Se calienta el sector municipal en el país.

La ANEP, como organización sindical que ya aglutina a la mayoría del personal de las municipalidades de Costa Rica, tiene en preparación la realización de un gran movimiento nacional para protestar, con toda energía, contra el acoso político que sufre este conglomerado laboral estratégico para el desarrollo democrático de nuestra nación; acoso proveniente tanto de las propias alcaldías como de regidores y de regidoras de los diferentes concejos.

Está por ser definida la fecha así como el carácter del evento; mismo que podría ser de dos formas: en cada cantón, en expresión de calle en las principales vías del mismo; o bien, un solo evento nacional en la ciudad de San José, para desplegar una magna concentración nacional. También pudiera darse una combinación de ambas formas de manifestación.

En el entretanto y en las próximas horas, detallamos los ámbitos de conflictos laborales en desarrollo:

MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE: Luego de dos días y medio de movimiento, realizados los días martes 6, miércoles 7 y la mañana del jueves 8 de agosto en curso; hoy lunes 12 y desde las 2 de la tarde, en la sede de tan entidad, ubicada en la comunidad de Quepos, habrá una ronda de negociación para evitar la agudización del enfrentamiento de la alcaldesa con su personal. Cuatro semestres sin reajuste salarial, pago de consultorías legales para despedir a parte del personal, cierre del servicio de Policía Municipal y desconocimiento de la Convención Colectiva de Trabajo, generaron las condiciones para este conflicto.

MUNICIPALIDAD DE TIBÁS: Paro de labores mañana martes 13 de agosto. Las 204 personas trabajadoras de esta institución, fueron demandadas con base en un acuerdo del Concejo Municipal, desdiciéndose este mismo organismo de un respaldo al proceso interno de modernización de la estructura administrativa, mismo que fuera recomendado por la propia Contraloría General de la República. Además, el concejo actual rompió la negociación salarial y desconoció a la Junta de Relaciones Laborales. En 24 años de procesos de negociación salarial algo semejante no había ocurrido. Adicionalmente, el 30 % del personal de la Municipalidad de Tibás está en condición interina por más de tres años, violentándose así el Código Municipal.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA: A un mes de un movimiento de presión de tres días, este martes 13, habrá un proceso de mediación ejecutado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), tratando de evitar que haya una reedición del conflicto laboral por las anualidades. Algunas de las figuras políticas claves del Concejo de Santa Ana se niegan a una negociación y, por ende, parecen preferir el conflicto abierto, desconociendo la voluntad de diálogo y de búsqueda de acuerdos de su personal.

La ANEP estima que el personal municipal del país merece un trato digno y que las autoridades políticas de los municipios del país deben comprender que en Costa Rica hay un Estado de Derecho que se debe respetar, mismo que también tiene un fuerte contenido de justicia laboral que en no pocos gobiernos locales se quisiera desconocer. Por eso se va hacia un gran MOVIMIENTO NACIONAL MUNICIPAL.

Seccional ANEP-Correos lucha por pago salarial de los asuetos.

Licenciada
Ana Lorena Brenes Esquivel
Procuradora
Procuraduría General de la Republica

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Por este medio, solicitamos criterio de parte de la Procuraduría General de la República referente a los asuetos de ley emitidos por Casa Presidencial, a raíz de las visitas de los mandatarios de Estados Unidos y de la República de China.

En los decretos se establecen que los ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas y empresas del Estado de la Gran Área Metropolita (GAM) y sus alrededores cerraban para brindar fluidez y seguridad a tan distinguidas personas.

En Correo de Costa Rica S. A. siendo una empresa del Estado, no se cumplió con lo que estable el decreto y se laboró normalmente, por lo que creemos que les corresponde el pago doble del día laborado, lo cual las autoridades de Correos no quieren cancelar a sus trabajadores.

En lo que interesa, en varios documentos oficiales de la Contraloría de la República se desprenden los siguientes términos:

El Dictamen N. C-279-98 de 21 de diciembre de 1998, emitido por la Procuraduría General, el cual hace referencia a la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica S. A. Con el ánimo de dar respuesta a la temática planteada, se considera pertinente considerar lo siguiente:

Sobre la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica S.A.

Mediante Ley N. 7768, de 24 de abril de 1998, se promulgó la Ley de Correos, responsable de la transformación de la Dirección Nacional de Comunicaciones (antes dependencia del Ministerio de Gobernación y Policía), en un ente denominado Correos de Costa Rica S.A.

De conformidad con esta Ley su naturaleza es de sociedad anónima; perteneciendo su patrimonio y capital social de forma íntegra al Estado.

Por la actividad misma que le ha sido encomendada, por la figura de organización bajo la cual se creó y por el origen de los recursos que conforman su capital, ha sido amplio el análisis que se ha desarrollado en torno a su naturaleza jurídica.

En diversas oportunidades, la Procuraduría General, mediante la emisión de algunas opiniones jurídicas o dictámenes a su cargo ha sentado y delimitado la forma en que debe ser considerada la naturaleza jurídica de Correos de Costa Rica S.A.

Así, en virtud de la función consultiva que le ha sido reconocida a esta última y con el ánimo de profundizar en este tema, se procede a la cita de varios extractos de los documentos emitidos al respecto:

• Dictamen C-279-98 del 21 de diciembre de 1998

“Por consiguiente, y de la forma expuesta en el mencionado dictamen, así como en relación con los artículos 2, y 16, párrafo último de la Ley de Correos de cita, constituye esta nueva entidad, en una empresa de naturaleza híbrida, en donde para resguardar el patrimonio y capital social perteneciente al Estado se encuentra sujeta, a los controles de aprobación, fiscalización de ejecución y liquidación presupuestaria ejercidos por la Contraloría General de la República, pero en cuanto al ejercicio de su actividad se encuentra sometida al Código de Comercio, Código Civil, Código de Trabajo y las normas conexas..”. (El subrayado no corresponde al original).

• Opinión Jurídica No. 031-99-J de 17 de marzo de 1999

“Se desprende de lo anterior, que Correos de Costa Rica S.A., es una Empresa Estatal, con un régimen mixto, en el tanto, para su funcionamiento se rige por las reglas de Derecho Privado, pero al ser el Estado propietario del patrimonio y del capital social, está investida de derecho público, sujeta a los controles necesarios de fiscalización de los fondos públicos’…”.

