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A pesar de que la periodista de La Nación, Sofía Akepsimidis, nos consultó ampliamente sobre la cuestión del veto de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda a la Reforma Procesal Laboral (RPL, de ahora en adelante), y las verdaderas razones políticas del mismo; la nota que dicho medio publica hoy es, con todo respeto, tendenciosa y sesgada.

Con justificada molestia por tal publicación, compartimos con la honorable prensa nacional y con la no menos respetable y honorable opinión pública, lo siguiente:

PRIMERO: La RPL no amplia la huelga, LA REGULA en los términos negociados en su momento, tripartitamente, contándose con la participación activa de la Unión Costarricense Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Además, tal regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales, se hizo en la RPL de conformidad con los términos que exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, en una acción repudiable y antiética, la UCCAEP renegó de su firma en el acuerdo fundamental para viabilizar la aprobación parlamentaria de la RPL.

SEGUNDO: La huelga en servicios esenciales, en este momento, está a la libre: se supone que está prohibida, pero se hace todos los días y hemos notado que, en algunos casos, ha habido grave afectación a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas.

TERCERO: La RPL establece que se puede hacer huelga en servicios esenciales, pero con tres condiciones: A) Reunir los requisitos de la ley. B) Tener un plan de servicios mínimos que garantice que no se afectará a las personas en lo relacionado con la vida, la salud y la seguridad de las personas. Ese plan, si no hay acuerdo entre sindicato y empleador, debe ser aprobado de previo por un juez. C) La huelga en los servicios mínimos tiene un límite máximo de duración.

CUARTO: La RPL NO CREA el derecho de huelga. Ese derecho está en la Constitución Política de Costa Rica. Lo que hace es regularla con dos finalidades: hacerla ejercible de forma legal y regulada; y atender las sucesivas condenas que la OIT ha hecho al país por tener una regulación que impide el ejercicio legal de ese derecho fundamental.

QUINTO: Sostener el veto es mantener el status quo; es decir, el ejercicio de la huelga a como se le ocurra cada sindicato. ANEP hizo huelga por 34 días en el A y A y a nadie le faltó una gota de agua, pero la huelga fue declarada ilegal; el FIT-ICE ha promovido muchas huelgas pero ninguna ha cortado la luz ni teléfonos. Por el contrario, los médicos anestesistas hicieron huelga y decidieron suspender cirugías… Preguntamos: ¿Queremos mantener este status quo?, es decir, ¿esperar a ver cuál es la “buena voluntad” de los sindicatos? Mantener el veto presidencial es, precisamente, la promoción de un tipo de huelgas “deshumanizadas”.

SEXTO: Si el veto se levanta y se aprueba la ley, todos los sindicatos tendremos que elaborar un plan de servicios mínimos que garanticen la vida, la salud y la seguridad de las personas (que es el centro de los servicios esenciales); y ese plan, si no hay acuerdo entre partes, se aprueba ANTES de la huelga por un juez. Es decir, el juez tutela a los ciudadanos antes de la huelga. Si el plan no se elabora y se van a huelga, la declaratoria de ilegalidad es inmediata y se permite la contratación de sustitutos de los huelguistas.

SÉTIMO: Si la nueva administración no levanta el veto, este será un tema central en la próxima Asamblea legislativa, donde muchos diputados apoyarán la RPL desde la perspectiva de la regulación de la huelga, por lo que sin duda consumirá buena parte del tiempo de la nueva administración y del nuevo parlamento.

OCTAVO: Le tocará al gobierno entrante dar la cara ante la próxima asamblea mundial de la OIT; organismo internacional éste que tiene a nuestro país en su más crítica valoración negativa, por su irresponsabilidad reiterada de que se pondrá al día como los compromisos laborales que asume pero que, una y otra vez, deshonra la palabra empeñada, año tras año. La RPL es una muestra más que emblemática de la “vacilada” anual que Costa Rica le pega a la OIT.

NOVENO: La Presidenta Chinchilla, que se va siendo la gobernante más desacreditada de la América Latina, vetó la RPL por las presiones del gran empresariado bananero y piñero; especialmente el primero que se expresó por medio del próximo diputado Antonio Álvarez Desanti. Fueron estos enormes intereses corporativos, algunos de corte trasnacional, los que presionaron, desmesuradamente, para que el Poder Ejecutivo se desdijera, como lo hizo la UCCAEP, del acuerdo tripartito inicial; mismo que, incluso, cínicamente dijo defender la mandataria cuando tuvo la osadía de hablar a favor de la RPL en el seno mismo de la sede mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, con ocasión de su visita a su asamblea anual del año 2012 y ostentando el cargo de Presidenta de la República.

