18% de desempleo en Costa Rica

Un profundo impacto causa la denuncia que ha formulado el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), al indicar que el desempleo en Costa Rica ha llegado a la aterradora cifra del 18%.

Desde la perspectiva de lucha social y sindical en que nos desarrollamos, esta es una constatación dolorosa del fracaso más que evidente de una política macroeconómica, de corte fundamentalista, misma que centrada en las ya fracasadas concepciones neoliberales, tiene a Costa Rica hundiéndose en la senda de la desigualdad a lo largo de los últimos gobiernos, incluido el actual.

Esta indignante y triste situación de tan alto desempleo, amplía su impacto con dos elementos adicionales que arroja la prestigiosa entidad académica de la UNA, en su estudio “Tendencias del Empleo en Costa Rica en el período 2010-2013: fortalezas y debilidades”:

PRIMERO: Prácticamente, un 60% de toda la población trabajadora asalariada (sumados los dos sectores, público y privado), con empleo formal tiene un ingreso neto mensual es de 310 mil colones o menos. Específicamente, unas 986.248 personas, del total de 1.524.003 asalariadas, según datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en su Encuesta de Hogares del 2012 y con base en el salario mínimo de ley al 30 de junio del 2013.

SEGUNDO: Si nos vamos a la franja siguiente de tales datos, es decir, considerando un ingreso salarial mensual neto de 422 mil colones o menos, tenemos que un 80% de toda la población trabajadora asalariada con empleo formal del país, gana menos de 422 mil colones por mes.

TERCERO: La ANEP tiene una absoluta confianza en la solidez profesional y ética del personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); pero es obvio que el mismo, de alguna manera, recibe alta directriz político-gubernativa como para que desde la UNA quede con un carácter sumamente laxo la definición oficialista del concepto de desempleo; de forma tal que la gran diferencia en las cifras de ambas prestigiosas entidades al respecto, nos lleve a considerar que la del 18 % es la más ajustada a la realidad social vivencial del mundo laboral de la clase trabajadora, en su lucha cotidiana por la subsistencia.

CUARTO: Lo anterior nos lleva a reiterar el planteamiento que por intermedio de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), formulamos con ocasión de la pasada y fracasada intentona de negociación salarial para el sector Público, en el sentido de que el INEC debe proceder, con otro tipo de directrices políticas, a:

a. Una redefinición metodológica de la conformación de la Canasta Básica Alimentaria para establecer actualización plena a la realidad socioeconómica actual.

b. Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre el crecimiento de la desigualdad.

c. Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre los niveles actuales de endeudamiento de la población trabajadora asalariada en ambos sectores de la economía.

Alto desempleo, precarización salarial, alto costo de la vida y crecimiento de la desigualdad, son realidades más que dramáticas de que, como indicamos al principio de este comunicado, las políticas macroeconómicas de los últimos gobiernos, a partir del control de las mismas por el mismo grupo hegemónico dominante pese a las sucesivas administraciones, nos alejaron de la histórica senda de la inclusión social y de la búsqueda del bien común, para adentrarnos en los peligrosos terrenos del ensanchamiento de la brecha social y las diferentes manifestaciones de violencia que ello encierra.

En las movilizaciones sociales germina una política joven anclada en la participación

Indo-afro-latinomérica tiene rostro de pueblos en luchas y resistencias, parapetados en barricadas y en rutas cortando el paso al saqueo, a la exclusión y a la muerte, defendiendo la vida en todas sus dimensiones. Así ha sido por siglos y así es en el presente. Pero no siempre en las mismas condiciones, ni situaciones, ni con las mismas tareas o desafíos.

El siglo XX puede definirse como el siglo dictatorial marcado por represiones y muertes de militantes del campo popular. Las organizaciones sociales se desarrollaron entonces en gran cercanía con las organizaciones políticas revolucionarias, y no pocas veces, nacieron bajo su inspiración o labor de base. Lo conspirativo-defensivo marcó el estilo de hacer política, la organización de sus actores y las interrelaciones entre ellos. Pero el tiempo de dictaduras saltó por los aires con las luchas de los pueblos que hicieron posible las aperturas democráticas. La caída del sistema socialista, abrió un período de confusión y desasosiego en las filas de gran parte de la izquierda político partidaria que fue aprovechado por el neoliberalismo triunfalista para impulsar sus feroces y regresivas políticas de saqueo prometiendo el advenimiento de un dulce y prospero futuro luego de la “necesaria” etapa inicial de “dolor y dureza”.

Sin esperar por los partidos de izquierda y sus directivas, los sectores populares, además de los siempre presentes movimientos indígenas, se levantaron prontamente para denunciar y resistir a tales políticas; en algunos territorios nacieron, crecieron y se consolidaron amplios y poderosos movimientos en campos y ciudades. En sus luchas construyeron articulaciones, experimentando la potencialidad de un actor colectivo capaz de constituirse en sujeto político de los cambios.

En las resistencias de las poblaciones de los barrios periféricos de las grandes ciudades (Santo Domingo 1984), en el levantamiento de Chipas (México, 1994), el Caracazo (Venezuela, 1989), la “guerra del agua” y las “guerras del gas” (Bolivia, 2000 y 2003), los levantamientos indígenas de (Ecuador, 2000), la constante recuperación de tierras por el MST (Brasil), el surgimiento de la central de Trabajadores Argentinos y los posteriores levantamientos piqueteros (Argentina 1991-2002), entre muchos otros ejemplos, germinaron nuevos sujetos socio-políticos y también una nueva dimensión de la política enraizada en lo social y sus luchas, con capacidad para cuestionar el poder establecido y disputarle la hegemonía política y cultural.

Lo reivindicativo revela su contenido político

Como nunca antes, las luchas reivindicativas mostraron en este período su rostro raizalmente político, es decir, cuestionador del sistema político, económico y social desde abajo. Pero en las filas de la izquierda partidaria faltó capacidad y sensibilidad para captar esta cualidad política revolucionaria presente en las luchas sociales; no era su práctica. Ello les impidió sumarse desde el inicio a la gesta de los movimientos, descubrir y poner de manifiesto los nexos comunes entre las distintas problemáticas y luchas sectoriales en aras de promover la articulación (convergencia) de las problemáticas sectoriales y de sus actores.

La convergencia supone, a la vez, la construcción de una subjetividad colectiva común, que es la que –en determinado momento , posibilita superar lo sectorial-corporativo y obrar colectivamente por objetivos sociales. Así ocurrió, por ejemplo, en Bolivia, con la formación del MAS, concebido por un conjunto de movimientos indígenas y sociales como su instrumento político para viabilizar las propuestas sociales, convertidas en agenda colectiva en las articulaciones y convergencias construidas por los diversos actores sectoriales en interacción permanente en jornadas de resistencias y luchas y en la elaboración de propuestas superadoras del estado de cosas.

Desde abajo, es decir, desde la raíz de los problemas reivindicativo-sectoriales, intersectoriales o sociales, con el protagonismo de los propios actores sociales emergía con fuerza una acción política nueva, no dicotomizada de lo social sino integradora, con clara vocación re-totalizadora de la sociedad fragmentada.

Un nuevo tiempo político: marcado por la emergencia de gobiernos populares y revolucionarios

Así fue como en diversos territorios de este continente los pueblos en lucha y sus movimientos abrieron posibilidades políticas para disputar y ganar gobiernos participando en elecciones, inaugurando con ello un nuevo tiempo político: el de la emergencia de gobiernos populares y revolucionarios, con las nuevas responsabilidades y tareas que ello implicaba e implica para movimientos, partidos y ciudadanía.

En su corta trayectoria, las experiencias en curso evidencian que el acceso al gobierno nacional puede dotar a los pueblos de una herramienta política clave para desarrollar/estimular procesos de empoderamiento colectivo capaces de impulsar el proceso socio-transformador. Pero también pone de manifiesto la posibilidad de quedar atrapados por la lógica superestructural y técnica.