• Dictamen C-042-2000 del 3 de marzo de 2000

“…La circunstancia de que se trate de una entidad organizada como sociedad anónima, podría llevar a considerar que Correos de Costa Rica es una empresa privada, máxime que su régimen de actividad es predominantemente privado. La caracterización de la empresa pública retenida en el dictamen No. 063-96 de 3 de mayo de 1996, nos permite descartar esa pretensión de naturaleza privada… Puesto que la totalidad del capital social de Correos de Costa Rica está en manos del Estado, se sigue necesariamente que estamos en presencia de una empresa pública. Una empresa organizada como sociedad anónima”.

Se colige de las transcripciones hechas que Correos de Costa Rica es una empresa pública, de naturaleza jurídica mixta, personalidad jurídica privada, cuya actividad se encuentra sometida al régimen de derecho privado, aspecto último que se confirma por el contenido mismo del artículo 3 de su Ley.

Por lo tanto, este sindicato presenta este oficio a la señora Procuradora General de la Republica, con la siguiente argumentación, necesariamente hablando:

• Que la empresa presta un servicio público, su capital y patrimonio pertenece al Estado
• Que el accionista único es el Consejo de Gobierno y el Estado Costarricense.
• Que el decreto ejecutivo es girado por la Presidenta de la Republica para todas las dependencias del Estado.
• Que este sindicato mantiene la tesis de que a los trabajadores y trabajadores de los sectores que cubra el decreto ejecutivo deberán pagarle este día doble, cuando se labora.

Sin más por el momento se suscribe de usted, con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Piden «servicio extraordinario» a policías penitenciarios

Licenciado
Guillermo Ugalde Víquez
Director de la Policía Penitenciaria
Dirección General de Adaptación Social
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimado señor:

Con suma preocupación le enviamos nuestra opinión acerca de su Circular Nº 01-2013, de fecha 31 de julio del 2013, dirigida a los jefes de Seguridad, supervisores e inspectores, en los siguientes aspectos:

PRIMERO: Ordena a sus subalternos levantar lista con los nombres de los y de las Policías penitenciarios que “estén anuentes a prestar dicho servicio de forma voluntaria y remunerada”, lo cual, a nuestro particular entender, acarrearía consecuencia negativas para aquellos y aquellas policías del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que por diferentes circunstancias no quisieran prestar estos servicios aun en la presencia de una promesa de remuneración; de lo cual se ha indicado reiteradamente que las horas extraordinarias que se laboran no fueron creadas con la intención de mejorar los ingresos de los trabajadores, si con ello se está sacrificando horas de descanso y de esparcimiento.

SEGUNDO: Que las horas extras deben ser autorizadas únicamente bajo criterios de necesidad muy bien definidos. Tampoco hay que pretender que con estas prácticas se estará supliendo la práctica ilegal que antes de la Sentencia 1107 de las 09:25 horas del 30 de noviembre del 2012, del Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, se realizaba. En el mismo orden de ideas, debe de considerarse que el pago de horas extras en estos servicios no puede exceder lo regulado por la Autoridad Presupuestaria (AP), aunque en ANEP discrepamos fuertemente no solamente de las decisiones de esta entidad, sino de su propia existencia. No debe la Administración prometer un pago que después estará suspendido por razones presupuestarias. Es conocido por todos que los pagos por estos rubros deben llegar al bolsillo del trabajador, en el siguiente e inmediato pago a su prestación laboral extraordinaria.

TERCERO: Que la circular 01-2013 textualmente indique: “Esta Dirección estará tomando en cuenta a todos los policías del área de seguridad para que presten el servicio extraordinario en su tiempo libre mediante el pago de horas extras”, (el subrayado no corresponden al original); nos lleva a formular las siguientes observaciones. Uno: las y los policías penitenciarios y demás funcionarios y funcionarias no prestan un servicio extraordinario sino que ejecutan horas extras cuando así se les ordena bajo criterios de necesidad institucional. Dos: debe explicar ampliamente su autoridad a que se refiere con “tiempo libre”; si es el tiempo libre durante el rol de trabajo en el centro penitenciario en sus períodos de descanso entre jornada y jornada, ó si es durante el tiempo libre del descanso obligatorio.

Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos, de la manera más atenta y apremiante, se sirva corregir en lo que corresponda la circular indicada; petición respetuosa que le formulamos al amparo del artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Sin otro particular, se despide atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

18% de desempleo en Costa Rica

Un profundo impacto causa la denuncia que ha formulado el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), al indicar que el desempleo en Costa Rica ha llegado a la aterradora cifra del 18%.

Desde la perspectiva de lucha social y sindical en que nos desarrollamos, esta es una constatación dolorosa del fracaso más que evidente de una política macroeconómica, de corte fundamentalista, misma que centrada en las ya fracasadas concepciones neoliberales, tiene a Costa Rica hundiéndose en la senda de la desigualdad a lo largo de los últimos gobiernos, incluido el actual.

Esta indignante y triste situación de tan alto desempleo, amplía su impacto con dos elementos adicionales que arroja la prestigiosa entidad académica de la UNA, en su estudio “Tendencias del Empleo en Costa Rica en el período 2010-2013: fortalezas y debilidades”:

PRIMERO: Prácticamente, un 60% de toda la población trabajadora asalariada (sumados los dos sectores, público y privado), con empleo formal tiene un ingreso neto mensual es de 310 mil colones o menos. Específicamente, unas 986.248 personas, del total de 1.524.003 asalariadas, según datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su Encuesta de Hogares del 2012 y con base en el salario mínimo de ley al 30 de junio del 2013.

SEGUNDO: Si nos vamos a la franja siguiente de tales datos, es decir, considerando un ingreso salarial mensual neto de 422 mil colones o menos, tenemos que un 80% de toda la población trabajadora asalariada con empleo formal del país, gana menos de 422 mil colones por mes.

TERCERO: La ANEP tiene una absoluta confianza en la solidez profesional y ética del personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); pero es obvio que el mismo, de alguna manera, recibe alta directriz político-gubernativa como para que desde la UNA quede con un carácter sumamente laxo la definición oficialista del concepto de desempleo; de forma tal que la gran diferencia en las cifras de ambas prestigiosas entidades al respecto, nos lleve a considerar que la del 18 % es la más ajustada a la realidad social vivencial del mundo laboral de la clase trabajadora, en su lucha cotidiana por la subsistencia.

