CELAC: Cita en La Habana

Atilio Boron

ALAI AMLATINA, 25/01/2014.- No es un milagro, pero casi. Contra todos los pronósticos la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se va consolidando como institución “nuestroamericana” y está a punto de celebrar en La Habana su Segunda Cumbre de Presidentes. Decimos “milagro” porque ¿quién habría podido imaginar, hace apenas cinco años, que el sueño bolivariano de Hugo Chávez –sueño fundado en un impecable diagnóstico de la geopolítica mundial- por construir un organismo regional sin la presencia de Estados Unidos y Canadá rendiría sus frutos?

Para ello Chávez y quienes lo acompañaron en esta empresa patriótica tuvieron que vencer toda clase de obstáculos: la resignación de algunos gobiernos, la claudicación de otros, el escepticismo de los de más allá y la sistemática oposición de Washington, dato nada menor en la política de nuestros países. Eppur si muove, diría Galileo al contemplar la concreción de este proyecto bolivariano que por primera vez en la historia nuclea a todas las naciones de América Latina y el Caribe con la sola excepción ¡por ahora! de Puerto Rico. Sin dudas, el fortalecimiento de la CELAC como el de la UNASUR en el plano sudamericano son muy buenas noticias para la causa de la emancipación de la Patria Grande.

La Casa Blanca intentó primero impedir el lanzamiento de la CELAC, realizado en Caracas en Diciembre del 2011 con la presencia de su incansable promotor y mentor, ya atacado por el cáncer que le costaría la vida. Al fracasar en su intento el imperio movilizó a sus aliados regionales para abortar –o por lo menos, posponer para un futuro indefinido- la iniciativa. Tampoco resultó. La siguiente estrategia consistió en utilizar algunos de sus incondicionales peones en la región como caballos de Troya, para malograr desde adentro el proyecto. No avanzó demasiado, pero consiguió que el primer gobierno que ejerció la presidencia pro témpore de la CELAC durante el 2012, el Chile de Sebastián Piñera, declarase por boca de Alfredo Moreno, su canciller, que “la CELAC será un foro y no una organización, que no tendrá sede, secretariado, burocracia ni nada de eso”. ¡Un foro!, es decir, un ámbito de amables e intrascendentes pláticas de gobernantes, diplomáticos y expertos que ni por asomo pondría en cuestión la dominación imperialista en Latinoamérica y el Caribe. Y la Casa Blanca también logró, a través del militante activismo de sus principales amigos de la Alianza del Pacífico: México, Colombia y Chile, que todas las decisiones de la CELAC debieran adoptarse por unanimidad. Parecería que la “regla de la mayoría” –tan cara a la tradición política estadounidense- sólo funciona cuando conviene; cuando no, se impone un criterio que de hecho le confiere poder de veto a cualquiera de los treinta y tres miembros de la organización. Pero ésta es un arma de doble filo: Panamá u Honduras podrán vetar una resolución que exija poner fin al status colonial de Puerto Rico, pero Bolivia, Ecuador y Venezuela podrán hacer lo mismo ante otra que proponga requerir la colaboración del Comando Sur para combatir al narcotráfico.

El segundo turno presidencial de la CELAC, durante el 2013, recayó en Cuba, y el presidente Raúl Castro Ruz dio pasos importantes para desbaratar las maquinaciones del canciller chileno: se avanzó en la institucionalización de la CELAC y se creó el embrión de una organización que para esta próxima Cumbre pudo elaborar 26 documentos de trabajo, algo que ningún foro hace. Algunas propuestas, como la declaración de América Latina y el Caribe como una “Zona de Paz” serán objeto de un sordo debate porque no se trata sólo de evitar la presencia de armas nucleares en la región ¿cómo saber si ya no las hay en la base de Mount Pleasant, en nuestras Islas Malvinas? sino también de utilizar el recurso de la fuerza para dirimir conflictos internos. Este tema hace subrepticia alusión a la tradición intervencionista de Washington en Latinoamérica y a la presencia de sus 77 bases militares en la región, cuyo propósito es exactamente ese: intervenir, cuando las condiciones lo aconsejen, con su fuerza militar en la política interna de los países de la región complementando la abierta intervención que ya Washington realiza en todos ellos.

