A partir de esta fecha empezarán a instalarse en las cárceles del país, los camarotes de tres camas; específicamente, en el Centro de Atención Institucional “Gerardo Rodríguez Echeverría” (más conocido como “El Virilla”), lo que para la ANEP constituye un todo un simbolismo de una profundización de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que esta organización ha venido denunciando, de manera reiterada y argumentada, desde hace ya unos 3 años.
Adjuntamos el documento (uno más de los que, responsablemente, la ANEP ha preparado para sostener sus tesis en materia de la crisis carcelaria), que el próximo lunes le será entregado en sus manos a la nueva Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vílchez; por parte tanto de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, como de la Junta Directiva de la ANEP-Policía Penitenciaria; planteamiento firmado por las servidoras y los servidores, Martha González Madriz y Ligia Solís Solís, en el primer caso; y por Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, en el segundo.
El planteamiento de que el Sistema Penitenciario Nacional debe ser declarado como Estado de Emergencia Nacional, se refuerza con los camarotes de tres niveles que están llegando en esta fecha al indicado centro penal. La crisis se ha de profundizar: más privados de libertad en ese centro pero con la misma cantidad de personal para atenderles (tanto técnico, como profesional y administrativo); la misma cantidad de integrantes de la Policía Penitenciaria para vigilarles; la misma cantidad de presupuesto para alimentarles y más trabajo para el personal de cocina; más problemas de higiene (es muy díficil una buena limpieza debajo del primer nivel de un camarote de tres pisos (el tercer nivel, prácticamente pega con el techo de la celda).
En fin, todo un acontecimiento simbólico que dramatiza una crisis carcelaria que violenta tanto los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, como los Derechos Humanos del abnegado personal penitenciario mismo que ha venido sosteniendo lo que es un estallido inminente de consecuencias imprevisibles.
Finalmente, ANEP hace un llamado a todo el personal penitenciario para la movilización bajo todas las modalidades posibles a fin de que el Gobierno, el parlamento, el sistema político y la opinión pública entiendan la alta prioridad de atención que está requeriendo la explosiva situación carcelaria costarricense.
_______________________________________________________________________________
Doctora
Ana Isabel Garita Vílchez
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Estimada señora Ministra:
Reciba de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sindicato representado en este Ministerio por la Seccional del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz y la Seccional de la Policía Penitenciaria, un cordial saludo de bienvenida.
Indudablemente conociendo su exitosa trayectoria profesional, para la ANEP su llegada a este Ministerio, que pasa por una profunda crisis desde hace años, es una luz de esperanza. Para un sindicato empeñado en la construcción de una sociedad costarricense y latinoamericana solidaria en lo social, inclusiva en lo político y sustentable en lo ecológico, siempre sobre la base general del reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona y la construcción permanente del bien común, la posibilidad que significa su presencia como Ministra de Justicia y Paz para enfrentar con seriedad y responsabilidad lo enormes problemas que sufre el Sistema Penitenciario Nacional son, ciertamente, una luz al final de túnel.
Tenemos la ilusión de que se puedan producir verdaderos y profundos cambios en una institución donde, sólo para decir algo, la violación de derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como del personal penitenciario que la atiende (administrativo, técnico-profesional y de seguridad), es cosa de todos los días.
En la ANEP llevamos años no sólo denunciando tanto la violación de derechos y múltiples y grave irregularidades en el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; sino, también y como ha sido característico de nuestro sindicato, proponiendo una agenda de trabajo seria y responsable para superar esta situación.
Pero, lamentable y muy cuestionablemente, hemos topado con el ninguneo o llanamente “oídos sordos” como respuesta a nuestra voluntad de proponer soluciones.
Ahora bien, según lo acordado en la reunión del pasado 8 de julio en su despacho, con la presente le estamos remitiendo algunos de los planteamientos de nuestra organización sindical para enfrentar la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, formulados en los últimos tres años.
En la ANEP consideramos que las soluciones ante la grave crisis por la que atraviesa la institución, que debiera ser garante de derechos humanos como último eslabón del proceso del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es un problema de Estado, una catástrofe social, por lo que los poderes supremos de la República la debieran asumir con responsabilidad y en concordancia con su magnitud: correspondiera entonces, declararse en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario de Costa Rica.
Sufrimos en el Sistema Penitenciario Nacional una persistente situación de violación a derechos humanos denunciada de manera reiterada por la ANEP, el personal penitenciario, la población penal y corroborada por personas y organizaciones independientes, como es el caso de la Contraloría General de La República, el Ministerio de Hacienda, medios de comunicación nacional e internacional y la misma Defensoría de los Habitantes de la República y el Servicio Civil .
Una realidad ante la cual la ANEP, como reiteramos es siempre su voluntad y propósito, no se ha limitado a denunciar, sino que ha hecho propuestas y buscado tesoneramente caminos de diálogo y espacios de trabajo conjunto con las autoridades responsables para superar lo que está mal .
Sin embargo, y es necesario reiterar en este hecho, lamentablemente, nuestra voluntad de proponer y construir se ha topado con oídos sordos y ojos que simple, pero en nuestra opinión cínicamente, miran hacia otro lado.
La realidad y verdad, señora Ministra, como usted ha podido constatar en las visitas carcelarias que ha venido realizado, es que las condiciones laborales y de vida de la población penal en el Sistema Penitenciario Nacional y su eficacia de cara a la seguridad ciudadana, en vez de mejorar se ha venido empeorando gravemente en los últimos años y lo más peligroso, en los últimos meses.