CUARTO: Lo anterior nos lleva a reiterar el planteamiento que por intermedio de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), formulamos con ocasión de la pasada y fracasada intentona de negociación salarial para el sector Público, en el sentido de que el INEC debe proceder, con otro tipo de directrices políticas, a:

a. Una redefinición metodológica de la conformación de la Canasta Básica Alimentaria para establecer actualización plena a la realidad socioeconómica actual.

b. Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre el crecimiento de la desigualdad.

c. Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre los niveles actuales de endeudamiento de la población trabajadora asalariada en ambos sectores de la economía.

Alto desempleo, precarización salarial, alto costo de la vida y crecimiento de la desigualdad, son realidades más que dramáticas de que, como indicamos al principio de este comunicado, las políticas macroeconómicas de los últimos gobiernos, a partir del control de las mismas por el mismo grupo hegemónico dominante pese a las sucesivas administraciones, nos alejaron de la histórica senda de la inclusión social y de la búsqueda del bien común, para adentrarnos en los peligrosos terrenos del ensanchamiento de la brecha social y las diferentes manifestaciones de violencia que ello encierra.

En las movilizaciones sociales germina una política joven anclada en la participación

Indo-afro-latinomérica tiene rostro de pueblos en luchas y resistencias, parapetados en barricadas y en rutas cortando el paso al saqueo, a la exclusión y a la muerte, defendiendo la vida en todas sus dimensiones. Así ha sido por siglos y así es en el presente. Pero no siempre en las mismas condiciones, ni situaciones, ni con las mismas tareas o desafíos.

El siglo XX puede definirse como el siglo dictatorial marcado por represiones y muertes de militantes del campo popular. Las organizaciones sociales se desarrollaron entonces en gran cercanía con las organizaciones políticas revolucionarias, y no pocas veces, nacieron bajo su inspiración o labor de base. Lo conspirativo-defensivo marcó el estilo de hacer política, la organización de sus actores y las interrelaciones entre ellos. Pero el tiempo de dictaduras saltó por los aires con las luchas de los pueblos que hicieron posible las aperturas democráticas. La caída del sistema socialista, abrió un período de confusión y desasosiego en las filas de gran parte de la izquierda político partidaria que fue aprovechado por el neoliberalismo triunfalista para impulsar sus feroces y regresivas políticas de saqueo prometiendo el advenimiento de un dulce y prospero futuro luego de la “necesaria” etapa inicial de “dolor y dureza”.

Sin esperar por los partidos de izquierda y sus directivas, los sectores populares, además de los siempre presentes movimientos indígenas, se levantaron prontamente para denunciar y resistir a tales políticas; en algunos territorios nacieron, crecieron y se consolidaron amplios y poderosos movimientos en campos y ciudades. En sus luchas construyeron articulaciones, experimentando la potencialidad de un actor colectivo capaz de constituirse en sujeto político de los cambios.

En las resistencias de las poblaciones de los barrios periféricos de las grandes ciudades (Santo Domingo 1984), en el levantamiento de Chipas (México, 1994), el Caracazo (Venezuela, 1989), la “guerra del agua” y las “guerras del gas” (Bolivia, 2000 y 2003), los levantamientos indígenas de (Ecuador, 2000), la constante recuperación de tierras por el MST (Brasil), el surgimiento de la central de Trabajadores Argentinos y los posteriores levantamientos piqueteros (Argentina 1991-2002), entre muchos otros ejemplos, germinaron nuevos sujetos socio-políticos y también una nueva dimensión de la política enraizada en lo social y sus luchas, con capacidad para cuestionar el poder establecido y disputarle la hegemonía política y cultural.

Lo reivindicativo revela su contenido político

Como nunca antes, las luchas reivindicativas mostraron en este período su rostro raizalmente político, es decir, cuestionador del sistema político, económico y social desde abajo. Pero en las filas de la izquierda partidaria faltó capacidad y sensibilidad para captar esta cualidad política revolucionaria presente en las luchas sociales; no era su práctica. Ello les impidió sumarse desde el inicio a la gesta de los movimientos, descubrir y poner de manifiesto los nexos comunes entre las distintas problemáticas y luchas sectoriales en aras de promover la articulación (convergencia) de las problemáticas sectoriales y de sus actores.

La convergencia supone, a la vez, la construcción de una subjetividad colectiva común, que es la que –en determinado momento , posibilita superar lo sectorial-corporativo y obrar colectivamente por objetivos sociales. Así ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, con la formación del MAS, concebido por un conjunto de movimientos indígenas y sociales como su instrumento político para viabilizar las propuestas sociales, convertidas en agenda colectiva en las articulaciones y convergencias construidas por los diversos actores sectoriales en interacción permanente en jornadas de resistencias y luchas y en la elaboración de propuestas superadoras del estado de cosas.

Desde abajo, es decir, desde la raíz de los problemas reivindicativo-sectoriales, intersectoriales o sociales, con el protagonismo de los propios actores sociales emergía con fuerza una acción política nueva, no dicotomizada de lo social sino integradora, con clara vocación re-totalizadora de la sociedad fragmentada.

Un nuevo tiempo político: marcado por la emergencia de gobiernos populares y revolucionarios

Así fue como en diversos territorios de este continente los pueblos en lucha y sus movimientos abrieron posibilidades políticas para disputar y ganar gobiernos participando en elecciones, inaugurando con ello un nuevo tiempo político: el de la emergencia de gobiernos populares y revolucionarios, con las nuevas responsabilidades y tareas que ello implicaba e implica para movimientos, partidos y ciudadanía.

En su corta trayectoria, las experiencias en curso evidencian que el acceso al gobierno nacional puede dotar a los pueblos de una herramienta política clave para desarrollar/estimular procesos de empoderamiento colectivo capaces de impulsar el proceso socio-transformador. Pero también pone de manifiesto la posibilidad de quedar atrapados por la lógica superestructural y técnica.

Un gobierno revolucionario no puede limitarse a hacer una “buena administración”

Participar de las elecciones para acceder a espacios/fracciones del poder existente, limitándose luego a ejercerlo “correctamente”, ocupando los espacios parlamentarios o gubernamentales correspondientes nacionales o locales , sin hacer de estas instancias institucionales herramientas puestas en función del cambio social y del poder, reduce –hasta anular la perspectiva transformadora.
Es central tener presente que esta opción no constituye el camino electoral para la “toma del poder”, es parte de una nueva concepción (y prácticas) de transformación social. De ahí la importancia que en estos procesos tiene la participación popular desde abajo, dentro y fuera de las instancias gubernamentales y estatales. Puede afirmarse que las revoluciones democráticas culturales en marcha son proporcionalmente idénticas a la participación protagónica de sus pueblos en ellas.