Recuérdese, para poner un ejemplo bien didáctico, el decisivo papel de “la embajada” para determinar el ganador de la reciente elección presidencial en Honduras. El tema, como se ve, será uno de los más urticantes y divisivos porque hay gobiernos, y no son pocos, que no sólo toleran la presencia de esas bases militares norteamericanas sino que, como Colombia, Perú y Panamá, las reclaman.

Otro tema potencialmente disruptivo es la aprobación de la propuesta venezolana de integrar a Puerto Rico a la CELAC lo cual es absolutamente lógico teniendo en cuenta la historia y el presente de ese país, así como su cultura, su lengua, y sus tradiciones pero que probablemente suscite reservas entre los gobiernos más cercanos a Washington para quien Puerto Rico es un innegociable botín de guerra. Una guerra cuya victoria les fue arrebatada a los patriotas cubanos y merced a lo cual con la apropiación de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas, la Roma americana iniciaría su ominoso tránsito de la república al imperio. Se descuenta, en cambio, un apoyo unánime para el reclamo argentino en relación a las Islas Malvinas, al levantamiento del bloqueo a Cuba y para otras propuestas tendientes a reforzar los vínculos comerciales, políticos y culturales. Se sabe que Ecuador presentará una propuesta de repudio al espionaje que realiza los Estados Unidos y de desarrollo de una nueva red de comunicaciones en la Internet a salvo de la interdicción de Washington; y que es probable que se aprueben propuestas concretas en relación al combate a la pobreza y que se examinen alternativas para consolidar el Banco del Sur y, eventualmente, para crear una gran empresa petrolera latinoamericana, tema sobre el cual el presidente Chávez había insistido una y otra vez.

La transición geopolítica internacional en curso, y que se manifiesta en el desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial hacia el Asia-Pacífico; la declinación del poderío global de Estados Unidos; el irreparable derrumbe del proyecto europeo; la persistencia de la crisis económica estallada a fines del 2007 y que sólo parece acentuarse con el paso del tiempo y la permanencia de un “orden” económico mundial que concentra riqueza, margina naciones y profundiza la depredación del medio ambiente han actuado como poderosos alicientes para remover la inicial desconfianza que muchos gobiernos tenían en relación a la CELAC. El acuerdo logrado en Caracas en 2011 establecía que una troika se haría sucesivamente cargo de la presidencia durante los primeros tres años: comenzó Chile, siguió Cuba (ratificando el repudio continental al bloqueo estadounidense y su propósito de aislar a la Revolución Cubana) y al terminar esta Cumbre la presidencia se trasladará a Costa Rica. Este país, incondicional aliado de Washington, deberá afrontar unas decisivas elecciones el próximo 2 de Febrero, cuando por primera vez en décadas la hegemonía política de la derecha neocolonial costarricense estará amenazada por el ascenso de un nuevo y sorprendente actor político: el Frente Amplio. La actual presidenta, Laura Chinchilla, por largos años funcionaria de la USAID, garantizaba con el triunfo del oficialismo la “domesticación” de la CELAC y el retorno al proyecto acunado por Sebastián Piñera y expresado con total descaro por su canciller. Pero todas las encuestas dan por sentado que habrá una segunda vuelta y allí el discurso y las propuestas bolivarianas del candidato del Frente Amplio, José M. Villata, podrían catapultarlo a la presidencia de Costa Rica. Por supuesto, al igual que ocurriera pocos meses atrás con las elecciones presidenciales en la vecina Honduras todo el aparato de inteligencia, manipulación mediática y financiamiento de los partidos amigos ha sido ya puesto en marcha por Washington, para quien una derrota de la derecha neocolonial costarricense sería un revés de amplias repercusiones regionales. Si tal cosa ocurriera, la CELAC podría dar un nuevo paso hacia su definitiva institucionalización, algo que América Latina y el Caribe necesitan impostergablemente.

Dr. Atilio A. Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina. Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2013. www.atilioboron.com.ar Twitter: http://twitter.com/atilioboronFacebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=596730002

Trabajadores obligan al Concejo Municipal a oírlos

Es grande, muy grande, la incertidumbre laboral que existe en la Municipalidad de San Ramón por la inestabilidad en los puestos de trabajo.

Hace un par de meses el Concejo Municipal aprobó, en voto dividido, un Manual de Puestos cargado de vicios, tanto que hasta la Auditoría Interna se opuso al mismo. Sin importar esto, ni tampoco el rechazo que demostraron las y los trabajdores de la Municipalidad, el Concejo y la Alcaldía lo implementaron y ahora el problema es mayor.

