Se viene gran conflicto en la Muni de San José

Estimada señora:

En primer término, reciba usted un saludo atento y respetuoso, a nombre de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, así como también de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); entidades que los suscritos representamos con mucho orgullo.

Tres temas ocupan la presente misiva que dirigimos a su digna autoridad bajo el formato de Carta Abierta, pues deseamos que todas las personas trabajadoras asalariadas de la Municipalidad de San José, especialmente aquellas que nos han delegado la representación y defensa de sus intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales, se enteren lo más rápidamente del contenido de la presente.

Además, es nuestro interés que toda la población trabajadora institucional, que todas las autoridades políticas internas y el ámbito político nacional del momento, se enteren de nuestro planteamiento aquí vertido; tanto como las comunidades usuarias de los servicios de la Municipalidad de San José, la opinión pública nacional y, por supuesto, los diferentes medios de comunicación colectiva.

Estimamos que ha llegado la hora para un debate lo más abierto posible, de cuál es la naturaleza de la institucionalidad pública representada en la corporación municipal más grande e importante del país; cuáles son las principales “herencias de gestión” que nos ha dejado el ingeniero Johnny Araya Monge; e, igualmente, su propia y misma responsabilidad compartida en todo ello, señora alcaldesa García Pérez, toda vez que usted integró la misma fórmula electoral municipal con él y usted compartió gran parte de la gestión con él, antes de que él “brincase” al escenario político nacional. Y ambos son del mismo partido político como es público y notorio.

Primer tema: Su pretensión, señora alcaldesa García Pérez, para una renegociación integral de la actual y sexta Convención Colectiva de Trabajo (CCT), proceso éste que usted pretende iniciar el próximo miércoles 9 de abril de 2014. Nuevamente le indicamos que este documento es oficial de parte de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, así como de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Le recordamos que somos la organización sindical de mayor membrecía, la agrupación laboral mayoritaria y que según nuestras leyes laborales ninguna gestión que pretenda modificar y/o renegociar la actual CCT, tendrá éxito sin nuestra participación. Ahora bien, en cuanto a su pretensión de renegociarla integralmente, debe quedarle a usted bien claro que nos oponemos, rotundamente, a tocarle una sola coma al texto actual de la CCT, aunque hay aspectos que sí deberían mejorarse para beneficio de la población trabajadora de la Municipalidad de San José.

Nuestra concepción es que este instrumento de negociación colectiva, el más importante en su ámbito de toda la legislación laboral costarricense, debe ser visto para el desarrollo de la justicia en el empleo y de mejoramiento de las condiciones de trabajo; jamás nos prestaremos para revertir derechos alcanzados, desmejorar logros sociales y, mucho menos, afectar la estabilidad laboral. Lo que pasó con la cesantía fue una imposición externa, una violación a mansalva de derechos que consideramos adquiridos; grave violación ejecutada desde el más alto tribunal de la República y con su propio beneplácito, señora alcaldesa García Pérez. En ANEP vemos esta circunstancia tan grave que ya hemos iniciado el camino de la denuncia internacional y esperamos que el asunto, en algún momento futuro, se ventile en el propio seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Considerando el ambiente laboral interno que su estilo de gestión ha venido generando (de lo cual hablaremos más adelante), la ANEP no considera que haya condiciones para sentarse con usted a hablar de renegociar, en todo o en parte, nuestra Convención Colectiva Trabajo: que es el derecho laboral más sagrado que nos queda. Usted no muestra buena fe ni da señales positivas, luego de que accedimos a una modificación para racionalizar el pago de la dieta a la representación patronal en el seno de la Junta de Relaciones Laborales (JRL), de la institución, pues nos pareció una medida oportuna. Pero, ¡hasta aquí! No vamos a entregar ni un solo derecho laboral que tenga sostén jurídico, que tenga justicia moral y que no esté reñido con la ética en la función pública.

¡No, señora alcaldesa García Pérez! No cuente con la ANEP para que involucionemos en el ámbito del Derecho Laboral; para que revirtamos conquistas convencionales que humanizan nuestro empleo; y que, por el contrario, más bien merecen desarrollarse a la luz de los compromisos que el país ha adquirido en el ámbito de lo que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), denomina “Trabajo Decente”, aunque en Costa Rica se pretenda una tergiversación y una aplicación “light” de tal concepto.

Por tanto, respetuosamente, le reiteramos que no aceptamos más cambios, ni una sola coma, en el actual texto convencional. Usted no ha creado las condiciones para un diálogo franco, bien intencionado, transparente y nosotros, desconfiamos profundamente de sus intenciones al buscar tal renegociación de la sexta Convención Colectiva de Trabajo (CCT); misma que, muy a pesar suyo, sigue siendo la ley laboral máxima que norma las relaciones obrero-patronales en la Municipalidad de San José.

Segundo tema: El proceso de privatización en desarrollo que representa la empresa PASA. La ANEP se encuentra abocada, en estos momentos, al desarrollo de una serie acción de análisis jurídico de ese nefasto contrato privatizador de varios de los más importantes y estratégicos servicios que brinda la Municipalidad de San José. Si se quiere, este contrato representa la herencia más perversa de la gestión del señor Araya Monge cuando conducía los destinos de esta municipalidad. Parece que podría haber serios vicios de legalidad desde el mismo momento licitatorio y desde el mismo momento en que se le dio a tal empresa, este contrato que nosotros calificamos como leonino. Empleamos el término leonino porque todas las ventajas de este contrato son para la empresa PASA, mientras la municipalidad debe asumir las condiciones más duras del mismo: proporcionar fuerza de trabajo asalariado, combustible, pago de alquiler de vehículos de diverso tipo y otros.