No se avanza con una sumatoria de medidas superestructurales por muy justas y razonables que estas sean. Hay que construir protagonismo popular como base política (auto)constituyente del sujeto político colectivo y esto solo puede lograrse forjándolo a cada paso y en cada paso. El aprendizaje como la enseñanza comienza en las prácticas cotidianas. Educar en lo nuevo comienza por desarrollar nuevas prácticas, dando el ejemplo; clave pedagógica vital de las revoluciones desde abajo.

Impulsar revoluciones desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos sociales y sindicales, de los movimientos indígenas, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo roles y responsabilidades diferenciados, para cogobernar el país. La fortaleza de los gobiernos populares radica en su profunda y creciente articulación con los pueblos, con los actores sociales, construyendo de conjunto mecanismos que acorten las distancias entre representación política y protagonismo social. Esta es la verdad que cristaliza en las calles, marcando la presencia de la conciencia sociopolítica popular hoy: no basta con acuerdos superestructurales para gobernar (Brasil), no basta con que las decisiones sean correctas (Bolivia), no hay que someterse a los designios del mercado (Chile), no se aceptará la mentira como verdad (México)… Los movimientos sociales y particularmente los jóvenes del continente, ponen sobre el tapete la impronta política de este tiempo: la participación.

Se trata de avanzar hacia nuevas institucionalidades, modos y vías de ejercerlas; abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas, y en el control de los resultados, en la medida que la construcción política y la transformación de las bases jurídicas de las instituciones estatales y gubernamentales lo posibilite. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos.

El papel fundamental de las Asambleas Constituyentes

Resulta central la realización de asambleas constituyentes. De ellas emana el sustrato jurídico, político y social para abrir paso a una nueva institucionalidad, engendrada embrionariamente en los procesos de luchas sociales, abanderados por la resistencia, el empuje y los reclamos históricos de los pueblos de este continente (con sus organizaciones sociales y políticas), en primer lugar de los pueblos indígenas originarios y sus comunidades.

Obviamente, las asambleas constituyentes no son el motor del cambio. Los pueblos han de prepararse para plasmar en ellas sus puntos de vista, proponiendo y defendiendo contenidos acorde con sus intereses y su proyección estratégica. Pero en esto, como en todo, es importante tener presente que el cambio de sociedad es procesal: Habrá que hacer tantas asambleas constituyentes como lo vaya reclamando y posibilitando la profundización y radicalización de cada proceso, marcado en primer lugar por las condiciones específicas y por la maduración política del actor colectivo.

En las movilizaciones sociales germina una política joven anclada en la participación

Sumándose a las experiencias de las grandes jornadas de luchas populares contra el neoliberalismo, las masivas movilizaciones recientemente ocurridas en México, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, han puesto una vez más en el quehacer político la impronta de la participación sociopolítica de los movimientos indígenas y sociales, del pueblo trabajador y de las juventudes en particular. Ellas anuncian claramente la irrupción de una política joven, que no puede equipararse con algunos intentos de maquillar la vieja política y sus estructuras partidarias “con presencia de jóvenes”, aunque estos son sin dudas un pilar esencial del nuevo sujeto colectivo.

Hay avances significativos en esta dirección, sobre todo en los procesos de Venezuela (Consejos Comunales, Gobierno de Calle), y en Bolivia (revitalización de las asambleas de base como dinamizadoras de las transformaciones sociales, rectificación de medidas –aunque justas no comprendidas por una parte de la población; la construcción desde las comunidades del estado plurinacional intercultural). En el caso de Brasil, las movilizaciones recientes, las multitudes de jóvenes en las calles pusieron al desnudo las debilidades del sistema político partidario que asumió el PT, mezclando viejos dogmas de la izquierda con las exigencias del establishment y sus tentadoras alianzas y acuerdos por arriba en aras de sostener la “gobernabilidad”. Rechazando esto, cuando todo parecía brillar y marchar sobre ruedas, la juventud salió a increpar a “la razón política” imperante haciéndose oír en las calles. Desde allí, la ciudadanía movilizada recupera socialmente –de hecho la política, anquilosada en aparatos partidario-estatales-gubernamentales. Con su accionar rebasa a los partidos políticos tradicionales de derecha, de centro, y también de la izquierda; los manifestantes expresan claramente: ¡queremos participar! Revitalizan así el corazón revolucionador de todo proceso de cambio social popular: la participación de los de abajo en las decisiones gubernamentales estatales y en la ejecución y control de las políticas públicas.

Quitarse las anteojeras

A pesar de la contundencia de su realidad y mensaje, el peso de la vieja cultura que asecha la mentalidad y las prácticas de la izquierda partidaria, se hace presente a la hora de interpretar los acontecimientos. Son muchos los partidos de izquierda persisten defensivamente en su ceguera escudados en viejos tabúes de desconfianza porque, según dicen, “nadie los controla”, “no hay organización ni dirección”. No toman nota que esto es, exactamente, lo que está mostrando (y reclamando) la juventud en las calles: Abrir las compuertas de la política y de las organizaciones políticas, transformándolas, abriéndolas a la participación de los diversos sujetos, es el anhelo que late en el corazón de los reclamos.

No es un detalle insignificante que esta historia pueda escribirse apenas mencionando a los partidos de izquierda entre los protagonistas. Y ello tiene que ver tanto con las conductas políticas del pasado reciente como con las del presente, agravadas en este caso, si estas izquierdas gobiernan o son parte de gobiernos, puesto que –sin dar cuenta de los cambios- trasladan a estas instancias sus antiguas anteojeras político-culturales: respecto de la acción política (por arriba), y respecto de la organización y conducción políticas, sosteniendo criterios vanguardistas que (auto)otorgan a las élites políticas la capacidad de “saber” lo que hay que hacer, y dejan a las mayorías “alienadas” o sectorializadas y sus movimientos las luchas reivindicativas inmediatas. Es el mismo esquema piramidal, jerárquico y subordinante que la izquierda partidaria sostuvo en el siglo XX, sustentado en el presente como si nada hubiese ocurrido ni cambiado.

