Celebramos la acertada decisión del Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, de quitarle el veto a la ley que le otorgó a los artesanos de la Plaza de la Democracia, el uso de la vía en que han estado durante muchos años.
Igual de acertada, oportuna, justa y políticamente correcta sería que el mandatario haga lo mismo con la Reforma Procesal Laboral (RPL), aprobada en dos debates parlamentarios con lujosas mayorías, en el período legislativo constitucional anterior; pero, lamentable y sorpresivamente vetada por la entonces Presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda.
El Presidente Solís, desde que era candidato a la Presidencia de la República y sin siquiera conocerse su pase a la segunda ronda electoral que ganó al final, conoce de la demanda de un conjunto importante de organizaciones sindicales del país para que quite el veto a la RPL.
Los argumentos esgrimidos públicamente por la entonces mandataria para vetar la RPL, son totalmente espurios, toda vez que con esta legislación, más bien, se regula la huelga en los servicios públicos esenciales.
Los argumentos ocultos para el veto de la anterior mandataria del país, tienen que ver con las nefandas presiones de un poderoso sector empresarial bananero que, a última hora y luego de los dos debates legislativos que le dieron rango de ley de la República a la RPL, decidieron torpedearla logrando que la hoy Expresidenta Chinchilla se les prosternara, vetándola ella finalmente.
Denunciamos que las presiones de dicho sector empresarial bananero, incluyendo aquel que se aglutina en la Corporación Bananera Nacional (Corbana), ha seguido conspirando con la RPL, contra su esencia de justicia laboral, al punto de impulsar un adefesio jurídico conocido como “Ley de la Jurisdicción del Trabajo” (Expediente Legislativo No. 19.048).
Se trata de un proyecto de total sesgo empresarial para satisfacer los intereses corporativos, en detrimento de los de corte obrero-laboral, supergarantizados en el texto de la RPL.
Denunciamos que falta a la verdad el diputado Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana), y sus aliados pro-empresariales de las fracciones libertarias y liberacionistas, cuando indican que se debe “votar una enmienda para acortar los tiempos en los juicios laborales”.
¡¡¡Esto ya está resuelto en la ley de la RPL!!! No se necesita ninguna “enmienda” para “acortar los tiempos en los juicios laborales”.
Las verdaderas intenciones del diputado Redondo Poveda y sus aliados en la coyuntura de impulsar la aprobación del Expediente Legislativo 19.048, “Ley de la Jurisdicción del Trabajo”, es para satisfacer al poderoso sector del empresariado bananero de naturaleza antisindical; y, a la vez, complacer a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones Privadas (UCCAEP), de que no haya, bajo circunstancia alguna, Reforma Procesal Laboral (RPL), ni nada que “huela” a la misma.
Resulta incomprensible cómo el diputado Redondo Poveda, que pretende hacernos creer que su nueva colectividad política se inspira en los principios de profunda Justicia Social que promueve el Humanismo Cristiano, esté del lado del gran empresariado bananero antisindical, haciéndoles el juego contra la RPL.
Más grave aún es que el diputado Redondo Poveda y quienes le hacen el juego al gran empresariado de corte antisindical, pretendan obtener la “vía rápida” para tramitar dicho proyecto.
Esto es hacer trampa, no jugar limpio y desnaturalizar un proceso de concertación sociohistórico como lo fue la RPL, pese a que la UCCAEP, al final, en una acción antiética, renegó de su firma inicial a favor de la RPL cuando concertó sobre ella con grandes corrientes sindicales, como la ANEP, la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) y otras confederaciones de igual importancia.
Con todo respeto y con profunda vehemencia, hacemos un llamado urgente a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas, de sensibilidad social, de reconocida trayectoria a favor de la Justicia Social y de los Derechos Humanos para que, con todas las posibilidades que les da el reglamento legislativo, bloqueen el nefasto proyecto antiobrero, promovido por Corbana y similares, mal llamado de “Ley de Jurisdicción del Trabajo”.
Finalmente, exhortamos con la misma vehemencia al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, a que le quite el veto a la Reforma Procesal Laboral); a que no se deje chantajear por esos grupos corporativo-empresariales de naturaleza antisindical; para que haga honor a un largo proceso de 15 años de tramitación de la RPL que ha involucrado a diversas entidades, como el Poder Judicial y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT).