Muchos trabajadores vieron reducidos sus salarios, principalmente los interinos, que aceptaron esto a cambio de poder recibir su plaza en propiedad, la cual no ha llegado por los mismos problemas que tiene dicho manual.

La crispación social llevó a un grupo grande de trabajadores y trabajadoras a solicitar audiencia con el Concejo el pasado martes, la cual quería ser negada por los regidores del partido Liberación Nacional y del Movimiento Libertario. Se estaban solicitando sólo unos minutos para hacer la exposición de las preocupaciones del personal, pero aún así no querían dar espacio para la pequeña audiencia.

Tuvo que realizarse una manifestación dentro del mismo salón del Concejo para que estos regidores entendieran la importancia y el malestar que vive el personal. Se logró obtener la palabra y además se convocó para una audiencia especial el día viernes 24 de enero.

Trabajadores, trabajadoras y la ANEP estarán presentes este viernes para exigir acciones concretas para arreglar ese manual de puestos y lograr la estabilidad prometida para el personal.

Johnny Araya deshonra su palabra y deja plantada a la ANEP

Pese a que el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Johnny Araya ya había confirmado su participación en el Consejo Consultivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleado Públicos y Privados (ANEP) con los principales candidatos presidenciales, en donde se expondrán temas de vital transcendencia para el país. Esta tarde el candidato verdiblanco canceló su participación al evento de este viernes en el Costa Rica Tenis Club.

Para Albino Vargas, Secretario General de la ANEP la decisión del candidato verdiblanco de no asistir al encuentro, al cual sí asistirán el candidato presidencial por el Partido Frente Amplio (FA), José María Villalta y el candidato presidencial por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Luis Guillermo Solís, es una decisión que deja claro que “el capital bananero le torció el brazo a Araya”.

“Lamentablemente nos acabamos de enterar que el señor Antonio Alvarez Desanti es el que esta diciendo que Johnny (Araya) no puede ir al evento de la ANEP, contradiciendo a Walter Coto (del Comando de Campaña del PLN) que todavía ayer (miércoles) a las 5:00 p.m. confirmó que en la agenda del candidato se encontraba la participación al encuentro de nuestra organización. Creo que a última hora el capital bananero no lo dejó ír, con la intención que Johnny (Araya) no asumiera un compromiso con la Reforma Procesal Laboral”, manifestó Vargas.

Para el secretario de la ANEP, la cancelación de Araya a última hora hace ver que en la campaña del verdiblanco va a mandar la agenda del capital y no la agenda de lo social. Además recalcó que con esta decisión se le hace un gran desagravio a una gran cantidad de gremios de la administración pública organizados en la ANEP.

“Queda en evidencia que el planteamiento de Johnny (Araya) de unidad nacional y convergencia es pura demagogia, pero nos alegramos que haya sido así, porque ha quedado completamente desenmascarado. Ahora la ANEP puede exhibir ante el electorado lo que pueden esperar de un candidato presidencial que no puede honrar su palabra, que cuando el capital le golpea la mesa corre hacer lo que le dicen”, manifestó Vargas.

El Partido Liberación Nacional justificó la ausencia de Araya manifestando que ya tenía una conferencia de prensa pactada para este viernes por la mañana. Sin embargo Albino Vargas, Secretario General de la ANEP dijo que la invitación al candidato liberacionista fue enviada hace 30 días y la asistencia a Consejo Consultivo Nacional de la ANEP  fue confirmada días atrás por Walter Coto del Comando de Campaña del PLN.

“Es una escusa vulgar decir que no puede asistir por choque de agenda cuando tenemos más de un mes de estar coordinando a través de Walter Coto su presencia en el evento de la ANEP. De verdad que lo condenamos vehementemente y que cada elector tome su cuenta a la hora de emitir su voto, especialmente a aquellos dirigentes de la ANEP que son liberacionistas y estarán en el evento”, finalizó Vargas.