Un gobierno revolucionario no puede limitarse a hacer una “buena administración”

Participar de las elecciones para acceder a espacios/fracciones del poder existente, limitándose luego a ejercerlo “correctamente”, ocupando los espacios parlamentarios o gubernamentales correspondientes nacionales o locales , sin hacer de estas instancias institucionales herramientas puestas en función del cambio social y del poder, reduce –hasta anular la perspectiva transformadora.
Es central tener presente que esta opción no constituye el camino electoral para la “toma del poder”, es parte de una nueva concepción (y prácticas) de transformación social. De ahí la importancia que en estos procesos tiene la participación popular desde abajo, dentro y fuera de las instancias gubernamentales y estatales. Puede afirmarse que las revoluciones democráticas culturales en marcha son proporcionalmente idénticas a la participación protagónica de sus pueblos en ellas.

No se avanza con una sumatoria de medidas superestructurales por muy justas y razonables que estas sean. Hay que construir protagonismo popular como base política (auto)constituyente del sujeto político colectivo y esto solo puede lograrse forjándolo a cada paso y en cada paso. El aprendizaje como la enseñanza comienza en las prácticas cotidianas. Educar en lo nuevo comienza por desarrollar nuevas prácticas, dando el ejemplo; clave pedagógica vital de las revoluciones desde abajo.

Impulsar revoluciones desde los gobiernos pasa por hacer de estos una herramienta política revolucionaria: desarrollar la conciencia política, abrir la gestión a la participación de los movimientos sociales y sindicales, de los movimientos indígenas, de los sectores populares, construyendo mecanismos colectivos y estableciendo roles y responsabilidades diferenciados, para cogobernar el país. La fortaleza de los gobiernos populares radica en su profunda y creciente articulación con los pueblos, con los actores sociales, construyendo de conjunto mecanismos que acorten las distancias entre representación política y protagonismo social. Esta es la verdad que cristaliza en las calles, marcando la presencia de la conciencia sociopolítica popular hoy: no basta con acuerdos superestructurales para gobernar (Brasil), no basta con que las decisiones sean correctas (Bolivia), no hay que someterse a los designios del mercado (Chile), no se aceptará la mentira como verdad (México)… Los movimientos sociales y particularmente los jóvenes del continente, ponen sobre el tapete la impronta política de este tiempo: la participación.

Se trata de avanzar hacia nuevas institucionalidades, modos y vías de ejercerlas; abrir las puertas del gobierno y el Estado a la participación de las mayorías en la toma de decisiones, en la ejecución de las mismas, y en el control de los resultados, en la medida que la construcción política y la transformación de las bases jurídicas de las instituciones estatales y gubernamentales lo posibilite. De ahí el papel central de las asambleas constituyentes en estos procesos.

El papel fundamental de las Asambleas Constituyentes

Resulta central la realización de asambleas constituyentes. De ellas emana el sustrato jurídico, político y social para abrir paso a una nueva institucionalidad, engendrada embrionariamente en los procesos de luchas sociales, abanderados por la resistencia, el empuje y los reclamos históricos de los pueblos de este continente (con sus organizaciones sociales y políticas), en primer lugar de los pueblos indígenas originarios y sus comunidades.

Obviamente, las asambleas constituyentes no son el motor del cambio. Los pueblos han de prepararse para plasmar en ellas sus puntos de vista, proponiendo y defendiendo contenidos acorde con sus intereses y su proyección estratégica. Pero en esto, como en todo, es importante tener presente que el cambio de sociedad es procesal: Habrá que hacer tantas asambleas constituyentes como lo vaya reclamando y posibilitando la profundización y radicalización de cada proceso, marcado en primer lugar por las condiciones específicas y por la maduración política del actor colectivo.

En las movilizaciones sociales germina una política joven anclada en la participación

Sumándose a las experiencias de las grandes jornadas de luchas populares contra el neoliberalismo, las masivas movilizaciones recientemente ocurridas en México, en Bolivia, en Brasil, en Chile, en Colombia, han puesto una vez más en el quehacer político la impronta de la participación sociopolítica de los movimientos indígenas y sociales, del pueblo trabajador y de las juventudes en particular. Ellas anuncian claramente la irrupción de una política joven, que no puede equipararse con algunos intentos de maquillar la vieja política y sus estructuras partidarias “con presencia de jóvenes”, aunque estos son sin dudas un pilar esencial del nuevo sujeto colectivo.

Hay avances significativos en esta dirección, sobre todo en los procesos de Venezuela (Consejos Comunales, Gobierno de Calle), y en Bolivia (revitalización de las asambleas de base como dinamizadoras de las transformaciones sociales, rectificación de medidas –aunque justas no comprendidas por una parte de la población; la construcción desde las comunidades del estado plurinacional intercultural). En el caso de Brasil, las movilizaciones recientes, las multitudes de jóvenes en las calles pusieron al desnudo las debilidades del sistema político partidario que asumió el PT, mezclando viejos dogmas de la izquierda con las exigencias del establishment y sus tentadoras alianzas y acuerdos por arriba en aras de sostener la “gobernabilidad”. Rechazando esto, cuando todo parecía brillar y marchar sobre ruedas, la juventud salió a increpar a “la razón política” imperante haciéndose oír en las calles. Desde allí, la ciudadanía movilizada recupera socialmente –de hecho la política, anquilosada en aparatos partidario-estatales-gubernamentales. Con su accionar rebasa a los partidos políticos tradicionales de derecha, de centro, y también de la izquierda; los manifestantes expresan claramente: ¡queremos participar! Revitalizan así el corazón revolucionador de todo proceso de cambio social popular: la participación de los de abajo en las decisiones gubernamentales estatales y en la ejecución y control de las políticas públicas.

Quitarse las anteojeras

A pesar de la contundencia de su realidad y mensaje, el peso de la vieja cultura que asecha la mentalidad y las prácticas de la izquierda partidaria, se hace presente a la hora de interpretar los acontecimientos. Son muchos los partidos de izquierda persisten defensivamente en su ceguera escudados en viejos tabúes de desconfianza porque, según dicen, “nadie los controla”, “no hay organización ni dirección”. No toman nota que esto es, exactamente, lo que está mostrando (y reclamando) la juventud en las calles: Abrir las compuertas de la política y de las organizaciones políticas, transformándolas, abriéndolas a la participación de los diversos sujetos, es el anhelo que late en el corazón de los reclamos.

No es un detalle insignificante que esta historia pueda escribirse apenas mencionando a los partidos de izquierda entre los protagonistas. Y ello tiene que ver tanto con las conductas políticas del pasado reciente como con las del presente, agravadas en este caso, si estas izquierdas gobiernan o son parte de gobiernos, puesto que –sin dar cuenta de los cambios- trasladan a estas instancias sus antiguas anteojeras político-culturales: respecto de la acción política (por arriba), y respecto de la organización y conducción políticas, sosteniendo criterios vanguardistas que (auto)otorgan a las élites políticas la capacidad de “saber” lo que hay que hacer, y dejan a las mayorías “alienadas” o sectorializadas y sus movimientos las luchas reivindicativas inmediatas. Es el mismo esquema piramidal, jerárquico y subordinante que la izquierda partidaria sostuvo en el siglo XX, sustentado en el presente como si nada hubiese ocurrido ni cambiado.