Pero ese carácter leonino de tal contrato, ha llegado a tales niveles de afectación que, deliberadamente y con su propia complicidad, señora alcaldesa García Pérez, se está dejando “morir” la maquinaria de la institución, en lo que es como una especie de “complot” para reducir al mínimo el servicio directo y ampliar la contratación privada de esta empresa, fortaleciéndole su tasa de ganancia; pero, a la vez, reduciendo al mínimo el ámbito directo de la gestión pública municipal, amenazando cientos de empleados y llevando enorme incertidumbre a una importantísima cantidad de familias trabajadoras costarricenses que se sustentan con el salario que se ganan laborando para la Municipalidad de San José.

Esta situación de agresividad contra nuestros propios trabajadores, especialmente, los de los servicios de recolección, limpieza urbana, parques, bacheo, hidrología y otros; ha llegado a tal nivel de conflictividad que resulta insostenible el desarrollo de una confrontación abierta de insospechadas consecuencias; toda vez que la imposición de las máquinas barrenderas, se percibe como una provocación intolerable, ya no solamente amenazante directa de la estabilidad laboral, sino de la propia dignidad, la propia autoestima y la mismísima condición humana que significa ser trabajador asalariado.

Aquí, señora alcaldesa García Pérez, se “juega con fuego”, porque lo que se nos está mandando a decir es que ha llegado algo así como el episodio final de nuestra vida laboral al amparo del Derecho, de la Constitución, de los tratados internacionales que el país ha firmado en materia de Derechos Humanos y la propia Doctrina Social de la Iglesia Católica.

Tenemos una concepción humanista del Trabajo. Por ello, resultan intolerables las provocadoras señales de precarización del empleo municipal, de flexibilización laboral y de quitarle al empleo asalariado toda la concepción filosófica que lo impregna desde que en este país tenemos Código de Trabajo. Cuando usted, señora alcaldesa García Pérez decide emplear mano de obra carcelaria y/o mano de obra en condición de indigencia, usted degrada la naturaleza sagrada del Trabajo y ofende, profundamente, a cada compañero de todos esos servicios que hemos mencionado.

Se da la circunstancia de que en una comunidad josefina habita un compañero con empleo formal en esta municipalidad, junto a una persona que labora en esas condiciones de precariedad y de flexibilidad laboral; persona ésta que acepta cualquier cantidad de dinero, por más poca sea, a cambio de tener “algo” y esta decisión gerencial-administrativa de su despacho y de su gestión, no solamente es completamente repudiable, sino generadora de condiciones de violencia intervecinal y en el seno del entorno laboral.

Nosotros entendemos que usted, por todo lo que viene haciendo, es partidaria del pensamiento neoliberal; ese pensamiento que tanto dolor y sufrimiento ha causado en muchos lugares del planeta, en América Latina y en nuestro país. Por ello, no se extrañe si en lo sucesivo le hemos de seguir llamando, “alcaldesa neoliberal”; pero viera usted, que al plantearle esto recogemos un pensamiento ya muy extendido en esta Municipalidad de San José, de que su concepción de la gestión municipal no tiene ni un pizca de Humanismo; y que usted siente que los trabajadores formales, los sindicatos que les representan (especialmente, la ANEP que es el mayoritario), nuestra convención y nuestros derechos, son un “problema” para usted.

Pero como no puede cambiar esta realidad tan rápido como usted quisiera, usted ha venido impulsando una estrategia de una especie de “muerte lenta” de nuestro empleo; propiciando (como lo dijimos arriba), que se muera todo tipo de maquinaria, que no se repare nada, que se retarde al máximo la compra de repuestos por más sencillos que sean; y ahora, que venga fuerza laboral a trabajar “por hambre”, sin derechos de ninguna naturaleza y abofeteando así, a mansalva, la dignidad y la autoestima laboral del personal con empleo formal en las labores operativas y las administrativas de la institución; al punto de desconocer hasta las opciones laborales de corte profesional de que dispone la municipalidad, para salir a buscar afuera este tipo de soporte de gestión.

Tercer tema: El carácter confrontativo de su gestión en relación con el personal de la Municipalidad de San José. Usted, señora alcaldesa García Pérez, ha optado como su política central y “estratégica” de recursos humanos, el miedo. Usted ha instaurado un estilo de gestión de corte autoritario, sumamente verticalista e irrespetuoso de la dignidad laboral y profesional de su equipo de trabajo; ya no solamente del que está más cercano a su despacho, sino de toda la comunidad laboral de la Municipalidad de San José.