El Consejo Consultivo Nacional de la ANEP se realizará este viernes 24 de enero a partir de las 9:00 de la mañana en el Costa Rica Tennis Club, en Sabana Sur. Con la ausencia de Araya ahora serán dos las presentaciones individuales, el orden expositor será el siguiente: De 9:45 a.m. a 10:45 a.m., Luis Guillermo Solís  Rivera, del Partido Acción Ciudadana (PAC). De 12 mediodía a 1 de la tarde, José María Villalta

La actividad en su parte medular, será conducida por la Dra. Juliana Martínez  Franzoni, prestigiosa especialista en políticas públicas sobre la Salud y la Seguridad Social; y por el MSc. Mauricio Castro Méndez, notable especialista en Derecho Laboral, de mucha credibilidad en su campo.

Ambos se encargarán de la fundamentación de las diferentes interpelaciones que se le harán a los candidatos Solís, Araya y Villalta en tres campos: 1) Reforma Procesal Laboral (RPL). 2) Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). 3) Transformación Tributaria Estructural. Ambos compartirán con el auditorio presente y a modo de conclusión, lo que estiman como los aspectos más destacados de las tres presentaciones.

La actividad contará con la presencia de delegados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), quienes se encargarán de supervisar que no se presente ninguna  manifestación de apoyo hacía los candidatos, con el fin de resguardar la objetividad del evento. 

ANEP solicitó presencia del TSE para evento con candidatos

La ANEP solicitó ayer formalmente al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la presencia de sus delegados en el evento denominado “POR UN VOTO INFORMADO, CRÍTICO Y ÚTIL”, con la presencia de los candidatos presidenciales Luis Guillermo Solís Rivera, Johnny Araya Monge y José María Villalta Florez-Estrada. Los tres han confirmado su participación. El señor Solís, de 9:30 a 10:30; el señor Araya, de 10:45 a 11:45 a.m.; y el señor Villalta, de 12 m., a 1:00 p.m.

La ANEP considera que la presencia del TSE refuerza el compromiso de nuestra organización para que el evento sea de pleno respeto, sin ningún atisbo de proselitismo propagandístico y sin interferencias. La ANEP espera que en este día se nos confirme la presencia del TSE.

El evento tendrá lugar mañana viernes 24, a partir de las 9 de la mañana, en el Costa Rica Tennis Club, en La Sabana. Los candidatos indicados intervendrán, individualmente, por separado y en el orden indicado, con relación a tres temas puntuales que han venido siendo trabajados por la ANEP durante bastante tiempo y que a juicio de la organización repercuten en la calidad de vida de la clase trabajadora: La Reforma Procesal Laboral (RPL), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Transformación Tributaria Estructural (comúnmente denominado como el déficit fiscal).

En la actividad estarán presentes unas 600 personas dirigentes sindicales representativas de los diferentes gremios componentes de la ANEP, así como representantes de organizaciones amigas.

La ANEP agradece, profundamente, a los respetados y diferentes medios de comunicación colectiva, su valiosísimo aporte dando cuenta de este esfuerzo de corte laboral, prácticamente excepcional en esta campaña electoral.

Memorando del miedo

Quienes estuvimos intensa y sumamente inmersos en el proceso del “No al TLC”, tenemos muy fresco en nuestras mentes dos destacados aspectos del mismo que, de un modo u otro, incidieron en su resultado final.

Por un lado, la gigantesca irresponsabilidad manipuladora, en total impunidad, de varias de las más “connotadas” firmas encuestadoras (especialmente, la preferida por el más relevante latifundio mediático de la oligarquía neoliberal-financiera). Por otro, la actitud parcializada y cómplice del magistrado Sobrado, del tribunal electoral nacional (el que todavía sigue presidiendo) a favor del “Sí” y, por ende, del gobierno de Oscar Arias.

Especialmente, “notoria” fue la ausencia de acción de Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para actuar con la ley en la mano contra los autores del “Memorandum del Miedo”, el entonces Vicepresidente Kevin Casas y el sobrino del Presidente Arias, diputado en ese momento, señor Fernando Sánchez (hoy todavía embajador de Costa Rica en el Estado Vaticano).

Viene a nuestra mente este nefasto precedente en contra de la libre expresión democrática del voto, producto del secuestro mental de miles de mentes obreras en los cerrados, por ejemplo, grandes centros fabriles; con la situación que se está presentando en estos momentos, a partir de la ofensiva, también de corte antidemocrático, en igual sentido: secuestrar mentes y avasallar conciencias para impedirles la libre expresión democrática del voto, a propósito del proceso electoral en desarrollo que culminaría el domingo 2 de febrero (porque puede haber segunda ronda).

No se trata de salir en defensa de una determinada elección presidencial ni, particularmente, de la que está siendo afectada directamente por una nueva versión de la “campaña del miedo”.