Por mucho que los representantes de tales partidos evoquen a Lenin creador del partido revolucionario “de nuevo tipo”, pensado por él en virtud del sujeto, las condiciones y las tareas de su época , está claro que Lenin se espantaría al ver que, en más de un siglo, a pesar de los grandes cambios ocurridos en el sistema-mundo ahora bajo el dominio global del capital, las “vanguardias” de izquierda no modificaron los criterios básicos de su organización político-partidaria para que esta sea convergente con los sujetos, las tareas de este tiempo y las condiciones (objetivo-subjetivas) de transformación revolucionaria de las sociedades en el presente. Resulta casi una obviedad decir esto, pero es parte de la realidad. Y ciertamente, constatar este anquilosamiento es más impactante aun en este continente, donde las luchas sociales y el quehacer político protagonizado por diversos movimientos sociales, indígenas, sindicales, urbanos y rurales, marcaron el rumbo y el camino de lo nuevo y –con ello , crearon también las condiciones para que la izquierda partidaria (tradicionalista) modificara sus conductas y posicionamientos políticos. Es parte de sus actuales retos.

Superar la falsa dicotomía: “partidos o movimientos”

Las anteojeras político-culturales de esta izquierda influyen en las lecturas que hacen de la realidad social, sus dinámicas y actores, convirtiéndolos en obstáculos para lo que según sus prejuicios se “debe hacer”. Revitalizando la falsa y vieja dicotomía entre lo social-reivindicativo-sectorial y lo político, interpretaron que la irrupción protagónica de los movimientos sociales en Indo-afro-latinoamérica en defensa de la vida, era una “amenaza” para su condición de “vanguardia”. Ciertamente la ponía en jaque, pero no por “imponerse”, sino porque reclamaba –de hecho abrir las compuertas de la política al conjunto de actores sociopolíticos. Sin embargo, lejos de ello, la nueva realidad abrió cauces a una nueva fractura: entre los partidos de izquierda y los movimientos indígenas y sociales, fractura que se expresa en sus articulaciones locales, nacionales y continentales, y que ha dado lugar a la formación y permanencia, por un lado, del Foro de San Pablo (sin movimientos) y, por otro, del Foro Social Mundial (sin partidos).

Construir un foro continental de articulación socio-política

En este sentido, el desafío es –además de mantener los espacios específicos constituidos , construir ámbitos de articulación, coordinación y conducción política conjunta entre los actores sociales y políticos, dando pasos concretos que impulsen los procesos de conformación constitución del sujeto sociopolítico colectivo, en cada país y también en el ámbito continental. Y esto poco y nada tiene que ver con la actual propuesta-invitación del Foro de Sao Paulo a los movimientos sociales para que se agrupen y constituyan “un capitulo” en el seno del Foro.

Tanto para partidos de izquierda como para movimientos sociales es tiempo de superar fragmentaciones y rivalidades estériles. No se trata de quién es “mejor”. Las críticas a los partidos de izquierda no persiguen su desaparición, ni su sustitución por los movimientos; no se trata de una actitud “contra los partidos”, aunque posiblemente algunos sectores así lo entiendan. Lo importante en este aspecto es tomar conciencia de que las rémoras emergen de las prácticas cotidianas de cada sector (político y social) y que, por tanto, es desde ahí que empieza a construirse el cambio: en las dinámicas e interrelaciones cotidianas entre partidos de izquierda y movimientos indígenas y sociales, construyendo conjuntamente, en cada lugar, las convergencias: mesas de trabajo colectivo, interconsultas, propuestas intersectoriales, coordinaciones, etc. No hay forma de aprender a articular y coordinar como no sea articulando y coordinando. Vale decir que este es también el camino de la cimentación de confianzas mutuas, aspecto que –en el quehacer político actual , ocupa un lugar central.

El desafío político de la articulación va más allá de una asignación de roles y delimitación de espacios entre partido y movimientos. Articular a los diversos sectores y actores sociopolíticos, implica también articular sus problemáticas aparentemente inconexas entre sí, sus identidades y subjetividades, sus modos y caminos diversos de participación política, que nace en el quehacer de las comunidades campesinas y se extiende hasta las redes sociales virtuales. No es una suma, es una multiplicación. Y ello solo puede lograrse a partir de la participación plena de todos y cada uno de los actores sociales y políticos.

Articular alude a reunión, pero en lo que hace a la construcción de un sujeto político colectivo, esa reunión supone construir las convergencias en aspectos claves articuladores, que conjugados ponen al descubierto el origen social sistémico de los problemas de unos y otros, y buscan caminos conjuntos para encaminarse a su superación, solución etc., impulsando procesos de cambio social. Pero esto no cabe en una concepción que sostiene criterios y prácticas de relación vertical y jerárquica, en la que los partidos confunden capacidad de dirección política, con que sean ellos los que deciden, los que dicen qué y cómo.

Por eso para la izquierda partidaria el mensaje de las movilizaciones sociales y la presencia multitudinaria de jóvenes en las calles, es claro: urge quitarse las viejas anteojeras acerca de la política y sus actores protagonistas, acerca de los modos y ámbitos de de interrelación, de creación de conocimientos, propuestas y programas políticos.

Un nuevo tipo de conducción política es necesaria

Es vital dar cuerpo a modalidades de interrelación horizontal entre partidos y movimientos; estas apuntan a transformar precisamente el viejo esquema jerárquico piramidal. Lo horizontal no alude a una forma organizativa ni la propone; es un principio de igualdad de capacidades entre actores-sujetos, en aras de construir una interrelación dialogal entre pares. Este principio ha sido hasta ahora subestimado y desestimado por los partidos de izquierda, quienes redujeron el planteamiento de horizontalidad a una cuestión morfológica y, sobre esa base, la desecharon por considerarla: basista, espontaneísta, anarquista, etc., todo, menos pensar en modificar los arcaicos esquemas partidarios para ponerlos a tono con la realidad de los sujetos político-sociales, con sus modalidades de existencia y organización, y con las tareas político-sociales-culturales que reclama la transformación raizal (desde abajo) de la sociedad capitalista en el presente.

La interrelación plural horizontal no es el problema, sino la fragmentación, la sectorialización de las luchas y sus actores, y la transición defensiva de éstos hacia grupos reivindicativos-corporativos.

Superar la fragmentación social, política, cultural y de conciencia: construir la subjetividad política colectiva común

Las instancias organizativas articuladoras son importantes, pero trascender la fragmentación (social, política, cultural y de conciencia) implica la simultanea y permanente construcción de una subjetividad colectiva que se proyecta políticamente en las propuestas comunes en función de cambios sociales. Si no se construye simultáneamente con las articulaciones coyunturales, una subjetividad política colectiva para el cambio social que sitúe e identifique a todos en un mismo afán político-social, la fragmentación, las miradas sectoriales y las apetencias corporativas no se superarán.

Construir el sujeto colectivo del cambio

Los procesos de cambio abiertos en Indo-afro-latinoamérica reclaman articulaciones sociopolíticas de nuevo tipo: horizontales, plurales, interculturales, dinámicas, como camino de (auto)constitución de los actores-sujetos en sujeto colectivo. Vale tener presente también la emergencia o maduración de nuevos actores sociopolíticos y sus demandas, aspiraciones y propuestas. Por ello reconstruir permanentemente la subjetividad colectiva común y las articulaciones es una constante en las tareas democratizadoras revolucionarias.

Todas ellas apuntalan un objetivo central: la construcción (permanente) de la fuerza social y política de liberación, sujeto político colectivo de los cambios en procesos de revolución democrático-cultural hacia un nuevo modelo civilizatorio. Esto significa, en apretada síntesis, articular una fuerza político-social de liberación que abarque lo parlamentario-institucional, pero sin limitarse a ello.

La conducción política del proceso revolucionario reclama la articulación unificada, colectiva y común de ámbitos para los quehaceres parlamentarios y extraparlamentarios: es la fuerza sociopolítica colectiva articulada la que se desdobla y crea su fuerza político electoral, que es parte del conjunto de fuerzas sociopolíticas del cambio raizal del mundo y constructora de la nueva civilización, o sea, en este sentido, la fuerza social, política y cultural de liberación.

Isabel Rauber. Pensadora latinoamericana. Estudiosa de los procesos de construcción de poder popular desde abajo en indo-afro-latinoamerica. Profesora universitaria. Pedagoga política. Doctora en Filosofía.