Es tal la atmósfera de miedo que usted ha entronizado que a la propia ANEP nos llegan relatos de situaciones de gran controversia entre usted y su equipo de trabajo, muchos de cuyos integrantes se sienten humillados por usted que los confronta constantemente y los descalifica a menudo; al punto de que no se imagina usted la gran cantidad de resentimiento y enojo que usted viene acumulando; pues la conclusión que extractamos de toda esta penosa situación, es que para usted nadie sirve; que usted considera que todo el mundo es corrupto e inútil en la institución; y que si usted pudiera, no “dejaría títere con cabeza”. Evidentemente, una gestión así está destinada al fracaso y no sabemos si usted, en verdad, quiere lograr que su gestión como alcaldesa resulte desastrosa; tanto como para desacreditar todo lo que representa la Municipalidad de San José; como si fuera una especie de estratagema para mostrarle a la comunidad capitalina, y al país, que lo público no sirve y que es lo privado lo que sirve.

En este tema de la corrupción, bien es sabido por el país cuál es la naturaleza de la ANEP, como organización que denuncia por medio de los diversos medios de comunicación, situaciones que estimamos como irregulares en la gestión de la cosa pública. En lo específico, en lo que nos ocupa al respecto en esta Municipalidad de San José, aprovechando la circunstancia de que esta misiva tiene carácter de Carta abierta; estamos haciendo una vehemente, responsable y seria instancia, a la cúpula jerárquico-profesional de la institución, a sus mandos medios técnico-operacionales, a profesionales sin responsabilidad de jefatura, a todos y a todas quienes tengan en poder información sensible y que puedan demostrar cosas irregulares, para que nos la entreguen.

Para que se la den a la ANEP, para que nosotros podamos revisarlas y lanzarlas, si corresponden, a la luz pública. La ANEP está en condiciones de garantizar la más estricta confidencialidad, la mayor y segura confidencialidad, el más estricto secreto; incluso, para autoprotegerse y hasta “curarse en salud”, si es cierto que la corrupción “está por todo lado” en esta municipalidad, como quiere hacerlo ver la señora alcaldesa.

Sin ser especialistas en Administración, la ciencia de la gestión corporativa moderna, tanto pública como privada, estriba en una complementariedad de esfuerzos integrados entre la jerarquía conductora de la gestión y el personal que plasma la misma en los niveles operativos y administrativos. Si el personal no está “enamorado” de la tarea, y si su principal figura conductual le agrede todos los días de diversa formas; no es posible obtener ningún tipo de éxito. Si usted decidió instaurar un estilo de gestión confrontacional, entonces no puede esperar otra cosa en otra dirección.

Señora alcaldesa García Pérez: Usted ha puesto a sufrir a muchas personas trabajadoras de esta municipalidad. Usted ha agredido de varias formas, la autoestima laboral y la dignidad profesional de una buena parte del personal de la Municipalidad de San José, en los más diversos ámbitos de gestión. Y usted está llegando a límites insoportables para la dignidad de la condición trabajadora de los seres humanos asalariados de esta institución.

Por eso hemos decidido incrementar al máximo nuestros esfuerzos sindicales y sociales para enfrentar el desafío provocador que implica su gestión al frente del municipio más importante del país. Pero eso hemos decidido que esta asunto debe salir a las comunidades josefinas; debe ventilarse en el nuevo escenario legislativo; debe ocupar la atención inmediata del señor Presidente electo, el señor Luis Guillermo Solís Rivera; debe hablarse de ello en toda la prensa nacional.

Por eso hemos decidido, acudir a la estrategia de la movilización sostenida como nunca antes lo pensamos y con las familias trabajadoras que su estrategia neoliberal ha puesto en peligro; sacando a las calles a los niños, a las niñas, a la juventud hija de cada compañero y de cada compañera que usted ha venido ofendiendo con este estilo autoritario de dirección; mismo que, repetimos, está causando serios problemas de salud psicoemocional a muchos de las personas trabajadoras asalariadas de la Municipalidad de San José; mismas que en su concepción neoliberal usted llamaría “colaboradores”. Parece que “la suerte está echada”.

Desde ya y por esta vía, formulamos convocatoria oficial a todo el personal municipal josefino para que forjemos la más grande coalición de trabajo para la más grande movilización laboral de toda la historia de la Municipalidad de San José. La señora alcaldesa neoliberal, doña Sandra García Pérez, no nos deja más opción.

Reiterándole nuestro respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Antonio Ortiz Fiorabanti
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Municipalidad de San José
Directivo Nacional ANEP

Aunque no hay plata la Municipalidad continúa alquilando barredoras

*¡¡¡Vuelven las máquinas barrenderas!!! *

A como vamos, ¡todos vamos para la calle!

Las máquinas barrenderas representan:

• Pérdida de nuestros empleos
• Precarización laboral
• Sobreexplotación obrera
• “Negociazo redondo” de la empresa privada
• Trabajadores al margen de la ley y de la Seguridad Social
• Fuerza de trabajo baratísima: La de los “reos” (sueldo de la cárcel) y la de los desempleados (sueldo IMAS)

¡¡¡ALTO YA!!!
¡Detengamos esta cruel privatización!
¡Defendamos nuestro empleo!

¡Alistémonos para la lucha más importante de toda la historia de la municipalidad!

El Servicio Municipal es para el bien común no para el lucro privado:

Hagámoselo saber a la señora Alcaldesa

¡¡¡NO JUEGUE CON EL SUSTENTO DE NUESTRAS FAMILIAS!!!