Por mucho que los representantes de tales partidos evoquen a Lenin creador del partido revolucionario “de nuevo tipo”, pensado por él en virtud del sujeto, las condiciones y las tareas de su época , está claro que Lenin se espantaría al ver que, en más de un siglo, a pesar de los grandes cambios ocurridos en el sistema-mundo ahora bajo el dominio global del capital, las “vanguardias” de izquierda no modificaron los criterios básicos de su organización político-partidaria para que esta sea convergente con los sujetos, las tareas de este tiempo y las condiciones (objetivo-subjetivas) de transformación revolucionaria de las sociedades en el presente. Resulta casi una obviedad decir esto, pero es parte de la realidad. Y ciertamente, constatar este anquilosamiento es más impactante aun en este continente, donde las luchas sociales y el quehacer político protagonizado por diversos movimientos sociales, indígenas, sindicales, urbanos y rurales, marcaron el rumbo y el camino de lo nuevo y –con ello , crearon también las condiciones para que la izquierda partidaria (tradicionalista) modificara sus conductas y posicionamientos políticos. Es parte de sus actuales retos.

Superar la falsa dicotomía: “partidos o movimientos”

Las anteojeras político-culturales de esta izquierda influyen en las lecturas que hacen de la realidad social, sus dinámicas y actores, convirtiéndolos en obstáculos para lo que según sus prejuicios se “debe hacer”. Revitalizando la falsa y vieja dicotomía entre lo social-reivindicativo-sectorial y lo político, interpretaron que la irrupción protagónica de los movimientos sociales en Indo-afro-latinoamérica en defensa de la vida, era una “amenaza” para su condición de “vanguardia”. Ciertamente la ponía en jaque, pero no por “imponerse”, sino porque reclamaba –de hecho abrir las compuertas de la política al conjunto de actores sociopolíticos. Sin embargo, lejos de ello, la nueva realidad abrió cauces a una nueva fractura: entre los partidos de izquierda y los movimientos indígenas y sociales, fractura que se expresa en sus articulaciones locales, nacionales y continentales, y que ha dado lugar a la formación y permanencia, por un lado, del Foro de San Pablo (sin movimientos) y, por otro, del Foro Social Mundial (sin partidos).

Construir un foro continental de articulación socio-política

En este sentido, el desafío es –además de mantener los espacios específicos constituidos , construir ámbitos de articulación, coordinación y conducción política conjunta entre los actores sociales y políticos, dando pasos concretos que impulsen los procesos de conformación constitución del sujeto sociopolítico colectivo, en cada país y también en el ámbito continental. Y esto poco y nada tiene que ver con la actual propuesta-invitación del Foro de Sao Paulo a los movimientos sociales para que se agrupen y constituyan “un capitulo” en el seno del Foro.

Tanto para partidos de izquierda como para movimientos sociales es tiempo de superar fragmentaciones y rivalidades estériles. No se trata de quién es “mejor”. Las críticas a los partidos de izquierda no persiguen su desaparición, ni su sustitución por los movimientos; no se trata de una actitud “contra los partidos”, aunque posiblemente algunos sectores así lo entiendan. Lo importante en este aspecto es tomar conciencia de que las rémoras emergen de las prácticas cotidianas de cada sector (político y social) y que, por tanto, es desde ahí que empieza a construirse el cambio: en las dinámicas e interrelaciones cotidianas entre partidos de izquierda y movimientos indígenas y sociales, construyendo conjuntamente, en cada lugar, las convergencias: mesas de trabajo colectivo, interconsultas, propuestas intersectoriales, coordinaciones, etc. No hay forma de aprender a articular y coordinar como no sea articulando y coordinando. Vale decir que este es también el camino de la cimentación de confianzas mutuas, aspecto que –en el quehacer político actual , ocupa un lugar central.

El desafío político de la articulación va más allá de una asignación de roles y delimitación de espacios entre partido y movimientos. Articular a los diversos sectores y actores sociopolíticos, implica también articular sus problemáticas aparentemente inconexas entre sí, sus identidades y subjetividades, sus modos y caminos diversos de participación política, que nace en el quehacer de las comunidades campesinas y se extiende hasta las redes sociales virtuales. No es una suma, es una multiplicación. Y ello solo puede lograrse a partir de la participación plena de todos y cada uno de los actores sociales y políticos.

Articular alude a reunión, pero en lo que hace a la construcción de un sujeto político colectivo, esa reunión supone construir las convergencias en aspectos claves articuladores, que conjugados ponen al descubierto el origen social sistémico de los problemas de unos y otros, y buscan caminos conjuntos para encaminarse a su superación, solución etc., impulsando procesos de cambio social. Pero esto no cabe en una concepción que sostiene criterios y prácticas de relación vertical y jerárquica, en la que los partidos confunden capacidad de dirección política, con que sean ellos los que deciden, los que dicen qué y cómo.

Por eso para la izquierda partidaria el mensaje de las movilizaciones sociales y la presencia multitudinaria de jóvenes en las calles, es claro: urge quitarse las viejas anteojeras acerca de la política y sus actores protagonistas, acerca de los modos y ámbitos de de interrelación, de creación de conocimientos, propuestas y programas políticos.

Un nuevo tipo de conducción política es necesaria

Es vital dar cuerpo a modalidades de interrelación horizontal entre partidos y movimientos; estas apuntan a transformar precisamente el viejo esquema jerárquico piramidal. Lo horizontal no alude a una forma organizativa ni la propone; es un principio de igualdad de capacidades entre actores-sujetos, en aras de construir una interrelación dialogal entre pares. Este principio ha sido hasta ahora subestimado y desestimado por los partidos de izquierda, quienes redujeron el planteamiento de horizontalidad a una cuestión morfológica y, sobre esa base, la desecharon por considerarla: basista, espontaneísta, anarquista, etc., todo, menos pensar en modificar los arcaicos esquemas partidarios para ponerlos a tono con la realidad de los sujetos político-sociales, con sus modalidades de existencia y organización, y con las tareas político-sociales-culturales que reclama la transformación raizal (desde abajo) de la sociedad capitalista en el presente.

La interrelación plural horizontal no es el problema, sino la fragmentación, la sectorialización de las luchas y sus actores, y la transición defensiva de éstos hacia grupos reivindicativos-corporativos.