Piden al Gobierno declarar estado de emergencia por situación del sistema penitenciario nacional

Autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC), en conjunto con la Defensoría de los Habitantes y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pidieron declarar como un estado de emergencia nacional la situación del sistema penitenciario.

El anuncio se hizo mediante una conferencia de prensa liderada por la diputada del PAC, Carmen Muñoz en conjunto con la Defensora, Ofelia Taitelbaum y el Secretario General de ANEP, Albino Vargas.

“Estamos pidiendo una declaración de emergencia del estado del sistema penitenciario nacional, al igual que una intervención a la unidad ejecutora del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo”, citó Muñoz.

El experto Eugenio Polanco, emitió su criterio basado en algunos datos existentes sobre la actualidad de esta problemática.

“Hace seis años el sistema no tenía sobre población penitenciaria, que era citado por expertos latinoamericanos como modelo. La semana pasada se llegó a la cifra récord de 3.500 privados de libertad hacinados en territorio costarricense, sin solución pronta a este problema”, dijo el experto Eugenio Polanco

Polanco, dijo que la situación es preocupante, ya que las cifras de población podrían aumentar un 50% en los próximo años.

“7.000 mil jóvenes saldrán de la prisión en los próximos 20 años y saldrán de varees hacinadas, donde no se les brindo la posibilidad de recibir oportunidades para incorporarse a la sociedad con mejores condiciones”, añadió Polanco.

Para Ofelia Taitelbaum, el tema es de suma importancia, por lo que se deben buscar prontas soluciones para evitar posibles hechos lamentables. Al mismo tiempo criticó la función de los tribunales de flagrancia.

“Las preocupaciones son que estos centros son depósitos de seres humanos. Son peligros para los presos, los custodios y la sociedad. En San Sebastián tenemos un 78% de sobre población. Esto es un problema terrible para toda la sociedad, en cualquier momento podemos tener una desgracia”, dijo Taitelbaum.

La funcionaria explicó que no se pueden seguir endureciendo las penas, ya que en el 2007 no existían estos problemas, ante la ausencia de los Tribunales de Flagrancia y las prisiones preventivas.

Por su parte, Albino Vargas se refirió a las condiciones de los trabajadores penitenciarios

“Hay datos impresionantes. En estos momentos la población penal supera los 31400 personas, en las diferentes categorías, este número hace u las personas sean atendidas por 3125 policías penitenciarios y 1900 personas en el segmento técnico (…) todo el personal esta exhausto, la política pública ha olvidado los derechos de las personas que trabajan en las cárceles”, comentó Vargas.

El líder sindical, señaló que han realizado en los últimos años 352 denuncias. Donde han alertado sobre la posibilidad de que ocurra una emergencia.

Se agudiza conflicto en Municipalidad de Aguirre

Este jueves 8 de agosto de 2013, la huelga que mantienen trabajadores y trabajadoras de la Municipalidad de Aguirre entrará a su tercer día. Los buenos oficios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), hasta ahora han sido infructuosos ante una irracional posición de la señora alcaldesa, la señora Isabel León Mora, quien exige la deposición del movimiento para negociar.

Por el contrario, la indicada jerarca arremetió esta tarde contra los y las huelguistas, pidiendo una declaratoria de ilegalidad del movimiento y entablando demandas penales contra varios de los dirigentes sindicales de la Seccional ANEP-Municipalidad de Parrita.

La alcaldesa León Mora genera así una actitud nefasta, realmente provocadora, que lo hará es fortalecer, por un lado, la posición de lucha de la mayoría de su personal; y, por otro, la extensión del movimiento hacia las comunidades que resienten la conducción política que tiene la actual Municipalidad de Aguirre.

Se espera para el mediodía, una reunión con importantes líderes comunales y sociales para discutir alianzas con la huelga y pasar a otras acciones de sensibilización y de movilización ciudadana para vencer la intimidación y la amenaza; y, por el contrario, que se impongan el diálogo, la negociación y los acuerdos.

Obligados a ir a huelga

A LA RESPETABLE COMUNIDAD DEL CANTÓN DE AGUIRRE

Estimados ciudadanos y estimadas ciudadanas: Nos obligan a ir a huelga.

Quienes le servimos a usted en la Municipalidad de Aguirre le comunicamos lo siguiente:

PRIMERO: Durante todo el año pasado 2012, no se nos pagó reajuste salarial alguno por alza en el costo de la vida. En este 2013 y ya estando en su segundo semestre, ¡la misma situación! Nuestro salario está congelado. Pero todo sigue subiendo. Quienes le servimos a usted en la Municipalidad de Aguirre, nos estamos empobreciendo aceleradamente.

SEGUNDO: Se dice que la municipalidad está, prácticamente, “en quiebra”. Que tiene un déficit “inmanejable” de 600 millones de colones y más. Pero se quieren gastar 15 millones de colones, contratando un abogado externo (teniendo la municipalidad los suyos), para que armen un proceso de despido contra 25 de nosotros, los trabajadores. Los servidores a quienes se quiere echar a la calle, son personas que han trabajado con eficiencia, con eficacia; son necesarias para levantar a la institución. Algunas de ellas llevan ya cuatro años de excelente labor municipal. La propia señora alcaldesa así lo ha reconocido. Vea usted: no hay plata, dicen. Pretenden gastar esos 15 millones. ¿Y de dónde cogerán dinero para las prestaciones de esas 25 personas? ¿Y los servicios que estas personas trabajadoras brindan, qué?…

TERCERO: Cerrarán la Policía Municipal. Echarán a todo su personal. El Concejo tomó un acuerdo en tal sentido y a partir del 15 de agosto, la delincuencia tendrá más espacio para la comisión de sus ilegalidades. Habrá más inseguridad ciudadana.

CUARTO: La alcaldesa y el concejo pretenden derogar la parte del Código de Trabajo que nos ha venido protegiendo en materia de contrato colectivo de trabajo: la Convención Colectiva. Las máximas autoridades políticas de la Municipalidad de Aguirre quieren que ésta funcione como una pura y simple empresa privada. Quieren precarizar el empleo de los que tengamos la “suerte” de quedarnos laborando en condiciones infralegales en materia laboral.

POR ELLO ESTAMOS EN HUELGA DESDE LAS 6 DE LA MAÑANA DE HOY MARTES 6 DE AGOSTO DE 2013

Por favor, disculpe las molestias que nuestro movimiento le pueda causar, pero ya no aguantamos más.

Por favor, ¡¡¡APÓYENOS!!!

Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Aguirre

Obama: la guerra y el desarme moral de Estados Unidos

Por Atilio Borón

Una de las lecciones que los halcones norteamericanos aprendieron luego de la derrota sufrida en Vietnam es que el control del frente interno es decir, la orientación de la opinión pública en la retaguardia puede llegar a ser tan determinante como la fuerza del aparato militar que se despliegue en el teatro bélico. De ahí que desde entonces la industria cultural estadounidense se haya dedicado salvo honrosas y marginales excepciones a “re-educar” a la población para que conciba a las guerras de rapiña que conduce el imperio como heroicas cruzadas destinadas a perseguir a monstruosos terroristas, instituir el primado de los valores fundamentales de la así llamada “civilización” occidental (democracia, derechos humanos, justicia y, por supuesto, libertad de mercado) y garantizar la seguridad nacional norteamericana ante tan execrables enemigos. Uno de los componentes de ese verdadero desarme moral, el reverso dialéctico del rearme militar, ha sido el adormecimiento de la conciencia pública.

Esto se expresa, por ejemplo, en la intensa propaganda encaminada a naturalizar la tortura, presentada como el único recurso eficaz a la hora de preservar la vida y la propiedad de centenares de miles de honestos norteamericanos de los criminales designios de los terroristas. Son innumerables las series de televisión, películas, programas radiales y medios gráficos que se encargan de inocular, con perversa meticulosidad, este veneno en la población estadounidense.