Compañeros y compañeras:
NOSOTROS NO SOMOS RESPONSABLES DE LA CRISIS FINANCIERA Y POLÍTICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

¿Por qué pagaremos con nuestro empleo pésimas decisiones administrativo-gerenciales?

¿Por qué, deliberadamente, dejan que “muera” nuestra propia flotilla vehicular municipal?

¿Por qué se niegan a comprar nuestro propio equipo de recolección y el de todas las áreas: limpieza urbana, parques, recolección, bacheo, hidrología y otras?

Para nosotros existe una especie de “conspiración subterránea” tendiente a privatizar todos los servicios, eliminar nuestros empleos formales y sociales; y, bajar salarios, desaparecer la convención y contratar mano de obra lo más barata posible para incrementar la tasa de ganancia del consorcio privado.

Los números no mienten: Sólo en el 2013 se gastaron en alquiler de equipo PASA, 645 millones de colones en camiones recolectores… ¡y sin contar combustibles!

Informe gerencia le dice a la alcaldía es más “rentable” alquilar ¡Claro! ¡Cómo no va a ser más rentable alquilar si pretenden privatizar contratando mano de obra, prácticamente, “esclava”: la de los reos y la de personas desempleadas de las comunidades, desesperadas por el hambre y dispuesta a trabajar en total precariedad.

¿Acaso las empresas privadas como la Coca Cola y la Dos Pinos alquilan equipo? ¡NO! Jamás alquilan equipos porque ellos tienen sus propios camiones.

Preguntas sobre PASA: ¿Quiénes son sus socios? ¿Cuál es el bufete que le representa jurídicamente? ¿Quién trajo PASA a la municipalidad, en el “gobierno” de Johnny Araya? ¿Tiene “amistades” en el sistema político”?¿Tiene “aliados” internos?

¿Qué piensa la señora alcaldesa de todo esto? ¿Cree ella que precarizando nuestras condiciones de trabajo y dejándonos sin equipo propio municipal, se hará justicia social cuando este país es el más desigual de toda la América Latina?…

¡¡¡ALERTA GENERAL!!!

Es demasiado la situación de estrés que impera en nuestro ambiente laboral, bajo el “imperio” de la señora alcaldesa, doña Sandra. Se percibe de parte de ella autoritarismo, prepotencia, soberbia, arrogancia y menosprecio a nuestra humanidad laboral… Hay alto personeros de la municipalidad que han sido tratados de “inútiles”; les humilla; les descalifica…. Desde su llegada, ha venido imponiendo la “política del látigo” y pretende que el miedo reine por todos los rincones de la municipalidad. Pensamos que “le quedó grande la camiseta”.

Preparémonos para dar la más grande lucha que jamás hayamos imaginado: Por la defensa de nuestro empleo que es el sustento de nuestras familias.

Violan derecho al voto en la UIP

El día de hoy Sábado 05 de abril, recibimos llamadas de varios funcionarios de la Fuerza Pública, quienes nos informan se les estaría limitando su derecho al sufragio, este domingo 06 de abril.

Mediante circulares oficiales, así como solicitándoles cartas formales de “renuncia” al derecho al voto, se ha intentado coartar un derecho constitucional supuestamente inviolable. Todo patrono, incluído el Estado, debe permitir que, aun en tiempo laboral, sus empleados puedan tomar un tiempo para ejercer su derecho al sufragio.

Intentamos contactar al viceministro de Seguridad Publica, Walter Navarro Romero, pero no logramos localizarlo, se le paso uno de los casos al Comisario Mario Calderón, director del DUE, el cual manifestó ordenaría las correcciones del caso.

En ANEP estamos muy preocupados por esta situación. No es posible, que aun en caso de cumplir una función de importancia, se le suprima o se le intente violentar un derecho sagrado que tenemos todos los y las costarricenses.

Falsa preocupación del Ministro Zamora por los interinos

Con toda vehemencia, indignación y molestia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza lo que catalogamos como una espuria, falsa y manipuladora “preocupación” del ministro Lic. Mario Zamora Cordero, a cargo de la cartera de Gobernación y Policía, por la estabilidad laboral del personal interino de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME); a propósito de la sistemática lucha que la ANEP ha venido librando, desde hace siete años, para que este estratégico cuerpo de policía de la seguridad nacional, tenga su primer manual de puestos de toda la historia de este importante grupo de servidores públicos. ANEP rechaza esta pose del Ministro Zamora por su carácter “demagógico-obrerista”.

El tema de los interinos de la PPME, de la estabilidad en su empleo, ha estado claro desde hace ya bastante tiempo; y no tiene legitimidad alguna la “preocupación” del Ministro Zamora, misma que consideramos falsa y que, en realidad, lo que se pretende es conservar un “orden viejo” en la ahora PPME que, según la propia Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), del Ministerio de Hacienda, está contrario a la ley.

Resulta impresionante constatar cómo es que desde su propio adentro institucional proviene el argumento más sólido para dejar en evidente esta patraña del Ministro Zamora: El honorable señor MBA. Célimo Rodríguez Pagani, Gestor de Recursos Humanos de la propia Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

El Sr. Rodríguez Pagani, en comunicación electrónica intrainstitucional de semanas atrás, indicó que “Con la implementación del Manual de Puestos para dicho cuerpo policial, no cambiaría la condición de cada funcionario, es decir, por aplicar el Manual no se obtiene o pierde la condición de si el servidor está interino o en propiedad, solamente, lo que cambia es la clase de puesto y el correspondiente salario base de la nueva clase a la cual se estaría ubicando el servidor”…; “…el cese de nombramiento interino de un servidor policial, que labore en la DGME, debe hacerse siguiendo el debido proceso, por motivos de causas disciplinarias ante situaciones de haber cometido faltas graves, …”.