De lo que se trata es de que no es posible tolerar que el TSE no asuma posiciones más contundentes y drásticas en este caso, como lo sería actuar ya, con la ley electoral en la mano que le da lo suficiente para abrir un proceso, y acusar penalmente, antes del domingo 2 de febrero, al líder de ese grupo corporativo-empresarial de corte conspirativo e ilegal, el señor Tomás Dueñas. Este señor está a la cabeza de tales acciones empresariales en contra de la libertad de conciencia a la hora de emitir el voto. Y esto bien podría conceptuarse como una especie de fraude electoral.

Porque la verdad sea dicha. Existen muchas formas de materializar un fraude electoral y la coacción, la intimidación, la mentira, la infamia, la amenaza y el miedo (factores claves para que el “Sí” se impusiera en el “frauduréndum” del 7 de octubre de 2007), también son mecanismos para la gestación y eventual materialización de un fraude.

Particularmente pensamos que hubiera sido mejor que el señor Sobrado se hubiera largado del TSE luego de su bochornosa y parcializada actuación en el caso del “frauduréndum” del TLC. Ahora reafirmamos que sigue siendo factor de gran preocupación que él esté en ese cargo, en estos intensos momentos de agresión psicológico-emocional y psicosocial-cívica que ya están sufriendo miles de votantes de la clase trabajadora asalariada, a quienes vilmente se les está mintiendo y coaccionando. ¡Igualitico que en la campaña del TLC con Estados Unidos! Si lo que se quiere es un escenario altamente polarizado y conflictuado, entonces habrá que dar el paso adelante con la intensidad requerida.

El policía tiene derechos y necesita su familia

Como funcionario público y miembro de la Fuerza Pública siempre defendimos la verdad y procuramos la ética en la función policial, con esto nos ganamos el respeto y la amistad de unos, pero igual la enemistad y el malestar de otros, por supuesto de quienes gustan de estar al margen de la ley.

La vida nos puso en un nuevo reto de defender los derechos laborales de nuestras y nuestros compañeros trabajadores de la Fuerza Pública, y en esta nueva “aventura” igual nos ganamos el favor y/o reconocimiento de unos, y el desprecio de otros, empero una vez más tenemos la convicción de que la voluntad de Dios, fue la que nos puso en la ANEP, para que a partir de nuestras propias vivencias y de su direccion, podamos ser la voz de muchos y muchas que callan por temor.

Como policía fuimos muchas veces amenazados, e intentaron “bajarnos el piso” algo que no consiguieron, como dirigente sindical posiblemente lo intenten.

De manera confidencial, una fuente a la que guardamos la identidad, nos comentó que según un alto jerarca que se siente incómodo con nuestra participación en ANEP, pretende deslegitimarnos por según él haber representado a un par de oficiales que serían investigados por presuntos hechos delictivos, lo cual nos tiene sin cuidado, porque nuestras actividades son de representación de los derechos laborales, y no tenemos la obligación de conocer que un funcionario esté siendo investigado por otras circunstancias.

Hemos “levantado la voz” de forma respetuosa sin gritar, sin ofender, sin descuidar nuestro valor de defender la verdad, procurando se favorezca a un gremio, históricamente olvidado, un gremio que asumió desde la abolición del ejército, (artículo 12 Constitución Política) velar por la seguridad de la nación y de sus habitantes.

El rezago en las condiciones de las y los trabajadores de la Fuerza Pública, data de varias administraciones, sin embargo hemos logrado mediante nuestra participación y las acciones desarrolladas por nuestra organización, impulsar el inicio del cambio, y resolver en favor de las y los policías el derecho al pago de días feriados y de horas extra.

El Estado debe ser garante de derechos constitucionales como:

Artículo 50, “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Acá en la querida Fuerza Pública, como ya hemos escrito, se creó un manual de puestos, con muy buenos ingresos para unos, “los de arriba” esto no es malo, lo cuestionable es la no implementación de uno igual, para los otros, “los de abajo”; además sigue señalando la Constitución, “toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho”, ¡Legitimada!!!

Artículo 51- “La familia como elemento natural y fundamental de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado”.

Por esto es inadmisible que se considere que las y los Policías no tengan este derecho constitucional, y que por la simple razón de ser parte de la Fuerza Pública tengan que ser removidos a cualquier parte del país, sin que se consideren las repercusiones que esto genera a las familias de nuestros compañeros y compañeras.