Desgraciadamente, la cada vez más conservatizada academia norteamericana no se queda atrás en tan indignos propósitos.

Claro está que este masivo y persistente lavado de cerebros no se limita tan solo a legitimar la tortura. Su ambición es mucho mayor: se trata de “formatear” la conciencia pública a los efectos de otorgar credibilidad al relato épico según el cual Dios le ha confiado a la nación norteamericana la realización de un virtuoso “Destino Manifiesto” de alcance universal. Ante él, cualquier disenso orilla peligrosamente en la traición o la apostasía. La conquista de ese mundo feliz no es una empresa fácil: exige sacrificios y la aceptación de dolorosas realidades, como la tortura y los “daños colaterales” inevitables en toda guerra. Pero recientemente el énfasis de la campaña propagandística se ha venido concentrando sobre la eticidad y legalidad de los asesinatos selectivos perpetrados contra los enemigos del sistema, cuyos nombres constan en una tétrica nómina aprobada por la Casa Blanca. Instrumento fundamental de este plan criminal son los aviones no tripulados: los drones.

La eficacia de ese proceso de insensibilización moral ha sido notable. Tal como lo observa Nick Turse, uno de los más reconocidos especialistas en cuestiones militares de los Estados Unidos, este es el único país en el cual una mayoría de la población (56%) está abiertamente a favor de enviar drones a cualquier lugar del planeta con tal de capturar o aniquilar terroristas. Una de las últimas encuestas levantadas por la PewResearch en marzo de este año señala que 68 por ciento de los votantes o simpatizantes republicanos está de acuerdo con esa práctica criminal, mientras que comparten este punto de vista el 58 por ciento de los demócratas y el 50 por ciento de los independientes. En ningún otro país del mundo se registran sentimientos de este tipo. La medición internacional relevada por Pew Research demuestra que en Francia el 63 por ciento reprueba la utilización de drones; 59 por ciento en Alemania y, ya fuera de Europa, el 73 por ciento en México; 81 por en Turquía, 89 por ciento en Egipto al paso que en Pakistán, donde la actividad criminal de los drones es cosa de todos los días, un previsible 97 por ciento de los encuestados condena el empleo de ese mortal instrumento.(1)

No obstante, pese a esta generalizada repulsa fuera de Estados Unidos las operaciones terroristas a cargo de aviones no tripulados crecieron exponencialmente durante el mandato del inverosímil Premio Nobel de la Paz Barack Obama. Esta opción presidencial es tan fuerte que en la actualidad la Fuerza Aérea de Estados Unidos está entrenando un número mucho mayor de pilotos de drones que de los convencionales, los que tripulan bombarderos y aviones caza. Todo un signo de la virulencia de la actual de la contraofensiva imperialista, que desmiente en los hechos, y con las pilas de víctimas que crecen sin cesar, los discursos humanistas de Obama y la moralina de sus aparatos nacionales e internacionales de manipulación de conciencias.

Los medios del sistema presentan al presidente como un hombre de bien cuando, como lo afirma el brechtianamente imprescindible Noam Chomsky, se trata de otro asesino serial más de los varios que han ocupado la Casa Blanca en las últimas décadas.

Un solo dato es suficiente para inculparlo: según un informe del Bureau of Investigative Journalism por cada “terrorista” eliminado mediante ataques de drones (dejando de lado un análisis de lo que el gobierno estadounidense entiende por “terrorista”) mueren 49 civiles inocentes. Nada de esto es ventilado por la prensa hegemónica dentro de Estados Unidos y sus secuaces de ultramar.

La inesperada decisión del gobierno colombiano de ingresar a la OTAN, o al menos de sellar varios acuerdos de cooperación con esa organización terrorista internacional, sólo puede entenderse al interior de los cambios operados en la doctrina y la estrategia militar de los Estados Unidos. Turse señala que las operaciones militares que ese país está llevando a cabo en estos momentos en Oriente Medio, Asia, África y América Latina tienen seis componentes distintivos, los cuales fueron diseñados para disimular o al menos encubrir la magnitud del esfuerzo bélico en que incurre Washington y, de paso, deslindar sus responsabilidades por la comisión de innumerables crímenes de guerra que podrían llevar a sus responsables ante la Corte Penal Internacional.(2)

Estos seis elementos son los siguientes:

(a) robustecimiento de las fuerzas de operaciones especiales, como los Seals, que fueron quienes dieron muerte a alguien que, dicen, era Osama bin Laden;

(b) la ya mencionada expansión de las operaciones de los drones, para realizar asesinatos selectivos de “terroristas” o personajes molestos para Estados Unidos;

(c) intensificación del espionaje, algo que ha saltado escandalosamente a la luz pública en los últimos días;

(d) elección y promoción de “socios civiles” que favorezcan los proyectos imperiales, lo que se realiza bajo el disfraz del “empoderamiento” de la sociedad civil –ONGs, la NED y la USAID canalizando millones de dólares para financiar a grupos para que se opongan a Evo Morales, Rafael Correa y Nicolás Maduro- y entrenamiento de líderes sociales y políticos, como Henrique Capriles, por ejemplo;

(e) ciberguerras y, finalmente,

(f) reclutamiento de fuerzas de combate en proxies, es decir, países cuyos gobiernos ejecutan las iniciativas que la Casa Blanca no quiere asumir abierta y públicamente.

De estas seis facetas de las guerras de última generación la que ha pasado más desapercibida ha sido la última: el entrenamiento y empleo de fuerzas militares de los proxies, movilizados para atacar targets enemigos de los Estados Unidos pero que Washington no estima conveniente u oportuno hacerlo de modo directo, involucrando sus propias fuerzas. Si los primeros cinco componentes gozaron de mucha visibilidad, no ocurrió lo mismo con el último, cuya idea directriz es descargar cada vez más el “trabajo sucio” del sostenimiento militar del imperio en los proxies regionales. De este modo se preserva a la Casa Blanca de las condenas y críticas que suscitaría una intervención militar directa en las “zonas calientes” del sistema internacional a la vez que logra que los muertos los pongan sus aliados, lo que reduce los costos domésticos, por ejemplo, ante la opinión pública norteamericana, de las aventuras militares del imperio.

Por ejemplo, en Siria, apelando a los mercenarios enviados por las teocracias del golfo para cumplir las tareas que tendrían que hacer las tropas imperiales. No es demasiado difícil imaginar cual es el plan de operaciones que Washington tiene preparado para América Latina y el Caribe, y cuál será el papel que en la ejecución del mismo se le asigne a un país, Colombia, cuyo gobierno redobla sin pausa su apuesta por la carta militar –ahora con la colaboración no sólo del Pentágono sino también de la OTAN- y cuya clase dirigente tiene como una de sus supremas aspiraciones convertir a su país en “la Israel de América Latina”.

1) http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/05/24/obama-and-drone-strikes-support-but-questions-at-home-opposition-abroad/

2) Ver“Tomgram: Nick Turse, Tomorrow’s Blowback Today?” en http://www.tomdispatch.com/blog/175580/tomgram%3A_nick_turse,_tomorrow’s_blowback_today/

– Dr. Atilio Boron, director del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (PLED), Buenos Aires, Argentina www.atilioboron.com.ar

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Semana inicia con agitación laboral en municipalidades

En las próximas horas dos nuevos conflictos laborales a nivel municipal podrían terminar en paro o huelga. Se trata de las municipalidades de Santa Bárbara (Heredia), y de Aguirre (Puntarenas).

En el primer caso, una importante reunión a partir de las 2 de la tarde de este lunes 5 de agosto, podría desactivar los mecanismos de paro laboral ya listos; mismos que incluyen la participación de docentes y estudiantes de la escuela y colegio local y otras fuerzas vivas que decidieron acudir al llamado del personal de la Municipalidad de Santa Bárbara, en caso de que a partir de las 6 de la mañana de este martes 6, se dé el movimiento de suspensión de labores.