¡No, señor Ministro Zamora! Si usted no quiere el manual de puestos de la PPME, si usted no quiere que el personal de la misma mejore su ingreso salarial, si usted lo que quiere es defender al “grupo de los 8”; hágalo de frente; pero no manipule las conciencias obreras de los compañeros y de las compañeras que están en condición de interinato en la PPME y que usted lo que hace, señor Ministro es amenazarles, indirecta y subliminalmente, para que no se sumen a eventuales movimientos de protesta por esta situación; movimientos que se ven venir y que la ANEP alienta y respalda.

Si ahora, luego de que “le torcieran el brazo” a la Licda. Mayra Calvo Cascante, responsable de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), se afirma que son “otros” los requisitos se necesitan para superar la condición de intinerato dentro del eventual nuevo manual; pues, crece la manipulación, la mentira y la violación a la ley pues se estarían inventando requisitos que no existen.

A final de cuentas, el Ministro Zamora quiere condenar, para siempre, a los y a las integrantes de la Policía Profesional de Migración a que nunca tengan un manual; a que no puedan obtener nunca buenas remuneraciones salariales justas y dignas; tan justas y dignas como el “grupo de los 8” que él defiende y que, en promedio, supera, cada uno, los 2 millones de colones de salario mensual.

Niegan permisos ambientales a APM Terminals

La SECRETARÍA TÉCNICA NACIONAL AMBIENTAL (SETENA) mediante Resolución N° 669-2014-SETENA del 3 de abril del 2014, dispuso no aprobar los permisos ambientales del proyecto de la Terminal de Contenedores de Moín otorgada en concesión a la empresa APM Terminals.

En el Considerando Tercero de la mencionada Resolución se indica que conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente “…se determinó que el instrumento de evaluación ambiental idóneo a solicitar a la desarrolladora (APMT) fue un Estudio de Impacto Ambiental, el cual fue presentado en tiempo y, del análisis del Departamento de Evaluación Ambiental, SE CONCLUYÓ QUE EL MISMO NO APORTA SUFICIENTE INFORMACIÓN PARA PODER DETERMINAR SI EL PROYECTO ES VIABLE AMBIENTALMENTE”.

Por otra parte, en el Considerando Quinto se señala que con fundamento en el análisis técnico del Estudio de Impacto Ambiental presentado por el desarrollador (APMT), la inspección realizada al sitio de proyecto (…) y la documentación que consta en el expediente, se determinó que el mismo NO CUMPLE con toda la información técnica solicitada…”. En el Considerando Sexto se consigna que “el Estudio de Impacto Ambiental presentado NO APORTA TODOS LOS ELEMENTOSCNICOS Y/O LEGALES NECESARIOS para poder determinar si el proyecto reúne las condiciones para ser declarado viable ambientalmente”.

Según el análisis técnico realizado al Estudio de Impacto Ambiental de la TCM y que fue presentado por la empresa APM Terminals; SE DETECTARON 509 INCONSISTENCIAS, INSUFICIENCIAS, VACÍOS Y/0 ERRORES.

No obstante lo anterior y de forma contradictoria, la SETENA resolvió otorgarle a la empresa un plazo de 6 meses para que presente “un anexo con la información y datos necesarios para poder completar el Estudio de Impacto Ambiental.” Lo correcto era ordenar de inmediato el archivo del expediente, por no ser viable ambientalmente el proyecto.

Por eso, dice SINTRAJAP, los trabajadores y las trabajadoras continuaremos vigilantes y en defensa de los intereses patrios ante los que quieren despedazar y saquear las riquezas del país entregándoselas a transnacionales como la APM Terminals.

Solicitamos a la Contraloría investigar presupuesto extraordinario del INAMU

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó el pasado martes 1 de abril, ante la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República investigar el presupuesto extraordinario con que cuenta el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para el periodo 2014, ya que resaltan ciertas interrogantes de cómo este se está realizando.

Según explicó, Germán Hernández, Promotor Sindical de ANEP, la actual administración del INAMU planteó un proyecto para ejecutar el superávit institucional en el periodo 2014, pero es el acumulado de cuatro años de gestión y asciende a un alrededor de 3.200 millones de colones. “No estamos cuestionando la ejecución de ese superávit, si no la manera en que se está haciendo”.

Hernández indicó, que la ANEP junto a su Seccional ANEP-INAMU solicitaron a la Presidencia Ejecutiva de la Institución una aclaración sobre cómo se pretende ejecutar dicho presupuesto extraordinario, sin embargo aún no han recibido respuesta alguna.

“El 7 de marzo de este año, se le solicitó a la Presidencia Ejecutiva una aclaración sobre cómo con la capacidad instalada que tiene INAMU actualmente iba a ejecutar, a parte de su Plan Anual Operativo, 3.200 millones de colones. No se ha recibido por parte del INAMU ninguna aclaración o justificación de vialidad técnica, legal o administrativa para esos desembolsos. Esto a los funcionarios les preocupa, ya que temen no poder ejecutar adecuadamente ese presupuesto extraordinario y mucho más las consecuencias y sanciones que pueden derivar de la no ejecución o subejecución del mismo”, dijo Hernández.