Sin ningún sentido lógico, o método científico más que ser afín a quien tiene la “sartén por el mango”, o no serlo, es que se traslada a un funcionario que a pesar de venir haciendo las cosas bien, que trabaja en armonía con la comunidad y sus colaboradores, que según los números redujo el índice delictivo, de la delegación de Tibás, a la de Talamanca!!! Sin derecho al “berreo” porque según dicen los que tienen en este momento sumergido al Ministerio de Seguridad en una de sus peores épocas, desde el punto de vista de afectación emocional, (con varios suicidios), para eso ellos ganan bien.

Que importa la familia, que importa o que sienta o piense, pero señores, si no les ha bastado con los últimos acontecimientos, serán ustedes responsables solidariamente en el momento que suceda una tragedia mayor, puede que la persona no se haga daño, puede que decida hacerlo a otros, y no pueden decir que no les hemos advertido.

Peor aún que nos indican algunos de nuestros afiliados, que ahora cuando algunas y algunos acuden a psicología en busca de ayuda, la recomendación es “usted cuando buscó trabajo sabía a qué venía, si no le sirve renuncie”, acaso cuando alguien entra al Ministerio de Seguridad firma renunciando a sus derechos?, o acaso por firmar un contrato se renuncia a la dignidad’, al derecho a la familia, al derecho a la salud? No les parece suficiente con las últimas tragedias.

Nosotros no defendemos “corruptos” defendemos el bien común y la justicia, “La verdad es el bien, la verdad es la vida”. Servir es un honor.

Policía Penitenciaria tomó la Ruta 27 para exigir mejora en salarios y condiciones laborales

Tal y como fue anunciado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la semana anterior y bajo el lema “El 20 en la 27”, este lunes decenas de Policías Penitenciarios se manifestaron en las inmediaciones del Centro Penitenciario La Reforma, ubicado en San Rafael de Alajuela, así como en la Ruta 27, para exigir mejoras salariales y el pago en sede administrativa de las grandes deudas salariales por concepto de Disponibilidades laborales.

La manifestación de este lunes fue enmarcada por la gran unión mostrada por los diversos grupos de la Policía Penitenciaria, ya que en esta ocasión a la movilización se unieron efectivos del Complejo Penitenciario La Reforma, Centro de Atención Institucional (CAI), “Gerardo Rodríguez Echeverría” (más conocido como “El Virilla”), así como personal del CAI de San Sebastián y San Ramón. Dejando en evidencia el malestar a la violación de sus derechos laborales, así como a las condiciones infrahumanas a las que es sometido este cuerpo policial.

Precisamente Albino Vargas, Secretario General de la ANEP destacó la gran unión y apoyo que se mostró en la movilización de este lunes y recalcó la necesidad de mejorar las condiciones salariales para el personal de la Policía Penitenciaria, por lo que resaltó los dos pilares del movimiento sindical, los cuales dijo; deben ser abordados de forma inmediata por parte del Gobierno de la República.

“Dos son los puntos centrales del movimiento. El primero recae en la equiparación salarial de la Policía Penitenciaria con la Fuerza Pública, a partir del nuevo manual de puestos que genera aumentos salariales sustanciales para sus integrantes, especialmente para los oficiales rasos. El segundo punto es que el Gobierno firme un acuerdo para que en sede administrativa se paguen las deudas por Disponibilidad”, manifestó Vargas.

Este último punto enmarcado en la histórica sentencia judicial que la ANEP ganó en la persona del policía penitenciario Gerardo Cascante Vargas, actual Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Por su parte Lucrecia Alvarado, Integrante de la Junta Directiva de la ANEP y de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria manifestó que son muchos los sentimientos que los aquejan, pero están centralizados en los dos puntos mencionados.

“Hoy el movimiento tiene mucho más fuerza, estamos viendo a un Policía Penitenciario indignado, que se levanta y dice aquí estamos, no más abusos. Por eso luchamos en el tema de salarios, horas de descanso, el pago de horas extraordinarias, además de que no se nos reconocen las carreras universitarias, a todo esto se suma que las condiciones de trabajo son insalubres y riesgosas. Nosotros sabemos que entramos pero no sabemos si salimos”, Manifestó Alvarado.