Un presunto afán de la alcaldía municipal de desconocer compromisos previos, suscritos incluso con la mediación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, está justificando la actuación del indicado personal.

El vocero de la ANEP en este caso y por si se desea ampliar sobre el particular, es Heinier Díaz Cabezas, localizable en el número celular 85 23 13 54.

En el caso de la Municipalidad de Aguirre, el conflicto arrancará, también, este martes 6 de agosto desde las 6 de la mañana. Se tiene previsto prolongarlo al miércoles 7. Las autoridades municipales, pese a un supuesto déficit de 600 millones de colones, pretenden contratar una consultoría jurídica externa, por valor de 15 millones de colones, para despedir empleados. Han decidido cerrar el servicio de policía municipal y todo el personal no ha recibido los reajustes salariales por costo de vida que se fijaron para los dos semestres del año pasado 2012 y tampoco para los del presente 2013. Además, se pretende por parte de la entidad patronal municipal, derogar la actual Convención Colectiva de Trabajo para establecer una precarización de los empleos que queden.

La vocera de la ANEP en este caso y por si se desea ampliar sobre el particular, es Iris Cervantes Paniagua, localizable en el celular No. 88 65 50 22.

Alza en buses: Como siempre golpeando a los más abajo de los más abajo

Al terminar el pasado mes de junio (primer semestre del 2013), un 51.08% de la población trabajadora total con empleo formal y salario fijo, misma que está en la cifra de 1.524.003 personas, tenía un salario neto de 233.217 colones mensuales. Estos son datos de la última Encuesta de Hogares 2012, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El reajuste por costo de vida en los salarios mínimos (si es que de verdad se honra en la empresa privada), para el segundo semestre ya en curso, de un 2.40%, se traduce en unos 5.600 colones de “aumento” salarial para ese 51.08%: 778.521 personas trabajadoras asalariadas de los dos sectores, privado y público.

Si el alza en los buses que ya está encima, de entre 5 y 25 colones por pasaje, para una familia trabajadora asalariada de ese 51.08%, y con cuatro integrantes (padre, madre y otras dos personas más estudiantes, podrían ser), que viajen dos veces al día durante cinco días y cuatro semanas (22 días laborales, para ser exactos); representará un gasto adicional en pasajes de entre 880 y 4.400 colones más al mes.

Esto quiere decir que para la mitad de la clase trabajadora asalariada del país, el alza en los pasajes de autobús que impondrá la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se comerá en el primer caso (una alza de 5 colones), casi el 16% del raquítico reajuste salarial de 5.600 a los salarios mínimos; y, en el segundo caso, (alza del 25 colones), un 77% de ese reajuste escuálido.

Como vemos, la venidera alza en las tarifas de bus, ha de golpear más duramente a las familias de la clase trabajadora de menores ingresos; lo cual nos hace notar un elemento más en la senda del crecimiento de la desigualdad que azota a nuestra sociedad.

Y, como se ve, no estamos considerando el alza en la comedera y en otros servicios públicos básicos y fundamentales en todos estos hogares. Así que el reajuste a los salarios mínimos para el segundo semestre de este año 2013, ¡ya se evaporó!

Por demás, nada bueno pueden esperar las familias de la clase trabajadora costarricense de la Aresep: sus audiencias no tienen mayor impacto y una credibilidad prácticamente nula; excepto, claro está, como cuando los consorcios poderosos de mucho impacto económico ejercen su incidencia y, rápidamente, Aresep reconoce “errores” en sus decisiones que pudieran afectarles sus intereses corporativos-gremiales, tal y como sucedió recientemente con los dueños de las gasolineras.

Cada vez se reafirma nuestra tesis en materia de salarios mínimos: una cosa son los reajustes semestrales por costo de vida, cada vez más insuficientes e indignos; y otra, muy distinta, una elevación sustancial de carácter estructural en sus “pisos”, de forma tal que tengan, realmente, un aumento en el poder de compra.

5 problemáticas laborales en Liberia

Señor Gerardo Castañeda Díaz
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA

Honorable Concejo Municipal
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA

Estimadas señoras y estimados señores:

Reciban un cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

BREVE INTRODUCCIÓN.

Sirva la presente misiva para exteriorizar a vuestras autoridades la posición oficial de nuestra agrupación laboral, respecto a cinco temas laborales e institucionales de gran relevancia y que deberán ser objeto de análisis y discusión para la toma de las oportunas decisiones de vuestra parte.

No esta demás afirmar que la eficiencia y eficacia en la gestión son la antesala que permitirá el logro de los objetivos trazados. Estos dos principios se ven, necesariamente, antecedidos por el clima laboral y los valores institucionales que marcan la pauta y la hoja de ruta hacia el objetivo superior.

Si existe un clima laboral de alta tensión, de elevada vulnerabilidad y en avanzado estado de deterioro, como percibimos se experimenta en este gobierno local, con una agenda de temas laborales e institucionales no resuelta; es obvio suponer que estamos ante una paz laboral altamente vulnerada.

En este orden de cosas, nos permitiremos externar nuestra preocupación y posición respecto a cinco aspectos de orden laboral institucional: A)-Presuntos nombramientos irregulares efectuados por el anterior alcalde. B)- Ciudadana trabajadora de la Caja Costarricense del Seguro Social que en su condición de incapacitada, asistiera a sesiones del Concejo Municipal. C)- Procedencia o no del pago de dieta y viáticos. D)- Ausencia de respaldo legal a trabajadores y trabajadoras en funciones propias de la municipalidad. E)- Competencias laborales y reclamo del trabajador Álvaro Rodríguez González.

1)-PRESUNTOS NOMBRAMIENTOS IRREGULARES EN ESTA MUNICIPALIDAD EFECTUADOS POR EL ANTERIOR ALCALDE.

De la manera más respetuosa nos permitimos fijar posición oficial ante cinco nombramientos que efectuara el señor exalcalde Carlos Luis Marín Muñoz, entre el 2010 y el 2011; concretamente los nombramientos de los trabajadores Henry Campos Guerrero, Kathia Ramírez Blanco, Gerardo Tamayo Salazar, Mauricio Molina Jiménez y Renán Zamora Salazar.

Nos corresponde como organización sindical exteriorizarles a vuestras autoridades nuestras argumentaciones, comentarios, posiciones y conclusiones producto del análisis de la documentación a la que tuvimos acceso, incluida las gestiones efectuadas por nuestra directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia; con la finalidad de que los insumos aquí expresados sirvan de orientación en la toma de decisiones a lo interno de esta corporación municipal.

En primera instancia haremos alusión al caso de los trabajadores Henry Campos Guerrero, Gerardo Tamayo Salazar y Mauricio Molina Jiménez, y al trabajador Katia Ramírez Blanco cuyos nombramientos fueron realizados en condiciones idénticas de ilegalidad y bajo el desproporcionado poder político de imperio que caracterizaba al señor Carlos Luis Marín Muñoz, hoy exalcalde.

Tal y como se demuestra de manera contundente en la documentación analizada, la ilegalidad consiste en que bajo los preceptos del régimen municipal el nombramiento de un trabajador o trabajadora en propiedad, deberá ser antecedido por la conformación de un concurso interno y una vez agotado éste, la realización de un concurso externo; siendo que cada uno de las o los participantes en terna tengan a su haber todos los requisitos demandados por la norma institucional. Lo anterior quiere decir que de haber un oferente en terna que no reuniera al menos uno de los requisitos, el concurso deberá de declarase desierto procediéndose a la apertura de un nuevo concurso.