Como podrá verse, la “información” de La Nación de esta fecha, bajo la firma de la periodista Sofía Akepsimidis, es tendenciosa y manipuladora. Repetimos: En servicios públicos esenciales, fundamentales para la vida, la salud y la seguridad de las personas, la huelga no se “amplía”; todo lo contrario, ¡se regula!

De una manera u otra, nuestra sociedad continúa escenificando episodios en los cuales se muestra a las claras dos visiones de desarrollo en constante pugna, misma que se expresa de diversas formas.

En el tema de las pensiones, la colisión de conceptos también es notoria. Recientemente, la Superintendencia de Pensiones (Supén), ha planteado que se debe cerrar el sistema jubilatorio del personal judicial de nuestro país. En verdad es un asunto polémico y, “de entrada”, es muy probable que a las voces que digan que la Supen “tiene razón”, se les dé un buen megáfono.

Sin embargo, es imposible considerar su planteamiento visto desde una perspectiva “neutra” y, mucho menos, “técnica”. Lo político-ideológico se antepone en el análisis del asunto.

La creación de la Supén y su desenvolvimiento ulterior es un asunto profundamente ideológico. En el fondo, la Supén estima que el mejor sistema de pensiones es el que esté privatizado. La “santa cruzada” que sostiene en contra del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nos lo demuestra, al menos, desde nuestra perspectiva. En este marco conceptual, el que la Supén plantee el cierre del sistema de pensiones del Poder Judicial porque está “quebrado”, nos genera desconfianza acerca de su “objetividad”.

Por otra parte, hay serios cuestionamientos acerca de la entidad extranjera que habría dictaminado la eventual “quiebra” de las pensiones judiciales. Su presunta conexión con entidades multilaterales de crédito y de la banca internacional, indican que la visión consultora contratada no tiene nada de “inocencia técnica” y, por tanto, llevan razón las agrupaciones gremiales judiciales de reaccionar con fuerza y contundencia en la defensa de su propio régimen jubilatorio.

La circunstancia de que desde el latifundio mediático neoliberal que actúa como la vocería oficial de la hegemonía dominante en nuestro sistema político, la del capital financiero-bancario, estén furibundos de alegría con el anuncio de la Supén, lleva también a desconfiar de la tesis del cierre del sistema jubilatorio judicial porque esté ya esté, supuestamente, en un punto “no retorno”.

Aquí, en esencia, el trasfondo profundamente ideológico es cuál es la naturaleza del sistema tributario que debemos tener y su concreción material más inmediata: el tamaño del déficit fiscal. Y que no nos vengan a decir que lo que buscamos es más impuestos para más “privilegios”.

Lo que sucede es que la matriz mediática que se pretende imponerle a la sociedad con respecto al déficit, enfatiza en la cuestión laboral, multidimensionalmente vista y como su única esencia perversa. Este caso del sistema jubilatorio judicial se incluye en tal matriz manipuladora de la opinión pública.

Una cosa muy distinta puede ser la necesidad de la revisión de la gestión financiero-gerencial en materia de reproducción del capital del sistema jubilatorio judicial y modificaciones administrativas estructurales; y otra, radicalmente distinta, decretar su abolición por un presunto impacto cuantitativo negativo en el crecimiento del déficit fiscal; a sabiendas de que la concepción que de éste se tiene, tampoco es neutra ni técnica; sino que está contaminada ideológicamente por la feroz resistencia a que se dé en el país una profunda Transformación Tributaria Estructural, así en mayúscula.

Esta tarea es de enorme impacto estratégico para la vida futura del país e implica un desafío provocador a esos intereses hegemónicos de corte neoliberal que controlan la cosa política en nuestro país. En tal sentido, “el frío no está en las cobijas”; y, por tanto, la resistencia laboral en el seno del Poder Judicial contra las tesis no menos neoliberales de la Supén en materia de su propio sistema de pensiones, encontrará espacio político para expresarse abiertamente.