de edad en un ambiente de riesgo y peligrosidad, e incluso ingresar a comunidades que presentan altos niveles de violencia.

• El personal de Cuido Directo debe ser acreedoras del beneficio de peligrosidad, ya que están expuestas permanentemente a un alto riesgo a su integridad física.

Por todo lo anteriormente planteado, es que le hacemos formal exhortación, para conformar una mesa de trabajo entre ANEP y su despacho para buscar implementar lo propuesto en este documento, con el único fin de mejorar las condiciones de las personas trabajadoras del PANI, así como de los menores de edad a los cuáles se debe esta importantísima Institución.

Sin más por el momento, y en espera de pronta respuesta a nuestra respetuosa solicitud, se despiden respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Celia Solano Zárate
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-PANI

Mesas de diálogo en municipalidades

Los miembros de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) recientemente sostuvieron una reunión con la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI), con el propósito de fortalecer las relaciones laborales en el sector municipal.

Para la ANEP, en estas reuniones es importante dialogar ampliamente acerca de la organización de las municipalidades, pues aseguran que en los Gobiernos Locales el que dirige debe ser el jerarca y no los regidores, afirmación que queda en evidencia tras las huelgas ocurridas en los últimos días en municipios como los de Tibás, Montes de Oca y Coronado, donde los miembros del Concejo Municipal –conformado por los regidores– decide si se aprueban o no los reajustes salariales para los funcionarios de cada alcaldía.

Más allá de decidir “¿quién manda, el Alcalde o los Regidores?”, lo importante es que se dio un buen paso para que –como dijo el Asesor Político de la ANEP– los empleados municipales entiendan que trabajar en la Municipalidad es un servicio publico, y que como tal debe prestarse en las condiciones mas eficientes, para favorecer a los beneficiarios de estos servicios.

Las mesas de diálogo, como mecanismo de participación ciudadana, han demostrado ser una excelente herramienta para construir consensos y establecer acuerdos.

El intercambio de opiniones con tolerancia, buena fe, solidaridad y condescendencia, al respetar la opinión mayoritaria, permite preservar el bien común sobre el individual, aún en donde existen posturas extremadamente encontradas.

El efecto vinculante de estas mesas resultará sumamente relevante –aunque no exista obligatoriedad–, pues en este tipo de dinámica los compromisos morales deberían pesar tanto como los legales.

Las mesas de diálogo constituirán a su vez una forma de unir esfuerzos para enfrentar al unísono problemas comunes como la escasez de agua y el manejo de desperdicios sólidos producidos por el aumento en el desarrollo industrial y urbanístico que se ha dado en los últimos años en muchos cantones y, con ello, la demanda en calidad y cantidad de estos servicios.

Así pues, esperamos que se inicie en este sector una forma de buscar la paz social y la justicia, tanto para los trabajadores como para los habitantes de los cantones, quienes sufren los embates de la malas decisiones, las confrontaciones, la terquedad y las diferencias políticas de los bandos involucrados.