Otro de los puntos a resaltar de la manifestación de este lunes por parte de la ANEP y la Policía Penitenciaria fue el apoyo de las jóvenes fuerzas de este cuerpo policial que no dudaron en darle el apoyo a sus compañeros y dijeron presente al movimiento.

Este fue el caso de la joven Viviana Madrigal, destacada en el Centro Penitenciario La Reforma y que cuenta con tan solo tres meses de laborar para la Policía Penitenciaria, sin embargo pese a su corto tiempo de laborar en el sistema penitenciario su consigna es clara; apoyar a sus compañeros y buscar la equidad salarial que también beneficie a las nuevas generaciones de este cuerpo policial.

“Nosotros como nueva generación queremos apoyar a nuestro compañeros, entendiendo también que este movimiento es beneficioso para asegurar nuestros derechos laborales y es justo que se nos reconozca nuestro esfuerzo y entrega por la seguridad del país. En esta marcha pacífica hay un apoyo completo, si un compañero es el afectado, todos somos los afectados”, indicó Madrigal.

Incluso algunos conductores que transitaban al momento de la manifestación en la Ruta 27 bajaron de sus vehículos para brindar todo el apoyo a estos oficiales que día a día ponen en riesgo su vida a cambio de condiciones laborales infrahumanas y desiguales con respecto a otros funcionarios públicos.

No cabe duda que el movimiento sindical encabezado por la ANEP y la Policía Penitenciaria va en aumento y cada vez más efectivos de este cuerpo policial se unen en la lucha para exigir una equidad laboral.

Fondo de Ahorro de AyA retiene utilidades a trabajadores

Queremos externarles nuestra preocupación por sus repetitivos argumentos sobre el atraso en el pago de las utilidades correspondientes a quienes con un gran esfuerzo ahorramos, mes a mes, un 5% de nuestro salario al Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía (FARG).

Creemos que existe mala intención sobre quienes necesitamos de esos recursos económicos para satisfacer las diferentes necesidades.

Es sabido que en la actualidad el área contable del FARG, cuenta con dos funcionarias para realizar los cierres contables, la Licda. Kathia Camacho Jiménez y la Licda. Julieta Guillén Alvarado. Esta última recientemente reclasificada para dicha área.

No obstante, según las políticas para reasignaciones individuales de puestos, deben transcurrir como mínimo seis meses entre el momento en que se inicia el cambio en las actividades y responsabilidades del puesto.

ANEP insiste en señalar la mala intención porque ustedes indican que hay 5 meses de atraso por falta de un contador. Algo que no es verdad porque hace más de 6 meses, debido al traslado de la Licda. Ivon Mata Núñez a otra dirección, fue trasladada la Licda. Guillen Alvarado al área contable para cubrir las funciones en conjunto con la Licda. Camacho Jiménez.

Entonces nos preguntamos:

¿Por qué existe atraso si siempre ha habido dos personas en el Área Contable?

¿Cómo es que ustedes no se preocupan más bien por verificar si hay incumplimiento de deberes?

¿Cómo es que ustedes permiten atrasos sin hacer nada para evitarlo?

¿Por qué insisten en responsabilizar a la administración superior?

Además, también existe un cronograma para cierres contables aprobado por la Junta Administradora del FARG, mediante el cual se establece un máximo de 13 días hábiles para concluir el proceso de los cierres contables. (Adjuntamos cronograma)

Respetables señores: no quisiéramos pensar que hay una especie de “complot” para cobrar tiempo extra, algo que podría resultar rentable tomando en cuenta que el año pasado tan solo a la jefatura de contabilidad se le pagó cerca del millón de colones en horas extras para que pusiera al día la contabilidad. Habiendo podido realizar dichos cierres en horario regular. Esto se puede constatar en Recursos Humanos. ¿Qué es lo que ahora pretenden, que se sigan desperdiciando vanamente los recursos en horas extras, siendo un hecho comprobado que los cierres pueden realizarse en horario regular?

ANEP INSTA A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR A VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SU TRABAJO, PUESTO QUE EL A Y A ES QUIEN PAGA MES A MES SUS SALARIOS. Y QUE NO SE SIGA PERJUDICANDO MÁS A LOS AFILIADOS DEL FARG CON EL MISMO ARGUMENTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

Policía Penitenciaria va con mucha firmeza a su segunda manifestación

El próximo lunes 20 de enero de 2014, tendrá lugar la segunda manifestación de integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, dando continuidad a la exitosa e inicial protesta efectuada el pasado lunes 13, en la cual la mayor participación fue de personal destacado en los centros San Sebastián y “El Virilla”.