Un ejemplo de lo anterior lo tipifica la terna para el cargo de Coordinador de Hacienda Municipal que se indica en el oficio PRH-92-2011, concurso externo en el cual participan los oferentes señores Henry Campos Guerrero, Víctor Manuel Córdoba Gonzales y Luis Antonio Vega Paniagua, siendo que del análisis de comprobación que realizara el señor Álvaro Díaz Salgado, en su condición de encargado de Recursos Humanos, dictaminara que el señor Vega Paniagua no contaba contaba con el requisito de incorporación al colegio de profesionales respectivo.

En el caso anterior quedó fácticamente demostrado que ante la falta de requisitos de uno de los oferentes no fue posible conformar la terna; no obstante, el señor exalcalde Marín Muñoz, mediante su poder de imperio y haciendo interpretación subjetiva e incorrecta del artículo 17, inciso k, del Código Municipal, sustenta la escogencia del señor Henry Campos Guerrero mismo que sí contaba con todos los requisitos.

Importante destacar que si bien el articulo e inciso en mención dan la potestad requerida a la autoridad superior para la escogencia de quienes participen en una terna, dicha facultad jurídica está condicionada a la garantía de que el proceso anterior, sea la terna, se haya cumplido a cabalidad; contrario sensu, estaremos ante un nombramiento viciado de legalidad que no puede ser convalidado, pues un error de procedimiento o mala praxis laboral que riña con el ordenamiento jurídico no legitima ni consolida derecho alguno.

Lo anterior es contundentemente reafirmado por el dictamen 323 del 25 de noviembre del 2009 de la Procuraduría General de la República, así como por criterio externado por el departamento legal de la municipalidad, mismos que fueran de conocimiento del señor ex alcalde y que forma parte del sustento jurídico que vertiera de manera oportuna el señor Álvaro Díaz Salgado, en el oficio PRH-92-2011 y que de manera textual transcribimos para una mayor comprensión en el contexto de esta situación.

“En razón de lo expuesto, estima este órgano asesor que no es jurídicamente posible para la municipalidad realizar nombramientos de servidores sin que éstos sido integrados en una terna o nomina, que deberá remitir la oficina de recursos humanos en una terna o nómina. Así el señor alcalde sólo podrá hacer uso de su poder de elección una vez que se reciba la terna, por cuanto de no haberse conformado esta, se perdería el objetivo fundamental del concurso que es la necesaria competencia entre los postulantes a que se hace referencia”.

En esta misma tesis de principio se pronuncia la licenciada Adriana Chavarría Machado, del Departamento Legal de esta municipalidad al indicar: “Por cuanto ha dicho la misma Procuraduría, es necesario e ineludible que la ternas o nóminas de elegibles para determinado concurso sean integradas como mínimo por tres oferentes que cumplan con los requisitos establecidos en el manual de puestos”.

En este mismo orden de cosas es oportuno comentar dos argumentos fundamentales que utilizara el señor exalcalde a conveniencia, mismos mediante los cuales justificara las resoluciones de nombramientos y que esbozara en el oficio ALDE-CM-1859-2010 como respuesta al señor Álvaro Díaz Salgado.

Artículo 17, inciso k, del Código Municipal:
Este artículo refiere a las facultades dadas a la administración superior para la toma de decisiones mediante resoluciones que se encuentren estrictamente apegadas a nuestro bloque de legalidad, razón por la cual no procede una resolución administrativa para un nombramiento en propiedad cuando no se logró la conformación de la terna para la escogencia.

Base de idoneidad comprobada y más de dos años de laborar en los puestos:
Esta argumentación que exteriorizara el señor exalcalde es válida siempre y cuando se lograra demostrar que se conformara la terna siendo que cada uno de los oferentes cumpliera con todos los riquitos estipulados en el manual de puestos, pues a posteriori de dicha constatación sí pudiesen haber sido imperativos decisorios y facultatorios para la escogencia en propiedad.

Complementariamente a lo anterior, invocación que hace el señor exalcalde referido a la carrera administrativa como argumento para su resolución de nombramientos; nos encontramos los incisos a), b), y c) el artículo 119 del Código Municipal que hacen referencia a satisfacer los requisitos mínimos que fije el manual de descriptivo puestos, demostración de idoneidad sometiéndose a pruebas, exámenes o concursos y ser escogido de nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar al personal.

Importante destacar el relevante aporte jurídico que hace la licenciada Adriana Chavarría Machado, en su condición de abogada de esta municipalidad al dar respuesta al señor Donaldo Castañeda Abellán, auditor interno, mediante oficio PSJ-220-2010; recogiendo de manera expresa un conjunto de normas y jurisprudencia que vienen a reafirmar, contundentemente, la ilegalidad de dichos nombramientos.

Así por ejemplo esta destacada profesional hace referencia a los artículos 119, 128, 130 del Código Municipal, así como al dictamen C-066-2009 de la Procuraduría General de la República.

Finalmente y con relación a este tema de nombramientos al margen de la ley, es destacable mencionar algunos oficios que nuestra directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia formulara tanto a la auditoría interna como al señor alcalde: oficio PS-ANEP-ML-03-2013, oficio PS-ANEP-ML-04-2013, oficio PS-ANEP-ML-05-2013, oficio PS-ANEP-ML-06-2013; y sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta al respecto.

Mención particular, merece el trabajador Renán Zamora Salazar, del cual se nos informa que para su nombramiento en propiedad debía de contar con el grado de licenciatura en Ingeniería, según se desprende del manual de puestos, contando este servidor en el momento de su nombramiento con el grado profesional de bachillerato.

Así las cosas, nuestra organización laboral es del criterio de que ha quedado demostrado que las resoluciones administrativas del señor exalcalde Marín Muñoz que dieron contenido a estos nombramientos, riñen o contravienen la siguiente normativa jurídica: Artículo 110, de la Ley General de Administración Pública, incisos d) e i); artículos 112, 113,114, 115 121 de la Ley de Administración Financiera; artículos 119,128, 130 del Código Municipal; dictamen C-066-2009, dictamen 323 del 25 de noviembre del 2009, dictamen 365-2008 del 07 de octubre del 2008, todos de la Procuraduría General de la República, así la Ley Contra la Corrupción e enriquecimiento ilícito; siendo que los dictámenes o pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, constituyen jurisprudencia administrativa y son de acatamiento obligatorio para la administración pública. Analizado el contexto en que se dieron estos nombramientos, arribamos a dos conclusiones:

PRIMERO.
Es criterio de esta organización laboral que un nombramiento que sea producto de una violación a las normas establecidas, es nulo de pleno derecho por lo que no se convalida, debiendo la administración superior iniciar nuevamente el proceso mediante la nómina o terna.

SEGUNDO.
La administración superior deberá, con carácter de urgencia, iniciar las gestiones de orden administrativo y jurídico pertinentes mediante un proceso de lesividad, para proceder a la anulación de dichos nombramientos, garantizando al debido derecho de defensa de estos trabajadores, de tal manera que se establezcan las responsabilidades de quienes actuaron al margen de la legalidad. Lo anterior significa un proceso donde el procedimiento errado sea corregido apegándose estrictamente a las normas que rigen la materia.

2)- REGIDORA SERVIDORA DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS) Y QUE EN SU CONDICIÓN DE INCAPACITADA, ASISTIERA A SECCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.

Al respecto es la única información que tenemos en nuestro poder, desconocemos del nombre de la ciudadana a la que se hace mención, la fecha en que aconteciera tal situación, así como las gestiones pertinentes de orden jurídico dirigidas a determinar si su actuación roza el bloque de legalidad.