Superar la fragmentación social, política, cultural y de conciencia: construir la subjetividad política colectiva común

Las instancias organizativas articuladoras son importantes, pero trascender la fragmentación (social, política, cultural y de conciencia) implica la simultanea y permanente construcción de una subjetividad colectiva que se proyecta políticamente en las propuestas comunes en función de cambios sociales. Si no se construye simultáneamente con las articulaciones coyunturales, una subjetividad política colectiva para el cambio social que sitúe e identifique a todos en un mismo afán político-social, la fragmentación, las miradas sectoriales y las apetencias corporativas no se superarán.

Construir el sujeto colectivo del cambio

Los procesos de cambio abiertos en Indo-afro-latinoamérica reclaman articulaciones sociopolíticas de nuevo tipo: horizontales, plurales, interculturales, dinámicas, como camino de (auto)constitución de los actores-sujetos en sujeto colectivo. Vale tener presente también la emergencia o maduración de nuevos actores sociopolíticos y sus demandas, aspiraciones y propuestas. Por ello reconstruir permanentemente la subjetividad colectiva común y las articulaciones es una constante en las tareas democratizadoras revolucionarias.

Todas ellas apuntalan un objetivo central: la construcción (permanente) de la fuerza social y política de liberación, sujeto político colectivo de los cambios en procesos de revolución democrático-cultural hacia un nuevo modelo civilizatorio. Esto significa, en apretada síntesis, articular una fuerza político-social de liberación que abarque lo parlamentario-institucional, pero sin limitarse a ello.

La conducción política del proceso revolucionario reclama la articulación unificada, colectiva y común de ámbitos para los quehaceres parlamentarios y extraparlamentarios: es la fuerza sociopolítica colectiva articulada la que se desdobla y crea su fuerza político electoral, que es parte del conjunto de fuerzas sociopolíticas del cambio raizal del mundo y constructora de la nueva civilización, o sea, en este sentido, la fuerza social, política y cultural de liberación.

Isabel Rauber. Pensadora latinoamericana. Estudiosa de los procesos de construcción de poder popular desde abajo en indo-afro-latinoamerica. Profesora universitaria. Pedagoga política. Doctora en Filosofía.

Piden al Gobierno declarar estado de emergencia por situación del sistema penitenciario nacional

Autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC), en conjunto con la Defensoría de los Habitantes y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pidieron declarar como un estado de emergencia nacional la situación del sistema penitenciario.

El anuncio se hizo mediante una conferencia de prensa liderada por la diputada del PAC, Carmen Muñoz en conjunto con la Defensora, Ofelia Taitelbaum y el Secretario General de ANEP, Albino Vargas.

“Estamos pidiendo una declaración de emergencia del estado del sistema penitenciario nacional, al igual que una intervención a la unidad ejecutora del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo”, citó Muñoz.

El experto Eugenio Polanco, emitió su criterio basado en algunos datos existentes sobre la actualidad de esta problemática.

“Hace seis años el sistema no tenía sobre población penitenciaria, que era citado por expertos latinoamericanos como modelo. La semana pasada se llegó a la cifra récord de 3.500 privados de libertad hacinados en territorio costarricense, sin solución pronta a este problema”, dijo el experto Eugenio Polanco

Polanco, dijo que la situación es preocupante, ya que las cifras de población podrían aumentar un 50% en los próximo años.

“7.000 mil jóvenes saldrán de la prisión en los próximos 20 años y saldrán de varees hacinadas, donde no se les brindo la posibilidad de recibir oportunidades para incorporarse a la sociedad con mejores condiciones”, añadió Polanco.

Para Ofelia Taitelbaum, el tema es de suma importancia, por lo que se deben buscar prontas soluciones para evitar posibles hechos lamentables. Al mismo tiempo criticó la función de los tribunales de flagrancia.

“Las preocupaciones son que estos centros son depósitos de seres humanos. Son peligros para los presos, los custodios y la sociedad. En San Sebastián tenemos un 78% de sobre población. Esto es un problema terrible para toda la sociedad, en cualquier momento podemos tener una desgracia”, dijo Taitelbaum.

La funcionaria explicó que no se pueden seguir endureciendo las penas, ya que en el 2007 no existían estos problemas, ante la ausencia de los Tribunales de Flagrancia y las prisiones preventivas.

Por su parte, Albino Vargas se refirió a las condiciones de los trabajadores penitenciarios

“Hay datos impresionantes. En estos momentos la población penal supera los 31400 personas, en las diferentes categorías, este número hace u las personas sean atendidas por 3125 policías penitenciarios y 1900 personas en el segmento técnico (…) todo el personal esta exhausto, la política pública ha olvidado los derechos de las personas que trabajan en las cárceles”, comentó Vargas.

El líder sindical, señaló que han realizado en los últimos años 352 denuncias. Donde han alertado sobre la posibilidad de que ocurra una emergencia.

Se agudiza conflicto en Municipalidad de Aguirre

Este jueves 8 de agosto de 2013, la huelga que mantienen trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Aguirre entrará a su tercer día. Los buenos oficios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hasta ahora han sido infructuosos ante una irracional posición de la señora alcaldesa, la señora Isabel León Mora, quien exige la deposición del movimiento para negociar.

Por el contrario, la indicada jerarca arremetió esta tarde contra los y las huelguistas, pidiendo una declaratoria de ilegalidad del movimiento y entablando demandas penales contra varios de los dirigentes sindicales de la Seccional ANEP-Municipalidad de Parrita.

La alcaldesa León Mora genera así una actitud nefasta, realmente provocadora, que lo hará es fortalecer, por un lado, la posición de lucha de la mayoría de su personal; y, por otro, la extensión del movimiento hacia las comunidades que resienten la conducción política que tiene la actual Municipalidad de Aguirre.

Se espera para el mediodía, una reunión con importantes líderes comunales y sociales para discutir alianzas con la huelga y pasar a otras acciones de sensibilización y de movilización ciudadana para vencer la intimidación y la amenaza; y, por el contrario, que se impongan el diálogo, la negociación y los acuerdos.

Obligados a ir a huelga

A LA RESPETABLE COMUNIDAD DEL CANTÓN DE AGUIRRE

Estimados ciudadanos y estimadas ciudadanas: Nos obligan a ir a huelga.