Por su parte, Albino Vargas, Secretario General de la ANEP, indicó que recientemente nuestra organización conoció las actas de la Junta Directiva del INAMU, 48 2013 y 1-2014, en las cuales la Presidenta Ejecutiva del INAMU presentó una propuesta inicial del plan de inversión del superávit, en la que se incluye el fortalecimiento de servicios externos.

“No se ha tomado en cuenta en las decisiones a las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, ni a sus coordinadoras y directoras en la definición y negociación de las transferencias o ejecución indirecta; es decir, los asuntos en la definición de la inversión han sido tratados con otras instituciones, organizaciones e instancias directamente por la Presidenta Ejecutiva, sin contar el personal con la información y herramientas necesarias ante una eventual ejecución de los presupuestos, colocando en un alto riesgo la posibilidad de control de los presupuestos públicos en manos de otras instituciones u organizaciones sociales”, dijo Vargas.

El Secretario General de la ANEP agregó “Las propuestas de inversión pública aprobada por la Junta Directiva del INAMU, tal y como se encuentra formulada, comprende, en su mayor parte, el traslado de recursos a otras instancias para que se compren equipo o construyan infraestructura, inversiones que no resultan coherentes con el ámbito de competencia de la institución, tal y como se puede constatar en el plan que se encuentra en el Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República para autorización”.

Una de las mayores preocupaciones de la ANEP es la situación de alto riesgo en la que se encuentran las trabajadoras y los trabajadores del INAMU, que se verían involucrados en la ejecución presupuestaria y técnica de proyectos de inversión pública, que dejan las autoridades de la Junta Directiva y la Presidenta ejecutiva del INAMU como un mandato institucional. La ley del INAMU no autoriza para otorgar recursos a organizaciones o entidades públicas para hacer efectivas las transferencias de fondos, que a su vez son transferidos al INAMU por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF).

En ese sentido, la denuncia de ANEP cuestiona si es adecuado el procedimiento mediante el cual se están presupuestando esas partidas y, si INAMU tiene la capacidad instalada para gestionarlas a terceros. Creemos que ese superávit debe ejecutarse a nivel institucional y dirigido directamente a la población de mujeres que requieren esa atención, por lo que se debe anular o rehacer de plano esa ejecución de dicho presupuesto extraordinario.

El Centro Murciélago le abrió las puertas a la ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP visitó las instalaciones del Centro de Formación Policial Murciélago, ubicado en la Cruz de Guanacaste, visita que fue muy bien percibida por los efectivos de la fuerza pública que allí se encontraban, realizando cursos de inspectores.

Dicho centro cuenta con una capacidad de albergar a 270 estudiantes. En sus instalaciones se brindan capacitaciones de especialización en lo que es: patrullaje, armas, así como el restablecimiento y mantenimiento del orden público, además, en muchas ocasiones se brinda la preparación de básicos policiales. Incluso cuerpos especializados como la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la Unidad Especial de Apoyo (UEA) se preparan en murciélago.

Tal fue el agrado de los oficiales al tener contacto con la ANEP, que muchos se quedaron en el centro para exponer sus inquietudes e interrogantes sobre el manual de puestos y los cursos de ascenso, esto a pesar de que finalizaban su internamiento y estaban preparando maleta para partir hacia sus hogares.

Dentro de las interrogantes que más resaltaron por parte de los oficiales, fueron sobre su jornada laboral, los diversos horarios que se establecen en la fuerza pública, así como el pago de horas extras, otros de los cuestionamientos planteados fue el de los cursos de ascenso, los cuales fueron paralizados por el Viceministro de Seguridad, Walter Navarro, ya que estos presentaban una serie de irregularidades que dejaban en clara desventaja a una buena cantidad de oficiales de menor rango y beneficiaba a los de mayor rango.

Posterior a la fase de consultas, y al conocer de una forma más clara la lucha de ANEP para que se respeten los derechos de los y las policías de la Fuerza Pública, así como sus beneficios; cerca de 10 efectivos decidieron establecer lazos con la ANEP y se agremiaron a nuestra organización.

Bajo un intenso calor, que rondaba los 33 grados, los policías agradecía nuestra visita a Murciélago, ya que el encuentro según estos, les sirvió para esclarecer muchas dudas que los rodeaban acerca de sus derechos laborales.

Sin embargo, no podíamos marcharnos del Centro de Formación Policial Murciélago, sin antes conversar con su encargada, Ingrid Serrano, que muy amablemente nos recibió y a la vez nos contó lo que significa como mujer estar al mando de uno de los principales centros de formación policial del país.

Con la labor cumplida nos despidos de estos oficiales de policías y de murciélago, trayendo consigo una enorme responsabilidad, defender y hacer respetar los derechos de estos hombres y mujeres que lo dan todo por el país. Reto que ANEP está dispuesta a tomar y cumplir.

La RPL no amplía el derecho a huelga, lo regula

A pesar de que la periodista de La Nación, Sofía Akepsimidis, nos consultó ampliamente sobre la cuestión del veto de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda a la Reforma Procesal Laboral (RPL, de ahora en adelante), y las verdaderas razones políticas del mismo; la nota que dicho medio publica hoy es, con todo respeto, tendenciosa y sesgada.