Para este lunes 20 se espera un número mayor de huelguistas, casi todos pertenecientes a policías penitenciarios destacados en los centros penales del denominado “circuito” Reforma; integrado por el Complejo Penitenciario La Reforma propiamente dicho, el Centro de Atención Institucional (CAI) San Rafael, Centro de Atención Institucional (CAI) Adulto Mayor y el Centro de Atención Institucional (CAI), “Gerardo Rodríguez Echeverría” (más conocido como “El Virilla”).

A todos estos manifestantes se unirán delegaciones de policías penitenciarios provenientes de los centros San Sebastián, El Buen Pastor y otros. Además, se esperan protestas similares en las afueras de varias cárceles regionales.

Este lunes 20 de enero, en algún momento de la mañana, los y las manifestantes caminarán hasta la ruta 27 y en algún momento de la protesta ésta podría ser bloqueada parcial y/o totalmente.

Recordemos que dos son los puntos centrales de la protesta en desarrollo: Equiparación salarial con la Fuerza Pública y pago en sede administrativa de las grandes deudas salariales por concepto de Disponibilidades laborales y a partir la histórica sentencia judicial que la ANEP ganó en la persona del policía penitenciaria Gerardo Cascante Vargas, actual Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

El enganche del salario médico no permite mejores salarios para los peor pagados

El próximo lunes 20, muy probablemente, se sabrá de cuánto será el reajuste salarial por costo de vida para el primer semestre de 2014, valedero para el sector Público.

En el marco de esta discusión iniciada el pasado jueves 9 entre el Gobierno y los sindicatos, sus ministros de Estado en las carteras de Trabajo y de Hacienda, señores Olman Segura Bonilla y Edgar Ayales Esna, respectivamente; firmaron conjuntamente una carta que podríamos considerar “histórica”, dejando constancia escrita de lo que ningún otro gobierno anterior se atrevió a oficializar, al darnos la razón de un reiterado planteamiento sindical nuestro, en torno a lo que se ha venido conocimiento como el “desenganche”.

Ambos ministros, en carta que dirigen a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), misma que incluye a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), “sin pelos en la lengua” suscriben la siguiente afirmación: “…cada vez que se genere un aumento o reajuste en los salarios de los funcionarios del sector Público, incluso a los de las clases laborales más bajas, automáticamente el grupo del sector salud (médicos, enfermeros, microbiólogos, etc.) reciben un aumento salarial, el cual se calcula con base en la fórmula establecida en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No. 26944-MTSS-S del 22 de mayo de 1998”.

Aunque representa un paso positivo que el Poder Ejecutivo reconozca que esta situación impide que, por ejemplo, un policía penitenciario o una señora que labora en los CEN-CINAI (para citar solamente dos de la serie de puestos que ellos aceptan como los de las clase laborales más bajas, “enganchados” a la ley salarial médica), no tengan opciones para que reciban mejores aumentos semestrales y mayor justicia salarial; se quedan cortos porque no apuntan a cómo resolver la situación.

La tal fórmula a que hacen alusión los ministros de Trabajo y de Hacienda, sustentada en el indicado decreto ejecutivo mismo que, a su vez, se basa en la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas”; implica que si al policía carcelario citado se le reajustara su salario base en mil colones, al médico hay que darle casi que 4 mil.

Esto resulta paradójico en un gobierno que ha “pegado el grito al cielo” en cuanto a que, según su visión, buena parte del déficit fiscal es debido a sistemas salariales de “privilegio”. Si esto fuera cierto en un ciento por ciento, entonces, cuál es la razón para no propiciar la necesaria reforma legal que independice, que corte, que rompa la vinculación de las revaloraciones salariales para las policías del Gobierno Central (para citar solamente uno de los puestos involucrados), del impacto de tales revaloraciones (generales y gremiales), en el salario base del personal médico nacional.

Esta modificación legal es lo que llamamos el “desenganche” y no representa ni un solo centavo menos en el salario actual que percibe todo el personal médico nacional, de todas las especialidades. Esperaríamos que en la próxima sesión “negociadora” sobre el tema salarial del sector Público, quede absolutamente claro qué van a hacer como Gobierno para el “desenganche”.