Quienes le servimos a usted en la Municipalidad de Aguirre le comunicamos lo siguiente:

PRIMERO: Durante todo el año pasado 2012, no se nos pagó reajuste salarial alguno por alza en el costo de la vida. En este 2013 y ya estando en su segundo semestre, ¡la misma situación! Nuestro salario está congelado. Pero todo sigue subiendo. Quienes le servimos a usted en la Municipalidad de Aguirre, nos estamos empobreciendo aceleradamente.

SEGUNDO: Se dice que la municipalidad está, prácticamente, “en quiebra”. Que tiene un déficit “inmanejable” de 600 millones de colones y más. Pero se quieren gastar 15 millones de colones, contratando un abogado externo (teniendo la municipalidad los suyos), para que armen un proceso de despido contra 25 de nosotros, los trabajadores. Los servidores a quienes se quiere echar a la calle, son personas que han trabajado con eficiencia, con eficacia; son necesarias para levantar a la institución. Algunas de ellas llevan ya cuatro años de excelente labor municipal. La propia señora alcaldesa así lo ha reconocido. Vea usted: no hay plata, dicen. Pretenden gastar esos 15 millones. ¿Y de dónde cogerán dinero para las prestaciones de esas 25 personas? ¿Y los servicios que estas personas trabajadoras brindan, qué?…

TERCERO: Cerrarán la Policía Municipal. Echarán a todo su personal. El Concejo tomó un acuerdo en tal sentido y a partir del 15 de agosto, la delincuencia tendrá más espacio para la comisión de sus ilegalidades. Habrá más inseguridad ciudadana.

CUARTO: La alcaldesa y el concejo pretenden derogar la parte del Código de Trabajo que nos ha venido protegiendo en materia de contrato colectivo de trabajo: la Convención Colectiva. Las máximas autoridades políticas de la Municipalidad de Aguirre quieren que ésta funcione como una pura y simple empresa privada. Quieren precarizar el empleo de los que tengamos la “suerte” de quedarnos laborando en condiciones infralegales en materia laboral.

POR ELLO ESTAMOS EN HUELGA DESDE LAS 6 DE LA MAÑANA DE HOY MARTES 6 DE AGOSTO DE 2013

Por favor, disculpe las molestias que nuestro movimiento le pueda causar, pero ya no aguantamos más.

Por favor, ¡¡¡APÓYENOS!!!

Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Aguirre

Obama: la guerra y el desarme moral de Estados Unidos

Por Atilio Borón

Una de las lecciones que los halcones norteamericanos aprendieron luego de la derrota sufrida en Vietnam es que el control del frente interno es decir, la orientación de la opinión pública en la retaguardia puede llegar a ser tan determinante como la fuerza del aparato militar que se despliegue en el teatro bélico. De ahí que desde entonces la industria cultural estadounidense se haya dedicado salvo honrosas y marginales excepciones a “re-educar” a la población para que conciba a las guerras de rapiña que conduce el imperio como heroicas cruzadas destinadas a perseguir a monstruosos terroristas, instituir el primado de los valores fundamentales de la así llamada “civilización” occidental (democracia, derechos humanos, justicia y, por supuesto, libertad de mercado) y garantizar la seguridad nacional norteamericana ante tan execrables enemigos. Uno de los componentes de ese verdadero desarme moral, el reverso dialéctico del rearme militar, ha sido el adormecimiento de la conciencia pública.

Esto se expresa, por ejemplo, en la intensa propaganda encaminada a naturalizar la tortura, presentada como el único recurso eficaz a la hora de preservar la vida y la propiedad de centenares de miles de honestos norteamericanos de los criminales designios de los terroristas. Son innumerables las series de televisión, películas, programas radiales y medios gráficos que se encargan de inocular, con perversa meticulosidad, este veneno en la población estadounidense.

Desgraciadamente, la cada vez más conservatizada academia norteamericana no se queda atrás en tan indignos propósitos.

Claro está que este masivo y persistente lavado de cerebros no se limita tan solo a legitimar la tortura. Su ambición es mucho mayor: se trata de “formatear” la conciencia pública a los efectos de otorgar credibilidad al relato épico según el cual Dios le ha confiado a la nación norteamericana la realización de un virtuoso “Destino Manifiesto” de alcance universal. Ante él, cualquier disenso orilla peligrosamente en la traición o la apostasía. La conquista de ese mundo feliz no es una empresa fácil: exige sacrificios y la aceptación de dolorosas realidades, como la tortura y los “daños colaterales” inevitables en toda guerra. Pero recientemente el énfasis de la campaña propagandística se ha venido concentrando sobre la eticidad y legalidad de los asesinatos selectivos perpetrados contra los enemigos del sistema, cuyos nombres constan en una tétrica nómina aprobada por la Casa Blanca. Instrumento fundamental de este plan criminal son los aviones no tripulados: los drones.

La eficacia de ese proceso de insensibilización moral ha sido notable. Tal como lo observa Nick Turse, uno de los más reconocidos especialistas en cuestiones militares de los Estados Unidos, este es el único país en el cual una mayoría de la población (56%) está abiertamente a favor de enviar drones a cualquier lugar del planeta con tal de capturar o aniquilar terroristas. Una de las últimas encuestas levantadas por la PewResearch en marzo de este año señala que 68 por ciento de los votantes o simpatizantes republicanos está de acuerdo con esa práctica criminal, mientras que comparten este punto de vista el 58 por ciento de los demócratas y el 50 por ciento de los independientes. En ningún otro país del mundo se registran sentimientos de este tipo. La medición internacional relevada por Pew Research demuestra que en Francia el 63 por ciento reprueba la utilización de drones; 59 por ciento en Alemania y, ya fuera de Europa, el 73 por ciento en México; 81 por en Turquía, 89 por ciento en Egipto al paso que en Pakistán, donde la actividad criminal de los drones es cosa de todos los días, un previsible 97 por ciento de los encuestados condena el empleo de ese mortal instrumento.(1)

No obstante, pese a esta generalizada repulsa fuera de Estados Unidos las operaciones terroristas a cargo de aviones no tripulados crecieron exponencialmente durante el mandato del inverosímil Premio Nobel de la Paz Barack Obama. Esta opción presidencial es tan fuerte que en la actualidad la Fuerza Aérea de Estados Unidos está entrenando un número mucho mayor de pilotos de drones que de los convencionales, los que tripulan bombarderos y aviones caza. Todo un signo de la virulencia de la actual de la contraofensiva imperialista, que desmiente en los hechos, y con las pilas de víctimas que crecen sin cesar, los discursos humanistas de Obama y la moralina de sus aparatos nacionales e internacionales de manipulación de conciencias.