Con justificada molestia por tal publicación, compartimos con la honorable prensa nacional y con la no menos respetable y honorable opinión pública, lo siguiente:

PRIMERO: La RPL no amplia la huelga, LA REGULA en los términos negociados en su momento, tripartitamente, contándose con la participación activa de la Unión Costarricense Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP). Además, tal regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales, se hizo en la RPL de conformidad con los términos que exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Posteriormente, en una acción repudiable y antiética, la UCCAEP renegó de su firma en el acuerdo fundamental para viabilizar la aprobación parlamentaria de la RPL.

SEGUNDO: La huelga en servicios esenciales, en este momento, está a la libre: se supone que está prohibida, pero se hace todos los días y hemos notado que, en algunos casos, ha habido grave afectación a la vida, a la salud y a la seguridad de las personas.

TERCERO: La RPL establece que se puede hacer huelga en servicios esenciales, pero con tres condiciones: A) Reunir los requisitos de la ley. B) Tener un plan de servicios mínimos que garantice que no se afectará a las personas en lo relacionado con la vida, la salud y la seguridad de las personas. Ese plan, si no hay acuerdo entre sindicato y empleador, debe ser aprobado de previo por un juez. C) La huelga en los servicios mínimos tiene un límite máximo de duración.

CUARTO: La RPL NO CREA el derecho de huelga. Ese derecho está en la Constitución Política de Costa Rica. Lo que hace es regularla con dos finalidades: hacerla ejercible de forma legal y regulada; y atender las sucesivas condenas que la OIT ha hecho al país por tener una regulación que impide el ejercicio legal de ese derecho fundamental.

QUINTO: Sostener el veto es mantener el status quo; es decir, el ejercicio de la huelga a como se le ocurra cada sindicato. ANEP hizo huelga por 34 días en el A y A y a nadie le faltó una gota de agua, pero la huelga fue declarada ilegal; el FIT-ICE ha promovido muchas huelgas pero ninguna ha cortado la luz ni teléfonos. Por el contrario, los médicos anestesistas hicieron huelga y decidieron suspender cirugías… Preguntamos: ¿Queremos mantener este status quo?, es decir, ¿esperar a ver cuál es la “buena voluntad” de los sindicatos? Mantener el veto presidencial es, precisamente, la promoción de un tipo de huelgas “deshumanizadas”.

SEXTO: Si el veto se levanta y se aprueba la ley, todos los sindicatos tendremos que elaborar un plan de servicios mínimos que garanticen la vida, la salud y la seguridad de las personas (que es el centro de los servicios esenciales); y ese plan, si no hay acuerdo entre partes, se aprueba ANTES de la huelga por un juez. Es decir, el juez tutela a los ciudadanos antes de la huelga. Si el plan no se elabora y se van a huelga, la declaratoria de ilegalidad es inmediata y se permite la contratación de sustitutos de los huelguistas.

SÉTIMO: Si la nueva administración no levanta el veto, este será un tema central en la próxima Asamblea legislativa, donde muchos diputados apoyarán la RPL desde la perspectiva de la regulación de la huelga, por lo que sin duda consumirá buena parte del tiempo de la nueva administración y del nuevo parlamento.

OCTAVO: Le tocará al gobierno entrante dar la cara ante la próxima asamblea mundial de la OIT; organismo internacional éste que tiene a nuestro país en su más crítica valoración negativa, por su irresponsabilidad reiterada de que se pondrá al día como los compromisos laborales que asume pero que, una y otra vez, deshonra la palabra empeñada, año tras año. La RPL es una muestra más que emblemática de la “vacilada” anual que Costa Rica le pega a la OIT.

NOVENO: La Presidenta Chinchilla, que se va siendo la gobernante más desacreditada de la América Latina, vetó la RPL por las presiones del gran empresariado bananero y piñero; especialmente el primero que se expresó por medio del próximo diputado Antonio Álvarez Desanti. Fueron estos enormes intereses corporativos, algunos de corte trasnacional, los que presionaron, desmesuradamente, para que el Poder Ejecutivo se desdijera, como lo hizo la UCCAEP, del acuerdo tripartito inicial; mismo que, incluso, cínicamente dijo defender la mandataria cuando tuvo la osadía de hablar a favor de la RPL en el seno mismo de la sede mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, con ocasión de su visita a su asamblea anual del año 2012 y ostentando el cargo de Presidenta de la República.

Como podrá verse, la “información” de La Nación de esta fecha, bajo la firma de la periodista Sofía Akepsimidis, es tendenciosa y manipuladora. Repetimos: En servicios públicos esenciales, fundamentales para la vida, la salud y la seguridad de las personas, la huelga no se “amplía”; todo lo contrario, ¡se regula!

¡No contaminen la Defensoría!

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), manifiesta pública protesta ante lo que se percibe como tráfico de influencias en desarrollo en el parlamento saliente, para el nombramiento de la nueva autoridad que debe estar frente de la Defensoría de los Habitantes de la República; pues no se puede calificar de otra forma las intenciones de que un legislador o una legisladora de la presente Asamblea Legislativa, pase a dicha posición que es de contenido ciudadano, una vez concluido su término constitucional como diputado o diputada de la República, el próximo 30 de abril.