Para nuestra organización es necesario luchar, por un lado, por devolverle la dignidad y condiciones de trabajo y de vida al personal del Sistema Penitenciario, dentro de un marco de resguardo a su seguridad humana, para que así éste se encuentre en condiciones de poder cumplir con la misión que el Estado nos ha conferido; y, por otra parte, revertir el abandono en que el Estado costarricense ha sumido al Sistema Penitenciario Nacional, dejando de lado, simultáneamente, la miope visión y carencial decisión de creer que la solución de la problemática de la seguridad ciudadana social se logra a través del encarcelamiento de más y más personas.
Sabemos, como lo apuntábamos el 8 de julio en su despacho, que son solamente 10 meses de gestión como máxima jerarca institucional. Sin embargo, confiamos en su capacidad y disposición demostrada de llevar a cabo una tarea titánica. Nuestra organización sindical, y sabemos que las personas trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional igualmente, estamos en la mejor disposición de colaborar en todo para gestar una transformación radical del Sistema Penitenciario Nacional.
Le proponemos dar cuenta de las siguientes tareas pendientes que consideramos podrían iniciar un fructífero proceso, por el camino del respeto de derechos humanos en la reconstrucción del Sistema Penitenciario:
1. Acoger el llamado para que se declare en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario, tal como lo ha solicitado nuestro sindicato. El sombrío recuerdo de famosas por tétricas instalaciones carcelarias como la isla de San Lucas o la no menos conocida “Peni”, resaltan el camino que el país emprendió a finales de los años setenta del siglo anterior para dotarse de un Sistema Penitenciario moderno, respetuoso de derechos humanos y eficaz en “el tratamiento y reinserción social” de las personas condenadas por haber cometido un delito. Pero la realidad es que los propósitos, objetivos y metas trazadas con el cierre de San Lucas y la transformación de la Penitenciaría Central (en el hoy Museo de los Niños), poco a poco, a veces de manera acelerada, se están abandonando. Así, pues, hace 31 años para el Ministerio de Justicia y Paz y 41 años para la Dirección General de Adaptación Social, Costa Rica reafirmó la senda a derechos y libertades fundamentales para la administración del Sistema Penitenciario Nacional; sin embargo, hoy ese camino está seriamente amenazado.
2. Finiquitar el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, al ser el instrumento que vendrá a regular los principales aspectos de la relación laboral del personal penitenciario y, con ello, el redescubrimiento de una racionalidad burocrática en el Ministerio de Justicia y Paz.
3. Retomar la propuesta de realizar un Congreso sobre el Sistema Penitenciario Nacional, que no sólo posibilite una seria reflexión crítica sobre lo que ha sido la cárcel en el seno de la sociedad costarricense; sino, además, darle un nuevo horizonte y sentido social a nuestro trabajo como Adaptación Social
4. Acoger las recomendaciones que la Auditoria de la Dirección General de Servicio Civil emitió en Informe N° AU-1-009-2012; que vendría a iniciar el necesario proceso de poner a derecho al Sistema Penitenciario Nacional en cuanto a la administración del personal.
5. Acoger las recomendaciones emitidas en respectivos informes por parte de la Defensoría de los Habitantes de la Republica y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2012); que vendría a retomar el camino de la institución penitenciaria hacia la plena observancia de Derechos Humanos, tanto los atinentes al personal como los concernientes a la población privada de libertad; todo lo cual, vendría a darle una solidez a la institución como ente fundamental de la Democracia costarricense.
6. Consolidar la Comisión de Alto Nivel, encargada del análisis de diversa temática laboral-institucional que sea garante de la estabilidad del Sistema Penitenciario Nacional de cara a los desafíos de estos tiempos; que minimice, por accionar preventivo, los riesgos en que se está sumiendo al personal y a la población penitenciaria. Consideramos que en dicha comisión se traten temas en lo inmediato y de urgencia como:
a) homologación salarial para la Policía Penitenciaria y pago de deudas salariales por concepto de disponibilidad;
b) actualización del perfil de mercado laboral para el personal de cocina;
c) elaboración de reglamentación horas extras, disponibilidad, rotación, traslado;
d) estudio técnico de perfiles y cargas de trabajo de toda la institución, incluyendo los diferentes centros de atención de los cuatro programas (el cual deberá reflejar todas las necesidades de dichos espacios institucionales, debiendo incorporar, entre otros elementos, un estudio de clima laboral, el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y derechos laborales fundamentales, así como otros elementos relacionados con el funcionamiento del personal;
e) iniciar la discusión y elaboración de: políticas integrales penitenciarias, hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente;
f) empréstito del BID; g) deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción; limitado equipamiento, materiales e instrumentos de trabajo para el personal y la población privada de libertad;
g) excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo;
h) ausencia de redes de coordinación externas institucionales estatales, empresa privada, ONG’s y otras;
i) políticas para eliminación de la brecha digital entre segmentos del personal penitenciario;
j) intervención profesional para subsanar las insuficiencias del sistema electrónico de transmisión de datos (SIAP-13).
El sólo enfrentar estas tareas sería toda una revolución de cambios positivos para un Sistema Penitenciario Nacional colapsado y derruido.
Con la mayor consideración,
Junta Directiva Seccional ANEP
Sistema Penitenciario Nacional
Junta Directiva Seccional ANEP
Policía Penitenciaria
Martha González Madriz
Presidenta
Héctor Prado Monge
Presidente
Ligia Solís Solís
Vicepresidenta
Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