Los medios del sistema presentan al presidente como un hombre de bien cuando, como lo afirma el brechtianamente imprescindible Noam Chomsky, se trata de otro asesino serial más de los varios que han ocupado la Casa Blanca en las últimas décadas.

Un solo dato es suficiente para inculparlo: según un informe del Bureau of Investigative Journalism por cada “terrorista” eliminado mediante ataques de drones (dejando de lado un análisis de lo que el gobierno estadounidense entiende por “terrorista”) mueren 49 civiles inocentes. Nada de esto es ventilado por la prensa hegemónica dentro de Estados Unidos y sus secuaces de ultramar.

La inesperada decisión del gobierno colombiano de ingresar a la OTAN, o al menos de sellar varios acuerdos de cooperación con esa organización terrorista internacional, sólo puede entenderse al interior de los cambios operados en la doctrina y la estrategia militar de los Estados Unidos. Turse señala que las operaciones militares que ese país está llevando a cabo en estos momentos en Oriente Medio, Asia, África y América Latina tienen seis componentes distintivos, los cuales fueron diseñados para disimular o al menos encubrir la magnitud del esfuerzo bélico en que incurre Washington y, de paso, deslindar sus responsabilidades por la comisión de innumerables crímenes de guerra que podrían llevar a sus responsables ante la Corte Penal Internacional.(2)

Estos seis elementos son los siguientes:

(a) robustecimiento de las fuerzas de operaciones especiales, como los Seals, que fueron quienes dieron muerte a alguien que, dicen, era Osama bin Laden;

(b) la ya mencionada expansión de las operaciones de los drones, para realizar asesinatos selectivos de “terroristas” o personajes molestos para Estados Unidos;

(c) intensificación del espionaje, algo que ha saltado escandalosamente a la luz pública en los últimos días;

(d) elección y promoción de “socios civiles” que favorezcan los proyectos imperiales, lo que se realiza bajo el disfraz del “empoderamiento” de la sociedad civil –ONGs, la NED y la USAID canalizando millones de dólares para financiar a grupos para que se opongan a Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro- y entrenamiento de líderes sociales y políticos, como Henrique Capriles, por ejemplo;

(e) ciberguerras y, finalmente,

(f) reclutamiento de fuerzas de combate en proxies, es decir, países cuyos gobiernos ejecutan las iniciativas que la Casa Blanca no quiere asumir abierta y públicamente.

De estas seis facetas de las guerras de última generación la que ha pasado más desapercibida ha sido la última: el entrenamiento y empleo de fuerzas militares de los proxies, movilizados para atacar targets enemigos de los Estados Unidos pero que Washington no estima conveniente u oportuno hacerlo de modo directo, involucrando sus propias fuerzas. Si los primeros cinco componentes gozaron de mucha visibilidad, no ocurrió lo mismo con el último, cuya idea directriz es descargar cada vez más el “trabajo sucio” del sostenimiento militar del imperio en los proxies regionales. De este modo se preserva a la Casa Blanca de las condenas y críticas que suscitaría una intervención militar directa en las “zonas calientes” del sistema internacional a la vez que logra que los muertos los pongan sus aliados, lo que reduce los costos domésticos, por ejemplo, ante la opinión pública norteamericana, de las aventuras militares del imperio.

Por ejemplo, en Siria, apelando a los mercenarios enviados por las teocracias del golfo para cumplir las tareas que tendrían que hacer las tropas imperiales. No es demasiado difícil imaginar cual es el plan de operaciones que Washington tiene preparado para América Latina y el Caribe, y cuál será el papel que en la ejecución del mismo se le asigne a un país, Colombia, cuyo gobierno redobla sin pausa su apuesta por la carta militar –ahora con la colaboración no sólo del Pentágono sino también de la OTAN- y cuya clase dirigente tiene como una de sus supremas aspiraciones convertir a su país en “la Israel de América Latina”.

1) http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/05/24/obama-and-drone-strikes-support-but-questions-at-home-opposition-abroad/

2) Ver“Tomgram: Nick Turse, Tomorrow’s Blowback Today?” en http://www.tomdispatch.com/blog/175580/tomgram%3A_nick_turse,_tomorrow’s_blowback_today/

– Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.atilioboron.com.ar

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Semana inicia con agitación laboral en municipalidades

En las próximas horas dos nuevos conflictos laborales a nivel municipal podrían terminar en paro o huelga. Se trata de las municipalidades de Santa Bárbara (Heredia), y de Aguirre (Puntarenas).

En el primer caso, una importante reunión a partir de las 2 de la tarde de este lunes 5 de agosto, podría desactivar los mecanismos de paro laboral ya listos; mismos que incluyen la participación de docentes y estudiantes de la escuela y colegio local y otras fuerzas vivas que decidieron acudir al llamado del personal de la Municipalidad de Santa Bárbara, en caso de que a partir de las 6 de la mañana de este martes 6, se dé el movimiento de suspensión de labores.

Un presunto afán de la alcaldía municipal de desconocer compromisos previos, suscritos incluso con la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está justificando la actuación del indicado personal.

El vocero de la ANEP en este caso y por si se desea ampliar sobre el particular, es Heinier Díaz Cabezas, localizable en el número celular 85 23 13 54.

En el caso de la Municipalidad de Aguirre, el conflicto arrancará, también, este martes 6 de agosto desde las 6 de la mañana. Se tiene previsto prolongarlo al miércoles 7. Las autoridades municipales, pese a un supuesto déficit de 600 millones de colones, pretenden contratar una consultoría jurídica externa, por valor de 15 millones de colones, para despedir empleados. Han decidido cerrar el servicio de policía municipal y todo el personal no ha recibido los reajustes salariales por costo de vida que se fijaron para los dos semestres del año pasado 2012 y tampoco para los del presente 2013. Además, se pretende por parte de la entidad patronal municipal, derogar la actual Convención Colectiva de Trabajo para establecer una precarización de los empleos que queden.

La vocera de la ANEP en este caso y por si se desea ampliar sobre el particular, es Iris Cervantes Paniagua, localizable en el celular No. 88 65 50 22.