La circunstancia de que un diputado o una diputada de los que ya se van, se promocione a sí mismos entre sus propios colegas legislativos, constituye una actitud que violenta la ética política que debe privar en este delicado proceso de nombramiento para la Defensoría de los Habitantes de la República; más grave aún si tales procesos torcidos salen de la propia Casa Presidencial para favorecer a un diputado o diputada oficialista.

Condenamos que se pretenda, otra vez, contaminar a esta respetable institución con el juego de la politiquería, sacándose de la manga una candidatura diputadil que expresa, además, una flagrante burla al conjunto de ciudadanos y de ciudadanas que de buena fe y ante la convocatoria del propio parlamento, se acercaron a la comisión de nombramientos del mismo, presentaron sus currículums y se sometieron al proceso de escrutinio exigido en la ley.

En este escenario pernicioso, se impone un respeto transparente a la nómina que salió de la comisión de nombramientos del parlamento; o, en el peor de los casos, que sea la nueva Asamblea Legislativa la que haga tan delicada designación.

Rotas las negociaciones en Migración

Pese a la reiterada y tantas veces mostrada, voluntad de diálogo y de negociación, la legitima representación laboral-sindical de los intereses del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), se vio en la imperiosa necesidad de retirarse, en la tarde del día lunes 31 de marzo de 2014, de la mesa de negociación en la cual se ha venido desarrollando un delicado proceso para que en este cuerpo estratégico de seguridad de la política pública costarricense, se aplique a plenitud la Ley General de Policía, No. 7410; con la puesta en funcionamiento de un nuevo Manual de Puestos y la entrada en vigencia del reglamento correspondiente, así como la nueva estructura de la PPME; y guardando la conexidad correspondiente con la Ley General de Migración y Extranjería, No. 8764.

El retiro de la representación laboral indicada, formada por las seccionales de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME), y en la Dirección General de Migración y Extranjería (ANEP-DGME); se produce al constatarse que, nuevamente, la parte gubernamental deshonra su palabra y se incumple el compromiso adquirido el pasado jueves 27 de marzo, durante la última sesión negociadora de este largo y sinuoso proceso, acontecimiento ocurrido en el despacho del señor Viceministro de Gobernación y Policía, Lic. Freddy Montero; cuando ante la propia representación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), se quedó de que para este lunes 31 de marzo de 2014, la firma del propio ministro del ramo, el Lic. Mario Zamora Cordero, le garantizaría a la STAP y a todo el personal de la PPME, de que se harían las modificaciones exigidas por ley, a fin de que de ahora en adelante y con la entrada en vigencia del nuevo manual de puestos, la PPME se seguiría dirigiendo por policías y la estructura de la misma reflejaría este nuevo orden.

La firma del Ministro Zamora, comprometida (como indicamos), desde el pasado jueves 28 y que se constató que no se materializó, representaba una condición imprescindible para que la STAP continuara la tramitación del nuevo y primer manual en toda la historia de la PPME; colaborando esta entidad, de manera indulgente, para no generar más atrasos de lo que se ha sufrido por culpa de una especie de “boicot” de cierta cúpula institucional que ve cómo se le podría ir de las manos controles tradicionales sobre acciones migratorias bastante controversiales.

Lo que ya se veía venir, ha quedado constatado con plenitud y sin asomo de duda: NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA para implantar el Manual de Puestos de la PPME; y acusamos al Ministro Zamora de impedir esta gran necesidad de la política migratoria nacional de estos tiempos.

Para que se tenga una idea del daño que se está causando, 401 policías migratorios deben ser “sacrificados” en sus aspiraciones de mejoramiento laboral-profesional y salarial, para mantener un “status quo” a favor de 8 personas, mandos administrativos del viejo orden migratorio; mismo que debe ser sustituido porque así lo ordena la Ley General de Migración y Extranjería, No. 8764; la Ley General de Policía, No. 7410; y la propia Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

Con la ley en la mano, el personal de la PPME deberá asumir, en próximas horas, el reto más grande de toda la historia desde que existe como servicio público estratégico de la seguridad del país. Alentado por la ANEP, se espera para próximas horas un sorpresivo, intenso e impactante movimiento de presión, mismo que tendrá como epicentro el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La ANEP hace responsable de lo que suceda, de ahora en adelante, al ministro Mario Zamora Cordero.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Gerardo Mora Ordóñez, Presidente ANEP-PPME (teléfono 86 38 83 17)
Cristina Fernández Borge, Presidenta ANEP-DGME
Gelvin Montes Medina, Vicepresidente ANEP-PPME (teléfono 84 31 55 03)
Carlos Estrada Luna, Seccional ANEP-DGME
Celina Vargas Acevedo, Seccional ANEP-PPME
Leidy Arguedas Arias, Seccional ANEP-DGME
Billy Martínez Fernández, Seccional ANEP-PPME
Edwin Hernández Mena, Seccional ANEP-DGME
Dayner Piedra Ureña, Seccional ANEP-PPME
Ruth Boulak Salazar, Delegada Seccional ANEP-PPME
Germán Hernández Mora, ANEP-DGME
Ivannia Espinoza Sandoval, ANEP-PPME