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Reproducimos el análisis financiero que al respecto nos elaborara el profesional Rafael Ángel Rojas Barrantes.
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CERTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPUESTO AL SALARIO
MUNICIPALIDAD DE GOIGOECHEA

Señores
Municipalidad de Goicoechea
Presente

El Suscrito Contador Público Autorizado ha sido contratado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP con cédula jurídica 3-002-045185 representada por el señor Alvino Vargas Barrantes portador de la cédula de identidad 1-457-390, mayor, soltero, en calidad de Representante Legal y Apoderado Generalísimo con límite en suma, para revisar información que permita certificar el procedimiento que con base en las normas contables y presupuestaria se debe seguir al retener impuesto de la renta en retroactivos pagados a los trabajadores de la Municipalidad de Goicoechea; cuando los salarios mensuales devengados cada mes y cancelados en forma retroactiva no superan los límites de la tabla del impuesto al salario.

Con tal objetivo procedí a revisar la información que consideré pertinente. De tal revisión pude concluir que La Administración de la Municipalidad está facultada para retener el impuesto al salario únicamente por los montos correspondientes a la tabla vigente, cuando los pagos recibidos en el mismo mes corresponden a salarios reales devengados y percibidos en el mes de la retención y no cuando correspondes a ajustes del sistema de planillas y pagos correspondientes a ingresos diferidos del trabajador contenidos en el pago retroactivo, si el salario real mensual no supera el monto establecido por la Administración tributaria en la tabla vigente que determina el impuesto al salario de cada mes.

Recomendamos documentar los pagos de salarios mensuales reales retroactivos a efecto de poder demostrar ante la Administración Tributaria, el hecho que los pagos realizados fueron por ingresos diferidos y no “ingresos ganados en el mismo mes” como lo establece la norma fiscal.

Muchas instituciones y empresa practican retener el impuesto sobre retroactivos en forma preventiva y lo reintegran al trabajador al mes siguiente cuando determinan el impuesto real a reportar a Hacienda con base el salario mensual real ajustado que cancelaron cada mes.

Tanto desde la perspectiva de la municipalidad como de los trabajadores; debido al principio de devengado que regulan las normas contables, no se tiene en el acto del pago retroactivo un ingreso para el trabajador por lo que ese pago no está sujeto a impuesto de renta, ni se tiene un gasto para la Municipalidad; se tiene la cancelación de una cuenta por pagar, un pasivo, registrado en la contabilidad de la Municipalidad cada mes que el patrono no pudo realizar el pago del salario total del trabajador, quien efectivamente laboró ese mes adeudado por la Municipalidad. Para las personas físicas que se les adeudaba parte de su salario ganado cada mes; en el acto de pago del retroactivo no se tiene un ingreso ganado ese mes, se tiene la cancelación de un activo o cuenta por cobrar de los meses que efectivamente laboró para la Institución y ésta no tenía los recursos para cancelarle la totalidad de su salario.

En virtud de tal revisión, el suscrito Contador Público Autorizado certifica que la Administración de la Municipalidad está facultada para retener el impuesto al salario únicamente por los montos correspondientes a la tabla vigente, cuando los pagos recibidos en el mismo mes corresponden a salarios reales devengados y percibidos en el mes de la retención y no cuando corresponden a ajustes del sistema de planillas y pagos correspondientes a ingresos diferidos del trabajador contenidos en el pago retroactivo, si el salario real mensual no supera el monto establecido por la Administración Tributaria en la tabla vigente que determina el impuesto al salario de cada mes.

No me alcanzan las limitaciones del artículo 09 de la ley No. 1038 del 19 de agosto de 1947 del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y del artículo 21 del Reglamento a la ley No. 1038; así como, del artículo 11 del Código de Ética del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica para expedir esta certificación.

Se extiende la presente a solicitud de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP con cédula jurídica 3-002-045185 representada por el señor Albino Vargas Barrantes portador de la cédula de identidad 1-457-390. Dada en la Ciudad de San José, a los catorce del mes de junio del 2013.

Lic. Rafael Ángel Rojas Barrantes; MBA
Contador Público Autorizado
San José, Costa Rica
Telefax. (506)2253-5734

Unas 1.700 personas trabajadoras asalariadas que laboran para la administración central del Estado, bajo el régimen de Servicio Civil, respiran tranquilas en estos momentos: su propiedad en el cargo, otorgada mediante las indicaciones de un decreto ejecutivo de diciembre de 2010, está asegurada pese a que la Sala Cuarta, ante acción de terceros, indicó que tal disposición ejecutiva es inconstitucional.

Se temía que estas personas interinas quedaran sin empleo ipso facto; sin embargo, el alto tribunal constitucional les protegió en cuanto a la tesis de derechos adquiridos de buena fe. Desde una perspectiva sindical clásica, como lo es la misión de la protección del empleo, la situación es más que satisfactoria. Nos sentimos felices de que en esos 1.700 hogares hay, ahora, una especie de tranquilidad y de seguridad. El empleo es hoy lo más sagrado para quien solamente tiene su fuerza de trabajo para su subsistencia y en estos tiempos de reversión de conquistas sociales, tener un trabajo estable podría ser considerado como un privilegio.

Pero el drama de las personas interinas del Gobierno Central sigue presente. Casi 5 mil quedaron en tal situación, más que angustiante. Un segundo decreto no será viable y la entrada en vigencia de otro sistema para alcanzar la propiedad (en diciembre de 2013), vía examen de “conocimiento”, torna más difícil el camino para quienes quisieran asegurarse un empleo seguro y estable en el Gobierno Central.

Se debe encontrar una solución definitiva a este problema. Es inaudito que una trabajadora miscelánea, por ejemplo, de un CEN-CINAI (Ministerio de Salud), esté interina 15 años continuos y que, de un pronto a otro, aparezca una terna para otorgar propiedad a otras personas que no son ella y que no pueden éstas aquilatar la experiencia de tanto tiempo en el servicio público de aquella.

La interinidad es de triple discriminación: se tiene problemas para ser sujeto de crédito, por ejemplo; se tiene problema ante iguales en propiedad si nos atenemos al derecho constitucional al trabajo; y se tiene discriminación si relacionamos entidades públicas con ámbitos similares de competencias, como la salud, donde en unas la interinidad es una situación de transición no un estado “permanente”.

Definitivamente que la política pública en materia de empleo público tiene mucho que superar en materia de Derechos Humanos, porque los interinazgos prolongados, a fin de cuentas, son contrarios a los preceptos fundamentales de los Derechos Humanos. Hemos de seguir en esta lucha.