Pues hecho el análisis jurídico del supuesto y vista alguna jurisprudencia, podemos determinar que tal actuación se contrapone y violenta el bloque de legalidad, por cuanto la incapacidad médica es sinónimo de reposo al determinarse que no se está posibilitado para laborar, siendo que al período de reposo le es inherente lo físico y emocional; de tal manera que de haber esta ciudadana regidora, asistido a sesiones si bien pudiese interpretarse como acto de buena fe y suma responsabilidad política; sí estamos ante una contradicción o incompatibilidad de orden jurídico, con el espíritu de la incapacidad médica, según se colige de la resolución número 316-1999, de la Sala Segunda, voto 303 del 26 de noviembre de 1997, así como de las resoluciones 598-2010 y 751-2008.

3)- PROCEDENCIA DEL PAGO DE VIÀTICOS O DIETA EN EL CASO DE LA REGIDORA EN MENCIÓN.

Por supuesto que no es procedente dicho reconocimiento por cuanto la condición de incapacidad médica, impide que el o la funcionaria pueda desempeñarse en otras funciones, dentro o fuera de la institución, pues al no estar en condiciones para asistencia a laborar, tampoco lo estaría para asistencia a otras funciones siendo que en consecuencia el recibo de dieta o viatico es improcedente desde la perspectiva jurídica.

Al respeto es importante mencionar los dictámenes C-069-2009 de 10 de marzo del 2009, el dictamen C-078-2010, así como el artículo 32, inciso b) del Código municipal para licencias sin goce de dietas por no asistencia las sesiones cuando se encuentren incapacitados de manera temporal, lo que reafirma la jurisprudencia; de tal manera que esta corporación municipal deberá realizar las gestiones pertinentes, administrativas y jurídicas, para el reintegro de las sumas pagadas. Tal se desprende del artículo 308 de la Ley General de Administración Pública. Lo anterior dando garantía de derecho de defensa a quien fuere objeto de investigación por tal presunto, tal se desprende del articulo 39 y 41 constitucional.

4)- AUSENCIA DE RESPALDO LEGAL A TRABAJADORES, CUANDO EN CUMPLIMIENTO DE DEBERES Y RESPONSABILIDADES LABORALES, SON OBJETO DE DEMANDAS POR CIUDADANOS PATENTADOS.

Nos referimos a la clausura de un local comercial denominado “Charles Bar” que realizaran un inspector de apellido Matarrita, el señor Álvaro Rodríguez González, del Departamento de Patentes y un abogado de apellido Mora por cuanto, en apariencia, no contaba con requisitos y atraso en el pago de patentes.

La anterior diligencia efectuada por estos trabajadores como depositarios de la ley y en representación de esta corporación municipal, hizo que la ciudadana de nombre Yamileth Centeno Reyes, quien arrendaba el negocio, acudiera a la Fiscalía Adjunta del 1er circuito judicial de Guanacaste, quien formulara proceso de investigación penal, expediente 12-001663-0396-PE.

No obstante de ser requeridos estos tres trabajadores para la debida indagación en término de veinte cuatro horas, no contaron de manera oportuna con un profesional en Derecho que les acompañara y respaldara en tal situación, a pesar de que solicitaran todo el respaldo legal institucional en vista de que sus actuaciones fueron ejecutadas en ocasión de sus cargos; lamentable y vergonzosamente estos funcionarios tuvieron que recurrir a la búsqueda de un profesional de la Defensa Pública que los representara.

Tal circunstancia, sin lugar a dudas, es un acto reprochable, deplorable e irresponsable por parte de la administración activa pues deja en estado de indefensión las acciones que ejecutan los trabajadores y las trabajadoras en representación de esta municipalidad.

Así las cosas, solicitamos de la manera más respetuosa pero vehemente, que vuestras autoridades dimensionen los perjuicios ocasionados a estos servidores, producto de la omisión o inacción de la administración activa; solicitando que de inmediato el Departamento Legal de esta municipalidad asuma el caso en legítima defensa del actuar realizado como gobierno local, pues la representación legal está dada para garantizar y tutelar todas las acciones que como municipalidad ejecuten su personal.

5-REDEFINICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL TRABAJADOR ALVARO RODRIGUEZ GONZALEZ, SEGÚN OFICIOS ALDE-LC-1155-2013, EHE-038-2013 Y LC-2014-2013.

En lo que interesa, se le comunica al señor Henry Campos Guerrero que de acuerdo al Manual de Puestos, el señor Rodríguez González deberá de limitarse a las funciones en patentes, siendo que las áreas de plataforma y cobro las asume el señor Henry Campos Guerrero, coordinador de Hacienda.

Sí bien la redefinición de funciones o responsabilidades a la que se hace referencia es producto o resultado de un proceso de reestructuración institucional que empezara a regir en enero del 2005; lo que no es admisible es la omisión de la orden jerárquica en el sentido de que nunca se emitiera resolución indicando las nuevas funciones que debería asumir el trabajador Rodríguez González. Tal trabajador permaneció desde el 16 de noviembre de 1993 hasta el 12 de junio del 2013 en condición de jefatura de Rentas y Cobranza; no obstante, que salarialmente fuera compensado como jefatura hasta enero del 2005, siendo que el recargo de funciones que mantuvo desde enero del 2005 hasta junio del 2013, fecha en que oficialmente se le notifica, nunca fue compensado como tal.

En tal sentido y de ser corroborada o reconfirmada tal información, hemos de afirmar que lleva razón el trabajador Rodríguez González al plantear el reclamo de las direferencias salariales que dejara de percibir desde enero del 2005, producto del desempeño en un puesto por el cual no se remunerara como correspondía.

Valga decir que es loable y respaldada por nuestra organización, la petitoria formulada al licenciado Henry Campos Guzmán para que dos inspectores se integren al escuálido equipo de trabajo conformado por tres valerosos compañeros; sobre todo entendiendo que esta es una área de orden estratégico de esta corporación municipal.

Finalmente hemos de afirmar que este gobierno local deberá hacer ingentes esfuerzos de orden estratégico, fortaleciendo las áreas que permitan bajar considerablemente el pendiente de cobro que, hasta donde entendemos, es sumamente elevado y está imposibilitando o limitando el logro de los objetivos institucionales. Valga indicar al respecto que nuestra seccional ANEP-Municipalidad de Liberia, de forma responsable, ha venido planteando la necesaria concreción de las acciones para recuperación del pendiente.

Lo anterior se sustenta en los recortes que sufriera el presupuesto extraordinario 01-2013, sobre todo en el área operativa, así como incumplimientos con la Convención Colectiva de Trabajo y los aportes a la asociación solidarista, entre otros, tal y como lo denunciara esta organización sindical.

En este orden de cosas, es política de primera prioridad de nuestra organización laboral, el fortalecimiento y la modernización institucional, como antesala del desarrollo local, siendo que las políticas son concretadas por el patrimonio institucional más valioso que son los trabajadores y las trabajadoras.

Finalmente quedaremos a la espera de las decisiones y acciones que tomaran vuestras autoridades sobre el particular, permitiéndonos desde ya formular solicitud de audiencia al señor Alcalde Municipal conjuntamente con nuestra directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Liberia.

Con estima y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gerardo Cascante Amador
Dirigente Sindical ANEP-Sector Municipal
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP

Diputados del PASE con Johhny

Los diputados del PASE
tomaron la decisión,
de darle el apoyo
al Partido Liberación.

Oscar López se quedo
sin poder y sin Fracción,
En otras palabras
no tiene representación.

Al partido se le fueron
diputados claves,
como Martín Monestel
Víctor Emilio y Rita Chaves.

Entre Oscar López y Rita Chaves
el asunto es muy crítico,
primero fue el divorcio matrimonial
y ahora el divorcio político.

El PASE se está hundiendo
Esa es la realidad,
es un partido que perdió
Toda la credibilidad.

La próxima vez
no va a tener ningún diputado,
porque el pueblo costarricense
se siente enagañado.

Oscar López por el momento
se mantiene callado,
porque sabe la reacción
que va a tener el electorado.

La imagen que tenía el PASE
ya está quedando atrás,
Todo el mundo lo ve
Como una tureca más.